Transcinema: presencia y representación trans en el audiovisual brasileño

Transcinema: presencia y representación trans en el audiovisual brasileño

Brasil, 11 de junio de 2021 – “Nunca imaginé vivir en un país que más mata travestis y transexuales. Nunca imaginé lo poderosa que podría ser la referencia de mi población, actuando dentro y fuera de la pantalla. En teatro, produciendo música dentro y fuera de la radio, bailando y naturalizando la presencia de nuestro cuerpo trans em Brasil ”. Con esta alusión al poder de los cuerpos trans y la realidad brasileña, Wescla Vasconcelos – directora, guionista y presentadora – abre el programa “ Transcinema : presencia y representación trans en el audiovisual brasileño” [1] . Realizado con recursos de la ley Aldir Blanc, del Gobierno del Estado de Río de Janeiro y la Secretaría de Estado de Cultura y Economía Creativa del Gobierno Federal, el programa también contó con el apoyo de la red de cines Kinoplex. Escrito em conjunto con Biancka Fernandes, el Transcinema surgió con el objetivo de visibilizar y debatir la presencia de cuerpos trans en el audiovisual.

Con la participación de actrices como Divina Aloma, Biancka Fernandes y Rebecca Gotto, quienes narran sus trayectorias artísticas de cuerpos desobedientes a los géneros y estándares mediáticos imperantes, todas exaltan el poder disruptivo de sus transgeneidades para el audiovisual brasileño. A través de los breves relatos de sus historias, muchas provienen de um largo recorrido en esta industria, las actrices narran la evolución de la representación trans más allá del estigma y el prejuicio, demostrando que sí, las personas trans pueden y deben ser protagonistas de su propia historia. La conquista de espacios de representación en el sector cultural es una lucha de larga fecha para la población trans, pues por lo general, sus actuaciones se limitan a papeles secundarios o sus historias quedan archivadas, ya sea frente o detrás de las cámaras y/o en proyectos culturales. Además, debido a la transfobia, muchos hombres cisgénero actúan en roles de personas trans, acentuando aún más el borrado de sus historias y la marginación de las mujeres trans y travestis.

Cabe recordar que la profusión de redes sociales y la mayor facilidad de acceso a Internet es y fue importante para la visibilidad de la población trans, así como las pautas de identidad que contribuyeron a la creación de contenidos audiovisuales que debaten la importancia de la representación trans en los espacios de decisión del poder. Y como la comunicación es poder, lo simbólico construido sobre las personas trans necesita ser cuestionado constantemente, ya que los medios legitiman y romantizan las narrativas cisheteronormativas, llevando a la población trans a una eterna disputa por la representación más allá de las noticias sobre violencia y muerte. Por tanto, la representación trans también debe contemplarse en el mercado audiovisual en la generación de empleo y como medio de inclusión social mucho más allá de la pantalla.

Para hablar sobre el proyecto ‘ Transcinema ‘, Raza & Igualdad invitó a Wescla Vasconcelos, quien además de ser la creadora del programa, es actriz, educadora, estudiante de maestría en Cultura y Territorialidades en la Universidad Federal Fluminense (UFF), la asesora parlamentaria en el despacho de la concejala Tainá de Paula, en Río de Janeiro, y también actúa como articuladora del Fórum TT-RJ. Wescla también habla de la importancia de las narrativas de las actrices invitadas para reconocer a las personas trans como referencia de sí mismos y cómo esta evolución es importante para las nuevas generaciones.

Raza e Igualdad – ¿Cómo surgió la idea del programa ‘Transcinema’? ¿Cuántas ediciones serán?

 Wescla Vasconcelos – El ‘ Transcinema ‘ surgió de un sueño que tuve como artista, que es tratar de producir contenido que pueda reflejar, de muchas maneras, el poder de la presencia de personas trans y travestis en el audiovisual, pero también a través de otros lenguajes artísticos. En 2020 colaboré en la construcción de un programa para la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), con el primer festival “ Travestilizando”. Este festival tuvo como objetivo reunir a varios artistas trans para insertarlos en las redes sociales y mostrar sus talentos durante la pandemia. Incluso, hicimos varias campañas virtuales recaudando fondos para ayudar con alimentos y productos básicos de higiene para varios artistas trans en todo Brasil. Aún en medio de la pandemia, llegó el recurso de emergencia de la ley Aldir Blanc, y yo, como artista, transexual y cearense [2], me di cuenta de la importancia de producir contenidos que reflejaran el poder de la representación trans en el sector audiovisual . Así, junto con Biancka Fernandes, somos dos artistas trans del Nordeste, iniciamos este movimiento de escribir un proyecto basado en este tema de la representación trans en el audiovisual brasileño. Fue la primera idea de guión de lo que escribimos juntas, así como la primera producción que dirigí y al mismo tiempo produje, junto con otras personas involucradas. Así surgió, de la cuarentena y la necesidad de producir contenidos que reflejen el poder de la representación trans en el audiovisual. Hasta ahora ‘ Transcinema ‘ contaba con esta única edición, pero para el segundo semestre de 2021, pretendo desarrollar otros contenidos en esta línea que contemplen a las personas trans en el audiovisual brasileño.

R&I – Como guionista y directora, ¿cuáles fueron sus influencias y preguntas para debatir este tema?

WV – Las principales influencias para la construcción del guión y la dirección del programa se basan en algunas entrevistas con artistas trans, tanto de Brasil como de otros países. El programa se basó, en primer lugar, en el documental denominado ‘ Disclosure ‘, disponible en Netflix . Además de este documental, también me inspiré en el artículo escrito por Bruna Benevides titulado ’11 películas sobre activistas trans que debes conocer’ [3]. El artículo fue escrito en el sitio web de Medium y está disponible en las redes. Es maravilloso, me inspiró mucho a construir el guión del programa.

R&I – ¿Cómo fue la experiencia de llevar la historia de las actrices trans y cuál es el mensaje de ‘Transcinema‘ al público en general?

WV – El programa fue una experiencia de reunir a varios artistas trans de diferentes ciudades, Divina Loma hablando un poco sobre la época de Madame Satã, en Río de Janeiro, y lo que ella pasó como artista transexual negra en ese momento. Luego vino el Rebecca Gotto quien es actriz de la Baixada Fluminense, enfocándose en el tema del acceso, las oportunidades y la lucha por el respeto al nombre social, especialmente como artista. Allí estaba Biancka Fernandes guiando un poco sobre el universo de la prostitución, la marginación de las calles y la importância de la poesia como fuerza de su arte. Fue una experiencia de conversación entre generaciones humanizando el debate sobre el entretenimiento, el cine, la producción de contenidos, utilizando a nuestras personas trans y travestis como referencia para nosotras. Creo que este es el mensaje principal que trae el programa ‘Transcinema’ en la lucha contra los prejuicios y la discriminación.

R&I – Basado en tu experiencia como militante y como articuladora del Fórum TT-RJ, ¿cómo puede ‘Transcinema’ contribuir a reparar la transfobia en un país que mata a la mayoría de personas LGBTI+ en el mundo?

WV – Me doy cuenta de que el programa ‘Transcinema’ contribuye directamente a los debates que son urgentes en nuestra sociedad. Vemos mucho en la televisión y en los grandes medios, siempre vinculando el debate de los prejuicios y la discriminación a las muertes y asesinatos, marginando a estas transexuales y travestis. Pensando desde este lugar de movimiento social, la experiencia en la construcción de ‘Transcinema’ fue en el sentido de hablar de vida. No podemos, las personas transgénero, reducir nuestros discursos y presencia en la sociedad solo debatiendo el tema de la transfobia, los prejuicios y la discriminación. Tenemos que debatir todo esto y luchar por el derecho a la vida en este país que tanto asesina nuestros cuerpos de trans y travestis.

Por otro lado, es importante reconocer lo que cada una de nosotras hace en la vida, porque hay muchas cosas poderosas y inspiradoras que sirven de referencia no solo para las personas trans, sino para la sociedad en su conjunto y la población LGBTI+. El contenido de ‘Transcinema’ ayuda a decir que siempre hemos estado en diferentes lugares, ocupando diferentes espacios en la sociedad. Lo que hace la sociedad es no admitir nuestra presencia.

R&I – ¿Cómo ves el recorrido de la presencia trans en el audiovisual brasileño hasta hoy?

WV – Al final del programa ‘Transcinema’ traigo mucho mensaje que es ‘actuemos, cantemos, bailemos, practiquemos todos y cada uno de los deportes’. La sociedad ya no puede eludir el debate sobre cuerpos trans, travestis, mercado laboral, oportunidades y la universidad, porque somos seres humanos y estamos incluidos en la sociedad de todos modos. Entonces, tenemos que incentivar esta inclusión para que suceda de una manera más práctica y concreta, por eso creo que el audiovisual brasileño hasta hoy ha ido sufriendo cambios que también me sorprende. El audiovisual brasileño ha pasado por momentos de transformaciones que pudieron haber ocurrido antes, pero no sucedieron, están sucediendo hoy y reflejan un futuro que será de disputa de narrativas, de cuerpos y de contenidos sobre la representación. El tema del programa ‘Transcinema’, pensando en esta evolución del audiovisual brasileño, está muy ligado a nosotras, artistas transexuales hablando de otros de nosotras que hemos pasado por el entretenimiento en tiempos pasados, comentando su propio trabajo para hacer referencia y exaltarlas, y al mismo tiempo dejar mensajes que, por ejemplo, cuando era niña o adolescente, nunca había visto tal contenido. Entonces, creo que las niñas y adolescentes transexuales que tengan acceso a contenidos como ‘Transcinema’ fomentará la idea de que pueden verse reflejadas en la televisión, en el cine, en el arte y en varios otros lugares de la sociedad por otros de ellos mismos, otras transexuales y travestis.

