Día Internacional de la Visibilidad Trans: Un reconocimiento a la lucha por la defensa y protección de derechos de la población trans en la región

Día Internacional de la Visibilidad Trans: Un reconocimiento a la lucha por la defensa y protección de derechos de la población trans en la región

Washington D.C., 29 de marzo de 2021.– De cara al Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a quienes día a día luchan por la defensa y protección de los derechos de las personas trans en América Latina y el Caribe, y reitera su llamado a los Estados para desarrollar y garantizar la aplicación efectiva de políticas y leyes que aseguren el respeto, reconocimiento y pleno goce de derechos a esta comunidad en la región.

El 2021 es otro año en que la conmemoración de esta fecha está marcada por la falta de reconocimiento y protección de las personas trans, lo cual se traduce en amenazas, agresiones físicas y verbales, persecución, exclusión y, en el peor de los casos, en la muerte de personas con diversas expresiones e identidades de género. En la región latinoamericana se registró el 82% de los 350 asesinatos de personas trans ocurridos en todo el mundo entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, según la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia.

Dicha situación se vio acentuada en el 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. Por un lado, la identidad de género de las personas trans no fue tomada en cuenta entre las medidas que adoptaron algunos países para contener los contagios, por lo que quedaron excluidas y expuestas a sanciones por la falta de cumplimiento de las mismas. Por otro lado, hubo un aumento de la violencia policial y de grupos irregulares en contra de personas trans, especialmente en contra de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.

Sin embargo, a la par de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones de la sociedad civil se mantienen firmes y con la total disposición a reforzar su lucha por el reconocimiento y garantía de derechos de las personas trans. Por ello, en Raza e Igualdad esta es una oportunidad para reconocer y aplaudir la labor de defensa y protección de la comunidad trans de la región, así como reafirmar nuestro compromiso de apoyarles en sus procesos de fortalecimiento de capacidades y de incidencia ante el Sistema Interamericano y Naciones Unidas.

Como una forma de conmemorar esta fecha, conversamos con activistas de diferentes países de América Latina y el Caribe sobre cuál es su deseo en este Día Internacional de la Visibilidad Trans. También ofrecemos un breve recuento sobre la situación que enfrentan las personas trans en aquellos países donde Raza e Igualdad trabaja de la mano con organizaciones de la sociedad civil. Los retos son muy grandes, pero los sueños y las ganas de seguir luchando, también.

Reconocimiento y apoyo

Como hombre trans, el periodista brasileño Caê Vas concelos pide que los hombres trans sean vistos en su totalidad por la sociedad. “Para que podamos traer nuestras narrativas de vida, de lucha, de amor, de cariño, de todo el poder que tienen los cuerpos trans”, afirma. Vas concelos señala en particular que la falta de información conduce a la falta de preparación de los profesionales de la salud, ya que el campo ginecológico está totalmente enfocado a las mujeres. Para Caê, reconocer que los hombres transmasculinos pueden quedar embarazados y que necesitan un tratamiento específico es hacer visible su existencia, reconocer sus derechos y ciudadanía.

En Brasil, la falta de información sobre las personas trans conduce a su invisibilización y, en consecuencia, a la transfobia, ya que la negación de las existencias más allá de la cis-heteronormatividad estimula una cultura de odio y violencia. Esta triste realidad es fomentada por ideologías conservadoras y algunos sectores políticos de la sociedad, y hace a Brasil el país que más mata a personas trans, según el Dossier sobre los homicidios y la violencia contra travestis y transexuales en Brasil 2020, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

“Dejen de asesinarnos”, expresa desde Nicaragua la activista por los derechos humanos y exprisionera política, Victoria Obando. Y es que recientemente, en este país centroamericano ocurrió el asesinato atroz de Anahís Contreras, mujer trans de 22 años que era conocida como Lala y murió tras ser brutalmente golpeada por dos hombres, quienes la ataron a un caballo que la arrastró alrededor de 400 metros. Este hecho, a criterio de activistas y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, revela el nivel de violencia y exclusión que enfrentan las personas trans en Nicaragua.

Hablar de población trans en Nicaragua es hablar de Celia Cruz, cuyo caso no solo representa la violencia con la que las autoridades actúan contra las personas trans, sino que muestra el nivel de arbitrariedad del Gobierno para perseguir y criminalizar a quienes se han manifestado en su contra desde abril de 2018. Cruz es una mujer trans que se encuentra recluida en la cárcel de hombres desde el 21 de abril de 2020 y fue condenada en agosto de ese año a diez años de prisión por los delitos de obstrucción de justicia en modo agravado y secuestro extorsivo agravado.

Tomás Anzola, coordinador general encargado del Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT), de Colombia, comparte que su deseo es “que las personas trans podamos construir nuestras identidades y corporalidades en contextos amorosos y seguros, en compañía de nuestras redes de apoyo”. En Colombia, la pandemia de COVID-19 ha sido determinante en el aumento de la violencia hacia las personas con experiencia de vida trans. En el 2020 se registraron 28 personas trans asesinadas (27 mujeres y 1 hombre) y en lo que va de 2021 se registran 6 asesinatos.

Con la apertura de la discusión sobre la despenalización del aborto en Colombia, varias organizaciones trans han señalado la necesidad de que les sea reconocido el acceso a este derecho sin que ello implique una negación a su identidad. De igual manera, han abierto una discusión sobre la necesidad de una reforma a la Policía Nacional, tras el ataque perpetrado contra una mujer trans en Soacha en marzo de este año, en el que un policía abusó sexualmente de ella y otros más la insultaron, agredieron y hostigaron.

A pesar de esta situación, aún no se han establecido políticas públicas efectivas, que garanticen el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas trans. Esto es sumamente preocupante porque en el día a día, los prejuicios alimentados por el abandono por parte del Estado dejan a esta población en un escenario de alta vulnerabilidad.

Vivir sin miedo y a plenitud

Isabella Fernández, de la organización Féminas, de Perú, expresa que en este día su deseo es que las personas trans puedan crecer en hogares libres de violencia y discriminación. A nivel mundial, las personas trans o con expresión e identidad de género diversas, tienen más probabilidades de abandonar su hogar debido al rechazo de sus familias, lo cual les expone a mayor discriminación y violencia.

En Perú, las organizaciones que luchan por los derechos de las personas LGBT, demandan la aprobación de una ley de identidad de género, pues al no contar con un documento de identidad que les represente ante instituciones públicas y privadas, no pueden acceder a servicios básicos como salud y educación, y las opciones de trabajo y vivienda son muy reducidas.

En República Dominicana, la activista e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), Geisha Collins, comparte que su deseo es que las mujeres trans tengan derecho a una cédula que las represente como tal, por lo que solicitan al Estado la aprobación de una ley de identidad de género. Aparte de reconocer su identidad, demandan que su derecho a la salud sea respetado tomando en cuenta sus necesidades, y que se asegure su acceso a la educación, al trabajo y a la justicia sin discriminación.

