Líderes sociales y representantes de la institucionalidad realizan propuestas para el esclarecimiento y no repetición de masacres como la de Llano Verde

Líderes sociales y representantes de la institucionalidad realizan propuestas para el esclarecimiento y no repetición de masacres como la de Llano Verde

Bogotá, 4 de septiembre de 2020.– Con el objetivo de obtener propuestas para el esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición sobre la masacre de cinco jóvenes afrocolombianos ocurrida el pasado 11 de agosto en el barrio Llano Verde, en Cali, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó un seminario virtual con líderes sociales, representantes de la institucionalidad y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El webinar se denominó Masacres de Jóvenes Afrocolombianos Víctimas del Conflicto: Análisis y Propuestas para la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – CASO LLANO VERDE y contó con el apoyo de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Las y los panelistas se refirieron a las afectaciones particulares de las comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado que residen en contextos urbanos desde una perspectiva étnico-racial, destacando cómo la discriminación y el racismo estructural son factores que permean estos hechos y deben ser tomados en cuenta para la búsqueda de soluciones.

Estas fueron las propuestas que plantearon para que la masacre de Llano Verde no quede en la impunidad y tanto las familias de las víctimas como la población afrocolombiana en general no permanezca vulnerable ante este tipo de crímenes.

Apelan a la CIDH para presionar al Gobierno a ofrecer respuestas

Erlendy Cuero Bravo, coordinadora de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, capítulo Cali, solicitó a la comisionada Margarette May Macaulay realizar una visita a Llano Verde, como lo hizo junto a la comisionada Esmeralda Arosemena Troitiño en octubre de 2018, y que “a través de sus buenos oficios se pronuncie y haga recomendaciones al Estado” para que la comunidad pueda conocer la verdad y acceder a la justicia, pero también a la reparación y a las garantías de no repetición. “La paz no se puede construir desde lo nacional, se debe construir desde lo territorial para que esta pueda ser de acuerdo con las necesidades de las comunidades”, expresó.

Escuchar a la juventud y asegurarles educación

El joven Yeison Tobar, coordinador de la iniciativa Semillero Afrodes Cali, planteó la importancia que tanto las entidades de Gobierno como las organizaciones de la sociedad civil se acerquen a las y los jóvenes para escuchar sus inquietudes y necesidades, y les inviten a ser partícipes de proyectos de desarrollo, pero dejando que sea la juventud la protagonista de estos procesos. “Muchas veces la respuesta que se da es ‘los jóvenes no quieren hacer nada’, pero no se dan a la tarea de indagar un poco más sobre la vida, los sentimientos y las emociones de los jóvenes”, apuntó.

Tobar también dijo que entre las y los jóvenes existe la necesidad de acceder a la educación y completar sus estudios, incluyendo la educación técnica, tecnológica y superior. «La apuesta principal de los jóvenes es la educación», aseguró.

Mejorar condiciones de vida y ratificar Convención contra la Discriminación Racial

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, se mostró dispuesta a acompañar el proceso de esclarecimiento de la verdad y acceso a la justicia sobre la masacre de Llano Verde, e hizo hincapié en la necesidad que el Estado otorgue una “reparación comprensiva”, que no se trata necesariamente de dar dinero a la comunidad afectada, sino de brindar condiciones para mejorar sus vidas, como escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, servicio de transporte eficiente, etc.

También llamó al Gobierno a investigar a fondo todos los actos de violencia contra las y los afrocolombianos para llegar a la verdad y castigar a los responsables. Para Macaulay, es fundamental que se garanticen los derechos de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en Colombia, lo cual incluye trabajar para combatir y eliminar la discriminación contra estos grupos. En ese sentido, la Comisionada recordó que Colombia es uno de los países que no ha ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Dinamización económica y presencia institucional

El concejal de Santiago de Cali, Fernando Tamayo, destacó que esta masacre no debe quedar como un hecho aislado y recordó que ya se habían lanzado alertas sobre la presencia de estructuras criminales y desplazamiento intraurbano. Desde su punto de vista, un paso importante para evitar que estos crímenes se repitan es la dinamización económica del sector, y en ese sentido señaló dos proyectos pendientes en el Plan de Desarrollo: una central de abastos para el Oriente del municipio y la Universidad Distrital. Asimismo, insistió en la inversión en presencia institucional.

Respetar los Acuerdos de Paz

Luz Marina Becerra, secretaria general de Afrodes, afirmó en primer lugar que la falta de oportunidades para estudiar y trabajar convierte a los jóvenes afrocolombianos en “presa fácil” de grupos delictivos que se dedican principalmente al microtráfico de drogas, y esto desemboca en un patrón de violencia sistemático. Para Becerra, es fundamental que se respeten los Acuerdos de Paz y que la población afrodescendiente obtenga mejores condiciones de vida para salir de las condiciones que la hacen vulnerable. También habló de la importancia del trabajo de las mujeres negras y los saberes ancestrales en los procesos de sanación y duelo de las familias. El proyecto “Tonga de mujeres que sanamos mujeres”, de AFRODES, es una de esas iniciativas enfocadas en la sanación y cuidados de las mujeres afrocolombianas.

Aplicación de la Ley 70 y la Ley Antidiscriminación en contextos urbanos

Alí Bantú Ashanti, abogado afrocolombiano asociado al Colectivo Justicia Racial, planteó la necesidad de ajustar la aplicación de la Ley 70 para contextos urbanos, pues esta ley fue formulada pensando en contextos rurales. De igual forma, señaló que la Ley 1482 –conocida como Ley Antidiscriminación—no ha tenido la relevancia esperada porque en principio no recoge los postulados de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

En alusión al hecho que en algunos medios de comunicación se ha intentado justificar el asesinato de los cinco jóvenes en Llano Verde relacionándolos con actividades delictivas, el abogado señalo que ello se debe al racismo estructural y a la desvalorización de las vidas negras. “El modelo económico capitalista ha situado al sujeto negro como el perfecto sujeto matable, la vida que no importa, el delincuente”, subrayó.

Acompañamiento internacional

Alexander López, Senador de la República, dijo que es necesario el acompañamiento internacional para el proceso de esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición en el caso de la masacre de Llano Verde. En cuanto a combatir el racismo y la discriminación estructural existentes en el país, afirmó que es necesario respetar y aplicar toda la estructura legal que contiene los derechos de la población afrocolombiana, entre la que están la Ley 70 y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

El Senador aprovechó para referir que en el Registro Único de Víctimas aparecen 9 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales el 14% son afrocolombianos y afrocolombianas. Además, denunció que el censo de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “desapareció” a casi 1 millón 400 mil afrodescendientes en comparación al censo de 2005. “Esto tiene una connotación especial porque mientras más se reduzca la población afro, menos políticas públicas y menos derechos se le entrega a la población afro”, apuntó.

Para volver a ver este webinar, haga clic aquí.

