Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos llama a los Gobiernos a cumplir su obligación de proteger la vida de defensoras y defensores

Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos llama a los Gobiernos a cumplir su obligación de proteger la vida de defensoras y defensores

Washington D.C., 22 de octubre de 2020.– La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, llamó a los Gobiernos a cumplir con su obligación de proteger la vida de las y los defensores de derechos humanos, en un encuentro que sostuvo este martes 20 de octubre con las defensoras Erlendy Cuero Bravo, de Colombia, y Alma Sinumlag, de Filipinas, en el que conoció detalles sobre la situación de amenazas que enfrentan estas lideresas por la labor que desempeñan en sus comunidades.

El encuentro, que se denominó “Advertencias finales: amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos”, fue realizado con el apoyo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y contó con la participación de Iain Levine, asesor sobre derechos humanos en Facebook. El moderador fue Otto Saki, oficial del programa Compromiso Cívico y de Gobierno, de la Fundación Ford, quien al inicio del evento pidió un momento de silencio en memoria de todas las víctimas mortales del Covid-19.

Una prioridad

La Relatora Especial mencionó que durante su mandato su prioridad serán los asesinatos de personas que se dedican a la defensa de derechos humanos, y en vista de que estos frecuentemente son antecedidos por amenazas que reciben las y los defensores tanto en sus localidades como a través de plataformas de internet, pondrá especial atención a dicha situación.

“Sabemos que en cada continente mujeres y hombres son asesinados por ser defensores de derechos humanos, y sabemos que estos asesinatos no son actos de violencia al azar, sino que son premeditados y dirigidos (…) y sabemos que muchos de estos asesinatos son antecedidos por amenazas de muerte”, puntualizó.

Lawlor presentó el lunes 19 de octubre su primer informe como Relatora Especial ante la Asamblea General de Naciones Unidas y se encuentra preparando otro enfocado en los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en todo el mundo.

El caso de Erlendy Cuero Bravo

La lideresa afrocolombiana y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Erlendy Cuero Bravo, fue invitada por la Relatora para exponer su caso, pues desde que inició hace más de 20 años la labor de defender los derechos humanos de las y los afrocolombianos víctimas del conflicto armado en Colombia, ha sido objetivo de atentados y amenazas contra su vida, la de su familia y la de compañeros y compañeras de su organización, según contó ella misma en el evento.

“Quiero enfatizar que la situación de amenazas que hoy sigo enfrentando es la situación de cientos de líderes y lideresas de las comunidades afrocolombianas e indígenas de mi país”, apuntó Cuero Bravo, quien recordó que el país sigue sumido en el conflicto armado que inició hace más de 50 años, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, siendo las comunidades afrocolombianas e indígenas las más afectadas entre los más de 8.5 millones víctimas a nivel nacional. “Al menos 2 millones de las personas desplazadas somos afrocolombianos”, enfatizó.

“La mayoría de las amenazas las he recibido a través de panfletos que ha llegado a través de Whatsapp, mi correo electrónico y Facebook, pero también he recibido esos panfletos en mi propia residencia y la sede de mi organización. La autoría de la mayoría de esos panfletos ha sido de grupos paramilitares, pero también ha habido panfletos de grupos guerrilleros y agrupaciones de narcotraficantes”, expuso.

La lideresa indicó que en estas amenazas le aseguran que la asesinarán a ella y a sus familiares, así como le exigen que abandone sus actividades de liderazgo e incluso su lugar de residencia, señalándola como colaboradora de la guerrilla y como un obstáculo en las políticas del Gobierno. Cuero Bravo dijo que esta situación se ve agravada por la indiferencia y falta de empatía del Gobierno, pues a pesar de que actualmente cuenta con un guardaespaldas y un vehículo blindado, esto fue posible por las medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Solicitamos respetuosamente que, en cumplimiento de su mandato, exhorte al Gobierno de Colombia adoptar las medidas que le hemos propuesto, como reformar los procedimientos de evaluación de riesgo para garantizar que los defensores en alto riesgo reciban medidas de protección efectivas e implementar medidas de protección colectivas en las comunidades y organizaciones que continúan en situación de riesgo”, dijo.

El caso de Alma Sinumlag

Alma Sinumlag, defensora de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas (IPHRD) de La Cordillera, en Filipinas, expuso que en su caso las amenazas llegan principalmente a través de las redes sociales, donde constantemente se realizan publicaciones que la identifican con su nombre completo, fotografías sola o acompañada de otros activistas y la califican como una “criminal” o “terrorista”. La lideresa denunció que han logrado identificar que la mayoría de las cuentas desde las cuales se realizan dichas amenazas están ligadas al Gobierno, la Policía o el Ejército, siendo Facebook la plataforma más utilizado.

Uno de los objetivos de la Relatora Lawlor es dialogar con representantes de empresas de tecnología para conocer cómo reaccionan ante a la evidencia de amenazas de muerte que se realizan en sus plataformas, por lo que el evento tuvo la participación de Iain Levine, asesor sobre derechos humanos en Facebook. Levine aseguró que la protección de defensores de derechos humanos es un reto para las empresas de redes sociales, por lo que en el grupo que él dirige es una prioridad.

“Queremos que Facebook sea una plataforma clave para los defensores de derechos humanos, queremos ser una plataforma donde puedan promover los derechos humanos, ser activos, incidir, organizar y crear comunidad, dijo. El experto señaló que es importante que las amenazas sean reportadas por los medios establecidos en la red social, aunque reconoció que, si estas se realizan por canales privados como Whatsapp, para ellos es mucho más difícil darles seguimiento.

Llamado a los Gobiernos

La Relatora Mary Lawlor aconsejó a las y los defensores de derechos humanos elaborar su propio plan de seguridad, incluyendo la medida de abandonar sus localidades en caso de que los casos sean extremos. También invitó a las defensoras participantes en el evento a buscar el apoyo de la embajada de los Países Bajos en sus países.

En ese sentido, Mark Reichwein, de la misión de Países Bajos ante Naciones Unidas, intervino reafirmando el compromiso de este organismo y de su Gobierno para defender a las y los defensores de derechos humanos que enfrentan amenazas y persecución.

Sin embargo, Lawlor indicó que son los Gobiernos los que deben aplicar leyes y políticas para proteger a las y los defensores de derechos humanos. “Y para comenzar deberían de reconocer públicamente el valor del trabajo de los defensores de derechos humanos (…) en correspondencia con su obligación bajo la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos y porque los defensores trabajan de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos”, manifestó.

Rebeldías Lésbicas: encuentro de voces lesbianas de Brasil y Colombia

“¡Lesbianas contra la guerra! ¡Lesbianas contra el capital! ¡Lesbianas contra el racismo, contra el terrorismo neoliberal!” Fue con estas palabras de liberación que, en febrero de 2007, durante el VII Foro de Lesbianas Feministas de América Latina y el Caribe, se declaró el 13 de octubre como el día de las Rebeldías Lésbicas [1]. Durante este encuentro de lucha antipatriarcal, con cerca de 200 mujeres lesbianas feministas de varios países, que la Asamblea General del Foro decidió honrar colectivamente el I Foro Regional de Lesbianas Feministas que se llevó a cabo en México, el 13 de octubre 1987.

