Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos abordará el alarmante cierre de espacios cívicos, en el marco de la Asamblea General de la OEA

Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos abordará el alarmante cierre de espacios cívicos, en el marco de la Asamblea General de la OEA

Washington D.C., 5 de octubre de 2022.- Durante los últimos años, Latinoamérica ha experimentado un alarmante retroceso en cuanto a libertad de asociación, libertad de expresión y participación ciudadana. En varios países de la región se discuten iniciativas de leyes y/o se han aprobado normas que afectan el libre funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil, introducen condiciones antidemocráticas para impedir la creación de nuevas ONGs, establecen límites a su accionar o restringen su acceso a financiamiento, y en los casos más extremos, permiten a los gobiernos criminalizar el trabajo que realizan las organizaciones y líderes que trabajan en las distintas agendas de promoción y defensa de los Derechos Humanos. 

El jueves 6 de octubre, en el marco de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -iniciativa compuesta por Freedom House, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), y liderada por el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)– realizará el panel “Cierre de espacios cívicos: tendencias regionales y acciones para fortalecer la participación ciudadana”, con el fin dar a conocer a actores de la comunidad internacional los múltiples desafíos que enfrenta la sociedad civil de la región en materia de cierre de espacio cívicos, e intercambiar buenas prácticas que colaboren a fortalecer la participación ciudadana.  

En el evento, Wendy Flores, Coordinadora del Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca +; Lucía Javier, Coordinadora General de CRIOLA, Brasil; Arturo Jordán Rojas Andrade, Ex Procurador de Derechos Humanos de la República de Guatemala; Clara Ramírez, Directora Interina de Fundaredes, Venezuela; y Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), compartirán sus ideas y experiencias para contrarrestar la pérdida de espacios cívicos en las Américas. 

 

Inscripción 

El evento “Cierre de espacios cívicos: tendencias regionales y acciones para fortalecer la participación ciudadana”, se realizará en el Hotel Sheraton de Lima, Perú, el próximo 6 de octubre desde las 5:00pm hasta las 6:30 pm hora local. 

Contará con transmisión en redes sociales y traducción simultánea en español, inglés y portugués para quienes asistan tanto de manera presencial como en línea. 

Para atender de forma presencial o virtual puede realizar su registro en el vínculo a continuación:

Inscripción

***

Sobre el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos es una alianza de tres prestigiosas organizaciones: Freedom House, The International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality), y Pan American Development Foundation (PADF); con el objetivo de fortalecer las capacidades de organizaciones de derechos humanos en América Latina y el Caribe. 

Desde 2020, colaboran y coordinan acciones destinadas a documentar violaciones a los derechos humanos, proveer de asistencia legal y psicosocial a víctimas, generar oportunidades de incidencia para organizaciones de la sociedad civil y capacitar en distintas áreas a organizaciones y actores que trabajan en la promoción de distintas agendas de Derechos Humanos de la región. A través de un trabajo coordinado, convergen para que sus contrapartes amplifiquen sus oportunidades de incidencia y el alcance de sus acciones.  

Afrolatines Advocacy Week: Raza e Igualdad reúne a organizaciones de Brasil y Colombia en Washington, D.C.

Washington, D.C., 27 de septiembre de 2022 – Del 27 a 30 de septiembre, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reunirá a organizaciones de derechos humanos de Brasil y Colombia en Washington, D.C., que trabajan para promover y defender los derechos de la población negra y LGBTI+.  Con el fin  de promover un intercambio de estrategias de advocacy entre el movimiento afrolatino y el movimiento negro estadounidense, las reuniones se llevarán a cabo en el marco de la ‘Black Caucus Week’, una conferencia anual de congresistas estadounidenses negros que tiene como objetivo impulsar y debatir el compromiso cívico de la población negra. Además, la delegación participará en reuniones académicas, con organizaciones de la sociedad civil estadounidense y reuniones privadas con congresistas y departamentos estatales.

La delegación Brasil-Colombia presente en Washington D.C. está conformada por las organizaciones: Geledés – Instituto da Mulher Negra (Brasil), que estará representada por Rodnei Jericó da Silva, Coordinador de SOS Racismo;  ONG Criola (Brasil) con la presencia de la Coordinadora del Proyecto, Lia Manso;  Somos Identidad (Colombia), con su Fundadora Johana Sinisterra y la Representante Legal Sandra Milena Ibarbo;  y la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), con la presencia de la coordinadora Luz Marina Becerra.  En representación de Raza e Igualdad, el Director Ejecutivo Carlos Quesada; Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI; y la Oficial del Programa Brasil, Nathaly Calixto, estarán presentes en estas reuniones.

En este intercambio entre la América negra, las organizaciones latinoamericanas tienen como objetivo tomar las perspectivas negras y LGBTI+ de la diáspora global del sur con el fin de un impacto político efectivo, así como intercambios de buenas prácticas para que puedan moverse juntos para lograr una justicia racial plural.  Es importante destacar que, para Raza e Igualdad, la realización de estas reuniones es una oportunidad para impulsar estrategias de cambios políticos estructurales con perspectiva interseccional. Estas reuniones cobran relevancia en el contexto actual, donde Brasil está en período electoral, Colombia tiene a un nuevo Presidente que en su plan de gobierno valora las agendas raciales y, este año, se elegirán a nuevos integrantes del Congreso de los Estados Unidos, elecciones conocidas como midterms.

«Es precisamente en esta configuración que empoderamos a las organizaciones para que actúen con incidencia política. Poder hablar con congresistas estadounidenses negros sobre la agenda racial latinoamericana es una forma de influir en la administración Biden, porque él necesita una mayoría en el Congreso para aprobar sus agendas.  Es en este sentido que planeamos asegurar y fortalecer los acuerdos internacionales de derechos humanos sobre justicia racial y de género y, en este caso, nada mejor que las organizaciones para guiar las demandas de sus países», dice Carlos Quesada.

Brasil y Colombia: en busca de justicia racial

A medida que la comunidad académica de los Estados Unidos busca comprender y fomentar los estudios sobre la diáspora negra, la delegación Brasil-Colombia se reunirá con académicos y estudiantes de la Universidad de Howard para compartir los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. La idea es mostrar que a pesar de que el racismo es un problema global, las diferentes dinámicas socioculturales y los contextos económicos deficitarios producidos por siglos de colonialismo, impactan principalmente en las poblaciones más vulnerables de América Latina y el Caribe. En este caso, dar a conocer la agenda de equidad racial y de género de estas organizaciones, puede estimular estudios que proporcionen, en el futuro, la construcción de políticas públicas globales equitativas.

Brasil, por ejemplo, es el país donde más se asesina a personas LGBTI+ en el mundo, y esta tasa de incidencia cruzada desde la perspectiva interseccional es mayor en las mujeres trans y negras en situación de vulnerabilidad.  Las organizaciones Geledés y Criola, junto con Raza e Igualdad en Brasil, realizaron una encuesta monitoreando el cierre de espacios cívicos, en la que mapearon que el surgimiento de una agenda ultraconservadora ha generado ataques al sistema democrático brasileño, criminalización de defensores de derechos humanos y la inmovilización de canales de participación ciudadana, consejos y asociaciones. Con esto, hay crecientes ataques y discursos de odio contra las mujeres negras y las LBTI electas que pretenden participar en la vida política del país.

En Colombia, desde hace años la comunidad afrocolombiana sufre un proceso de marginación y vulnerabilización, y la sociedad civil y los líderes afrocolombianos han denunciado la existencia de un apartheid geográfico reforzado por el racismo estructural e institucional.  Esta misma estructura resuena en borrar la lucha por la existencia de los pueblos étnicos, que refuerzan que los derechos civiles en el país deben ser pensados en perspectivas multiétnicas y multiculturales, teniendo en cuenta cómo la violencia racista impacta en estos territorios y cuerpos racializados.  De igual forma, para las personas LGBTI+ colombianas, la escena de violencia de género y racial sigue aumentando, de tal forma que de enero a junio de 2022  se registraron 354 víctimas de agresiones por orientación sexual, de las cuales 324 sufrieron algún maltrato físico y  229 sufrieron estos abusos dentro de sus propias familias.

