Washington, DC; 25 de noviembre de 2024.– Berta Soler, líder de la organización Damas de Blanco (Cuba), inició su activismo cuando su hijo tenía cuatro años; hoy, él tiene 29. Durante ese tiempo, Soler ha sido blanco de diferentes formas de represión del Gobierno cubano, debido a su persistente lucha contra la situación de personas privadas de libertad por motivos políticas en la Isla.

“A veces se desatiende a los hijos y se asumen otros papeles, y eso choca”, comparte Soler, en alusión al doble y hasta triple rol que asumen las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en sociedades donde priva la violencia machista y, además, existen gobiernos autoritarios y contrarios al accionar de la sociedad civil independiente.

Solo en los últimos tres meses, la activista cubana ha sido detenida de forma arbitraria y sometida a desaparición forzada en dos ocasiones. La primera ocurrió el 22 de septiembre, cuando agentes de la Seguridad del Estado la detuvieron y llevaron a una estación de policía, donde permaneció 67 horas; y la segunda vez fue el pasado 10 de noviembre, ocasión en la que estuvo desaparecida más de 76 horas.

“Aquí (en Damas de Blanca) tenemos mujeres que se han puesto en la puerta de su casa a vender dos termos de café, que lo único que le sacan es una bobería, y el régimen cubano llega y te dice ‘no puedes venderlo, porque si lo haces te meto presa’. Por ser defensora de los derechos humanos ya tienes trillada tu vida, la tienes marcada. Te excluyen de la sociedad”, agrega.

Reconociendo un problema con diferentes matices

Para conmemorar este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) nos hemos propuesto visibilizar los testimonios de mujeres activistas que, en el proceso de promover y defender derechos humanos, están expuestas a múltiples violencias que impactan en su salud mental, y formulamos una serie de recomendaciones para poner fin a este flagelo.

Naciones Unidas ha reconocido que las mujeres que trabajan en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género son frecuentemente blanco de violencia de género, discriminación y amenazas debido a que su labor desafía las normas tradicionales de género y expone las desigualdades estructurales en la sociedad, y además de enfrentarse a los riesgos habituales de las personas defensoras -donde hay que considerar que esta es una de las actividades más peligrosas en Latinoamérica– sufren ataques específicos debido a su identidad, la pertenencia a movimientos feministas o por el enfoque de su labor, como la promoción de derechos de las personas LGBTI+.

Para Maria Eduarda Aguiar, mujer trans, abogada, voluntaria del Grupo Pela Vida en Río de Janeiro y presidenta del Consejo Estatal LGBT para 2022-2024, la violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito político en Brasil está marcada por el asesinato de Marielle Franco, defensora de derechos humanos y concejala de Río de Janeiro que fue brutalmente asesinada en marzo de 2018.

“De este modo, la salud mental de las mujeres se ve extremadamente afectada por las innumerables formas de violencia a las que estamos expuestas por defender una idea, ocupar un espacio o levantar una pancarta. Pero tenemos que seguir luchando por una educación inclusiva, antirracista, anti-LGBTIfóbica y feminista”, afirma.

La violencia que enfrentan las mujeres activistas se ve agravada por la estigmatización y la falta de mecanismos de protección efectivos, lo cual impacta en su salud mental y se manifiesta con altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y, en muchos casos, trastorno de estrés postraumático. Estas consecuencias están ligadas no solo a las agresiones físicas y psicológicas que enfrentan, sino también al aislamiento social, el desgaste emocional y la sobrecarga de responsabilidades en contextos hostiles.

Tal es el caso de Berta Soler y otras integrantes de la organización Damas de Blanco, en Cuba, cuyo caso motivó recientemente el envío de una comunicación conjunta al Gobierno de Cuba de parte de ocho Relatorías y especialistas de Naciones Unidas, entre ellas la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la Relatoría Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

En la comunicación, expresan su preocupación por la situación de detenciones arbitrarias, criminalización, violencia, asedio, vigilancia y amenazas en contra de Berta Soler e integrantes de la organización Damas de Blanco, y solicitan al Gobierno una respuesta sobre los hechos alegados en un plazo de 60 días.

Azahalea Solís, defensora de derechos humanos nicaragüense, pone sobre la mesa el hecho que la violencia ejercida contra las mujeres también afecta a las personas de su entorno y que el temor, al ser una de las consecuencias, se traduce en falta de plenitud para vivir, para participar, para actuar y para expresarse. “La vida ciudadana de las mujeres que sufren violencia también se ve afectada y, por lo tanto, su participación política, así como su autonomía económica y su relacionamiento social”, subraya.

Desde Perú, Jimena Holguín, integrante de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), profundiza en los efectos que puede tener en la vida de las mujeres la violencia basada en género.

“Podemos experimentar estrés; es decir un estado de tensión, alerta; inseguridad, temor hasta llegar al terror o pánico. También puede causar ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento con el entorno, trastorno del sueño y de alimentación […]. La depresión puede llegar a ser muy alta, perdiendo sentido de la vida y hasta del ser, a tal extremo que, queriendo huir de su realidad de abuso, opresión, violencias, llegue a concretar el suicidio”, resalta.

Por su parte, María Camila Zúñiga Saa, integrante del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Empoderadas (MUDE), trae a colación que la vida de las mujeres está marcada por la violencia que sufren en el ámbito privado, especialmente de sus parejas. Al respecto, señala: “Unas de las primeras manifestaciones del agresor es atacarte psicológicamente, hacerte sentir fea, débil, incapaz, entre otras. Todo con la intención de tener el control sobre ti y volverte dependiente para abusarte a su gusto y necesidad”.