En este país caribeño, TRANSSA lidera también una campaña para la aprobación de la Ley General de Igualdad y no Discriminación, con base en el principio de igualdad que establece el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana. En dicho proyecto de ley se incluye el ámbito de la orientación sexual y la identidad de género, el cual, entre otras cosas, señala que constituye discriminación “negar el derecho a disponer de la identidad de género de su elección, lo cual implica el derecho a la reasignación de género e imagen en los documentos de Estado/públicos (…)”.

Conscientes de que la falta de reconocimiento tanto del Estado como de la sociedad en general somete a la población trans a un continuum de violencia y atropellos a sus derechos, Raza e Igualdad respalda y apoya las demandas de esta comunidad en América Latina y el Caribe. También le recuerda a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de su orientación sexual y expresión e identidad de género, por lo que les recomienda aplicar o mejorar las siguientes acciones:

  • Aprobar leyes de identidad de género que permitan a las personas trans ejercer la ciudadanía bajo su identidad de género sin ningún tipo de obstáculos y dilaciones en concordancia con la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
  • Fortalecer los programas de capacitación a funcionarios públicos –incluidos Policía y operadores de justicia—para que incluyan un enfoque sobre la identidad de género y se generen protocoles de atención
  • Investigar y sancionar los actos de violencia en contra de personas trans, y garantizarles la debida protección y diligencia durante el proceso.
  • Realizar campañas de educación y sensibilización para promover el respeto hacia las personas con orientación sexual y expresión e identidad de género diversas.
  • Crear protocolos de salud específicos sobre atención a personas trans y personas con expresiones e identidad de género diversas.
  • Recolectar y publicar datos desagregados sobre violencia contra personas LGBTI con un enfoque interseccional.
  • Firmar y ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

 

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial: Llamado a los Estados para enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas inclusivas y eficaces

Washington D.C., 19 de marzo de 2021.– A un año de que el COVID-19 llegara por primera vez a las Américas, esta pandemia sigue afectando de manera desproporcionada y diferenciada a las poblaciones afrodescendientes de la región, por lo que en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial –que se conmemora cada 21 de marzo—el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado a los Estados a enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas que tengan un enfoque diferenciado y garanticen la recuperación económica para todos y todas.

Como organización que trabaja en América Latina y el Caribe en la protección y defensa de los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas, como es la población afrodescendiente, hemos venido siguiendo con atención las condiciones en que esta comunidad ha enfrentado la pandemia de COVID-19 y cuáles han sido las respuestas de los Estados. Cabe recordar que las y los afrodescendientes en las Américas suman 130 millones de personas, equivales al 21% de la población total en la región, según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Diferentes condiciones, diferente impacto

El impacto desproporcionado y diferenciado de la COVID-19 sobre la población afrodescendiente está determinado por el racismo estructural, la discriminación racial y la exclusión que esta población ha enfrentado por la acción u omisión de los Estados y sus sociedades, lo cual, en medio de la pandemia, se tradujo en falta de información adecuada para prevenir el contagio del virus y serias dificultades para acceder a los sistemas de salud en casos positivos. A esto debe añadirse el recrudecimiento de la violencia, tanto de parte de grupos criminales como de la policía, siendo ejemplo de ello Brasil y Colombia.

A excepción de Brasil, no se cuenta con cifras oficiales sobre cuántas personas afrodescendientes de los países de la región han resultado contagiadas y cuántas han fallecido por COVID-19; sin embargo, información recopilada por organizaciones de la sociedad civil da cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en que estas han enfrentado la pandemia. En agosto de 2020, Raza e Igualdad publicó un análisis que fue una primera aproximación a las condiciones en que la población afrodescendiente de la región enfrentó el COVID-19, y en él se destaca una frase de Paola Yáñez, lideresa afroboliviana y coordinadora regional de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD): “El virus de COVID-19 no discrimina, pero vivimos sus efectos de forma diferenciada porque no vivimos en iguales condiciones”.

Panorama

Gracias a la comunicación con organizaciones aliadas y con líderes y lideresas afrodescendientes de los países donde Raza e Igualdad tiene incidencia, podemos hacer referencia a condiciones particulares que pusieron en una posición de desventaja a la población afrodescendiente al momento de hacer frente a la pandemia de COVID-19, debido principalmente a la discriminación y exclusión que experimentan y a que la respuesta de los Estados no fue adecuada o no tomó en cuenta su realidades y necesidades específicas.

En Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha mantenido una actitud negacionista sobre el COVID-19, el 67% de los brasileños que dependen exclusivamente del sistema de salud pública son personas afrodescendientes, que además son la mayoría de los pacientes con diabetes, tuberculosis, hipertensión y enfermedades renales crónicas, todas consideradas agravantes para el coronavirus, de acuerdo a estadísticas de la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por COVID-19 y, de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Población, la tasa de mortalidad por este virus entre la población afrodescendiente fue de 92 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que entre la población blanca fue de 88.

En tanto, en Colombia, las organizaciones afrodescendientes alertaron sobre la vulnerabilidad de esta población en medio de la pandemia, primero porque la mayoría no goza de un seguro social, y segundo, por la condición del sector salud en sus comunidades, tanto rurales como urbanas. Por ejemplo, en ciudades como Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó), los hospitales deben atender entre 400 y 500 mil personas –la mayoría afrodescendientes e indígenas— y no disponen ni con el personal, ni con la infraestructura necesaria para atender casos de alta complejidad.

En Cuba, el Gobierno usó la excusa de las medidas impuestas para prevenir el contagio de COVID-19 para realizar detenciones arbitrarias e impedir la labor de las personas defensoras de derechos humanos en el país, incluidos representantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), quienes fueron objeto de agresiones, detenciones arbitrarias y allanamientos en el contexto de una campaña para exigir una respuesta del Gobierno sobre la implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

En el caso de Nicaragua, el secretismo del Gobierno sobre las estadísticas de salud no permite conocer el impacto real de la pandemia, pero tanto la población afrodescendiente como la indígena de la Costa Caribe del país enfrentó esta emergencia sanitaria en condiciones de precariedad. Dicha zona se encuentra bajo el constante y violento acecho de colonos y se caracteriza por tener un deficiente acceso a servicios de salud y educación, situación que se vio agravada por el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020.

En México y Perú, que son de los países que tanto a nivel mundial como regional presentan más casos y fallecimientos por COVID-19, también hubo condiciones particulares para la población afrodescendiente. En México, la aplicación del Censo 2020 –que por primera vez incluyó una pregunta de autoidentificación para el pueblo afrodescendiente— coincidió con la pandemia. En Perú, la respuesta del Estado a la emergencia sanitaria se vio trastocada por la crisis política a raíz de la destitución del presidente Martín Vizcarra.

La importancia de la Convención contra el Racismo

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y en el marco del Decenio de los Afrodescendientes 2015-2024, Raza e Igualdad recuerda a los Estados la necesidad de adoptar medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que enfrentan las y los afrodescendientes.

En ese sentido, Raza e Igualdad invita, una vez más, a la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, en tanto esta representa un marco de acción eficaz e integral para avanzar hacia la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas afrodescendientes.