Según Angelina Marín, activista feminista lesbiana del colectivo Moiras, el 13 de octubre fue consagrado como el día de las brujas y también representa el día de la llegada de los colonizadores a tierras indígenas. Así lo pronunció Marín durante su discurso en Santiago, en una plaza de la ciudad de la capital Chilena, en un encuentro con otras feministas lesbianas para celebrar este día [2]. Esta fecha reúne a colectivos y organizaciones de lesbianas feministas de la región para celebrar la existencia lésbica a través del arte y la cultura como un acto de rebelión contra las opresiones impuestas por un sistema patriarcal que oprime la existencia de quienes desafían una sociedad cis-heteronormativa.

Para honrar los cuerpos de estas mujeres que persisten y resisten el borrado de sus identidades y sus expresiones políticas, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) invitó a mujeres lesbianas de Brasil y Colombia a compartir sus voces, puntos de vista y experiencias sobre el significado de este día y los desafíos que enfrentan en sus países. Conoce sus historias rebeldes:

Colombia

Para María Vélez, activista de Caribe Afirmativo, “este 13 de octubre es un día para recordar y agradecer a nuestras hermanas lesbianas mayores por la lucha que iniciaron hace años. Desde el nombramiento, el autorreconocimiento, hasta la convivencia de parejas del mismo sexo, estos fueron los primeros pasos para que hoy podamos disfrutar del reconocimiento de estos derechos”.

María llama la atención sobre el hecho de que las rebeldías lesbianas plantean desafíos, especialmente en un país marcado por un conflicto armado como Colombia. Estas adversidades hacen que las mujeres lesbianas constantemente enfrenten situaciones de violencia íntima en la experiencia privada, desplazamiento forzado, violación en grupo y el embarazo forzado. Ella enfatiza que, por ser un país multicultural y multiétnico, en todas las identidades indígenas y negras se incrusta el racismo estructural y el machismo.

“Por eso, siendo indígenas-LGBTI o Afro-LGBTI, enfrentamos la opresión dentro de nuestras propias comunidades y un tipo particular de violencia en cada territorio. Cuando eres lesbiana y afrodescendiente la violencia toma una forma particular relacionada con la naturaleza exótica de nuestra identidad y la sexualización de nuestros cuerpos como mujeres negras. La sociedad considera que, si usted es una mujer negra, entonces debe ser heterosexual, de lo contrario no conviene”.

Sami Arazabaleta, directora de la ONG Somos Identidad, pone de relieve la importancia del reconocimiento de las mujeres lesbianas de sí mismas como seres sexuales que admiran sus propios cuerpos fuera de las normas heteronormativas y machistas. “Las Rebeldías Lésbicas son un llamado necesario para visibilizar a las lesbianas, nos negamos a seguir siendo invisibles desde la norma global “homosexual”. Hemos aprendido que lo que no se nombra no existe. Una rebelión lésbica es ser y amar a una mujer cara a cara”.

Las Rebeldías Lésbicas son también un acto de repudio a lo binario, las lesbianas feministas denuncian que la forma binaria de ver y estar en el mundo confina a las lesbianas a ciertos estereotipos. Como acto de liberación, las Rebeldías Lesbianas proclaman que sus cuerpos existen para sí mismos, en una relación de interdependencia y co-existencia con la naturaleza. Sami traduce su rebeldía en poesía: “el amor lésbico es sublime, permite a las mujeres ser queridas y reconocidas sin la aprobación masculina. ¡Soy lesbiana porque me amo a mí misma y amo a una mujer! “

Brasil

La cineasta Naira Évine, activista del colectivo Levante Negro, reflexiona sobre la afirmación de que la existencia lésbica dentro de la industria audiovisual es ya en sí mismo un acto de rebeldía. “Porque vamos en contra de todo sistema heterosexual y cis-heteronormativo que se esfuerza por borrar nuestra existencia. Esto lleva a que nuestra memoria no se transmita de generación en generación, que nuestras historias no se cuenten, que nuestras perspectivas no se comenten ni se filmen. Por lo tanto, cuando una directora de cine lésbico, y en mi caso, una mujer negra, se asegura de que todas estas demarcaciones se coloquen en la agenda y se hable de ellas y sean respetadas, creo que eso es ser una mujer rebelde” dice ella.

En 2019, Naira lanzó la película corta “O dia em que resolvi voar” [3] (El día que decidí volar, en español) que retrata historias lésbicas. La cineasta hace énfasis en que las películas hechas por mujeres lesbianas, que hablan de experiencias lésbicas y que tienen una perspectiva racializada o no, de una mujer lesbiana, y son latinoamericanas, ya son un gran acto de rebeldía. La directora recuerda que las lesbianas son diversas y merecen respeto, una vida digna, una vida sana y un buen vivir en el ámbito de los derechos humanos básicos. Por eso, resisten cuando insisten en que se comprenda y respete su existencia.

“No creo que haya una sola forma de ser lesbiana, una forma de demostrar tu orientación sexual. Muchas veces el armario es un lugar de protección, es un lugar de autodefensa y estar dentro del armario no siempre significa cobardía. A veces también es muy valiente no hablar de ello, hay muchos casos. No hay una única forma de soñar con una sociedad más igualitaria. Esta sociedad sería el conglomerado de la existencia de varias lesbianas, bisexuales, homosexuales y las diversas experiencias de diferentes grupos sociales. ¡Estamos rodeadxs de lesbianas rebeldes! ¡Me alegro de que este día exista! ¡Celebremos más y hablemos más de estas valientes mujeres!” ella dice.

Camila Carmo, profesora, investigadora, escritora y activista del colectivo LesbiBahia, destaca que al pensar en cómo sería la rebelión lésbica en un país como Brasil, la construcción de un proyecto político que sea emancipatorio para todas las mujeres y que desafíe el sistema heterosexual es la clave. Como mujer negra lesbiana, entiende que “ser lesbiana en Brasil es lidiar todos los días con el racismo, el machismo, el sexismo y también ponerme en esos movimientos de re-existencia para la construcción de otros modos de existencia”[4].

Camila también señala los problemas estructurales de racismo, pobreza y feminicidio que están presentes dentro del sistema cis-heteronormativo y cómo esto se agrava en territorios marcados por dictaduras e invasiones coloniales. “Creo que el desafío tiene que ver con eliminar los ataques contra los pueblos indígenas y la explotación de las personas, los animales y la naturaleza. Esta reflexión nos atraviesa y nos define a todos, aunque yo diga ‘yo’. Porque cuando digo ‘yo’, también hablo de nosotrxs. No creo que las alianzas sean posibles fuera de un colectivo, por lo que nuestro gran reto es pensar en la manera de actuar de manera colectiva, respetando las diferencias e individualidades,” analiza.

A partir de las historias de estas inspiradoras lesbianas rebeldes, Raza e Igualdad apoya el desafío que surge de fortalecer los lazos afectivos entre la mujer y la naturaleza, entre los derechos humanos y la desobediencia como ruptura con el colonialismo. Reafirmamos nuestro compromiso de visibilizar la agenda y las voces que representan a América Latina, en alianza con activistas y organizaciones de la sociedad civil, y de denunciar las violaciones que afecten la construcción pacífica de una sociedad democrática.

Raza e Igualdad recomienda a los Estados de la región:

  1. Adelantar todos los esfuerzos necesarios para combatir la lesbofobia en la sociedad, impulsar acciones que promuevan y respeten la diversidad sexual, y combatan los prejuicios y la discriminación;
  2.  Crear políticas públicas para combatir la lesbofobia en el ámbito educativo y para inhibir las iniciativas que busquen prohibir los debates sobre raza, género y sexualidad en las escuelas y universidades;
  3. Firmar y ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.