El uso excesivo de la fuerza policial tanto en Brasil como en Colombia es una denuncia ante los mecanismos internacionales de derechos humanos.  El conflicto armado en Colombia y la violencia de las fuerzas policiales en Brasil coinciden en el perfil de sus víctimas: personas negras en condición vulnerable que viven en territorios donde la presencia del Estado está marcada por la violencia policial. En Colombia, al menos 1.144.486 personas que se identificaron como parte de la población negra fueron registradas como víctimas del conflicto armado, según  datos de la Red Nacional de Información, que corresponde al 38,38% del total.  En Brasil, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública señala que, del total de 6.145 muertes por intervención policial en 2021, el 84,1% eran negras y el 15,8% eran blancas.

¿Por qué la población negra es vista como una amenaza?

Además de esta pregunta y muchas otras que impregnan la estructura racista que fundaron las corporaciones policiales de América Latina, Raza e Igualdad en alianza con organizaciones de Brasil y Colombia, participan en un proyecto regional para enfrentar y denunciar la violencia policial racista en ambos países.  Ante este encuentro en Washington, D.C., la violencia policial que atraviesa a la población negra y LGBTI+ también será objeto de reuniones para aplacar este modus operandi colonial, en el que los cuerpos negros están exentos de la prerrogativa de inocencia y, por existir, son víctimas de toda violencia y vistos como una amenaza, ya sea en países latinoamericanos o en Estados Unidos.

En vista de ello, el racismo, la violencia de género y la LGTBIfobia suponen la amenaza real para un sistema de opresión que irrespeta los derechos humanos inalienables y los tratados internacionales que valoran sus garantías. Para ello, Raza e Igualdad con la delegación Brasil-Colombia, pretenden denunciar ante el Congreso estadounidense los marcos actuales de violación de los derechos de la población negra y LGBTI+ de América Latina. El intercambio de estas voces disidentes reafirma el propósito de seguir denunciando el racismo y sus diferentes formas de violencia que impiden el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad de expresión y el derecho al desarrollo de estos países como un llamado a la asociación e inclusión de la población negra de todas las Américas.

Delegación brasileña participa en sesiones previas del EPU en Suiza y realiza recomendaciones sobre discriminación racial en Brasil

Brasil, 15 de septiembre de 2022 – En vísperas de la revisión de Brasil en el 4º Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) promovió, entre los meses de julio y agosto, una serie de reuniones entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas de la raza, género y orientación sexual en Brasil con Embajadas en Brasilia y sus respectivas Misiones Permanentes, en la ciudad de Ginebra, Suiza. El Examen Periódico Universal es un mecanismo desarrollado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de los derechos humanos en cada uno de los países miembros.

Las reuniones en Ginebra tuvieron lugar entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, en las que participaron las siguientes organizaciones: Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas (RJ), representado por la actual Directora General Gilmara Cunha, mujer trans, líder comunitaria y activista de derechos humanos; ONG Criola (RJ), con la presencia de Mônica Sacramento, Coordinadora de Proyectos de la Institución;  Instituto Marielle Franco (RJ) con su Directora Ejecutiva Anielle Franco;  Geledés – Instituto de la Mujer Afro, representado por Nilza Iraci, Coordinadora de Incidencia Política. Por parte de Raza e Igualdad estuvo presente el Director Ejecutivo, Carlos Quesada; David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio de Derechos Humanos; Gaia Hefti, Oficial de Advocacy en Ginebra; y Leilane Reis, Oficial de Raza y Género en Brasil.

Teniendo en cuenta la importancia de mostrar a nivel regional e internacional la situación de violaciones a los derechos humanos en Brasil, y con el propósito de crear conciencia sobre la necesidad de recomendaciones más específicas para la población afro, LGBTI+ y los pueblos indígenas, esta delegación ha participado activamente en la articulación de este mecanismo de derechos humanos a través de la presentación de informes. En ese sentido, la agenda en Ginebra representó una continuidad del trabajo de incidencia que Raza e Igualdad realizó con diversas organizaciones de la sociedad civil en Brasilia. En cinco días de reuniones, se hizo especial énfasis en la discriminación racial que se registra en Brasil, y se hicieron recomendaciones específicas para que sea tomadas en cuenta por las Misiones Permanentes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y expertos independientes en esta materia.

Agenda en Ginebra

El 30 de agosto, varias organizaciones brasileñas fueron seleccionadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar la situación del país durante la pre-sesión del EPU y llevar las recomendaciones al Estado brasileño, que también estuvo presente en el evento, con su Misión Permanente.  Cabe destacar que el Informe del Estado brasileño para la evaluación del IV ciclo del EPU no se publicó hasta la víspera de la pre-sesión de la EPU, lo cual no permite que la sociedad civil pueda verificar la información presentada por el Estado del país ante la situación actual de los derechos humanos. En representación de la delegación brasileña, Anielle   Franco fue invitada por la organizadora de las sesiones previas, la ONG UPR Info, para hablar sobre la brutalidad policial en Brasil y cómo influye el racismo en dicha violencia, y sacó a la luz las recientes masacres en Río de Janeiro y el asesinato de la joven afro embarazada Kathlen Romeo:

«Estos son casos que indican que la muerte de la población afro en Brasil es un problema sistémico, promovido por las autoridades brasileñas y encubierto por las fuerzas policiales. En lugar de investigar las masacres y la violencia discriminatoria contra la población afrobrasileña, el gobierno y la policía brasileños intentan legitimar estas operaciones policiales y atacar a las organizaciones brasileñas de derechos humanos, como el Instituto Marielle Franco».

El pasado 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes, Raza e Igualdad celebró un evento híbrido, que contó con la participación de la delegación presente en Ginebra.  Bajo el título «Discriminación Racial en Brasil: Violencia contra la Población Afro y los Pueblos Indígenas”, el evento tuvo como objetivo ir más allá de las reuniones cerradas con Embajadas y Misiones Permanentes para visualizar las recomendaciones elaboradas por estas organizaciones de cara al 4º ciclo de la EPU, a fin de que su contenido sea comprendido por el público general al público en general.  Además, el evento también fue una importante herramienta de impacto político internacional, proporcionando la construcción de redes y asociaciones entre organizaciones brasileñas e internacionales.

La delegación brasileña tuvo la oportunidad de llevar las recomendaciones a la Embajadora de Chile en Ginebra, Claudia Fuentes Julio;  también se reunió con  las Embajadas de Canadá, Australia y Argentina;  con la Misión Permanente de Costa Rica, Francia, Alemania y Colombia; además de la reunión con Gay McDougall, Relatora del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el órgano responsable  del monitoreo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). Dado el contexto de violaciones presentado, Gay MacDougall, quien también será la Relator para Brasil ante el CERD, durante la revisión que tendrá lugar en noviembre de este año, se comprometió a encargar al Estado brasileño que implemente los compromisos que cubren el tema racial en el país.

Es importante destacar que la delegación también tuvo un amplio espacio de escucha y diálogo en reuniones con Expertos en Órganos y Tratados de la ONU, Expertos en Pueblos Afrodescendientes y Especialistas en el mecanismo de violencia policial creado por la ONU en 2021. Además, la delegación brasileña fue recibida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) quien acogió con beneplácito la información para que el Estado brasileño sea encargado de acciones efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de la población afro, indígena y LGBTI+.

Incidencia internacional: los caminos hacia Ginebra

La tarea de visibilizar las violaciones a los derechos humanos ante los mecanismos internacionales que tratan el tema es uno de los compromisos de Raza e Igualdad con las organizaciones de la sociedad civil en Brasil. Para eso, es necesario un trabajo de capacitación técnica y apoyo a estas instituciones para que sus denuncias y demandas lleguen instrumentalizadas a los Especialistas y Relatores de cada organismo internacional. Este trabajo se denomina advocacy y/o incidencia política.  En este sentido, durante el evento de Raza e Igualdad en Ginebra, el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, destacó una vez más la importancia de la construcción diaria de las estrategias de advocacy en Brasil para «empoderar a las organizaciones de base para promover actores políticos a través de una metodología de formación técnica para que estas organizaciones puedan generar cambios estructurales sostenibles «.

