Movimiento Trans en Colombia alza su voz para denunciar los altos índices de violencia y discriminación que viven en medio de la pandemia

Movimiento Trans en Colombia alza su voz para denunciar los altos índices de violencia y discriminación que viven en medio de la pandemia

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) muestra su preocupación por los altos índices de violencia y discriminación hacia la población LGBTI durante la pandemia de COVID-19. El panorama en Colombia presenta avances, pero también preocupantes situaciones de violación de derechos humanos y violencia contra la población LGBTI, las cuales se han exacerbado durante COVID-19. Según Colombia Diversa, en los primeros seis meses del presente año se han registrado 26 asesinatos de personas LGBTI[1]. De estos casos, 15 ocurrieron durante las medidas de aislamiento obligatorio por la pandemia. De acuerdo con cifras de Caribe Afirmativo, a 100 días de aislamiento en el Caribe colombiano[2], se tiene registro de 12 muertes violentas de personas LGBTI: 4 mujeres trans, 4 lesbianas y 3 hombres gays asesinados, más una mujer trans que murió por COVID- 19 en vía pública esperando atención; además, 3 mujeres trans fueron víctimas de violencia policial[3].

Más allá de las cifras, lo que preocupa es la persistencia de un contexto de discriminación y exclusión que da paso a que estos episodios de violencia sean legitimados o invisibilizados. En especial, preocupa el aumento de violencia en contra de personas trans, quienes se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y marginalidad en medio de la pandemia. La sistemática e histórica discriminación a la que ha sido sometida esta población, les limita en herramientas para afrontar la crisis: las cifras de informalidad laboral son mucho más altas que las del resto de la población[4]; temen utilizar los servicios de salud por miedo a ser rechazades y a no recibir una atención de calidad, motivo que les lleva a buscar servicios clandestinos poniendo en riesgo su salud física, emocional y mental[5], y suelen ser blanco de discriminación no únicamente por las instituciones estatales y la policía, sino también por el grueso de la población colombiana.

A las repercusiones y afectaciones desproporcionadas que tienen las personas trans como resultado de la pandemia, se suman los altos índices de asesinatos y agresiones en razón a su identidad de género. Recientemente, el 6 de julio, en Medellín, Shantall, una mujer trans venezolana, fue asesinada[6]. Tan solo dos días antes, en el municipio de Circasia, Quindío, Mateo López Mejía, un joven trans de 25 años, fue atacado con un arma de fuego mientras llevaba a cabo una actividad comunitaria[7]. El 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, Eilyn Catalina, una mujer trans trabajadora sexual que tan solo tenía 21 años de edad, fue apuñalada hasta ser asesinada, en la ciudad de Medellín[8]. Estos son sólo algunos casos que retratan el alarmante incremento en los índices de asesinatos contra personas trans, que se extienden a otras ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Bogotá[9].

Sumado a lo anterior, han sido constantes los episodios de abuso policial y discriminación institucional, en especial en áreas de la salud y en centro carcelarios[10], lo que se ha convertido en una barrera para la plena garantía de los derechos fundamentales de las personas trans en medio de la pandemia.

Ante esta difícil situación, la Red Comunitaria Trans convocó recientemente a su ya tradicional marcha del Orgullo Trans (#YoMarchoTrans) con un contundente mensaje de denuncia y rechazo en contra de la situación de violencia que se ha agudizado en el contexto de la pandemia[11]. Este ejercicio de protesta se replicó multitudinariamente en ciudades como Medellín, Tunja y Arauca.  Recientemente, también se conoció el fallo de tutela de una jueza que ordena al Ministerio del Interior de Colombia a iniciar las gestiones administrativas para la efectiva implementación del Decreto 762 de 2018, norma que delimita la Política Pública LGBTI del país, luego de la tutela impuesta por Laura Weinstein, directora de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans[12]). Estos representan tan sólo unos pocos de los ejercicios de resistencia que se extienden a lo largo de todo el país, en el que son las organizaciones y redes de apoyo LGBTI quienes han debido adelantar acciones para garantizar su seguridad, integridad y subsistencia a esta población ante el abandono estatal en medio de la emergencia sanitaria.

Desde Raza e Igualdad respaldamos los actos de denuncia y rechazo de las organizaciones LGBTI y del movimiento trans en particular. De igual manera, invitamos al Gobierno Nacional a:

  1. Acatar el fallo de tutela en el que se le pide que desarrolle acciones para implementar la Política Pública LGBTI desde un enfoque participativo e interseccional que garantice la inclusión de las propuestas del movimiento LGBTI colombiano.
  2. Garantizar la inclusión de las personas LGBTI, en especial de las personas trans, en el diseño, implementación y monitoreo de las medidas que se adopten para hacer frente a la pandemia.
  3. Reforzar los esfuerzos para garantizar la debida investigación y sanción de los hechos de violencia y discriminación de los que han sido víctimas las personas trans, y adelantar las investigaciones disciplinarias pertinentes en los hechos en que se ven envueltos funcionaries públicos y/o miembros de las fuerzas de seguridad.
  4. Fortalecer la coordinación con los gobiernos locales a fin de adelantar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las personas LGBTI en temas relativos a salud, seguridad alimentaria, hospedaje y en general todas las necesidades básicas insatisfechas.

[1] https://www.kienyke.com/colombia/derechos-legbti-en-colombia-dia-del-orgullo-2020

[2] Que se cumplen el 07 de julio de 2020.

[3] https://www.facebook.com/caribeafirmativo/photos/a.1517908841868740/2737408936585385/?type=3&theater

[4] https://www.dejusticia.org/personas-trans-como-sobrevivir-al-aislamiento-por-coronavirus/

[5] https://telemedellin.tv/por-miedo-al-rechazo-poblacion-trans-no-utiliza-servicios-de-salud/396508/

[6] https://twitter.com/redcomunitariat/status/1280524111270285312

[7] https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/mientras-realizaba-labor-social-lider-trans-fue-asesinado-en-el-quindio

[8] https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/denuncian-asesinato-de-mujer-trans-trabajadora-sexual-en-medellin-512210

[9]http://oldrace.wp/es/espanol/raza-e-igualdad-expresa-su-preocupacion-y-hace-un-llamado-a-la-cidh-a-pronunciarse-sobre-la-grave-situacion-de-violencia-y-discriminacion-que-atraviesa-la-poblacion-lgbti-en-colombia-en-medio-de-la-em/.