[1] http://feministautonoma.blogspot.com/2007/10/13-de-octubre-da-de-rebeldas-lesbianas.html

[2] http://feministautonoma.blogspot.com/2007/10/13-de-octubre-da-de-rebeldas-lesbianas.html

[3] https://www.youtube.com/watch?v=FYjs54EfwxY&t=26s&ab_channel=Naira%C3%89vine

[4] Sobre el concepto de (re) existencias, Camila hace referencia a la profesora Ana Lúcia da Silva Souza.

Sociedad civil colombiana denuncia ante la CIDH desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado

Bogotá, 6 de octubre 2020.- Organizaciones de la sociedad civil colombiana expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de denuncias sobre la desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado, y solicitaron a este organismo dar un seguimiento más profundo al cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente al Capítulo Étnico, así como al Programa de Reparación Colectiva que establece la Ley 1448 y el Decreto 4635, ambos de 2011.

La presentación se realizó en el marco de una audiencia pública solicitada por diversas organizaciones, entre ellas el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), a propósito del 177 periodo de sesiones de la CIDH. La audiencia se denominó “Denuncias de desprotección de los colectivos víctimas del conflicto armado en Colombia: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y líderes sociales” y contó con la participación de representantes del Estado colombiano.

Gran rezago en el Capítulo Étnico

Raza e Igualdad, junto con la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, presentó un análisis sobre el bajo estado de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, destacando las consecuencias de ello en términos de graves violaciones a los derechos humanos. “El actual gobierno de Colombia ha estado saboteando la implementación del Acuerdo de Paz, y con ello, negando la consolidación de la paz territorial a la que tienen derecho los pueblos étnicos”, apuntó Pedro León Cortés, asesor de la oficina de Raza e Igualdad en Colombia.

En la ponencia se señaló que, según el último informe del Instituto Kroc—ente internacional que da seguimiento al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz—, el Capítulo Étnico tiene una implementación de apenas un 8% y se observa un retroceso en la ejecución de las políticas contenidas en los puntos del Acuerdo, siendo uno de ellos la falta de mecanismos para la protección y seguridad de los territorios ancestrales.

Las organizaciones denunciaron que, ante la falta de condiciones para detener la disputa del control territorial por parte de grupos armados ilegales, se registra el desplazamiento forzado de 30, 000 personas entre noviembre 2019 y junio de 2020. “En cuanto al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hay evidencias sobre una estrategia para detener la política de erradicación voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos”, añadieron.

A criterio de las y los actores de la sociedad civil, todos estos retrasos, fallas y omisiones evidencian la no aplicación del principio fundamental del Capítulo Étnico: garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Valoraron, sin embargo, que hay esfuerzos significativos para aplicar el enfoque étnico en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), así como en las garantías para las victimas étnicas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sobre el Programa de Reparación Colectiva

Luz Marina Becerra, secretaria general de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y presidenta de Las Comadres (Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia), expuso datos oficiales sobre la implementación del Programa de Reparación Colectiva de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 o Ley de Víctimas de 2011. La lideresa indicó que, a marzo de 2020, en el Registro de Víctimas estaban inscritos 755 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 482 son pueblos étnicos y que, tras nueve años de la implementación de la Ley, el 78% de los sujetos étnicos se encuentran en las etapas iniciales de la ruta de reparación colectiva y solo el 10% cuenta con un plan de reparación en proceso de implementación.

“A la fecha, ningún sujeto étnico ha finalizado la implementación de su plan de reparación colectiva. Consideramos que la implementación del Programa de Reparación Colectiva es grave y preocupante y, por tanto, se encuentra comprometida la garantía y el goce efectivo de los derechos de las victimas colectivas del conflicto armado”, dijo Becerra.

Entre las barreras institucionales del Programa de Reparación Colectiva, Becerra mencionó: debilidad en la articulación interinstitucional y la coordinación nación-territorio para la implementación de los planes integrales de reparación colectiva, dificultades en la elaboración técnica de los planes de reparación colectiva, tiempos excesivos en la implementación de la ruta de reparación colectiva, ausencia de un enfoque transformador del programa, y falta de presupuestos adecuados y suficientes.

La secretaria general de Afrodes denunció que en el periodo de post-acuerdo se han registrado 392 desplazamientos, para un total de 130,079 personas desplazadas forzosamente, de las cuales el 47% corresponde a comunidades étnicas. Asimismo, tienen conocimiento de 1,203 agresiones a líderes y lideresas sociales en el ejercicio de su labor.

Situación en Chocó

El activista y defensor de derechos humanos y territorios de poblaciones afrodescendientes, Luis Ernesto Olave, brindó un informe sobre la crisis humanitaria en el departamento de Chocó, destacando que la llamada política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque “ha impedido acceder a la búsqueda de la convivencia pacífica mediante la salida negociada al conflicto, permitiendo que efectivos de las FARC sigan delinquiendo, sumado a la presencia del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Olave detalló que en las comunidades afrodescendientes e indígenas de este departamento registran el aumento de confinamiento y desplazamiento de sus poblaciones, reclutamiento forzado de menores de edad por parte de la guerrilla del ELN y oferta económica de parte de las Autodefensas Gaitanistas, incremento de cultivo de hoja de coca, control territorial por las rutas de narcotráfico, armas y trata de personas, especialmente en los afluentes de los ríos Atrato; asesinatos sistemáticos, amenazas a líderes sociales, entre otras situaciones de inseguridad. Señaló que solo este año se han desplazado de manera forzada 350 familias en Alto Baudó, 66 familias en Medio Baudó y 10 familias en Bajo Baudó.

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES

Respecto al Capítulo Étnico

Las organizaciones recomendaron al Estado colombiano adoptar de forma inmediata las medidas para asegurar la aplicación efectiva del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, como fortalecer condiciones para el funcionamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) y cumplir las órdenes vigentes de la Corte Constitucional que reconocen la violencia y riesgos que enfrentan los pueblos étnicos, entre otras. Mientras que a la CIDH le pidieron adoptar el seguimiento al Capítulo Étnico como una prioridad.

Respecto al Programa de Reparación Colectiva

Al Estado, solicitaron desarrollar una estrategia integral de fortalecimiento del Programa, que permita ampliar su ámbito de aplicación, aumentar el ritmo de implementación y superar las barreas que afronta, así como desarrollar mecanismos para la supervisión y cumplimiento del enfoque reparador de los planes de desarrollo con enfoque territorial y la inclusión de la reparación colectiva en los planes de desarrollo local, y desarrollar una estrategia especial de acompañamiento a los colectivos víctimas en el contexto de la reactivación económica posterior a la pandemia. A la CIDH le pidieron que dentro del seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia se incluya una estrategia para el seguimiento al cumplimiento del derecho a la reparación de los colectivos víctimas del conflicto.

Respecto a situación en Chocó

Solicitaron a la CIDH instar al Estado a hacer presencia estatal en todo el departamento, que se reinicien los acuerdos de paz con el ELN, un acuerdo humanitario en el Chocó que involucre a todos los actores armados, agilizar las solicitudes de protección colectiva e individual y hacer estudios que realmente atiendan las situaciones de riesgo de comunidades, así como exigir el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico por la salvación y la dignidad del Chocó firmados en el 2007 y de la sentencia T622 de 2016 que le concede al río Atrato derecho de reparación, mantenimiento, protección y conservación.

