Sociedad civil colombiana denuncia ante la CIDH desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado

Sociedad civil colombiana denuncia ante la CIDH desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado

Bogotá, 6 de octubre 2020.- Organizaciones de la sociedad civil colombiana expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de denuncias sobre la desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado, y solicitaron a este organismo dar un seguimiento más profundo al cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente al Capítulo Étnico, así como al Programa de Reparación Colectiva que establece la Ley 1448 y el Decreto 4635, ambos de 2011.

La presentación se realizó en el marco de una audiencia pública solicitada por diversas organizaciones, entre ellas el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), a propósito del 177 periodo de sesiones de la CIDH. La audiencia se denominó “Denuncias de desprotección de los colectivos víctimas del conflicto armado en Colombia: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y líderes sociales” y contó con la participación de representantes del Estado colombiano.

Gran rezago en el Capítulo Étnico

Raza e Igualdad, junto con la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, presentó un análisis sobre el bajo estado de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, destacando las consecuencias de ello en términos de graves violaciones a los derechos humanos. “El actual gobierno de Colombia ha estado saboteando la implementación del Acuerdo de Paz, y con ello, negando la consolidación de la paz territorial a la que tienen derecho los pueblos étnicos”, apuntó Pedro León Cortés, asesor de la oficina de Raza e Igualdad en Colombia.

En la ponencia se señaló que, según el último informe del Instituto Kroc—ente internacional que da seguimiento al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz—, el Capítulo Étnico tiene una implementación de apenas un 8% y se observa un retroceso en la ejecución de las políticas contenidas en los puntos del Acuerdo, siendo uno de ellos la falta de mecanismos para la protección y seguridad de los territorios ancestrales.

Las organizaciones denunciaron que, ante la falta de condiciones para detener la disputa del control territorial por parte de grupos armados ilegales, se registra el desplazamiento forzado de 30, 000 personas entre noviembre 2019 y junio de 2020. “En cuanto al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hay evidencias sobre una estrategia para detener la política de erradicación voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos”, añadieron.

A criterio de las y los actores de la sociedad civil, todos estos retrasos, fallas y omisiones evidencian la no aplicación del principio fundamental del Capítulo Étnico: garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Valoraron, sin embargo, que hay esfuerzos significativos para aplicar el enfoque étnico en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), así como en las garantías para las victimas étnicas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sobre el Programa de Reparación Colectiva

Luz Marina Becerra, secretaria general de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y presidenta de Las Comadres (Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia), expuso datos oficiales sobre la implementación del Programa de Reparación Colectiva de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 o Ley de Víctimas de 2011. La lideresa indicó que, a marzo de 2020, en el Registro de Víctimas estaban inscritos 755 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 482 son pueblos étnicos y que, tras nueve años de la implementación de la Ley, el 78% de los sujetos étnicos se encuentran en las etapas iniciales de la ruta de reparación colectiva y solo el 10% cuenta con un plan de reparación en proceso de implementación.

“A la fecha, ningún sujeto étnico ha finalizado la implementación de su plan de reparación colectiva. Consideramos que la implementación del Programa de Reparación Colectiva es grave y preocupante y, por tanto, se encuentra comprometida la garantía y el goce efectivo de los derechos de las victimas colectivas del conflicto armado”, dijo Becerra.

Entre las barreras institucionales del Programa de Reparación Colectiva, Becerra mencionó: debilidad en la articulación interinstitucional y la coordinación nación-territorio para la implementación de los planes integrales de reparación colectiva, dificultades en la elaboración técnica de los planes de reparación colectiva, tiempos excesivos en la implementación de la ruta de reparación colectiva, ausencia de un enfoque transformador del programa, y falta de presupuestos adecuados y suficientes.

La secretaria general de Afrodes denunció que en el periodo de post-acuerdo se han registrado 392 desplazamientos, para un total de 130,079 personas desplazadas forzosamente, de las cuales el 47% corresponde a comunidades étnicas. Asimismo, tienen conocimiento de 1,203 agresiones a líderes y lideresas sociales en el ejercicio de su labor.

