Masacre de Penha: Organizaciones de derechos humanos apelan a la CIDH para poner fin a la violencia policial

Masacre de Penha: Organizaciones de derechos humanos apelan a la CIDH para poner fin a la violencia policial

Brasil, 26 de mayo de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Instituto Marielle Franco, Geledés – Instituto de Mujeres Negras, e el Observatorio de Favelas, Justicia Global y Casa Fluminense, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Masacre de Penha, ocurrida el 24 de mayo durante un mega operativo policial en este complejo de favelas en la ciudad de Río de Janeiro. El comunicado enviado a la CIDH llama a garantizar la protección de los residentes de la comunidad y hacer un amplio seguimiento a las situaciones de violencia denunciadas. Hasta ahora, se registran 27 personas muertas y 7 heridas.

25 personas fueron trasladadas al Hospital Getúlio Vargas.

1 el cuerpo de una mujer fue llevado directamente al Instituto Médico Legal (IML)

1 persona fallecida fue trasladadas a la Unidad de Urgencias de la Favela do Alemão con 8 disparos

7 heridos fueron trasladados al Hospital Getúlio Vargas

Esta violencia extrema es resultado de la política de seguridad pública del actual Gobernador del Estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, quien, desde su antecesor, Wilson Witzel, no respeta la decisión de la Corte Suprema (STF) que determinó el cumplimiento del Estado de ADPF 635, conocido como ADPF das Favelas [1]. Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha presentado ningún plan para reducir la letalidad policial; no ha instalado equipos GPS y sistemas de grabación de audio y video en los vehículos policiales y en los uniformes de los oficiales; y no ha establecido límites a la fuerza letal, teniendo entonces resultados como esta nueva masacre. Una vez más vemos cómo los cuerpos negros, de tugurios y periféricos experimentan constantes escenas de terror e incluso sus hogares se convierten en lugares de temor e inseguridad para sus familias.

Según los informes, agentes del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) y de la Policía Federal de Caminos (PRF), ingresaron al Complejo de Favelas Vila Cruzeiro a las 4:00 a.m. para disparar con helicópteros y vehículos blindados como apoyo.  La operación tuvo lugar durante todo el día y, aun con el movimiento activo de organizaciones de la sociedad civil instando al gobierno a cesar el fuego, la operación siguió su curso terrorista.  En este sentido, las organizaciones firmantes instan a la CIDH y a otras organizaciones internacionales de derechos humanos a monitorear constantemente la violencia policial en Brasil. La continuidad de la actual política de seguridad que va en contra de los principios básicos de los derechos humanos, como el derecho a la vida y a la vivienda, además de la protección del Estado, es inaceptable.  Es importante señalar que esta masacre es otra demostración del racismo estructural presente en las acciones de la policía brasileña.

Lamentamos las vidas perdidas y nos solidarizamos con las familias de las Favelas da Penha, que una vez más experimentaron la presencia del Estado en sus territorios con violencia, muertes, escasez y lágrimas. En vista de los hechos, compartimos las solicitudes a la CIDH:

  1. Hacer un llamado público sobre este caso, a través de una declaración, y monitorear las situaciones de violencia reportadas en este documento;
  2. Exigir a la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro que realice pericias técnicas en el lugar, con la preparación de informes sobre balística y posibles signos de tortura en los cuerpos, asegurando el deber de publicidad de la acción estatal;
  3. Exigir que la Fiscalía General del Estado (RJ) y el Ministerio Público Federal investiguen el operativo policial responsable de esta masacre, incluyendo la necesidad específica de observar posibles indicios de alteración de la escena del crimen, así como el impedimento de residentes y activistas para hablar sobre lo sucedido;
  4. Que la Fiscalía General del Estado (RJ) y federal proporcionen información a las familias de las víctimas de la matanza y las mantengan informadas sobre las investigaciones;
  5. Considerar lo determinado en la ADPF 635, relacionado a la absoluta excepcionalidad en la realización de operaciones policiales, es decir, la premisa de que tales incursiones sólo deben ocurrir en situaciones extraordinarias de peligro inmediato y concreto para la vida, que no pueden consistir en una afirmación genérica sobre la calamitosa situación actual de seguridad pública en el Estado de Río de Janeiro y/o la necesidad de tomar medidas enérgicas contra el narcotráfico y la delincuencia, denuncias que subyacen a las violaciones de derechos humanos que subyacen a la política de seguridad pública en Brasil. Se solicita que la CIDH notifique al Estado de Río de Janeiro por el incumplimiento de los criterios establecidos en el ADPF 635;
  6. Mantener comunicación directa con el gobierno brasileño cuestionando las medidas adoptadas para combatir la violencia policial, considerando los numerosos casos publicados por la prensa brasileña y por las organizaciones de la sociedad civil antes mencionadas.

 

 

[1] https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/05/25/autores-da-adpf-das-favelas-pedem-ao-stf-novo-plano-para-reduzir-letalidade-policial-no-rj.ghtml

Raza e Igualdad lanza la Escuela de Formación Política Kátia Tapety

Río de Janeiro, 06 de mayo de 2022.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó este martes 10 de mayo el lanzamiento de la Escuela de Formación Política Kátia Tapety, en honor a la primera concejala trans electa en Brasil.  El acto de inauguración se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderna (MAM), de Río de Janeiro, y contó con la de Tapety. Además, hubo un espacio de diálogo con mujeres parlamentarias y representantes de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.  La Escuela de Formación Política Katia Tapety es el resultado de un proyecto apoyado por Open Society Foundations y la asociación con la Fundación Friedrich Ebert en Brasil.

El escenario político en Brasil se encuentra atravesado por discursos de odio, ataques y persecución a parlamentarios y defensores de derechos humanos, donde las mujeres negras  e indígenas—tanto cis como trans—son las principales víctimas; además, hay un creciente difusión de noticias falsas. Ante esa realidad, Raza e Igualdad construyó una Escuela de Formación Política que tiene como objetivo preparar a las mujeres (negras, LBTI, indígenas y quilombolas) para participar de manera segura y democrática en el proceso electoral vigente en 2022.  Para enfrentar la violencia política y electoral de género, las organizaciones Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), la Articulación Brasileña de Lésbicas (Red ABL) y la Red Nacional de Negras y Negros LGBT (Red Afro LGBT), serán responsables de la nominación de precandidatas de sus redes para participar en esta Escuela de Formación Política.

Así, a través de la formación técnica y pedagógica, las clases se llevarán a cabo de manera híbrida, de mayo a septiembre, para servir   a las mujeres líderes sociales de todo Brasil que eventualmente tengan interés en solicitar un puesto de elección popular en el país. El contenido programático también incluye capacitación práctica para que las candidatas cuenten con herramientas para enfrentar políticas autoritarias y reclamar sus derechos.  En este sentido, la Escuela de Formación Política Kátia Tapety surge como un instrumento de fortalecimiento y protección democrática para lograr la plena legitimidad y poder de decisión en sus agendas políticas.

«El aumento de la violencia política y electoral de género en Brasil se ha vuelto cada vez más alarmante.  En marzo de 2021, Raza e Igualdad junto a otras organizaciones, denunció casos de varias concejalas actualmente electas, en una Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, lamentablemente, seguimos instando al Estado brasileño a la protección de estas mujeres. La Escuela de Formación Política Kátia Tapety nace de esta urgencia de fomentar la participación activa de las mujeres en la política de forma segura y democrática para que tengan plena autonomía para defenderse de la violencia y garantizar sus derechos», explicó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Acerca de Kátia Tapety

Kátia Tapety fue la primera concejala trans elegida de Brasil, en 1992, en la ciudad de Colonia de Piauí – PI.   Diversos datos indican que, de hecho, Kátia Tapety fue la primera mujer trans elegida para un cargo legislativo en Latinoamérica, en un momento en que todavía se rechazaba hablar de garantizar los derechos civiles, políticos y sociales para las personas trans. Nacida y criada en el inteior del país, Tapety vio y sintió los efectos de la dictadura militar, acompañó el proceso de redemocratización del país y, apenas cuatro años después de la promulgación de la Constitución Ciudadana de 1988, fue elegida concejala con el mayor número de votos en el municipio de Colonia do Piauí, en la zona rural de Piauí.  En su carrera política fue nombrada concejala en 1992, 1996 y 2000; fue alcalde de Colonia do Piauí en el bienio 2001-2002; y finalmente fue elegida teniente de alcalde en 2004.

Hoy, a la edad de 74 años, y con una increíble trayectoria de vida en el país con más asesinatos de personas trans en el mundo, Tapety enfrentó el racismo y la transfobia, dejando un legado de derechos y un camino de apertura a los logros recientes para las mujeres negras, travestis y transexuales en todo Brasil.  Por lo tanto, para Raza e Igualdad, honrarla representa un proceso de rescate no solo de la memoria, sino principalmente de los lazos democráticos. Katia Tapety nos recuerda la esperanza postdictadura que floreció en Brasil en la década de 1990 y uno de los hitos de la constitución brasileña, como es promover el desarrollo y la igualdad social sin discriminación de ningún tipo, algo que hoy, más que nunca, es urgente.

La Escuela de Formación Política Kátia Tapety tiene como principio el deseo único de formar cada vez más Katias en todo Brasil y en todo el mundo, fortaleciendo la participación civil en los espacios de decisión colectiva, ampliando y mejorando las herramientas democráticas y contribuyendo a la reducción de las asimetrías de género y raza en la participación política a nivel regional, nacional y global.