Reacción de la CIDH

Las y los comisionados mostraron su preocupación por el bajo avance en la implementación tanto del Capítulo Étnico como del Programa de Reparación Colectiva, por lo que plantearon preguntas sobre los obstáculos que impiden una aplicación integral y efectiva de dichos mecanismos. Hicieron eco, además, de la falta de consulta previa, el recrudecimiento de la violencia en los territorios, la persecución a los liderazgos sociales y la falta de coordinación del gobierno nacional con los gobiernos locales.

La comisionada Margarette May Macaulay pidió la palabra para rechazar el contínuum de violencias de los pueblos étnicos en medio del conflicto armado y de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19. La también Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y sobre los Derechos de la Mujer, planteó la necesidad que el Estado provea información precisa y específica sobre las afectaciones a las comunidades afrodescendientes y sobre las razones de la demora en la aplicación del Acuerdo de Paz y la Ley de Víctimas y el Decreto 4635.

La secretaria ejecutiva interina de la CIDH, María Claudia Pulido, aprovechó la ocasión para señalar que este organismo incluirá el seguimiento al informe país de Colombia en su informe anual 2020, por lo que la semana pasada envió una carta al Estado solicitando más información e informando sobre su decisión de enfocar su seguimiento en la implementación del Capítulo Étnico.

Respuesta del Estado

Por parte del Estado, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordoñez, no respondió directamente a los planteamientos de la sociedad civil, sino que se refirió a los dos años de la llamada política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque. Además, al ser consultado por el presidente de la CIDH, comisionado Joel Hernández, sobre el reclutamiento de menores de edad de parte de grupos armados ilegales, el funcionario se excusó de contestar la pregunta señalando que ese tema no era parte de la audiencia.

En tanto, Emilio Archila, Consejero para la Estabilización y Consolidación, expuso principalmente sobre el alcance y resultados de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son un instrumento de planeación de proyectos prioritarios para las comunidades más afectadas por la violencia y la pobreza en 170 municipios de país.

Tres funcionarios más de la Unidad de Víctimas, del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, respectivamente, brindaron reportes sobre un gran número de actividades, pero sin mencionar acciones en términos de evitar y sancionar la violación de derechos humanos que la sociedad civil ha venido denunciando de forma constante.

Colombia: Urgen acciones gubernamentales para contrarrestar alarmantes y crecientes cifras de violencia contra la población LGBTI

Bogotá, 6 de octubre de 2020.– El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), rechaza el alarmante incremento en los índices de violencia y discriminación que sufre la población LGBTI en Colombia en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y hace un llamado para que el Gobierno Nacional desarrolle acciones concretas para prevenir, investigar y sancionar los ataques y asesinatos por prejuicio y la discriminación de la que han sido objeto las personas LGBTI. Aun cuando recientemente se han alcanzado importantes logros para el respeto y la garantía de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans, tales como el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva a las víctimas LGBTI de El Carmen de Bolívar y el reconocimiento de pensión de una mujer trans de acuerdo con el régimen de pensión exigido para las mujeres, las cifras de asesinatos, amenazas y hostigamientos sigue creciendo exponencialmente.

Al 15 de septiembre de 2020, la Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 63 personas LGBTI y 388 casos de violencia por prejuicio contra personas LGBTI, señalando que durante la pandemia, “se exacerbaron el prejuicio y la discriminación y aumentaron los obstáculos para el acceso a la justicia en la recepción de las denuncias y las barreras institucionales ligadas a la ausencia de sensibilidad de empatía que deben prevalecer en las autoridades encargadas de atender a esta población.” A la fecha, Raza e Igualdad ha documentado 61 casos de ataques contra personas LGBT en Colombia*, en los que hemos reseñado actos de discriminación en espacios públicos, denegación de derechos como la salud y la alimentación, agresiones físicas con armas cortopunzantes, hostigamientos, amenazas e incluso asesinatos.

El pasado 05 de septiembre, el ataque homofóbico de un hombre, que “en el nombre de Cristo Jesús” abordó públicamente a la Alcaldesa de Bogotá Claudia López, abiertamente lesbiana, para reprocharle por “enseñar cosas irrespetuosas a la niñez” evidenció que el clima de discriminación y exclusión social en contra de las personas LGBTI no es exclusivo de las instituciones. En Colombia, a pesar de los progresos formales en el reconocimiento de derechos, hace falta avanzar en la construcción de un ambiente favorable y respetuoso de la diversidad sexual desde la sociedad, que resulte en verdaderas transformaciones para la inclusión y el reconocimiento de las personas LGBTI.

Cifras alarmantes de asesinatos y agresiones

A octubre de 2020, Raza e Igualdad ha documentado 30 casos de violencia en los que han sido asesinadas y/o agredidas gravemente personas LGBTI. Recientemente, el asesinato de Juliana, una mujer trans, por un disparo de un soldado del Ejército, prendió las alarmas sobre la violencia que se ejerce contra las personas LGBTI, en especial, contra las personas trans. En todo el país, se ha evidenciado el aumento en los índices de violencia en los territorios: En Armenia, Quindío, el 25 de agosto la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana que señala que la población LGBTI se encuentra en alto riesgo; el 01 de septiembre, la Red LGBTI del departamento de Boyacá denunció en sus redes sociales el aumento de los abusos policiales en contra de trabajadoras sexuales, en especial mujeres trans y  en el Caribe, la organización Caribe Afirmativo pidió a través de una carta dirigida a las entidades territoriales, que hagan frente al alarmante aumento en los asesinatos y agresiones en esta zona del país, que ya representan el doble respecto al año 2019.

Liderazgos LGBTI en la mira

Los ataques a los liderazgos y organizaciones LGBTI en diferentes territorios denotan el afán por debilitar las agendas e iniciativas para la garantía de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans a lo largo del país. A la fecha, Raza e Igualdad ha documentado 8 casos de ataques, amenazas y asesinatos en contra de liderazgos LGBTI.

Ataques como del que fue víctima Aurora Iglesias, popularmente conocida como “Zunga, la Perra Roja”, lideresa trans de Florencia, Caquetá, quien fue amenazada con un arma de fuego en su vivienda mientras que le exigían cesar con sus labores comunitarias, advierten un patrón de persecución a los procesos LGBTI. El 17 de septiembre, una bandera LGBTI apareció quemada frente al hogar de un líder social en la ciudad de Armenia, Quindío y el 25 de agosto, a un líder gay de El Roble, Sucre, le fue incinerada su casa. Estos sucesos, además de amedrentar a las organizaciones LGBTI que son directamente atacadas, advierten un patrón de hostigamientos que busca también, enviar un mensaje de amenaza a otros procesos organizativos LGBTI a nivel local. Estos hechos se suman a el asesinato de Mateo, un hombre trans líder comunitario y el intento de homicidio de John Restrepo, líder gay que trabaja con víctimas LGBTI del conflicto armado, ambos perpetrados en pleno espacio público, en medio de actividades que adelantaban con la comunidad.

Abusos policiales contra las trabajadoras sexuales, en especial contra personas trans

En medio de un tenso clima de marchas, protestas y discusiones políticas sobre los abusos de la fuerza pública, se han reportado graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía contra las personas LGBTI. Raza e Igualdad ha reportado 12 denuncias públicas de ataques colectivos e individuales por parte de la Policía Nacional en contra las personas trans trabajadoras sexuales. En medio de estos ataques, perpetrados en su mayoría por varios miembros de la Fuerza Pública, se presentan agresiones físicas en procedimientos policiales de requisa injustificados, ataques con armas de fuego y con otras armas de dotación y la exigencia de pagos para permitirles a las trabajadoras sexuales ocupar el espacio público en medio de la pandemia, abusando física y psicológicamente de aquellas que no pueden pagar el monto exigido, como es el caso de Medellín, Caldas y Bogotá.

