Washington, DC, 17 de abril de 2025.- Este abril se conmemora el séptimo aniversario de las protestas que desencadenaron una violenta represión por parte del régimen presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cual  dejó 355 víctimas letales, más de 2000 personas heridas, más de 2000 personas detenidas y a más de 440,000 personas en el exilio, según registro de la CIDH y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). Las víctimas no sólo no han encontrado la justicia que merecen, sino que han sido perseguidas por un Estado que siguió tomando represalias en su contra.

Raza e Igualdad expresa su solidaridad con todas las víctimas de la represión y su compromiso de  seguir acompañándoles hasta que se haga justicia.

Al cumplirse siete años del inicio de las protestas de abril, en Nicaragua, conforme el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 52 personas siguen detenidas arbitrariamente por motivos políticos, 11 de ellas en situación de desaparición forzada, entre éstas 5 mujeres. Mas de 450 personas han despojadas de su nacionalidad. El periodismo independiente no puede ejercer en el país y la defensa de los derechos humanos  y la libertad de asociación ha sido impactada por el cierre de más de 5,400 organizaciones de sociedad civil y la confiscación de sus bienes.

Adicionalmente, una profunda reforma constitucional que entró en vigencia en febrero de este año terminó de configurar a un régimen dictatorial  co-gobernado por Ortega y Murillo. A consecuencia de esa reforma a la Constitución más de 80,000 civiles han sido armados y dotados de pasamontañas para aterrorizar a la población y terminar de someterla a la voluntad de permanencia en el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Estos siete años, Raza e Igualdad ha acompañado a las víctimas de la represión en su búsqueda de justicia, así como para garantizarles la protección que confieren las medidas cautelares y provisionales  frente a los graves riesgos que enfrentan y en conjunto con otras organizaciones de sociedad civil, hemos desarrollado amplias acciones de incidencia y litigio con el propósito de contribuir a que dicha crisis sea superada.

Raza e Igualdad ha acompañado también a organizaciones de sociedad civil tanto locales como las que siguen atendiendo la crisis nicaragüense desde el exilio, para que la labor de documentación que realizan sirva de insumo para elaborar informes ante los órganos de tratados que revisaron el cumplimiento por parte de Nicaragua de sus obligaciones internacionales en los años 2022 y 2023 y en las evaluaciones realizadas bajo el Examen Periódico Universal (EPU) en los años 2019 y 2024. Raza e Igualdad también ha llevado a cabo reiteradas acciones de incidencia ante el Parlamento Europeo con el propósito de que el régimen sea condenado y persuadido para obligarle a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

A siete años del inicio de las protestas cívicas de abril, con profunda preocupación vemos el rumbo al que un régimen despiadado y cruel conduce al pueblo nicaragüense mediante el ejercicio de un poder desbordado, que continúa violando de forma masiva y sistemática los derechos humanos. El régimen ha decidido aislarse,  abandonar la Organización de Estados Americanos y retirarse de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos para no ser declarado responsable de los graves crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos documentadas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Estos siete años, las recomendaciones de los órganos de tratados, del Examen Periódico Universal y las órdenes emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido absolutamente desatendidas y el Estado se ha ausentado de esos foros esgrimiendo cuestionamientos infundados mediante los cuales busca evadir sus responsabilidades internacionales.

Sin embargo, Nicaragua continúa obligada por los instrumentos de derechos humanos universales y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La comunidad internacional, las organizaciones de sociedad civil y los órganos de protección de los derechos humanos, debemos seguir poniendo todo nuestro empeño para que en Nicaragua se restablezca pronto la democracia y se garantice el respeto por los derechos humanos.

¡Sigamos trabajando codo a codo para que así sea!