Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad, expone crítica situación de derechos humanos en Cuba ante Cámara de Diputados de EE.UU.

Washington, DC.  Julio 11 de 2019. El pasado 11 de Julio, Carlos Quesada, Director Ejecutivo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, presentó ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental durante audiencia en el Congreso de Estados Unidos, la grave situación de violaciones de derechos humanos que enfrenta el pueblo cubano, especialmente, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas independientes que se oponen a las lógicas represivas del gobierno.

Durante su intervención, Quesada habló sobre las amenazas y los desafíos para los defensores de los derechos humanos en Cuba y en los métodos empleados por el gobierno cubano para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y activistas. En este sentido señaló: “La criminalización ha llevado a contar hoy con una población de presos políticos que suman un total de casi 100 activistas, con un impacto desproporcionado en las poblaciones históricamente marginadas, incluidas las mujeres, los afrodescendientes y los miembros de la comunidad LGBTI”.

Así mismo, el representante de Raza e Igualdad afirmó que las principales amenazas y desafíos para los defensores de derechos humanos en Cuba incluyen: 1.) La nueva Constitución 2). Las restricciones a los derechos fundamentales; y 3). La manera como opera el sistema de justicia cubano, que según Quesada, representa una amenaza en sí misma para criminalizar a activistas de la isla.

 

“La situación de los derechos humanos en Cuba es grave y puede caracterizarse como una guerra de desgaste entre el gobierno y activistas independientes de la sociedad civil. Las autoridades estatales violan rutinariamente las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al hostigar, amenazar, detener e interrogar a los activistas y sus familias”

 

La aprobación de la nueva Constitución en el referéndum del 24 de febrero marcó el comienzo de una nueva era con respecto a las garantías legales de los derechos humanos en Cuba, pues según Carlos Quesada, en un movimiento calculado para crear un vacío legal mediante el cual el Estado Cubano puede evitar el cumplimiento de las obligaciones de los tratados internacionales de derechos humanos, el gobierno modificó el texto de la nueva Constitución para otorgarle la supremacía sobre el derecho internacional. De esta manera, el gobierno intenta evadir las responsabilidades u obligaciones adquiridas en materia de lo estipulado en los tratados internacionales.

En relación a la restricción de los derechos fundamentales, el director de Raza e Igualdad indicó que no existe liberta de expresión, opinión, asociación y prensa en Cuba. Así mismo, señaló que las represiones y torturas psicológicas hacía activistas y sus familiares son una constante, sin dejar a un lado, las detenciones arbitrarias sin garantías al debido proceso a los que se enfrentan recurrentemente defensores y defensoras de derechos humanos en Cuba.

“Los principales métodos empleados por el gobierno cubano para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil o activistas, incluyen el uso indebido del sistema de justicia y las restricciones de viaje” agregó Quesada; quien además señaló que durante los últimos dos años, se han documentado un total de 88 casos de presos políticos; quienes son acusados por delitos comunes, esto, bajo un Código Penal Cubano vagamente definido que permite a las autoridades usarlo para criminalizar casi que cualquier comportamiento.

Finalmente, Quesada expuso ante el auditorio una serie de recomendaciones entre las que se pueden citar:

  1. Continuar monitoreando y exponiendo la situación de derechos humanos en Cuba.
  2. Solicitar que el gobierno cubano libere de inmediato a todos los presos políticos.
  3. Ofrecer apoyo público a activistas y periodistas independientes de la sociedad civil.
  4. Ampliar la presencia diplomática de los EE. UU. para tener un contacto más directo con organizaciones independientes.
  5. Alentar al gobierno cubano a entablar un diálogo con la sociedad civil independiente.
  6. Solicitar a Western Union información sobre cómo opera en Cuba y cómo los funcionarios del gobierno podrían tener acceso a información sobre activistas que reciben dinero del extranjero.

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