Situación en Chocó

El activista y defensor de derechos humanos y territorios de poblaciones afrodescendientes, Luis Ernesto Olave, brindó un informe sobre la crisis humanitaria en el departamento de Chocó, destacando que la llamada política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque “ha impedido acceder a la búsqueda de la convivencia pacífica mediante la salida negociada al conflicto, permitiendo que efectivos de las FARC sigan delinquiendo, sumado a la presencia del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Olave detalló que en las comunidades afrodescendientes e indígenas de este departamento registran el aumento de confinamiento y desplazamiento de sus poblaciones, reclutamiento forzado de menores de edad por parte de la guerrilla del ELN y oferta económica de parte de las Autodefensas Gaitanistas, incremento de cultivo de hoja de coca, control territorial por las rutas de narcotráfico, armas y trata de personas, especialmente en los afluentes de los ríos Atrato; asesinatos sistemáticos, amenazas a líderes sociales, entre otras situaciones de inseguridad. Señaló que solo este año se han desplazado de manera forzada 350 familias en Alto Baudó, 66 familias en Medio Baudó y 10 familias en Bajo Baudó.

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES

Respecto al Capítulo Étnico

Las organizaciones recomendaron al Estado colombiano adoptar de forma inmediata las medidas para asegurar la aplicación efectiva del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, como fortalecer condiciones para el funcionamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) y cumplir las órdenes vigentes de la Corte Constitucional que reconocen la violencia y riesgos que enfrentan los pueblos étnicos, entre otras. Mientras que a la CIDH le pidieron adoptar el seguimiento al Capítulo Étnico como una prioridad.

Respecto al Programa de Reparación Colectiva

Al Estado, solicitaron desarrollar una estrategia integral de fortalecimiento del Programa, que permita ampliar su ámbito de aplicación, aumentar el ritmo de implementación y superar las barreas que afronta, así como desarrollar mecanismos para la supervisión y cumplimiento del enfoque reparador de los planes de desarrollo con enfoque territorial y la inclusión de la reparación colectiva en los planes de desarrollo local, y desarrollar una estrategia especial de acompañamiento a los colectivos víctimas en el contexto de la reactivación económica posterior a la pandemia. A la CIDH le pidieron que dentro del seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia se incluya una estrategia para el seguimiento al cumplimiento del derecho a la reparación de los colectivos víctimas del conflicto.

Respecto a situación en Chocó

Solicitaron a la CIDH instar al Estado a hacer presencia estatal en todo el departamento, que se reinicien los acuerdos de paz con el ELN, un acuerdo humanitario en el Chocó que involucre a todos los actores armados, agilizar las solicitudes de protección colectiva e individual y hacer estudios que realmente atiendan las situaciones de riesgo de comunidades, así como exigir el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico por la salvación y la dignidad del Chocó firmados en el 2007 y de la sentencia T622 de 2016 que le concede al río Atrato derecho de reparación, mantenimiento, protección y conservación.

Reacción de la CIDH

Las y los comisionados mostraron su preocupación por el bajo avance en la implementación tanto del Capítulo Étnico como del Programa de Reparación Colectiva, por lo que plantearon preguntas sobre los obstáculos que impiden una aplicación integral y efectiva de dichos mecanismos. Hicieron eco, además, de la falta de consulta previa, el recrudecimiento de la violencia en los territorios, la persecución a los liderazgos sociales y la falta de coordinación del gobierno nacional con los gobiernos locales.

La comisionada Margarette May Macaulay pidió la palabra para rechazar el contínuum de violencias de los pueblos étnicos en medio del conflicto armado y de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19. La también Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y sobre los Derechos de la Mujer, planteó la necesidad que el Estado provea información precisa y específica sobre las afectaciones a las comunidades afrodescendientes y sobre las razones de la demora en la aplicación del Acuerdo de Paz y la Ley de Víctimas y el Decreto 4635.

La secretaria ejecutiva interina de la CIDH, María Claudia Pulido, aprovechó la ocasión para señalar que este organismo incluirá el seguimiento al informe país de Colombia en su informe anual 2020, por lo que la semana pasada envió una carta al Estado solicitando más información e informando sobre su decisión de enfocar su seguimiento en la implementación del Capítulo Étnico.

