Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos la presente carta expresamos nuestra enérgica condena por las reiteradas violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en Nicaragua, a más de tres años de las protestas de abril 2018. Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por la coyuntura poselectoral, que augura la perpetuación de la represión e impunidad en el país.

 A la fecha, el gobierno no ha garantizado justicia ni reparación para las víctimas de la represión. Tampoco ha implementado las recomendaciones contenidas en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ni los provenientes de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la cual expulsó del país y decidió no renovar su mandato. El gobierno también se ha mostrado renuente a implementar las recomendaciones de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a colaborar con los procedimientos especiales y los órganos de tratados de la ONU. 

Las Resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) tampoco han sido observadas por Nicaragua, en particular, la relativa al “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en nicaragua mediante elecciones libres y justas”, mediante la cual se solicitó al gobierno que adoptase una serie de medidas para la reforma electoral, la participación plural en los procesos electorales, la observación electoral internacional, la independencia del Consejo Supremo Electoral, el registro de votantes, procedimientos para la presentación de quejas, entre otras. 

Con profunda preocupación hemos confirmado que las instituciones del Estado nicaragüense, particularmente el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral y los cuerpos de seguridad han propiciado las condiciones para que las “votaciones” del 7 de noviembre garantizaran a la pareja presidencial perpetuarse en el poder, privando al pueblo nicaragüense de su derecho de elegir libremente a sus autoridades y exponiéndole a graves violaciones a sus derechos humanos.

Para alcanzar ese objetivo, un gobierno sin contrapesos y cooptado por el Ejecutivo, adoptó leyes que tienen como efecto la criminalización selectiva de la disidencia, canceló la personalidad de tres partidos políticos y 55 organizaciones de la sociedad civil, y, desde el mes de mayo encarceló a 7 precandidatos a la Presidencia de la República y a una treintena de líderes de sociedad civil, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, dirigentes campesinos e integrantes de organizaciones políticas de oposición. Antes de mayo, ya existían más de un centenar de personas prisioneras por motivos políticos, muchas de las cuales han sido condenadas en procesos en los que se violaron las garantías del debido proceso. Todas las personas privadas de libertad enfrentan duras condiciones de reclusión, malos tratos e incluso actos de tortura; y las mujeres están expuestas a condiciones de vulnerabilidad agudizadas por motivos de género.

Las detenciones arbitrarias continuaron en la víspera de las votaciones, en donde se documentaron más de treinta detenciones y más de 200 actos de violencia política. La mayoría de estas personas recientemente capturadas continúan detenidas, sin que se informe a sus familias respecto de su detención, ni sobre su paradero. Al respecto, la CIDH expresó su preocupación en un comunicado en el que reiteró el llamado a la libertad de todas las personas arbitrariamente detenidas en el contexto electoral.

 A pesar de todos los intentos de aparentar que las elecciones se desarrollarían en normalidad, la mayoría de la población escogió decir NO a la permanencia de quienes ostentan la titularidad del Ejecutivo en el poder al no ejercer el voto. En tal sentido, el observatorio ciudadano electoral de Urnas Abiertas, una iniciativa impulsada desde la sociedad civil, ha estimado en más del 80% la abstención en los comicios, lo que confirma que el pueblo se rehusó a participar en lo que desde mucho antes ya se vislumbraba como una un proceso que no cumple con ninguno de los estándares internacionales en la materia ni cumple con las condiciones mínimas para ser justo, libre y transparente. 

El cuestionamiento internacional de los resultados de este proceso, que no contó con observación internacional, no se hizo esperar. Más de 40 países del mundo han rechazado el proceso electoral por ausencia de garantías democráticas, declarándolo ilegítimo, incluida la Unión Europea. Incluso los Estados miembros de la OEA, en un borrador de la Resolución a adoptar próximamente, declaran que las circunstancias de “las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

 Las organizaciones que suscribimos la presente, creemos que la gravedad de las violaciones de derechos humanos en las que continúa incurriendo el Estado de Nicaragua y el viciado proceso electoral por el cual los Ortega Murillo pretenden permanecer en el poder, ameritan una respuesta contundente de la Organización de Estados Americanos.

Lejos de propiciar condiciones para un diálogo incluyente que restablezca la paz social en Nicaragua, el día después de las votaciones, el Presidente lanzó amenazas directas contra las personas prisioneras políticas que nos hacen temer que su vida, salud e integridad personal corran ahora un riesgo agravado. Al respecto, distintas organizaciones que aglutinan a familiares de personas prisioneras políticas temen que ese discurso se traduzca en una “orden de ejecución”.

Este cuarto mandato consecutivo del régimen de Ortega significa la perpetuación de las violaciones a derechos humanos y la impunidad, dejando a las personas privadas de libertad por motivos políticos en total indefensión. Conscientes de la urgencia con la que amerita ser atendida la situación por la que atraviesa Nicaragua, llamamos a las delegaciones de los Estados miembros participantes en la 51 Asamblea General de la OEA, a tomar todas las medidas a su alcance según la Carta de la organización y la Carta Democrática Interamericana para el pronto restablecimiento de la democracia en Nicaragua y la garantía de los derechos humanos de las y los nicaragüenses, incluyendo la inmediata libertad de todas las personas presas políticas.

Suscriben

Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (CENIDH)

Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)

CIVICUS

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Nicaragüenses en el Mundo (NEEM)

Urnas Abiertas