Así, para que la delegación brasileña fuera recibida con sus recomendaciones en Ginebra, fue necesario promover algunas reuniones en Brasilia, con las Embajadas de los países que revisarán Brasil en el 4º ciclo de la EPU y las demás Embajadas presentes en el Consejo de Derechos Humanos de la EPU.  Las reuniones tuvieron lugar del 27 al 29 de julio, y asistieron: Gilmara Cunha, Directora General del Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas (RJ); Marina Fonseca, antropóloga y asesora política de la ONG Criola (RJ); Fabiana Pinto, sanitarista y Coordinadora de Incidencia e Investigación del Instituto Marielle Franco (RJ); y Rodnei Jericó, abogado y Coordinador de SOS Racismo del Geledés (SP).  En representación de Raza e Igualdad, estuvieron presentes: Leilane Reis, Oficial del Programa de Raza y Género y Adriana Avelar, Oficial de Incidencia en Brasil.

Las reuniones en Brasilia fueron con las Misiones Permanentes que evaluaron a Brasil en períodos anteriores sobre los temas de interés para el grupo, y que están preocupadas por el escenario actual de fragilidad del sistema democrático brasileño: La Unión Europea, Estados Unidos, Noruega, Canadá, Alemania, Francia, Suiza, Australia, Argentina, Reino Unido, Colombia y Chile.

Las organizaciones buscaron visibilizar los marcos normativos actuales que han exacerbado la situación de vulnerabilidad de las poblaciones afro, indígenas y LGBTI+ en Brasil desde la última revisión del EPU, teniendo en cuenta la precariedad de la vida debido a los efectos de la pandemia. A partir de las recomendaciones realizadas por las embajadas visitadas, se discutieron los siguientes ejes temáticos: violencia contra la población LGBTI+, violencia policial contra la población afro, salud de las mujeres afros, cierre de los espacios cívicos y derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el objetivo fue establecer un diálogo con las recomendaciones para el próximo ciclo, de modo que señalen los marcadores sociales vigentes en la sociedad brasileña y que sean capaces de resaltar la situación real de las violaciones de los derechos humanos en Brasil.

El trabajo de incidencia política se construye activamente en asociación con las organizaciones brasileñas y, para ello, es necesario estar conectado con las propuestas políticas y legislativas del Gobierno brasileño, de modo que se puedan proponer acciones efectivas para asegurar la construcción y aplicación de tratados y acuerdos internacionales.  El camino desde Brasilia hasta las sesiones previas a la EPU en Ginebra tiene como objetivo acoger con beneplácito las recomendaciones de la delegación brasileña durante el examen a Brasil en la sesión del EPU que  tendrá lugar el 14 de noviembre, a las 14H30 (hora de Ginebra) y a las 9h30 (hora de Brasilia).

¿Cuáles son los próximos pasos?

Cabe señalar que el EPU es un mecanismo de las Naciones Unidas en el que los Estado Parte evalúan a otros Estados Parte. Por lo tanto, para el impacto político del EPU es fundamental el rol de la sociedad civil para visibilizar las violaciones de derechos humanos en Brasil, con el fin de influir en los Estados evaluadores para que acojan sus recomendaciones en el proceso de revisión. Como se mencionó anteriormente, el Estado de Brasil también envió su informe, en el que afirma que ha consultado a la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en el país.  Con eso, se realiza un análisis basado en avances, retrocesos y buenas prácticas a partir de toda la información recibida y, finalmente, el Estado evaluado debe aplicar las recomendaciones de sus pares.

Por lo tanto, si las recomendaciones de la delegación brasileña son bienvenidas y promovidas por los Estados Parte durante la EPU, la siguiente tarea es presentarlas al nuevo Gobierno que asumirá el cargo en 2023, para que tome conciencia del trabajo de impacto político de las organizaciones de la sociedad civil, ratificándolas e implementándolas en el plan cuatrienal de las políticas públicas del Estado brasileño. Así, la sociedad civil tiene la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de la agenda de lucha contra la discriminación racial otorgado en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas. De este modo, Raza e Igualdad trabaja junto a estas organizaciones para supervisar y presionar al Gobierno en la aplicación del  acuerdo internacional.

Finalmente, con el fin de colaborar con el mecanismo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, las organizaciones brasileñas apoyadas por Raza e Igualdad proponen, entre otras, las siguientes recomendaciones dirigidas al Estado brasileño:

I – Garantizar la realización de investigaciones de delitos cometidos contra personas LGBTI+ en el territorio de los barrios marginales, lo que permitirá la recopilación de datos públicos sobre dichos delitos;

II – Tomar medidas urgentes para frenar y erradicar la violencia policial en cualquier etapa de la acción de la policía civil, el ejército y las fuerzas armadas en el desempeño de misiones en suelo brasileño.

III – Recrear consejos participativos y grupos colegiados que permitan la participación social indígena y el control en la formulación, monitoreo, implementación y evaluación de las políticas indígenas del Estado brasileño en las áreas de gestión territorial, educación, salud y cultura, junto al establecimiento de programas y medidas que prevengan y castiguen el racismo, la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas y promuevan la igualdad étnica y racial, la autonomía y el derecho de los pueblos a la diferencia y garantizar a los pueblos que la diferencia no será factor de discriminación o prejuicio.

IV – Liderar la implementación del Plan Nacional de Protección de Personas Defensoras y Defensores de Derechos Humanos e institucionalización del Programa para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH) ampliando su estructura en los 26 estados del país y DF, estableciendo presupuesto, reglamentos y estrategias específicas para la recepción y seguimiento de casos de mujeres defensoras de derechos humanos afros, transgéneros y travestis, representantes de pueblos y comunidades tradicionales, así como indicadores de monitoreo y mecanismos judiciales de rendición de cuentas de sus principales agentes violadores, con énfasis en el uso de la brutalidad policial y los grupos militarizados empleados para suprimir los derechos y libertades de expresión, asociación, creencia, reunión y participación política en el espacio cívico brasileño.

V – Garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluso asegurando abortos en las condiciones previstas en la legislación vigente, sin trabas burocráticas y prejuicio contra las personas que logran buscar atención, prestando especial atención a la situación de las mujeres embarazadas y parturientas afros, que sufren el impacto del racismo institucional en la salud materna.

 

 

 

Día Internacional de los Afrodescendientes: ¿Qué estamos haciendo para promover y defender sus derechos?

Washington D.C., 31 de agosto de 2022.– Este 31 de agosto se celebra por segundo año el Día Internacional de los Afrodescendientes, cuyo principal objetivo es promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las y los afrodescendientes. En las Américas—donde según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hay 134 millones de afrodescendientes—esta población sigue enfrentando grandes obstáculos para gozar plenamente de sus derechos y siendo víctima de diferentes manifestaciones de discriminación y violencia.

Por ello, al conmemorarse un año más el Día Internacional de los Afrodescendientes, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere llamar la atención sobre la necesidad de que, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y a partir de los mecanismos existentes a nivel del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, los Estados asuman e implementen acciones para la promoción y protección de esta población.

Sobre el 31 de agosto y otros mecanismos internacionales

El 16 de diciembre de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 75/170 con la que proclamó el 31 de agosto como Día Internacional de los Afrodescendientes. “A fin de promover un mayor reconocimiento y respeto de la diversidad del legado, la cultura y la contribución de los afrodescendientes al desarrollo de las sociedades, así como de promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes”, reza la Resolución.

Como motores impulsores de este tipo de acciones ha estado, por un lado, el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), pues uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, asegurando su aplicación plena y efectiva.

Por otro lado, el registro de hechos de discriminación y violencia en contra de personas afrodescendientes—como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en mayo de 2020 en Estados Unidos—ha incidido para encender las alertas sobre esta situación y para la adopción de mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente y de justicia racial.

Por ejemplo, un mes después de la muerte de Floyd, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la Resolución 43/1 “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”, la cual llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

Luego, en 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

Por otro lado, en una resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

¿Qué estamos haciendo?

Raza e Igualdad trabaja con organizaciones aliadas en América Latina y el Caribe en la defensa y protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes y Afro-LGBTI+, a través del fortalecimiento de capacidades para impulsar procesos de visibilización, documentación y litigio estratégico antes el Sistema Interamericano y el Sistema de Naciones Unidas. Todo ello con el fin de contribuir vivir en una sociedad más justa y equitativa.