En otro episodio de abuso policial, se registró la muerte de Juan Luis Guzmán, un joven gay de Arboletes, Antioquia, quien apareció muerto en una estación de policía bajo extrañas condiciones, luego de que fuera trasladado allí por infringir las medidas de restricción de la movilidad expedidas frente al COVID-19.

En Colombia, la Fuerza Pública contribuye en gran medida a la reproducción de patrones de discriminación y exclusión contra de la población LGBTI. Esta situación de vulnerabilidad se profundiza cuando las víctimas de abuso o violencia policial reclaman o intentan exigir justicia, pues deben enfrentar diferentes barreras de acceso como la falta de enfoque diferencial y de género en los formularios de denuncia, las represalias con posterioridad a la misma o el encubrimiento institucional, la omisión, entre otros.

Frente al contexto previamente descrito, Raza e Igualdad se une a los actos de denuncia y rechazo de la sociedad civil colombiana frente al grave contexto de vulneración de derechos de las personas LGBTI y realiza un llamado al Gobierno Colombiano para que:

  1. De celeridad a las investigaciones judiciales y sancione efectivamente a les responsables en los casos de asesinatos y agresiones contra la población LGBTI, garantizando la integración de un enfoque de diversidad sexual y de género en las diligencias a las que haya lugar, a fin de combatir los altos niveles de impunidad que se registran sobre estos casos.
  2. Fortalezca las acciones de monitoreo, sensibilización y formación en DDHH, en especial en DDHH de personas LGBT, con miembros de fuerzas de seguridad, particularmente de la Policía Nacional, así como dar trámite a las denuncias presentadas en contra de funcionarios oficiales y redoblar los esfuerzos para que las investigaciones que se adelanten al interior de estas instituciones por la vulneración a DDHH de personas LGBT no queden en la impunidad.
  3. Asegure a la población LGBTI el acceso sin discriminación a sus derechos como ciudadanes, en particular, el acceso a la justicia, fortaleciendo el monitoreo de las acciones de sensibilización y capacitación en derechos LGBTI a les operadores de justicia y diseñando rutas de atención diferencial para víctimas con orientación sexual e identidad de género diversa.
  4. Rechace públicamente los actos de discriminación y/o violencia en contra de las personas LGBTI y adopte iniciativas de sensibilización y capacitación que permitan desestructurar las conductas y actitudes discriminativas y LGBTfóbicas dentro de la sociedad civil colombiana.

 

*Raza e Igualdad ha realizado un monitoreo de medios y denuncias públicas de ataques y discriminación en contra de la población LGBTI a partir del 25 de marzo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esta cifra se presenta al 05 de octubre de 2020.

 

Raza e Igualdad condena el asesinato de Juliana Giraldo e insta al Estado Colombiano a investigar y esclarecer estos hechos, así como a juzgar y sancionar a los responsables

Bogotá, 25 de septiembre de 2020.- El día 24 de septiembre de 2020, se difundió por redes sociales un desgarrador video en el que un hombre registró el asesinato de su compañera en el municipio de Miranda, en el norte de Cauca, en Colombia, en un retén militar. Juliana Giraldo, de 38 años, recibió un impacto de bala en la espalda luego de que un militar disparara contra los ocupantes del vehículo en que se movilizaban ella y tres hombres más. Luego de que se conociera que era una mujer trans, diversos medios reportaron la noticia señalando que era un “hombre” quien había sido asesinado, a pesar de que las notas iniciales se referían a ella como mujer.

Las fuertes imágenes del hecho han conmocionado al país justo en medio de un tenso clima de marchas, protestas y discusiones políticas sobre los abusos de la fuerza pública. Además de la crisis generada por COVID-19, se atraviesa una crisis de derechos humanos que ha elevado los índices de violencia a niveles que se creían superados con el Acuerdo de Paz y que tiene como principales víctimas a las poblaciones históricamente discriminadas. Se han reportado cifras históricas de violencia y discriminación contra la población LGBTI, en especial contra las personas trans, sobre las que se registran 28 asesinatos en lo que va del año.

Raza e Igualdad advierte que el Estado Colombiano tiene el deber de combatir la impunidad y la violencia generalizada de la que son sujetxs la población LGBTI, así como el deber positivo de investigar con debida diligencia aquellos crímenes que se han cometido por motivo de la orientación sexual e identidad de género de la víctima. También anota que, de acuerdo con los estándares internacionales, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas.

Ante este preocupante panorama en Colombia, Raza e Igualdad lamenta la muerte de Juliana, rechaza la violencia y abusos por parte de la fuerza pública hacia la sociedad civil colombiana e insta al Estado a llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. De igual manera, se une a la indignación y los reclamos de la sociedad civil colombiana para que se lleve a cabo una reforma estructural que ajuste la doctrina militar a los estándares internacionales de derechos humanos, más allá de las responsabilidades individuales a las que haya lugar en este y en todos los casos relacionados con el abuso de la Fuerza Pública. Raza e Igualdad rechaza también las constantes revictimizaciones a las que fue sometida Juliana en diferentes medios al develar su nombre legal señalando su nombre identitario como un posible alias, e invita a los medios de comunicación a cubrir este y todos los hechos de violencia desde una perspectiva de diversidad sexual que respete la memoria de las víctimas.

Expertas y expertos reunidos por ILEX Acción Jurídica y Raza e Igualdad debaten sobre impacto de sentencia que anula titulación colectiva de La Boquilla

Bogotá, 9 de septiembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) e ILEX Acción Jurídica reunieron a expertas y expertos en un seminario virtual para analizar la sentencia que anula, en primera instancia, la titulación colectiva otorgada en 2012 al Consejo Comunitario de La Boquilla, en Cartagena. En el encuentro, las y los invitados también reflexionaron sobre cómo este fallo impacta en los derechos de los Consejos Comunitarios del Caribe, especialmente en su derecho a la titulación de tierras, tal como lo establece la Ley 70 de 1993.

El webinar, que se denominó La Boquilla y la defensa de los territorios ancestrales de las comunidades afro del Caribe, fue moderado por la directora de ILEX Acción Jurídica, Dayana Blanco, quien en sus palabras de introducción destacó la importancia del reconocimiento de los derechos territoriales para la consolidación de todos los derechos de las comunidades afrocolombianas. Luego, invitó a cada una de las personas invitadas a ofrecer sus apreciaciones sobre la sentencia 001 2020 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

Historia y tradición

La joven Yuliza Gutiérrez, estudiante de Derecho y nacida en La Boquilla, fue la primera en intervenir y aprovechó el espacio para señalar la importancia que tiene este territorio para la supervivencia de la comunidad y la materialización de su “Bien Estar” como pueblo negro. La Boquilla es un corregimiento ubicado a 20 minutos del centro histórico de Cartagena, cercano al aeropuerto, donde la mayoría de su población es afrodescendiente, viven de la pesca, el cuidado del manglar y conservan aún sus tradiciones culinarias y musicales.