A ello agrega que, en el ámbito público, dicha violencia puede verse agravada porque “la sociedad reproduce patrones y estereotipos, y de hecho llegan a culparte de muchas de las situaciones que vives como víctima. Además, la negligencia de las instituciones acrecienta las crisis de salud mental al sentirte sola y desprotegida”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento Guía Práctica sobre Lineamientos y Recomendaciones para la Elaboración de Planes de Mitigación de Riesgos de Personas Defensoras de Derechos Humanos, plantea que el impacto de la violencia se agrava cuando las mujeres activistas pertenecen a grupos vulnerabilizados. “Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes, indígenas o LGBTQ+ enfrentan formas interseccionales de discriminación que añaden capas adicionales de violencia y exclusión”, sostiene.

Recomendaciones para una respuesta integral

La violencia de género no solo busca callar a las mujeres activistas, sino que también tiene un impacto profundo y duradero en su salud mental y emocional. Al reconocer la magnitud de este problema, podemos avanzar hacia un sistema de apoyo integral que no solo les permita sanar, sino también continuar su invaluable labor en favor de la justicia y los derechos humanos.

Para Nedelka Lacayo, del Enlace de Mujeres Negras de Honduras (ENMUEH), es fundamental que los Estados diseñen e implementen programas de prevención, atención y reparación, y señala que el acceso a la justicia es una pieza clave en dicho proceso, pues los altos índices de impunidad generan desconfianza en las mujeres que sufren violencia y las inhibe para tomar la decisión de recurrir a las autoridades.

Es responsabilidad de los Estados garantizar la protección de las mujeres defensoras de derechos humanos y erradicar todas las formas de violencia que las afectan, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

Por tanto, desde Raza e Igualdad hacemos las siguientes recomendaciones:

1. A los Estados:

• Adopción e implementación de un marco legal contra la violencia de género: aprobar y aplicar leyes que aborden todas las formas de violencia contra las mujeres, con mecanismos efectivos de monitoreo y cumplimiento. Estas leyes deben garantizar la protección integral de las mujeres, especialmente de las defensoras de derechos humanos, y abordar la violencia interseccional.
• Fortalecimiento de sistemas de protección para mujeres defensoras: crear mecanismos específicos para proteger a las mujeres defensoras, diseñados en consulta con ellas, que prevengan agresiones, criminalización y estigmatización por su labor.
• Creación de sistemas de respuesta efectiva: establecer unidades especializadas en las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia para atender la violencia de género, garantizando investigaciones exhaustivas, imparciales y sanciones a los responsables.
• Erradicación de restricciones a los derechos fundamentales: asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación, eliminando cualquier medida que limite a las mujeres o sus organizaciones en su labor de defensa de derechos humanos.
• Políticas públicas y diálogo con la sociedad civil: asignar recursos suficientes para implementar programas de prevención y atención a la violencia de género, y garantizar la participación de organizaciones de mujeres en su diseño, ejecución y evaluación.

2. A las organizaciones internacionales:

• Consolidación de mecanismos de monitoreo y denuncia: establecer o reforzar sistemas independientes de monitoreo y documentación sobre la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y la violencia de género en los países, garantizando que los hallazgos sean utilizados para presionar a los Estados a cumplir sus obligaciones internacionales.
• Asistencia técnica y capacitación: proveer asistencia técnica y programas de formación para organizaciones de la sociedad civil y Estados sobre estándares internacionales en materia de derechos humanos, violencia de género y protección de defensoras, promoviendo el fortalecimiento de capacidades locales.
• Incidencia política y diplomática: utilizar su influencia en foros internacionales y relaciones diplomáticas para exigir a los Estados la implementación de medidas efectivas para erradicar la violencia de género, proteger a las defensoras de derechos humanos y garantizar el respeto por las libertades fundamentales.
• Financiamiento y apoyo sostenido a las defensoras y organizaciones locales: brindar recursos financieros a organizaciones lideradas por mujeres en contextos de alta vulnerabilidad, asegurando que puedan continuar su labor con independencia y resiliencia frente a las amenazas.

3. A la sociedad civil:

• Fortalecer redes de apoyo internas y externas: las organizaciones deben crear espacios seguros y confidenciales donde las activistas puedan compartir experiencias y buscar apoyo sin temor a represalias. Promover la construcción de redes colaborativas entre activistas y aliadas puede ayudar a fomentar la resiliencia colectiva y a combatir el aislamiento.
• Desarrollar capacidades en salud mental con perspectiva de género: capacitar a profesionales de la salud mental aliados para que comprendan las dinámicas de violencia de género y los retos específicos de las defensoras de derechos humanos. Esto incluye facilitar acceso a terapias especializadas que atiendan tanto los efectos inmediatos como los impactos prolongados del trauma.
• Incidir en políticas públicas inclusivas y protectoras: promover diálogos con instituciones gubernamentales para impulsar la adopción de protocolos específicos de protección para mujeres activistas.
• Implementar campañas de sensibilización comunitaria: diseñar y ejecutar campañas que destaquen el papel fundamental de las mujeres defensoras de derechos humanos y los riesgos que enfrentan.

Ante los diferentes eventos de violencia que pueden enfrentar las personas defensoras de derechos humanos en su día a día, tanto a nivel físico como emocional, en Raza e Igualdad desarrollamos la Guía para el Autocuidado “Si yo me cuido, puedo cuidar a los demás”, cuyo objetivo es que las personas adquieran conciencia sobre los riesgos a los que están expuestas -especialmente para su salud mental- y tomen acciones de autocuidado.