[10] http://oldrace.wp/es/espanol/raza-e-igualdad-expresa-su-preocupacion-y-hace-un-llamado-a-la-cidh-a-pronunciarse-sobre-la-grave-situacion-de-violencia-y-discriminacion-que-atraviesa-la-poblacion-lgbti-en-colombia-en-medio-de-la-em/

[11] https://www.facebook.com/watch/?v=270476960710160

[12] https://twitter.com/GrupotransGAT/status/1278744385199489031

Raza e Igualdad expresa su preocupación y hace un llamado a la CIDH a pronunciarse sobre la grave situación de violencia y discriminación que atraviesa la población LGBTI en Colombia en medio de la emergencia por COVID-19

Bogotá, 25 de junio de 2020 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se dirige a la honorable CIDH para expresar su preocupación por los recientes sucesos de violencia y discriminación contra la población LGBT en diferentes lugares de Colombia, que prenden las alarmas frente a lo que se considera un incremento en los episodios de vulneración de derechos humanos de esta población, en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19. A las repercusiones y afectaciones desproporcionadas que tienen que vivir las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans como resultado de la pandemia, se suman los altos índices de asesinatos y agresiones en razón a su orientación sexual y/o identidad de género.

Los asesinatos y las agresiones han aumentado considerablemente

En lo que va de 2020 ya se han registrado 15 homicidios contra personas LGBT, la cifra más alta que se haya registrado para la primera mitad del año en el Caribe colombiano, de acuerdo a Caribe Afirmativo[1]. El 13 de junio de 2020, fue hallada sin vida en su vivienda, Ariadna Barrios Ojeda, una mujer trans que vivía al sur de la ciudad de Santa Marta (Magdalena). El cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con un arma corto punzante[2]. Al día siguiente, bajo la misma modalidad, se denunció que en Barranquilla (Atlántico), Brandy Carolina, una mujer trans había sido asesinada. Meses antes, en el mismo barrio donde falleció Brandy, fueron asesinadas Paloma[3], una mujer trans, y Lidia Gamero, una mujer lesbiana, el 16 de abril y el 26 de marzo, respectivamente[4].

A los anteriores hechos se suman diversos intentos de asesinatos contra personas LGBT, como el ocurrido el 24 de marzo, en el que dos mujeres migrantes, trans y trabajadoras sexuales fueron apuñaladas en la ciudad de Bogotá, luego de ser perseguidas por todo el barrio y ser heridas en sus senos y glúteos.[5]. En esta ciudad también se registró un ataque con arma blanca el 18 de abril de 2020 en contra de Daian Nikol Villalobos, una mujer trans que se disponía a comprar víveres, en el marco de la medida de pico y género implementada en Bogotá[6]. A pesar de que las víctimas solicitaron atención en salud y atención por parte de miembros de la policía, esta fue negada y tras la ausencia de las instituciones, ellas mismas tuvieron que adoptar medidas para la respectiva curación y cuidado[7].

Han incrementado las denuncias de abusos policiales

Los abusos y la violencia también provienen de las entidades gubernamentales. Apenas ayer, 22 de junio, miembros de la policía persiguieron y atacaron con electrochoques a dos mujeres trans en situación de habitabilidad de calle en Tunja (Boyacá)[8]. La madrugada del sábado 20 de junio, se denunció el ataque perpetrado por miembros de la Policía Nacional en contra de un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales en el centro de Bogotá, quienes las agredieron con armas de fuego luego de insultarlas reiteradamente[9]. Estos episodios dan cuenta de la discriminación y violencia históricamente ejercida por la Policía Nacional en la zona, quienes, en medio de la pandemia, extorsionan a las trabajadoras sexuales para dejarlas trabajar, abusando física y psicológicamente de aquellas que no pueden pagar el monto exigido[10]. En la mañana del 02 de mayo, cuando aún estaba vigente la medida de Pico y Género en Bogotá, se registró el desalojo violento de una mujer afro trans, trabajadora sexual de su hogar, por parte de la Policía Nacional sin que hayan sido esclarecidas las razones que motivaron la intervención de esta institución[11].

Violencia institucional y respuesta estatal insuficiente

Si bien ha habido pronunciamientos públicos de rechazo y anuncios sobre el reforzamiento de los procesos de acompañamiento a la población LGBT desde entidades estatales, la respuesta institucional al COVID-19 dista de ser inclusiva con la población LGBT. El pasado 29 de mayo, la Red Comunitaria Trans registró la muerte de Alejandra, una mujer trans trabajadora sexual quien murió a pesar de haber solicitado una ambulancia por presentar síntomas de COVID-19, dado que el personal médico que acudió se negó a atenderla luego de conocer que vivía con VIH y en el que se presentaron diversos episodios sucesivos de violencia institucional[12]. A la fecha, no se han materializado acciones concretas para garantizar el esclarecimiento del caso.

El caso de Estefany, conocida como “Chispita”, una mujer trans habitante de calle, que vivía con VIH, y de quién comenzaron a circular imágenes de redes sociales en las que se le veía en el suelo implorando ayuda el pasado sábado 13 de junio, ilustra también la falta de atención de las instituciones desde un enfoque diferencial. Después de cuatro horas de no haber sido auxiliada a pesar de los diversos llamados por parte de los vecinos del sector a las autoridades, Estefany fue trasladada a un centro médico, pero ya era demasiado tarde para brindarle atención médica y murió horas después en el mismo centro asistencial[13].

El manejo inadecuado de la situación también se ha dado desde las instituciones carcelarias. Recientemente, se conoció que Daniel Osorno Márquez, conocido como “Pupileto”, un joven gay de 22 años que fue hallado muerto en el baño de una celda aislada del penal El Bosque de Barranquilla, según las autoridades, por ser diagnosticado con COVID-19, a pesar de que ni su familia ni su abogado estuvieran enterados del diagnóstico y de que hubieran denunciado reiteradamente abusos sexuales y episodios de violencia y discriminación en su contra en su paso por la cárcel[14].

Desde Raza e Igualdad, queremos llamar la atención sobre la necesidad apremiante de que el Gobierno Colombiano implemente medidas efectivas para salvaguardar la población LGBT y le insta a:

  1. Fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos de la población LGBT en medio de la pandemia de la mano de la sociedad civil y de las autoridades locales.
  2. Reforzar los esfuerzos para que las autoridades den celeridad a las investigaciones de los asesinatos y agresiones contra la población LGBT, en especial aquellos cometidos contra mujeres trans, y se adelanten los procesos disciplinares y judiciales a que haya lugar a fin de combatir la impunidad en estos casos.
  3. Garantizar que sus protocolos de atención en salud, en especial aquellos que regulan la asistencia de emergencia en medio de la pandemia por el COVID-19 no reproduzcan la criminalización, el estigma y la discriminación sobre las personas LGBT, en especial las personas trans, aquellas que ejercen el trabajo sexual y/o aquellas que viven con VIH.
  4. Fortalecer las acciones de monitoreo, sensibilización y formación en DDHH, en especial en DDHH de personas LGBT, con miembros de fuerzas de seguridad, particularmente de la Policía Nacional y el INPEC[15], así como dar trámite a las denuncias presentadas en contra de funcionarios oficiales y redoblar los esfuerzos para que las investigaciones que se adelanten al interior de estas instituciones por la vulneración a DDHH de personas LGBT no queden en la impunidad.
  5. Involucrar a las comunidades afectadas, incluyendo la población LGBT, en el diseño e implementación de todas las medidas de respuesta ante el COVID-19 para generar confianza, garantizar acciones adecuadas y eficientes, evitar daños indirectos o no intencionados y garantizar el intercambio frecuente de información.
  6. Promulgar medidas de atención y contingencia desde un enfoque de derechos humanos, que respeten la diversidad y el autoreconocimiento de las personas LGBT, sumado a la urgencia de analizar las medidas en clave interseccional, incluyendo un enfoque de raza, migratorio, etario, etc. En el caso de las medidas de segregación por género, como el “pico y género”, urgimos a los gobiernos locales a explorar otro tipo de medidas que eliminen el riesgo de agresión y de vulneración de derechos de las personas LGBT.

