Washington D.C., 7 de noviembre de 2022.- El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CCPR, por sus siglas en inglés), hizo amplias observaciones sobre el cuarto informe periódico presentado por  Nicaragua, analizado en la revisión el pasado 19 de octubre de 2022. 

El Comité emitió 17 recomendaciones sobre diferentes temáticas, entre ellas: la independencia del Poder Judicial, muertes por violencia policial, la situación de las personas prisioneras en las cárceles de Nicaragua, la libertad de expresión, violencia contra las mujeres, situación de los pueblos indígenas y libertad de asociación. 

Sobre este último punto, el Comité dijo que el Estado de Nicaragua debe “abstenerse de cancelar las personalidades jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos, grupos de oposición y asociaciones profesionales; entre estas  asociaciones médicas, universidades y entidades vinculadas con la Iglesia católica; por ejercer legítimamente sus derechos y adoptar todas las medidas necesarias para restablecer esas organizaciones y restituirles sus bienes”. 

Desde 2018 hasta inicios de noviembre de 2022, el Comité registró el cierre de 1880 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, muchas de ellas imposibilitadas de presentar la documentación requerida por los obstáculos encontrados en el Ministerio de Gobernación a raíz de la aprobación de la Ley Especial de Regulación de Agentes Extranjeros en octubre de 2020.

“Abstenerse de imponer régimen de aislamiento” a las personas detenidas 

El Comité ha recordado que las familias de personas privadas de libertad por motivos políticos han expresado que entre quienes se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”, hay quienes padecen enfermedades crónicas que no reciben la atención especializada en salud que requieren. Desde hace 73 días, las personas que se encuentran en ese centro de detención no han recibido ninguna visita de sus familiares y se desconoce información sobre las condiciones en que se encuentran.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en “El Chipote”, hay por lo menos 50 personas detenidas.

El Comité dijo que el Estado debe “abstenerse de imponer el régimen de aislamiento, salvo en las circunstancias más excepcionales y por períodos estrictamente limitados, cuando sea objetivamente justificable y proporcionado”, conforme las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela).

También mostró preocupación sobre el nivel de hacinamiento de personas que hay en cárceles como “La Modelo” o la cárcel de mujeres “La Esperanza”, así como lo que considera una “deficiente atención de salud” en centros penitenciarios como “El Chipote”. Además, recomendó que se realice una supervisión estricta de los procedimientos de visitas, “velando por que los registros invasivos sólo se efectúen en casos excepcionales, de la manera menos intrusiva posible y respetando plenamente la dignidad de la persona y su identidad de género”. 

Esta recomendación  surge a raíz de las denuncias que refieren que a los familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos  se les somete a revisiones invasivas y tocamientos indebidos cuando se autorizan visitas en los centros de detención. 

Estas prácticas violatorias de los derechos humanos también se han realizado en contra de menores de edad, a quienes se les han impedido  visitas frecuentes a sus familiares en la cárcel por largos periodos de tiempo y en general, no se les ha permitido comunicación alguna.

Que se enjuicie a autores de torturas y muertes en cárceles 

El Comité también mostró preocupación por las constantes denuncias de torturas que se han divulgado en Nicaragua y que ocurren tanto al momento de la detención como las que suceden en las cárceles y centros de detención. 

Además, recomendó que se investiguen de forma rápida, exhaustiva, eficaz, independiente e imparcial “todas las denuncias de tortura y malos tratos y las muertes durante la detención”. 

Esto último, porque desde las detenciones arbitrarias que han ocurrido en Nicaragua desde abril de 2018, se registraron dos muertes de personas detenidas; Eddy Montes, ciudadano estadounidense que falleció de un disparo en circunstancias todavía no investigadas por las autoridades nicaragüenses, y Hugo Torres, quien falleció en febrero de 2022 en circunstancias aún sin esclarecer derivadas de la falta de asistencia a su salud y las condiciones de detención.

La recomendación del Comité es que estas investigaciones deben realizarse de conformidad con el Manual para las investigaciones y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), “así como (investigaciones) de todos los actos de violencia cometidos por la policía y los funcionarios de prisiones durante la detención, en las comisarías de policía y en centros de privación de libertad, velando por que se enjuicie a los autores y se les castigue debidamente si son declarados culpables y por que las víctimas reciban una reparación integral”.

