Washington D.C. / Ginebra, 18 de julio de 2022-. El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), convocó al Estado de Nicaragua a una revisión en el marco de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, este jueves 14 de julio. La delegación nicaragüense no asistió y, a través de una carta, el Ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, calificó el examen como una “nueva provocación” y aseguró que el CAT no tiene “legitimidad alguna para cuestionar” sus informes “ni transgredir” sus leyes, constitución y normas. 

Dada la ausencia del Estado y que “Nicaragua se encuentra en un punto crítico de su historia, que afecta evidentemente la vigencia de los derechos humanos de su población”, el Presidente del Comité, Claude Heller comunicó que el grupo de personas expertas realizarían el examen basándose en la información proporcionada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), sus informes anuales, la resolución 49/3 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 31 de marzo de 2022, la más reciente actualización oral sobre la situación en Nicaragua (16 de junio, 2022), y lo presentado por las organizaciones de la sociedad civil. 

Durante la sesión, Heller afirmó que el Estado de Nicaragua “ha violado sistemáticamente los derechos humanos” y la Convención contra la Tortura. “El hecho de que el Estado parte (Nicaragua) siga sin garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas desde abril de 2018 sigue siendo motivo de gran preocupación”, agregó Erdoğan İşcan, Experto del Comité y Co-Relator de País para Nicaragua. 

Desde abril del año 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis sociopolítica y de derechos humanos. El uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos estatales y parapoliciales durante las manifestaciones pacíficas ha resultado en al menos 355 víctimas fatales, más de 1600 personas heridas y, hasta mayo de 2020, 1614 fueron detenidas arbitrariamente. Tras la liberación de varias personas detenidas por motivos políticos en 2019, se documentaron casos de torturas en el marco de la custodia estatal. Actualmente, más de 190 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, y existen denuncias de casos de torturas en centros estatales y clandestinos.

Según la información recibida por el Comité, el 97 % de las torturas denunciadas se produjeron en centros de detención policiales, donde las personas arrestadas fueron arbitrariamente privadas de libertad sin que se formulara previamente una acusación ni se celebrase un juicio con las garantías procesales correspondientes. Además, hay una “flagrante violación” de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) en estos centros. 

El Comité informó que, si bien el Estado ha expuesto que no existe una política gubernamental de perseguir, amenazar, hostigar o asesinar a las y los defensores de derechos humanos, o impedir el ejercicio de sus labores; “la información disponible demuestra lo contrario a partir del conjunto de leyes (Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos, y Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la determinación para la paz)”. 

La OACNUDH registró al menos 40 casos de amenazas, intimidación, criminalización y campañas de desprestigio, la detención arbitraria de 5 periodistas, y el allanamiento de 2 medios de comunicación durante el año 2021. En ese mismo periodo, la Oficina documentó 26 casos de detención y al menos 4 casos de detención arbitraria de personas defensoras de derechos humanos. “Las represalias, con el apoyo de grupos estatales y simpatizantes del gobierno, institucionalizan la violencia contra defensores”, dijo el Presidente.

Asimismo, el Estado de Nicaragua comunicó que “no existen actos de violencia en contra de las ONG” pero que algunas de ellas han utilizado su organización para “alterar el orden público” y realizar acciones para “desestabilizar el país” y derrocar el gobierno, violando la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley 147); y por ello el Ministerio de Gobernación ha cancelado sus personalidades jurídicas. Por su parte, el CAT consideró que la creciente tendencia de cancelaciones “ha llevado a una drástica reducción del espacio cívico”.

Por otro lado, sobre la violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes, el CAT pidió al Estado dar referencias sobre las investigaciones en torno a la masacre de personas indígenas mískitus y mayangnas el pasado 23 de agosto de 2021, así como los ataques de colonos perpetrados en octubre del año pasado. El Comité manifestó la reticencia de las autoridades nicaragüenses para brindar información al respecto y sus intentos de criminalizar a las personas indígenas por estos casos. Igualmente, denunció la cancelación de la personalidad jurídica del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), una organización de suma importancia para estos pueblos y comunidades, que históricamente han sido olvidadas por los gobiernos de turno.

Finalmente, el Comité urgió a las autoridades nicaragüenses a sancionar a las personas responsables de los abusos denunciados y a reanudar el diálogo con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Comité emitirá un documento con sus observaciones finales sobre Nicaragua el próximo 29 de julio, y se lo hará llegar al Estado. 

Pronunciamiento

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes reprobamos la reacción de rechazo del Estado de Nicaragua ante el Comité contra la Tortura. Esto no tiene precedentes y, como mencionó el Presidente Claude Heller, “cuestiona la integridad del Comité, de sus miembros y de los mecanismos internacionales de derechos humanos”, además expresa un profundo desconocimiento y desprecio de la Convención y sus métodos de trabajo.

Recordamos que la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura fue una acción voluntaria del Estado nicaragüense y que, por tanto, debe cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia, específicamente con las recomendaciones brindadas por el Comité.

Entre otras cuestiones, demandamos al Estado de Nicaragua: Cesar de inmediato los ataques contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos; derogar el marco legal que permite criminalizar por su trabajo a  organizaciones, periodistas y comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos, entre otros actores considerados como opositores; e investigar con la debida diligencia los ataques perpetrados contra pueblos indígenas y afrodescendientes, para juzgar y sancionar a los responsables.

Finalmente, llamamos a la comunidad internacional a responder contundentemente para que Nicaragua rinda cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas desde abril de 2018. ¡No más impunidad!

Firman

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +

Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)

Unidad de Registro (UDR)