R&I – Otro infeliz estadísticas brasileñas y trae la presencia trans y travesti en el audiovisual es de que Brasil es el país que consume pornografía trans y travesti en el mundo, pero el tabú sobre los cuerpos trans permanecen. ¿Cómo ves este posible cambio de paradigma dentro del audiovisual?

WV – La estadística es un dato triste, Brasil es el país que más mata transgénero y travestis  no por fatalidad, me gusta mucho enfatizar esto, porque son crímenes de odio con mucha brutalidad. Al mismo tiempo que pensamos en esta triste estadística, vemos que el consumo de pornografía es altísimo. Y además de las plataformas digitales, la pornografía virtual, el consumo de los cuerpos de trans y travestis es muy alto también. Las esquinas de la prostitución no se detuvieron del todo en este período de pandemia y, ahora con este movimiento de vacunación de personas, el mercado de la prostitución vuelve a acelerarse de cierta manera. Estos son problemas sociales que nunca han estado tan presentes como lo están hoy. Necesitamos fortalecer este debate pasando por estos hechos de que es el país que más mata y consume más contenido pornográfico trans y que contrata servicios de prostitución. Estos son tabúes que necesitan ser debatidos y, además, es necesario pensar en alternativas para que esto pueda ser algo que no atente contra los derechos y la dignidad y vida de esta comunidad LGBTI+.

El audiovisual puede desmitificar, en el sentido de que la búsqueda de pornografía y prostitución en las calles mueve a determinadas personas en busca de temas concretos, que en este caso es el sexo. Y por otro lado, producir contenidos con personas trans en el audiovisual, sean lo más diversos posible, ayuda a humanizar estos cuerpos para que no sean cuerpos destinados únicamente a contenidos pornográficos y de prostitución. Los cuerpos trans también pueden ser referentes en varios debates sobre contenidos audiovisuales, y la naturalización de esta presencia en la sociedad acaba por desmitificar todo este tabú. La participación de personas trans en el audiovisual brasileño puede ayudar a reducir tanto la discriminación como los prejuicios.

R&I – La popular Madame Satã trae una figura simbólica que siempre ha tenido que fijar su papel de fuerte y que se enfrenta a todos para sobrevivir, y el cine ha perpetuado esta imagen. ¿Qué imagen de las personas trans necesitamos reconstruir para que surja uma representación símbolica descolonizada sobre los cuerpos trans?

WV – Se hace referencia a Madame Satan en nuestro programa, la propia Divina Aloma es una de las pocas artistas trans que tuvo contacto con Madame Satã. Desafortunadamente, recientemente tuvimos la muerte de Rogéria y Jane di Castro de Divinas Divas, entonces, la participación de Aloma en el programa ‘Transcinema’ es un gran regalo. Es una herencia viva, en vivo, comentando Madame Satã, es uno de los momentos definitorios de nuestro documental. Por otro lado, desde Madame Satã, también tenemos ese cuerpo artístico y visual que confronta el fascismo y el prejuicio, un cuerpo trans que se hace vulnerable principalmente por ser un cuerpo trans y afro. Y al mismo tiempo abordando el tema de la violencia policial, el abuso que estas instituciones del aparato ideológico del Estado, como la policía y varios otros, han recriminado y discriminado a órganos de nuestra sociedad.

Continuación VM: Para pensar en una reconstrucción de símbolos y luchas que puedan descolonizar los cuerpos trans es necesario no solo que las personas trans actúen, sino pensar en cómo el debate LGBTI+ y el debate trans se están estructurando en la sociedad. Además de actuar en los distintos medios cinematográficos y artísticos, creo que también es importante estemos al tanto de estos procesos. Cada vez es más necesario que tengamos guionistas, editores, productores de contenido y directores creativos trans. Estar dentro de la estructura y funcionamiento de estos amplios espacios de la sociedad. Porque desde el momento en que hagamos esto, veremos no solo a personas trans actuando, sino dirigiendo, produciendo, escribiendo y haciendo que todo funcione con la presencia de estos cuerpos y talentos profesionales trans y travestis. Todo esto contribuirá a naturalizar y descolonizar la experiencia de los cuerpos trans en la sociedad. Dado que aún vemos que existe una gran falta de presencia de personas trans en diversos sectores de nuestra sociedad, es importante pensar que cuando se facilite este acceso, estas personas naturalizarán cada vez más su presencia en la sociedad y, así, de alguna manera, debilitando los prejuicios y la discriminación.

Para contribuir a la promoción del sector cultural como reconocimiento y valoración de la expresión popular, Raza e Igualdad reconoce que el derecho a la cultura es fundamental para la contribución de la historia de un pueblo y sus tradiciones. Además, la valoración de la cultura desde una perspectiva plural y interseccional conectado a la lucha por los derechos básicos de los pueblos. Por lo tanto, nuestro compromiso en la defensa y promoción de las agendas LGBTI+, raciales e indígenas tiene como objetivo cambiar la estructura de un mundo diseñado para cuerpos y personas únicos. Por eso, reconocemos que la diversidad es un derecho fundamental y felicitamos a las diversas producciones culturales.

[1] Vea el programa Transcinema aquí: https://www.instagram.com/p/CPJZ6HfDEaR/

[2] derivación de los nacidos en el estado de Ceará

[3] https://brunabenevidex.medium.com/11-filmes-sobre-atividades-trans-que-voc%C3%AA-precisa-conhecer-a2eb9654b4ee

Violencia política en Brasil: ¿cuánto vale la vida de las concelajas negras y transgénero?

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado urgente a los mecanismos de protección de los derechos humanos internacionales, ante el aumento de la violencia política y electoral que está afectando la seguridad de las conselajas trans y negras en Brasil, ya sea en su vida diaria o en el ejercicio de sus funciones. El inminente riesgo de muerte por violencia política llevó a la concejala trans negra, Benny Briolli (PSOL/RJ), a abandonar el país este mes de mayo. La gravedad de las amenazas y ataques dirigidos a Benny hizo que su partido político buscara refugio en otro país por su seguridad.

La fragilidad actual de la democracia brasileña cuestiona a los políticos que defienden pautas para la garantía de los derechos humanos, siendo la violencia política el motor del discurso de odio y la difusión de noticias falsas. Notamos con gran preocupación que el Estado brasileño omite las denuncias y, cuando se ve obligado a responder ante la presión de la prensa o audiencias públicas, utiliza estadísticas dudosas, así como el nombramiento de mujeres, personas afros y LGBTI+ para aparentar la inclusión de la diversidad en su gobierno. Sin embargo, la falta de medidas de protección para estos grupos, en sí misma, demuestra que, para quienes están en el poder, no es relevante cesar la estructura que alimenta la violencia política.

Después del período dictatorial – que significó una violencia política extrema – el juego de poder que atraviesa el escenario político democrático brasileño continuó marcado por amenazas y ataques, culminando con el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018. Sin embargo, es importante señalar que la violencia política también fue estratégica para la elección del presidente Jair Bolsonaro, quien luego de supuestamente recibir una puñalada, logró movilizar a todo el país ante tal hecho. Por lo tanto, la violencia política es la nota clave necesaria de un gobierno negacionista para establecer una cultura de miedo y represión.

La política de miedo e inseguridad solo es efectiva cuando los representantes de la población más vulnerable no pueden ejercer sus mandatos porque cuestionan el status quo, ya sea por sus plataformas políticas, o por sus cuerpos negros que realizan el género femenino. Así, para un gobierno que se consolidó en las urnas por un hecho de violencia política, este efecto dominó que llevó a la concejala Benny Briolli a salir del país es la punta del iceberg de los ataques virtuales, la violencia de género y el silenciamiento de una nación.

En la era bolsonarista, las elecciones de 2020 se desarrollaron en medio de tensiones y amenazas políticas y electorales. Si bien en 2020 el movimiento negro logró pasar el criterio racial [1] para la división del tiempo y la propaganda política en radio y televisión, el discurso de odio en las redes sociales cobró fuerza y, según una investigación realizada por las organizaciones Terra de Direitos y Justiça Global [2], Brasil registró un acto de violencia política cada 72 horas en las últimas elecciones. La polarización del escenario político ha naturalizado la violencia como un ‘arma’ coercitiva para grupos antagónicos y subrepresentados.

El informe “Violencia política y electoral en Brasil: panorama de las violaciones de derechos humanos de 2016 a 2020”, realizado por las instituciones mencionadas anteriormente, presenta datos impactantes, como un promedio de 27 casos de ataques a la vida de electos o candidatos por año. Concejales y alcaldes se encuentran entre los cargos políticos con más casos registrados y, como hemos denunciado en repetidas ocasiones, el informe confirma que proporcionalmente las mujeres sufren más violencia. El “Mapeo de la violencia política contra las mujeres negras” [3] realizado por el Instituto Marielle Franco en alianza con Justiça Global y Terra de Direitos, trae el foco de la violencia política de género. Según el informe, aproximadamente ocho de cada diez mujeres negras en las elecciones de 2020 experimentaron violencia virtual, seis de cada diez experimentaron violencia moral y psicológica y cinco de cada diez experimentaron violencia institucional.