De igual manera hacemos un llamado urgente a la CIDH para que refuerce sus mecanismos de monitoreo sobre la situación general de derechos humanos de la población LGBT en Colombia en el marco de la pandemia y le pedimos que le reitere al Estado Colombiano cumplir su obligación de respetar los derechos humanos aún en situaciones de emergencia, recordando que la obligación de los Estados de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la identidad de las personas en mayor estado de vulnerabilidad se intensifica en contextos de emergencia como el que atravesamos.

[1] https://www.elheraldo.co/lgtbi/preocupa-aumento-en-2020-de-homicidios-de-personas-lgbt-734830

[2] https://www.elespectador.com/noticias/politica/alerta-por-crimen-de-mujeres-trans-en-costa-caribe-pese-a-cuarentena/

[3] https://caribeafirmativo.lgbt/asesinan-mujer-trans-suroriente-barranquilla/

[4] https://caribeafirmativo.lgbt/asesinato-brandy-seis-las-personas-lgbti-asesinadas-area-metropolitana-barranquilla-marco-del-aislamiento-social/

[5] https://pares.com.co/2020/03/28/a-todos-los-que-bajen-les-damos-de-baja/

[6] https://www.colombiainforma.info/entrevista-pico-y-genero-o-la-vigilancia-del-genero/

[7]https://pares.com.co/2020/03/28/a-todos-los-que-bajen-les-damos-de-baja/ y https://www.elespectador.com/noticias/nacional/burlas-discriminacion-y-punaladas-la-violencia-que-revela-el-pico-y-genero-articulo-917657/

[8] https://www.facebook.com/RedLGBTIdeBoyaca/photos/a.255356325169408/577495662955471/?type=3&theater

[9] https://twitter.com/redcomunitariat/status/1274290767964581888

[10] https://www.noticiasuno.com/politica/personas-trans-de-barrio-santa-fe-en-bogota-denuncian-crueldad-y-ataques-policiales/

[11] https://twitter.com/redcomunitariat/status/1256652501996240896

[12]http://oldrace.wp/es/espanol/raza-e-igualdad-lamenta-la-muerte-de-alejandra-monocuco-mujer-trans-trabajadora-sexual-en-colombia-y-condena-actos-de-discriminacion-y-violencia-institucioan-basados-en-su-identidad-de-genero/

[13] https://caribeafirmativo.lgbt/abandono-prejuicios-del-estado-hacia-mujeres-trans-continuan-evidenciandose-cartagena/

[14] https://www.elespectador.com/noticias/nacional/muere-pupileto-en-barranquilla/

[15] Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Justicia en asesinato líder afrocolombiano Bernardo Cuero Bravo: hechos de impunidad y cómo enfrentarlos

Junio 7, 2020. El 2 de Junio de 2020, el presunto autor material del asesinato de líder afrocolombiano Bernardo Cuero Bravo (Víctor Carlos Meriño Pereira) fue dejado en libertad por “vencimiento de términos”, por orden del Juzgado 02 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla. Esta decisión judicial es el resultado de la demora con que ha actuado el Juzgado Único Penal Especializado de Barranquilla, en el cual de adelanta el juicio contra el acusado desde el 9 de Abril de 2019. Aunque la liberación del señor Meriño no significa su absolución, y seguirá vinculado al juicio, este hecho produce gran preocupación y frustración en su familia y en su organización (la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES), y plantea cuestionamientos sobre la capacidad del sistema de justicia colombiano para garantizar justicia en los casos de los líderes sociales que han venido siendo asesinados sistemáticamente en los últimos años.

Bernardo Cuero Bravo fue asesinado el 7 de junio de 2017. En los siguientes 15 días, el señor Meriño fue capturado y puesto en prisión, como presunto responsable material con base en pruebas sólidas aportadas por la Fiscalía. Pasaron casi 9 meses para que la Fiscalía presentara el escrito de acusación en Marzo de 2018. Y pasaron otros 13 meses para se instalará el juicio oral en Abril 2019 ante el Juzgado Único Penal Especializado de Barranquilla. Ahora, después de 14 meses de haberse instalado el juicio, y sin haber realizado las siguientes audiencias del juicio oral, el señor Meriño es dejado en libertad por vencimiento de términos.

¿Quién es el principal responsable de dejar en libertad al presunto autor material del asesinato, existiendo pruebas solidas ofrecidas por la Fiscalía General de la Nación? La respuesta es clara: el Juzgado Único Penal Especializado de Barranquilla. Después de instalado el juicio el 9 de abril de 2020, la realización de la siguiente audiencia del juicio ha sido postergada en tres ocasiones haciendo uso de excusas que no son sólidas, que parecen denotar una intención en dilatar el proceso, y que deberían ser investigadas. Esta excusas incluyen haber programado la audiencia en una fecha de paro judicial sobre la que se tenía conocimiento con anterioridad, una “calamidad doméstica” del juez que no fue explicada, y el argumento de que “no tenía conocimiento del caso” por parte un juez encargado ya que el juez que tenía el caso se encontraba de vacaciones.

Implicaciones de la falta de diligencia judicial en el caso de Bernardo. Han pasado tres años desde la captura del presunto autor material sin que se haya emitido una sentencia. Además del dolor que esto produce para su familia y su organización, esta demora deja serios cuestionamientos sobre el Estado de Colombia acerca de su real compromiso para proteger y hacer justicia en los crímenes contra líderes sociales. Es prácticamente el único caso de asesinato de un líder social en el que al menos se ha identificado, capturado y asegurado, con solida evidencia, al autor material. Y sin embargo, los operadores judiciales y las instituciones responsables de vigilarlos, han generado las condiciones para dejar en libertad al presunto asesino. Esta demora también ha producido otros hechos victimizantes contra su familia y organización. Otros miembros de la familia han sido asesinados, y otros viven hoy en situación de desplazamiento forzado como consecuencia de nuevas amenazas. Con la libertad del señor Meriño, la situación de riesgo de su familia y lideres de AFRODES se ve agravada, en razón de este nuevo acto de impunidad que envía mensajes a los perpetradores de crímenes contra cualquier líder, como Bernardo, que tuvo la valentía de denunciar las violaciones de derechos humanos contra su comunidad.