Estela Simancas, profesora de la Universidad de Cartagena y coordinadora de la Maestría en Estudios Afrocolombianos de la Pontificia Javeriana de la misma ciudad, brindó un panorama sobre la historia de este poblamiento y la presencia de comunidades negras en el Caribe, específicamente en Bolívar, llamando la atención sobre la necesidad de visibilizar y reflexionar sobre sus dinámicas, que  son muy diversas y deben ser entendidas por la legislación vigente que regula lo concerniente a titulación colectiva.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, emitida el pasado 31 de julio, anula en primera instancia el título que concede la propiedad colectiva de su territorio a la comunidad de La Boquilla. En su argumentación, el Tribunal cuestiona al entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) por haber efectuado la titulación sobre zonas urbanas y no rurales, contrario a lo contemplado en Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995.

Un retroceso

Ricardo Leal, abogado experto en derechos territoriales, aseguró que dicho fallo representa un retroceso en el reconocimiento de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras del Caribe, mientras que Moisés Pérez, miembro del Proceso de Comunidades Negras (PCN), indicó que a esto se suma el hecho que desde el INCODER –que en 2015 fue disuelto por el Ejecutivo para la creación de seis entidades rurales— no se ha dado trámite a alrededor de cien solicitudes de titulación colectiva.

La abogada de Raza e Igualdad, Laura Ante, desde su experiencia en incidencia internacional realizó una descripción detallada de los instrumentos y mecanismos internacionales con los que contaría el Consejo Comunitario de La Boquilla para defender las garantías descritas en el Convenio 169 de la OIT, específicamente en los artículos 13, 14 y 15, así como en las normas concordantes, además que mencionó cuáles son los organismos internacionales que están encargados de vigilar que el Estado colombiano garantice el derecho fundamental al territorio de las comunidades negras.

Las y los especialistas también discutieron los recursos que hasta la fechan han sido presentados por la comunidad y distintas autoridades en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, entre ellos el recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación, que entre sus argumentos invita al Tribunal a hacer una interpretación integral del marco jurídico vigente y la reiterada jurisprudencia de la Corte y organismos internacionales que reconocen y otorgan categoría de Rango Fundamental Constitucional a los derechos territoriales de los pueblos étnicos, los cuales deben ser atendidos al momento de adoptar este tipo de  decisiones judiciales, aplicando  el enfoque étnico-territorial.

Recomendaciones

El panel coincidió en que es necesario continuar abriendo espacios para la visibilización de las limitaciones que están enfrentando las comunidades negras del país, especialmente las comunidades negras del Caribe, para la materialización de su derecho fundamental al territorio y la efectiva titulación de sus tierras.

Apuntaron también que se debe fortalecer el debate político desde una visión técnica y crítica sobre la Ley 70 de 1993 que regula lo dispuesto en el artículo 55 transitorio de la Constitución Política y normas concordantes, en lo relativo a participación política, representación, autonomía de las autoridades propias del pueblo negro y lo concerniente a la titulación de tierras de las comunidades negras.

Asimismo, hicieron un llamado para que no se ignore la presencia de las comunidades negras en el territorio colombiano, sobre todo en las costas, y entender que estas no son masas homogéneas, incluso cuando están en la misma región.

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Líderes sociales y representantes de la institucionalidad realizan propuestas para el esclarecimiento y no repetición de masacres como la de Llano Verde

Bogotá, 4 de septiembre de 2020.– Con el objetivo de obtener propuestas para el esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición sobre la masacre de cinco jóvenes afrocolombianos ocurrida el pasado 11 de agosto en el barrio Llano Verde, en Cali, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó un seminario virtual con líderes sociales, representantes de la institucionalidad y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El webinar se denominó Masacres de Jóvenes Afrocolombianos Víctimas del Conflicto: Análisis y Propuestas para la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – CASO LLANO VERDE y contó con el apoyo de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Las y los panelistas se refirieron a las afectaciones particulares de las comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado que residen en contextos urbanos desde una perspectiva étnico-racial, destacando cómo la discriminación y el racismo estructural son factores que permean estos hechos y deben ser tomados en cuenta para la búsqueda de soluciones.

Estas fueron las propuestas que plantearon para que la masacre de Llano Verde no quede en la impunidad y tanto las familias de las víctimas como la población afrocolombiana en general no permanezca vulnerable ante este tipo de crímenes.

Apelan a la CIDH para presionar al Gobierno a ofrecer respuestas

Erlendy Cuero Bravo, coordinadora de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, capítulo Cali, solicitó a la comisionada Margarette May Macaulay realizar una visita a Llano Verde, como lo hizo junto a la comisionada Esmeralda Arosemena Troitiño en octubre de 2018, y que “a través de sus buenos oficios se pronuncie y haga recomendaciones al Estado” para que la comunidad pueda conocer la verdad y acceder a la justicia, pero también a la reparación y a las garantías de no repetición. “La paz no se puede construir desde lo nacional, se debe construir desde lo territorial para que esta pueda ser de acuerdo con las necesidades de las comunidades”, expresó.

Escuchar a la juventud y asegurarles educación

El joven Yeison Tobar, coordinador de la iniciativa Semillero Afrodes Cali, planteó la importancia que tanto las entidades de Gobierno como las organizaciones de la sociedad civil se acerquen a las y los jóvenes para escuchar sus inquietudes y necesidades, y les inviten a ser partícipes de proyectos de desarrollo, pero dejando que sea la juventud la protagonista de estos procesos. “Muchas veces la respuesta que se da es ‘los jóvenes no quieren hacer nada’, pero no se dan a la tarea de indagar un poco más sobre la vida, los sentimientos y las emociones de los jóvenes”, apuntó.

Tobar también dijo que entre las y los jóvenes existe la necesidad de acceder a la educación y completar sus estudios, incluyendo la educación técnica, tecnológica y superior. “La apuesta principal de los jóvenes es la educación”, aseguró.

Mejorar condiciones de vida y ratificar Convención contra la Discriminación Racial

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, se mostró dispuesta a acompañar el proceso de esclarecimiento de la verdad y acceso a la justicia sobre la masacre de Llano Verde, e hizo hincapié en la necesidad que el Estado otorgue una “reparación comprensiva”, que no se trata necesariamente de dar dinero a la comunidad afectada, sino de brindar condiciones para mejorar sus vidas, como escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, servicio de transporte eficiente, etc.

También llamó al Gobierno a investigar a fondo todos los actos de violencia contra las y los afrocolombianos para llegar a la verdad y castigar a los responsables. Para Macaulay, es fundamental que se garanticen los derechos de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en Colombia, lo cual incluye trabajar para combatir y eliminar la discriminación contra estos grupos. En ese sentido, la Comisionada recordó que Colombia es uno de los países que no ha ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Dinamización económica y presencia institucional

El concejal de Santiago de Cali, Fernando Tamayo, destacó que esta masacre no debe quedar como un hecho aislado y recordó que ya se habían lanzado alertas sobre la presencia de estructuras criminales y desplazamiento intraurbano. Desde su punto de vista, un paso importante para evitar que estos crímenes se repitan es la dinamización económica del sector, y en ese sentido señaló dos proyectos pendientes en el Plan de Desarrollo: una central de abastos para el Oriente del municipio y la Universidad Distrital. Asimismo, insistió en la inversión en presencia institucional.

Respetar los Acuerdos de Paz

Luz Marina Becerra, secretaria general de Afrodes, afirmó en primer lugar que la falta de oportunidades para estudiar y trabajar convierte a los jóvenes afrocolombianos en “presa fácil” de grupos delictivos que se dedican principalmente al microtráfico de drogas, y esto desemboca en un patrón de violencia sistemático. Para Becerra, es fundamental que se respeten los Acuerdos de Paz y que la población afrodescendiente obtenga mejores condiciones de vida para salir de las condiciones que la hacen vulnerable. También habló de la importancia del trabajo de las mujeres negras y los saberes ancestrales en los procesos de sanación y duelo de las familias. El proyecto “Tonga de mujeres que sanamos mujeres”, de AFRODES, es una de esas iniciativas enfocadas en la sanación y cuidados de las mujeres afrocolombianas.