Según una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) [4] con candidatas y candidatos transexuales en todo Brasil en las elecciones de 2020, alrededor del 50%  fueron víctimas directas de amenazas, incluidas amenazas de muerte, invasiones de su entorno privado, laboral y político. Además, el 38% enfrentó ataques virtuales y el 12% violencia física directa. Según la investigación, el entorno virtual estuvo marcado por “insultos transfóbicos, intimidación inferiorizadora de la condición trans como incapacitante para cargos políticos, racismo transfóbico, deslegitimación de la identidad de género de las víctimas, comentarios maliciosos sobre la transición y atributos físicos (…), difusión de fakenews degradantes de los candidatos e invasiones coordinadas de las actividades de la campaña virtual para obstaculizar su avance, creando un entorno inseguro y, en algunos casos, interrupción por problemas de seguridad virtual”.

Para contribuir a la difusión de las denuncias que están ocurriendo en Brasil en este momento, hablamos con Gisele Barbieri, Coordinadora de Incidencia Política de Terra de Direitos, y también una de las responsables de coordinar la investigación mencionada.

R&I- En el informe elaborado por Terra de Direitos, el cuadro de violencia política y electoral ya presentaba datos que apuntan a un crecimiento de 2016 a 2020. Los datos se vuelven más atemorizantes tras la elección del gobierno de Bolsonaro, a partir de 2018. En las elecciones del año pasado, vimos un aumento expansivo de los llamados delitos de odio, con amenazas y ataques en las redes, especialmente contra mujeres trans y negras. Ante la negativa del gobierno a ver y combatir estos crímenes, ¿cree que es posible vislumbrar el fin de la violencia política y electoral contra las mujeres en Brasil? ¿De qué forma?

Gisele Barbieri – La violencia política, como demostramos en la encuesta realizada por Terra de Direitos y Justiça Global en 2020, lleva muchos mensajes desde y hacia la sociedad. Contra las mujeres, este fenómeno expone el racismo, el machismo, la misoginia y otras violencias. Por tanto, vislumbrar el fin de esta violencia solo será posible cuando nos demos cuenta de que combatirla es fundamental para la consolidación de la democracia. Además, se trata de una grave violación de los derechos humanos, ya que estas mujeres que ya actúan en la defensa de los derechos humanos, cuando asumen sus mandatos, son blanco de violencia constante, con el objetivo de prevenir el debate y la defensa de estos derechos. Y la responsabilidad de combatir esta violencia no es solo del gobierno, sino de la sociedad en general. La investigación señala que esta violencia ocurre de manera sistemática y no solo en los períodos electorales, con todos los partidos políticos en todo Brasil, además de mostrar que con las mujeres esta violencia se utiliza como una forma de deslegitimarlas como agentes políticas. Con estos análisis, evaluamos que el fin de la violencia política solo ocurrirá cuando este fenómeno sea monitoreado, estudiado, combatido y sancionado, a través de acciones coordinadas entre diferentes sectores del Estado, como se señala en las recomendaciones de la investigación de Terra de Direitos y Justiça Global.

R&I – Las mujeres negras y trans están luchando por una mayor representación política y, en las últimas elecciones, tuvimos un récord de mujeres trans y negras elegidas para los ayuntamientos. Incluso con el apoyo de la sociedad, el ejercicio de los mandatos ha sido una ardua tarea. Según el informe de Terra de Direitos y Justiça Global, las mujeres representan el 31% de las víctimas de amenazas. ¿Podrías comentar el cuadro que cruza la violencia de género en la especificidad de la violencia política contra las mujeres negras y trans? ¿En qué se diferencia de la violencia política dirigida a otros grupos?

 GB – La investigación realizada por el Instituto Marielle Franco con el apoyo de Terra de Direitos y Justiça Global trajo elementos de cómo el racismo, que es estructural y estructurante en nuestra sociedad, también se plantea como vector de violencia contra las mujeres negras y trans agentes políticas. Este fenómeno para estas mujeres está presente antes, durante y después de la elección de estas candidatas. El mensaje para las mujeres negras y transexuales llega en forma de insultos y amenazas constantes, apuntando a la eliminación y deshumanización de estas mujeres a través de ataques que van desde la animalización de estas mujeres, comparadas con animales, insultos en su cabello y su apariencia hasta amenazas explícitas de muerte. El racismo es el hilo conductor de la violencia y el odio racial sistémicos que en cualquier momento puede acabar con la vida de estas mujeres. Todo ello con un discurso que justifica los ataques por la “hazaña histórica” lograda por estas mujeres y por verse representadas en el sistema político, a pesar de que son casi el 30% de la población brasileña.

R&I – En Brasil, tenemos el caso reciente de Carolina Iara, quien sufrió un ataque físico, e incluso entonces, le fue negado la protección de la Cámara porque es co-consejala y tuvo que contratar seguridad privada. La desprotección de Marielle Franco es también uno de los puntos que descuidaron el caso de la concejala. Además, la ineficiencia del Estado con el Programa de Defensores de Derechos Humanos no los protege. Incluso denunciando, no hay respuesta del Estado. Después de todo, ¿cómo ve que podemos protegerlos? [5]

 GB – El hecho de que esta violencia no sea monitoreada y acompañada por el Estado crea un vacío institucional en este tema. Es urgente desarrollar un plan integral de acomodación de denuncias y víctimas, en una política de protección específica para este tipo de violencia. El programa nacional de defensores y defensoras de derechos humanos es incapaz de responder a este fenómeno porque, aunque está dirigido a defensores y defensoras de derechos humanos, no cuenta con mecanismos para abordar este tipo específico de violencia. Un ejemplo es la acción de sacar a la víctima de su lugar de trabajo como forma de protegerla de amenazas. En casos de violencia política, sacar a los candidatos del lugar de ejercicio de su mandato es cumplir con la voluntad de los delincuentes que, con estos ataques, precisamente quieren impedirles el libre ejercicio de sus derechos políticos. Violencia que interfiere directamente en el proceso democrático y constituye una gravísima violación de los derechos humanos.

En vista de nuestro trabajo de incidencia en América Latina, Raza e Igualdad señala que la violencia política actual es uno de los principales factores de las violaciones de derechos humanos en la región. Brasil, siendo un país clave en términos políticos, debe tomar posición y presentar estrategias efectivas para respetar la vida de sus parlamentarios y combatir la violencia política. Por ello, presentamos las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:

1 – Garantía de seguridad para parlamentarios cis y trans negros con la implementación de políticas para combatir la violencia política de género, empoderando instituiciones de la seguridad pública, Judicil y Legislativo para promover acciones a nivel nacional para combatir dicha violencia;

2 – Creación de legislación específica dirigida a prevenir, frenar y sancionar los delitos cibernéticos y la consecuente difusión de noticias falsas que ha sido uno de los pilares de los ataques de violencia política;

3 – Ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia con miras a sancionar y restringir el racismo y los derechos estructurales e institucionales LGBTI+;

4 – Implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en la legislación brasileña para la formulación de políticas públicas antirracistas.

 

 

 

[1] https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/03/stf-divisao-verba-candidaturas-negras.htm

[2] http://terradedireitos.org.br/violencia-politica-e-eleitoral-no-brasil/

[3] https://www.violenciapolitica.org/

[4] https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf

[5] La entrevista ocurrió antes del reciente caso de la concejala Benny Briolli

Un año del asesinato de George Floyd: llamado a fortalecer los mecanismos de derechos humanos para combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial

Washington D.C., 25 de mayo de 2021.– A un año del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de cuatro policías en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) renueva su llamado para que los organismos internacionales y los Estados redoblen sus esfuerzos para combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de derechos humanos que deben dar seguimiento a la Resolución 43/1 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y hace una especial exhortación a Estados Unidos para que escuche a las víctimas que piden justicia, reparación y garantías de no repetición.

El asesinato de Floyd fue grabado por un testigo y el video se hizo viral rápidamente en redes sociales, provocando manifestaciones de indignación y rechazo no solo en Estados Unidos, sino en ciudades de todo el mundo, bajo las consignas LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN y “No puedo respirar”, la frase que Floyd repitió incasablemente hasta morir. Ante tal nivel de conmoción, el 17 de junio de 2020 el Consejo de Derechos de la ONU llevó a cabo el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas.

Dos días después, el Consejo adoptó la Resolución 43/1 “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”, la cual llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

En marzo de este año, cuando la comisionada Michelle Bachelet brindó una actualización oral sobre la Resolución 43/1 ante el Consejo de Derechos Humanos, afirmó que el informe que tiene previsto presentar en junio próximo “recomendará un programa transformador que elimine el racismo sistémico y la brutalidad policial contra los africanos y los afrodescendientes, además de que promueva la rendición de cuentas y el resarcimiento de las víctimas”.

Cabe destacar que después del asesinato de George Floyd, las muertes a manos de policías han continuado en Estados Unidos, con un total de 6 en el 2020 y 3 en lo que va de 2021.

En Raza e Igualdad reconocemos y aplaudimos la voluntad del Consejo de Derechos Humanos, así como de los países ahí representados y de las organizaciones internacionales que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos, para tomar acciones en el combate a la situación de racismo y violencia policial que se manifiesta en todo el mundo, y que, en el caso de América Latina y el Caribe, tiene significativas repercusiones, sobre todo en Brasil con la reciente masacre de Jacarezinho, y en Colombia con la desmedida respuesta de las fuerzas públicas ante las manifestaciones que se registran en todo el país en el marco del Paro Nacional.

Según el informe preliminar de la organización colombiana Consultoría por los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), de las 39 personas asesinadas en medio de las manifestaciones entre el 28 de abril y el 18 de mayo de 2021 en los municipios de Cali y Yumbo, departamento de Valle del Cauca, 11 eran visiblemente afrodescendientes, 1 indígena, 9 mestizas y 18 cuya identidad étnico-racial no habían logrado identificar hasta la fecha de publicación del informe.