Programa:

 Lanzamiento de la Escuela de Formación Política Kátia Tapety

 Fecha y hora: 10 de mayo (martes), 5:00 pm a 7:30 pm (hora de Brasilia)

Lugar: Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (MAM)

Panel 1: Trayectoria de colectivos de mujeres negras, indígenas y LBTI en la participación política

Participantes:

Rosângela Castro – Red Afro LGBT

Bruna Benevides – Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA)

Michele Seixas – Articulación Lésbica Brasileña (Red ABL)

Panel 2: Articulaciones y estrategias de mujeres negras, indígenas y LBTI para fortalecer la democracia en Brasil

Participantes:

Kátia Tapety – Homenageada y Primera Concejala Trans Afro de Brasil

Samara Pataxó – Asesora Legal de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y Responsable del Centro de Inclusión y Diversidad de la Secretaría General de la Presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Roberta Eugênio – Abogada e Investigadora en el Instituto Alziras

Keila Simpson – Presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA)

El evento será transmitido en vivo a través de Zoom y Facebook Live y contará con traducción simultánea en español e inglés (solo zoom)

Zoom Link: https://bit.ly/3s5FS3x 

*Se requerirán y llevarán a cabo todos los protocolos de seguridad para COVID-19

*El evento no está abierto al público en general

Declaración conjunta: Brasil debe garantizar la seguridad y protección del líder afrobrasileño Marcos Rezende

31 de marzo, 2022.- La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Oficina de Washington para Brasil (WBO) instan a las autoridades brasileñas y estadounidenses a garantizar la seguridad de Marcos Rezende, del Colectivo de Entidades Negras (CEN). Veterano de 25 años en derechos humanos y líder afrobrasileño, Marcos es concejal suplente en el municipio de Salvador, Estado de Bahía, y precandidato a diputado estatal por Bahía.

El 27 de febrero, Marcos grabó un video, que luego fue subido a las redes sociales, de policías robando a un joven negro en su comunidad Solar do Unhao. Dos días después, la policía militar ejecutó a tres jóvenes en la comunidad de Gamboa, ubicada cerca de Solar do Unhao. Marcos denunció que la masacre de estos jóvenes negros en esta región pobre y periférica fue realizada por Rondas Especiais (RONDESP), una fuerza policial especial. Marcos estuvo entre varios líderes comunitarios que denunciaron esta masacre ante la prensa y las organizaciones internacionales de derechos humanos.

Debido al video y su denuncia de la masacre, las amenazas de muerte y ataques contra Marcos se reavivaron. Fuentes del Gobierno de Bahía con acceso a información privilegiada le informaron que su vida corría peligro. Su nombre ha estado circulando en los chats de WhatsApp de defensores militares y policiales que declaran: «¿Quiénes son los líderes de los movimientos negros?, ¿Quién apoya a estos líderes? ¿De dónde sale el dinero que hace que los movimientos negros defiendan a las facciones?».

El 14 de marzo, Marcos viajó a Washington D.C. para reunirse con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Congreso de los Estados Unidos para denunciar la violencia policial contra los afrobrasileños. Durante su viaje se reunió con WOLA, Raza e Igualdad y WBO. Desde su regreso, se ha visto obligado a esconderse para proteger su vida. Poco después del regreso de la delegación de la CEN, debajo de su cuartel general en Santo Antonio Alem do Carmo se colocó una amenaza de muerte escrita en un papel sin ningún distintivo, que decía: «La justicia llega para todos».

Desde la llegada del bolonarismo en 2018, Marcos comenzó a recibir numerosas amenazas de muerte. Estos ataques se intensificaron hasta el punto de que se vio obligado a exiliarse fuera de Brasil por un período de diez meses. Marcos regresó a Brasil para seguir defendiendo a los afrobrasileños víctimas de la violencia policial que vivían en barrios marginados. En este punto, se convirtió en candidato en las elecciones municipales de Salvador, donde fue elegido para convertirse en concejal suplente de Salvador, Bahía.

Instamos a los legisladores estadounidenses, en particular a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Negro y Tom Lantos, a pedir al gobierno brasileño que garantice la integridad física de Marcos y que la CEN pueda continuar defendiendo los derechos de los afrobrasileños. Los legisladores estadounidenses deben pronunciarse en contra de este ataque y desarrollar herramientas políticas que ayuden a garantizar la seguridad de los afrobrasileños que defienden a sus comunidades de las violaciones de derechos humanos.

Especialistas y activistas llaman a la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia

Washington D.C., 24 de marzo de 2022.– Especialistas y activistas de América Latina y el Caribe hicieron un llamado para la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, para lo cual es necesario que al menos 10 Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Tal planteamiento tuvo lugar en un webinar organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)—con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El evento contó con la participación de la comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH; Dayana Blanco, Directora Ejecutiva de Ilex Acción Jurídica, de Colombia; Anielle Franco, Diectora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco, de Brasil, y Manuel de Jesús Dandre, Director Ejecutivo de la Red Jacques Viau, de República Dominicana.

De parte de Raza e Igualdad participó el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, y la Oficial del Programa Brasil, Nathaly Calixto, quien fungió como moderadora de este espacio. En sus palabras de bienvenida, Quesada destacó el hecho que las Américas cuente con una herramienta como la CIRDI para combatir el racismo y la discriminación racial, aunque también recordó que hasta la fecha esta Convención solo ha sido ratificada por 6 países de la OEA y que, según su artículo 15, es necesario que la ratifiquen 10 países para que pueda crearse el Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

Asimismo, llamó la atención sobre la situación de violencia y discriminación que enfrentan personas Afro-LGBT en países como Brasil, Colombia y República Dominicana. En el caso de Brasil, detalló que la organización ANTRA documentó que en 2019 hubo 124 asesinatos de personas trans, de las cuales el 75% era afrodescendientes. Quesada enfatizó que se deben aprovechar los mecanismos establecidos desde hacer varios años, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), y los mecanismos creados recientemente, como el Foro Permanente de Afrodescendientes de Naciones Unidas.

Transformación estructural

La Directora Ejecutiva de Ilex Acción Jurídica, Dayana Blanco, se refirió a la necesidad de que el contenido y los alcances de la CIRDI sean socializados entre la sociedad y las organizaciones colombianas, con el fin de conocer cómo este instrumento puede contribuir a la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y en qué se diferencia de las normas en dicha materia que ya forman parte de la legislación de Colombia. La activista enfatizó que el Derecho no es la única vía de transformación de las sociedades, por lo que también destacó la importancia de implementar estrategias educativas dirigidas a los diversos sectores que las conforman.

Reconocimiento e identidad

Desde República Dominicana, el Director Ejecutivo de la Red Jacques Viau, Manuel de Jesús Dandre, exaltó la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo y del Comité para el desarrollo de procesos educativos sobre etnia y raza, pues dijo que en este país eminentemente afrodescendiente, solo el 8% de la población se reconoce como tal. Además, manifestó su preocupación porque el Estado no reconoce el racismo y la discriminación racial como problemas latentes en la sociedad dominicana.

Lucha contra la violencia policial racista

Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco, de Brasil, se refirió al problema de violencia policial racista en este país, haciendo alusión al caso de la joven Kathlen Romeu, quien con 13 semanas de embarazo murió en junio de 2021 producto de una bala perdida en un operativo de la Policía Militar en una favela de Río de Janeiro. “La violencia policial ha cortado nuestros sueños. Desde pequeños experimentamos en nuestra piel la sensación de querer huir siempre de la presencia de la policía, de las balas perdidas”, expresó la activista, señalando la necesidad de articular acciones para lograr la activación del Comité y otros espacios para combatir el racismo y la discriminación racial.

Compromiso para este 2022

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH, también reconoció el impacto que tienen el racismo y la discriminación racial en la integridad y calidad de vida de las personas afrodescendientes, al punto que aseguró que en Brasil existe un “genocidio racial”. Por eso apuntó que es urgente que este 2022 se logren las 10 ratificaciones que permitirían la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

Raza e Igualdad reconoce y agradece los aportes de las y los especialistas y activistas que participaron en este evento, y se suma al llamado de unir esfuerzos para lograr la creación del Comité antes mencionado, como un mecanismo regional para combatir el racismo y la discriminación racial en las Américas. Creemos firmemente en los principios y mandatos de la Convención Interamericana contra el Racismo, por lo que desde nuestra campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial” continuaremos trabajando de la mano con la sociedad civil para presionar a los Estados para su firma, ratificación y efectiva implementación.

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: Los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y justicia racial, y la Convención Interamericana contra el Racismo

Washington D.C., 21 de marzo de 2022.– A partir de hechos como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, los problemas de racismo y discriminación racial se han posicionado en la agenda mundial, generando reacciones y medidas de protección y reparación para personas afrodescendientes. Es innegable, por ejemplo, el esfuerzo que ha habido a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos para crear y fortalecer mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de esta población y de justicia racial.

Este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos hacer un reconocimiento de los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y de justicia racial, pero también un llamado para que estos mecanismos pasen del papel a la realidad y podamos evidenciar una plena garantía de derechos para las y los afrodescendientes en todo el mundo.

Los mecanismos y sus mandatos

El mencionado contexto de conciencia y acciones a favor de los derechos de las personas afrodescendientes también ha estado impulsado por el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024). Uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva.