En julio, en Brasil, el Instituto organizó una visita de la Relatora para los Pueblos Afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, para que la Comisionada escuchara las denuncias más recientes de la población negra, especialmente las relacionadas con brutalidad policial y racismo religioso. Además, en mayo lanzó la Escuela de Formación Política Kátia Tapety para mujeres Afro BLTI, con el objetivo de fortalecer la participación civil en los espacios de decisión colectiva, con especial énfasis en reducir las brechas de género y raza en la participación política a nivel regional, nacional y global.

En este país suramericano, Raza e Igualdad ha venido trabajando en proyectos que denuncian el cierre de espacios de participación ciudadana para los movimientos negros e indígenas; en la lucha contra el racismo religioso; en la protección y defensa de la población Afro-LGBTI+; en el fortalecimiento político de las mujeres negras, indígenas LBTI, y en la lucha contra la violencia policial. Asimismo, se da seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), que fue ratificada a finales de 2021 en Brasil.

En Colombia, el Instituto realizó en articulación con organizaciones de Cali actividades de documentación y elaboración de un informe sobre las afectaciones e impactos diferenciales de las violencias contra personas afrodescendientes en esta ciudad en el marco del Paro Nacional 2021, con énfasis en las violencias ejercidas por parte de la Fuerza Pública.  En los próximos días, junto a las organizaciones Ilex-Acción Jurídica, Temblores ONG y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) Raza e Igualdad publicará un informe nacional sobre la violencia policial racista.

En relación con procesos de incidencia ante Naciones Unidas sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, el Instituto recientemente presentó un informe para el Mecanismo de personas Expertas para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley. Así mismo, presentó un informe de aportaciones para la preparación del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en virtud de la resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos; esto en coalición con Ilex-Acción Jurídica, CODHES, Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad ICESI, de Cali.

En México, en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y con miras a contribuir a un mundo más equitativo, Raza e Igualdad lanzó el pasado 25 de julio el proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual está siendo implementado gracias al apoyo de la Fundación W.K. Kellogg.

Una de las primeras actividades de este proyecto consistió en un ciclo de conferencias dictadas entre el 25 y el 26 de agosto recién pasados por el Dr. Pastor Murillo, integrante del Foro Permanente sobre las Personas Afrodescendientes de la ONU. Las conferencias, que se realizaron tanto en la Ciudad de México como en Mérida, Estado de Yucatán, giraron en torno a las herramientas internacionales para combatir el racismo y la discriminación racial, y el papel de las universidades en esa lucha.

A nivel regional, Raza e Igualdad mantiene la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, para la promoción de la firma, ratificación e implementación de Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). En el marco de esta campaña, el Instituto se ha planteado trabajar de la mano con organizaciones locales para fortalecer sus capacidades de seguimiento en aquellos países donde se ha ratificado esta Convención, así como de incidencia en aquellos donde solo se ha firmado.

El Instituto también ha venido visibilizando el problema de la discriminación desde una perspectiva interseccional, por medio del Foro Interamericano contra la Discriminación, evento que se realizada cada año con la participación de personas expertas internacionales y activistas de la región. Sus objetivos principales son promover la efectiva participación de las organizaciones no gubernamentales en el marco de las Asambleas Generales y Cumbres de las Américas de la OEA y mejorar su incidencia en el marco del sistema, así como visibilizar las diferentes discriminaciones que se enfrenta en las Américas y las principales demandas de los diferentes sectores poblacionales víctimas de discriminación, especialmente afrodescendientes y población LGBTI.

Para Raza e Igualdad es importante hacer hincapié en las herramientas de promoción y protección que ofrecen mecanismos internacionales, como la CIRDI, a favor de la población afrodescendiente. Creemos firmemente que es a través de estos instrumentos que los Estados pueden adoptar e implementar políticas claras y eficaces para garantizar los derechos humanos y el bienestar social de las y los afrodescendientes. Para ello, es fundamental el trabajo con organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de esta población, pues son garantes de la visibilización de sus realidades, y el seguimiento a los compromisos nacionales e internacionales.

Este 31 de agosto, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de defender y proteger los derechos de las personas afrodescendientes en las Américas, y llama a los Estados a adoptar medidas y fortalecer aquellas ya existentes en términos de población afrodescendiente, partiendo del reconocimiento de las desigualdades históricas que ha enfrentado este grupo étnico. A dos años de que finalice el Decenio Internacional de los Afrodescendientes esta tarea no solo es urgente, sino que representa un verdadero compromiso con la democracia y la inclusión social.

Masacre de Penha: Organizaciones de derechos humanos apelan a la CIDH para poner fin a la violencia policial

Brasil, 26 de mayo de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Instituto Marielle Franco, Geledés – Instituto de Mujeres Negras, e el Observatorio de Favelas, Justicia Global y Casa Fluminense, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Masacre de Penha, ocurrida el 24 de mayo durante un mega operativo policial en este complejo de favelas en la ciudad de Río de Janeiro. El comunicado enviado a la CIDH llama a garantizar la protección de los residentes de la comunidad y hacer un amplio seguimiento a las situaciones de violencia denunciadas. Hasta ahora, se registran 27 personas muertas y 7 heridas.

25 personas fueron trasladadas al Hospital Getúlio Vargas.

1 el cuerpo de una mujer fue llevado directamente al Instituto Médico Legal (IML)

1 persona fallecida fue trasladadas a la Unidad de Urgencias de la Favela do Alemão con 8 disparos

7 heridos fueron trasladados al Hospital Getúlio Vargas

Esta violencia extrema es resultado de la política de seguridad pública del actual Gobernador del Estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, quien, desde su antecesor, Wilson Witzel, no respeta la decisión de la Corte Suprema (STF) que determinó el cumplimiento del Estado de ADPF 635, conocido como ADPF das Favelas [1]. Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha presentado ningún plan para reducir la letalidad policial; no ha instalado equipos GPS y sistemas de grabación de audio y video en los vehículos policiales y en los uniformes de los oficiales; y no ha establecido límites a la fuerza letal, teniendo entonces resultados como esta nueva masacre. Una vez más vemos cómo los cuerpos negros, de tugurios y periféricos experimentan constantes escenas de terror e incluso sus hogares se convierten en lugares de temor e inseguridad para sus familias.

Según los informes, agentes del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) y de la Policía Federal de Caminos (PRF), ingresaron al Complejo de Favelas Vila Cruzeiro a las 4:00 a.m. para disparar con helicópteros y vehículos blindados como apoyo.  La operación tuvo lugar durante todo el día y, aun con el movimiento activo de organizaciones de la sociedad civil instando al gobierno a cesar el fuego, la operación siguió su curso terrorista.  En este sentido, las organizaciones firmantes instan a la CIDH y a otras organizaciones internacionales de derechos humanos a monitorear constantemente la violencia policial en Brasil. La continuidad de la actual política de seguridad que va en contra de los principios básicos de los derechos humanos, como el derecho a la vida y a la vivienda, además de la protección del Estado, es inaceptable.  Es importante señalar que esta masacre es otra demostración del racismo estructural presente en las acciones de la policía brasileña.

Lamentamos las vidas perdidas y nos solidarizamos con las familias de las Favelas da Penha, que una vez más experimentaron la presencia del Estado en sus territorios con violencia, muertes, escasez y lágrimas. En vista de los hechos, compartimos las solicitudes a la CIDH:

  1. Hacer un llamado público sobre este caso, a través de una declaración, y monitorear las situaciones de violencia reportadas en este documento;
  2. Exigir a la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro que realice pericias técnicas en el lugar, con la preparación de informes sobre balística y posibles signos de tortura en los cuerpos, asegurando el deber de publicidad de la acción estatal;
  3. Exigir que la Fiscalía General del Estado (RJ) y el Ministerio Público Federal investiguen el operativo policial responsable de esta masacre, incluyendo la necesidad específica de observar posibles indicios de alteración de la escena del crimen, así como el impedimento de residentes y activistas para hablar sobre lo sucedido;
  4. Que la Fiscalía General del Estado (RJ) y federal proporcionen información a las familias de las víctimas de la matanza y las mantengan informadas sobre las investigaciones;
  5. Considerar lo determinado en la ADPF 635, relacionado a la absoluta excepcionalidad en la realización de operaciones policiales, es decir, la premisa de que tales incursiones sólo deben ocurrir en situaciones extraordinarias de peligro inmediato y concreto para la vida, que no pueden consistir en una afirmación genérica sobre la calamitosa situación actual de seguridad pública en el Estado de Río de Janeiro y/o la necesidad de tomar medidas enérgicas contra el narcotráfico y la delincuencia, denuncias que subyacen a las violaciones de derechos humanos que subyacen a la política de seguridad pública en Brasil. Se solicita que la CIDH notifique al Estado de Río de Janeiro por el incumplimiento de los criterios establecidos en el ADPF 635;
  6. Mantener comunicación directa con el gobierno brasileño cuestionando las medidas adoptadas para combatir la violencia policial, considerando los numerosos casos publicados por la prensa brasileña y por las organizaciones de la sociedad civil antes mencionadas.