Raza e Igualdad hace las siguientes solicitudes y recomendaciones:

  • Solicitar a la Fiscalía General de la Nación y a las instituciones con funciones de vigilar al Juzgado Único Penal Especializado de Barranquilla, investigar las actuaciones del mismo que permitieron dejar en libertad por vencimiento de términos a Víctor Carlos Meriño Pereira, presunto autor material del asesinato de Bernardo
  • Solicitar a la Fiscalía General de la Nación, informar sobre los avances en las investigaciones de los otros capturados como presunto co-autores del asesinato de Bernardo Cuero
  • Solicitar al Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, y demás instituciones con mandatos para atender la problemática de los crímenes contra lideres sociales, adoptar las medidas necesarias para que se garantice la administración de justica en el caso de Bernardo Cuero
  • A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina de Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, hacer seguimiento a las recomendaciones que hicieron al Estado de Colombia en relación con el asesinato de Bernardo Cuero

Raza e Igualdad, reitera su solidaridad con la familia de Bernardo Cuero Bravo y la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), y continuará atenta a apoyar todas las acciones requeridas para que el crimen de Bernardo Cuero Bravo no quede impune.

Raza e Igualdad lamenta la muerte de Alejandra Monocuco, mujer trans trabajadora sexual en Colombia y condena actos de discriminación y violencia institucioan basados en su identidad de género

Bogotá, 5 de junio de 2020. – El pasado 29 de mayo, la Red Comunitaria Trans denunció la muerte de Alejandra Monocuco, una mujer trans trabajadora sexual, quien vivía en el Barrio Santafé, en el centro de Bogotá. De acuerdo a la denuncia publicada en redes sociales, la mujer, quién presentó síntomas de COVID-19, murió en la madrugada a pesar de haber solicitado una ambulancia al servicio de emergencias, dado que el personal médico que acudió se negó a atenderla luego de conocer que vivía con VIH, argumentando que lo más seguro era que Alejandra “tuviera una sobredosis”[1]. No siendo esto suficiente, las autoridades tardaron casi 15 horas en realizar el levantamiento de su cuerpo, no realizaron las diligencias pertinentes para descartar que la causa de muerte hubiese sido por coronavirus y no brindaron atención inmediata a las mujeres que vivían con ella, entre las que se encuentra una mujer trans adulta mayor.

A esta lamentable situación, se sumó el comunicado público posterior del Distrito, que aseguraba que la falta de traslado a un centro médico para atender a Alejandra obedecía a un documento firmado por una de las mujeres con las que vivía, en el que se negaban al traslado[2]. Esta información fue posteriormente considerada un “error” por la misma administración[3], que señaló en un segundo comunicado que la negativa del traslado no había sido por dicho documento, porque no existía, sino porque la misma Alejandra había expresado que no quería acudir a un centro hospitalario.

En Colombia, además de la violencia y la discriminación que sufren a diario, las personas trans con VIH que ejercen el trabajo sexual se ven afectadas por la existencia de prejuicios que les impiden acceder a ciertas garantías en ámbitos como la salud.  A diario, las personas trans enfrentan barreras de acceso a atención médica, falta de sensibilidad y capacitación acerca de sus necesidades específicas, la ausencia de rutas de atención especializada y los elevados costos de los procedimientos especializados. Estas barreras discriminatorias se agravan ante la negligencia y los prejuicios sobre el VIH, que impiden que las personas trans se hagan pruebas de detección del VIH, que se las ponga en contacto con asistencia médica o que tengan acceso a ella, que sigan recibiendo atención y/o que obtengan la medicación necesaria.

En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, estas barreras de acceso a la salud resultan ser altamente preocupantes. Recientemente, Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, en un comunicado con respecto al contexto actual de pandemia[4], señaló “[e]l VIH nos enseñó que la violencia, el bullying y la discriminación solo sirven para marginar aún más a las personas que más lo necesitan” (…) “[t]odas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, tienen derecho a disfrutar de su salud, protección y seguridad sin excepción alguna. El respeto y la dignidad son ahora más necesarios que nunca”.

La Comisión de Derechos Humanos (CIDH) y Expertos de la ONU advirtieron a los Estados que el estigma y los prejuicios pueden convertirse en barreras problemáticas en la atención en salud de las personas LGBTI con VIH en el contexto de pandemia. “[L]a discriminación que sufren los hombres gays y las mujeres transgénero hace que representen un porcentaje significativo dentro de la totalidad de personas que viven con el VIH, que pueden estar en mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 debido a que sus sistemas inmunológicos pueden verse comprometidos. Sin embargo, la criminalización, el estigma y la discriminación contra estas personas serán obstáculos que harán imposible documentar y comprender plenamente el impacto de la pandemia en ellas[5]”.

Raza e Igualdad lamenta la muerte de Alejandra y rechaza esta y cualquier forma de discriminación que limite el derecho al acceso a la salud de las personas LGBTI, en especial de las personas trans con VIH.  Invitamos a las autoridades correspondientes a dar celeridad a la investigación y a esclarecer los hechos para que se adelanten los procesos disciplinares y judiciales necesarios; y exhortamos a que se brinde un acompañamiento integral a las mujeres con las que convivía Alejandra.

De igual forma, instamos a los gobiernos locales y nacionales a reforzar sus esfuerzos en la garantía de los derechos, en especial del derecho a la atención en salud, de las trabajadoras sexuales, particularmente de las mujeres trans que ejercen esta actividad, y a incluir sus voces en el diseño e implementación de las medidas que se promulguen en razón al contexto actual de emergencia sanitaria.

[1] https://www.rcnradio.com/bogota/la-historia-de-alejandra-la-mujer-trans-que-murio-sospechosa-de-covid-y-no-fue-atendida

[2] https://www.lafm.com.co/bogota/muerte-de-mujer-trans-en-bogota-aseguran-que-hubo-negligencia

[3] https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/secretaria-de-salud-de-bogota-reconoce-error-en-caso-de-mujer-trans-fallecida-503162

[4]https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/april/20200427_lgbti-covid

[5] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25884&LangID=S

Lo que la ley de “abolición” de la esclavitud realmente inauguro: racismo y exclusión disfrazada

Por:       Pedro L. Cortes-Ruiz
Asesor – AFRODES Cali
Representante en Colombia –  International Institute on Race, Equality and Human Rights

ARTÍCULO 2. El comprobante de la libertad de cada esclavo será la carta de libertad expedida en su favor con arreglo a las leyes vigentes, previos los respectivos avalúos practicados con las formalidades legales, y con las demás que dictare el Poder Ejecutivo.

PARAGRAFO UNICO. Ningún esclavo menor de cuarenta y cinco años será avaluado en más de mil seiscientos reales si fuere varón, y de mil doscientos reales si fuere hembra; ningún esclavo mayor de cuarenta y cinco años será avaluado en más de mil doscientos reales si fuere varón, y de ochocientos reales si fuere hembra.

