A tres meses del terremoto en Colombia, comunidades afro del Pacífico enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos
La emergencia dejó más de 120 mil viviendas inhabilitadas o destruidas en una región marcada por profundas desigualdades históricas. En este artículo, Hüaitoto Fundation y Raza e Igualdad analizan cómo estas condiciones agravan las barreras que enfrentan las poblaciones afectadas.
Cali, 19 de noviembre de 2026 – El sismo de magnitud 7,4, ocurrido el pasado 10 de agosto, afectó a más de 700 mil personas en el occidente colombiano. Tres meses después, sus consecuencias siguen profundizando las desigualdades que enfrentan las comunidades afrodescendientes del Pacífico, especialmente las mujeres, las juventudes y las personas LGBTI+. En los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, estas poblaciones enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y ejercer plenamente sus derechos y su autonomía. En este artículo, Hüaitoto Foundation y Raza e Igualdad analizan cómo la emergencia ha agudizado estas dificultades y qué responsabilidades tiene el Estado para garantizar estos derechos durante la recuperación de los territorios.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia, el terremoto dejó más de 300 personas muertas y una cifra superior a 120 mil viviendas inhabitables o destruidas. Sin embargo, las consecuencias del desastre no afectan a todas las poblaciones de la misma manera. En los territorios del Pacífico colombiano, las comunidades negras enfrentan una situación diferenciada, pues los daños ocasionados por la emergencia se suman a condiciones históricas de exclusión, desigualdad y abandono institucional, según la Corte Constitucional.
Estas desigualdades también se reflejan en las posibilidades de recibir asistencia y reconstruir las condiciones de vida. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre las dificultades que enfrentan las comunidades étnicas para ser incluidas y la insuficiencia del subsidio de arrendamiento, limitado a tres meses frente a un proceso de reconstrucción que podría tardar más de un año. La incertidumbre sobre la vivienda y los medios de subsistencia también repercute en la salud y la autonomía sexual y reproductiva.
A esto se suman los daños reportados en 406 centros de salud durante la emergencia, las demoras en los tratamientos médicos y las dificultades para activar las rutas de atención frente a las violencias basadas en género, que afectan las posibilidades de recibir atención oportuna. Las mujeres, las niñas, las juventudes y las personas LGBTI+ afrodescendientes enfrentan mayores barreras para acceder a métodos anticonceptivos, servicios de atención materna y atención integral en casos de violencia sexual. En este contexto, la emergencia no solo compromete la infraestructura sanitaria, sino también las condiciones necesarias para ejercer los derechos sexuales y reproductivos.

Vivienda afectada por el terremoto en el corregimiento de Juanchaco, Valle del Cauca. Foto: cortesía de Hüaitoto Foundation.
El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud incluso cuando la prestación de los servicios se ve afectada por una emergencia. Si un centro de salud deja de funcionar, las autoridades deben adoptar alternativas, como brigadas médicas y mecanismos de coordinación, para asegurar la continuidad de la atención. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que existen obligaciones esenciales que deben mantenerse incluso en contextos de limitación de recursos, entre ellas garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia, y a servicios de atención materna. “Las dificultades administrativas tampoco pueden convertirse en obstáculos para recibir atención ni justificar prácticas discriminatorias por razones de pertenencia étnico-racial, afiliación al sistema de salud, condición migratoria o nivel educativo”, sostiene este órgano de Naciones Unidas.
En esa misma dirección, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advierte que los desastres pueden aumentar las violencias contra las mujeres y profundizar las desigualdades que enfrentan. Por ello, señala la importancia de mantener servicios de salud sexual y reproductiva que incluyan anticoncepción de emergencia, prevención y tratamiento del VIH, atención del aborto sin complicaciones y maternidad segura. También destaca que estos servicios deben respetar la autonomía, la privacidad y el consentimiento informado, y garantizar la participación de las mujeres en las decisiones sobre prevención, atención y recuperación.
Más allá de la emergencia
Las barreras que hoy enfrentan las comunidades afrodescendientes del Pacífico no surgieron con el terremoto. Son el resultado de desigualdades históricas que también se reflejan en el desarrollo de las políticas de salud sexual y reproductiva en Colombia. Aunque la Constitución de 1991 y los posteriores desarrollos normativos permitieron avanzar hacia un enfoque de derechos, durante décadas las políticas públicas mantuvieron una perspectiva predominantemente biomédica, urbana y centrada en las mujeres, que no siempre reconoció las realidades de los territorios rurales y racializados.
En 2026, el Estado adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, mediante la Resolución 1350 de ese año. La política busca avanzar hacia un modelo territorial e intercultural, articulando sectores como educación, salud, trabajo y cultura, y adaptando las acciones institucionales a las realidades de las comunidades étnicas y rurales. También incorpora asuntos como la salud menstrual, la violencia obstétrica, las violencias digitales y la corresponsabilidad masculina.
Sin embargo, su implementación está en discusión. El 21 de septiembre de 2026, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, solicitó iniciar el procedimiento para derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026 y propuso suspender nuevas actuaciones relacionadas con su implementación mientras se revisaba su legalidad. Aunque esta solicitud no significa que la política haya sido derogada, sí pone en discusión la continuidad de los compromisos institucionales en materia de educación sexual, género y diversidad.
Este escenario también se refleja en las recientes decisiones del Gobierno colombiano en el ámbito internacional. En octubre de 2026, durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Colombia tomó distancia de la expresión ‘salud y derechos sexuales y reproductivos’ y, posteriormente, se adhirió al Consenso de Ginebra, cuya declaración sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación de los Estados de promoverlo o facilitarlo. A esto se suma el retiro del país de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition), una alianza internacional dedicada a promover y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+, anunciado en septiembre del mismo año. Estas decisiones configuran un contexto institucional que plantea interrogantes sobre el compromiso del Estado con la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad y no discriminación.
Este debate es especialmente relevante para territorios como el Pacífico colombiano, donde la dispersión geográfica, las limitaciones de infraestructura educativa y sanitaria, la falta de personal especializado y las dificultades de conectividad restringen el acceso a información y servicios. Para las mujeres negras, las juventudes y las personas LGBTI+ afrodescendientes, estas barreras se entrecruzan con el racismo, las violencias basadas en género y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. A ello se suman los efectos del cambio climático, los conflictos socioambientales y la presencia de actores armados y redes de criminalidad organizada, que afectan la movilidad y el acceso a servicios básicos.
En este escenario, la recuperación del Pacífico colombiano no puede limitarse a reconstruir viviendas, escuelas y centros de salud. También debe garantizar que las comunidades afrodescendientes participen en las decisiones sobre su futuro y que las mujeres, las juventudes y las personas LGBTI+ puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, educación integral para la sexualidad y mecanismos de protección sin discriminación.
A tres meses del terremoto, garantizar estos derechos debe ser parte de la respuesta a la emergencia y de la reconstrucción del territorio. La recuperación también debe ser una oportunidad para enfrentar las desigualdades históricas que han limitado la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos de las comunidades afro del Pacífico.