Aplicación de la Ley 70 y la Ley Antidiscriminación en contextos urbanos

Alí Bantú Ashanti, abogado afrocolombiano asociado al Colectivo Justicia Racial, planteó la necesidad de ajustar la aplicación de la Ley 70 para contextos urbanos, pues esta ley fue formulada pensando en contextos rurales. De igual forma, señaló que la Ley 1482 –conocida como Ley Antidiscriminación—no ha tenido la relevancia esperada porque en principio no recoge los postulados de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

En alusión al hecho que en algunos medios de comunicación se ha intentado justificar el asesinato de los cinco jóvenes en Llano Verde relacionándolos con actividades delictivas, el abogado señalo que ello se debe al racismo estructural y a la desvalorización de las vidas negras. “El modelo económico capitalista ha situado al sujeto negro como el perfecto sujeto matable, la vida que no importa, el delincuente”, subrayó.

Acompañamiento internacional

Alexander López, Senador de la República, dijo que es necesario el acompañamiento internacional para el proceso de esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición en el caso de la masacre de Llano Verde. En cuanto a combatir el racismo y la discriminación estructural existentes en el país, afirmó que es necesario respetar y aplicar toda la estructura legal que contiene los derechos de la población afrocolombiana, entre la que están la Ley 70 y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

El Senador aprovechó para referir que en el Registro Único de Víctimas aparecen 9 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales el 14% son afrocolombianos y afrocolombianas. Además, denunció que el censo de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “desapareció” a casi 1 millón 400 mil afrodescendientes en comparación al censo de 2005. “Esto tiene una connotación especial porque mientras más se reduzca la población afro, menos políticas públicas y menos derechos se le entrega a la población afro”, apuntó.

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Raza e Igualdad condena masacre de cinco jóvenes afrocolombianos en Cali y realiza recomendaciones para el esclarecimiento y no repetición de este tipo de crímenes

Bogotá, 14 de agosto de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la masacre en la que fueron asesinados cinco jóvenes de familias afrocolombianas víctimas del conflicto armado residentes en el barrio Llano Verde, en la ciudad de Cali. Como organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, Raza e Igualdad expresa su solidaridad a las familias y comunidad dolientes, y se une a las acciones de denuncia e incidencia para que este crimen no quede impune y el Gobierno adopte las medidas necesarias para evitar que hechos como este se repitan.

Los jóvenes asesinados fueron identificados como: Juan Manuel Montaño (15 años), Jean Paul Perlaza (15 años), Leyder Cárdenas Hurtado (15 años), Álvaro José Caicedo Silva (14 años) y Jair Andrés Cortes Castro (14 años). La mañana del martes 11 de agosto habían salido juntos a una actividad recreativa, y al final del día sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura y tiros de gracia en un cañaduzal (plantación de caña de azúcar) con el que colinda el barrio.

Además, el jueves 13 de agosto una persona falleció y 15 resultaron heridas en esta misma localidad, luego de que una persona no identificada activara un artefacto explosivo con el que pretendía atentar contra el Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía en Llano Verde, de acuerdo con el reporte de medios de comunicación.

Compresión del contexto

Raza e Igualdad hace un llamado al cumplimiento de medidas de reparación y no repetición, destacando la importancia que para ello se tome en cuenta el contexto de la población afrocolombiana desplazada por el conflicto armado, el cual se configura desde la expulsión de sus territorios ancestrales y se caracteriza hoy en día por nuevos desplazamientos, amenazas y asesinatos de líderes, lideresas, jóvenes, niñas y niños; reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y bandas de narcotráfico, explotación sexual de jóvenes, y carencia de oportunidades educativas y laborales.

“Detener la violencia contra comunidades afrocolombianas requiere reconocer y enfrentar los factores estructurales que subyacen: discriminación y racismo estructural históricos que han negado condiciones para garantizar igualdad y derecho a ser sujetos étnicos”, señala Pedro Cortes, asesor de Raza e Igualdad en Colombia, función desde la cual brinda acompañamiento a organizaciones afrocolombianas en la denuncia de violaciones a derechos humanos y búsqueda de justicia ante el Gobierno y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En ese sentido, Raza e Igualdad hace una serie de recomendaciones a las autoridades locales para garantizar procesos investigativos que reconozcan la identidad étnico-racial de los jóvenes asesinados, y el contexto de afectaciones diferenciales de la población joven afrocolombiana, pero también para implementar medidas de atención y protección a las familias de las víctimas, la comunidad y sus organizaciones.

Asimismo, solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los Comités de Tratados y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, reaccionar ante esta masacre y acompañar al Estado de Colombia en el proceso de esclarecimiento.

Lee el comunicado y las recomendaciones aquí.

Lideresas de México, Guatemala y Colombia exponen la problemática que enfrentan las mujeres afrodescendientes en medio de la pandemia de Covid-19 e instan a los Estados a tomar políticas adecuadas para su protección

Washington D.C. 29 de julio de 2020.- En ocasión del Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, celebrado el sábado 25 de julio, lideresas que promueven y defienden los derechos de las personas afrodescendientes en México, Guatemala y Colombia abordaron en un seminario virtual los problemas que enfrentan las mujeres afrodescendientes en el contexto de la pandemia de Covid-19, destacando las múltiples formas de violencia y discriminación a las que están expuestas por raza, clase y género.

La coordinación del webinar, denominado “Racismos y mujeres Afrodescendientes: proyecciones post-pandemia”, estuvo a cargo de Elvia Duque, una de las oficiales del programa de América Latina del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y tuvo una buena aceptación entre el público, pues solo por medio de la plataforma Zoom se conectaron 70 personas, mientras que la transmisión en vivo por la página de Raza e Igualdad en Facebook fue compartida 76 veces, tuvo 35 comentarios de usuarios y usuarias de diferentes países y hasta este miércoles la publicación había alcanzado a 6,248 personas, según las estadísticas brindadas por esta red social.

Un contexto adverso

Retomando las palabras de la profesora brasileña Joana dos Passos, Elia Avendaño, doctora en Derecho e Investigadora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que “el racismo es una pandemia permanente” y que, por tanto, México enfrenta la pandemia de Covid-19 bajo varias situaciones desventajosas, como el hecho que al inicio de este año el Ejecutivo suprimió el Seguro Popular, al que estaba adscrito el 52.8% de las personas afrodescendientes en el país. La especialista explicó que esta medida se dio por la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sin embargo, este estará completamente instalado y funcional hasta finales de año.

Avendaño afirmó que en México existen desigualdades estructurales que ponen en mayor riesgo de contagio a las personas que tienen carencias económicas y limitaciones de acceso a los servicios de salud, entre las que se encuentran las personas indígenas y afrodescendientes. “Hasta este momento llevamos 42,645 personas muertas por la pandemia y no sabemos cuántas son afrodescendientes. En el sistema de salud se supone que están atendiendo a todas las personas que acuden, aunque no tengan un sistema de salud, sin embargo, se le está dando preferencia a aquellas personas que tiene más posibilidades de sobrevivir y en este caso no están incluidas las que tienen antecedentes de desigualdad, de marginación, de exclusión y de pobreza”, dijo.