ARTÍCULO 3. Las juntas de manumisión expedirán a los tenedores de aquellos esclavos que fueren avaluados, y a quienes se fuere dando carta de libertad de conformidad con lo dispuesto en esta ley, certificados de la presentación, avaluó y libertad de cada esclavo, a fin de que oportunamente puedan cambiar los referidos certificados por los vales de manumisión mandados expedir por la presente ley.

LEY 2 DE 1851 (Mayo 21) – Sobre libertad de esclavos

La Ley 2 de 1851, que en la narrativa nacional se conoce como la “ley de la abolición de la esclavitud”, en realidad debió titularse la “ley de garantía de los derechos de los esclavizadores”. Esta ley inauguró una estrategia del Estado colombiano que persiste hasta el día de hoy: el uso de la ley para mantener la exclusión y la discriminación racial” dando la apariencia de que hay un compromiso para corregir injusticias.

De los 19 artículos de la ley, el primero hace la declaración de que todos los esclavos serán libres y gozarían de los mismos derechos que el resto de ciudadanos, y los 18 restantes se ocupan de todos los detalles legales y administrativos para que los esclavizadores puedan ser indemnizados económicamente por la pérdida de su mano de obra. El lenguaje y contenido de los artículos no da lugar a equívocos en la interpretación: los afrodescendentes son considerados objetos/bienes a los que se les puede poner un valor monetario. De ahí que no sea extraño que la ley no contemple ninguna medida de compensación o medida afirmativa para generar condiciones que realmente hubieran permitido la igualdad de derechos.

Las evidencias de la persistencia histórica de esta estrategia son abundantes. Baste recordar aquí la Ley 2 de 1959 que define al Pacífico Afrocolombiano como zona forestal y lo declara “baldío”. Es decir, se niega la misa existencia física de los afrodescendientes que históricamente fueron poblando, construyendo y cuidando estos territorios, sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado.

La continuidad de la estrategia con respecto a la Ley 70 de 1993, tiene sus variaciones pero mantiene la misma racionalidad. Efectivamente se hace un reconocimiento de derechos que ha conducido a la expedición de títulos colectivos sobre un área significativa. Sin embargo, después de 27 años, no se ha completado su reglamentación, impidiendo de esta manera la existencia de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos étnico-territoriales. Y paralelamente, todos los gobiernos desde 1993 han desarrollado iniciativas legislativas y de política pública que claramente contradicen los principios y mandatos de la Ley 70.

Frente a las afectaciones diferenciales del conflicto armado sobre las comunidades afrocolombianas, la estrategia también se ha repetido. Se han adoptado leyes y políticas públicas gracias a las órdenes de la Corte Constitucional y la presión internacional, pero no se cumplen a cabalidad y no se les asignan los recursos requeridos. Ordenes de la Corte Constitucional, como las contenidas en la T-025 de 2004 y sus autos 092 de 2009 y 005 de 2010, llevan más de 10 años sin ser cumplidas a cabalidad.

Y recientemente, el gobierno repite la estrategia frente al deber de implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, el cual fue incluido gracias a los procesos sociales y de incidencia de los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos. No ha habido aplicación de los principios y salvaguardas del mismo, no se han garantizado condiciones para el funcionamiento de los mecanismos de monitoreo y verificación, no ha habido consulta previa en la implementación de los diferentes componentes del Acuerdo a nivel de los territorios, y se está dejando a su propias suerte a las comunidades que enfrentan la extrema violencia que ha caracterizado el post-acuerdo.

La Ley de la “abolición” de la esclavitud no fue el resultado de un proceso sociopolítico que se basará en un consenso/convencimiento sobre la dignidad humana  y un reconocimiento genuino para reparar los daños sobre los esclavizados afrodescendientes. Es cierto que hubo personajes políticos comprometidos con una visión de anteponer la dignidad humana como principio de nuestro contrato social. Pero en términos substanciales, la expedición de esta ley obedeció a un acuerdo entre las élites políticas y económicas que tenían una confrontación político-militar. La predominancia en los contenidos de la ley de medidas para garantizar los derechos de los esclavizadores es un indicador contundente de que se trató de un acuerdo para mantener un régimen que no le importaba la dignidad humana de los esclavizados. Como lo sugieren algunos análisis de Foucault, las leyes constituyen la “guerra por otros medios”; las leyes dan continuidad a los privilegios de los reales vencedores.

El Pueblo Afrocolombiano ha re-significado el 21 de Mayo como el Dia de la Afrocolombianidad. Se ha convertido en una oportunidad simbólica para el reconocimiento de nuestros aportes a la construcción del país, y también en un espacio de reflexión para analizar y denunciar la persistencia del racismo, la discriminación y las desigualdades raciales. En esa perspectiva, también es necesario recordar los orígenes y trayectorias de las estrategias institucionales que sostienen los factores estructurales del racismo y la discriminación racial. No se han ido; han mutado como los virus que hoy nos están afectando desproporcionalmente.

Día de la Afrocolombianidad 2020: un reconocimiento a la resiliencia ante adversidades estructurales históricas

Por:  Pedro León Cortés, Asesor para Latinoamérica de Raza e Igualdad

Bogotá, 21 de mayo de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad de Derechos Humanos (Raza e Igualdad), con motivo de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad 2020, quiere compartir las siguientes reflexiones y enviar las siguientes recomendaciones al Estado de Colombia.

Al igual que en años anteriores, en el Día de la Afrocolombianidad 2020, Raza  e Igualdad ante todo reitera su reconocimiento a las organizaciones y comunidades afrocolombianas con las que trabaja directamente, y al Pueblo Afrocolombiano en general, por la resistencia y resiliencia que siguen demostrando para enfrentar las adversidades y los factores de racismos y discriminación racial estructural que siguen vigentes en la sociedad colombiana y el comportamiento de su gobierno. A pesar de ello, las organizaciones y comunidades afrocolombianas continúan en su actuar político y cultural, demostrando la perdurabilidad de su proyecto histórico colectivo para afirmar su identidad étnico-territorial y para aportar lo mejor que tienen la construcción de la paz en Colombia.

Desde la anterior conmemoración en 2019, la situación de derechos humanos del Pueblo Negro, especialmente las de las comunidades afectadas por el conflicto armado, no ha mejorado. Por el contrario, los fenómenos de violencia contra ellas y sus liderazgos se ha profundizado en muchas regiones y contextos urbanos. La “promesa” del Capítulo Étnico no se ha hecho realidad, y el post-acuerdo no se ha convertido en oportunidad para avanzar, sino en amenaza para preservar la vida y la autonomía.

En el actual contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19, como era de esperarse en razón de la posición de desventaja como efecto de la persistencia de la discriminación racial, las comunidades vienen experimentando efectos diferenciales negativos que no están siendo atendidos en forma adecuada por el gobierno. Muchas comunidades y organizaciones, desde la perspectiva comunitaria y de autonomía que mantienen, vienen desplegando acciones colectivas para su protección. Desafortunadamente, no hay un acompañamiento adecuado por parte del gobierno.