A la fecha, los únicos países que han ratificado esta Convención son Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Brasil, que recién lo hizo en febrero de 2021, por lo que organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil brasileña esperan que el gobierno de Jair Bolsonaro la convierta en ley.

Desde Raza e Igualdad también recomendamos a los Estados:

  • Generar políticas públicas, programas y proyectos que combatan efectivamente el racismo estructural y la discriminación racial contra los y las afrodescendientes.
  • Mejorar los sistemas de salud, empleo y educación, incluyendo la eliminación de la brecha entre el sector rural y urbano.
  • Garantizar que las poblaciones afrodescendientes e indígenas sean una prioridad en los programas de recuperación económica de la pandemia de COVID-19.
  • Incluir en los planes de emergencia acciones dirigidas a las y los afrodescendientes, respetando el derecho de consulta y consentimiento previo, así como sus diferentes interseccionalidades, especialmente niños, mujeres, desplazados, migrantes y población LGBTI.
  • Asegurar la recolección permanente de datos estadísticos confiables y desagregados por etnia/raza con enfoques interseccionales en las áreas de salud, educación, empleo y justicia.

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad reconoce a las mujeres que luchan por la igualdad y por un mundo mejor en medio del Covid-19

Washington D.C., 8 de marzo de 2021.– En este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a las mujeres que durante el último año se mantuvieron firmes en la lucha por la igualdad, a pesar de que sus derechos se vieron particularmente vulnerados en medio de la pandemia de Covid-19. De esta forma, Raza e Igualdad se une al tema definido este 2021 por Naciones Unidas para conmemorar este 8 de marzo, el cual se titula, “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

Raza e Igualdad conversó con mujeres de seis países de América Latina y el Caribe que participan en espacios de incidencia para la promoción y defensa de sus derechos. Les pedimos que nos compartieran su llamado a las autoridades como principales responsables del bienestar de la sociedad, pero también un mensaje de esperanza y resistencia para todas las mujeres de la región.

Unidas y seguras

Desde Colombia, Alicia Quiñónez, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), pidió a las autoridades fijar sus ojos en los territorios afrocolombianos, raizales y palenqueros, así como cuidar la vida y garantizar a las lideresas sociales el derecho a una vida digna y a poder ejercer su trabajo social, empresarial y político en sus territorios.

En su mensaje a las mujeres, dijo: “las invito a imaginarnos y trabajar por espacios políticos, empresariales y sociales que nos permitan seguir unidas, seguras y alzando nuestras voces cada día más alto con procesos organizativos que aporten y les permitan a los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros exigir sus derechos, vivir en paz, porque juntas podemos más”.

Garantía de derechos

Jessenia Casani, directora de DEMUS-Perú, expresó que las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en lograr la igualdad de género. “Necesitamos enfrentar la pandemia, pero con igualdad de género, necesitamos, por ejemplo, desplegar estrategias preventivas frente a las múltiples violencias machistas, necesitamos en este contexto garantizar derechos sexuales y reproductivos, con educación sexual integral, con anticoncepción oral de emergencia disponible, con servicios de aborto legal y seguro, con salud materna y que todos estos servicios se brinden sin discriminación y violencia”, manifestó.

Participación política

Por su parte, Rosa Castro, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, de México, señaló que es fundamental que las mujeres mantengan la denuncia de todos los tipos de violencia que enfrentan, así como la exigencia de su participación en espacios de poder. “Que ejerzamos nuestros derechos políticos y sigamos organizadas, empoderándonos y consolidando nuestra participación política en todos los espacios de toma de decisión, las mujeres debemos tener un lugar en la mesa de gobernanza para poder estar representadas en las discusiones”, refirió.

Resistir en medio de la crisis

Juanita Jiménez, directora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de Nicaragua, expuso que en medio de la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018 y de la pandemia de Covid-19, se agudizaron las vulnerabilidades de las mujeres y aumentó los riesgos para enfrentar la violencia y el femicidio. No obstante, aseguró que “la lucha por la igualdad sigue vigente porque las discriminaciones históricas y presentes continúan y se modernizan”.

“Seguimos luchando por el retorno de la democracia y el retorno de todos los derechos, queremos vivir en democracia para que se reconozca nuestra condición de humanas, que nuestros cuerpos no sean castigados por atrevernos a decidir, a pensar diferente o por criticar y fiscalizar a las autoridades; la lucha por la igualdad sigue vigente para que las niñas puedan crecer seguras, valoradas desde que nacen, que tengan acceso a las tecnologías, a la ciencia, a la educación y su desarrollo integral y lo principal, que puedan vivir libres de todas las violencias”, indicó.

Perseverancia

Lisandra Orraca, ciudadana cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), hizo un especial llamado a las autoridades para que en Cuba el delito de feminicidio sea tipificado y penado como tal. “Quisiera decirles a las mujeres de mi país que nos mantengamos unidas en la lucha por la igualdad y por el respeto hacia nuestros derechos, solo así podremos lograr un futuro mejor, libre de maltrato y de discriminación, juntas podremos lograrlo, no nos demos por vencidas jamás, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”, compartió Orraca.

Para Agatha Brooks, de la organización TRANSSA, de República Dominicana, es importante que las autoridades respondan de forma adecuada y eficiente a las violencias que enfrentan las mujeres trans, pues en medio de la pandemia de Covid-19 estas se vieron exacerbadas por la falta de una ley de identidad de género, la falta de acceso a servicios de salud y la drástica disminución de ingresos económicos. “A las mujeres, tanto cis como trans, les digo que no dejen de luchar, que nuestra lucha es constante y que, si mujeres en el pasado hubiesen dejado de luchar, no estaríamos donde estamos hoy; aunque se crea que no se ha avanzado, se ha avanzado mucho y nos falta mucho por avanzar, entonces ánimo, fuerza, nosotras podemos seguir adelante”, señaló.

Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad

La emergencia sanitaria generada por el Covid-19 no solamente sobrepasó las capacidades de la mayoría de los sistemas de salud en todo el mundo, sino que también desnudó la desigualdad, la violencia y la pobreza preexistentes en nuestras sociedades, por lo que grupos históricamente marginados como la población afrodescendiente, personas LGBTI y las mujeres, sufrieron los impactos de esta pandemia de forma extrema y diferenciada. La falta de acceso a servicios de salud, la exclusión de medidas sanitarias y la exacerbación de la violencia de género y el aumento en la carga de cuido que asumen las mujeres en los hogares, son algunas de las situaciones que se pusieron de manifiesto.

Sin embargo, a la par de todo ello, vimos cómo las mujeres que luchan por el reconocimiento y garantía de sus derechos se mantuvieron firmes y, además, aquellas en cargos públicos, personal de salud y cabezas de familia, demostraron una gran capacidad de gestión, valentía y cuidado, respectivamente. Por eso y muchos más, desde Raza e Igualdad deseamos que en este Día Internacional de la Mujer se renueven las fuerzas de todas las mujeres para seguir adelante en sus tareas y activismos, pues su aporte es esencial para contar con sociedades más justas y equitativas.