Raza e Igualdad condena masacre de cinco jóvenes afrocolombianos en Cali y realiza recomendaciones para el esclarecimiento y no repetición de este tipo de crímenes

Bogotá, 14 de agosto de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la masacre en la que fueron asesinados cinco jóvenes de familias afrocolombianas víctimas del conflicto armado residentes en el barrio Llano Verde, en la ciudad de Cali. Como organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, Raza e Igualdad expresa su solidaridad a las familias y comunidad dolientes, y se une a las acciones de denuncia e incidencia para que este crimen no quede impune y el Gobierno adopte las medidas necesarias para evitar que hechos como este se repitan.

Los jóvenes asesinados fueron identificados como: Juan Manuel Montaño (15 años), Jean Paul Perlaza (15 años), Leyder Cárdenas Hurtado (15 años), Álvaro José Caicedo Silva (14 años) y Jair Andrés Cortes Castro (14 años). La mañana del martes 11 de agosto habían salido juntos a una actividad recreativa, y al final del día sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura y tiros de gracia en un cañaduzal (plantación de caña de azúcar) con el que colinda el barrio.

Además, el jueves 13 de agosto una persona falleció y 15 resultaron heridas en esta misma localidad, luego de que una persona no identificada activara un artefacto explosivo con el que pretendía atentar contra el Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía en Llano Verde, de acuerdo con el reporte de medios de comunicación.

Compresión del contexto

Raza e Igualdad hace un llamado al cumplimiento de medidas de reparación y no repetición, destacando la importancia que para ello se tome en cuenta el contexto de la población afrocolombiana desplazada por el conflicto armado, el cual se configura desde la expulsión de sus territorios ancestrales y se caracteriza hoy en día por nuevos desplazamientos, amenazas y asesinatos de líderes, lideresas, jóvenes, niñas y niños; reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y bandas de narcotráfico, explotación sexual de jóvenes, y carencia de oportunidades educativas y laborales.

“Detener la violencia contra comunidades afrocolombianas requiere reconocer y enfrentar los factores estructurales que subyacen: discriminación y racismo estructural históricos que han negado condiciones para garantizar igualdad y derecho a ser sujetos étnicos”, señala Pedro Cortes, asesor de Raza e Igualdad en Colombia, función desde la cual brinda acompañamiento a organizaciones afrocolombianas en la denuncia de violaciones a derechos humanos y búsqueda de justicia ante el Gobierno y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En ese sentido, Raza e Igualdad hace una serie de recomendaciones a las autoridades locales para garantizar procesos investigativos que reconozcan la identidad étnico-racial de los jóvenes asesinados, y el contexto de afectaciones diferenciales de la población joven afrocolombiana, pero también para implementar medidas de atención y protección a las familias de las víctimas, la comunidad y sus organizaciones.

Asimismo, solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los Comités de Tratados y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, reaccionar ante esta masacre y acompañar al Estado de Colombia en el proceso de esclarecimiento.

Lee el comunicado y las recomendaciones aquí.

Lideresas de México, Guatemala y Colombia exponen la problemática que enfrentan las mujeres afrodescendientes en medio de la pandemia de Covid-19 e instan a los Estados a tomar políticas adecuadas para su protección

Washington D.C. 29 de julio de 2020.- En ocasión del Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, celebrado el sábado 25 de julio, lideresas que promueven y defienden los derechos de las personas afrodescendientes en México, Guatemala y Colombia abordaron en un seminario virtual los problemas que enfrentan las mujeres afrodescendientes en el contexto de la pandemia de Covid-19, destacando las múltiples formas de violencia y discriminación a las que están expuestas por raza, clase y género.

La coordinación del webinar, denominado “Racismos y mujeres Afrodescendientes: proyecciones post-pandemia”, estuvo a cargo de Elvia Duque, una de las oficiales del programa de América Latina del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y tuvo una buena aceptación entre el público, pues solo por medio de la plataforma Zoom se conectaron 70 personas, mientras que la transmisión en vivo por la página de Raza e Igualdad en Facebook fue compartida 76 veces, tuvo 35 comentarios de usuarios y usuarias de diferentes países y hasta este miércoles la publicación había alcanzado a 6,248 personas, según las estadísticas brindadas por esta red social.

Un contexto adverso

Retomando las palabras de la profesora brasileña Joana dos Passos, Elia Avendaño, doctora en Derecho e Investigadora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que “el racismo es una pandemia permanente” y que, por tanto, México enfrenta la pandemia de Covid-19 bajo varias situaciones desventajosas, como el hecho que al inicio de este año el Ejecutivo suprimió el Seguro Popular, al que estaba adscrito el 52.8% de las personas afrodescendientes en el país. La especialista explicó que esta medida se dio por la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sin embargo, este estará completamente instalado y funcional hasta finales de año.

Avendaño afirmó que en México existen desigualdades estructurales que ponen en mayor riesgo de contagio a las personas que tienen carencias económicas y limitaciones de acceso a los servicios de salud, entre las que se encuentran las personas indígenas y afrodescendientes. “Hasta este momento llevamos 42,645 personas muertas por la pandemia y no sabemos cuántas son afrodescendientes. En el sistema de salud se supone que están atendiendo a todas las personas que acuden, aunque no tengan un sistema de salud, sin embargo, se le está dando preferencia a aquellas personas que tiene más posibilidades de sobrevivir y en este caso no están incluidas las que tienen antecedentes de desigualdad, de marginación, de exclusión y de pobreza”, dijo.

La antropóloga y profesora investigadora de la Universidad Veracruzana, Sagrario Cruz Carretero, centró su intervención en la evidencia sobre la herencia africana en México para contrarrestarla con el hecho que desde diversos sectores de la sociedad persiste la negación de esta realidad, lo cual desemboca en la falta de políticas adecuadas a las realidades y necesidades de la población afrodescendiente. “¿Por qué no hay una identidad generalizada de ser afrodescendiente o negro en México? Hay una negación debido al racismo y al miedo a la pérdida del privilegio blanco que es una serie de herramientas que tenemos y que permiten tener mejores oportunidades en la vida”, precisó.

Por su parte, Astrid Cuero, afrocolombiana y líder de procesos de formación feminista y antirracista en el Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista (GLEFAS), manifestó que “la pandemia está racializada” y, en el caso de Colombia, ha dado lugar al recrudecimiento de la violencia en los territorios y al aumento de los asesinatos de líderes y lideresas afrocolombianos e indígenas, quedando en evidencia la desprotección del Estado y la falta de garantizas mínimas para la protección de sus derechos fundamentales.

“Mucha gente negra no tiene trabajos estables, viven de la economía informal y el Estado sin darles condiciones para confinarse de forma digna, pues cómo la gente negra empobrecida va a poder confinarse, tiene que salir a trabajar y esto los expone”, afirmó Cuero, quien hizo hincapié en que esta población afrodescendiente no solo está vulnerable a la pandemia de Covid-19, sino a la violencia de grupos paramilitares.

