Bogotá, 25 de septiembre de 2020.- El día 24 de septiembre de 2020, se difundió por redes sociales un desgarrador video en el que un hombre registró el asesinato de su compañera en el municipio de Miranda, en el norte de Cauca, en Colombia, en un retén militar. Juliana Giraldo, de 38 años, recibió un impacto de bala en la espalda luego de que un militar disparara contra los ocupantes del vehículo en que se movilizaban ella y tres hombres más. Luego de que se conociera que era una mujer trans, diversos medios reportaron la noticia señalando que era un “hombre” quien había sido asesinado, a pesar de que las notas iniciales se referían a ella como mujer.

Las fuertes imágenes del hecho han conmocionado al país justo en medio de un tenso clima de marchas, protestas y discusiones políticas sobre los abusos de la fuerza pública. Además de la crisis generada por COVID-19, se atraviesa una crisis de derechos humanos que ha elevado los índices de violencia a niveles que se creían superados con el Acuerdo de Paz y que tiene como principales víctimas a las poblaciones históricamente discriminadas. Se han reportado cifras históricas de violencia y discriminación contra la población LGBTI, en especial contra las personas trans, sobre las que se registran 28 asesinatos en lo que va del año.

Raza e Igualdad advierte que el Estado Colombiano tiene el deber de combatir la impunidad y la violencia generalizada de la que son sujetxs la población LGBTI, así como el deber positivo de investigar con debida diligencia aquellos crímenes que se han cometido por motivo de la orientación sexual e identidad de género de la víctima. También anota que, de acuerdo con los estándares internacionales, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas.

Ante este preocupante panorama en Colombia, Raza e Igualdad lamenta la muerte de Juliana, rechaza la violencia y abusos por parte de la fuerza pública hacia la sociedad civil colombiana e insta al Estado a llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. De igual manera, se une a la indignación y los reclamos de la sociedad civil colombiana para que se lleve a cabo una reforma estructural que ajuste la doctrina militar a los estándares internacionales de derechos humanos, más allá de las responsabilidades individuales a las que haya lugar en este y en todos los casos relacionados con el abuso de la Fuerza Pública. Raza e Igualdad rechaza también las constantes revictimizaciones a las que fue sometida Juliana en diferentes medios al develar su nombre legal señalando su nombre identitario como un posible alias, e invita a los medios de comunicación a cubrir este y todos los hechos de violencia desde una perspectiva de diversidad sexual que respete la memoria de las víctimas.