Esperamos que en medio de este esfuerzo por combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial, los Estados demuestren su voluntad de erradicar estos males que afectan el Estado de Derecho, y hagan realidad las obligaciones suscritas en materia de derechos humanos y justicia racial, incluyendo la firma y ratificación de Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Asimismo, confiamos en que desde el Sistema Universal de Derechos Humanos se puedan destinar más recursos para el fortalecimiento de los mecanismos de derechos humanos que dan seguimiento a las obligaciones de los países, y que desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se mantenga el seguimiento y denuncia de violaciones a derechos humanos.

Desde Raza e Igualdad seguiremos trabajando con organizaciones aliadas en América Latina en la defensa y protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes y otros sectores históricamente discriminado, incluyendo la labor de documentación y denuncia para visibilizar sus realidades y lograr cambios para una sociedad más justa y equitativa.

Raza e Igualdad condena la masacre de Jacarezinho

Brasil, 7 de mayo de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y repudia el uso excesivo de la fuerza policial que resultó en la masacre de 25 personas en la favela Jacarezinho, en Río de Janeiro, el 6 de mayo de 2021. Casas fueron invadidas, los residentes fueron atacados y helicópteros de la policía aterrorizaron a toda la comunidad.  Río de Janeiro lideró el operativo policial con el mayor número de muertos en la historia. Ante estas graves violaciones de derechos humanos, Raza e Igualdad insta al gobernador Claudio Castro a rendir cuentas junto con la Policía Militar y Civil involucradas en el operativo.

Una ciudad con tantos asesinatos en su historia no protege a sus ciudadanos. En 1993, las masacres de Vigário Geral (21 muertos) y Candelária (8 muertos); en 2017, la de Favela del Alemão (19 muertos), y esta última en la Favela del Jacarezinho que deja 25 muertos. Según reportes, los ciudadanos recibieron disparos en las estaciones de tren y metro. No existe una política de seguridad que pueda explicar el fuego cruzado y los disparos a quemarropa en la población. No existe una política antidrogas que justifique la letalidad contra quienes viven en situación de vulnerabilidad. Según la Red de Observatorios de Seguridad de Brasil, solo en el primer trimestre de 2021, hubo 257 operativos policiales, con un saldo de 69 muertos en Río de Janeiro, incluso después del juicio Favelas ADPF [1], en el que la Corte Suprema impuso restricciones a los operativos policiales como forma de contener la violencia policial durante la pandemia.

Raza e Igualdad hace un llamado a la comunidad internacional para exigir justicia ante esta política de violencia y muerte que ha terminado con la vida de niños y jóvenes de la comunidad. Alertamos a los organismos internacionales de derechos humanos sobre el hecho que, en Brasil, las personas que el Estado considera «sospechosas» tienen un color de piel y una clase específica. El racismo histórico y estructural atraviesa la política de seguridad actual, siendo la población negra la que más sufre por la violencia policial y representa la mayoría de la población carcelaria del país. También recordamos que el gobernador Claudio Castro, además de incumplir una sentencia de la Corte Suprema en el país, provocó la muerte de niños. Solo en Río de Janeiro, de enero a junio del año pasado, 99 niños y adolescentes fueron asesinados por la policía, 27% en la capital y 73% en otros municipios.

Lea: El mundo necesita observar lo que está ocurriendo en Brasil

Extendemos nuestra solidaridad a toda la comunidad de Jacarezinho y a los familiares de las víctimas de esta barbarie. Un estado que contabiliza 45 mil muertos por COVID-19 y lleva a cabo un brutal operativo policial no valora la vida de sus ciudadanos. ¿Qué vidas realmente importan frente a una política de muerte? Les recordamos que, para combatir el crimen organizado, es necesaria la estrategia, el equipo de inteligencia, el monitoreo y acciones coordinadas. ¡La violencia no se puede combatir con más violencia! Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad, expresa su indignación y declara que la acción policial que se llevó a cabo este jueves 6 de mayo tiene varios nombres: barbarie, masacre, extermínio, todos dirigidos a cuerpos negros, pobres y habitantes de tugurios. ¡Exigimos respuestas del Ministerio Público y de los órganos de justicia sobre este operativo que, una vez más, se dirige al exterminio de la juventud afro en Brasil!

[1] (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) Caso No. 635, conocido como “ADPF Favelas”. Lea em inglês: https://www.conectas.org/en/news/understand-what-led-the-supreme-court-to-suspend-police-operations-in-rio-de-janeiros-favelas

Audiencia sobre violencia política en Brasil: concejalas afro (cis y trans) denuncian negligencia del Estado brasileño ante la CIDH y piden protección

Brasil, 06 de abril de 2021 – En una audiencia dedicada exclusivamente a denunciar la situación de los derechos políticos en Brasil, concejalas afro cis y trans, junto a organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el panorama actual de violaciones de derechos civiles y políticos que atenta contra la seguridad de parlamentarias del país. La audiencia se llevó a cabo el 23 de marzo, en el marco del 179 periodo de audiencias públicas de la CIDH, y fue presentada por las organizaciones: Associação Nacional de Travestis y Transexuais (ANTRA); Criola; Terra de Direitos; Instituto Marielle Franco; Justiça Global; Rede Nacional de Negras y Negros LBGT y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

En la audiencia participaron las concejalas Erika Hilton (PSOL/SP); Ana Lúcia Martins (PT/SC) y Carolina Iara (PSOL/SP); y las representantes de organizaciones de la sociedad civil Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco; y Bruna Benevides, Secretaria de Articulación Política de ANTRA. A pesar del contexto histórico discriminatorio y excluyente que estructura el escenario político brasileño, el avance de las agendas identitarias, antirracistas y anti-LGBTIfobicas promovió el crecimiento de la representatividad parlamentaria en las cámaras legislativas del país, colapsando el sistema y jerarquías de poder existentes. Sin embargo, la reacción de los sectores políticos y sociales conservadores basada en la cultura del odio, ha ido fomentando el fenómeno de la violencia política y electoral en el país.

Anielle Franco denunció que la violencia política ha sido utilizada como una herramienta para privar a las mujeres negras y trans del ejercicio de sus derechos políticos, evitando que debates sobre la desigualdad de género, la raza y la sexualidad ocurran en espacios de política institucional. Además, Anielle sacó a la luz datos sobre la violencia política durante las elecciones de 2020, una de las más violentas de los últimos años, que demuestran la intensificación de las tensiones políticas contra las y los parlamentarios negros y transgénero en el país.

Según una encuesta del Instituto Marielle Franco [1], el 98,5% de las y los candidatos negros informaron haber sufrido al menos un tipo de violencia política. La principal violencia fue virtual, representando el 80% del total de ataques sufridos. Además, solo el 32% de los candidatos denunciaron los episodios que sufrieron, y entre los motivos para no hacer la denuncia está el hecho de que no se sienten seguros o tienen miedo de denunciar la violencia. Entre quienes hicieron las denuncias, el 70% dijo que no les traía más seguridad, además de no contar con el apoyo del partido político ni de la policía.

“Es urgente llevar a otras instancias la necesidad de promover mecanismos para enfrentar todo tipo de violencia contra las mujeres negras, transexuales y travestis y reorientar las políticas que ya existen en Brasil, que hoy todavía son insuficientes para garantizar su protección y sus derechos políticos ”, concluyó Anielle.

La congresista Ana Lúcia Martins compartió que, ante la violencia política, buscó protección a través de la vía legal, y también realizó denuncias en redes sociales y en diferentes medios, sin embargo, no recibió ninguna asistencia del Estado ni del partido para su seguridad, por lo que tuvo que asumir sus propios gastos de defensa. Ante el descuido de las instituciones competentes, Ana Lúcia denunció que casi nada pasó con la investigación de las amenazas de muerte y el delito de racismo sufrido, y que sigue siendo víctima de violencia política a través de las redes sociales con mensajes que incitan al odio y la intolerancia.

“Sabemos que la omisión del Estado tiene un origen, el mismo que ignora la muerte diaria de la población afro de este país, ya sea por la violencia urbana, la falta de políticas públicas para eliminar las desigualdades y el racismo que estructura estas desigualdades  a través  del propio Estado (…) La pregunta de Anielle Franco aún no ha sido respondida: ¿Quién garantiza la seguridad de las mujeres afros electas? ”, argumentó Ana Lúcia a la CIDH. 

La co-concejala Carolina Iara, quien fue atacada en su casa en enero de este año, fue directa en su cuestionamiento: «¿Cuál es la relación entre estas amenazas a parlamentarias trans y el número de 175 mujeres trans y travestis asesinados en Brasil en 2020? ¿Cuál es la conexión entre Brasil con un alto número de muertes de defensores de derechos humanos y las amenazas que estamos sufriendo? ¿Quién va a restaurar el trauma que tengo ahora? ¿Qué Estado es este que, además de callar, fomenta la LGBTfobia a través de innumerables declaraciones del Presidente? ”.

En referencia a la memoria de Marielle Franco, Carolina señaló que no se convertirá en una mártir de la violencia sistémica contra los cuerpos negros y trans en el marco de la necropolítica que banaliza la muerte en el país. Así, señaló que el Estado brasileño tiene la obligación de asegurar que ella y todos los líderes y lideresas afro y trans puedan mantenerse con vida para hacer política, y que la responsabilidad de su seguridad no puede ser exclusivamente de la sociedad civil o del partido.