A lo largo de esta semana, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales videos con los mensajes de estas mujeres, bajo el lema “Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad”. Invitamos a unirse a esta campaña para que sus voces puedan llegar a más espacios de reflexión e incidencia.

Raza e Igualdad presenta el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional” de la mano de expertas internacionales y representantes de la sociedad civil de la región

Washington D.C., 5 de marzo de 2021.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó este jueves 4 de marzo el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional”, en un evento virtual que contó con la participación de la presidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Gladys Acosta, y representantes de organizaciones civiles regionales e internacionales que trabajan en la protección y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes y LBT (lesbianas, bisexuales y trans).

De parte de la sociedad civil, participaron Marisa Hutchinson, oficial de programa de la organización International Wome’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific); Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; Laritza Diversent, directora de la organización no gubernamental Cubalex; María Vélez, coordinadora de la iniciativa Casa Afirmativa de la organización colombiana Caribe Afirmativo; Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, y Cecilia Ramírez, activista afroperuana e integrante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), quien fue la moderadora del evento.

El director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, brindó las palabras de bienvenida en esta actividad, mientras que Melissa Monroy, autora principal del informe y asesora de Raza e Igualdad sobre Derechos de la Mujer, hizo una breve presentación del informe, cuyo análisis se enfoca en las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

El informe

Monroy explicó que este informe representa un gran esfuerzo para entender la forma en que se lleva a cabo el diálogo entre los Estados, la sociedad civil y el Comité CEDAW al momento de brindar informes y recomendaciones, respectivamente, con la particularidad de centrarse en analizar la participación y representación de las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans en esa dinámica.

Para ello, se realizó una revisión documental de los informes presentados tanto por los Estados como por la sociedad civil al Comité CEDAW entre 2010 y 2020, así como de las respuestas y recomendaciones del Comité CEDAW. Además, dijo Monroy, se entrevistó a activistas y lideresas sociales afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de cada país de estudio, para poder tener una aproximación real a sus experiencias y percepciones en torno a cómo la CEDAW impacta en sus vidas.

“Las acciones tanto del Comité CEDAW, la sociedad civil y los Estados se interrelacionan, por lo que es importante y necesario poder contar con la participación de más mujeres afrodescendientes diversas en estos escenarios, para que su voz se escuche”, señaló Monroy, quien agregó que, en ese sentido, el informe contiene recomendaciones dirigidas a los Estados, el Comité CEDAW y la sociedad civil.

CEDAW evoluciona junto a la conciencia social

La presidenta del Comité CEDAW, Gladys Acosta, reconoció que el problema planteado en el informe –que es la falta de participación y representación de las mujeres afrodescendientes diversas en la dinámica de intercambio con el  Comité CEDAW para que este formule recomendaciones a los Estados—es absolutamente real, pero aseguró que desde la adopción de la CEDAW en el año 1979, esta ha venido experimentando una serie de modificaciones para ampliar el significado de sus artículos y de sus recomendaciones, en la medida en que la lucha y la conciencia social han evolucionado. En ese sentido, recordó que dicho tratado pasó de hablar de violencia contra las mujeres, a hablar de violencia de género, que es un concepto mucho más integral.

“Ha habido una evolución que no es meramente conceptual, sino que es una evolución histórica de las luchas (…) las luchas están delante de los avances de las leyes, primero se lucha y luego viene la etapa del reconocimiento tanto a nivel nacional e internacional. Estos estándares son elásticos, por decirlo de una forma, se van ampliando conforme va creciendo la conciencia social y, por tanto, lo que dijimos en el año 1980 hoy en día es otra cosa y se han ampliado, se ha ampliado la compresión de lo que es la violación a un derecho”, dijo.

En el caso de la interseccionalidad, la experta refirió que este es un concepto que comenzó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos por cuanto esta, en su primer artículo, plantea que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. “Pone en un terreno de igualdad a todas las personas en todos los niveles, lo que pasa es que por miles de razones que no vamos a abordar aquí, se ha demorado que esto empiece a llegar a donde tiene que estar”, añadió.

“Esto está en movimiento, no es nada estático y la visibilidad de la lucha que ustedes traen está tomada en cuenta, y no solamente en el comité CEDAW, he visto este proceso en todos los Comités. Nosotros tratamos de que se construya una doctrina de los derechos humanos en su conjunto, y mientras más específico, más protector”, indicó Acosta en relación al trabajo que hacen los Comités de expertos sobre los distintos tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Debate sobre discriminación desde la interseccionalidad

Las representantes de la sociedad civil plantearon desde sus experiencias de trabajo con mujeres afrodescendientes diversas, las distintas formas en que se manifiesta la discriminación y la violencia en contra de este grupo poblacional.

“Cuando yo pienso en la interseccionalidad yo pienso especialmente en el hecho de ser una mujer negra. Nosotras vivimos discriminación a nivel de raza o de preferencia sexual, porque eres una mujer negra lesbiana o una trabajadora trans negra, entonces todas estas experiencias múltiples llegan a una razón, a una raíz, y es ser diferente a nivel racial o étnico, y esto tiene un impacto mucho más grande en cuanto a la discriminación que nosotras sufrimos”, expresó Marisa Hutchinson, oficial de programa de IWRAW Asia Pacific.

Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del PT de Brasil, señaló que es importante entender que no toda política pública desarrollada por el Estado a favor de los derechos de las mujeres puede ser alcanzada de manera diversa, principalmente en un país como Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro niega el racismo. “La prueba de esto es cuando tenemos campañas de lucha contra la violencia hacia las mujeres y tenemos una reducción de la violencia contra las mujeres no negras, pero tenemos poca atención para las mujeres, no significa que esa política del Estado vaya a alcanzar al grupo más vulnerable”, explicó.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, compartió por su parte que en Cuba las mujeres afrodescendientes sufren de forma constante discriminación y violencia de parte de las autoridades, pues existe un perfil racial que las asocia al trabajo sexual, lo cual está prohibido en la Isla. “Nos asocian a que somos mujeres más ´calientes´, que los turistas nos van a seguir, entonces somo objetivo constante de los órganos policiales y en medio de la pandemia de Covid-19 se ha exacerbado la violencia institucional contra las mujeres afrodescendientes”, detalló Diversent, quien reconoció en entre la sociedad civil cubana aún no hay una total compresión del término interseccionalidad, por lo que resulta difícil denunciar las violaciones que se dan bajo ese concepto.

En tanto, María Vélez, de Caribe Afirmativo, apuntó: “Nosotras, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans negras nos enfrentamos a la realidad a través de nuestros cuerpos racializados, por ello la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género diversa no se vive de la misma manera en los cuerpos blancos que en los cuerpos racializados debido a que el racismo se ha instalado como una cultura de opresión validada social, política, económica e incluso religiosamente (…) la interseccionalidad es un enfoque que señala la necesidad de entender las opresiones como la raza, el género y la clase, y cómo estas se interrelacionan permitiendo comprender la profundidad de la desigualdad que una persona experimenta en un contexto dado”.

Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, brindó los comentarios finales destacando la grave situación de discriminación que enfrenta la población LGBTI en este país. “Somos la población que más muere por crímenes de odio como persecución y estrangulamiento. Estas situaciones brutales tienen que parar, tienen que ser combatidas, esta realidad tiene que transformarse”, expresó.

En Raza e Igualdad, la interseccionalidad comprende un enfoque transversal en nuestras intervenciones para la protección y defensa de los grupos poblaciones con los que trabajamos, como son las personas afrodescendientes y LGBTI. Esperamos que este informe contribuya a la comprensión de este concepto como determinante de violaciones de derechos humanos, pero también como una perspectiva imprescindible en las políticas que se trazan a nivel nacional, regional e internacional de cara al reconocimiento y garantía de los derechos de todas las personas.

Acceda al informe dando clic aquí. Las versiones en portugués e inglés del informe estarán disponibles próximamente.

La grabación del evento de presentación del informe se encuentra disponible aquí.

Raza e Igualdad Colombia se une a la CIDH para demandar que el Estado colombiano no deje impune el feminicidio contra niña afrodescendiente en el Cauca

Bogotá, 20 de enero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar que el Estado colombiano investigue a fondo el feminicidio cometido en contra de la niña Maira Alejandra Orobio Solís, teniendo en cuenta que este crimen forma parte de un patrón sistemático de agresiones y violaciones en perjuicio de la población afrocolombiana que Raza e Igualdad ha venido visibilizando.

El cuerpo de Maira Alejandra, de once años, fue encontrado sin vida y con signos de violación y tortura la madrugada del 11 de enero de 2021 en una zona verde del barrio Santa Mónica, en el municipio de Guapi, departamento del Cauca. El crimen ha generado conmoción a nivel nacional y según declaraciones del Monseñor Alberto Correa Martínez, Vicario de Guapi, estos actos de violencia no son atípicos en esta municipalidad.

El religioso se solidarizó con la familia de la niña y solicitó a las autoridades competentes toda la celeridad en el proceso investigativo, pero también denunció que “hay cierta sistematicidad en la persistencia de violaciones a niñas y jóvenes en nuestro municipio”, lo cual contrasta con el hecho que, en el año 2019, la niña Maira Alejandra Orobio Solís fue víctima de abuso sexual.

Según información oficial, el responsable de dicho delito fue capturado, judicializado y condenado; sin embargo, las medidas complementarias para garantizar los derechos fundamentales de la niña no tuvieron como consecuencia la superación de las condiciones de vulnerabilidad que propiciaron el primer acto de violencia. Por el contrario, estas persistieron dando lugar a la revictimización de la menor y sus familiares.

Llamado al Estado

Raza e Igualdad demanda que el Estado colombiano, a través de las entidades competentes, redoble los esfuerzos para esclarecer este crimen y castigar a la persona responsable; además, que brinde ayuda psicosocial a la familia de la víctima y garantice la superación de las condiciones de vulnerabilidad que dieron lugar a los episodios de violencia contra la niña Maira Alejandra Orobio Solís.

También solicita que Fiscalía General de la Nación tenga una presencia real en el territorio de Guapi, es decir, que esta no sea solamente virtual y a discreción de los funcionarios públicos, sino que se realice de tal forma que asegure la debida diligencia en el desarrollo de las labores investigativas.

A la luz de este nuevo crimen, Raza e Igualdad insta al Estado a combatir la impunidad e ineficacia de la administración de justicia en los delitos contra la niñez basados en género donde además converjan otros factores de vulnerabilidad como la pobreza y la discriminación racial, y le recuerda que todas estas acciones y demandas están en correspondencia con su obligación de garantizar la vida digna de las mujeres, jóvenes y niñas en el país, y velar porque estos actos de violencia en su contra no se normalicen.

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

Día Mundial de la lucha contra el Sida: Raza e Igualdad pide a Brasil y a Colombia que garanticen equidad en el tratamiento del VIH

Este 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) muestra su solidaridad y honra a todas las personas que viven con VIH/SIDA. Esta conmemoración, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 1987, con el apoyo de las Naciones Unidas (ONU), tiene como objetivo crear conciencia y promover el diálogo sobre los derechos sexuales de una manera inclusiva y receptiva en la prevención del VIH. Además, busca romper los estigmas sobre la realidad de las personas que viven con el virus, siendo una jornada de visibilidad y solidaridad.

Brasil: el racismo y la LGBTIfobia estructurales como barreras en el tratamiento del VIH

En Brasil, durante todo el mes de diciembre, se celebra la campaña de sensibilización “Diciembre Rojo”, cuyo símbolo es una cinta roja que, a nivel mundial, representa la solidaridad y compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA. Sin embargo, si bien este país ya había sido un referente mundial en el tratamiento contra el virus, actualmente enfrenta el desmantelamiento del Sistema Único de Salud (SUS) y varios retrocesos en las políticas públicas de salud, como decretos del gobierno de Jair Bolsonaro que eliminaron departamentos que se ocupaban de la vigilancia y prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH.

El dossier “¿De qué color es lo invisible? La situación de derechos humanos de la población negra LGBTI brasileña”, publicado por Raza e Igualdad, en su capítulo 5, referido al derecho a la salud, recopila diversos datos que explican el preocupante avance del VIH/SIDA en el país[1]. Como señala el documento, el racismo y la LGBTIfobia estructurales combinados con el avance del conservadurismo religioso, constituyen obstáculos para un tratamiento igualitario del VIH para toda la población. La falta de responsabilidad del Estado y su discurso moralista, alientan a la sociedad a desarrollar prácticas prejuiciosas y LGBTIfóbicas sobre la falacia de que el VIH es una enfermedad exclusiva de personas homosexuales. Como resultado, el debate sobre educación sexual fue eliminado de las escuelas.

Según el informe, entre 2007 y 2017, hubo un aumento del 700% en las tasas de infección por VIH entre las personas de 15 a 24 años. Si bien estos datos se refieren al gobierno anterior, se sabe que, debido al avance del conservadurismo religioso, actualmente hay un aumento de casos de VIH entre jóvenes y adolescentes que no han tenido acceso a la información necesaria en salud pública.  Además, el informe señala el impacto del racismo en los tratamientos de salud, evidenciando la gran discrepancia en la proporción raza y sexo en el aumento de casos de infección por VIH y desarrollo de SIDA, entre 2008 y 2018.

Los datos epidemiológicos, explicados en este informe, muestran que, mientras el número de muertes por SIDA ha disminuido entre las personas blancas, ha aumentado considerablemente entre las y los afrodescendientes. En 2018, hubo 2.885 (40,3%) muertes de hombres blancos y 4.219 (59%) muertes de hombres negros. Para las mujeres la tendencia es la misma. En 2008, hubo 1.804 (47,4%) muertes de mujeres blancas y 1.981 (52,1%) muertes de mujeres negras. En 2018, hubo 1.309 (37,7%) muertes de mujeres blancas y 2.136 (61,5 %) muertes de mujeres negras.

