Perú: Proyecto de ley de Amnistía representa una seria amenaza al acceso a justicia de víctimas de graves violaciones de derechos humanos
El Congreso avanza en una ley de amnistía que beneficiaría a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. La propuesta contraviene sentencias vinculantes de […]

- El Congreso avanza en una ley de amnistía que beneficiaría a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
- La propuesta contraviene sentencias vinculantes de la Corte Interamericana y podría afectar más de 750 casos, vulnerando el derecho a la justicia de miles de víctimas.
- El presidente del Consejo de Ministros manifestó su opinión sobre la necesidad de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano, lo que podría poner en riesgo la protección internacional de derechos.
17 de junio de 2025. – Las organizaciones firmantes expresamos nuestra más firme condena ante la aprobación por el Pleno del Congreso de Perú de un proyecto de ley que concede amnistía a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. Esta iniciativa busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los Comités de Autodefensa, actualmente denunciados o procesados por estos crímenes. También beneficiaría a condenados mayores de 70 años, incluso si sus sentencias ya son firmes. Esta iniciativa es incompatible con los estándares internacionales y socava décadas de lucha por la justicia
A pocos días del inicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Estado peruano vuelve a contravenir sus obligaciones internacionales. El avance de esta ley representa un nuevo y grave acto de desacato, consolidando un marco normativo orientado a perpetuar la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en Perú que comenzó con la aprobación en junio del año pasado de la Ley de Impunidad. Esta propuesta afectaría directamente a 156 casos con sentencia firme y a más de 600 procesos en curso, vulnerando el derecho a la justicia y la reparación de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres.
Entre los procesos impactados se encuentran los emblemáticos casos de Barrios Altos y La Cantuta, sobre los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dictado medidas provisionales precisamente para evitar escenarios de impunidad como el que esta iniciativa pretende institucionalizar. En sus sentencias de Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006), la Corte IDH estableció que las amnistías, indultos y otras figuras que excluyen la responsabilidad penal en casos de graves violaciones son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, el avance de esta propuesta legislativa resulta inaceptable a la luz de la jurisprudencia interamericana.
Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por las recientes declaraciones de Eduardo Arana Ysa, presidente del Consejo de Ministros, realizadas ante el Congreso el 12 de junio durante su discurso de investidura en las que plantea revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta iniciativa, que podría desembocar en la denuncia de la Convención Americana, representa una amenaza directa a las garantías de protección internacional con las que cuentan las víctimas en el país. En un contexto de debilitamiento democrático e intentos de institucionalizar la impunidad, cuestionar la pertenencia del Perú al sistema interamericano no solo profundiza la crisis institucional, sino que pone en riesgo los compromisos internacionales del Estado
El Perú atraviesa un momento crítico en el que las autoridades están impulsando medidas orientadas a perpetuar la impunidad por las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Esta iniciativa legislativa, sumada a otros retrocesos recientes, forma parte de una estrategia para desactivar los mecanismos de rendición de cuentas y cerrar los caminos hacia la verdad y la justicia de las víctimas. Por ello, hacemos un llamado urgente al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo a frenar esta propuesta. A pocos días de la Asamblea General de la OEA, instamos a la comunidad internacional —y en particular a los Estados miembros de la OEA— a rechazar esta ley y pronunciarse con claridad frente al riesgo real de que el Perú consolide un régimen de impunidad incompatible con sus obligaciones internacionales.
Firman:
Acción por los Niños – Peru
AlertaVenezuela – Venezuela
Alianza de organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador – Ecuador
Amazon Frontlines – Estados Unidos
Asociación Agape – Perú
Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú – Perú
Asociación de personas que ejercen el trabajo sexual «Miluska Vida y Dignidad» – Perú
Asociación Madres Luchando Por Justicia – Perú
Asociacion Peruana de Ateos – Peru
Asociación por la Memoria y los derechos humanos Colonia Dignidad – Chile
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH – Perú
Asociación Santa Micaela – Perú
Casa Memoria José Domingo Cañas – Chile
Casa Trans Zuleymi – Perú
Centro de Desarrollo Andino Sisay – Perú
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex – Perú
Centro Desarrollo Andino Sisay – Perú
Centro Loyola Ayacucho – Perú
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional
CLADEM Perú – Perú
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más – Costa Rica
Collera Red – Perú
Comisión Episcopal de Acción Social-CEAS – Perú
Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) – Venezuela
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES – Colombia
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú
Corporación Humanas Chile – Chile
Demus Estudio para la defensa de los derechos de la mujer – Perú
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) – Honduras
Federación Internacional por los Derechos Humanos – FIDH – Internacional
Féminas – Perú
Fuerza Democrática de Guerrero – México
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ – Perú
Fundación Guagua -Galeria de la Memoria Tiberio Fernández Mafla – Colombia
Fundación para el Debido Proceso – DPLF – Estados Unidos
Generación Orgullo Asociación por la Diversidad Sexual y de Género – Perú
Grupo Cultural Yuyachkani – Perú
Grupo de Apoyo Mutuo -GAM – Guatemala
Instituto de Defensa Legal – IDL – Perú
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Regional
Instituto Promoviendo Desarrollo Social IPRODES – Peru
Justiça Global – Brasil
Justicia Pro Persona – México
KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço – Brasil
Las Abejas de Acteal – México
Las Karahuayllas – Asociación de Mujeres Transformando Carabayllo – Perú
Las Tejedoras – Perú
Lesbianas Independientes Feministas Soc-LIFS – Perú
MAREA ROJA Ponte el Alma – PERU
Marea Verde Totonacapan – México
Memoria Abierta – Argentina
Memorial para la Concordia en Guatemala – Guatemala
Miluzca vida y dignidad – Peru
Movimiento de Diversidad Mollendina LGBTIQ+ «MODIMO» – Perú
Mujeres Líderes Que Inspiran AC – México
Núcleo de Preservação da Memória Política – Brasil
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) – Estados Unidos
Paz y Esperanza – Perú
Plataforma Justicia Arcoíris – Perú
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) – Venezuela
Red Colombiana de Lugares de Memoria – Colombia
Red de Mujeres – Perú
Red de Mujeres Insurgentes – México
Red de Mujeres Organizadas del distrito de Carabayllo previniendo la violencia de Género – Perú
Red Mujeres Violeta AC – México
Red Trans La Libertad – Perú
Robert F. Kennedy Human Rights – Estados Unidos
Seamos Escuela Creando y deconstruyendo narrativas – Perú
Somos 2074 y muchas más – Perú
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe – América Latina
WACC américa latina – América Latina