En su intervención, la concejala Erika Hilton denunció la persecución a defensores de derechos humanos como una forma de silenciar sus voces, especialmente las de mujeres defensoras. Recordó que ya en posesión de su mandato, sufrió un intento de irrumpir en su oficina y que la universidad donde estudiaba tenía las paredes vandalizadas con amenazas. “Escribían las expresiones: mujer, negra, elegida, muerta. Comencé mi mandato teniendo que procesar a más de 50 personas por ataques racistas y transfóbicos. ¿Cómo poder ejercer funciones políticas sin tener garantizada la integridad física? ”, cuestionó.

Con la tarea de presentar las recomendaciones a la CIDH, Bruna Benevides también expuso la situación de violencia política, especialmente la negligencia del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, que no hizo ningún pronunciamiento, acción o movilización en torno a la violencia política contra mujeres negras cis y trans. Como ejemplo, Bruna citó el proyecto de ley [2 ] que tiene como objetivo proteger a las víctimas de la violencia política, pero que movimientos de parlamentarios transfóbicos alineados con la falsa narrativa de la «ideología de género» impidieron que se extendiera a parlamentarias trans y travestis.

“También hemos observado varios intentos de institucionalizar la transfobia, asignando criterios biológicos de acceso y garantía de los derechos fundamentales, negando el derecho al reconocimiento de la autodeclaración e identidad de género de las personas trans en diversos proyectos a nivel federal, estatal y municipal. Este descuido se ve corroborado por la negligencia del Estado y la falta de reconocimiento de estas violencias políticas, o de pensar en formas de erradicarlas, especialmente contra aquellas que no forman parte de la base del gobierno y que son las más afectadas por la violencia política”, dijo Bruna.

Representantes del Estado brasileño buscaron escapar de las denuncias con insuficientes declaraciones a las demandas solicitadas durante la audiencia, reafirmando una posición negacionista frente a la violencia racial, transfóbica y política que atenta contra los derechos políticos y la vida de las parlamentarias. A través de argumentos evasivos, los representantes buscaron escapar y minimizar el fenómeno de violencia política en el país, atribuyendo el hecho a un contexto mundial.

Sin embargo, a la luz de las denuncias, los Comisionados de la CIDH solicitaron explicaciones al Estado. Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, argumentó a las representantes sobre cómo el Estado brasileño monitorea los casos de violencia que ocurren en el país, y exigió la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, ya aprobada por el Senado Federal. Además, Joel Hernández, Relator para Brasil, concluyó la audiencia subrayando la importancia de avanzar en la construcción de los derechos políticos de las mujeres y que hay un rechazo del Estado brasileño para escuchar denuncias sobre violencia política. Además, Hernández destacó que el monitoreo de las formas en que opera el acoso virtual es necesaria para comprender el ejercicio de los derechos políticos en Brasil.

En línea con las denuncias citadas durante la audiencia y encaminadas a garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del cuerpo político del país, se presentaron a la CIDH las siguientes recomendaciones, producto de la articulación entre las organizaciones:

  • Exhortar al Estado brasileño para que se desarrolle en las cámaras legislativas, en diálogo con las alcaldías y órganos del sistema de justicia, mecanismos de reenvío y agilización de denuncias de violencia política contra mujeres negras cis y trans / travestis, asegurando identificar y responsabilizar a los perpetradores de la violencia, y garantizar el apoyo psicológico a las víctimas, sus asesores y familiares;
  • Instar al Estado brasileño a promover acciones coordinadas e integradas con estaciones especializadas de investigación de delitos cibernéticos para responsabilizar a los autores e inhibir el uso de herramientas y plataformas en línea para ataques de violencia política, particularmente cuando son impulsados ​​por estructuras profesionales, masivas y patrocinadas deliberadamente;
  • Llamar al Estado brasileño a garantizar la formación de funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Defensoría y la policía civil y federal para aumentar su conciencia sobre la Violencia Política contra las mujeres negras, trans y travestis, contra la discriminación sexual, racial o por género, así como sobre la incitación al odio, legislación antirracista, derechos de las víctimas, medidas de reparación, entre otros temas;
  • Promover audiencias públicas, debates y discusiones intersectoriales entre las agencias públicas y la sociedad sobre los impactos de la violencia política motivada por la transfobia y temas relacionados con la población trans;
  • Instar al Estado brasileño a que proceda a la aprobación de legislación específica sobre violencia política contra las mujeres con acciones que incluyan prevenir, perseguir y sancionar este tipo de violencia, con una mirada específica a las mujeres negras, travestis y transexuales;
  • Realizar misiones oficiales al país, escuchando a los movimientos sociales y sociedad civil local para conocer más profundamente el contexto actual de violaciones a los derechos de las mujeres negras, transexuales y travestis defensoras de derechos humanos que también ocupan o se postulan a cargos de elección popular. También para conocer conocer el agravamiento de las situaciones de conflicto que las hacen vulnerables, y presentar las perspectivas de los estándares internacionales que pueden contribuir al mejoramiento de las políticas nacionales de protección.
  • Presionar al Estado brasileño para ampliar la estructura y el presupuesto del Programa de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y la inclusión de candidatas y parlamentarias en este programa, a fin de garantizar la protección de estos defensores de derechos humanos y el libre ejercicio de sus derechos políticos.

 

¿Perdiste la audiencia? Mira el video completo: youtu.be/Uu-U3OIoh2I

[1] https://www.violenciapolitica.org/

[2 ] https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/10/camara-aprova-lei-com-medidas-de-combate-a-violencia-politica-contr-mulheres.ghtml

El mundo necesita observar lo que está ocurriendo en Brasil

Después de un año de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, Brasil atraviesa el peor momento de su historia democrática, con una crisis que se extiende por todas las esferas de poder. Por un lado, las áreas de salud y economía se encuentran en un estado de calamidad pública, hundidas en la incertidumbre, el desamparo del gobierno y afectando de manera más severa a la comunidad negra, mujeres, personas LGBTI+, indígenas y quilombolas. Por otro lado, hay una crisis política orquestada por el actual gobierno, que a través de la difusión de información falsa, encontró en la pandemia de COVID19 una oportunidad estratégica, a través de canales institucionales, para un proyecto de expansión de poder. En una escalada autoritaria de mandatos y ordenes ejecutivas por parte del Ejecutivo, muchos ministros están sucumbiendo junto a las más de 322.000 vidas perdidas, provocando una ola de pobreza y violencia sin precedentes.

El mundo necesita mirar lo que está sucediendo en Brasil. América Latina necesita observar lo que está ocurriendo en Brasil. Esta carta editorial es un llamado del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para que la comunidad internacional vea a Brasil y entienda que, mientras los líderes mundiales intentan acabar con la pandemia para reconstruir sus países, en Brasil, el Presidente Jair Bolsonaro hizo de su población un experimento de un proyecto de diseminación del virus en vista de sus propios intereses, camuflados en el discurso salvacionista de la “recuperación económica”. Lo que Bolsonaro no contó en su política de muerte es que la polarización política, estimulada por su base gobernante, podría socavar su plan de poder. Donde hay crisis extremas hay mayores violaciones a los derechos humanos. Enumeramos a continuación algunos hechos propiciados por el gobierno y las tragedias que han venido afectando al país.

Crisis sanitaria y pandemia – Durante el mes de marzo de 2021, el país, por cinco días consecutivos, registró una tasa promedio récord de muertes por COVID-19, alcanzando 3.950 muertes en 24 horas el último día del mes. Aunque Brasil tiene un servicio de salud pública gratuita que es una referencia mundial, el sistema hospitalario colapsó debido a los vetos presidenciales sobre las medidas de protección que derivaron en la falta de kits básicos hospitalarios y respiratorios. Además, la negligencia de la lucha contra la pandemia por parte del gobierno fue seguida por medidas fallidas de aislamiento social, estímulos a la aglomeración, propagación del virus en territorios indígenas y comunidades quilombolas e incentivó el uso de medicamentos que no han demostrado ser efectivos. Debido a la ausencia de una planificación de vacunación eficaz, el país se encuentra fuera del pacto internacional contra el COVID-19 promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), estando cada vez más aislado del resto del mundo. Vale la pena recordar que la crisis sanitaria es la punta del iceberg de la inestabilidad política generalizada.

Crisis política y ministerial – Solo durante la pandemia, el gobierno de Bolsonaro ha tenido cuatro ministros de salud: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello y, el actual, Marcelo Queiroga. Incluso los más alineados con las propuestas del gobierno no lograron avanzar en su lucha contra la pandemia en el país y, en medio de constantes conflictos con la ausencia de políticas públicas y ordenamiento en un plan de vacunación, todos fueron criticados por someterse al Presidente y por la falta de autonomía en sus funciones. La actual crisis política ha llevado a Bolsonaro a negociar posiciones importantes con partidos considerados de centro, para que se priorice su plan político, dejando de lado las políticas sociales necesarias para la recuperación de una crisis social que afecta de modo negativo exponencialmente a las poblaciones más vulnerables como Afrodescendientes, indígenas y quilombolas.

Crisis en el Ministerio de Relaciones Exteriores – La última semana, el Ministro de Relaciones Exteriores renunció a su cargo, luego de una intensa presión política del Congreso Nacional y del ministerio que dirigía. La administración de Ernesto Araújo se considera un período trágico de la diplomacia brasileña. En la ONU, fue responsable del veto de Brasil al término «género» en resoluciones y posiciones sobre educación sexual, posición entendida como un enfrentamiento contra las mujeres y la comunidad trans. Además, durante la pandemia, Araújo afirmó que el coronavirus es un «virus ideológico»  construido por una “pesadilla comunista” para promover la “transferencia de poderes” de los países a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su postura conflictiva con otros países fue señalada de retrasar la compra de vacunas por parte de Brasil, por no haber establecido una postura diplomática con países que podrían ser socios importantes en este momento de profundización de la pandemia en Brasil y de escasez de vacunas.