El documento señala también la invisibilidad de las lesbianas, transexuales, travestis y hombres trans en los datos del boletín epidemiológico. Ocultos dentro del patrón de cis-heteronormatividad universal, estos grupos no cuentan con políticas públicas de salud que comprendan sus necesidades reales y, una vez más, son silenciados mientras se vuelven más vulnerables.

“Un meta análisis realizado con datos de 15 países[2], estimó que el 33,1% de las mujeres trans en Brasil vivían con el VIH, solo detrás de Argentina (33,5%) e India (43,7%), con datos actualizados hasta 2011. Esta misma encuesta apuntaba a la alarmante estimación de que las mujeres trans tenían 49 veces más probabilidades de contraer el VIH que otras personas”, revela el dossier.

En este sentido, el dossier saca a la luz el impacto causado por el racismo y la LGBTIfobia estructurales, que condena a gran parte de la población brasileña a situaciones de extrema vulnerabilidad en la atención y tratamiento como condiciones necesarias para una salud digna. Con ello, el avance del VIH/SIDA en Brasil vuelve a poner al país en riesgo de pandemia, ya que el desmantelamiento de programas sociales imprescindibles para el mantenimiento de la salud de la población, sirven de terreno para la proliferación no solo de enfermedades, sino también de desigualdad e intolerancia.

VIH/SIDA en Colombia: una historia de éxito sin victorias

El informe anual mundial del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA ), publicado a mediados de 2020[3], revela que Colombia es uno de los pocos países de América Latina donde la tasa de infecciones por VIH ha disminuido en la última década. A pesar de ello, las cifras globales ocultan la falta de avances en la atención a los grupos más vulnerables y aún persisten las altas tasas de mortalidad. Existen otras barreras estructurales que impiden que los más vulnerables accedan a los programas ya propuestos por el Gobierno bajo esta estrategia global.

En primer lugar, porque existe una brecha importante en el acceso a los servicios de salud, debido a las altas tasas de desempleo y desocupación en el país, lo que limita las posibilidades de acceso a un diagnóstico de la enfermedad, específicamente a un diagnóstico temprano que permita una pronta acción. En la actualidad, la epidemia se concentra en algunas poblaciones, dos de las cuales pertenecen al colectivo LGBTI: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), en la que se incluyen hombres bisexuales y hombres que no se autodenominan “gay”) y mujeres trans, (MT), es decir, personas que nacen hombres y actualmente son mujeres. En estos grupos, los niveles de seropositividad son muy altos.

En Bogotá, en 2018, las tasas de contagio rondaron el 17% (HSH) y el 20% (MT). En contraste, la prevalencia es del 0,5% para el resto de la población de Bogotá, entre los 15 y los 49 años[4]. A nivel nacional, según el Ministerio de Salud, los hombres que tienen sexo con hombres tienen una prevalencia de infección por el VIH del 20,4% y las mujeres transexuales del 23,4%[5]. A pesar de estas cifras, no hay programas específicos que permitan que estos grupos accedan a pruebas rápidas y a la información pertinente sobre cómo acceder a estas.

La segunda gran barrera es la discriminación y los prejuicios que aún persisten sobre el tema. El estigma que representa el VIH/SIDA implica indagaciones irrespetuosas e innecesarias sobre la identidad sexual de las personas, su desempeño como trabajadoras sexuales o el uso de drogas. Esto resulta especialmente impactante si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en las ciudades principales de Colombia, para el 2019, los casos de contagio habían aumentado en las mujeres trans más de 15%, y el trabajo sexual seguía siendo una de sus formas de trabajo más usuales[6]. Existe una carga negativa asociada con la enfermedad que envía un mensaje de muerte y/o indeseabilidad para la sociedad sobre las personas que viven con el VIH/SIDA.

Apenas el año pasado, la Corte Constitucional de Colombia eliminó la sección del código penal que penalizaba la transmisión del VIH, señalando que la ley violó los principios de igualdad y no discriminación, ya que segregaba a las personas que viven con el virus, estigmatizándolas y limitando sus derechos[7]. Mientras no se creen programas específicos para acceder y eliminar los prejuicios sobre estos colectivos y sobre la enfermedad en general, es evidente que el miedo a recibir tratamiento médico y la respuesta de la sociedad prevalecerá sobre la búsqueda del diagnóstico.

Finalmente, volviendo a la idea de que se debe fortalecer una respuesta preventiva por parte del Gobierno colombiano, es importante entender que el fenómeno del VIH/SIDA se presenta como un grave problema de salud pública mundial, en el cual no solo debe cubrir el contexto de la enfermedad, sino que tiene que evolucionar en un proceso que involucre varias dimensiones, como la social, la económica y la cultural.

El contexto de la pandemia de COVID 19 ha exacerbado las dificultades. Aunque ONUSIDA recomendó a todos los países que durante la pandemia no distribuyeran antirretrovirales mes a mes a los pacientes, sino que los administraran para un periodo de tres meses, con el objetivo de evitar que las personas salieran de sus casas, Colombia no aceptó esta disposición[8]. Esta decisión, sumada a las difíciles condiciones socioeconómicas que afectaron de manera diferente a las personas LGBTI, actualmente limita su acceso a los servicios de salud[9].

De esta forma, Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados de la región a garantizar la equidad racial y sexual en el tratamiento del VIH/SIDA, además de reforzar la urgente necesidad de campañas de educación sexual, ya sea en ambientes escolares o en espacios públicos. Es necesario romper los estigmas y fortalecer la prevención del VIH para que el mundo no se vea afectado por otra pandemia que, como se sabe, se puede controlar. Sugerimos que los Estados adopten las siguientes recomendaciones:

  1. Implementar las recomendaciones de la CIDH contenidas en su Informe sobre Violencia contra las personas LGBTI (2015) y adoptar medidas integrales que combatan eficazmente la discriminación y violencia que enfrentan las personas LGBTI en situación de pobreza y pobreza extrema[10]
  2. Que se desarrollen pautas para que las escuelas de medicina y enfermería aborden en sus programas curriculares, en sus grupos de investigación y extensión y en sus eventos académicos, temas como la orientación sexual y la identidad de género, para que, desde su formación, profesionales de la salud conozcan las necesidades específicas de las personas LGBTI, especialmente las personas trans.
  3. Que se adopten medidas de sensibilización y formación de los profesionales que trabajan en el área de la salud, asegurando la igualdad de trato a las personas LGBTI.

 

[1] Dossier disponible en: http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/

[2] Argentina, Australia, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, Países Bajos, India, Indonesia, Italia, Perú, Pakistán, Tailandia, Uruguay y Vietnam.