Tanya Duarte, afromexicana y directora del Proyecto Afrodescendencia México, apuntó que “es una cuestión de privilegio y de clase cómo uno puede resistir el encierro”, y puso como ejemplo que muchas familias están sacando a sus hijos e hijas de las escuelas porque no cuentan con los recursos para que accedan a las clases en línea. La lideresa indicó además que el racismo está afectando fuertemente a los migrantes afrodescendientes que residen o están de paso por México, pues forman parte de la población marginada de la respuesta al Covid-19 o quedan expuestos al crimen organizado, respectivamente.

Urgen políticas adecuadas

En tanto, Joanna Wheterborn, guatemalteca afrodescendiente e integrante del Consejo Consultivo de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), señaló que, con el confinamiento por la pandemia, los niveles de violencia de género dentro de los hogares han aumentado desproporcionadamente. Wheterborn llamó la atención sobre la necesidad de actualizar las cifras sobre población afrodescendiente en Guatemala y demás países de la región, pues “como no nos cuentan, no nos ven, y como no nos ven no nos atienden”, dijo.

Las panelistas concluyeron que el racismo es la pandemia del pueblo afrodescendiente y por ende las soluciones ante el COVID-19 deben de ser dirigidas comprendiendo que las mujeres afrodescendientes son uno de los grupos prioritarios a incluirse en los programas y planes de los Estados. También, recalcaron la necesidad de contar con datos estadísticos sectoriales actualizados y desagregados incluyendo la raza/etnia y género para dar soluciones adecuadas a los afrodescendientes.

Al final del conversatorio, Elvia Duque, en representación de Raza e Igualdad, motivó al público a continuar haciendo uso de instancias regionales e internacionales como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, por ser instancias que permiten alzar las voces de las mujeres afrodescendientes fuera del ámbito nacional, donde muchas veces sus voces son ignoradas y silenciadas.

Mira aquí la grabación del conversatorio:

Organizaciones Afro-LGBT dialogan con la Comisión de la Verdad sobre los retos para la visibilización de las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Colombia

El pasado 25 y 26 de junio se llevó a cabo un encuentro virtual entre varios líderes y lideresas de organizaciones Afro-LGBT de los municipios del  Valle del Cauca, Nariño y el Caribe colombiano con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Durante el evento, los y las participantes expusieron ante representantes del Grupo de Trabajo de Género y de la Dirección de Pueblos Étnicos de la CEV la importancia de integrar un enfoque interseccional en la labor de esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno.

El anterior encuentro se dio en el marco de un proyecto liderado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el apoyo del Gobierno de Canadá, cuyo objetivo es visibilizar a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado y las causas e impactos diferenciales que estas violencias tienen en las personas con identidades y expresiones sexuales diversas. “Este tipo de espacios resultan de gran importancia para garantizar y fortalecer la participación de las organizaciones Afro-LGBT ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, en especial en tiempos en que los espacios de participación se ven limitados a razón de la emergencia sanitaria por COVID-19”, señaló Laura Poveda, abogada consultora para Colombia de Raza e Igualdad.

A través de un diálogo colectivo, los y las participantes ahondaron sobre cómo el racismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género se entrecruzaron en el desarrollo del conflicto armado, y conversaron sobre cuáles son las principales barreras y retos que se tienen para alcanzar la verdad en los casos de vulneraciones a los derechos de las víctimas Afro-LGBT.

Sandra Arizabaleta, directora de la organización Somos Identidad de la ciudad de Cali, señaló que la pertenencia a un grupo étnico de personas sexualmente diversas conllevó un escalamiento de la violencia sobre sus cuerpos, con el fin de eliminar el rastro de su historia como personas afro y personas LGBT en los territorios. El uso del despojo, del desplazamiento, de la violencia sexual y de la desaparición forzada como principales formas de violencia contra las personas Afro-LGBT eran maneras de desarraigar a las víctimas de su territorio y de su comunidad, añadió la participante.

En este sentido, Vivian Cuello, de Caribe Afirmativo, hizo hincapié en la importancia de que, en su informe final, la CEV vaya más allá de las cifras y realice un análisis de las violencias que sufrieron aquellos grupos poblacionales que en general no representan un gran número de casos, pero cuyas experiencias no pueden ser invisibilizadas, como es el caso de las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres LBT, de los hombres trans y de los niños, niñas y adolescentes lesbianas, gays, bisexuales y/o trans.

Por su parte, Angelo Muñoz y Franklin Quiñonez, de la Fundación Arco Iris de Tumaco, señalaron la importancia de contar con cifras oficiales y de establecer mecanismos para superar la impunidad judicial en los casos de violencia contra personas afro-LGBT en el marco del conflicto armado. “La visibilización permitiría avanzar en la desnaturalización de la discriminación y violencia contra las personas Afro-LGBT y facilitaría la construcción de confianza de las víctimas con las entidades estatales”, señaló Quiñonez.

Alejandra Londoño, integrante del Grupo de Trabajo de Género de la CEV, hizo énfasis en que si bien desde el mandato de la CEV se pretende abordar de la manera más precisa los patrones y las causas del conflicto y las implicaciones que tuvieron en la sociedad colombiana, la legitimidad de esta información finalmente deviene de las víctimas y de su ardua labor por acercarse a la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado. Por ello, hizo énfasis en la necesidad e importancia de que la CEV y las organizaciones Afro-LGBT trabajen conjuntamente, en especial en el actual contexto, en el que hay que reforzar los esfuerzos para acercar a la sociedad civil a estos espacios.

Así mismo, los representantes de la sociedad civil Afro-LGBT coincidieron en que el racismo y la discriminación de las entidades estatales y el histórico abandono estatal de los territorios jugaron un rol fundamental para el asentamiento de las violencias, y recomendaron a la CEV orientar el ejercicio de no repetición a la transformación de las condiciones de pobreza y exclusión de las víctimas Afro-LGBT y fijar bases para resignificar el rol de las personas LGBT dentro de las comunidades Afro.

Movimiento Trans en Colombia alza su voz para denunciar los altos índices de violencia y discriminación que viven en medio de la pandemia

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) muestra su preocupación por los altos índices de violencia y discriminación hacia la población LGBTI durante la pandemia de COVID-19. El panorama en Colombia presenta avances, pero también preocupantes situaciones de violación de derechos humanos y violencia contra la población LGBTI, las cuales se han exacerbado durante COVID-19. Según Colombia Diversa, en los primeros seis meses del presente año se han registrado 26 asesinatos de personas LGBTI[1]. De estos casos, 15 ocurrieron durante las medidas de aislamiento obligatorio por la pandemia. De acuerdo con cifras de Caribe Afirmativo, a 100 días de aislamiento en el Caribe colombiano[2], se tiene registro de 12 muertes violentas de personas LGBTI: 4 mujeres trans, 4 lesbianas y 3 hombres gays asesinados, más una mujer trans que murió por COVID- 19 en vía pública esperando atención; además, 3 mujeres trans fueron víctimas de violencia policial[3].

Más allá de las cifras, lo que preocupa es la persistencia de un contexto de discriminación y exclusión que da paso a que estos episodios de violencia sean legitimados o invisibilizados. En especial, preocupa el aumento de violencia en contra de personas trans, quienes se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y marginalidad en medio de la pandemia. La sistemática e histórica discriminación a la que ha sido sometida esta población, les limita en herramientas para afrontar la crisis: las cifras de informalidad laboral son mucho más altas que las del resto de la población[4]; temen utilizar los servicios de salud por miedo a ser rechazades y a no recibir una atención de calidad, motivo que les lleva a buscar servicios clandestinos poniendo en riesgo su salud física, emocional y mental[5], y suelen ser blanco de discriminación no únicamente por las instituciones estatales y la policía, sino también por el grueso de la población colombiana.

A las repercusiones y afectaciones desproporcionadas que tienen las personas trans como resultado de la pandemia, se suman los altos índices de asesinatos y agresiones en razón a su identidad de género. Recientemente, el 6 de julio, en Medellín, Shantall, una mujer trans venezolana, fue asesinada[6]. Tan solo dos días antes, en el municipio de Circasia, Quindío, Mateo López Mejía, un joven trans de 25 años, fue atacado con un arma de fuego mientras llevaba a cabo una actividad comunitaria[7]. El 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, Eilyn Catalina, una mujer trans trabajadora sexual que tan solo tenía 21 años de edad, fue apuñalada hasta ser asesinada, en la ciudad de Medellín[8]. Estos son sólo algunos casos que retratan el alarmante incremento en los índices de asesinatos contra personas trans, que se extienden a otras ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Bogotá[9].

Sumado a lo anterior, han sido constantes los episodios de abuso policial y discriminación institucional, en especial en áreas de la salud y en centro carcelarios[10], lo que se ha convertido en una barrera para la plena garantía de los derechos fundamentales de las personas trans en medio de la pandemia.

Ante esta difícil situación, la Red Comunitaria Trans convocó recientemente a su ya tradicional marcha del Orgullo Trans (#YoMarchoTrans) con un contundente mensaje de denuncia y rechazo en contra de la situación de violencia que se ha agudizado en el contexto de la pandemia[11]. Este ejercicio de protesta se replicó multitudinariamente en ciudades como Medellín, Tunja y Arauca.  Recientemente, también se conoció el fallo de tutela de una jueza que ordena al Ministerio del Interior de Colombia a iniciar las gestiones administrativas para la efectiva implementación del Decreto 762 de 2018, norma que delimita la Política Pública LGBTI del país, luego de la tutela impuesta por Laura Weinstein, directora de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans[12]). Estos representan tan sólo unos pocos de los ejercicios de resistencia que se extienden a lo largo de todo el país, en el que son las organizaciones y redes de apoyo LGBTI quienes han debido adelantar acciones para garantizar su seguridad, integridad y subsistencia a esta población ante el abandono estatal en medio de la emergencia sanitaria.

Desde Raza e Igualdad respaldamos los actos de denuncia y rechazo de las organizaciones LGBTI y del movimiento trans en particular. De igual manera, invitamos al Gobierno Nacional a:

  1. Acatar el fallo de tutela en el que se le pide que desarrolle acciones para implementar la Política Pública LGBTI desde un enfoque participativo e interseccional que garantice la inclusión de las propuestas del movimiento LGBTI colombiano.
  2. Garantizar la inclusión de las personas LGBTI, en especial de las personas trans, en el diseño, implementación y monitoreo de las medidas que se adopten para hacer frente a la pandemia.
  3. Reforzar los esfuerzos para garantizar la debida investigación y sanción de los hechos de violencia y discriminación de los que han sido víctimas las personas trans, y adelantar las investigaciones disciplinarias pertinentes en los hechos en que se ven envueltos funcionaries públicos y/o miembros de las fuerzas de seguridad.
  4. Fortalecer la coordinación con los gobiernos locales a fin de adelantar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las personas LGBTI en temas relativos a salud, seguridad alimentaria, hospedaje y en general todas las necesidades básicas insatisfechas.

[1] https://www.kienyke.com/colombia/derechos-legbti-en-colombia-dia-del-orgullo-2020

[2] Que se cumplen el 07 de julio de 2020.

[3] https://www.facebook.com/caribeafirmativo/photos/a.1517908841868740/2737408936585385/?type=3&theater

[4] https://www.dejusticia.org/personas-trans-como-sobrevivir-al-aislamiento-por-coronavirus/

[5] https://telemedellin.tv/por-miedo-al-rechazo-poblacion-trans-no-utiliza-servicios-de-salud/396508/

[6] https://twitter.com/redcomunitariat/status/1280524111270285312

[7] https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/mientras-realizaba-labor-social-lider-trans-fue-asesinado-en-el-quindio

[8] https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/denuncian-asesinato-de-mujer-trans-trabajadora-sexual-en-medellin-512210

[9]http://oldrace.wp/es/espanol/raza-e-igualdad-expresa-su-preocupacion-y-hace-un-llamado-a-la-cidh-a-pronunciarse-sobre-la-grave-situacion-de-violencia-y-discriminacion-que-atraviesa-la-poblacion-lgbti-en-colombia-en-medio-de-la-em/.

[10] http://oldrace.wp/es/espanol/raza-e-igualdad-expresa-su-preocupacion-y-hace-un-llamado-a-la-cidh-a-pronunciarse-sobre-la-grave-situacion-de-violencia-y-discriminacion-que-atraviesa-la-poblacion-lgbti-en-colombia-en-medio-de-la-em/

[11] https://www.facebook.com/watch/?v=270476960710160

[12] https://twitter.com/GrupotransGAT/status/1278744385199489031

Raza e Igualdad expresa su preocupación y hace un llamado a la CIDH a pronunciarse sobre la grave situación de violencia y discriminación que atraviesa la población LGBTI en Colombia en medio de la emergencia por COVID-19

Bogotá, 25 de junio de 2020 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se dirige a la honorable CIDH para expresar su preocupación por los recientes sucesos de violencia y discriminación contra la población LGBT en diferentes lugares de Colombia, que prenden las alarmas frente a lo que se considera un incremento en los episodios de vulneración de derechos humanos de esta población, en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19. A las repercusiones y afectaciones desproporcionadas que tienen que vivir las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans como resultado de la pandemia, se suman los altos índices de asesinatos y agresiones en razón a su orientación sexual y/o identidad de género.

Los asesinatos y las agresiones han aumentado considerablemente

En lo que va de 2020 ya se han registrado 15 homicidios contra personas LGBT, la cifra más alta que se haya registrado para la primera mitad del año en el Caribe colombiano, de acuerdo a Caribe Afirmativo[1]. El 13 de junio de 2020, fue hallada sin vida en su vivienda, Ariadna Barrios Ojeda, una mujer trans que vivía al sur de la ciudad de Santa Marta (Magdalena). El cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con un arma corto punzante[2]. Al día siguiente, bajo la misma modalidad, se denunció que en Barranquilla (Atlántico), Brandy Carolina, una mujer trans había sido asesinada. Meses antes, en el mismo barrio donde falleció Brandy, fueron asesinadas Paloma[3], una mujer trans, y Lidia Gamero, una mujer lesbiana, el 16 de abril y el 26 de marzo, respectivamente[4].

A los anteriores hechos se suman diversos intentos de asesinatos contra personas LGBT, como el ocurrido el 24 de marzo, en el que dos mujeres migrantes, trans y trabajadoras sexuales fueron apuñaladas en la ciudad de Bogotá, luego de ser perseguidas por todo el barrio y ser heridas en sus senos y glúteos.[5]. En esta ciudad también se registró un ataque con arma blanca el 18 de abril de 2020 en contra de Daian Nikol Villalobos, una mujer trans que se disponía a comprar víveres, en el marco de la medida de pico y género implementada en Bogotá[6]. A pesar de que las víctimas solicitaron atención en salud y atención por parte de miembros de la policía, esta fue negada y tras la ausencia de las instituciones, ellas mismas tuvieron que adoptar medidas para la respectiva curación y cuidado[7].

Han incrementado las denuncias de abusos policiales

Los abusos y la violencia también provienen de las entidades gubernamentales. Apenas ayer, 22 de junio, miembros de la policía persiguieron y atacaron con electrochoques a dos mujeres trans en situación de habitabilidad de calle en Tunja (Boyacá)[8]. La madrugada del sábado 20 de junio, se denunció el ataque perpetrado por miembros de la Policía Nacional en contra de un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales en el centro de Bogotá, quienes las agredieron con armas de fuego luego de insultarlas reiteradamente[9]. Estos episodios dan cuenta de la discriminación y violencia históricamente ejercida por la Policía Nacional en la zona, quienes, en medio de la pandemia, extorsionan a las trabajadoras sexuales para dejarlas trabajar, abusando física y psicológicamente de aquellas que no pueden pagar el monto exigido[10]. En la mañana del 02 de mayo, cuando aún estaba vigente la medida de Pico y Género en Bogotá, se registró el desalojo violento de una mujer afro trans, trabajadora sexual de su hogar, por parte de la Policía Nacional sin que hayan sido esclarecidas las razones que motivaron la intervención de esta institución[11].

Violencia institucional y respuesta estatal insuficiente

Si bien ha habido pronunciamientos públicos de rechazo y anuncios sobre el reforzamiento de los procesos de acompañamiento a la población LGBT desde entidades estatales, la respuesta institucional al COVID-19 dista de ser inclusiva con la población LGBT. El pasado 29 de mayo, la Red Comunitaria Trans registró la muerte de Alejandra, una mujer trans trabajadora sexual quien murió a pesar de haber solicitado una ambulancia por presentar síntomas de COVID-19, dado que el personal médico que acudió se negó a atenderla luego de conocer que vivía con VIH y en el que se presentaron diversos episodios sucesivos de violencia institucional[12]. A la fecha, no se han materializado acciones concretas para garantizar el esclarecimiento del caso.

El caso de Estefany, conocida como “Chispita”, una mujer trans habitante de calle, que vivía con VIH, y de quién comenzaron a circular imágenes de redes sociales en las que se le veía en el suelo implorando ayuda el pasado sábado 13 de junio, ilustra también la falta de atención de las instituciones desde un enfoque diferencial. Después de cuatro horas de no haber sido auxiliada a pesar de los diversos llamados por parte de los vecinos del sector a las autoridades, Estefany fue trasladada a un centro médico, pero ya era demasiado tarde para brindarle atención médica y murió horas después en el mismo centro asistencial[13].

El manejo inadecuado de la situación también se ha dado desde las instituciones carcelarias. Recientemente, se conoció que Daniel Osorno Márquez, conocido como “Pupileto”, un joven gay de 22 años que fue hallado muerto en el baño de una celda aislada del penal El Bosque de Barranquilla, según las autoridades, por ser diagnosticado con COVID-19, a pesar de que ni su familia ni su abogado estuvieran enterados del diagnóstico y de que hubieran denunciado reiteradamente abusos sexuales y episodios de violencia y discriminación en su contra en su paso por la cárcel[14].

Desde Raza e Igualdad, queremos llamar la atención sobre la necesidad apremiante de que el Gobierno Colombiano implemente medidas efectivas para salvaguardar la población LGBT y le insta a:

  1. Fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos de la población LGBT en medio de la pandemia de la mano de la sociedad civil y de las autoridades locales.
  2. Reforzar los esfuerzos para que las autoridades den celeridad a las investigaciones de los asesinatos y agresiones contra la población LGBT, en especial aquellos cometidos contra mujeres trans, y se adelanten los procesos disciplinares y judiciales a que haya lugar a fin de combatir la impunidad en estos casos.
  3. Garantizar que sus protocolos de atención en salud, en especial aquellos que regulan la asistencia de emergencia en medio de la pandemia por el COVID-19 no reproduzcan la criminalización, el estigma y la discriminación sobre las personas LGBT, en especial las personas trans, aquellas que ejercen el trabajo sexual y/o aquellas que viven con VIH.
  4. Fortalecer las acciones de monitoreo, sensibilización y formación en DDHH, en especial en DDHH de personas LGBT, con miembros de fuerzas de seguridad, particularmente de la Policía Nacional y el INPEC[15], así como dar trámite a las denuncias presentadas en contra de funcionarios oficiales y redoblar los esfuerzos para que las investigaciones que se adelanten al interior de estas instituciones por la vulneración a DDHH de personas LGBT no queden en la impunidad.
  5. Involucrar a las comunidades afectadas, incluyendo la población LGBT, en el diseño e implementación de todas las medidas de respuesta ante el COVID-19 para generar confianza, garantizar acciones adecuadas y eficientes, evitar daños indirectos o no intencionados y garantizar el intercambio frecuente de información.
  6. Promulgar medidas de atención y contingencia desde un enfoque de derechos humanos, que respeten la diversidad y el autoreconocimiento de las personas LGBT, sumado a la urgencia de analizar las medidas en clave interseccional, incluyendo un enfoque de raza, migratorio, etario, etc. En el caso de las medidas de segregación por género, como el “pico y género”, urgimos a los gobiernos locales a explorar otro tipo de medidas que eliminen el riesgo de agresión y de vulneración de derechos de las personas LGBT.

De igual manera hacemos un llamado urgente a la CIDH para que refuerce sus mecanismos de monitoreo sobre la situación general de derechos humanos de la población LGBT en Colombia en el marco de la pandemia y le pedimos que le reitere al Estado Colombiano cumplir su obligación de respetar los derechos humanos aún en situaciones de emergencia, recordando que la obligación de los Estados de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la identidad de las personas en mayor estado de vulnerabilidad se intensifica en contextos de emergencia como el que atravesamos.

[1] https://www.elheraldo.co/lgtbi/preocupa-aumento-en-2020-de-homicidios-de-personas-lgbt-734830

[2] https://www.elespectador.com/noticias/politica/alerta-por-crimen-de-mujeres-trans-en-costa-caribe-pese-a-cuarentena/

[3] https://caribeafirmativo.lgbt/asesinan-mujer-trans-suroriente-barranquilla/

[4] https://caribeafirmativo.lgbt/asesinato-brandy-seis-las-personas-lgbti-asesinadas-area-metropolitana-barranquilla-marco-del-aislamiento-social/

[5] https://pares.com.co/2020/03/28/a-todos-los-que-bajen-les-damos-de-baja/

[6] https://www.colombiainforma.info/entrevista-pico-y-genero-o-la-vigilancia-del-genero/

[7]https://pares.com.co/2020/03/28/a-todos-los-que-bajen-les-damos-de-baja/ y https://www.elespectador.com/noticias/nacional/burlas-discriminacion-y-punaladas-la-violencia-que-revela-el-pico-y-genero-articulo-917657/

[8] https://www.facebook.com/RedLGBTIdeBoyaca/photos/a.255356325169408/577495662955471/?type=3&theater

[9] https://twitter.com/redcomunitariat/status/1274290767964581888

[10] https://www.noticiasuno.com/politica/personas-trans-de-barrio-santa-fe-en-bogota-denuncian-crueldad-y-ataques-policiales/

[11] https://twitter.com/redcomunitariat/status/1256652501996240896

[12]http://oldrace.wp/es/espanol/raza-e-igualdad-lamenta-la-muerte-de-alejandra-monocuco-mujer-trans-trabajadora-sexual-en-colombia-y-condena-actos-de-discriminacion-y-violencia-institucioan-basados-en-su-identidad-de-genero/

[13] https://caribeafirmativo.lgbt/abandono-prejuicios-del-estado-hacia-mujeres-trans-continuan-evidenciandose-cartagena/

[14] https://www.elespectador.com/noticias/nacional/muere-pupileto-en-barranquilla/

[15] Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Justicia en asesinato líder afrocolombiano Bernardo Cuero Bravo: hechos de impunidad y cómo enfrentarlos

Junio 7, 2020. El 2 de Junio de 2020, el presunto autor material del asesinato de líder afrocolombiano Bernardo Cuero Bravo (Víctor Carlos Meriño Pereira) fue dejado en libertad por “vencimiento de términos”, por orden del Juzgado 02 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla. Esta decisión judicial es el resultado de la demora con que ha actuado el Juzgado Único Penal Especializado de Barranquilla, en el cual de adelanta el juicio contra el acusado desde el 9 de Abril de 2019. Aunque la liberación del señor Meriño no significa su absolución, y seguirá vinculado al juicio, este hecho produce gran preocupación y frustración en su familia y en su organización (la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES), y plantea cuestionamientos sobre la capacidad del sistema de justicia colombiano para garantizar justicia en los casos de los líderes sociales que han venido siendo asesinados sistemáticamente en los últimos años.

Bernardo Cuero Bravo fue asesinado el 7 de junio de 2017. En los siguientes 15 días, el señor Meriño fue capturado y puesto en prisión, como presunto responsable material con base en pruebas sólidas aportadas por la Fiscalía. Pasaron casi 9 meses para que la Fiscalía presentara el escrito de acusación en Marzo de 2018. Y pasaron otros 13 meses para se instalará el juicio oral en Abril 2019 ante el Juzgado Único Penal Especializado de Barranquilla. Ahora, después de 14 meses de haberse instalado el juicio, y sin haber realizado las siguientes audiencias del juicio oral, el señor Meriño es dejado en libertad por vencimiento de términos.

¿Quién es el principal responsable de dejar en libertad al presunto autor material del asesinato, existiendo pruebas solidas ofrecidas por la Fiscalía General de la Nación? La respuesta es clara: el Juzgado Único Penal Especializado de Barranquilla. Después de instalado el juicio el 9 de abril de 2020, la realización de la siguiente audiencia del juicio ha sido postergada en tres ocasiones haciendo uso de excusas que no son sólidas, que parecen denotar una intención en dilatar el proceso, y que deberían ser investigadas. Esta excusas incluyen haber programado la audiencia en una fecha de paro judicial sobre la que se tenía conocimiento con anterioridad, una “calamidad doméstica” del juez que no fue explicada, y el argumento de que “no tenía conocimiento del caso” por parte un juez encargado ya que el juez que tenía el caso se encontraba de vacaciones.

Implicaciones de la falta de diligencia judicial en el caso de Bernardo. Han pasado tres años desde la captura del presunto autor material sin que se haya emitido una sentencia. Además del dolor que esto produce para su familia y su organización, esta demora deja serios cuestionamientos sobre el Estado de Colombia acerca de su real compromiso para proteger y hacer justicia en los crímenes contra líderes sociales. Es prácticamente el único caso de asesinato de un líder social en el que al menos se ha identificado, capturado y asegurado, con solida evidencia, al autor material. Y sin embargo, los operadores judiciales y las instituciones responsables de vigilarlos, han generado las condiciones para dejar en libertad al presunto asesino. Esta demora también ha producido otros hechos victimizantes contra su familia y organización. Otros miembros de la familia han sido asesinados, y otros viven hoy en situación de desplazamiento forzado como consecuencia de nuevas amenazas. Con la libertad del señor Meriño, la situación de riesgo de su familia y lideres de AFRODES se ve agravada, en razón de este nuevo acto de impunidad que envía mensajes a los perpetradores de crímenes contra cualquier líder, como Bernardo, que tuvo la valentía de denunciar las violaciones de derechos humanos contra su comunidad.

Raza e Igualdad hace las siguientes solicitudes y recomendaciones:

  • Solicitar a la Fiscalía General de la Nación y a las instituciones con funciones de vigilar al Juzgado Único Penal Especializado de Barranquilla, investigar las actuaciones del mismo que permitieron dejar en libertad por vencimiento de términos a Víctor Carlos Meriño Pereira, presunto autor material del asesinato de Bernardo
  • Solicitar a la Fiscalía General de la Nación, informar sobre los avances en las investigaciones de los otros capturados como presunto co-autores del asesinato de Bernardo Cuero
  • Solicitar al Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, y demás instituciones con mandatos para atender la problemática de los crímenes contra lideres sociales, adoptar las medidas necesarias para que se garantice la administración de justica en el caso de Bernardo Cuero
  • A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina de Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, hacer seguimiento a las recomendaciones que hicieron al Estado de Colombia en relación con el asesinato de Bernardo Cuero

Raza e Igualdad, reitera su solidaridad con la familia de Bernardo Cuero Bravo y la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), y continuará atenta a apoyar todas las acciones requeridas para que el crimen de Bernardo Cuero Bravo no quede impune.

