Washington, D.C., 27 de junio de 2025.– La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la persecución del Gobierno de Nicaragua contra personas percibidas como opositoras “se ha convertido en una práctica recurrente y puede trascender más allá de sus fronteras”, lo cual representa un alto riesgo para la vida e integridad física de las personas en el exilio.

Dicha información corresponde a la actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, realizada este viernes 27 de junio en el marco de la 59 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en correspondencia con la Resolución 58/18 de dicho órgano. La misma fue presentada por la directora de la División de Operaciones Globales de la Oficina, Maarit Kohonen.

Kohonen precisó que la persecución contra personas percibidas como opositoras políticas en Nicaragua incluye a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes religiosos y laicos, y que esta situación “se ve exacerbada por cambios legislativos que refuerzan el cierre del espacio cívico y aumentan las restricciones a la participación política”.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

El informe indica que las detenciones arbitrarias continúan siendo utilizadas como herramienta de represión política, consolidando un clima de miedo para silenciar toda voz crítica y que, según información recabada por la Oficina, al menos 54 personas (47 hombres y 7 mujeres) permanecen detenidas arbitrariamente. “La cifra real podría ser mayor ya que muchas familias temen denunciar por miedo a represalias”, dijo.

Además, la Oficina ha documentado 13 casos de posible desaparición forzada, de los cuales 8 corresponden a personas adultas mayores y 2 a personas indígenas. De estos casos, destacaron el de Evelyn Carolina Matus Hernández, cuyo paradero es desconocido desde que fue detenida arbitrariamente el 25 de junio de 2024 y separada de sus niños de 5 y 10 años.

“Las condiciones de detención siguen siendo preocupantes con reportes de tortura y alimentación insuficiente. 15 de las 54 personas detenidas son personas adultas mayores con necesidades médicas urgentes sin atención adecuada. Preocupa particularmente el caso de Aníbal Martín Rivas Reed, de 62 años, quien padece artritis degenerativa y depresión clínica y cuyo paradero es desconocido desde su detención en mayo pasado”, agregó.

En relación con la situación de la prensa independiente, informó que al menos 168 periodistas han debido exiliarse desde 2018 mientras quienes continúan en el país enfrentan vigilancia, amenazas y censura, destacó el caso del periodista Leo Cárcamo, quien fue detenido arbitrariamente en noviembre de 2024 y desde entonces su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría constituir una desaparición forzada.

En la actualización oral, la Oficina reiteró su llamado a las autoridades nicaragüenses a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, a cesar las desapariciones forzadas y la tortura, y a garantizar el respeto de las normas internacionales sobre el trato digno en los lugares de detención.

Reformas legislativas

El informe del Alto Comisionado se refirió a las reformas a la Ley Electoral aprobadas en marzo pasado, señalando que profundiza la concentración de poder en la Presidencia y debilita aún más las garantías de participación democrática, al eliminar los mecanismos de referéndum y plebiscito y autorizar el proselitismo en oficinas públicas, así como limita la constitución e integración de partidos políticos.

“Estas reformas en conjunto con las reformas constitucionales adoptadas en enero de 2025 plantean serias dudas sobre la existencia, funcionamiento independiente de los partidos políticos, además existe la incertidumbre sobre las fechas de las próximas elecciones presidenciales”, apuntó.

También hizo referencia a la nueva ley orgánica del Poder Judicial, en cuanto otorga a la Presidencia de la República la potestad de proponer la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y permite restringir la publicidad de los procesos penales a discreción de la autoridad judicial.

“Legislación recientemente promulgada ha debilitado aún más las protecciones de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de sus formas de gobierno; estas reformas se han adoptado sin las debidas garantías del derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado. Esto, sumado a continuos ataques contra las comunidades que incluyen asesinatos, violencia sexual y detención arbitraria de lideres, representa una grave amenaza para la sobrevivencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes nicaragüenses”, añadió.

En el reporte también se denunció que la cifra de organizaciones no gubernamentales o de sociedad civil que han sido canceladas arbitrariamente ya alcanza las 5,535 y que este año la Oficina ha documentado 29 casos (17 mujeres y 12 hombres) de personas a quienes se le negó la entrada a su propio país por motivos políticos.

Aislamiento de Nicaragua

La representación de Nicaragua se ausentó de  la sesión y, por tanto, no hizo réplica a las denuncias y demandas planteadas. La Oficina del Alto Comisionado, por su parte, señaló que a pesar de la urgente necesidad de atender la crisis de derechos humanos Nicaragua continúa aislándose de la cooperación con organismos internacionales, al notificar su retirada de la UNESCO en mayo y de la ACNUR en junio.

“Hacemos otra vez un llamado a las autoridades nicaragüenses a retomar el diálogo para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos en el país incluyendo la conclusión del Examen Periódico Universal”, apuntaron.

Desde Raza e Igualdad, repudiamos la resistencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a rendir cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos y advertimos que tanto los órganos del sistema universal de protección de los derechos humanos como las organizaciones de sociedad civil debemos continuar demandando que el Estado se haga responsable y que las víctimas reciban justicia, reparación y garantías de no repetición que merecen.  Dar la espalda a las obligaciones internacionales y a los órganos de protección, no les proporcionará la impunidad que buscan.

Compartimos la preocupación de la Oficina del Alto Comisionado por la persistencia y agravamiento de la persecución por motivos políticos y otras formas de represión en contra de personas percibidas como opositoras, por lo que llamamos a la comunidad internacional a mantener la vigilancia sobre la situación de derechos humanos en el país y más allá de sus fronteras en cuanto a personas exiliadas.

Demandamos que el régimen informe sobre el paradero de todas las personas desaparecidas, así como la inmediata liberación de todas las personas en prisión por motivos políticos.