[3] Disponible en: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ 2020_global-aids-report_en.pdf

[4] Disponible en: https://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural—revista-arcadia/articulo/la-politica-lgbt-y-el-reto-frente-al-vihsida-en-colombia/68263/

[5] Disponible en: https://www.radionacional.co/noticias/comunidad-lgbti-coronavirus

[6] Disponible en: http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/un-analisis/article/vih-en-america-latina.html

[7] Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-248-19.htm

[8] Disponible en: https://www.radionacional.co/noticias/comunidad-lgbti-coronavirus

[9] Disponible en: http://oldrace.wp/english/the-emergency-situation-caused-by-covid-19-unveils-the-concerning-reality-of-lgbti-people-in-colombia/

[10] CIDH. Violencia contra personas LGBTI. 2015, pág. 227, párr. 382. Disponible en: www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf

Lideresas afrodescendientes de la región llaman a incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas sobre la participación de las mujeres en cargos públicos y de elección popular

Bogotá, 27 de noviembre de 2020.– En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reunió en un evento virtual a seis lideresas de América Latina y el Caribe, para conversar sobre los retos y oportunidades de la participación política de las mujeres afrodescendientes en la región. Las panelistas coincidieron en que ha habido un aumento en la participación de mujeres en puestos de poder y/o elección popular, pero es necesario incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas sobre la participación de las mujeres en dichos espacios.

El webinar “Participación política de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Retos y Oportunidades” se llevó a cabo el martes 24 de noviembre y contó con la participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; la diputada del Congreso de Honduras, Johana Bermúdez; la activista y precandidata a la Presidencia de Colombia, Francia Márquez; la secretaria LGBTI del Partido de los Trabajadores de Brasil, Yanaina Oliveira; la activista cubana e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Marthadela Tamayo González, y la coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Paola Yáñez, quien estuvo a cargo de moderar el evento.

La Vicepresidenta de Costa Rica señaló que la participación de mujeres en general en los Congresos de la región se ubica actualmente en un 30%, cuando antes era de entre 10% y 15%; sin embargo, dijo que en el caso de los pueblos y mujeres afrodescendientes esa participación es mucho más limitada. En ese sentido, planteó la necesidad incluir el enfoque étnico-racial en las leyes sobre participación política de las mujeres, así como trabajar con los partidos políticos para que asuman dicha perspectiva. “Promover la participación y desconocer la diversidad de mujeres que hay en una sociedad genera más brechas de desigualdad”, expresó.

Violencia política

Francia Márquez, activista por los derechos humanos y precandidata a la Presidencia de Colombia, indicó que como potencial aspirante a dicho cargo se enfrenta a muchos retos, entre ellos el racismo estructural y el conflicto armado que persisten en el país. “Ya dije que quiero ser candidata a la Presidencia y ya comenzaron los ‘peros’, acusaciones, excusas, ‘no sabe’, ‘no puede’, ‘no conoce’; eso es una estrategia para que no ocupemos espacios de poder, y si no hay una decisión nuestra para participar y hacer entender a nuestra gente que el voto es importante, difícilmente vamos a cerrar esas brechas de igualdad e inequidad”, apuntó.

La congresista hondureña Johana Bermúdez señaló en ese sentido que la violencia contra las mujeres en cualquier escenario es terrible, pero cuando ocupan cargos en espacios públicos es peor. Refirió que actualmente la violencia digital es una de las principales expresiones de dicha violencia y que, por tanto, hay mujeres que no se animan a participar en la política, pues tienen miedo de ser víctimas del escarnio público. La congresista resaltó además que en medio de la pandemia de Covid-19 ha quedado demostrada la capacidad de gestión y liderazgo de las mujeres, ya que los países con mayor transparencia y mejor comunicación en el manejo de la emergencia sanitaria son aquellos que están liderados por mujeres.

Yanaina Oliveira, secretaria LGBTI del Partido de los Trabajadores de Brasil, agregó que las mujeres negras que corren como candidatas a puestos de elección popular, son víctimas de ofensas racistas y sexistas, un discurso que está principalmente promovido por el presidente Jair Bolsonaro, quien insiste en que en el país no hay racismo y se caracteriza por hacer comentarios misóginos, dijo. “Nuestros cuerpos son víctima de violencia de parte de los representantes del Estado”, enfatizó. La lideresa afrobrasileña recordó sin embargo que, en las últimas elecciones de legisladores e intendentes, quedaron electas 25 personas trans, algo histórico es Brasil, donde la política ha estado dominada por personas blancas y hombres.

En tanto, la activista cubana e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, se refirió a la persecución y criminalización que enfrentan las personas que intentan promover prácticas electorales democráticas en Cuba, sobre todo si se trata de mujeres racializadas. Mencionó en particular la agresión que sufrieron ella y otros miembros del CIR, así como periodistas independientes, de parte de oficiales de la Seguridad del Estado, la Policía y simpatizantes del Gobierno, el domingo 22 de noviembre en el Parque Central de La Habana, a donde se habían congregado para manifestarse contra la detención del músico y activista Denis Solís.

Desde Raza e Igualdad acompañamos las demandas de las mujeres afrodescendientes para hacer efectiva su participación en espacios de poder, y hacemos eco del llamado a incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas que promueven su participación política.

Puede mirar nuevamente el evento virtual por medio de este enlace: https://fb.watch/20S-Qux7zv/ 

Raza e Igualdad invita al webinar Participación Política de Mujeres Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Retos y Oportunidades

Washington D.C., 20 de noviembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), junto a la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, invita al webinar Participación Política de Mujeres Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Retos y Oportunidades. Este evento virtual se realizará en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, y busca ser un espacio de diálogo sur-sur entre mujeres afrodescendientes que han participado en espacios políticos-electorales.

El evento se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre a las 5:00 pm (hora de Colombia) y contará con la participación de Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de Costa Rica; Francia Márquez, activista y precandidata presidencial colombiana; Johana Bermúdez, diputada del Congreso Nacional de Honduras; Janaina Oliveira, secretaria nacional LBGT del Partido de los Trabajadores de Brasil, y una representante de la sociedad civil independiente de Cuba. En tanto, a conducción estará a cargo de Paola Yañez, coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.

A lo largo del evento, las panelistas expondrán su experiencia participando en espacios políticos-electorales en diferentes países de la región, y ofrecerán recomendaciones para otras mujeres en situaciones similares. A través de este webinar, se busca promover un dialogo sur-sur entre mujeres afrodescendientes que han participado en espacios políticos.

El evento se desarrollará en la plataforma Zoom. Para inscribirse acceda a este enlace https://bit.ly/3faBSqy, o bien, se puede seguir la transmisión en vivo en la página de Raza e Igualdad en Facebook: https://www.facebook.com/raceandequality. Cabe destacar que en Zoom habrá interpretación simultánea español / portugués.

Raza e Igualdad invita a seguir las actualizaciones previas al evento, las cuales se estarán publicando en las redes sociales de la organización y de Caribe Afirmativo y la Misión de Observación Electoral, organizaciones colombianas que apoyan en la convocatoria.