En 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

La resolución determina que el Foro se compondrá de diez miembros. Cinco de estos integrantes—entre los que actualmente se encuentra la ex vicepresidente de Costa Rica, Epsy Campbell, y el abogado Justin Hansford de Estados Unidos—son designados por los gobiernos y elegidos por la Asamblea General sobre una base de distribución geográfica equitativa, y cinco más designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos en consulta con organizaciones de afrodescendientes. Otro de sus mandatos es evaluar una posible declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción, la protección y el respeto pleno de los derechos humanos de los afrodescendientes, además de identificar las mejores prácticas, retos y oportunidades e iniciativas para abordar las cuestiones relacionadas con los afrodescendientes.

Por otro lado, en su resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

El mandato de este mecanismo internacional de expertas y expertos independientes es de tres años, y está claramente definido en nueve tareas entre las que destaca la de “formular recomendaciones sobre la manera en que los regímenes jurídicos nacionales sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden pueden ajustarse a las normas de derechos humanos aplicables”. Además, entre sus medios de acción están contempladas visitas a los países y actividades de divulgación y consultas inclusivas con los Estados, las personas y comunidades directamente afectadas y otras partes interesadas.

En diciembre pasado, se conoció que el mecanismo quedó conformado por la jueza Yvonne Mokgoro de Sudáfrica, Tracie L. Keesee de Estados Unidos y Juan Méndez de Argentina. Una de sus próximas misiones, según la resolución del Consejo de Derechos Humanos, es que, junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, redacten anualmente sendos informes y los presenten al Consejo de Derechos a partir de su 51 período de sesiones, previsto a desarrollarse entre septiembre y octubre de este año. Ello en el marco de un diálogo interactivo en el que se dé prioridad a la participación de las personas y las comunidades directamente afectadas, incluidas las víctimas y sus familiares.

Situación en Latinoamérica

En Latinoamérica, el racismo y discriminación racial son problemas estructurales y persistentes, con manifestaciones y consecuencias diversas que tienen sus raíces en la esclavitud impuesta por el colonialismo europeo. La reciente visibilización de la brutalidad policial, de episodios de perfilamiento racial, de la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, y su impunidad, son muestra de que estos males siguen latentes en la sociedad en pleno Siglo XXI.

Ante esa realidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) se configura como una poderosa herramienta para combatir esos problemas. Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, convirtiéndose así en la convención homóloga de la Convención Internacional sobre la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial (CERD) de 1965, el primer instrumento internacional de alcance universal a partir del cual fue priorizado el combate al racismo y la discriminación racial, y de la cual los 35 Estados miembros de la OEA son parte.

Hasta la fecha, solo seis países de las Américas (Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) se han adherido completamente a la CIRDI, es decir que la han firmado y ratificado. En tanto, otros siete países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Panamá y Perú) solo la han firmado, por lo que el instrumento aun no es vinculante para esos Estados. Raza e Igualdad, a través de la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, se ha propuesto promover la ratificación e implementación de la CIRDI en la mayoría de los países que conforman la OEA.

Respecto a la CERD, la CIRDI contiene disposiciones novedosas, como colocar la definición del término “racismo” en un instrumento jurídico, así como establecer que los hechos de discriminación racial se pueden dar tanto en el ámbito público como en el privado, mientras que la CERD circunscribe estos hechos únicamente al ámbito privado. La CIRDI, además, contempla la creación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Este Comité tiene como cometido monitorear los compromisos asumidos en la Convención, servir como foro para el intercambio de ideas y experiencias, formular recomendaciones a los Estados Parte, y recibir los informes de los Estados sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. Sin embargo, el establecimiento de este Comité está sujeto a que 10 países ratifiquen la Convención, lo que aún no ha sucedido.

Relevancia de la CIRDI para Colombia y Brasil

En Colombia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia inició su proceso de ratificación a través de la presentación del Proyecto de Ley para su aprobación el 16 de diciembre de 2021. Esta Convención podrá significar un aporte sustancial a la construcción de paz en Colombia con su ratificación. En particular, la CIRDI sería un instrumento jurídico vivo que brindaría apoyo y fortalecimiento al marco jurídico existente, especialmente en el reconocimiento del racismo y la discriminación racial como fenómenos estructurales que han sustentado las afectaciones desproporcionadas y diferenciadas contra la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Las personas afrodescendientes han sufrido los impactos desproporcionados del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), 1.177.120 personas afrocolombianas han sido registradas como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) hasta la fecha. El Acuerdo Final de Paz reconoció los impactos desproporcionados contra las comunidades afrocolombianas especialmente a través de la inclusión del Capítulo Étnico, cuyo propósito es generar garantías máximas para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades étnicas en el país. En este sentido, señala que el Acuerdo de Paz debe ser interpretado a la luz del marco jurídico internacional, constitucional, jurisprudencia y legal existente, incluyendo, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

La ratificación de la CIRDI implica que los países realicen modificaciones en sus legislaciones para acoplarse a los principios y mandatos de la Convención, por lo que su ratificación en Brasil en febrero de 2021 abrió un nuevo escenario para el discurso y activismo antirracista en este país, donde el 55% de la población es afrodescendiente. Sin embargo, al mismo tiempo, se configura un reto importante, que es el de garantizar su implementación efectiva. En Raza e Igualdad, hemos adquirido el compromiso de brindar asistencia técnica tanto a la sociedad civil como al Estado para que la CIRDI sea una realidad en Brasil.

Cabe destacar que la brutalidad policial representa una gran proporción de los asesinatos de hombres y mujeres afrobrasileños, incluidas las mujeres afro transgénero. El Foro Brasileño de Seguridad Pública documentó que “la tasa de mortalidad en 2019 por intervenciones policiales fue un 183,2% más alta para los afrodescendientes que para los blancos”. En la misma línea, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública documentó que los afrodescendientes son las mayores víctimas de la letalidad policial; en 2019, el 79,1% de las víctimas de intervenciones policiales eran afrodescendientes, mientras que el 20,8% eran blancos.

Vemos entonces que, tanto a nivel universal como a nivel interamericano, existen mecanismos fortalecidos y novedosos en materia de defensa y protección de derechos de la población afrodescendiente. Esto es, sin duda, un gran paso hacia la eliminación del racismo y discriminación racial, pues para ello ha habido un proceso de reflexión y evidencia de la causas, manifestaciones y consecuencias de estos males en diferentes ámbitos de la sociedad. Estamos ahora ante la tarea de apropiar e implementar de forma efectiva esos instrumentos. Tal misión no solamente corresponde a los Estados como responsables de la adhesión y puesta en práctica de los mecanismos, sino que desde la sociedad civil y desde la comunidad internacional debe existir la responsabilidad de dar seguimiento a esos procesos.

En Raza e Igualdad creemos firmemente que estos nuevos mecanismos, sumados a los existentes desde hace varios años, representan una oportunidad para visibilizar y mejorar la situación de derechos humanos en la región, a corto y mediano plazo. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que emprendan procesos de incidencia y monitoreo en la adopción e implementación de estos instrumentos. En el caso particular de la CIRDI, hacemos un llamado a los Estados para ratificar e implementar esta Convención tan importante en términos de derechos humanos, así como a activistas y organizaciones para que establezcan rutas estratégicas para incidir en la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en sus respectivos países.

8M – Día Internacional de la Mujer: Reconocer y proteger los liderazgos de las mujeres desde una perspectiva interseccional

Washington D.C., 8 de marzo de 2022.– La lucha de las mujeres por sus derechos ha sido incansable. Aunque Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de democracia, derechos humanos y seguridad, las mujeres se mantienen firmes en el proceso de denunciar las violencias que enfrentan e incidir para lograr cambios estructurales. Este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere llamar la atención sobre la importancia de reconocer y proteger los liderazgos de las mujeres, y que ello se haga a todos los niveles de la sociedad desde una perspectiva interseccional.

Reconocemos que las experiencias de vida de las mujeres están directamente influenciadas por su género, y también por otras características como su raza o etnia, su expresión e identidad de género y el rol que juegan en la sociedad. De esta forma, mujeres defensoras de derechos humanos, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, trans y mujeres periodistas, por mencionar algunas, se enfrentan a situaciones particulares a la hora de ejercer sus liderazgos o sus profesiones, las cuales muchas veces atentan contra su integridad y ponen en riesgo sus vidas.

A continuación, brindamos un panorama sobre los problemas específicos que enfrentan diferentes grupos de mujeres en la región. Al mismo tiempo, mujeres de Nicaragua, Brasil, Colombia, Cuba, Perú y República Dominicana brindan sus perspectivas sobre cómo su activismo y su trabajo profesional se ven marcados por los contextos adversos que prevalecen en sus países.

Defendiendo derechos en una dictadura

Las mujeres han sido sujetas activas y protagónicas en la defensa de los derechos humanos y en la resistencia cívica desde antes del estallido social de Nicaragua, en abril de 2018. En el contexto actual, caracterizado por la violencia sistemática estatal y parapolicial, las mujeres defensoras, activistas y periodistas son blanco de persecución, hostigamiento, asedio, amenazas y privación de libertad. Estos ataques les exponen a riesgos aún mayores por razón de género.