Respuesta del Estado

Por parte del Estado, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordoñez, no respondió directamente a los planteamientos de la sociedad civil, sino que se refirió a los dos años de la llamada política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque. Además, al ser consultado por el presidente de la CIDH, comisionado Joel Hernández, sobre el reclutamiento de menores de edad de parte de grupos armados ilegales, el funcionario se excusó de contestar la pregunta señalando que ese tema no era parte de la audiencia.

En tanto, Emilio Archila, Consejero para la Estabilización y Consolidación, expuso principalmente sobre el alcance y resultados de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son un instrumento de planeación de proyectos prioritarios para las comunidades más afectadas por la violencia y la pobreza en 170 municipios de país.

Tres funcionarios más de la Unidad de Víctimas, del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, respectivamente, brindaron reportes sobre un gran número de actividades, pero sin mencionar acciones en términos de evitar y sancionar la violación de derechos humanos que la sociedad civil ha venido denunciando de forma constante.

Colombia: Urgen acciones gubernamentales para contrarrestar alarmantes y crecientes cifras de violencia contra la población LGBTI

Bogotá, 6 de octubre de 2020.– El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), rechaza el alarmante incremento en los índices de violencia y discriminación que sufre la población LGBTI en Colombia en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y hace un llamado para que el Gobierno Nacional desarrolle acciones concretas para prevenir, investigar y sancionar los ataques y asesinatos por prejuicio y la discriminación de la que han sido objeto las personas LGBTI. Aun cuando recientemente se han alcanzado importantes logros para el respeto y la garantía de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans, tales como el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva a las víctimas LGBTI de El Carmen de Bolívar y el reconocimiento de pensión de una mujer trans de acuerdo con el régimen de pensión exigido para las mujeres, las cifras de asesinatos, amenazas y hostigamientos sigue creciendo exponencialmente.

Al 15 de septiembre de 2020, la Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 63 personas LGBTI y 388 casos de violencia por prejuicio contra personas LGBTI, señalando que durante la pandemia, “se exacerbaron el prejuicio y la discriminación y aumentaron los obstáculos para el acceso a la justicia en la recepción de las denuncias y las barreras institucionales ligadas a la ausencia de sensibilidad de empatía que deben prevalecer en las autoridades encargadas de atender a esta población.” A la fecha, Raza e Igualdad ha documentado 61 casos de ataques contra personas LGBT en Colombia*, en los que hemos reseñado actos de discriminación en espacios públicos, denegación de derechos como la salud y la alimentación, agresiones físicas con armas cortopunzantes, hostigamientos, amenazas e incluso asesinatos.

El pasado 05 de septiembre, el ataque homofóbico de un hombre, que “en el nombre de Cristo Jesús” abordó públicamente a la Alcaldesa de Bogotá Claudia López, abiertamente lesbiana, para reprocharle por “enseñar cosas irrespetuosas a la niñez” evidenció que el clima de discriminación y exclusión social en contra de las personas LGBTI no es exclusivo de las instituciones. En Colombia, a pesar de los progresos formales en el reconocimiento de derechos, hace falta avanzar en la construcción de un ambiente favorable y respetuoso de la diversidad sexual desde la sociedad, que resulte en verdaderas transformaciones para la inclusión y el reconocimiento de las personas LGBTI.

Cifras alarmantes de asesinatos y agresiones

A octubre de 2020, Raza e Igualdad ha documentado 30 casos de violencia en los que han sido asesinadas y/o agredidas gravemente personas LGBTI. Recientemente, el asesinato de Juliana, una mujer trans, por un disparo de un soldado del Ejército, prendió las alarmas sobre la violencia que se ejerce contra las personas LGBTI, en especial, contra las personas trans. En todo el país, se ha evidenciado el aumento en los índices de violencia en los territorios: En Armenia, Quindío, el 25 de agosto la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana que señala que la población LGBTI se encuentra en alto riesgo; el 01 de septiembre, la Red LGBTI del departamento de Boyacá denunció en sus redes sociales el aumento de los abusos policiales en contra de trabajadoras sexuales, en especial mujeres trans y  en el Caribe, la organización Caribe Afirmativo pidió a través de una carta dirigida a las entidades territoriales, que hagan frente al alarmante aumento en los asesinatos y agresiones en esta zona del país, que ya representan el doble respecto al año 2019.