Para más información sobre este webinar, puede contactarse con Melissa Monroy por medio del correo monroy@oldrace.wp

Día Internacional de la Memoria Trans: una fecha para recordar y reafirmar la lucha por la igualdad y no discriminación

Washington D.C., 20 de noviembre de 2020.– Este 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere recordar a todas las personas trans que han sido asesinadas alrededor del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, región donde según registros de organizaciones de la sociedad civil se concentra la mayoría de los asesinatos. Para ello, hablamos con seis activistas trans de diferentes países y que, desde sus espacios y realidades, buscan mantener viva la memoria de quienes ya no están y reivindicar su derecho a la igualdad y no discriminación.

Un caso, una realidad

Brandy Carolina tenía 32 años cuando fue asesinada de varias puñaladas—una de ellas en el cuello—que le propinó un hombre desconocido en el barrio La Chinita, en Barranquilla, Colombia. Era extrovertida y soñaba con regalarle una casa a su mamá, pero en junio pasado le arrebataron la vida por ser una mujer trans, denuncian organizaciones que defienden los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

“No expresaba temor, era bien segura de sí misma, y es que una no presiente la muerte, sino que llega de repente y en los sitios menos esperados”, expresa Andra Hernández, representante de la Red LGBTI de Boyacá e integrante de Femidiversas, al referirse al asesinato de Brandy Carolina, aunque a la vez refiere que en ese mismo barrio barranquillero habían sido asesinadas una mujer lesbiana y una mujer trans el 26 de marzo y el 16 de abril de este año, respectivamente. “No esperábamos que una persona tan cercana cayera en manos de una sociedad tan indolente que no respeta la diversidad y las disidencias, nunca estamos preparadas para una muerte, menos para una muerte por ser trans”, insiste.

Cada año, en vísperas del Día Internacional de la Memoria Trans, la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia publica un amplio informe sobre el asesinato de personas trans y género-diversas alrededor del mundo. El reporte correspondiente a este año revela que entre el 1 octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 hubo 350 asesinatos, de los cuales el 82% ocurrió en América Latina, donde Brasil (152[i]), México (45) y Colombia (16[ii]) encabezan la lista de países con más casos.

Morir dos veces

Santiago Balvin, activista trans masculino no binario de Perú, afirma que es necesario conmemorar a todas las personas trans que han sido asesinadas porque, incluso después de su muerte, son discriminadas e invisibilizadas. “Queda un sentimiento de frustración porque no se puede hacer nada, las familias no reconocen sus nombres y los medios no las citan según su nombre identitario, es muy doloroso que se trate así la muerte de una hermana y que siga pasando con tanta impunidad”, comparte.

En esta fecha, Balvin recuerda la Masacre de Tarapoto, también conocida como Noche de las Gardenias, pues fue una matanza selectiva ocurrida el 31 de mayo de 1989 y está catalogada como el mayor crimen de odio contra personas transgénero en la historia del país. Al mismo tiempo, indica que este año las organizaciones de la sociedad civil peruana contabilizan 5 personas trans asesinadas hasta la fecha.

Victoria Obando, activista por los derechos humanos en Nicaragua y exprisionera política, coindice en la importancia de conmemorar el Día Internacional de la Memoria Trans, pues para ella es un día para recordar la lucha que la mayoría de las personas asesinadas libraron para defender y promover los derechos de la comunidad trans. “Vivimos en una sociedad que no nos reconoce como parte de esta, siento que es una tragedia lo que vive la población trans, especialmente las mujeres trans, porque no entienden que también somos seres humanos”, dijo.

En Nicaragua no se manejan datos sobre violencia y asesinatos contra personas trans, lo cual Obando trata de entender por la crisis sociopolítica que vive el país; sin embargo, asegura que aun en medio de las discusiones para devolver la democracia al país, se trata de hacer a un lado a las personas trans. “Hay quienes consideran que hay categorías para acomodar las temáticas y las trans siempre van como algo secundario, nos quieren encajonar, como activista me ha costado tener aceptación, subestiman mis capacidades por el hecho de tener una identidad de género diversa”, refiere.

Exclusión e impunidad

Para Athiany Larios Fonseca, mujer trans nicaragüense exiliada en Costa Rica, aún es doloroso recordar uno de los primeros casos que conoció acerca de violencia por discriminación en contra de una persona trans. “Mi amiga y su pareja fueron apedreados camino a su casa y me preguntaba ‘por qué la gente nos molesta tanto’, y me eché a llorar porque nos agreden y hasta nos asesinan por ese odio por no ser hombre o mujer según los mandatos biológicos-genitales”, afirma.

Christian King, de la organización TRANSSA de República Dominicana, expresa que el Día Internacional de la Memoria Trans “representa el reconocimiento y la reivindicación de todas las compañeras trans que han perdido la vida víctimas de la discriminación, la transfobia y los prejuicios como consecuencia de la falta de voluntad política y políticas públicas que garanticen los derechos de esta base poblacional y penalice la discriminación”.

En este país, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans registra 49 crímenes de odio cometidos contra mujeres trans, de los cuales solo 5 han sido judicializados y con sentencias. Además, junto a TRANSSA, demandan la aprobación del Proyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación, el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos y una Ley de Identidad de Género.

Una deuda del Estado

Para Bruna Benevides, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, entre los factores que intensifican la violencia contra las personas trans destacan el proceso histórico de invisibilización de esta población y su fata de acceso a derechos básicos, pero sobre todo el fracaso del Estado en atender sus necesidades. “Además, vemos una creciente ola global neoliberal que trae el fascismo, este espantapájaros de la ideología de género y, sobre todo, la idea de que las personas trans, mujeres y negras, deben continuar en un lugar de subordinación”, añade.

La activista destaca también la influencia que tuvo la pandemia de COVID-19 en la exacerbación de la violencia contra las personas trans, pues junto a la emergencia sanitaria ha habido un aumento de la desigualdad, el desempleo, el hambre y la invisibilidad en que se encuentra esta población. Efectivamente, el informe de Trans Respect vs Trans Phobia da fe del impacto desproporcionado que tuvo la pandemia sobre las personas trans, especialmente en las más excluidas, tales como mujeres negras y racializadas, trabajadoras sexuales, migrantes, jóvenes y que viven en condiciones de pobreza.

“Lamentablemente, la falta de acciones, pero también la falta de atención a nuestra población y un proceso total de invisibilidad en el trato con nuestra población nos deja sin ayuda del Estado. Como resultado, somos más susceptibles y vulnerables a la violencia. Quizás esto sea parte de este plan que elige cuerpos que son matables, desechables, que no forman parte de la estructura hegemónica y que, por eso, pueden ser fácilmente exterminados. No es de extrañar, somos el país que más personas trans mata en el mundo y, este año, una vez más estamos en lo más alto de este triste ranking”, dice Benevides.

A propósito del Día Internacional de la Memoria Trans, desde Raza e Igualdad queremos recordarle a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en lo concerniente a la situación de violencia y asesinatos contra personas trans, realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusión de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar a la población sobre la orientación sexual e identidad de género, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBTI.

[i]  Cifra registrada por ANTRA de Brasil

[ii] Organizaciones de la sociedad civil de Colombia registran 30 asesinatos de personas trans este año.

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