Según registros de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND) y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), desde el inicio de la crisis en abril 2018, al menos 109 mujeres defensoras y activistas han sido detenidas arbitrariamente, y ha habido más de 4,000 agresiones hacia defensoras. Por otro lado, al menos 12 mujeres excarceladas han denunciado haber sido víctimas de algún tipo de violación sexual, entre otras agresiones; y 13 mujeres (5 de ellas adultas mayores) continúan privadas de libertad por motivos políticos y sin atención médica adecuada en los centros de detención.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia, afirma que, históricamente, las mujeres presas políticas han sufrido graves agresiones diferenciadas dentro de los centros de detención. Recuerda que, como presa política de la dictadura somocista, su mayor miedo era que la “trasladaran a la Dirección de Seguridad del Estado de Somoza, donde había un historial de violación sexual a las presas políticas”. Ahora, denuncia que el régimen de Ortega y Murillo a través de “policías perversos” somete a aislamientos, incomunicación, interrogatorios prolongados y otras formas de tortura psicológica y física a las mujeres presas políticas. Cita los casos de Suyén Barahona, Tamara Dávila, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, que tienen casi 9 meses en celdas de aislamiento.

Ana Lucía Álvarez, quien es defensora de derechos humanos y familiar de tres presas políticas, explica que las mujeres defensoras son víctimas de agresiones sexualizadas como tocamientos, desnudos, tortura sexual, desmantelamiento de redes, entre otras. Asimismo, denuncia que “en uno de los juicios de una presa política, la narrativa del fiscal estuvo relacionada a si tenía una pareja, si había tenido relaciones sexuales con tal o cual persona. Estas son narrativas que no aparecen en juicios de hombres presos políticos, pero sí aparecen en juicios de mujeres que están siendo enjuiciadas y criminalizadas”, finaliza.

Luchando y sobreviviendo ante la transfobia

En Brasil, donde las organizaciones de la sociedad civil denuncian constantemente la ola de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, además de ser el país con más asesinatos de personas trans en el mundo, las mujeres trans que ejercen funciones públicas se enfrentan cada día al discurso de odio y a la desprotección del Estado. “En las elecciones de 2020, unas 30 mujeres trans/travestis fueron elegidas y en el ejercicio de sus mandatos sus vidas son amenazadas, lo cual demuestra y justifica que estamos (…) en la disputa del proyecto social», asegura Ariela Nascimento, mujer trans y asesora parlamentaria de la concejala y también mujer trans, Benny Briolly (Niterói-RJ).

Ludymilla Santiago, lideresa trans desde hace más de 13 años y quien alza su voz por los derechos de las mujeres desde una perspectiva no binaria y de inclusión, señala que el tema de la identidad es muy importante para las mujeres trans y que el discurso sobre ser mujer va mucho más allá de las imposiciones sociales vigentes. “Debemos evolucionar y hacer que esta diversidad esté cada vez más representada para romper la hegemonía patriarcal», afirma.

Haciendo frente a la violencia y al racismo

El conflicto armado en Colombia—cuyo mayor impacto ha sido en las zonas de poblaciones afrodescendientes—ha afectado de forma diferencial a las mujeres afrodescendientes en el país. Entre las principales afectaciones se encuentra la violencia sexual. De acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas, el 20% del total de mujeres víctimas de violencia sexual, son afrodescendientes. Luz Marina Becerra, representante de La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia La COMADRE, hace énfasis en las brechas de desigualdad, racismo y discriminación a las que se tienen que enfrentar las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, imposibilitando así el goce efectivo de sus derechos.

La COMADRE lleva 5 años solicitando al Estado el cumplimiento de la Resolución No. 2016-244846, por medio de la cual se ordenó su inscripción en el RUV y se reconoció como sujeta étnica de reparación colectiva en los términos del Decreto Ley 4635 de 2011. Sin embargo, luego de 5 años y numerosas solicitudes de comenzar con esta ruta a través de la consulta previa, han recibido la negativa de diferentes instancias del Estado, desconociendo sus derechos fundamentales.

Ejerciendo el periodismo para resistir la censura

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión, Cuba es el país de Latinoamérica con menos garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y, por tanto, de la libertad de prensa. La prensa independiente en la Isla enfrenta constantemente la censura, el hostigamiento y la represión de parte del Gobierno y, en medio de esta realidad, las mujeres periodistas sufren impactos diferenciados.

En el informe “Democracia de papel”, la organización Artículo 19 da cuenta de “agresiones sistemáticas y generalizadas que son implementadas para asfixiar al periodismo”. Detalla que, durante 2019, documentaron que un periodista en promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año, pero en 2020 el promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó hasta ocho veces. Y en el caso de las mujeres, esta situación se agrava, ya que en promedio una periodista fue agredida en ocho ocasiones al año en 2020 y hasta 11 en el primer semestre de 2021.

En reiteradas ocasiones, la periodista María Matienzo ha sido blanco de interrogatorios, asedio y campañas de desprestigio en redes sociales en las que su género y expresión de género son focos de ataque. Ella considera que ejercer el periodismo en un contexto tan adverso no la convierte en una activista, pero está clara de que esta profesión la obliga a cruzar las fronteras de la escritura y termina acompañando a otras mujeres violentadas. “Ojalá decir lo que una piensa en medio de tantas adversidades sea algún tipo de liderazgo porque a veces no nos queda más remedio que disentir si queremos vivir con algo de dignidad”, afirma.

Incidiendo para lograr la igualdad

En Perú, las mujeres lesbianas están uniendo esfuerzos para lograr la adopción de políticas a favor de sus derechos a la igualdad y no discriminación. En la reciente revisión del Comité CEDAW al Estado, una coalición que denominaron #LesbianasCEDAW incidió para que este órgano haga recomendaciones específicas sobre sus derechos, a partir de los principales problemas que enfrentan. Una de sus demandas es fortalecer e implementar la política de educación sexual integral que reconoce a las infancias y adolescencias lesbianas como sujetos de derecho, a fin de prevenir y atender todas las formas de violencia.

Asimismo, exigen que el Congreso de la República modifique el artículo 234 del Código Civil a través de la aprobación de la iniciativa legislativa 525/2021-CR, proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, y que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) aplique el artículo 2050 del Código Civil, que establece el reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero; esto último ante el no reconocimiento de los matrimonios de mujeres lesbianas que se casan fuera del país y de sus hijos.

“En el caso peruano, las lesbianas feministas han contribuido a ampliar el contenido esencial del derecho a la igualdad y no discriminación para incorporar la prohibición de discriminar por orientación sexual e identidad de género. Asimismo, para comprender que las lesbianas y mujeres en general no queremos igualarnos a los hombres, sino que pensamos la igualdad tomando en cuenta las diferencias y el acceso a libertades, derechos, bienes y poder”, asegura María Ysabel Cedano García, lesbiana quechua feminista socialista.

Acompañando a mujeres migrantes discriminadas

En los últimos meses, el Gobierno de República Dominicana ha sido criticado por la aplicación de una medida que consiste en deportar a mujeres haitianas embarazadas. A la fecha, algunos medios de comunicación reportan la deportación de entre 200 y 300 mujeres en esa condición. Esta situación se ha convertido en una nueva causa de lucha para el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA).

En ese sentido, Jenny Morón, del Departamento Legal de dicha organización, comparte que se siente privilegiada por tener la oportunidad de alzar su voz en nombre de otras mujeres migrantes que sufren esta y otros tipos de violencia. “Cuando hablo por las mujeres hablo por mi generación, por mi descendencia, pienso que estoy construyendo una base para que mi hija y nietas vivan en un mundo menos discriminador y más igualitario”, afirma.

Este Día Internacional de la Mujer, desde Raza e Igualdad expresamos nuestra máxima admiración y respeto al trabajo que realizan miles de mujeres por el reconocimiento y garantía de sus derechos. Las seguiremos acompañando. También llamamos a los Estados a adoptar leyes y políticas que protejan su activismo y profesiones en línea con los estándares internacional de los derechos humanos y, además, den respuesta a sus demandas; todo ello teniendo en cuenta que las mujeres son diversas y que sus experiencias de vida están marcadas por sus características y los roles que desempeñan en la sociedad. A los sistemas de derechos humanos, les solicitamos ser protagonistas en el desarrollo de estándares nacionales y regionales de protección de las mujeres, ofrecer asistencia técnica a los Estados para la adopción e implementación de estos, y reconocer las identidades diversas e interseccionales de las mujeres.

Cierre de espacios cívicos: Raza e Igualdad, Criola, Geledés e Iepé en lucha para la participación democrática de la sociedad civil afro e indígena

Brasil, 23 de febrero de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), a través del Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, se unió a las organizaciones de la sociedad civil brasileña Criola, Geledés-Instituto de la Mujer Negra y al Instituto de Investigación y Formación Indígena (Iepé), para visualizar la situación sobre la participación de la sociedad civil organizada en los espacios cívicos de Brasil.  Centrándose en las poblaciones negras e indígenas, estas organizaciones se encuentran desarrollando investigaciones que pretenden conducir a un informe para denunciar ante los mecanismos internacionales de derechos humanos, los marcos normativos actuales que restringen la libertad de asociación, limitan la libertad de expresión o extinguen los canales de participación ciudadana en el país.

Ante el actual clima global de tensiones democráticas, durante los últimos años los países latinoamericanos se han enfrentado a una creciente serie de restricciones y ataques que amenazan la participación de la sociedad civil organizada en los espacios de toma de decisiones. Es decir, con el cierre de los espacios cívicos, las medidas restrictivas agravan las duras condiciones que las organizaciones de la sociedad civil enfrentan diariamente desde hace décadas; incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, y asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos.