A finales de 2019, Raza e Igualdad apoyo a algunas organizaciones afrocolombianas para presentar un informe alternativo y participar en la sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en la que se reviso al Estado de Colombia. El CERD validó los análisis y recomendaciones de estas organizaciones, y fueron recogidas en sus Observaciones Finales. Con ocasión de esta conmemoración del Día de la Afrocolombianidad 2020, Raza e Igualdad exhorta al gobierno de Colombia a cumplir con las recomendaciones del CERD. De manera especial, destacamos:

  • La necesidad de corregir los resultados del Censo 2018, con medidas que garanticen una estimación y caracterización demográfica adecuada del Pueblo Afrocolombiano.
  • Reglamentación plena de la Ley 70 de 1993.
  • Implementación efectiva del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz
  • Cumplimiento de decisiones judiciales y leyes referidas a los derechos de lxs afrocolombianxs víctimas del conflicto.

Raza e Igualdad continuará apoyando a las organizaciones y comunidades afrocolombianas, en sus procesos de exigibilidad de derechos, con la esperanza de que en el próximo Dia de la Afrocolombianidad se haya podido avanzar

No más silencio: Retomando nuestras voces en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Washington D.C., 15 de mayo. Este 17 de mayo se cumplen 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental, un hito global que logró acelerar los avances en materia del reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI).[1] Con ocasión de esa fecha, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un día en el que se llama la atención sobre la violencia y la discriminación que aún sufren las personas LGBTI en nuestras sociedades.

Este año el tema que se promueve es “Romper el silencio”, escenario que invita a las personas de la comunidad LGBTI a no tener miedo a expresar su orientación sexual o su identidad de género, ni en sus círculos íntimos ni en sus círculos sociales. Pero también la conmemoración se enmarca este año dentro de una crisis sanitaria mundial generada por COVID-19, que ha agudizado la discriminación estructural y evidenciado los prejuicios que persisten en nuestra sociedad.

Históricamente, la población LGBTI ha sido estigmatizada por una sociedad heteronormativa que no ha permitido su participación en espacios públicos. La conmemoración de este día es vital para visibilizar todos los actos de discriminación que permanecen en nuestras sociedades y denunciar la violencia contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas.

#image_title

“Romper el silencio es poner voz a quienes la hemos tenido silenciada por el estigma, la discriminación, exclusión social y constantes violaciones de derechos que quedan en la impunidad por falta de voluntad política de los Estados. Romper el silencio es gritar con evidencias una verdad que nuestros Estados, en la mayoría de los casos, no quieren mostrar o no toman en cuenta. Romper el silencio es decir somos, estamos, existimos y tenemos derechos”.

La lucha por la igualdad y justicia es un trabajo diario para muchas personas, no se trata de sólo conmemorar un día como este, es una lucha que persiste a lo largo de todos los días del año.

#image_title

“Romper el silencio ha generado que mi cuerpo hable, que mis entrañas hablen, que mis experiencias hablen y que no callen, porque mi vida y la vida de mis hermanes trans merecen que no calle más la injusticia, el dolor y la marginación por ser diferentes. Romper el silencio significa para mí, que todo sentimiento de opresión también se rompa y busque la libertad para todes, esa misma que empecé a sentir cuando elegí ser yo mismo”.

En las últimas semanas hemos sido testigos de una discriminación latente y estructural en la implementación de políticas públicas de los Estados y sus instituciones en respuesta a COVID-19 y como eso ha exacerbado las desigualdades. Igualmente, la ausencia de políticas públicas con un enfoque de género y la falta de capacitación y sensibilización a operadores de la justicia han reproducido patrones de violencia y actos de discriminación contra las personas LGBTI. Esta situación se comprueba con las múltiples estrategias de contención empleadas por los Estados que no sólo olvidaron considerar la situación de pobreza, marginalidad y violencia a la que diariamente se enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, sino que expusieron sus vidas al no proponer acciones con enfoques diferenciales de género.

La promulgación de pico y género en diferentes países causó graves violaciones de derechos humanos, especialmente para la población trans. Su situación de precariedad está en aumento, enfrentando no solo abuso de poder por parte de las fuerzas del orden, sino también pérdida de trabajo, regreso a círculos familiares violentos, la postergación de juicios de cambio de nombre y la abstención de acceder a centros médicos para recibir tratamientos regulares y necesarios, por miedo a ser discriminadas.

Hoy más que nunca, es necesario tomar acciones diferenciadas y específicas para la población LGBTI, con estrategias contundentes para frenar los casos de abuso y las violaciones sistemáticas de derechos humanos de todas las personas diversas.

#image_title

Romper el silencio implica “visibilizar y/o denunciar todo acto de discriminación y/o de violencia en contra de las personas con orientaciones sexuales diversas como lo es la población LGBTI”, lo que se puede lograr “apoyándonos en la utilización de todas las herramientas jurídicas, de protección de derechos humanos y de comunicación existentes”.

#image_title

Por su parte, Sandra Arizabaleta, de la organización Somos Identidad en Cali en Colombia, asegura que: “es urgente romper el silencio para que se utilicen todos los mecanismos comunitarios y legales posibiliten el libre desarrollo de las vidas de las personas LGBTI”. “Se puede (y se debería) amar más allá de una asignación de roles y genitalidad.”

La transgresión de los derechos fundamentales de las personas LGBTI se agudizan cuando las afectaciones se entrelazan con otros escenarios y/o realidades de igual o peor condición. Ejemplo de esto son las personas afrodescendientes con identidades y expresiones de género diversas que viven en contextos de extrema violencia, olvido estatal, pobreza y falta de acceso a servicios básicos de salud, educación, empleo.  “Regiones como el Pacífico colombiano, donde confluyen un mayor número de afrodescendientes, están lejos de ser amparadas con medidas que integren un enfoque interseccional” agrega Sandra de Somos Identidad.

La crisis sanitaria por COVID-19 ha mostrado que a pesar de los avances en materia de derechos humanos para la población LGBTI, todavía existen grandes vacíos y desafíos que sólo podrán ser superados con verdadera voluntad política de los estados para garantizar los derechos humanos con un enfoque diferencial. “En época de crisis es cuando se evidencia quiénes son líderes y quiénes no, y los malos liderazgos van a tender a exacerbar las dificultades para las poblaciones más vulnerables”, asegura Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

“Para miles de personas en todo el mundo, a menudo, romper el silencio significa permanecer en silencio. Los gritos ocurren cuando pequeños gestos pueden pasar desapercibidos, las miradas simples exigen luz o incluso una voz débil duda en hacer eco en ciertos espacios. Para ser escuchados, a veces necesitamos estar atentos, porque no tiene sentido romper el silencio si no hay nadie que nos escuche, si no hay espacios con oídos agudos para capturar los sonidos, sino gestos, miradas. El poder de romper el silencio solo es efectivo cuando hay poder para escuchar. De lo contrario, pasaremos toda una vida queriendo ‘significar’,”

Raza e Igualdad, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil LGBTI con las que trabaja, urge a los estados de Latinoamérica a:

  • Tomar medidas de prevención de la violencia desde una perspectiva diferenciada, que contemple la discriminación que históricamente ha existido contra las personas afro-LGBI y trans.
  • Urge tener un espacio de monitoreo específico junto con la sociedad civil para enfrentar el contexto de violencia por orientación sexual e identidad de género.
  • Urge la necesidad de capacitar a los órganos estatales sobre estos temas.
  • Las voces de la población LGBTI deben tener lugar y espacio en la planificación de emergencias de salud. Representantes LGBTI necesitan estar incluidos, así como las trabajadoras sexuales en los planes de protección social, especialmente en el acceso a los ingresos de emergencia.