 

 

[1] https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/05/25/autores-da-adpf-das-favelas-pedem-ao-stf-novo-plano-para-reduzir-letalidade-policial-no-rj.ghtml

Raza e Igualdad lanza la Escuela de Formación Política Kátia Tapety

Río de Janeiro, 06 de mayo de 2022.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó este martes 10 de mayo el lanzamiento de la Escuela de Formación Política Kátia Tapety, en honor a la primera concejala trans electa en Brasil.  El acto de inauguración se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderna (MAM), de Río de Janeiro, y contó con la de Tapety. Además, hubo un espacio de diálogo con mujeres parlamentarias y representantes de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.  La Escuela de Formación Política Katia Tapety es el resultado de un proyecto apoyado por Open Society Foundations y la asociación con la Fundación Friedrich Ebert en Brasil.

El escenario político en Brasil se encuentra atravesado por discursos de odio, ataques y persecución a parlamentarios y defensores de derechos humanos, donde las mujeres negras  e indígenas—tanto cis como trans—son las principales víctimas; además, hay un creciente difusión de noticias falsas. Ante esa realidad, Raza e Igualdad construyó una Escuela de Formación Política que tiene como objetivo preparar a las mujeres (negras, LBTI, indígenas y quilombolas) para participar de manera segura y democrática en el proceso electoral vigente en 2022.  Para enfrentar la violencia política y electoral de género, las organizaciones Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), la Articulación Brasileña de Lésbicas (Red ABL) y la Red Nacional de Negras y Negros LGBT (Red Afro LGBT), serán responsables de la nominación de precandidatas de sus redes para participar en esta Escuela de Formación Política.

Así, a través de la formación técnica y pedagógica, las clases se llevarán a cabo de manera híbrida, de mayo a septiembre, para servir   a las mujeres líderes sociales de todo Brasil que eventualmente tengan interés en solicitar un puesto de elección popular en el país. El contenido programático también incluye capacitación práctica para que las candidatas cuenten con herramientas para enfrentar políticas autoritarias y reclamar sus derechos.  En este sentido, la Escuela de Formación Política Kátia Tapety surge como un instrumento de fortalecimiento y protección democrática para lograr la plena legitimidad y poder de decisión en sus agendas políticas.

«El aumento de la violencia política y electoral de género en Brasil se ha vuelto cada vez más alarmante.  En marzo de 2021, Raza e Igualdad junto a otras organizaciones, denunció casos de varias concejalas actualmente electas, en una Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, lamentablemente, seguimos instando al Estado brasileño a la protección de estas mujeres. La Escuela de Formación Política Kátia Tapety nace de esta urgencia de fomentar la participación activa de las mujeres en la política de forma segura y democrática para que tengan plena autonomía para defenderse de la violencia y garantizar sus derechos», explicó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Acerca de Kátia Tapety

Kátia Tapety fue la primera concejala trans elegida de Brasil, en 1992, en la ciudad de Colonia de Piauí – PI.   Diversos datos indican que, de hecho, Kátia Tapety fue la primera mujer trans elegida para un cargo legislativo en Latinoamérica, en un momento en que todavía se rechazaba hablar de garantizar los derechos civiles, políticos y sociales para las personas trans. Nacida y criada en el inteior del país, Tapety vio y sintió los efectos de la dictadura militar, acompañó el proceso de redemocratización del país y, apenas cuatro años después de la promulgación de la Constitución Ciudadana de 1988, fue elegida concejala con el mayor número de votos en el municipio de Colonia do Piauí, en la zona rural de Piauí.  En su carrera política fue nombrada concejala en 1992, 1996 y 2000; fue alcalde de Colonia do Piauí en el bienio 2001-2002; y finalmente fue elegida teniente de alcalde en 2004.

Hoy, a la edad de 74 años, y con una increíble trayectoria de vida en el país con más asesinatos de personas trans en el mundo, Tapety enfrentó el racismo y la transfobia, dejando un legado de derechos y un camino de apertura a los logros recientes para las mujeres negras, travestis y transexuales en todo Brasil.  Por lo tanto, para Raza e Igualdad, honrarla representa un proceso de rescate no solo de la memoria, sino principalmente de los lazos democráticos. Katia Tapety nos recuerda la esperanza postdictadura que floreció en Brasil en la década de 1990 y uno de los hitos de la constitución brasileña, como es promover el desarrollo y la igualdad social sin discriminación de ningún tipo, algo que hoy, más que nunca, es urgente.

La Escuela de Formación Política Kátia Tapety tiene como principio el deseo único de formar cada vez más Katias en todo Brasil y en todo el mundo, fortaleciendo la participación civil en los espacios de decisión colectiva, ampliando y mejorando las herramientas democráticas y contribuyendo a la reducción de las asimetrías de género y raza en la participación política a nivel regional, nacional y global.

Programa:

 Lanzamiento de la Escuela de Formación Política Kátia Tapety

 Fecha y hora: 10 de mayo (martes), 5:00 pm a 7:30 pm (hora de Brasilia)

Lugar: Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (MAM)

Panel 1: Trayectoria de colectivos de mujeres negras, indígenas y LBTI en la participación política

Participantes:

Rosângela Castro – Red Afro LGBT

Bruna Benevides – Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA)

Michele Seixas – Articulación Lésbica Brasileña (Red ABL)

Panel 2: Articulaciones y estrategias de mujeres negras, indígenas y LBTI para fortalecer la democracia en Brasil

Participantes:

Kátia Tapety – Homenageada y Primera Concejala Trans Afro de Brasil

Samara Pataxó – Asesora Legal de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y Responsable del Centro de Inclusión y Diversidad de la Secretaría General de la Presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Roberta Eugênio – Abogada e Investigadora en el Instituto Alziras

Keila Simpson – Presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA)

El evento será transmitido en vivo a través de Zoom y Facebook Live y contará con traducción simultánea en español e inglés (solo zoom)

Zoom Link: https://bit.ly/3s5FS3x 

*Se requerirán y llevarán a cabo todos los protocolos de seguridad para COVID-19

*El evento no está abierto al público en general

Declaración conjunta: Brasil debe garantizar la seguridad y protección del líder afrobrasileño Marcos Rezende

31 de marzo, 2022.- La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Oficina de Washington para Brasil (WBO) instan a las autoridades brasileñas y estadounidenses a garantizar la seguridad de Marcos Rezende, del Colectivo de Entidades Negras (CEN). Veterano de 25 años en derechos humanos y líder afrobrasileño, Marcos es concejal suplente en el municipio de Salvador, Estado de Bahía, y precandidato a diputado estatal por Bahía.

El 27 de febrero, Marcos grabó un video, que luego fue subido a las redes sociales, de policías robando a un joven negro en su comunidad Solar do Unhao. Dos días después, la policía militar ejecutó a tres jóvenes en la comunidad de Gamboa, ubicada cerca de Solar do Unhao. Marcos denunció que la masacre de estos jóvenes negros en esta región pobre y periférica fue realizada por Rondas Especiais (RONDESP), una fuerza policial especial. Marcos estuvo entre varios líderes comunitarios que denunciaron esta masacre ante la prensa y las organizaciones internacionales de derechos humanos.