Sumado a este duro escenario, la pandemia de COVID-19 ha afectado particularmente a la región. Mientras algunos países se encuentran entre los países con mayor número de infecciones y muertos a nivel global, la desigual distribución de vacunas, el precario acceso a los sistemas de salud, la fuerte caída del empleo y la falta de sistemas de protección social han dejado en evidencia que las debilidades institucionales y las brechas estructurales—que afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerables—se han multiplicado. So pretexto de mantener la seguridad, la pandemia ha sido utilizada además por los gobiernos de la región para imponer mayores restricciones al movimiento, asociación y libertad de expresión, limitando aún más los espacios de participación de la sociedad civil y ciudadana.

Para David Álvarez Veloso, Coordinador Regional de Raza e Igualdad del Consorcio de Derechos Humanos, este proyecto es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento democrático de los países en los que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel activo en la vida política y social, así como para documentar y visibilizar las crecientes restricciones y obstáculos que han reducido los espacios de participación.  «Con el apoyo del Consorcio de Derechos Humanos, y gracias al trabajo de organizaciones como Criola, Geledés e Iepé en Brasil, entre otras, tenemos información comparada y actualizada sobre los efectos que estas medidas ejercen en las diferentes poblaciones del país. De esta manera, es posible capacitar a liderazgos para fortalecer la protección de los derechos humanos y articular estrategias de incidencia a nivel nacional e internacional, destinadas a terminar con las restricciones a la participación ciudadana», explica Álvarez.

Brasil y una creciente historia de amenazas a la participación de la sociedad civil

 Fue a partir del final del período dictatorial en Brasil que la sociedad civil comenzó a lograr la voz y la participación ciudadana para construir nuevas perspectivas para un pleno Estado de Derecho.  En 1988, con la vigencia de una nueva Constitución Federal, entró en vigor una conjetura política que valoraba más transparencia de datos, de informaciones, del presupuesto público y también como una nueva ventana de oportunidades y derechos para grupos históricamente excluidos, como las poblaciones negras, indígenas y LGBTI+.  Sin embargo, desde 2014, con la aprobación de enmiendas constitucionales aún en la administración de la Presidenta Dilma Roussef—como PEC antiterrorista y las siguientes sanciones relacionadas con la seguridad del Estado hasta el golpe estatal en 2016, que llevó a su impeachment—las relaciones de la sociedad civil con el Estado se han intensificado profundamente.

En consecuencia, estas medidas restrictivas también representaron un golpe a la sociedad civil, pues ante estos nuevos paquetes de leyes, las manifestaciones públicas llegaron a ser entendidas como manifestaciones contrarias a los intereses del Estado. Sin embargo, lo que ha sido denunciado por la sociedad civil organizada es que, durante el actual Gobierno, presidido por Jair Bolsonaro, los espacios de diálogo y garantía de derechos son prácticamente nulos y están envueltos en una dinámica de persecución, violencia, vigilancia e incluso muerte de defensores de derechos humanos.  Las organizaciones denuncian que, si bien no existe un decreto militar ni un orden legal para cerrar espacios cívicos, la relación actual del Ejecutivo con la sociedad civil impide el debate de las agendas y la presentación de demandas sociales. En resumen, no hay diálogo.

Consecuencias para las poblaciones afros e indígenas en Brasil

En noviembre de 2021, Raza e Igualdad promovió el webinar «Cierre de espacios de participación: amenazas a la sociedad civil en Brasil, Honduras y Guatemala», al que asistieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, junto a la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, para denunciar y esbozar propuestas para el fortalecimiento regional de la sociedad civil. El evento virtual contó con la presencia de Lúcia Xavier, Coordinadora General de Criola, quien expuso la situación de persecución a defensores de derechos humanos y violaciones a la democracia, que debilitan aún más a los pueblos afros e indígenas, con la total invisibilización de sus agendas políticas.

Según Lúcia Xavier, estos ataques se reflejan desde la violencia política que las mujeres afros, cis y trans han venido sufriendo por la aprobación o desacato del Ejecutivo. Incluso se evidencian con la falta de acceso a la información pública, al punto que, en el peor momento de la pandemia, fue necesario crear un consorcio entre los sectores público y privado para que la población pudiera monitorear los casos. Además, Lucía destacó la muerte de defensores de derechos humanos tanto en las ciudades como en los campamentos, y que ni siquiera los programas de protección están siendo capaces de constituirse como una solución del problema o protección para estas personas.

«La Constitución brasileña garantiza la participación de la sociedad civil organizada en todas las políticas. Estos espacios no están cerrados, estos consejos funcionan, pero ya no existe la capacidad de admitir y dialogar con otros sectores de la sociedad.  Por lo tanto, tampoco hay monitoreo de las políticas y del presupuesto público en Brasil. Básicamente, estas leyes inmovilizan el formato de participación de la sociedad civil, recordando que cualquier manifestación puede ser considerada como terrorismo y amenaza para la seguridad nacional», enfatizó Xavier durante el evento. [1]

En este contexto de supresión de derechos y de silenciamiento de la sociedad, la demanda y búsqueda de justicia de las organizaciones de la sociedad civil se revela como un camino de diálogo para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  Aunque ve con escepticismo la agenda electoral 2022, Rodnei Jericho da Silva, Coordinador de SOS Racismo, de Geledés, cree que habrá mucha participación de sociedad civil en este proceso y, dependiendo del resultado de las elecciones, considera que puede lograrse un cambio hacia la reapertura de los espacios cívicos.

«La población brasileña es mayoritariamente negra, las políticas públicas o incluso las políticas sociales se debaten en espacios donde no hay participación de la sociedad. Así que el daño a la colectividad es enorme, porque al no escuchar al público objetivo, la posibilidad de error e ineficacia es mucho mayor.  Los espacios de participación mejoran el sistema democrático, fortalecen a la sociedad, por lo que podemos buscar soluciones a los problemas en conjunto», dice Jericó.

La lucha de la población indígena para no ser completamente diezmada por el actual Gobierno ha tomado más fuerza ante el desmantelamiento de instituciones públicas que deberían velar por la seguridad y los derechos indígenas, como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), además de los ataques a las comunidades y sus territorios en todo el país. En 2021, la votación del Marco Temporal [2], hasta hoy suspendido por la Corte Suprema (STF), tiene como objetivo eliminar la propiedad de las tierras indígenas garantizadas por la Constitución.  Según Luis Donisete, Coordinador Ejecutivo de Iepé, el cierre de espacios públicos para políticas indígenas y ambientales en Brasil tuvo grandes implicaciones para el ejercicio de la participación ciudadana y el control social indígena.

«El sesgo antidemocrático y anti-indígena del actual gobierno se ha transformado en una directriz para las políticas del Estado brasileño, contrariamente al activismo y a la acción de la sociedad civil organizada. El resultado fue el abandono de los programas y políticas gubernamentales que implementaban derechos consagrados en nuestra legislación en diferentes áreas: salud, educación, cultura, gestión territorial, protección de las tierras indígenas. Hoy en día ya no hay canales de diálogo entre los representantes indígenas y los diferentes organismos gubernamentales. Es un gran revés que llevará años y mucha dedicación reconstruir», dice Donisete.

En este contexto de incertidumbres, denuncias y silenciamiento de la sociedad civil en Brasil, Raza e Igualdad hace un llamado a los mecanismos internacionales de derechos humanos para evitar que la situación empeore luego de las elecciones de este año. Considerando los retrocesos y limitaciones a la participación ciudadana mencionados anteriormente, y para fortalecer el papel de la sociedad civil en la vida democrática, es importante que el Estado brasileño avance, entre otros, en:

1 – Según lo previsto constitucionalmente y en las leyes, participación política de la sociedad civil organizada en las instituciones públicas y en los espacios de toma de decisiones, con un efectivo monitoreo de las políticas públicas y el presupuesto;

2 – Asegurar la transparencia en el acceso a la información pública y la recolección de datos para la construcción de políticas públicas interseccionales, según lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información;

3 – Fortalecer el Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH), que ha venido siendo desmantelado especialmente por la baja asignación de presupuesto, así como por el debilitamiento de la participación popular en el Concejo Deliberante del PPDDH.  [3]

4 – Crear juntas de participación de la sociedad civil teniendo en cuenta las diferentes realidades de la población brasileña. Los consejos deben tener en cuenta las especificidades y ser un espacio de escucha y decisión para las poblaciones más vulnerables, entre ellas: afros, indígenas, quilombolas y gitanos.

 

[1] Esos consejos funcionan teóricamente pero en la práctica no tienen la capacidad de incorporar la perspectiva de la sociedad civil.

[2]  https://g1.globo.com/politica/ao-vivo/supremo-julgamento-marco-temporal-terras-indigenas.ghtml

[3] https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/Relatorio—Comeco-do-Fim.pdf

Día de los Derechos Humanos: Redoblar esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos humanos en tiempos de autoritarismos y discursos de odio

Washington D.C., 10 de diciembre de 2021.– Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de derechos humanos. El ejercicio arbitrario del poder y el discurso de odio que se cuela en diferentes esferas de la sociedad, han dado paso a un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, donde grupos poblaciones como las personas afrodescendientes, indígenas, LGBTI+, mujeres, defensoras de derechos humanos y aquellas que disienten con el poder, enfrentan consecuencias y riesgos particulares.