Crisis militar y alusión al período dictatorial – En los últimos días, la población brasileña vivió un profundo sentimiento de incertidumbre política, ante una crisis militar manifestada por la cúpula de las Fuerzas Armadas. Por primera vez en la historia del país, los tres comandantes de las Fuerzas Armadas solicitaron la renuncia simultánea por desacuerdo con el Presidente de la República. Según algunos expertos, Bolsonaro venía presionando a las Fuerzas Armadas para que se involucraran en la defensa política del gobierno y en apoyo de medidas contra el aislamiento social, en un intento flagrante de transformar las Fuerzas Armadas y sus instituciones, para defender sus intereses, generando un temor colectivo sobre el futuro político del país. Este episodio ocurrió en la misma semana en la que se celebró el 57 aniversario de la dictadura militar en Brasil. A pesar del sangriento período antidemocrático, en el que al menos 434 personas fueron asesinadas o desaparecidas y en la que la censura y la pérdida de los derechos civiles prevaleció junto a graves violaciones de los derechos humanos, el Ministerio de Defensa destacó que el período del régimen militar forma parte de la trayectoria histórica de Brasil y debe ser celebrado. Esta posición, así como los intentos de Bolsonaro de alinear a las Fuerzas Armadas en su defensa, deben ser rechazadas, ya que perjudican el proceso de redemocratización en Brasil.

Violencia política – El proceso electoral de 2020 fue registrado como uno de los más violentos de los últimos años. No en vano, articulamos, junto con otras organizaciones brasileñas y concejalas municipales negras (cis y trans), una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el agravamiento de la violencia política contra estos grupos y exigir protección para sus vidas. Víctimas de amenazas físicas y/o ataques virtuales, estas concejalas municipales se enfrentan a discursos de odio racistas y transfóbicos a diario, sin contar con la protección del gobierno. No por casualidad, el 2020 también estuvo marcado por un gran aumento en el número de asesinatos de personas trans, con 175 asesinatos: un 41,12% más que en el 2019. La omisión del Estado brasileño ante el fenómeno de la violencia política y electoral dirigida a estos grupos, expone la fragilidad de la democracia brasileña, que, por la impunidad de los crímenes que permean la violencia de género y racial, priva a las mujeres negras y trans del ejercicio de sus derechos políticos, amenazando la democracia brasileña y camuflando el debate interseccional en las instituciones de poder.

Crisis económica: empobrecimiento de la población y desempleo – Brasil salió del mapa del hambre de ONU en 2014; sin embargo, con el crecimiento exponencial de la crisis en el país, la estimación para finales del año 2020 fue que 14,7 millones de personas, es decir, el 7% de la población, entraría en la pobreza extrema debido a la pandemia. La población brasileña vive un momento de empobrecimiento extremo debido a la crisis política y económica que, por la falta de interés en la articulación política, deja a la población sin la asistencia necesaria y no ofrece las medidas pertinentes para cumplir con los protocolos de aislamiento social con los actuales subsidios financieros. La ayuda de emergencia, que era de R $ 600 al inicio de la pandemia, no ha sido retirada debido a la lucha de la sociedad civil, pero después de una disminución significativa, en este 2021 está variando entre R $ 150 y R $ 375, valor que no es suficiente frente al alza de los precios de los alimentos y del salario mínimo, o el encarecimiento de los cilindros de gas con los que muchas familias brasileñas cocinan. Incluso la especulación financiera impulsada por el gobierno de Bolsonaro, que va desde el desmantelamiento de las empresas estatales hasta la privatización y el abandono de grandes compañías multinacionales en el país, enfrenta una eterna montaña rusa con los cambios del Presidente en cargos importantes del país. La alta tasa de desempleo saltó del 45% al ​​53% durante la pandemia, provocando un crecimiento latente de empleos informales, sin garantías de derechos y protección para los trabajadores, que en su mayoría son negros. Analizar la crisis económica en Brasil es enfrentar los históricos problemas raciales del país.

Violencia policial – A pesar de la decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF) de suspender la realización de operativos policiales en favelas de Río de Janeiro, durante el estado de calamidad pública resultante de la pandemia de COVID19, según la sentencia de la denuncia de Incumplimiento con el Precepto Fundamental (ADPF) 635, salvo casos absolutamente excepcionales, esta no es la realidad en las favelas de Río, ya que la violencia policial en estos territorios persiste. En los dos primeros meses de 2021,se registraron nueve asesinatos en operativos policiales en el estado. Por eso, la Defensoría Pública de Río de Janeiro, junto a organizaciones de derechos humanos, solicitaron al TSF que decidiera sobre la continuidad de estos operativos policiales. También es de destacar que tal inestabilidad afecta el curso de la vacunación, que ya ha tenido que ser detenida en las favelas debido a los tiroteos. Solo en Río de Janeiro, de enero a junio de 2020, 99 niños y adolescentes fueron asesinados por agentes de policía, 27% en la capital y 73% en otros municipios. El informe «El color de la violencia: la bala no da en el blanco«, realizado por la Red de Observatorios de Seguridad, apunta a datos sobre violencia racista en 2019. En Bahía, un estado con una población mayoritariamente negra, el 97% de los asesinados por la policía eran negros; en Río de Janeiro, que tiene el 51% de la población negra, el 86% de los asesinados por la policía eran negros, la cifra más alta en tres décadas.

Crisis ambiental – Incluso en su discurso en la sesión inaugural de la 75a Asamblea General de la ONU, el Presidente Bolsonaro difundió noticias falsas sobre la posición del gobierno en cuanto a suavizar las políticas ambientales durante la pandemia. En consecuencia, las poblaciones indígenas y quilombolas son las que más sufren de la deforestación y el acaparamiento de tierras, así como la propagación del virus en sus comunidades. Además de no cumplir con ningún pacto ambiental firmado, el país tendrá que reformar sus metas climáticas para cumplir con el Acuerdo de Paris. Si existe alguna política ambiental en el gobierno de Bolsonaro, está comprometida con partidos políticos que pretenden explotar reservas naturales protegidas, como señaló el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, durante una reunión ministerial, cuando dijo que había llegado el momento para “passar a boiada”, expresión informal brasileña utilizada por él para referirse a la simplificación de reglas y estándares ambientales. Sin embargo, en 2020, se registró un aumento desmedido de la deforestación de la selva amazónica, incluida la muerte de varios líderes indígenas y defensores de derechos humanos en la lucha contra la pandemia y por la vida de la selva.

Como parte del compromiso de Raza e Igualdad en la lucha por los derechos humanos, por la equidad racial y de género, desde una perspectiva interseccional, este editorial va más allá de una denuncia a la comunidad internacional sobre lo qué esta ocurriendo en Brasil. Es también un llamado a los actores internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos para instar al Estado brasileño, en sus instancias federales, estatales y municipales, a adoptar políticas públicas diferenciadas, que respondan a las especificidades de las poblaciones negras, LGBTI+, mujeres, quilombolas e indígenas, que son las más afectadas por el hambre, la pobreza y el efecto dominó que se ha desatado durante la pandemia en el país. Es imprescindible, también, que se reconozca el problema racial como factor agravante de las desigualdades, que se encuentra en políticas y proyectos meritocráticos, además de la omisión estatal ante la violencia policial, la muerte violenta y el encarcelamiento masivo de la población negra en el país. Además, el gobierno debe adoptar los protocolos de la OMS para enfrentar la pandemia y, finalmente, instamos a las Fuerzas Armadas a respetar el orden civil y democrático del país.

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial: Llamado a los Estados para enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas inclusivas y eficaces

Washington D.C., 19 de marzo de 2021.– A un año de que el COVID-19 llegara por primera vez a las Américas, esta pandemia sigue afectando de manera desproporcionada y diferenciada a las poblaciones afrodescendientes de la región, por lo que en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial –que se conmemora cada 21 de marzo—el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado a los Estados a enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas que tengan un enfoque diferenciado y garanticen la recuperación económica para todos y todas.

Como organización que trabaja en América Latina y el Caribe en la protección y defensa de los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas, como es la población afrodescendiente, hemos venido siguiendo con atención las condiciones en que esta comunidad ha enfrentado la pandemia de COVID-19 y cuáles han sido las respuestas de los Estados. Cabe recordar que las y los afrodescendientes en las Américas suman 130 millones de personas, equivales al 21% de la población total en la región, según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Diferentes condiciones, diferente impacto

El impacto desproporcionado y diferenciado de la COVID-19 sobre la población afrodescendiente está determinado por el racismo estructural, la discriminación racial y la exclusión que esta población ha enfrentado por la acción u omisión de los Estados y sus sociedades, lo cual, en medio de la pandemia, se tradujo en falta de información adecuada para prevenir el contagio del virus y serias dificultades para acceder a los sistemas de salud en casos positivos. A esto debe añadirse el recrudecimiento de la violencia, tanto de parte de grupos criminales como de la policía, siendo ejemplo de ello Brasil y Colombia.

