Bogotá, 25 de septiembre de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lamenta y condena el homicidio del joven Alan Josué Valencia Cuero, ocurrido el 11 de septiembre de 2025 en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. Al mismo tiempo, expresa su máxima preocupación y llama la atención de las autoridades sobre la ola de violencia que prevalece en el Pacífico colombiano y que golpea con mayor crudeza a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes ven vulnerados sus sueños y su derecho a crecer en paz y a construir un futuro digno.

Alan Josué, quien tenía apenas 17 años, era estudiante de la Universidad del Pacífico y líder del Consejo Comunitario de Bahía de Málaga. Murió tras recibir dos disparos desde un automóvil desconocido, hecho que refleja cómo la violencia letal e impune se ha vuelto parte del día a día en esta región fuertemente impactada por la operación de grupos armados ilegales.

Según reportes de medios y autoridades, durante agosto de 2025, diversas comunas, especialmente la 9, 10 y 12, reportaron la imposición de un “toque de queda” por parte de grupos armados, y en lo que va del 2025, se han registrado más 100 homicidios en Buenaventura, de acuerdo con la Personería del distrito especial.

La violencia ha escalado a tal punto, que las universidades más representativas del Distrito anunciaron medidas temporales para proteger a sus estudiantes y personal académico en la semana del 22 al 27 de septiembre. La Universidad del Pacífico decidió que todas las jornadas académicas se realizarán de manera virtual, mientras que la Universidad del Valle suspendió sus clases presenciales de jornada nocturna.

No podemos perder de vista que estas violencias se ven exacerbadas y perpetuadas por las dinámicas del racismo sistémico y estructural que permean los territorios de las comunidades afrodescendientes en Colombia, como lo es el Pacífico colombiano.

En Buenaventura particularmente, miles de niños, niñas y adolescentes crecen en medio de escenarios marcados por el miedo, el reclutamiento forzado, las desapariciones, los homicidios y múltiples formas de violencia que ponen en riesgo su integridad y su vida. Como consecuencia de estas circunstancias, se ven afectados en su desarrollo integral, en su derecho a la educación y al juego, así como en la posibilidad de vivir con su familia y comunidad en condiciones de seguridad y bienestar. Esta situación constituye una grave violación de los derechos humanos y de los estándares internacionales de protección a la infancia, tal como lo consagran la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Estado colombiano tiene la responsabilidad ineludible de revertir estas dinámicas, garantizando condiciones para que la niñez y la juventud afrodescendiente puedan vivir libres de violencia, desarrollar su potencial y ejercer plenamente sus derechos. Ello implica:

1. Investigar de manera diligente y sancionar a los responsables del homicidio de Alan Valencia, enviando un mensaje claro contra la impunidad.
2. Adoptar medidas urgentes de protección específicas para niños, niñas y adolescentes en Buenaventura, con un enfoque diferencial étnico y territorial.
3. Implementar integralmente los acuerdos con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, que incluyen medidas estructurales para transformar las causas históricas de exclusión, pobreza, racismo y violencia.
4. Fortalecer políticas públicas con enfoque étnico-racial y de juventudes, que reconozcan a las niñas, niños y adolescentes afrodescendientes como sujetos de derechos y protagonistas de la construcción de paz.

Cada vida perdida en Buenaventura es un recordatorio de que la violencia arranca proyectos individuales y también la esperanza colectiva de comunidades enteras. Hoy, la memoria de Alan nos convoca a exigir al Estado colombiano que actúe con responsabilidad, y con la firme decisión de desmantelar las estructuras de racismo sistémico que sostienen la violencia en Buenaventura y en todo territorio colombiano.

Como sociedad, no podemos aceptar que crecer en medio del miedo y la violencia sea el destino de niñas y niños afrodescendientes, cuando lo que merecen es un futuro de dignidad, educación, juego y paz. Que el terror no sea la norma ¡Protección y justicia para su población!