Este 10 de diciembre, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de la comunidad internacional y de la sociedad en general sobre situaciones que persisten y se exacerban en varios países de América Latina y el Caribe, y sobre las cuales urge emprender acciones conjuntas para detener las acciones represivas que menoscaban los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida.

Racismo sistémico

En Colombia, la respuesta de la Fuerza Pública a las manifestaciones del Paro Nacional—iniciado el 28 de abril—ha impactado de forma diferencial a la población afrodescendiente y Afro-LGBTI+. Raza e Igualdad y las organizaciones CODHES, Comisión por la Vida y Mesa Humanitaria, registraron 108 homicidios hasta el 8 de julio de 2021, de los cuales 39 fueron contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%.

Luego de su visita el pasado 8 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de Observaciones y Recomendaciones, en el cual expresa su preocupación por el perfilamiento racial, discursos estigmatizantes y la violencia policial, y se refirió a la violencia de género que viven diferencialmente las mujeres afrodescendientes.

Sin embargo, el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y no ha reconocido las recomendaciones formuladas por la CIDH, cuestionando la procedencia del contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas porque no coinciden con las institucionales. Respecto al racismo sistémico y la violencia racista, las autoridades han argumentado que el Estado cuenta con normatividad contra actos discriminatorios, desconociendo que el marco normativo existente es insuficiente para combatir de manera efectiva esta problemática en Colombia.

Violencia política

Brasil vive un momento de intensificación de las tensiones políticas, con una amenaza constante e intensa contra las candidaturas de las mujeres negras y LBTI+, que son blanco de la violencia política que se ha extendido por todo el país. La violencia política es un fenómeno que compromete y elimina no solo la vida e integridad de las personas, sino también el ejercicio de los derechos políticos de comunidades enteras, que están representadas por estas mujeres que, en general, tienen vastas trayectorias como defensoras de los derechos humanos.

En 2021, Raza e Igualdad con las organizaciones Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), Criola, Tierra de Derechos, Instituto Marielle Franco, Justicia Global y la Red Nacional de Negros y Negros LBGT (Rede Afro LGBT), tuvieron una Audiencia ante la CIDH para denunciar la situación de los derechos políticos de las concejalas negras (cis y trans) en Brasil.  En la audiencia, celebrada en abril de 2021, se entregaron recomendaciones a la CIDH para garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del ámbito político del país.

Prisión por motivos políticos

En las cárceles de Nicaragua, ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se encuentran privados de libertad por ejercer su derecho a defender derechos humanos, participar en protestas sociales, hacer público su deseo de candidatearse a la Presidencia de Nicaragua y/o manifestar su descontento hacia el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en redes sociales u otras plataformas.

Según el más reciente boletín del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, publicado en octubre de 2021, desde el inicio de las crisis sociopolítica en abril de 2018, el Estado de Nicaragua ha detenido arbitrariamente a más de 1614 personas y 149 de estas continúan bajo arresto. Lamentablemente, esta cifra ascendió en los días previos, durante y posteriores a las votaciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre, sin garantías de libertad, justicia, transparencia, ni legitimidad democrática.

Cabe destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado de Nicaragua en desacato, tras el incumplimiento de la orden de liberación de 21 personas identificadas como opositoras, así como otras medidas indispensables para salvaguardar derechos humanos en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros.

Represión contra la sociedad civil y prensa independiente

El 2021 ha sido determinante en la situación de represión que enfrenta la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba, sobre todo a raíz de las históricas protestas del 11 de julio. El 8 de diciembre recién pasado, la organización Cubalex publicó un reporte sobre detenciones arbitrarias en el marco de dichas manifestaciones, el cual señala que 1,306 personas fueron privadas de libertad ese día y posteriormente, y de esas, 703 continúan en prisión. Entre las personas detenidas se encuentran activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

A ello se suma la intensa represión que desató el Gobierno desde el pasado 20 de septiembre, cuando la sociedad civil convocó a la Marcha Cívica por el Cambio. Desde esa fecha se registraron interrogatorios, allanamientos, detenciones arbitrarias, asedio policial, agresiones y campañas de difamación, entre otras acciones por las que finalmente no se llevó a cabo la manifestación el 15 de noviembre. Ese día, además, las autoridades recurrieron a la retención domiciliar para evitar que las personas se sumaran a la Marcha y, en muchos casos, hubo cortes en el servicio de Internet.

Pese a que el Gobierno de Cuba ha recibido numerosos llamados de la comunidad internacional para garantizar y respetar los derechos humanos de la población, como los derechos de reunión y asociación pacíficas y de libertad de expresión, las autoridades no han adoptado ninguna medida en ese sentido y, al contrario, el contexto parece empeorar cada vez más, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica.

Discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género

El no reconocimiento de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, genera en la región un preocupante ambiente de discriminación y violencia contra las personas LGBTI+. Este 2021, Latinoamérica continuó siendo la región con más asesinatos de personas trans en el mundo, pues de 375 registrados a nivel global, 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. La plataforma Sin Violencia LGBTI, un sistema de información sobre violencia contra la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe, documentó más de 600 personas LGBTI fueron asesinada entre 2019 y 2020.

A pesar de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones LGBTI+ mantienen su lucha por el respeto y garantía de sus derechos. En Perú, por ejemplo, la comunidad de personas trans se mantiene firme en su demanda de una Ley de Identidad de Género que contribuya, en primer lugar, al reconocimiento de sus identidades y, por consiguiente, a garantizarles acceso e igualdad en las diferentes esferas de la sociedad.

En República Dominicana, organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI+ han intensificado su incidencia, luego de que la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobara el pasado 30 de junio una reforma al Código Penal que excluye la orientación sexual como causal de discriminación. De hecho, la lucha también es para que la identidad de género sea incluida entre las causales de discriminación.

Promoción de la igualdad

El 2 de septiembre, lanzó la campaña “Hacia una región libre de discriminación racial”, la cual se extenderá hasta el año 2024 y busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Raza e Igualdad considera que la ratificación e implementación de la CIRDI es esencial para el avance en la visibilización y reconocimiento de las opresiones sistémicas que existen en el hemisferio en contra de las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos y minorías raciales. Asimismo, cree que esta Convención representa un eje clave para que los Estados de la región cumplan su obligación de promover condiciones equitativas, igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.

Hasta la fecha, la campaña ha sido presentada en Colombia y Uruguay, y este 10 de diciembre le toca el turno a Brasil. En el caso de Colombia, se está haciendo incidencia ante el Estado para promover la ratificación de la CIRDI, mientras que en Uruguay y Brasil se están elaborando y ejecutando acciones para garantizar la efectiva implementación de la Convención.

Raza e Igualdad espera que este Día de los Derechos Humanos contribuya a visibilizar estas y otras situaciones preocupantes existentes en la región, y que, a partir de ahí, se junten voluntades de diferentes sectores para impulsar cambios por una sociedad más democrática, justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con activistas y organizaciones locales en la promoción y defensa de estos derechos fundamentales.

Entrevista a Jurema Werneck: la voz de las Ialodês resonando en el Día de la Conciencia Negra

Para celebrar el Día de la Conciencia Negra, simbolizado en Brasil en memoria de la muerte del líder quilombola Zumbi dos Palmares, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), com mucho orgullo comparte una entrevista con Jurema Werneck, una de las principales referentes del movimiento negro en Brasil. Además de ser directora de Amnistía Internacional en Brasil, Jurema fue fundadora de la ONG Criola, es doctora con maestría en ingeniería de producción y doctorada en comunicación y cultura. Su trayectoria profesional es prueba de que la perspectiva interseccional es fundamental para construir un conocimiento plural y una visión diversa del mundo y de la sociedad que lo constituye.

Si el 20 de noviembre nos hace revivir un recuerdo de la lucha por la conciencia racial y la libertad negra, Jurema Werneck es la personificación de las Ialodês, que como describe en una publicación [1], “Ialodê también se refiere a la representante de las mujeres, a algunos tipos de mujeres emblemáticas, mujeres líderes políticas de acción fundamentalmente urbana (…) la que habla por todos y participa en instancias de poder (…) que se posicionan como agentes políticas de cambio, principales poseedoras de la riqueza conquistada » . Así, agradecemos la oportunidad de presentar un resumen de una larga conversación con Ialodê Jurema Werneck, quien compartió con nosotros sus percepciones sobre la lucha por los derechos humanos, la violencia policial, el feminicidio y las mujeres negras, así como su participación en el CPI de la Pandemia [2] en Brasil.

Pandemia de COVID-19

Raza e Igualdad – Su participación en el CPI de la Pandemia mostró a Brasil las consecuencias de lo negacionismo y que, solo en el primer año, se podrían haber salvado 120 mil vidas si hubiéramos seguido los protocolos mundiales y una política de salud pública efectiva. ¿Podría contarnos sobre la experiencia de participar en el CPI de la pandemia? ¿Cree que habrá consecuencias para el actual gobierno?

Jurema Werneck – El CPI de la Pandemia nos ayuda a ver al menos que vale la pena seguir insistiendo para mostrarle a la población que todo lo que se hizo durante la pandemia estuvo mal y demostrar qué tipo de personas hay en el Gobierno. Personas que no tienen ningún compromiso con la ética, de hecho su compromiso es apropiarse de los asuntos públicos y lucrar con el país. Entonces, veo que esta ‘telenovela’ que se convirtió en el CPI de la Pandemia, en cierto modo, nos recuerda que hay muchos intereses y que la gente está sintiendo el impacto de todo esto. Y con eso, la aprobación del gobierno se desploma, porque es un hecho, no hay gobierno, es un mal gobierno.