Debido al video y su denuncia de la masacre, las amenazas de muerte y ataques contra Marcos se reavivaron. Fuentes del Gobierno de Bahía con acceso a información privilegiada le informaron que su vida corría peligro. Su nombre ha estado circulando en los chats de WhatsApp de defensores militares y policiales que declaran: «¿Quiénes son los líderes de los movimientos negros?, ¿Quién apoya a estos líderes? ¿De dónde sale el dinero que hace que los movimientos negros defiendan a las facciones?».

El 14 de marzo, Marcos viajó a Washington D.C. para reunirse con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Congreso de los Estados Unidos para denunciar la violencia policial contra los afrobrasileños. Durante su viaje se reunió con WOLA, Raza e Igualdad y WBO. Desde su regreso, se ha visto obligado a esconderse para proteger su vida. Poco después del regreso de la delegación de la CEN, debajo de su cuartel general en Santo Antonio Alem do Carmo se colocó una amenaza de muerte escrita en un papel sin ningún distintivo, que decía: «La justicia llega para todos».

Desde la llegada del bolonarismo en 2018, Marcos comenzó a recibir numerosas amenazas de muerte. Estos ataques se intensificaron hasta el punto de que se vio obligado a exiliarse fuera de Brasil por un período de diez meses. Marcos regresó a Brasil para seguir defendiendo a los afrobrasileños víctimas de la violencia policial que vivían en barrios marginados. En este punto, se convirtió en candidato en las elecciones municipales de Salvador, donde fue elegido para convertirse en concejal suplente de Salvador, Bahía.

Instamos a los legisladores estadounidenses, en particular a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Negro y Tom Lantos, a pedir al gobierno brasileño que garantice la integridad física de Marcos y que la CEN pueda continuar defendiendo los derechos de los afrobrasileños. Los legisladores estadounidenses deben pronunciarse en contra de este ataque y desarrollar herramientas políticas que ayuden a garantizar la seguridad de los afrobrasileños que defienden a sus comunidades de las violaciones de derechos humanos.

Especialistas y activistas llaman a la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia

Washington D.C., 24 de marzo de 2022.– Especialistas y activistas de América Latina y el Caribe hicieron un llamado para la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, para lo cual es necesario que al menos 10 Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Tal planteamiento tuvo lugar en un webinar organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)—con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El evento contó con la participación de la comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH; Dayana Blanco, Directora Ejecutiva de Ilex Acción Jurídica, de Colombia; Anielle Franco, Diectora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco, de Brasil, y Manuel de Jesús Dandre, Director Ejecutivo de la Red Jacques Viau, de República Dominicana.

De parte de Raza e Igualdad participó el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, y la Oficial del Programa Brasil, Nathaly Calixto, quien fungió como moderadora de este espacio. En sus palabras de bienvenida, Quesada destacó el hecho que las Américas cuente con una herramienta como la CIRDI para combatir el racismo y la discriminación racial, aunque también recordó que hasta la fecha esta Convención solo ha sido ratificada por 6 países de la OEA y que, según su artículo 15, es necesario que la ratifiquen 10 países para que pueda crearse el Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

Asimismo, llamó la atención sobre la situación de violencia y discriminación que enfrentan personas Afro-LGBT en países como Brasil, Colombia y República Dominicana. En el caso de Brasil, detalló que la organización ANTRA documentó que en 2019 hubo 124 asesinatos de personas trans, de las cuales el 75% era afrodescendientes. Quesada enfatizó que se deben aprovechar los mecanismos establecidos desde hacer varios años, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), y los mecanismos creados recientemente, como el Foro Permanente de Afrodescendientes de Naciones Unidas.

Transformación estructural

La Directora Ejecutiva de Ilex Acción Jurídica, Dayana Blanco, se refirió a la necesidad de que el contenido y los alcances de la CIRDI sean socializados entre la sociedad y las organizaciones colombianas, con el fin de conocer cómo este instrumento puede contribuir a la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y en qué se diferencia de las normas en dicha materia que ya forman parte de la legislación de Colombia. La activista enfatizó que el Derecho no es la única vía de transformación de las sociedades, por lo que también destacó la importancia de implementar estrategias educativas dirigidas a los diversos sectores que las conforman.

Reconocimiento e identidad

Desde República Dominicana, el Director Ejecutivo de la Red Jacques Viau, Manuel de Jesús Dandre, exaltó la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo y del Comité para el desarrollo de procesos educativos sobre etnia y raza, pues dijo que en este país eminentemente afrodescendiente, solo el 8% de la población se reconoce como tal. Además, manifestó su preocupación porque el Estado no reconoce el racismo y la discriminación racial como problemas latentes en la sociedad dominicana.

Lucha contra la violencia policial racista

Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco, de Brasil, se refirió al problema de violencia policial racista en este país, haciendo alusión al caso de la joven Kathlen Romeu, quien con 13 semanas de embarazo murió en junio de 2021 producto de una bala perdida en un operativo de la Policía Militar en una favela de Río de Janeiro. “La violencia policial ha cortado nuestros sueños. Desde pequeños experimentamos en nuestra piel la sensación de querer huir siempre de la presencia de la policía, de las balas perdidas”, expresó la activista, señalando la necesidad de articular acciones para lograr la activación del Comité y otros espacios para combatir el racismo y la discriminación racial.

Compromiso para este 2022

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH, también reconoció el impacto que tienen el racismo y la discriminación racial en la integridad y calidad de vida de las personas afrodescendientes, al punto que aseguró que en Brasil existe un “genocidio racial”. Por eso apuntó que es urgente que este 2022 se logren las 10 ratificaciones que permitirían la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

Raza e Igualdad reconoce y agradece los aportes de las y los especialistas y activistas que participaron en este evento, y se suma al llamado de unir esfuerzos para lograr la creación del Comité antes mencionado, como un mecanismo regional para combatir el racismo y la discriminación racial en las Américas. Creemos firmemente en los principios y mandatos de la Convención Interamericana contra el Racismo, por lo que desde nuestra campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial” continuaremos trabajando de la mano con la sociedad civil para presionar a los Estados para su firma, ratificación y efectiva implementación.

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: Los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y justicia racial, y la Convención Interamericana contra el Racismo

Washington D.C., 21 de marzo de 2022.– A partir de hechos como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, los problemas de racismo y discriminación racial se han posicionado en la agenda mundial, generando reacciones y medidas de protección y reparación para personas afrodescendientes. Es innegable, por ejemplo, el esfuerzo que ha habido a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos para crear y fortalecer mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de esta población y de justicia racial.

Este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos hacer un reconocimiento de los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y de justicia racial, pero también un llamado para que estos mecanismos pasen del papel a la realidad y podamos evidenciar una plena garantía de derechos para las y los afrodescendientes en todo el mundo.

Los mecanismos y sus mandatos

El mencionado contexto de conciencia y acciones a favor de los derechos de las personas afrodescendientes también ha estado impulsado por el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024). Uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva.

En 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

La resolución determina que el Foro se compondrá de diez miembros. Cinco de estos integrantes—entre los que actualmente se encuentra la ex vicepresidente de Costa Rica, Epsy Campbell, y el abogado Justin Hansford de Estados Unidos—son designados por los gobiernos y elegidos por la Asamblea General sobre una base de distribución geográfica equitativa, y cinco más designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos en consulta con organizaciones de afrodescendientes. Otro de sus mandatos es evaluar una posible declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción, la protección y el respeto pleno de los derechos humanos de los afrodescendientes, además de identificar las mejores prácticas, retos y oportunidades e iniciativas para abordar las cuestiones relacionadas con los afrodescendientes.

Por otro lado, en su resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

El mandato de este mecanismo internacional de expertas y expertos independientes es de tres años, y está claramente definido en nueve tareas entre las que destaca la de “formular recomendaciones sobre la manera en que los regímenes jurídicos nacionales sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden pueden ajustarse a las normas de derechos humanos aplicables”. Además, entre sus medios de acción están contempladas visitas a los países y actividades de divulgación y consultas inclusivas con los Estados, las personas y comunidades directamente afectadas y otras partes interesadas.