Liderazgos LGBTI en la mira

Los ataques a los liderazgos y organizaciones LGBTI en diferentes territorios denotan el afán por debilitar las agendas e iniciativas para la garantía de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans a lo largo del país. A la fecha, Raza e Igualdad ha documentado 8 casos de ataques, amenazas y asesinatos en contra de liderazgos LGBTI.

Ataques como del que fue víctima Aurora Iglesias, popularmente conocida como “Zunga, la Perra Roja”, lideresa trans de Florencia, Caquetá, quien fue amenazada con un arma de fuego en su vivienda mientras que le exigían cesar con sus labores comunitarias, advierten un patrón de persecución a los procesos LGBTI. El 17 de septiembre, una bandera LGBTI apareció quemada frente al hogar de un líder social en la ciudad de Armenia, Quindío y el 25 de agosto, a un líder gay de El Roble, Sucre, le fue incinerada su casa. Estos sucesos, además de amedrentar a las organizaciones LGBTI que son directamente atacadas, advierten un patrón de hostigamientos que busca también, enviar un mensaje de amenaza a otros procesos organizativos LGBTI a nivel local. Estos hechos se suman a el asesinato de Mateo, un hombre trans líder comunitario y el intento de homicidio de John Restrepo, líder gay que trabaja con víctimas LGBTI del conflicto armado, ambos perpetrados en pleno espacio público, en medio de actividades que adelantaban con la comunidad.

Abusos policiales contra las trabajadoras sexuales, en especial contra personas trans

En medio de un tenso clima de marchas, protestas y discusiones políticas sobre los abusos de la fuerza pública, se han reportado graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía contra las personas LGBTI. Raza e Igualdad ha reportado 12 denuncias públicas de ataques colectivos e individuales por parte de la Policía Nacional en contra las personas trans trabajadoras sexuales. En medio de estos ataques, perpetrados en su mayoría por varios miembros de la Fuerza Pública, se presentan agresiones físicas en procedimientos policiales de requisa injustificados, ataques con armas de fuego y con otras armas de dotación y la exigencia de pagos para permitirles a las trabajadoras sexuales ocupar el espacio público en medio de la pandemia, abusando física y psicológicamente de aquellas que no pueden pagar el monto exigido, como es el caso de Medellín, Caldas y Bogotá.

En otro episodio de abuso policial, se registró la muerte de Juan Luis Guzmán, un joven gay de Arboletes, Antioquia, quien apareció muerto en una estación de policía bajo extrañas condiciones, luego de que fuera trasladado allí por infringir las medidas de restricción de la movilidad expedidas frente al COVID-19.

En Colombia, la Fuerza Pública contribuye en gran medida a la reproducción de patrones de discriminación y exclusión contra de la población LGBTI. Esta situación de vulnerabilidad se profundiza cuando las víctimas de abuso o violencia policial reclaman o intentan exigir justicia, pues deben enfrentar diferentes barreras de acceso como la falta de enfoque diferencial y de género en los formularios de denuncia, las represalias con posterioridad a la misma o el encubrimiento institucional, la omisión, entre otros.

Frente al contexto previamente descrito, Raza e Igualdad se une a los actos de denuncia y rechazo de la sociedad civil colombiana frente al grave contexto de vulneración de derechos de las personas LGBTI y realiza un llamado al Gobierno Colombiano para que:

  1. De celeridad a las investigaciones judiciales y sancione efectivamente a les responsables en los casos de asesinatos y agresiones contra la población LGBTI, garantizando la integración de un enfoque de diversidad sexual y de género en las diligencias a las que haya lugar, a fin de combatir los altos niveles de impunidad que se registran sobre estos casos.
  2. Fortalezca las acciones de monitoreo, sensibilización y formación en DDHH, en especial en DDHH de personas LGBT, con miembros de fuerzas de seguridad, particularmente de la Policía Nacional, así como dar trámite a las denuncias presentadas en contra de funcionarios oficiales y redoblar los esfuerzos para que las investigaciones que se adelanten al interior de estas instituciones por la vulneración a DDHH de personas LGBT no queden en la impunidad.
  3. Asegure a la población LGBTI el acceso sin discriminación a sus derechos como ciudadanes, en particular, el acceso a la justicia, fortaleciendo el monitoreo de las acciones de sensibilización y capacitación en derechos LGBTI a les operadores de justicia y diseñando rutas de atención diferencial para víctimas con orientación sexual e identidad de género diversa.
  4. Rechace públicamente los actos de discriminación y/o violencia en contra de las personas LGBTI y adopte iniciativas de sensibilización y capacitación que permitan desestructurar las conductas y actitudes discriminativas y LGBTfóbicas dentro de la sociedad civil colombiana.