Participar en el CPI fue un esfuerzo colectivo. Solo fui portavoz de varias organizaciones y no solo de Amnistía Internacional. Acordamos que yo sería portavoz, por lo que mi trabajo fue prepararme y presentar la investigación que fue encargada incluso antes del CPI, y realizada por investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y la Universidad de São Paulo (USP). Era una encuesta para presentarla al propio Gobierno Federal, pero era muy resistente a cualquier presión, por lo que vimos una oportunidad para presentarla en el CPI. Se lo propusimos al senador relator, Renan Calheiros, y él aceptó. Esto también ayudó a legitimar una percepción por parte de él y de parte de la sociedad de que todo podría haber sido diferente. Pronto, nuestro trabajo consistía en demostrar que, incluso sin una vacuna [3], podría haber salvado vidas si se hubieran hecho los aspectos básicos de la salud pública. Aparte de eso, personalmente, fue otro momento de activismo diario, fui allí para hacer lo que quería hacer, así que pensé que era un privilegio.

Y ahora, con más de 600 mil vidas perdidas y en un escenario donde ya existe la vacuna para enfrentar la pandemia, sin embargo, el gobierno negacionista sigue en el poder. ¿Cómo seguir afrontando la pandemia en los próximos años?

Jurema Werneck – Lo llamamos negacionista, pero no es negacionista. En el sentido de que tiene una alianza frontal con las estrategias de muerte y destrucción. Hay un proyecto político, es una trayectoria definida activamente. No es solo un rechazo, es un hacer en el movimiento opuesto en relación a la vida, es decir, extremadamente peligroso. Lo que mantiene a todo Brasil, y no solo a quienes no les gusta, bajo tortura permanente. Es un torturador condenado que nos mantiene bajo tortura, ya sea desde la gestión de la pandemia o desde cualquier otro capítulo de su “administración”. Entonces, ¿qué hacemos a partir de ahí? Hay que recordar que no fue solo él, la pandemia también es responsable a nivel estatal y municipal. Amnistía lanzó una campaña el año pasado dirigida a gobernadores y alcaldes, a las autarquías en nombre de los derechos indígenas y quilombolas, y recordamos que era responsabilidad de todos y no solo de la legislación, sino que el funcionamiento del sistema demuestra corresponsabilidad. Entonces, es decir, el abanico de personas involucradas en esta producción de 600 mil muertes no es tarea sencilla.

Veo que esto también repercute en la sociedad y de alguna manera en todos nosotros. 600 mil muertes son mucha tragedia y detrás de estas muertes hay un gran contingente de dolientes, tenemos los huérfanos, tenemos las secuelas del COVID-19. El legado que tiene está fuera de la ética, la política y la salud pública; con la profundización de las desigualdades sociales. Fueron las mujeres negras las que pagaron el precio más alto y las que más murieron por COVID-19 al principio. Es decir, la cantidad de retos y secuelas que tenemos que afrontar es muy grande.

Violencia policial

Raza e Igualdad- Recientemente, Michelle Bachelet, Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, denunció en su informe sobre violencia policial y racismo sistémico la dimensión que la letalidad de esta violencia opera en la vida de los afros, y citó los casos de Luana Barbosa y João Pedro en Brasil. Desde una perspectiva interseccional, las personas afros LGBTI+, especialmente las personas trans en prisión, se encuentran entre las víctimas de este engranaje racista y LGBTIfobico. ¿Cómo podemos enfrentar el racismo y la LGBTIfobia en nuestra seguridad pública cuando se trata de una sociedad que considera a los cuerpos negros como cuerpos matables y desechables?

 Jurema Werneck – La primera forma que tenemos de actuar sobre este tema es reconocer y dar la dimensión de emergencia que tiene, porque son casos de vida o muerte. Porque están matando gente. La gente está muriendo física y existencialmente. Hoy la situación es tan mala que estoy celebrando las pequeñas victorias de los logros discursivos. Desde que Amnistía Internacional comenzó a trabajar sobre la letalidad policial y la muerte de jóvenes negros, nos hemos centrado en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el tema. Es bueno ver a Michelle Bachelet hablar de eso porque era su deber, pero aún es una pequeña victoria. Esto no salvará la vida de Luana, lamentablemente, porque ya está muerta, pero hemos estado trabajando en situaciones muy dramáticas, nuestros indicadores son de muerte. No es um berrinche porque el policía nos frunció el ceño, es un asesinato. Así que nuestra situación es muy dramática y terrible. Y tenemos que partir de este indicador, que es la punta más sangrienta del iceberg.

El movimiento negro ha estado trabajando con esto durante mucho tiempo. En 1978, la razón que reunió a representantes de federaciones de diversas organizaciones en las escalinatas del Teatro Municipal, en São Paulo, para crear el Movimiento Unificado contra la Violencia Policial, que luego se denominó Movimiento Negro Unificado (MNU), se debió a el asesinato de un joven afro. Pero fuimos desde 1978 hasta hace muy poco hablando con nosotros mismos. No había Naciones Unidas, ninguna organización blanca o organizaciones de derechos humanos. No había una ley nacional que se ocupara de la raza, solo estaba en los Estados Unidos. Nos costó mucha lucha. Sueli Carneiro, Lélia González y Amauri Mendes, entre muchas personas del movimiento, estaban en ese momento tratando de hegemonizar esta lucha. Lo que digo es que tenemos pequeñas victorias, pero eso no es suficiente. Lo que queremos es salvar vidas ahora mismo porque alguien está siendo asesinado ahora mismo. Y eso no es suficiente, y esa es nuestra angustia. El proceso de transformación política lleva tiempo, no salva todas las vidas que necesitaría.

No podemos contar cuánto del discurso de Bachelet influye para salvar vidas, pero termina influyendo de alguna manera, no solo porque frena ciertas manos, algunos dedos que están en el gatillo, porque es Naciones Unidas después de todos. Por otro lado, hay otros que los ignoran, porque el presidente dijo algo más y van a escuchar al presidente, entonces. Si tenemos al presidente de un lado y Bachelet del otro, estamos probando una estrategia de empate. Estamos tratando de empatar el juego para darnos espacio para seguir luchando. Como activista, no veo una salida que no sea una lucha. El proceso político se mueve como una situación, sabemos hacia dónde queremos ir, que es para mantener la vida de las personas. ¿Cuánto tiempo se tarda? Sabemos que no es una trayectoria lineal. ¿Qué herramientas se necesitan? Todos.

Femicidio y mujeres negras

Raza e Igualdad – El ‘Atlas de la Violencia 2021’ confirmó la lamentable estadística de que las mujeres negras son las mayores víctimas de violencia en Brasil: 66% de las mujeres asesinadas, mostrando que en 11 años, el homicidio de esta población aumentó en un 2%, mientras que el asesinato de mujeres no negras se redujo en un 27% en el mismo período (4). Podría comentar sobre esta violencia racista que convierte a las mujeres negras en las mayores víctimas del feminicidio.

Jurema Werneck – En los regímenes racistas, los hombres y mujeres negros serán las mayores víctimas de la violencia. Cualquiera que sea la clasificación de violencia. Seremos las mayores víctimas junto con los indígenas y los gitanos. Es ineludible y por eso queremos acabar con el racismo. No es hoy que el Atlas de la violencia lo demuestra. Logramos influir en el gobierno y ONU Mujeres para hacer estadísticas y demostrar lo que ya sabíamos; somos las mayores víctimas. La complejidad de este fenómeno pasa por recordar que el racismo es patriarcal y cis-heteronormativo, como dice la ONG Criola. Entonces, en este núcleo de interseccionalidad, tenemos una fotografía de las víctimas; son mujeres trans negras y mujeres cis negras. Vale recordar que las mujeres trans no están en esta estadística de feminicidios y, aun así, sabemos que la victimización entre ellas es aún mayor que entre las mujeres cis.

Lo que estoy tratando de decir es, tome una estadística de muerte y encontrará a la mujer negra allí. En los últimos años hemos sido nosotros los que hemos hegemonizado este discurso. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, más ahora que todo ha sido desmantelado. En el debate por la creación de la Ley Maria da Penha, ya dijimos que había que poner en marcha un mecanismo para enfrentar el racismo, porque las mujeres negras eran las mayores víctimas. Brasil todavía celebra esta ley hasta el día de hoy, pero las personas que construyeron y hegemonizaron la Ley Maria da Penha excluyeron y se negaron a implementar mecanismos para proteger la vida de las mujeres negras. Estas son las personas que dicen que tenemos que ir a la policía, pero ¿desde cuándo la policía es aliada de una mujer negra o de cualquier negro? Es decir, es necesario enfrentar el racismo y denunciarlo donde quiera que esté. La Ley Maria da Penha funciona para las mujeres blancas porque fue construida para ellas. Necesitamos encontrar otro mecanismo o reformar este para que funcione también.

