Bogotá, 5 de junio de 2020. – El pasado 29 de mayo, la Red Comunitaria Trans denunció la muerte de Alejandra Monocuco, una mujer trans trabajadora sexual, quien vivía en el Barrio Santafé, en el centro de Bogotá. De acuerdo a la denuncia publicada en redes sociales, la mujer, quién presentó síntomas de COVID-19, murió en la madrugada a pesar de haber solicitado una ambulancia al servicio de emergencias, dado que el personal médico que acudió se negó a atenderla luego de conocer que vivía con VIH, argumentando que lo más seguro era que Alejandra “tuviera una sobredosis”[1]. No siendo esto suficiente, las autoridades tardaron casi 15 horas en realizar el levantamiento de su cuerpo, no realizaron las diligencias pertinentes para descartar que la causa de muerte hubiese sido por coronavirus y no brindaron atención inmediata a las mujeres que vivían con ella, entre las que se encuentra una mujer trans adulta mayor.

A esta lamentable situación, se sumó el comunicado público posterior del Distrito, que aseguraba que la falta de traslado a un centro médico para atender a Alejandra obedecía a un documento firmado por una de las mujeres con las que vivía, en el que se negaban al traslado[2]. Esta información fue posteriormente considerada un “error” por la misma administración[3], que señaló en un segundo comunicado que la negativa del traslado no había sido por dicho documento, porque no existía, sino porque la misma Alejandra había expresado que no quería acudir a un centro hospitalario.

En Colombia, además de la violencia y la discriminación que sufren a diario, las personas trans con VIH que ejercen el trabajo sexual se ven afectadas por la existencia de prejuicios que les impiden acceder a ciertas garantías en ámbitos como la salud.  A diario, las personas trans enfrentan barreras de acceso a atención médica, falta de sensibilidad y capacitación acerca de sus necesidades específicas, la ausencia de rutas de atención especializada y los elevados costos de los procedimientos especializados. Estas barreras discriminatorias se agravan ante la negligencia y los prejuicios sobre el VIH, que impiden que las personas trans se hagan pruebas de detección del VIH, que se las ponga en contacto con asistencia médica o que tengan acceso a ella, que sigan recibiendo atención y/o que obtengan la medicación necesaria.

En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, estas barreras de acceso a la salud resultan ser altamente preocupantes. Recientemente, Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, en un comunicado con respecto al contexto actual de pandemia[4], señaló “[e]l VIH nos enseñó que la violencia, el bullying y la discriminación solo sirven para marginar aún más a las personas que más lo necesitan” (…) “[t]odas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, tienen derecho a disfrutar de su salud, protección y seguridad sin excepción alguna. El respeto y la dignidad son ahora más necesarios que nunca”.

La Comisión de Derechos Humanos (CIDH) y Expertos de la ONU advirtieron a los Estados que el estigma y los prejuicios pueden convertirse en barreras problemáticas en la atención en salud de las personas LGBTI con VIH en el contexto de pandemia. “[L]a discriminación que sufren los hombres gays y las mujeres transgénero hace que representen un porcentaje significativo dentro de la totalidad de personas que viven con el VIH, que pueden estar en mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 debido a que sus sistemas inmunológicos pueden verse comprometidos. Sin embargo, la criminalización, el estigma y la discriminación contra estas personas serán obstáculos que harán imposible documentar y comprender plenamente el impacto de la pandemia en ellas[5]”.

Raza e Igualdad lamenta la muerte de Alejandra y rechaza esta y cualquier forma de discriminación que limite el derecho al acceso a la salud de las personas LGBTI, en especial de las personas trans con VIH.  Invitamos a las autoridades correspondientes a dar celeridad a la investigación y a esclarecer los hechos para que se adelanten los procesos disciplinares y judiciales necesarios; y exhortamos a que se brinde un acompañamiento integral a las mujeres con las que convivía Alejandra.

De igual forma, instamos a los gobiernos locales y nacionales a reforzar sus esfuerzos en la garantía de los derechos, en especial del derecho a la atención en salud, de las trabajadoras sexuales, particularmente de las mujeres trans que ejercen esta actividad, y a incluir sus voces en el diseño e implementación de las medidas que se promulguen en razón al contexto actual de emergencia sanitaria.

[1] https://www.rcnradio.com/bogota/la-historia-de-alejandra-la-mujer-trans-que-murio-sospechosa-de-covid-y-no-fue-atendida

[2] https://www.lafm.com.co/bogota/muerte-de-mujer-trans-en-bogota-aseguran-que-hubo-negligencia

[3] https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/secretaria-de-salud-de-bogota-reconoce-error-en-caso-de-mujer-trans-fallecida-503162

[4]https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/april/20200427_lgbti-covid

[5] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25884&LangID=S