Finalmente, es una obligación del Estado acompañarnos a romper el silencio contra la discriminación, la violencia y la indiferencia a través de acciones afirmativas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.

Raza e Igualdad lanza guía práctica para solicitar Medidas Cautelares ante la CIDH

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad pone a disposición la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” un manual que pretende orientar a activistas, defensores y defensoras de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“El documento es una herramienta pedagógica que intenta acompañar el proceso de construcción de solicitudes de medidas cautelares de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en peligro de sufrir vulneraciones graves a sus derechos humanos”, señala Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

La guía está compuesta por dos documentos, uno pensado para ser utilizado por abogados, abogadas o personas con conocimientos jurídicos en la materia; y otra para activistas de derecho humanos de la región donde se propone un recorrido por la información a través del acompañamiento de cuatro personajes que desde sus experiencias como solicitantes y beneficiarios de Medidas Cautelares explican y detallan los pasos a seguir para solicitar una medida cautelar.

“Hemos construido esta guía para facilitar el proceso de solicitud para activistas de derechos humanos que no tienen experiencia en el sistema interamericano.  Entonces, por cada paso el lector se encontrará con un acápite denominado “Síntesis teórica” donde los personajes nos explican en qué consiste el desarrollo del paso; y otro acápite denominado “Síntesis práctica” donde el lector podrá ver efectivamente cómo redactar, describir y completar dicho requisito.  Todos los casos que encontrarán en la guía han sido construidos con propósitos pedagógicos y bajo ninguna circunstancia corresponden a la realidad”, explica Christina Fetherhoff Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material que ya está disponible para ser descargado en el portal web de Raza e Igualdad http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/ busca además fortalecer las capacidades de los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a través de ellos, también del Sistema en sí mismo.

“Las medidas cautelares son una herramienta importante para proteger los derechos humanos y para emprender acciones concretas en favor de los derechos de las personas más vulnerables y en situaciones de riesgo frente a una posible violación de sus derechos fundamentales.  Raza e Igualdad trabaja justamente para llevar a las organizaciones de base esta herramienta que el Sistema Interamericano ofrece a la región como parte de un ejercicio consciente de la importancia de que las organizaciones sean protagonistas de los procesos de exigibilidad de sus derechos.  Esperamos sea de gran utilidad” menciona Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización no gubernamental para la defensa y la protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina promoviendo y protegiendo los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o su identidad de género. Fortalece a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países en los que trabaja.

Crisis por COVID – 19 devela preocupante estado de precariedad en el que se encuentran mujeres afrodescendientes de América Latina

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  En compañía de lideresas de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), se llevó a cabo el pasado jueves 7 de mayo el conversatorio virtual “Mujeres Afrolatinas frente al COVID-19” un espacio propuesto para visibilizar los impactos diferenciados que viven las mujeres Afrolatinas, representadas en niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, producto del brote epidémico conocido como COVID-19.

A lo largo del espacio de diálogo se abordaron análisis sobre la preocupante situación que enfrentan las mujeres alrededor del mundo debido a las estrategias de contención utilizadas por los Estados para evitar la propagación del virus, dichas propuestas ha obligado a la mayoría de las poblaciones en América Latina a permanecer en sus casas sin discriminar ni analizar los impactos que esto tiene en la vida de las poblaciones que históricamente han vivido en la marginalidad de las políticas públicas y en situaciones de extrema pobreza e inacceso a servicios básicos como el agua.

Elvia Duque, Oficial encargada del Programa para América Latina de Raza e Igualdad advirtió sobre un indiscriminado incremento en las violencias de género y violencias domésticas que las políticas gubernamentales de aislamiento han generado, y efectos múltiples que estos tienen en la de las mujeres afrodescendientes.  “Los efectos de COVID 19 han sacado a la luz una realidad que ha estado latente en nuestras sociedades a lo largo de la historia de la región.  Las mujeres han sido y son hoy un grupo vulnerable, así como los grupos afrodescendientes, ahora es una preocupación doble cuando estas dos realidades se intersectan y se agravan como está sucediendo ahora mismo” enfatizó Duque.

Por su parte, Paola Yañez presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) resaltó el estado de precariedad en el que se encuentran las mujeres afrodescendientes.  En este sentido, Yañez mencionó las múltiples afectaciones que enfrenta esta población en cuanto a accesos que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos de esta población. “Durante este tiempo se ha hecho evidente el estado de abandono Estatal en el que se encuentran los territorios donde habitan mayoritariamente poblaciones afrodescendientes; en muchas de estas comunidades no hay acceso al agua, vital para estos días.  En Latinoamérica cerca del 63% de las mujeres afrodescendientes y se dedican a trabajos del hogar y domésticos y por esta situación no están recibiendo ingresos, aspecto que no sólo la perjudica a ella sino a su grupo familiar, porque además estamos hablando de que en su mayoría son hogares monoparentales”.

En este sentido también se discutió sobre los preocupantes problemas de acceso a la salud en América Latina y del incremento del uso excesivo y violento de la fuerza por parte de esquemas de seguridad y la policía especialmente hacía cuerpos racializados.  “Hemos podido comprobar que el uso desmedido de la fuerza es diferente cuando se trata de personas Afro y personas LGBTI” añade la presidenta de la RMMAD.

“Desde Colombia estamos enviando mensajes de auxilio por la situación de líderes y lideresas sociales que hoy son perseguidos en los territorios en medio de la crisis por la pandemia del #COVID-19” enfatizó Audes Jímenez enlace para Colombia del Red de Mujeres Afrolatinas.   Durante las últimas semanas de confinamiento más de 10 líderes y lideresas étnicos han sido asesinados en Colombia sin que esto haya sido motivo de alerta en el país.  Los esfuerzos estatales están orientados a contener la propagación del virus sin pensar en los impactos que esto refiere para un país tan desigual.  “Las estrategias de contención que están abordando los Estados parten de un supuesto de igualdad y equidad de una población que históricamente ha vivido en la desigualdad, siendo la población afrodescendiente preocupantemente afectada por esta miopía social” añadió activista colombiana.