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En medio de las luchas y desafíos de la población negra brasileña que comparte Jurema Werneck en esta entrevista, Raza e Igualdad reafirma la importancia de la perspectiva antirracista para enfrentar la violencia y opresión que invisibilizan y deshumanizan a los afros. Es a través del compromiso con una agenda antirracista y feminista, y en el enfrentamiento de las políticas neoliberales que atentan contra los derechos, que vislumbramos un horizonte de responsabilidad colectiva y un futuro en el que los derechos humanos sean, de hecho, un posible lenguaje de respeto por todas las formas de ser y existir. Así, recomendamos al Estado brasileño que:

1 – Implementar políticas de reparación para las familias víctimas de COVID-19; ya sean huérfanos, afligidos y personas que han venido a vivir con secuelas debido a la enfermedad;

2 – Producir indicadores interseccionales sobre letalidad policial en mujeres negras;

3- Implementar la Convención Interamericana contra el Racismo como instrumento legal para cambiar y crear leyes para combatir el racismo.

 

 

[1] Texto “De Ialodês y feministas: reflexiones sobre la acción política de las mujeres negras en América Latina y el Caribe”

[2] Comisión de Investigación Parlamentaria

[3] En el momento de la investigación y su presentación en el CPI, aún no existía vacuna para COVID-19.

[4]https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/08/31/atlas-da-violencia-2021.htm

Día Internacional de la Memorias Trans: Llamado urgente a combatir la transfobia en Latinoamérica

Washington D.C., 20 de noviembre de 2021.– Al conmemorar un año más el Día Internacional de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de los Estados y la comunidad internacional hacia las escalofriantes cifras de asesinatos de personas trans en las Américas, una realidad que—una vez más—coloca a la región en las listas más desafortunadas sobre homicidios a nivel mundial. Al mismo tiempo, Raza e Igualdad quiere exhortar a los Gobiernos para que la situación de violencia y discriminación en contra de las personas género-diversas sea puesta entre sus prioridades y adopten acciones urgentes y efectivas para combatir la transfobia.

El pasado 11 de noviembre, el proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), de TGEU, publicó un informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés), el cual es dado a conocer cada año en vísperas del 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans. Según los datos, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 hubo 375 asesinatos de personas trans en todo el mundo, de los cuales 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. A nivel global, el total representa un incremento del 7% respecto al informe anterior (Octubre 2019 – Septiembre 2020).

Tragedia transfóbica

En Latinoamérica, Brasil sigue siendo el país donde se registran más asesinatos de personas trans, seguido por México (65), Honduras (53) y Colombia (25)*. Respecto a las cifras mundiales, el informe del TMM destaca que el 96% de las personas asesinadas eran mujeres trans o personas trans femeninas, y que el 58% de las personas trans asesinadas cuya profesión se conocía eran trabajadoras sexuales. Este es un patrón muy fácil de corroborar en la región a través de las denuncias que hacen organizaciones LGBTI+.

“Los datos indican una tendencia preocupante en lo referente a las intersecciones entre misoginia, racismo, xenofobia y el odio hacia las trabajadoras sexuales, siendo la mayoría de las víctimas mujeres trans negras y de color, migrantes y trabajadoras sexuales”, alerta el TMM, que además advierte que estos números son sólo una pequeña muestra de la realidad, puesto que muchos asesinatos siguen sin reportarse, o son erróneamente identificados.

Vidas arrebatadas

Brasil, que tiene el 41% de los asesinatos de personas trans en el mundo, conmemora junto al Día Internacional de la Memoria Trans el Día Nacional de la Conciencia Negra. Por tanto, el 20 de noviembre representa entre las organizaciones de derechos humanos en el país, especialmente las que trabajan en la defensa de la población trans y de la población negra, una fecha para homenajear y visibilizar a ambas poblaciones, que coinciden en la intersección de sus vulnerabilidades en medio de una sociedad transfóbica y racista.

El país inició el 2021 con el brutal asesinato de una adolescente trans. La madrugada del 4 de enero, Keron Ravach fue asesinada a cuchilladas y golpes por un joven de 17 años que fue identificado como el autor del crimen de odio y fue detenido. La joven, que atravesaba un proceso de transición de género, fue definida por sus amigos como una persona tímida, pero que al mismo tiempo soñaba con ser una influencer digital. De acuerdo con el informe del TMM, la edad promedio de las personas trans asesinadas en el último año es de 30 años, siendo Keron la más joven de todas las víctimas, con solo 13 años.

Indolencia e impunidad

En la mayoría de los casos de personas trans asesinadas existen antecedentes de violencia y amenazas, pero estos son ignorados por las autoridades o no son atendidos oportunamente; por tanto, cuando ocurre el asesinato, no se cuenta con insumos suficientes para identificar a la persona o personas responsables. Esta es una denuncia que frecuentemente realizan organizaciones que promueven y defienden los derechos de la población LGBTI+ y que se vio manifestada en el asesinato de Gina Rodríguez Sinuiri el pasado 21 de septiembre, en el Callao, Perú.

Gina, de 28 años, recibió varias puñaladas en una habitación que rentaba en un hotel de la ciudad, y aunque fue trasladada a un hospital, falleció 18 horas después. El sospechoso es un hombre que solicitaba regularmente servicios de trabajadoras sexuales trans y las contactaba a través de sus redes sociales haciendo uso de distintos nombres. Según sus compañeras, no era la primera vez que el hombre contactaba a Gina. Además, la Agencia Presentes—que se encarga de visibilizar la situación de la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe—recogió declaraciones de compañeras de Gina, en las que señalaron que en varias ocasiones se han acercado a la Policía Nacional del Perú para denunciar actos de violencia en contra de ellas, pero siempre las ignoran.

A la indolencia de las autoridades, se suma el hecho que Perú no cuenta con una Ley de Identidad de Género, por lo que las personas trans no pueden realizar gestiones con su nombre identitario, y esto las expone a discriminación y burlas en varios sectores de la sociedad. “Nosotras denunciamos ante las autoridades y policías pero no nos hacen caso, y eso es lo que más frustración y cólera nos da. Nosotras tenemos familia, somos seres humanos que tenemos sentimientos. Cada vez que hacemos una denuncia, al darnos la media vuelta, lo archivan. Lo peor es que se ríen y nos botan”, dijo en esa ocasión una compañera de Gina.

Morir en la invisibilidad

Aunque los asesinatos de personas trans son invisibilizados en general, al abordar esta problemática se suele hacer referencia solamente en mujeres trans, debido a que las estadísticas muestran que son las principales víctimas, lo cual, sin duda, es una realidad. Sin embargo, los hombres trans también están en el foco de la violencia y discriminación por transfobia y, al igual que en el caso de las mujeres trans, esta se puede tornar mortal para ellos. Un ejemplo de ello es el caso de Samuel Edmund Damian Valentin, un joven transgénero que fue asesinado a tiros el 9 de enero en Trujillo Alto, Puerto Rico.

Samuel Edmund era estudiante en el Atlantic University College, en Guaynabo, y el primero de enero había escrito en su página de Facebook: “un nuevo año por venir, agradecido por todas las experiencias que [me enseñaron] lo fuertes que somos realmente, a la vida, al bien y al mal y por toda la justicia que está por venir”.

«Sobre los hombres trans y la invisibilización en la esfera pública, la verdad es que es la violencia que más sufrimos. La vida cotidiana está pensada para los hombres cis género; no se nos puede garantizar temas de salud pública de manera digna y eficiente para nosotros. Es importante que nombren nuestras identidades, que hombres trans o personas transmasculinas se embarazan. Lo que no se nombra no existe. Si existimos en los espacios, existamos en la palabra”, refiere al respecto Danilo Donato, activista transmasculino e integrante de la Fundación GAAT, de Colombia. Según el registro de esta organización sobre muerte de personas trans, en lo que va de este 2021 en el país han sido asesinadas 32 hasta la fecha, mientras que 8 han fallecido por complicaciones derivadas por cirugías e intervenciones artesanales y de barreras de acceso a derechos.

Odio en su máxima expresión

Kendra Contreras, conocida como “Lala”, era una mujer transgénero de 22 años que habitaba en la localidad de Somotillo, en el occidente de Nicaragua. Quienes conocían a Lala aseguran que era una joven soñadora, esforzada, con anhelos de superación y que deseaba que su identidad de género fuera respetada. Lamentablemente, el 3 de marzo de 2021, dos hombres acabaron con su vida de una forma atroz: la amarraron a un caballo dejando que la arrastrara en dos ocasiones por al menos 400 metros y luego la lapidaron. Esta es la máxima expresión del odio hacia las mujeres, cuerpos e identidades diversas en una sociedad altamente machista, como es la nicaragüense.

Desafortunadamente, esa no fue la única vez que mataron a Lala, pues lo hacen cada vez que irrespetan su identidad de género y la llaman por su “nombre de pila”, cuando se refieren a ella como “hombre” en reportes de espacios informativos. Muchos medios de comunicación siguen haciendo un mal abordaje de estos casos al centrarse en información y prejuicios que generan morbo y revictimizan a las víctimas de transfobia y violencia de género.

Llamado urgente

Como cada año, Raza e Igualdad aprovecha esta fecha para recordarle a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en lo concerniente a la situación de violencia y asesinatos contra personas trans, realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Monitorear y sancionar públicamente los discursos transfóbicos que muchas veces se cuelan en medios de comunicación y que incurren en llamados a la discriminación y violencia contra la población trans.
  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusiónde las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Recolectar datos sobre hechos de violencia y asesinatos contra personas trans, desagregados por identidad de género específica e identidad étnico-racial.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar a la población sobre la orientación sexual e identidad de género, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBI y trans.

*En el caso de Colombia, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans (GAAT) registra 32 asesinatos de personas trans en lo que va de 2021.

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