• Sônia Maria de Jesus, una mujer negra con múltiples discapacidades, fue sometida durante décadas a condiciones de esclavitud doméstica por una familia con vínculos en el Poder Judicial. 
• Cuatro relatorías especiales y un grupo de trabajo de la ONU enviaron una comunicación al Estado brasileño expresando profunda preocupación por el caso, exigiendo información y medidas urgentes para evitar su revictimización y garantizar sus derechos.
• En 2024, representantes de la familia de Sônia, CPT, CEJIL y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunciaron el caso ante la ONU, exigiendo justicia y garantías de no repetición. 

Río de Janeiro, Brasil. XX de abril de 2025. — Cuatro Relatorías Especiales de la ONU exigieron aclaraciones y una postura del gobierno brasileño respecto al caso de Sônia Maria de Jesus, una mujer negra, con múltiples discapacidades y analfabeta, que fue sometida desde su infancia a condiciones análogas a la esclavitud doméstica por una familia en el estado de Santa Catarina, de la cual un juez de alto rango forma parte. 

La ONU, a través de las relatorías sobre tráfico de personas; derechos de las personas con discapacidad; formas contemporáneas de racismo y discriminación racial; y formas contemporáneas de esclavitud —junto con el grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas— hizo pública la carta enviada al gobierno brasileño, expresando preocupación por el caso, por las violaciones denunciadas, la revictimización de Sônia y la perpetuación de dichas violaciones, así como por el precedente negativo que este caso podría establecer. 

Las relatorías también subrayaron que los hechos informados evidencian la violación de diversos derechos contemplados en tratados internacionales, y manifestaron su inquietud ante la decisión judicial que determinó el retorno de Sônia a la residencia donde presuntamente fue sometida a esclavitud contemporánea, en contradicción con los protocolos nacionales e internacionales de protección a víctimas de esclavitud y violencia, lo que podría agravar su revictimización. 

Además de solicitar información, la ONU exigió al Estado brasileño detalles sobre las medidas adoptadas para garantizar los derechos humanos de Sônia y su familia, para investigar las violaciones denunciadas, así como sobre las políticas públicas para enfrentar la esclavitud contemporánea y el tráfico de personas, especialmente en el contexto del trabajo doméstico y en relación con personas en situación de vulnerabilidad agravada, como las mujeres negras y las personas con discapacidad. 

“Para nosotras, las hermanas de Sônia, es reconfortante y un alivio ver que alguna institución se ha sensibilizado y ha manifestado su preocupación por el caso. El Poder Judicial brasileño no está respondiendo adecuadamente ni a la situación de Sônia ni a la nuestra. No nos garantiza el derecho a la convivencia familiar ni reconoce que ella podría estar siendo acogida y reconstruyendo su vida junto a nosotras”, dijo Marta de Jesus, hermana de Sônia. 

En 1982, Sônia fue entregada a la casa de un juez de Santa Catarina para su protección, pero fue llevada a otro estado sin el conocimiento de su familia biológica. Fue explotada durante décadas, sin registro formal de trabajo, sin acceso a educación ni a cuidados médicos adecuados, y su desarrollo comunicacional fue bloqueado debido a la falta de estímulos apropiados. En 2023, Sônia fue rescatada tras una denuncia anónima, pero su libertad fue breve: una decisión del Superior Tribunal de Justicia autorizó su retorno a la casa donde había sido explotada. Sus hermanos solo supieron de su paradero tras el rescate, pero han sido privados del pleno contacto con ella. 

A fines de 2024, representantes de la familia de Sônia y las organizaciones Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), CEJIL, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y el Movimiento Vidas Negras Con Discapacidad Importan, enviaron una comunicación a la Organización de las Naciones Unidas denunciando las violaciones sufridas por Sônia y su familia y solicitando que se exigieran respuestas y medidas al Estado brasileño. 

Mientras se espera una respuesta por parte del Estado, las relatorías y el grupo de trabajo de la ONU reiteraron la necesidad de que Brasil adopte todas las medidas necesarias para cesar las violaciones, evitar su repetición y asegurar la rendición de cuentas. También indicaron la posibilidad de expresar públicamente su preocupación, ya que consideran que se trata de un asunto que requiere atención inmediata y sobre el cual la sociedad debe estar alerta por sus posibles implicaciones.