En diciembre pasado, se conoció que el mecanismo quedó conformado por la jueza Yvonne Mokgoro de Sudáfrica, Tracie L. Keesee de Estados Unidos y Juan Méndez de Argentina. Una de sus próximas misiones, según la resolución del Consejo de Derechos Humanos, es que, junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, redacten anualmente sendos informes y los presenten al Consejo de Derechos a partir de su 51 período de sesiones, previsto a desarrollarse entre septiembre y octubre de este año. Ello en el marco de un diálogo interactivo en el que se dé prioridad a la participación de las personas y las comunidades directamente afectadas, incluidas las víctimas y sus familiares.

Situación en Latinoamérica

En Latinoamérica, el racismo y discriminación racial son problemas estructurales y persistentes, con manifestaciones y consecuencias diversas que tienen sus raíces en la esclavitud impuesta por el colonialismo europeo. La reciente visibilización de la brutalidad policial, de episodios de perfilamiento racial, de la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, y su impunidad, son muestra de que estos males siguen latentes en la sociedad en pleno Siglo XXI.

Ante esa realidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) se configura como una poderosa herramienta para combatir esos problemas. Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, convirtiéndose así en la convención homóloga de la Convención Internacional sobre la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial (CERD) de 1965, el primer instrumento internacional de alcance universal a partir del cual fue priorizado el combate al racismo y la discriminación racial, y de la cual los 35 Estados miembros de la OEA son parte.

Hasta la fecha, solo seis países de las Américas (Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) se han adherido completamente a la CIRDI, es decir que la han firmado y ratificado. En tanto, otros siete países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Panamá y Perú) solo la han firmado, por lo que el instrumento aun no es vinculante para esos Estados. Raza e Igualdad, a través de la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, se ha propuesto promover la ratificación e implementación de la CIRDI en la mayoría de los países que conforman la OEA.

Respecto a la CERD, la CIRDI contiene disposiciones novedosas, como colocar la definición del término “racismo” en un instrumento jurídico, así como establecer que los hechos de discriminación racial se pueden dar tanto en el ámbito público como en el privado, mientras que la CERD circunscribe estos hechos únicamente al ámbito privado. La CIRDI, además, contempla la creación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Este Comité tiene como cometido monitorear los compromisos asumidos en la Convención, servir como foro para el intercambio de ideas y experiencias, formular recomendaciones a los Estados Parte, y recibir los informes de los Estados sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. Sin embargo, el establecimiento de este Comité está sujeto a que 10 países ratifiquen la Convención, lo que aún no ha sucedido.

Relevancia de la CIRDI para Colombia y Brasil

En Colombia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia inició su proceso de ratificación a través de la presentación del Proyecto de Ley para su aprobación el 16 de diciembre de 2021. Esta Convención podrá significar un aporte sustancial a la construcción de paz en Colombia con su ratificación. En particular, la CIRDI sería un instrumento jurídico vivo que brindaría apoyo y fortalecimiento al marco jurídico existente, especialmente en el reconocimiento del racismo y la discriminación racial como fenómenos estructurales que han sustentado las afectaciones desproporcionadas y diferenciadas contra la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Las personas afrodescendientes han sufrido los impactos desproporcionados del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), 1.177.120 personas afrocolombianas han sido registradas como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) hasta la fecha. El Acuerdo Final de Paz reconoció los impactos desproporcionados contra las comunidades afrocolombianas especialmente a través de la inclusión del Capítulo Étnico, cuyo propósito es generar garantías máximas para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades étnicas en el país. En este sentido, señala que el Acuerdo de Paz debe ser interpretado a la luz del marco jurídico internacional, constitucional, jurisprudencia y legal existente, incluyendo, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

La ratificación de la CIRDI implica que los países realicen modificaciones en sus legislaciones para acoplarse a los principios y mandatos de la Convención, por lo que su ratificación en Brasil en febrero de 2021 abrió un nuevo escenario para el discurso y activismo antirracista en este país, donde el 55% de la población es afrodescendiente. Sin embargo, al mismo tiempo, se configura un reto importante, que es el de garantizar su implementación efectiva. En Raza e Igualdad, hemos adquirido el compromiso de brindar asistencia técnica tanto a la sociedad civil como al Estado para que la CIRDI sea una realidad en Brasil.

Cabe destacar que la brutalidad policial representa una gran proporción de los asesinatos de hombres y mujeres afrobrasileños, incluidas las mujeres afro transgénero. El Foro Brasileño de Seguridad Pública documentó que “la tasa de mortalidad en 2019 por intervenciones policiales fue un 183,2% más alta para los afrodescendientes que para los blancos”. En la misma línea, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública documentó que los afrodescendientes son las mayores víctimas de la letalidad policial; en 2019, el 79,1% de las víctimas de intervenciones policiales eran afrodescendientes, mientras que el 20,8% eran blancos.

Vemos entonces que, tanto a nivel universal como a nivel interamericano, existen mecanismos fortalecidos y novedosos en materia de defensa y protección de derechos de la población afrodescendiente. Esto es, sin duda, un gran paso hacia la eliminación del racismo y discriminación racial, pues para ello ha habido un proceso de reflexión y evidencia de la causas, manifestaciones y consecuencias de estos males en diferentes ámbitos de la sociedad. Estamos ahora ante la tarea de apropiar e implementar de forma efectiva esos instrumentos. Tal misión no solamente corresponde a los Estados como responsables de la adhesión y puesta en práctica de los mecanismos, sino que desde la sociedad civil y desde la comunidad internacional debe existir la responsabilidad de dar seguimiento a esos procesos.

En Raza e Igualdad creemos firmemente que estos nuevos mecanismos, sumados a los existentes desde hace varios años, representan una oportunidad para visibilizar y mejorar la situación de derechos humanos en la región, a corto y mediano plazo. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que emprendan procesos de incidencia y monitoreo en la adopción e implementación de estos instrumentos. En el caso particular de la CIRDI, hacemos un llamado a los Estados para ratificar e implementar esta Convención tan importante en términos de derechos humanos, así como a activistas y organizaciones para que establezcan rutas estratégicas para incidir en la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en sus respectivos países.

8M – Día Internacional de la Mujer: Reconocer y proteger los liderazgos de las mujeres desde una perspectiva interseccional

Washington D.C., 8 de marzo de 2022.– La lucha de las mujeres por sus derechos ha sido incansable. Aunque Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de democracia, derechos humanos y seguridad, las mujeres se mantienen firmes en el proceso de denunciar las violencias que enfrentan e incidir para lograr cambios estructurales. Este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere llamar la atención sobre la importancia de reconocer y proteger los liderazgos de las mujeres, y que ello se haga a todos los niveles de la sociedad desde una perspectiva interseccional.

Reconocemos que las experiencias de vida de las mujeres están directamente influenciadas por su género, y también por otras características como su raza o etnia, su expresión e identidad de género y el rol que juegan en la sociedad. De esta forma, mujeres defensoras de derechos humanos, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, trans y mujeres periodistas, por mencionar algunas, se enfrentan a situaciones particulares a la hora de ejercer sus liderazgos o sus profesiones, las cuales muchas veces atentan contra su integridad y ponen en riesgo sus vidas.

A continuación, brindamos un panorama sobre los problemas específicos que enfrentan diferentes grupos de mujeres en la región. Al mismo tiempo, mujeres de Nicaragua, Brasil, Colombia, Cuba, Perú y República Dominicana brindan sus perspectivas sobre cómo su activismo y su trabajo profesional se ven marcados por los contextos adversos que prevalecen en sus países.

Defendiendo derechos en una dictadura

Las mujeres han sido sujetas activas y protagónicas en la defensa de los derechos humanos y en la resistencia cívica desde antes del estallido social de Nicaragua, en abril de 2018. En el contexto actual, caracterizado por la violencia sistemática estatal y parapolicial, las mujeres defensoras, activistas y periodistas son blanco de persecución, hostigamiento, asedio, amenazas y privación de libertad. Estos ataques les exponen a riesgos aún mayores por razón de género.