 

*Raza e Igualdad ha realizado un monitoreo de medios y denuncias públicas de ataques y discriminación en contra de la población LGBTI a partir del 25 de marzo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esta cifra se presenta al 05 de octubre de 2020.

 

Raza e Igualdad condena el asesinato de Juliana Giraldo e insta al Estado Colombiano a investigar y esclarecer estos hechos, así como a juzgar y sancionar a los responsables

Bogotá, 25 de septiembre de 2020.- El día 24 de septiembre de 2020, se difundió por redes sociales un desgarrador video en el que un hombre registró el asesinato de su compañera en el municipio de Miranda, en el norte de Cauca, en Colombia, en un retén militar. Juliana Giraldo, de 38 años, recibió un impacto de bala en la espalda luego de que un militar disparara contra los ocupantes del vehículo en que se movilizaban ella y tres hombres más. Luego de que se conociera que era una mujer trans, diversos medios reportaron la noticia señalando que era un “hombre” quien había sido asesinado, a pesar de que las notas iniciales se referían a ella como mujer.

Las fuertes imágenes del hecho han conmocionado al país justo en medio de un tenso clima de marchas, protestas y discusiones políticas sobre los abusos de la fuerza pública. Además de la crisis generada por COVID-19, se atraviesa una crisis de derechos humanos que ha elevado los índices de violencia a niveles que se creían superados con el Acuerdo de Paz y que tiene como principales víctimas a las poblaciones históricamente discriminadas. Se han reportado cifras históricas de violencia y discriminación contra la población LGBTI, en especial contra las personas trans, sobre las que se registran 28 asesinatos en lo que va del año.

Raza e Igualdad advierte que el Estado Colombiano tiene el deber de combatir la impunidad y la violencia generalizada de la que son sujetxs la población LGBTI, así como el deber positivo de investigar con debida diligencia aquellos crímenes que se han cometido por motivo de la orientación sexual e identidad de género de la víctima. También anota que, de acuerdo con los estándares internacionales, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas.

Ante este preocupante panorama en Colombia, Raza e Igualdad lamenta la muerte de Juliana, rechaza la violencia y abusos por parte de la fuerza pública hacia la sociedad civil colombiana e insta al Estado a llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. De igual manera, se une a la indignación y los reclamos de la sociedad civil colombiana para que se lleve a cabo una reforma estructural que ajuste la doctrina militar a los estándares internacionales de derechos humanos, más allá de las responsabilidades individuales a las que haya lugar en este y en todos los casos relacionados con el abuso de la Fuerza Pública. Raza e Igualdad rechaza también las constantes revictimizaciones a las que fue sometida Juliana en diferentes medios al develar su nombre legal señalando su nombre identitario como un posible alias, e invita a los medios de comunicación a cubrir este y todos los hechos de violencia desde una perspectiva de diversidad sexual que respete la memoria de las víctimas.

Expertas y expertos reunidos por ILEX Acción Jurídica y Raza e Igualdad debaten sobre impacto de sentencia que anula titulación colectiva de La Boquilla

Bogotá, 9 de septiembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) e ILEX Acción Jurídica reunieron a expertas y expertos en un seminario virtual para analizar la sentencia que anula, en primera instancia, la titulación colectiva otorgada en 2012 al Consejo Comunitario de La Boquilla, en Cartagena. En el encuentro, las y los invitados también reflexionaron sobre cómo este fallo impacta en los derechos de los Consejos Comunitarios del Caribe, especialmente en su derecho a la titulación de tierras, tal como lo establece la Ley 70 de 1993.

El webinar, que se denominó La Boquilla y la defensa de los territorios ancestrales de las comunidades afro del Caribe, fue moderado por la directora de ILEX Acción Jurídica, Dayana Blanco, quien en sus palabras de introducción destacó la importancia del reconocimiento de los derechos territoriales para la consolidación de todos los derechos de las comunidades afrocolombianas. Luego, invitó a cada una de las personas invitadas a ofrecer sus apreciaciones sobre la sentencia 001 2020 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

Historia y tradición

La joven Yuliza Gutiérrez, estudiante de Derecho y nacida en La Boquilla, fue la primera en intervenir y aprovechó el espacio para señalar la importancia que tiene este territorio para la supervivencia de la comunidad y la materialización de su “Bien Estar” como pueblo negro. La Boquilla es un corregimiento ubicado a 20 minutos del centro histórico de Cartagena, cercano al aeropuerto, donde la mayoría de su población es afrodescendiente, viven de la pesca, el cuidado del manglar y conservan aún sus tradiciones culinarias y musicales.

Estela Simancas, profesora de la Universidad de Cartagena y coordinadora de la Maestría en Estudios Afrocolombianos de la Pontificia Javeriana de la misma ciudad, brindó un panorama sobre la historia de este poblamiento y la presencia de comunidades negras en el Caribe, específicamente en Bolívar, llamando la atención sobre la necesidad de visibilizar y reflexionar sobre sus dinámicas, que  son muy diversas y deben ser entendidas por la legislación vigente que regula lo concerniente a titulación colectiva.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, emitida el pasado 31 de julio, anula en primera instancia el título que concede la propiedad colectiva de su territorio a la comunidad de La Boquilla. En su argumentación, el Tribunal cuestiona al entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) por haber efectuado la titulación sobre zonas urbanas y no rurales, contrario a lo contemplado en Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995.

Un retroceso

Ricardo Leal, abogado experto en derechos territoriales, aseguró que dicho fallo representa un retroceso en el reconocimiento de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras del Caribe, mientras que Moisés Pérez, miembro del Proceso de Comunidades Negras (PCN), indicó que a esto se suma el hecho que desde el INCODER –que en 2015 fue disuelto por el Ejecutivo para la creación de seis entidades rurales— no se ha dado trámite a alrededor de cien solicitudes de titulación colectiva.

La abogada de Raza e Igualdad, Laura Ante, desde su experiencia en incidencia internacional realizó una descripción detallada de los instrumentos y mecanismos internacionales con los que contaría el Consejo Comunitario de La Boquilla para defender las garantías descritas en el Convenio 169 de la OIT, específicamente en los artículos 13, 14 y 15, así como en las normas concordantes, además que mencionó cuáles son los organismos internacionales que están encargados de vigilar que el Estado colombiano garantice el derecho fundamental al territorio de las comunidades negras.

Las y los especialistas también discutieron los recursos que hasta la fechan han sido presentados por la comunidad y distintas autoridades en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, entre ellos el recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación, que entre sus argumentos invita al Tribunal a hacer una interpretación integral del marco jurídico vigente y la reiterada jurisprudencia de la Corte y organismos internacionales que reconocen y otorgan categoría de Rango Fundamental Constitucional a los derechos territoriales de los pueblos étnicos, los cuales deben ser atendidos al momento de adoptar este tipo de  decisiones judiciales, aplicando  el enfoque étnico-territorial.

Recomendaciones

El panel coincidió en que es necesario continuar abriendo espacios para la visibilización de las limitaciones que están enfrentando las comunidades negras del país, especialmente las comunidades negras del Caribe, para la materialización de su derecho fundamental al territorio y la efectiva titulación de sus tierras.

Apuntaron también que se debe fortalecer el debate político desde una visión técnica y crítica sobre la Ley 70 de 1993 que regula lo dispuesto en el artículo 55 transitorio de la Constitución Política y normas concordantes, en lo relativo a participación política, representación, autonomía de las autoridades propias del pueblo negro y lo concerniente a la titulación de tierras de las comunidades negras.

Asimismo, hicieron un llamado para que no se ignore la presencia de las comunidades negras en el territorio colombiano, sobre todo en las costas, y entender que estas no son masas homogéneas, incluso cuando están en la misma región.