La antropóloga y profesora investigadora de la Universidad Veracruzana, Sagrario Cruz Carretero, centró su intervención en la evidencia sobre la herencia africana en México para contrarrestarla con el hecho que desde diversos sectores de la sociedad persiste la negación de esta realidad, lo cual desemboca en la falta de políticas adecuadas a las realidades y necesidades de la población afrodescendiente. “¿Por qué no hay una identidad generalizada de ser afrodescendiente o negro en México? Hay una negación debido al racismo y al miedo a la pérdida del privilegio blanco que es una serie de herramientas que tenemos y que permiten tener mejores oportunidades en la vida”, precisó.

Por su parte, Astrid Cuero, afrocolombiana y líder de procesos de formación feminista y antirracista en el Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista (GLEFAS), manifestó que “la pandemia está racializada” y, en el caso de Colombia, ha dado lugar al recrudecimiento de la violencia en los territorios y al aumento de los asesinatos de líderes y lideresas afrocolombianos e indígenas, quedando en evidencia la desprotección del Estado y la falta de garantizas mínimas para la protección de sus derechos fundamentales.

“Mucha gente negra no tiene trabajos estables, viven de la economía informal y el Estado sin darles condiciones para confinarse de forma digna, pues cómo la gente negra empobrecida va a poder confinarse, tiene que salir a trabajar y esto los expone”, afirmó Cuero, quien hizo hincapié en que esta población afrodescendiente no solo está vulnerable a la pandemia de Covid-19, sino a la violencia de grupos paramilitares.

Tanya Duarte, afromexicana y directora del Proyecto Afrodescendencia México, apuntó que “es una cuestión de privilegio y de clase cómo uno puede resistir el encierro”, y puso como ejemplo que muchas familias están sacando a sus hijos e hijas de las escuelas porque no cuentan con los recursos para que accedan a las clases en línea. La lideresa indicó además que el racismo está afectando fuertemente a los migrantes afrodescendientes que residen o están de paso por México, pues forman parte de la población marginada de la respuesta al Covid-19 o quedan expuestos al crimen organizado, respectivamente.

Urgen políticas adecuadas

En tanto, Joanna Wheterborn, guatemalteca afrodescendiente e integrante del Consejo Consultivo de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), señaló que, con el confinamiento por la pandemia, los niveles de violencia de género dentro de los hogares han aumentado desproporcionadamente. Wheterborn llamó la atención sobre la necesidad de actualizar las cifras sobre población afrodescendiente en Guatemala y demás países de la región, pues “como no nos cuentan, no nos ven, y como no nos ven no nos atienden”, dijo.

Las panelistas concluyeron que el racismo es la pandemia del pueblo afrodescendiente y por ende las soluciones ante el COVID-19 deben de ser dirigidas comprendiendo que las mujeres afrodescendientes son uno de los grupos prioritarios a incluirse en los programas y planes de los Estados. También, recalcaron la necesidad de contar con datos estadísticos sectoriales actualizados y desagregados incluyendo la raza/etnia y género para dar soluciones adecuadas a los afrodescendientes.

Al final del conversatorio, Elvia Duque, en representación de Raza e Igualdad, motivó al público a continuar haciendo uso de instancias regionales e internacionales como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, por ser instancias que permiten alzar las voces de las mujeres afrodescendientes fuera del ámbito nacional, donde muchas veces sus voces son ignoradas y silenciadas.

Mira aquí la grabación del conversatorio:

Organizaciones Afro-LGBT dialogan con la Comisión de la Verdad sobre los retos para la visibilización de las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Colombia

El pasado 25 y 26 de junio se llevó a cabo un encuentro virtual entre varios líderes y lideresas de organizaciones Afro-LGBT de los municipios del  Valle del Cauca, Nariño y el Caribe colombiano con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Durante el evento, los y las participantes expusieron ante representantes del Grupo de Trabajo de Género y de la Dirección de Pueblos Étnicos de la CEV la importancia de integrar un enfoque interseccional en la labor de esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno.

El anterior encuentro se dio en el marco de un proyecto liderado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el apoyo del Gobierno de Canadá, cuyo objetivo es visibilizar a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado y las causas e impactos diferenciales que estas violencias tienen en las personas con identidades y expresiones sexuales diversas. “Este tipo de espacios resultan de gran importancia para garantizar y fortalecer la participación de las organizaciones Afro-LGBT ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, en especial en tiempos en que los espacios de participación se ven limitados a razón de la emergencia sanitaria por COVID-19”, señaló Laura Poveda, abogada consultora para Colombia de Raza e Igualdad.

A través de un diálogo colectivo, los y las participantes ahondaron sobre cómo el racismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género se entrecruzaron en el desarrollo del conflicto armado, y conversaron sobre cuáles son las principales barreras y retos que se tienen para alcanzar la verdad en los casos de vulneraciones a los derechos de las víctimas Afro-LGBT.

Sandra Arizabaleta, directora de la organización Somos Identidad de la ciudad de Cali, señaló que la pertenencia a un grupo étnico de personas sexualmente diversas conllevó un escalamiento de la violencia sobre sus cuerpos, con el fin de eliminar el rastro de su historia como personas afro y personas LGBT en los territorios. El uso del despojo, del desplazamiento, de la violencia sexual y de la desaparición forzada como principales formas de violencia contra las personas Afro-LGBT eran maneras de desarraigar a las víctimas de su territorio y de su comunidad, añadió la participante.

En este sentido, Vivian Cuello, de Caribe Afirmativo, hizo hincapié en la importancia de que, en su informe final, la CEV vaya más allá de las cifras y realice un análisis de las violencias que sufrieron aquellos grupos poblacionales que en general no representan un gran número de casos, pero cuyas experiencias no pueden ser invisibilizadas, como es el caso de las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres LBT, de los hombres trans y de los niños, niñas y adolescentes lesbianas, gays, bisexuales y/o trans.

Por su parte, Angelo Muñoz y Franklin Quiñonez, de la Fundación Arco Iris de Tumaco, señalaron la importancia de contar con cifras oficiales y de establecer mecanismos para superar la impunidad judicial en los casos de violencia contra personas afro-LGBT en el marco del conflicto armado. “La visibilización permitiría avanzar en la desnaturalización de la discriminación y violencia contra las personas Afro-LGBT y facilitaría la construcción de confianza de las víctimas con las entidades estatales”, señaló Quiñonez.

Alejandra Londoño, integrante del Grupo de Trabajo de Género de la CEV, hizo énfasis en que si bien desde el mandato de la CEV se pretende abordar de la manera más precisa los patrones y las causas del conflicto y las implicaciones que tuvieron en la sociedad colombiana, la legitimidad de esta información finalmente deviene de las víctimas y de su ardua labor por acercarse a la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado. Por ello, hizo énfasis en la necesidad e importancia de que la CEV y las organizaciones Afro-LGBT trabajen conjuntamente, en especial en el actual contexto, en el que hay que reforzar los esfuerzos para acercar a la sociedad civil a estos espacios.

Así mismo, los representantes de la sociedad civil Afro-LGBT coincidieron en que el racismo y la discriminación de las entidades estatales y el histórico abandono estatal de los territorios jugaron un rol fundamental para el asentamiento de las violencias, y recomendaron a la CEV orientar el ejercicio de no repetición a la transformación de las condiciones de pobreza y exclusión de las víctimas Afro-LGBT y fijar bases para resignificar el rol de las personas LGBT dentro de las comunidades Afro.

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