En este sentido, Milene Molina coordinadora de la Región Cono Sur de la RMAAD alertó sobre los incrementos desmedidos en las cifras de violencia intrafamiliar en toda la región.  “Es tremendamente paradójico porque países como Chile están completamente militarizados, las calles están llenas de cuerpos armados, pero al interior de los hogares las mujeres, niñas, adolescentes están encerradas con sus agresores y nadie sabe qué está pasando.  Dentro de los hogares existen todo tipo de violencias físicas, sexuales psicológicas y las calles completamente militarizadas, pero ¿cuidando a quién?” cuestiona Molina activista chilena.

El espacio de encuentro y diálogo virtual finalizó con la socialización de una serie de recomendaciones por parte de las activistas hacía los Estados que entre otras cosas propone estrategias concretas a favor de las poblaciones que se han visto afectadas de diversas maneras a causa de la crisis humanitaria, esto como alternativa para hablar de las desigualdades en las que viven los grupos étnicos en América Latina.

 

Raza e Igualdad organizó un webinar con activistas para compartir los efectos del COVID-19 sobre la población LGBTI en América Latina con el Experto Independiente en asuntos SOGI de la ONU

El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebró un webinar con el Experto independiente sobre protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género de la ONU (EI en SOGI de la ONU), Víctor Madrigal y líderes/as, activistas y miembres de organizaciones de la sociedad civil LGBTI de diferentes países de América Latina para discutir y comprender mejor las condiciones actuales en medio de la pandemia de coronavirus.

El evento, titulado “La realidad de las poblaciones afro-LGBI y Trans durante la actual crisis de salud causada por COVID-19 en América Latina“, que se llevó a cabo el jueves 23 de abril, comenzó con unas palabras de apertura del Sr. Madrigal, hablando sobre la declaración sobre COVID-19 publicada por el experto de la ONU el 26 de marzo y las motivaciones detrás de ella. “Debemos tener una comprensión clara de cuándo estas medidas tienen un impacto diferenciado en nuestras comunidades y poblaciones“, afirma, explicando la necesidad de comprender los impactos desproporcionados y desiguales de la pandemia, la importancia de compartir las experiencias de todas las comunidades para fortalecer el apoyo mutuo y la importancia de que los Estados incluyan a estas comunidades en el momento en que diseñen las medidas que deban tomarse.

El activista trans Santiago Balvín, de Perú, citó los numerosos casos de violencia contra las mujeres trans que surgieron debido a la medida “pico y género” que se implementó en este país, restringiendo la circulación de la población en función de su género. “Desde el comienzo de la cuarentena hasta el 10 de abril, cuando esta política finalizó, en el transcurso de unos 25 días, más de 15 casos de transfobia ocurrieron por parte de la policía y/o las fuerzas armadas“, dijo Balvín, y señaló que a pesar de que la política fuera derogada, en la comunicación oficial se decía que se debía a las altas aglomeraciones de mujeres y no a las denuncias de violencia y discriminación contra la población trans.

Colombia ha tomado también medidas basadas en género en diferentes ciudades, implementando el “pico y género” y dejando la circulación de las personas en manos de la policía. Como detalla la activista Victoria Daza de la Mesa de Trabajo LGBTI de Cartagena, esto ha puesto en riesgo su derecho a la alimentación y la salud, lo que dificulta que la población trans tenga acceso a servicios para cubrir estas necesidaes. El Ministerio del Interior prometió brindar ayuda a las organizaciones LGBTI en una campaña llamada “Colombia está contigo“, pero hasta ahora no se han recibido alimentos ni otros suministros.

En otras regiones del país, como el Pacífico Sur, las preocupaciones son aún mayores, ya que esta región se encuentra empobrecida y sin la infraestructura necesaria para enfrentar una crisis de esta escala. Sandra Arizabaleta de la organización Somos Identidad en Cali afirma que “la violencia y el abandono histórico del Estado han dejado su huella en esta parte del país”. Ella da el ejemplo de Tumaco donde “en este momento no tienen ningún servicio de salud para atender a las personas que contraen COVID-19“. La duración prevista de la pandemia y el retraso en la protección de las poblaciones más vulnerables, como las personas LGBTI, es extremadamente preocupante para los activistas en esta región.

Christian King, Director Ejecutivo de TRANSSA, una organización trans en la República Dominicana, también expresó su preocupación por la falta de información o acciones específicas que se están tomando en las condiciones actuales. “En nuestro país solo comparten los números. No comparten ninguna información sobre la población o sectores específicos de donde son estas personas”. La falta de conocimiento y legislación específica para proteger a las personas trans en la República Dominicana es aún más crítica en momentos como estos. No se han tomado medidas especiales para ayudar a la población trans, y políticas como los toques de queda ponen en peligro el acceso a los medios de vida.

Si bien la mayoría de los Estados han implementado diferentes planes para combatir la propagación de COVID-19, la política nacional inestable del Estado de Brasil ha dejado los esfuerzos de contención en manos de los gobiernos locales. “Brasil es uno de los 4 países del mundo que ignoró las recomendaciones de las agencias de salud para fortalecer las políticas neoliberales, aprovechando este momento de una crisis mundial para eliminar más derechos laborales e implementar medidas más negativas” dijo Bruna Benevides de la Asociación Nacional Brasileña de Travestis y Transexuales, ANTRA.

También destacó que los casos de subregistro han sido una política estatal utilizada como justificación para manipular a la población para que crea que todo está bien. “Dicha política afecta directamente a los pobres, los negros, los ancianos, las personas con discapacidades, las mujeres, las personas que viven con el VIH, los LGBTI +, los indígenas y otros que tienen más factores de riesgo debido a la naturaleza precaria de sus vidas. Los negros son la mayoría entre los muertos y tienen más probabilidades de tener complicaciones”, concluye.

El evento, que contó con más de 500 asistentes que siguieron el evento a través de Zoom y Facebook Live, puso de manifiesto la necesidad de más acciones para ayudar a les miembres de las comunidades afro y LGBTI durante la crisis de salud actual. El EI en SOGI finalizó el evento declarando que su mandato está al servicio de todas las organizaciones LGBTI, alentando a los grupos y activistas de la sociedad civil a presentar reportes e información sobre los efectos de COVID-19 en sus países de origen.

Con nuestras contrapartes, Raza e Igualdad insta a los Estados a incluir representantes LGBTI en la planificación de la salud pública para la emergencia y las acciones para combatir el COVID-19, teniendo en cuenta a las personas con identidades de género diversas y sus necesidades particulares durante estos tiempos. Los Estados deben proporcionar datos desagregados sobre estas poblaciones para servir mejor a les más vulnerables y marginades, como las poblaciones afro-LGBI y trans. Con esto, los Estados también deberían tomar medidas diferenciadas para atender las necesidades de las personas LGBTI en el mercado laboral informal que se encuentran en mayor riesgo de declive.

Agradecemos a les panelistas y participantes del conversatorio.  Nuestro compromiso por la construcción de un mundo diverso, inclusivo y con justicia social continuará por el reconocimiento de los derechos de todes las personas LGBTI.

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos