Transcurridos 107 días de la ola de violencia, represión, amenazas y hostigamientos que vive el pueblo Nicaraguense a manos de turbas sandinistas, grupos para-policiales y paramilitares; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgó el pasado 2 de Agosto del 2018 medidas cautelares a miembros representantes del Sector Privado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentes en el Diálogo Nacional por Nicaragua, quienes habrían sido víctimas de persecución, hostigamiento, amenazas, desprestigios y señalamientos por grupos afines al gobierno de turno. 

Los solicitantes Michael Edwing Healy Lacayo, José Adán Aguerri Chamorro, Felipe Argüero, Álvaro Javier Vargas Duarte, Claudia Neira Bermúdez, Juan Sebastián Chamorro y Juan Carlos Gutiérrez Soto, así como de sus familiares, quienes fueron identificados en el procedimiento, señalaron en la denuncia presentada ante la Comisión IDH que desde inicios del diálogo nacional habrían sido objeto de amenazas por parte de periodistas de medios de comunicación afines al gobierno y por parte de otros actores anónimos que buscarían intimidarlos.   Así mismo, declararon amenazas explícitas a través de mensajes de “whatsapp” que los señalarían como “mafiosos” “delincuentes” y “militantes sandinitas”.  Entre las denuncias de los beneficiarios también se especificaron amenazas de muerte, quema e invasión de propiedades, como es el caso de Michael Edwing Healy Lacayo presidente de la de la Unión de Productores Agropecuaríos de Nicaragua (UPANIC), víctima de expropiación de su Hacienda de manera violenta por parte de agresores, quienes hasta la fecha de radicación de esta resolución estarían disponiendo de la cosecha de plátano del terreno.   Así mismo, se enunciaron amenazas al buen nombre, calumnias e injurias públicas que declararían a los solicitantes de medidas cautelares como “terroristas” o “asesinos”.  Por otra parte, se pusieron en evidencia amenazas a través de teléfonos y correos electrónicos propios de los beneficiarios, que habrían sido puestos de conocimiento público; además de hostigamiento, persecución e intimidación por parte de simpatizantes del gobierno.    

 Tal y como se expresa en la resolución 58/2018 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la información presentada demuestra que los derechos a la vida y la integridad personal de los solicitantes, incluidos los de sus familiares, se encuentran en situación de gravedad y urgencia”.  Por tal razón, bajo el artículo 25 del Reglamento de la Comisión IDH se solicitó al gobierno de Nicaragua velar y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los solicitantes, así como asegurar que los agentes de Estado respeten los derechos de los beneficiarios y los que estén relacionados con actos de riesgo atribuibles a terceros.  Finalmente, la Comisión solicita informe sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de dicha medida cautelar y evitar su repetición.  

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos condena los actos de violencia, represión, hostigamiento, detención arbitraria, desaparición y criminalización de los defensores, defensoras y activistas de derechos humanos que hoy se vive en el país por parte del gobierno de turno.  Coherentes con el trabajo de protección y promoción de los derechos humanos Raza e Igualdad continuará apoyando el trabajo de denuncia, promoción y protección de los derechos humanos de los y las Nicaragüenses.  Instamos al gobierno Nacional atender a las recomendaciones de la CIDH para velar por la protección integral de la vida del pueblo.