Según registros de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND) y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), desde el inicio de la crisis en abril 2018, al menos 109 mujeres defensoras y activistas han sido detenidas arbitrariamente, y ha habido más de 4,000 agresiones hacia defensoras. Por otro lado, al menos 12 mujeres excarceladas han denunciado haber sido víctimas de algún tipo de violación sexual, entre otras agresiones; y 13 mujeres (5 de ellas adultas mayores) continúan privadas de libertad por motivos políticos y sin atención médica adecuada en los centros de detención.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia, afirma que, históricamente, las mujeres presas políticas han sufrido graves agresiones diferenciadas dentro de los centros de detención. Recuerda que, como presa política de la dictadura somocista, su mayor miedo era que la “trasladaran a la Dirección de Seguridad del Estado de Somoza, donde había un historial de violación sexual a las presas políticas”. Ahora, denuncia que el régimen de Ortega y Murillo a través de “policías perversos” somete a aislamientos, incomunicación, interrogatorios prolongados y otras formas de tortura psicológica y física a las mujeres presas políticas. Cita los casos de Suyén Barahona, Tamara Dávila, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, que tienen casi 9 meses en celdas de aislamiento.

Ana Lucía Álvarez, quien es defensora de derechos humanos y familiar de tres presas políticas, explica que las mujeres defensoras son víctimas de agresiones sexualizadas como tocamientos, desnudos, tortura sexual, desmantelamiento de redes, entre otras. Asimismo, denuncia que “en uno de los juicios de una presa política, la narrativa del fiscal estuvo relacionada a si tenía una pareja, si había tenido relaciones sexuales con tal o cual persona. Estas son narrativas que no aparecen en juicios de hombres presos políticos, pero sí aparecen en juicios de mujeres que están siendo enjuiciadas y criminalizadas”, finaliza.

Luchando y sobreviviendo ante la transfobia

En Brasil, donde las organizaciones de la sociedad civil denuncian constantemente la ola de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, además de ser el país con más asesinatos de personas trans en el mundo, las mujeres trans que ejercen funciones públicas se enfrentan cada día al discurso de odio y a la desprotección del Estado. “En las elecciones de 2020, unas 30 mujeres trans/travestis fueron elegidas y en el ejercicio de sus mandatos sus vidas son amenazadas, lo cual demuestra y justifica que estamos (…) en la disputa del proyecto social», asegura Ariela Nascimento, mujer trans y asesora parlamentaria de la concejala y también mujer trans, Benny Briolly (Niterói-RJ).

Ludymilla Santiago, lideresa trans desde hace más de 13 años y quien alza su voz por los derechos de las mujeres desde una perspectiva no binaria y de inclusión, señala que el tema de la identidad es muy importante para las mujeres trans y que el discurso sobre ser mujer va mucho más allá de las imposiciones sociales vigentes. “Debemos evolucionar y hacer que esta diversidad esté cada vez más representada para romper la hegemonía patriarcal», afirma.

Haciendo frente a la violencia y al racismo

El conflicto armado en Colombia—cuyo mayor impacto ha sido en las zonas de poblaciones afrodescendientes—ha afectado de forma diferencial a las mujeres afrodescendientes en el país. Entre las principales afectaciones se encuentra la violencia sexual. De acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas, el 20% del total de mujeres víctimas de violencia sexual, son afrodescendientes. Luz Marina Becerra, representante de La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia La COMADRE, hace énfasis en las brechas de desigualdad, racismo y discriminación a las que se tienen que enfrentar las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, imposibilitando así el goce efectivo de sus derechos.

La COMADRE lleva 5 años solicitando al Estado el cumplimiento de la Resolución No. 2016-244846, por medio de la cual se ordenó su inscripción en el RUV y se reconoció como sujeta étnica de reparación colectiva en los términos del Decreto Ley 4635 de 2011. Sin embargo, luego de 5 años y numerosas solicitudes de comenzar con esta ruta a través de la consulta previa, han recibido la negativa de diferentes instancias del Estado, desconociendo sus derechos fundamentales.

Ejerciendo el periodismo para resistir la censura

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión, Cuba es el país de Latinoamérica con menos garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y, por tanto, de la libertad de prensa. La prensa independiente en la Isla enfrenta constantemente la censura, el hostigamiento y la represión de parte del Gobierno y, en medio de esta realidad, las mujeres periodistas sufren impactos diferenciados.

En el informe “Democracia de papel”, la organización Artículo 19 da cuenta de “agresiones sistemáticas y generalizadas que son implementadas para asfixiar al periodismo”. Detalla que, durante 2019, documentaron que un periodista en promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año, pero en 2020 el promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó hasta ocho veces. Y en el caso de las mujeres, esta situación se agrava, ya que en promedio una periodista fue agredida en ocho ocasiones al año en 2020 y hasta 11 en el primer semestre de 2021.

En reiteradas ocasiones, la periodista María Matienzo ha sido blanco de interrogatorios, asedio y campañas de desprestigio en redes sociales en las que su género y expresión de género son focos de ataque. Ella considera que ejercer el periodismo en un contexto tan adverso no la convierte en una activista, pero está clara de que esta profesión la obliga a cruzar las fronteras de la escritura y termina acompañando a otras mujeres violentadas. “Ojalá decir lo que una piensa en medio de tantas adversidades sea algún tipo de liderazgo porque a veces no nos queda más remedio que disentir si queremos vivir con algo de dignidad”, afirma.

Incidiendo para lograr la igualdad

En Perú, las mujeres lesbianas están uniendo esfuerzos para lograr la adopción de políticas a favor de sus derechos a la igualdad y no discriminación. En la reciente revisión del Comité CEDAW al Estado, una coalición que denominaron #LesbianasCEDAW incidió para que este órgano haga recomendaciones específicas sobre sus derechos, a partir de los principales problemas que enfrentan. Una de sus demandas es fortalecer e implementar la política de educación sexual integral que reconoce a las infancias y adolescencias lesbianas como sujetos de derecho, a fin de prevenir y atender todas las formas de violencia.

Asimismo, exigen que el Congreso de la República modifique el artículo 234 del Código Civil a través de la aprobación de la iniciativa legislativa 525/2021-CR, proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, y que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) aplique el artículo 2050 del Código Civil, que establece el reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero; esto último ante el no reconocimiento de los matrimonios de mujeres lesbianas que se casan fuera del país y de sus hijos.

“En el caso peruano, las lesbianas feministas han contribuido a ampliar el contenido esencial del derecho a la igualdad y no discriminación para incorporar la prohibición de discriminar por orientación sexual e identidad de género. Asimismo, para comprender que las lesbianas y mujeres en general no queremos igualarnos a los hombres, sino que pensamos la igualdad tomando en cuenta las diferencias y el acceso a libertades, derechos, bienes y poder”, asegura María Ysabel Cedano García, lesbiana quechua feminista socialista.

Acompañando a mujeres migrantes discriminadas

En los últimos meses, el Gobierno de República Dominicana ha sido criticado por la aplicación de una medida que consiste en deportar a mujeres haitianas embarazadas. A la fecha, algunos medios de comunicación reportan la deportación de entre 200 y 300 mujeres en esa condición. Esta situación se ha convertido en una nueva causa de lucha para el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA).

En ese sentido, Jenny Morón, del Departamento Legal de dicha organización, comparte que se siente privilegiada por tener la oportunidad de alzar su voz en nombre de otras mujeres migrantes que sufren esta y otros tipos de violencia. “Cuando hablo por las mujeres hablo por mi generación, por mi descendencia, pienso que estoy construyendo una base para que mi hija y nietas vivan en un mundo menos discriminador y más igualitario”, afirma.

Este Día Internacional de la Mujer, desde Raza e Igualdad expresamos nuestra máxima admiración y respeto al trabajo que realizan miles de mujeres por el reconocimiento y garantía de sus derechos. Las seguiremos acompañando. También llamamos a los Estados a adoptar leyes y políticas que protejan su activismo y profesiones en línea con los estándares internacional de los derechos humanos y, además, den respuesta a sus demandas; todo ello teniendo en cuenta que las mujeres son diversas y que sus experiencias de vida están marcadas por sus características y los roles que desempeñan en la sociedad. A los sistemas de derechos humanos, les solicitamos ser protagonistas en el desarrollo de estándares nacionales y regionales de protección de las mujeres, ofrecer asistencia técnica a los Estados para la adopción e implementación de estos, y reconocer las identidades diversas e interseccionales de las mujeres.

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos