Brasil, 5 de diciembre de 2024 – Brasil avanza a grandes pasos en la dirección contraria al respeto de los derechos humanos, sobre todo al observar el racismo estructural y sistémico, resultado de políticas continuas que evidencian violaciones y el menosprecio por la vida de las personas negras. La violencia como política de seguridad pública se manifiesta principalmente en las periferias de los grandes centros urbanos y, solo en 2024, las cifras de prácticas abusivas de violencia policial continúan aumentando exponencialmente. Ante este escenario, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) insta a una acción objetiva y directa por parte del Estado brasileño frente a la gestión de la seguridad pública en São Paulo. Es imprescindible una política de seguridad basada en derechos que responsabilice al autoritarismo y la negligencia de la corporación militar.
El Estado de São Paulo, según datos del Ministerio Público Estatal, experimentó un aumento del 46% en las muertes cometidas por policías. Solo entre enero y noviembre de 2024, se registraron 673 muertes a manos de la policía paulista, con un promedio de dos víctimas mortales por día.
Los acontecimientos recientes evidencian una falta de control y gestión de la política de seguridad pública en el Estado de São Paulo. Diversos casos fueron presenciados por ciudadanos e incluso registrados a través de cámaras corporales de los policías, mostrando una violencia exacerbada, incluso cuando el sospechoso ya estaba sometido. Las acciones brutales de la Policía Militar van desde disparos en la cabeza, ejecuciones por la espalda con 11 disparos, ejecuciones a quemarropa, la muerte de un niño en un supuesto tiroteo, agresiones físicas, una persona abordada por 13 policías, hasta un oficial arrojando el cuerpo de una víctima desde un puente en la zona sur de São Paulo, entre otros. Estos casos plantean la siguiente pregunta: ¿existe algún tipo de control efectivo sobre la policía militar o esta policía tiene carta blanca del gobierno estatal para cometer violaciones?
Además, destacamos que la creación de una Defensoría Paralela por parte del Secretario de Seguridad Pública, Guilherme Derrite, es otra señal de que las fuerzas policiales del Estado de São Paulo continuarán su escalada de violencia e impunidad, considerando que ya existe una Defensoría de la Policía Civil, que denuncia diariamente la política de seguridad pública del estado. La creación de una defensoría paralela, sin autonomía alguna, refuerza, según la Orden de Abogados de Brasil (OAB – SP), otro paso hacia el debilitamiento de los mecanismos de control y transparencia de la actividad policial en el estado.
“Es evidente que la política de seguridad pública en el Estado de São Paulo sigue un camino contrario a los diversos informes de las Naciones Unidas que indican la necesidad de aplicar procedimientos de monitoreo, de contar con una corregiduría efectiva y no corporativista, destacando además que los procesos deben ser ágiles para restablecer cierta credibilidad en la Policía Militar y en el gobierno estatal paulista”, señala Rodnei Jericó, Director de Raza e Igualdad en Brasil.
Tras su visita a Brasil en agosto de 2024, la Relatora Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia relacionada, Ashiwini K.P., publicó un informe sobre la cuestión racial en el país, destacando la gravedad y complejidad de la violencia de las fuerzas de seguridad pública. El documento insta al Estado a tomar medidas más efectivas frente al sistema penitenciario y, aunque reconoce que el uso de cámaras policiales es un paso importante hacia una política de seguridad antirracista, señala que hay informes de que estas cámaras no se utilizan y que se están aplicando medidas de perfilamiento racial sin base científica. Además, la Relatora destacó que son especialmente las madres afrodescendientes quienes pierden a sus hijos debido a la brutalidad policial, y que, además de ser víctimas, estas también son criminalizadas.
En octubre de 2024, el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para el Avance de la Igualdad y la Justicia Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER) publicó un informe que destaca el racismo sistémico arraigado en la policía y en el sistema de justicia penal, donde el prejuicio racial, el perfilamiento racial y los estereotipos raciales influyen en la acción y la inacción del Estado. El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que lleva a miles de muertes cada año, y el encarcelamiento excesivo, que afecta desproporcionadamente a las personas negras, son una consecuencia del racismo sistémico que, combinado con las actuales políticas de “guerra contra el crimen”, resulta en un proceso de limpieza social para eliminar sectores de la sociedad considerados indeseables, peligrosos y criminales. Esta es una cuestión sistémica generalizada que exige una respuesta sistémica y exhaustiva.
Entre las diversas recomendaciones emitidas por el EMLER, es importante destacar en la lucha contra la violencia policial con perfilamiento racial los siguientes puntos:
- Establecer por ley un organismo nacional de control civil de las fuerzas policiales.
- Establecer el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de los policías a nivel nacional.
- Adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para la vigilancia policial.
- Terminar con las actuales políticas de “guerra contra las drogas” y “guerra contra el crimen” y adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para estas cuestiones.
- Adoptar una legislación nacional sobre el uso de la fuerza que cumpla con las normas internacionales de derechos humanos, particularmente con los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y no discriminación, así como con la obligación de proteger y respetar el derecho a la vida.
- Garantizar que el perfilamiento racial sea claramente definido y prohibido por ley, e investigar todas las denuncias de perfilamiento racial y procesar los casos en consecuencia.
- Garantizar la adecuada rendición de cuentas en todos los casos de uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos por parte de agentes de la ley, incluyendo la responsabilidad de superiores y comandantes de operaciones, así como la responsabilidad de las agencias policiales como instituciones, y no solo de los oficiales directamente involucrados.
- Garantizar el derecho de las víctimas a reparaciones, particularmente a través del establecimiento por ley de un mecanismo independiente especializado centrado en las víctimas, con presupuesto suficiente, diseñado específicamente para apoyar a individuos y comunidades afectadas.