Raza e Igualdad lamenta la muerte de Alejandra Monocuco, mujer trans trabajadora sexual en Colombia y condena actos de discriminación y violencia institucioan basados en su identidad de género

Bogotá, 5 de junio de 2020. – El pasado 29 de mayo, la Red Comunitaria Trans denunció la muerte de Alejandra Monocuco, una mujer trans trabajadora sexual, quien vivía en el Barrio Santafé, en el centro de Bogotá. De acuerdo a la denuncia publicada en redes sociales, la mujer, quién presentó síntomas de COVID-19, murió en la madrugada a pesar de haber solicitado una ambulancia al servicio de emergencias, dado que el personal médico que acudió se negó a atenderla luego de conocer que vivía con VIH, argumentando que lo más seguro era que Alejandra “tuviera una sobredosis”[1]. No siendo esto suficiente, las autoridades tardaron casi 15 horas en realizar el levantamiento de su cuerpo, no realizaron las diligencias pertinentes para descartar que la causa de muerte hubiese sido por coronavirus y no brindaron atención inmediata a las mujeres que vivían con ella, entre las que se encuentra una mujer trans adulta mayor.

A esta lamentable situación, se sumó el comunicado público posterior del Distrito, que aseguraba que la falta de traslado a un centro médico para atender a Alejandra obedecía a un documento firmado por una de las mujeres con las que vivía, en el que se negaban al traslado[2]. Esta información fue posteriormente considerada un “error” por la misma administración[3], que señaló en un segundo comunicado que la negativa del traslado no había sido por dicho documento, porque no existía, sino porque la misma Alejandra había expresado que no quería acudir a un centro hospitalario.

En Colombia, además de la violencia y la discriminación que sufren a diario, las personas trans con VIH que ejercen el trabajo sexual se ven afectadas por la existencia de prejuicios que les impiden acceder a ciertas garantías en ámbitos como la salud.  A diario, las personas trans enfrentan barreras de acceso a atención médica, falta de sensibilidad y capacitación acerca de sus necesidades específicas, la ausencia de rutas de atención especializada y los elevados costos de los procedimientos especializados. Estas barreras discriminatorias se agravan ante la negligencia y los prejuicios sobre el VIH, que impiden que las personas trans se hagan pruebas de detección del VIH, que se las ponga en contacto con asistencia médica o que tengan acceso a ella, que sigan recibiendo atención y/o que obtengan la medicación necesaria.

En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, estas barreras de acceso a la salud resultan ser altamente preocupantes. Recientemente, Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, en un comunicado con respecto al contexto actual de pandemia[4], señaló “[e]l VIH nos enseñó que la violencia, el bullying y la discriminación solo sirven para marginar aún más a las personas que más lo necesitan” (…) “[t]odas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, tienen derecho a disfrutar de su salud, protección y seguridad sin excepción alguna. El respeto y la dignidad son ahora más necesarios que nunca”.

La Comisión de Derechos Humanos (CIDH) y Expertos de la ONU advirtieron a los Estados que el estigma y los prejuicios pueden convertirse en barreras problemáticas en la atención en salud de las personas LGBTI con VIH en el contexto de pandemia. “[L]a discriminación que sufren los hombres gays y las mujeres transgénero hace que representen un porcentaje significativo dentro de la totalidad de personas que viven con el VIH, que pueden estar en mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 debido a que sus sistemas inmunológicos pueden verse comprometidos. Sin embargo, la criminalización, el estigma y la discriminación contra estas personas serán obstáculos que harán imposible documentar y comprender plenamente el impacto de la pandemia en ellas[5]”.

Raza e Igualdad lamenta la muerte de Alejandra y rechaza esta y cualquier forma de discriminación que limite el derecho al acceso a la salud de las personas LGBTI, en especial de las personas trans con VIH.  Invitamos a las autoridades correspondientes a dar celeridad a la investigación y a esclarecer los hechos para que se adelanten los procesos disciplinares y judiciales necesarios; y exhortamos a que se brinde un acompañamiento integral a las mujeres con las que convivía Alejandra.

De igual forma, instamos a los gobiernos locales y nacionales a reforzar sus esfuerzos en la garantía de los derechos, en especial del derecho a la atención en salud, de las trabajadoras sexuales, particularmente de las mujeres trans que ejercen esta actividad, y a incluir sus voces en el diseño e implementación de las medidas que se promulguen en razón al contexto actual de emergencia sanitaria.

[1] https://www.rcnradio.com/bogota/la-historia-de-alejandra-la-mujer-trans-que-murio-sospechosa-de-covid-y-no-fue-atendida

[2] https://www.lafm.com.co/bogota/muerte-de-mujer-trans-en-bogota-aseguran-que-hubo-negligencia

[3] https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/secretaria-de-salud-de-bogota-reconoce-error-en-caso-de-mujer-trans-fallecida-503162

[4]https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/april/20200427_lgbti-covid

[5] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25884&LangID=S

Lo que la ley de “abolición” de la esclavitud realmente inauguro: racismo y exclusión disfrazada

Por:       Pedro L. Cortes-Ruiz
Asesor – AFRODES Cali
Representante en Colombia –  International Institute on Race, Equality and Human Rights

ARTÍCULO 2. El comprobante de la libertad de cada esclavo será la carta de libertad expedida en su favor con arreglo a las leyes vigentes, previos los respectivos avalúos practicados con las formalidades legales, y con las demás que dictare el Poder Ejecutivo.

PARAGRAFO UNICO. Ningún esclavo menor de cuarenta y cinco años será avaluado en más de mil seiscientos reales si fuere varón, y de mil doscientos reales si fuere hembra; ningún esclavo mayor de cuarenta y cinco años será avaluado en más de mil doscientos reales si fuere varón, y de ochocientos reales si fuere hembra.

ARTÍCULO 3. Las juntas de manumisión expedirán a los tenedores de aquellos esclavos que fueren avaluados, y a quienes se fuere dando carta de libertad de conformidad con lo dispuesto en esta ley, certificados de la presentación, avaluó y libertad de cada esclavo, a fin de que oportunamente puedan cambiar los referidos certificados por los vales de manumisión mandados expedir por la presente ley.

LEY 2 DE 1851 (Mayo 21) – Sobre libertad de esclavos

La Ley 2 de 1851, que en la narrativa nacional se conoce como la “ley de la abolición de la esclavitud”, en realidad debió titularse la “ley de garantía de los derechos de los esclavizadores”. Esta ley inauguró una estrategia del Estado colombiano que persiste hasta el día de hoy: el uso de la ley para mantener la exclusión y la discriminación racial” dando la apariencia de que hay un compromiso para corregir injusticias.

De los 19 artículos de la ley, el primero hace la declaración de que todos los esclavos serán libres y gozarían de los mismos derechos que el resto de ciudadanos, y los 18 restantes se ocupan de todos los detalles legales y administrativos para que los esclavizadores puedan ser indemnizados económicamente por la pérdida de su mano de obra. El lenguaje y contenido de los artículos no da lugar a equívocos en la interpretación: los afrodescendentes son considerados objetos/bienes a los que se les puede poner un valor monetario. De ahí que no sea extraño que la ley no contemple ninguna medida de compensación o medida afirmativa para generar condiciones que realmente hubieran permitido la igualdad de derechos.

Las evidencias de la persistencia histórica de esta estrategia son abundantes. Baste recordar aquí la Ley 2 de 1959 que define al Pacífico Afrocolombiano como zona forestal y lo declara “baldío”. Es decir, se niega la misa existencia física de los afrodescendientes que históricamente fueron poblando, construyendo y cuidando estos territorios, sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado.

La continuidad de la estrategia con respecto a la Ley 70 de 1993, tiene sus variaciones pero mantiene la misma racionalidad. Efectivamente se hace un reconocimiento de derechos que ha conducido a la expedición de títulos colectivos sobre un área significativa. Sin embargo, después de 27 años, no se ha completado su reglamentación, impidiendo de esta manera la existencia de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos étnico-territoriales. Y paralelamente, todos los gobiernos desde 1993 han desarrollado iniciativas legislativas y de política pública que claramente contradicen los principios y mandatos de la Ley 70.

Frente a las afectaciones diferenciales del conflicto armado sobre las comunidades afrocolombianas, la estrategia también se ha repetido. Se han adoptado leyes y políticas públicas gracias a las órdenes de la Corte Constitucional y la presión internacional, pero no se cumplen a cabalidad y no se les asignan los recursos requeridos. Ordenes de la Corte Constitucional, como las contenidas en la T-025 de 2004 y sus autos 092 de 2009 y 005 de 2010, llevan más de 10 años sin ser cumplidas a cabalidad.

Y recientemente, el gobierno repite la estrategia frente al deber de implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, el cual fue incluido gracias a los procesos sociales y de incidencia de los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos. No ha habido aplicación de los principios y salvaguardas del mismo, no se han garantizado condiciones para el funcionamiento de los mecanismos de monitoreo y verificación, no ha habido consulta previa en la implementación de los diferentes componentes del Acuerdo a nivel de los territorios, y se está dejando a su propias suerte a las comunidades que enfrentan la extrema violencia que ha caracterizado el post-acuerdo.

La Ley de la “abolición” de la esclavitud no fue el resultado de un proceso sociopolítico que se basará en un consenso/convencimiento sobre la dignidad humana  y un reconocimiento genuino para reparar los daños sobre los esclavizados afrodescendientes. Es cierto que hubo personajes políticos comprometidos con una visión de anteponer la dignidad humana como principio de nuestro contrato social. Pero en términos substanciales, la expedición de esta ley obedeció a un acuerdo entre las élites políticas y económicas que tenían una confrontación político-militar. La predominancia en los contenidos de la ley de medidas para garantizar los derechos de los esclavizadores es un indicador contundente de que se trató de un acuerdo para mantener un régimen que no le importaba la dignidad humana de los esclavizados. Como lo sugieren algunos análisis de Foucault, las leyes constituyen la “guerra por otros medios”; las leyes dan continuidad a los privilegios de los reales vencedores.

El Pueblo Afrocolombiano ha re-significado el 21 de Mayo como el Dia de la Afrocolombianidad. Se ha convertido en una oportunidad simbólica para el reconocimiento de nuestros aportes a la construcción del país, y también en un espacio de reflexión para analizar y denunciar la persistencia del racismo, la discriminación y las desigualdades raciales. En esa perspectiva, también es necesario recordar los orígenes y trayectorias de las estrategias institucionales que sostienen los factores estructurales del racismo y la discriminación racial. No se han ido; han mutado como los virus que hoy nos están afectando desproporcionalmente.

Día de la Afrocolombianidad 2020: un reconocimiento a la resiliencia ante adversidades estructurales históricas

Por:  Pedro León Cortés, Asesor para Latinoamérica de Raza e Igualdad

Bogotá, 21 de mayo de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad de Derechos Humanos (Raza e Igualdad), con motivo de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad 2020, quiere compartir las siguientes reflexiones y enviar las siguientes recomendaciones al Estado de Colombia.

Al igual que en años anteriores, en el Día de la Afrocolombianidad 2020, Raza  e Igualdad ante todo reitera su reconocimiento a las organizaciones y comunidades afrocolombianas con las que trabaja directamente, y al Pueblo Afrocolombiano en general, por la resistencia y resiliencia que siguen demostrando para enfrentar las adversidades y los factores de racismos y discriminación racial estructural que siguen vigentes en la sociedad colombiana y el comportamiento de su gobierno. A pesar de ello, las organizaciones y comunidades afrocolombianas continúan en su actuar político y cultural, demostrando la perdurabilidad de su proyecto histórico colectivo para afirmar su identidad étnico-territorial y para aportar lo mejor que tienen la construcción de la paz en Colombia.

Desde la anterior conmemoración en 2019, la situación de derechos humanos del Pueblo Negro, especialmente las de las comunidades afectadas por el conflicto armado, no ha mejorado. Por el contrario, los fenómenos de violencia contra ellas y sus liderazgos se ha profundizado en muchas regiones y contextos urbanos. La “promesa” del Capítulo Étnico no se ha hecho realidad, y el post-acuerdo no se ha convertido en oportunidad para avanzar, sino en amenaza para preservar la vida y la autonomía.

En el actual contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19, como era de esperarse en razón de la posición de desventaja como efecto de la persistencia de la discriminación racial, las comunidades vienen experimentando efectos diferenciales negativos que no están siendo atendidos en forma adecuada por el gobierno. Muchas comunidades y organizaciones, desde la perspectiva comunitaria y de autonomía que mantienen, vienen desplegando acciones colectivas para su protección. Desafortunadamente, no hay un acompañamiento adecuado por parte del gobierno.

A finales de 2019, Raza e Igualdad apoyo a algunas organizaciones afrocolombianas para presentar un informe alternativo y participar en la sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en la que se reviso al Estado de Colombia. El CERD validó los análisis y recomendaciones de estas organizaciones, y fueron recogidas en sus Observaciones Finales. Con ocasión de esta conmemoración del Día de la Afrocolombianidad 2020, Raza e Igualdad exhorta al gobierno de Colombia a cumplir con las recomendaciones del CERD. De manera especial, destacamos:

  • La necesidad de corregir los resultados del Censo 2018, con medidas que garanticen una estimación y caracterización demográfica adecuada del Pueblo Afrocolombiano.
  • Reglamentación plena de la Ley 70 de 1993.
  • Implementación efectiva del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz
  • Cumplimiento de decisiones judiciales y leyes referidas a los derechos de lxs afrocolombianxs víctimas del conflicto.

Raza e Igualdad continuará apoyando a las organizaciones y comunidades afrocolombianas, en sus procesos de exigibilidad de derechos, con la esperanza de que en el próximo Dia de la Afrocolombianidad se haya podido avanzar

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