A excepción de Brasil, no se cuenta con cifras oficiales sobre cuántas personas afrodescendientes de los países de la región han resultado contagiadas y cuántas han fallecido por COVID-19; sin embargo, información recopilada por organizaciones de la sociedad civil da cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en que estas han enfrentado la pandemia. En agosto de 2020, Raza e Igualdad publicó un análisis que fue una primera aproximación a las condiciones en que la población afrodescendiente de la región enfrentó el COVID-19, y en él se destaca una frase de Paola Yáñez, lideresa afroboliviana y coordinadora regional de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD): “El virus de COVID-19 no discrimina, pero vivimos sus efectos de forma diferenciada porque no vivimos en iguales condiciones”.

Panorama

Gracias a la comunicación con organizaciones aliadas y con líderes y lideresas afrodescendientes de los países donde Raza e Igualdad tiene incidencia, podemos hacer referencia a condiciones particulares que pusieron en una posición de desventaja a la población afrodescendiente al momento de hacer frente a la pandemia de COVID-19, debido principalmente a la discriminación y exclusión que experimentan y a que la respuesta de los Estados no fue adecuada o no tomó en cuenta su realidades y necesidades específicas.

En Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha mantenido una actitud negacionista sobre el COVID-19, el 67% de los brasileños que dependen exclusivamente del sistema de salud pública son personas afrodescendientes, que además son la mayoría de los pacientes con diabetes, tuberculosis, hipertensión y enfermedades renales crónicas, todas consideradas agravantes para el coronavirus, de acuerdo a estadísticas de la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por COVID-19 y, de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Población, la tasa de mortalidad por este virus entre la población afrodescendiente fue de 92 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que entre la población blanca fue de 88.

En tanto, en Colombia, las organizaciones afrodescendientes alertaron sobre la vulnerabilidad de esta población en medio de la pandemia, primero porque la mayoría no goza de un seguro social, y segundo, por la condición del sector salud en sus comunidades, tanto rurales como urbanas. Por ejemplo, en ciudades como Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó), los hospitales deben atender entre 400 y 500 mil personas –la mayoría afrodescendientes e indígenas— y no disponen ni con el personal, ni con la infraestructura necesaria para atender casos de alta complejidad.

En Cuba, el Gobierno usó la excusa de las medidas impuestas para prevenir el contagio de COVID-19 para realizar detenciones arbitrarias e impedir la labor de las personas defensoras de derechos humanos en el país, incluidos representantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), quienes fueron objeto de agresiones, detenciones arbitrarias y allanamientos en el contexto de una campaña para exigir una respuesta del Gobierno sobre la implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

En el caso de Nicaragua, el secretismo del Gobierno sobre las estadísticas de salud no permite conocer el impacto real de la pandemia, pero tanto la población afrodescendiente como la indígena de la Costa Caribe del país enfrentó esta emergencia sanitaria en condiciones de precariedad. Dicha zona se encuentra bajo el constante y violento acecho de colonos y se caracteriza por tener un deficiente acceso a servicios de salud y educación, situación que se vio agravada por el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020.

En México y Perú, que son de los países que tanto a nivel mundial como regional presentan más casos y fallecimientos por COVID-19, también hubo condiciones particulares para la población afrodescendiente. En México, la aplicación del Censo 2020 –que por primera vez incluyó una pregunta de autoidentificación para el pueblo afrodescendiente— coincidió con la pandemia. En Perú, la respuesta del Estado a la emergencia sanitaria se vio trastocada por la crisis política a raíz de la destitución del presidente Martín Vizcarra.

La importancia de la Convención contra el Racismo

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y en el marco del Decenio de los Afrodescendientes 2015-2024, Raza e Igualdad recuerda a los Estados la necesidad de adoptar medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que enfrentan las y los afrodescendientes.

En ese sentido, Raza e Igualdad invita, una vez más, a la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, en tanto esta representa un marco de acción eficaz e integral para avanzar hacia la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas afrodescendientes.

A la fecha, los únicos países que han ratificado esta Convención son Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Brasil, que recién lo hizo en febrero de 2021, por lo que organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil brasileña esperan que el gobierno de Jair Bolsonaro la convierta en ley.

Desde Raza e Igualdad también recomendamos a los Estados:

  • Generar políticas públicas, programas y proyectos que combatan efectivamente el racismo estructural y la discriminación racial contra los y las afrodescendientes.
  • Mejorar los sistemas de salud, empleo y educación, incluyendo la eliminación de la brecha entre el sector rural y urbano.
  • Garantizar que las poblaciones afrodescendientes e indígenas sean una prioridad en los programas de recuperación económica de la pandemia de COVID-19.
  • Incluir en los planes de emergencia acciones dirigidas a las y los afrodescendientes, respetando el derecho de consulta y consentimiento previo, así como sus diferentes interseccionalidades, especialmente niños, mujeres, desplazados, migrantes y población LGBTI.
  • Asegurar la recolección permanente de datos estadísticos confiables y desagregados por etnia/raza con enfoques interseccionales en las áreas de salud, educación, empleo y justicia.

Raza e Igualdad presenta el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional” de la mano de expertas internacionales y representantes de la sociedad civil de la región

Washington D.C., 5 de marzo de 2021.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó este jueves 4 de marzo el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional”, en un evento virtual que contó con la participación de la presidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Gladys Acosta, y representantes de organizaciones civiles regionales e internacionales que trabajan en la protección y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes y LBT (lesbianas, bisexuales y trans).

De parte de la sociedad civil, participaron Marisa Hutchinson, oficial de programa de la organización International Wome’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific); Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; Laritza Diversent, directora de la organización no gubernamental Cubalex; María Vélez, coordinadora de la iniciativa Casa Afirmativa de la organización colombiana Caribe Afirmativo; Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, y Cecilia Ramírez, activista afroperuana e integrante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), quien fue la moderadora del evento.

El director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, brindó las palabras de bienvenida en esta actividad, mientras que Melissa Monroy, autora principal del informe y asesora de Raza e Igualdad sobre Derechos de la Mujer, hizo una breve presentación del informe, cuyo análisis se enfoca en las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

El informe

Monroy explicó que este informe representa un gran esfuerzo para entender la forma en que se lleva a cabo el diálogo entre los Estados, la sociedad civil y el Comité CEDAW al momento de brindar informes y recomendaciones, respectivamente, con la particularidad de centrarse en analizar la participación y representación de las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans en esa dinámica.

Para ello, se realizó una revisión documental de los informes presentados tanto por los Estados como por la sociedad civil al Comité CEDAW entre 2010 y 2020, así como de las respuestas y recomendaciones del Comité CEDAW. Además, dijo Monroy, se entrevistó a activistas y lideresas sociales afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de cada país de estudio, para poder tener una aproximación real a sus experiencias y percepciones en torno a cómo la CEDAW impacta en sus vidas.

“Las acciones tanto del Comité CEDAW, la sociedad civil y los Estados se interrelacionan, por lo que es importante y necesario poder contar con la participación de más mujeres afrodescendientes diversas en estos escenarios, para que su voz se escuche”, señaló Monroy, quien agregó que, en ese sentido, el informe contiene recomendaciones dirigidas a los Estados, el Comité CEDAW y la sociedad civil.

CEDAW evoluciona junto a la conciencia social

La presidenta del Comité CEDAW, Gladys Acosta, reconoció que el problema planteado en el informe –que es la falta de participación y representación de las mujeres afrodescendientes diversas en la dinámica de intercambio con el  Comité CEDAW para que este formule recomendaciones a los Estados—es absolutamente real, pero aseguró que desde la adopción de la CEDAW en el año 1979, esta ha venido experimentando una serie de modificaciones para ampliar el significado de sus artículos y de sus recomendaciones, en la medida en que la lucha y la conciencia social han evolucionado. En ese sentido, recordó que dicho tratado pasó de hablar de violencia contra las mujeres, a hablar de violencia de género, que es un concepto mucho más integral.

“Ha habido una evolución que no es meramente conceptual, sino que es una evolución histórica de las luchas (…) las luchas están delante de los avances de las leyes, primero se lucha y luego viene la etapa del reconocimiento tanto a nivel nacional e internacional. Estos estándares son elásticos, por decirlo de una forma, se van ampliando conforme va creciendo la conciencia social y, por tanto, lo que dijimos en el año 1980 hoy en día es otra cosa y se han ampliado, se ha ampliado la compresión de lo que es la violación a un derecho”, dijo.

En el caso de la interseccionalidad, la experta refirió que este es un concepto que comenzó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos por cuanto esta, en su primer artículo, plantea que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. “Pone en un terreno de igualdad a todas las personas en todos los niveles, lo que pasa es que por miles de razones que no vamos a abordar aquí, se ha demorado que esto empiece a llegar a donde tiene que estar”, añadió.

“Esto está en movimiento, no es nada estático y la visibilidad de la lucha que ustedes traen está tomada en cuenta, y no solamente en el comité CEDAW, he visto este proceso en todos los Comités. Nosotros tratamos de que se construya una doctrina de los derechos humanos en su conjunto, y mientras más específico, más protector”, indicó Acosta en relación al trabajo que hacen los Comités de expertos sobre los distintos tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Debate sobre discriminación desde la interseccionalidad

Las representantes de la sociedad civil plantearon desde sus experiencias de trabajo con mujeres afrodescendientes diversas, las distintas formas en que se manifiesta la discriminación y la violencia en contra de este grupo poblacional.

“Cuando yo pienso en la interseccionalidad yo pienso especialmente en el hecho de ser una mujer negra. Nosotras vivimos discriminación a nivel de raza o de preferencia sexual, porque eres una mujer negra lesbiana o una trabajadora trans negra, entonces todas estas experiencias múltiples llegan a una razón, a una raíz, y es ser diferente a nivel racial o étnico, y esto tiene un impacto mucho más grande en cuanto a la discriminación que nosotras sufrimos”, expresó Marisa Hutchinson, oficial de programa de IWRAW Asia Pacific.

Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del PT de Brasil, señaló que es importante entender que no toda política pública desarrollada por el Estado a favor de los derechos de las mujeres puede ser alcanzada de manera diversa, principalmente en un país como Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro niega el racismo. “La prueba de esto es cuando tenemos campañas de lucha contra la violencia hacia las mujeres y tenemos una reducción de la violencia contra las mujeres no negras, pero tenemos poca atención para las mujeres, no significa que esa política del Estado vaya a alcanzar al grupo más vulnerable”, explicó.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, compartió por su parte que en Cuba las mujeres afrodescendientes sufren de forma constante discriminación y violencia de parte de las autoridades, pues existe un perfil racial que las asocia al trabajo sexual, lo cual está prohibido en la Isla. “Nos asocian a que somos mujeres más ´calientes´, que los turistas nos van a seguir, entonces somo objetivo constante de los órganos policiales y en medio de la pandemia de Covid-19 se ha exacerbado la violencia institucional contra las mujeres afrodescendientes”, detalló Diversent, quien reconoció en entre la sociedad civil cubana aún no hay una total compresión del término interseccionalidad, por lo que resulta difícil denunciar las violaciones que se dan bajo ese concepto.

En tanto, María Vélez, de Caribe Afirmativo, apuntó: “Nosotras, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans negras nos enfrentamos a la realidad a través de nuestros cuerpos racializados, por ello la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género diversa no se vive de la misma manera en los cuerpos blancos que en los cuerpos racializados debido a que el racismo se ha instalado como una cultura de opresión validada social, política, económica e incluso religiosamente (…) la interseccionalidad es un enfoque que señala la necesidad de entender las opresiones como la raza, el género y la clase, y cómo estas se interrelacionan permitiendo comprender la profundidad de la desigualdad que una persona experimenta en un contexto dado”.

Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, brindó los comentarios finales destacando la grave situación de discriminación que enfrenta la población LGBTI en este país. “Somos la población que más muere por crímenes de odio como persecución y estrangulamiento. Estas situaciones brutales tienen que parar, tienen que ser combatidas, esta realidad tiene que transformarse”, expresó.

En Raza e Igualdad, la interseccionalidad comprende un enfoque transversal en nuestras intervenciones para la protección y defensa de los grupos poblaciones con los que trabajamos, como son las personas afrodescendientes y LGBTI. Esperamos que este informe contribuya a la comprensión de este concepto como determinante de violaciones de derechos humanos, pero también como una perspectiva imprescindible en las políticas que se trazan a nivel nacional, regional e internacional de cara al reconocimiento y garantía de los derechos de todas las personas.

Acceda al informe dando clic aquí. Las versiones en portugués e inglés del informe estarán disponibles próximamente.

La grabación del evento de presentación del informe se encuentra disponible aquí.

Raza e Igualdad celebra la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo por parte del Estado brasileño

Brasil, 19 de febrero de 2021 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) felicita al Estado de Brasil por la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia [1], firmada por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Guatemala, en 2013 [2]. La ratificación de la Convención significa un logro del movimiento afro brasileño que ha estado participando en el fortalecimiento y adopción de la Convención desde el año 2000. De esta forma, Brasil se compromete a nivel internacional a luchar contra la intolerancia y el racismo, teniendo así la oportunidad de romper con su estructura racista fundacional.

Una vez ratificada, la Convención adquiere el estatus de reforma constitucional, garantizando que las leyes infraconstitucionales puedan ser impugnadas, lo que representa la apertura de nuevos caminos para el debate racial en el país. Sobre los derechos humanos, la posibilidad de cambios en la legislación nacional es de suma importancia para prevenir, eliminar y sancionar violaciones con sesgos racistas y discriminatórios, que impactan a la población afro y se forjaron a raíz de las políticas de blanqueamineto y meritocráticas. Cabe destacar que la Constitución brasileña, en su artículo número 5, punto 42, señala que una persona acusada de racismo no puede salir libre bajo fianza y que este delito es imprescriptible y, en el artículo 3, punto 4, repudia el prejuicio y otras formas de discriminación.

Lúcia Xavier, Coordinadora General de la ONG Criola, saluda la ratificación de este acuerdo por parte de Brasil, principalmente porque se consolida como un instrumento fundamental para el movimiento afro y para las mujeres afros que están en constante lucha contra la violencia y la discriminación, especialmente en el contexto de COVID19 en el país. “Así como los gobiernos conservadores avanzan contra los derechos, la Convención puede significar tener más instrumentos e incluso fortalecer el propio sistema regional de derechos humanos. La Convención será um instrumento político fundamental de ahora en adelante para luchar contra el racismo en Brasil y en la región”, considera.

“Al ser ratificado por Brasil y consolidado en nuestra legislación, fortalece el esfuerzo que los movimientos afros vienen haciendo desde hace años para erradicar definitivamente el racismo. Especialmente el racismo institucionalizado, aquel que no consiste en leyes, normas o políticas, sino que es implementado por el Estado en todas sus instancias, todos los días. Entonces, la posibilidad de contar con este instrumento contra los ataques que el actual gobierno brasileño está haciendo a la población afro es muy buena”, Lúcia Xavier, ONG Criola .

Para Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, en Brasil existen varias formas de racismo, muchas veces invisibilizadas, pero que a diario se evidencian y comprueban por los altos niveles de violencia que enfrenta la población afro en desigual acceso al trabajo, políticas de vivienda pública, salud y educación. “Dadas las circunstancias históricas brasileñas, partiendo del hecho de que Brasil es el país con más afrodescendientes fuera de África, cuya población afro enfrenta serios problemas de discriminación y de invisibilidad de derechos, la ratificación de este acuerdo se consolida como una posibilidad de reparación histórica y enfrentamiento al racismo estructural”, destaca.

Es importante mencionar que el racismo que enfrenta el pueblo afrobrasileño influye de forma considerable en que esta población represente una mayoría en las estadísticas del sistema penitenciario, de la pobreza y de las altas tasas de suicidio, revelando así, una sociedad jurídica- mediatica que es estructural e institucionalmente racista. Por lo tanto, la expectativa con la ratificación de esta Convención es también mover las estructuras que subyacen a los órganos de justicia brasileños y sus ministerios, arraigadas en el mantenimiento de privilegios regidos por criterios excluyentes y marginales. Así, la intervención del Estado a través de esta ratificación es una posibilidad para la democratización de derechos con la consolidación de políticas de justicia social.

Lívia Casseres, Defensora Pública del Estado de Río de Janeiro y promotora de la ratificación de la Convención, recuerda que entre los países miembros de la OEA Brasil lideró la elaboración de este acuerdo. Para Casseres, es un reconocimiento a la lucha histórica del movimiento afro brasileño, siendo un instrumento más sofisticado y actual para combatir el racismo. “Es una Convención que ataca la discriminación indirecta y prevé la prohibición de políticas públicas con resultados racialmente discriminatorios, como ejemplo, tenemos las políticas de seguridad pública”, apunta.

“Tenemos por primera vez un instrumento legal que tiene la capacidad de enfrentar la complejidad del fenómeno del racismo. Es un gran beneficio porque es una Convención que tiene instrumentos legales mucho más sofisticados y refinados, capaces de hacer frente a las complejidades del racismo que no pudimos abordar plenamente con el marco legal que existía antes de la ratificación de este acuerdo en Brasil”. Lívia Casseres, Defensora Pública del Estado de Río de Janeiro.

 En vista de la ratificación de la Convención, Raza e Igualdad enfatiza que para una lucha efectiva contra el racismo, su implementación debe realizarse en consulta con la sociedad civil. Su Capítulo IV, párrafos 4 y 5, de la Convención, establece que se espera que el Estado Parte nombre a un experto, con funciones independientes, para la tarea de seguimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio. Además, se creará un comité para intercambiar ideas y experiencias y revisar los avances realizados por los Estados Partes en su implementación [3]. De esta manera, la consulta con la sociedad civil es un derecho, reconocimiento y oportunidad para el Estado de dialogar con diferentes sectores de la sociedad y, principalmente, con el movimiento afro brasileño, para que los retos en la lucha contra el racismo sean identificados.

Frente a esta nueva coyuntura de posibilidades para combatir el racismo, Raza y Igualdad celebra la labor del movimiento afro en la lucha por la aprobación y ratificación de esta Convención y se compromete a fortalecer y contribuir al avance de la lucha por los derechos humanos y contra el racismo en Brasil. Reconocemos la gran importancia de este acuerdo para la reparación de la deuda social y para la seguridad de la población afro que estructuralmente se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad en el país. Así, recomendamos al Estado brasileño:

1 – Implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil, especialmente en diálogo con el movimiento afro brasileño;

2 – Definir estrategias de ejecución para que los órganos normativos, ejecutivos y judiciales implementen acciones de cumplimiento inmediato de las medidas promulgadas por la Convención;

3 – Diseñar políticas públicas que tengan como objetivo sancionar los actos racistas y reparar el racismo estructural con miras a promover la igualdad para que la población afro pueda acceder a políticas afirmativas en el área de salud, trabajo, bienestar, educación y en el ámbito político, destacando la equidad y protección en el sistema electoral.

[1] https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/02/10/senado-aprova-projeto-que-ratifica-texto-da-convencao-interamericana-contra-o-racismo.ghtml

[2] e [3] https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/interamericantreatiesA-68ConvencaoInteramericanaracismoPOR.pdf

 

 

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

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