El 6 de Junio de 2018, en el marco de 48 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos – OEA, se realizó el evento “Voces de Nicaragua: Derechos Humanos y Democracia”, organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL, Amnistía Internacional y JASS Mesoamérica. Los objetivos del evento estuvieron orientados a propiciar la visibilización y el diálogo sobre la crisis de derechos humanos y gobernabilidad democrática que se ha profundizado en Nicaragua hace 50 días: 129 han perdido la vida y la protesta social legítima a sido reprimida con violencia. El panel realizado estuvo moderado por el Director Ejecutivo de Raza & Igualdad, y contó con la participación representantes de las organizaciones convocantes, del secretario ejecutivo de la Comisión interamericana de Derechos Humanos – CIDH Pablo Abrão, y líderes y lideresas Nicaragüenses.

El conjunto de las intervenciones de los panelistas permitió comprender la gravedad y características de la crisis humanitaria: cientos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por grupos paraestatales en complicidad con la policía nacional, agresiones contra ciudadanos en las protestas, malos tratos en las prisiones, criminalización y hostigamiento de líderes sociales, censura severa a los medios de comunicación y redes sociales. El comportamiento del gobierno de Nicaragua ante esta crisis ha sido a claramente negligente, y violatorio de todos los estándares de derechos humanos.

Esta crisis, que se hizo más visible al mundo desde la intensificación de la represión del pasado mes de Abril, este el resultado de un patrón sistemático consolidado desde hace varios años: “una muerte anunciada” según lo indicó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Vilma Núñez. Su análisis denuncia como el aumento de la represión y las violaciones a los derechos humanos a partir de 2016 ha estado asociado con creación por parte del gobierno de fuerzas de choque instrumentalizadas jóvenes del partido sandinista y demás organizaciones parapoliciales. Las protestas contra una reforma a la ley de seguridad social que perjudica a la ciudadanía en general, y desconoce los derechos estipulados a los pensionados, fue uno de los factores que desencadenó la ola de represión actual.

La violencia ejercida por el Estado y fuerzas paraestatales ha tenido una magnitud y características de extrema gravedad. Se trata de una “política sistemática de uso excesivo de la fuerza” que claramente aprueba la comisión de ejecuciones extrajudiciales; así lo indicó la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, quien presentó el informe “Disparar a Matar” construido a partir de testimonios directos: “Con mucho preocupación hoy podemos decir que, después de la elaboración del informe, tenemos evidencias para argumentar que en Nicaragua existe una política sistemática de represión violenta que acalla indiscriminadamente las voces que pacíficamente se manifiestan a manos de turbas, grupos armados y parapoliciales”

La gravedad de las violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, y la libertad de expresión también fueron confirmadas por el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrão, y por el Relator sobre la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza. La CIDH desplegó una reacción inmediata ante la oleada de violencia y represión, denunciado la situación y exhortando al gobierno de Nicaragua a cesar la represión, garantizar la libertad de expresión, judicializar y sancionar a los responsables de los actos violentos, y adoptar medidas para garantizar la verdad y la justicia.

El deterioro de una institucionalidad que garantice la independencia de los poderes y la protección de los derechos humanos para los ciudadanos es una dimensión resaltada por Marcía Aguiluz, Directora del programa de Mesoamérica y México de CEJIL: “Las y los Nicaragüenses en este momento se encuentran en un grave contexto de indefensión al no haber una institucionalidad capaz de respaldar y velar por la seguridad de cada ciudadano en el país”.

La prioridad de garantizar condiciones para la verdad y la justicia es una recomendación en la que coincidieron los representantes de la CIDH, CEJIL, Amnistía Internacional, y CENIDH. Como muy bien lo expresa la presidenta de CENIDH: “la solución debe ser rápida, cada mes se acumulan más muertos. Tenemos 129 muertos hasta ahora y ese número va en aumento.   En Nicaragua no puede haber borrón y cuenta nueva, porque al país se le ha negado la justicia, como organizaciones de derechos humanos creemos que primero debe venir la justicia y luego la democratización”. En esta perspectiva es de especial relevancia la recomendación de Amnistía Internacional sobre la conformación de un cuerpo interno de expertos independientes que garanticen la imparcialidad de las investigaciones para así dar paso a la verdad y la justicia.

La capacidad y el compromiso de las organizaciones sociales para enfrentarse a esta situación tan adversa se pudieron constatar a través de las voces de algunos  líderes y lideresas Nicaragüenses que participaron en el evento. Aníbal Toruño, director de Radio Dario reitero su compromiso a pesar de que las instalaciones de este medio fueron quemadas. La lideresa del CISAS, Ana Quirós denunció la criminalización a las y los defensores de derechos humanos: Las defensoras y defensores han estado en permanente riesgo, se identifica que 9 de cada 10 defensores han estado en situación de riesgo, violencia, amenaza, intimidación y campañas de desprestigio; Y 6 de cada 10 agresiones vienen de turbas o fuerzas parapoliciales – paraestatales organizadas por el partido sandinista específicamente para agredir”. También denunció el caso de Félix Madariaga hoy señalado por la policía Nacional de hacer parte de un cartel  al margen de la ley:

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su solidaridad hacia la sociedad y las organizaciones nicaragüenses. Non unimos a las #VocesConNicaragua que demandan verdad y justicia para las 129 personas asesinadas y sus familias, y el restablecimiento de un orden democrático que garantice los derechos humanos. Estaremos atentos a apoyar sus acciones de incidencia y de promoción y protección de los derechos humanos.