Investigar casos de violencia contra las mujeres 

Teniendo en cuenta que en Nicaragua, según estadísticas de organizaciones de defensa de las mujeres, más de 42 niñas y mujeres han sido víctimas de feminicidios desde enero hasta agosto de 2022, 15 de esos casos se mantienen en la impunidad dentro del país,  el Comité también recomendó al Estado de Nicaragua que se garanticen las investigaciones de los casos de violencia contra las mujeres “rápida y eficazmente”, y que los autores de esos crímenes sean llevados ante la justicia. 

Además, exhortó al Estado a  hacer enmiendas a la Ley 779, Ley de Violencia Contra las Mujeres, de modo que “se mantenga la jurisdicción especializada en materia de violencia contra la mujer en todo el territorio del Estado parte y se armonice la definición de feminicidio con las normas internacionales”. 

Derecho a un juicio imparcial 

El Comité también mostró preocupación por las “vulneraciones de las garantías procesales”, y en particular, se refirió a la utilización de tipos penales ambiguos durante investigaciones y enjuiciamientos. 

“El Comité también está preocupado por la falta de acceso efectivo a la asistencia jurídica de las personas detenidas, en especial, inquietan las denuncias sobre los obstáculos que enfrentan los abogados para acceder a las audiencias judiciales, a los expedientes del caso y a comunicarse libremente y en privado con sus defendidos”.

Además el Comité recomendó  que los abogados puedan asesorar y representar a las personas acusadas de delitos sin obstáculos, expresando que se debe “promover que el Ministerio Público inste la puesta en libertad inmediata de las personas detenidas a raíz de la crisis sociopolítica iniciada en 2018”.

Preocupa violencia contra pueblos indígenas 

Adicionalmente, el Comité expresó su preocupación por los reportes de que algunos pueblos indígenas han sido víctimas de actos de violencia tras la invasión de colonos a sus territorios. 

En este sentido, recomendó al Estado, “redoblar sus esfuerzos para prevenir conflictos sobre el uso de la tierra, entre ellos la facilitación de garantías en relación con las tierras que tradicionalmente han sido propiedad de los pueblos indígenas o que han estado ocupadas por estos”. 

“De conformidad con el artículo 75, párrafo 1, del reglamento del Comité, se solicita al Estado parte que facilite, al 4 de noviembre de 2025, información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en los párrafos 6 (marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto), 30 (derecho a un juicio imparcial) y 40 (participación en asuntos públicos)”.

Comité dará seguimiento a recomendaciones 

El Comité de la ONU también dará seguimiento a tres recomendaciones realizadas: la divulgación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité, el Estado parte recibirá del Comité en 2028 la lista de cuestiones previa a la presentación de informes y se espera que presente dentro de un año sus respuestas a la lista de cuestiones. 

Pronunciamiento 

Tanto a Raza e Igualdad como al CCPR Centre, nos preocupa profundamente la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para cumplir con sus obligaciones internacionales y la nula cooperación que ha brindado en los últimos años a pesar de las reiteradas solicitudes del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas detalladas para el proceso de la revisión que motiva este comunicado.

El Estado de Nicaragua debe cumplir con sus obligaciones internacionales y ayudar a buscar una salida a la crisis que inició desde el año 2018. Estas soluciones deben estar encaminadas hacia un respeto estricto a los derechos humanos, el diálogo y el derecho internacional. 

La crisis en Nicaragua, que se ha extendido durante 4 años, por la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para encontrar una solución pacífica, continúa provocando exilio, detenciones arbitrarias y falta de juicios imparciales acordes a las normas internacionales. 

Reconocemos y apoyamos a todas las organizaciones de sociedad civil nicaragüenses que desde Nicaragua o desde el exilio continúan desarrollando su labor en defensa de los derechos humanos y aportaron  al Comité información muy valiosa, e instamos al Estado de Nicaragua a aceptar y cumplir fielmente con sus obligaciones internacionales implementando las recomendaciones del Comité como corresponde.