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Líderes sociales y representantes de la institucionalidad realizan propuestas para el esclarecimiento y no repetición de masacres como la de Llano Verde

Bogotá, 4 de septiembre de 2020.– Con el objetivo de obtener propuestas para el esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición sobre la masacre de cinco jóvenes afrocolombianos ocurrida el pasado 11 de agosto en el barrio Llano Verde, en Cali, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó un seminario virtual con líderes sociales, representantes de la institucionalidad y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El webinar se denominó Masacres de Jóvenes Afrocolombianos Víctimas del Conflicto: Análisis y Propuestas para la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – CASO LLANO VERDE y contó con el apoyo de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Las y los panelistas se refirieron a las afectaciones particulares de las comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado que residen en contextos urbanos desde una perspectiva étnico-racial, destacando cómo la discriminación y el racismo estructural son factores que permean estos hechos y deben ser tomados en cuenta para la búsqueda de soluciones.

Estas fueron las propuestas que plantearon para que la masacre de Llano Verde no quede en la impunidad y tanto las familias de las víctimas como la población afrocolombiana en general no permanezca vulnerable ante este tipo de crímenes.

Apelan a la CIDH para presionar al Gobierno a ofrecer respuestas

Erlendy Cuero Bravo, coordinadora de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, capítulo Cali, solicitó a la comisionada Margarette May Macaulay realizar una visita a Llano Verde, como lo hizo junto a la comisionada Esmeralda Arosemena Troitiño en octubre de 2018, y que “a través de sus buenos oficios se pronuncie y haga recomendaciones al Estado” para que la comunidad pueda conocer la verdad y acceder a la justicia, pero también a la reparación y a las garantías de no repetición. “La paz no se puede construir desde lo nacional, se debe construir desde lo territorial para que esta pueda ser de acuerdo con las necesidades de las comunidades”, expresó.

Escuchar a la juventud y asegurarles educación

El joven Yeison Tobar, coordinador de la iniciativa Semillero Afrodes Cali, planteó la importancia que tanto las entidades de Gobierno como las organizaciones de la sociedad civil se acerquen a las y los jóvenes para escuchar sus inquietudes y necesidades, y les inviten a ser partícipes de proyectos de desarrollo, pero dejando que sea la juventud la protagonista de estos procesos. “Muchas veces la respuesta que se da es ‘los jóvenes no quieren hacer nada’, pero no se dan a la tarea de indagar un poco más sobre la vida, los sentimientos y las emociones de los jóvenes”, apuntó.

Tobar también dijo que entre las y los jóvenes existe la necesidad de acceder a la educación y completar sus estudios, incluyendo la educación técnica, tecnológica y superior. «La apuesta principal de los jóvenes es la educación», aseguró.

Mejorar condiciones de vida y ratificar Convención contra la Discriminación Racial

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, se mostró dispuesta a acompañar el proceso de esclarecimiento de la verdad y acceso a la justicia sobre la masacre de Llano Verde, e hizo hincapié en la necesidad que el Estado otorgue una “reparación comprensiva”, que no se trata necesariamente de dar dinero a la comunidad afectada, sino de brindar condiciones para mejorar sus vidas, como escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, servicio de transporte eficiente, etc.

También llamó al Gobierno a investigar a fondo todos los actos de violencia contra las y los afrocolombianos para llegar a la verdad y castigar a los responsables. Para Macaulay, es fundamental que se garanticen los derechos de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en Colombia, lo cual incluye trabajar para combatir y eliminar la discriminación contra estos grupos. En ese sentido, la Comisionada recordó que Colombia es uno de los países que no ha ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Dinamización económica y presencia institucional

El concejal de Santiago de Cali, Fernando Tamayo, destacó que esta masacre no debe quedar como un hecho aislado y recordó que ya se habían lanzado alertas sobre la presencia de estructuras criminales y desplazamiento intraurbano. Desde su punto de vista, un paso importante para evitar que estos crímenes se repitan es la dinamización económica del sector, y en ese sentido señaló dos proyectos pendientes en el Plan de Desarrollo: una central de abastos para el Oriente del municipio y la Universidad Distrital. Asimismo, insistió en la inversión en presencia institucional.

Respetar los Acuerdos de Paz

Luz Marina Becerra, secretaria general de Afrodes, afirmó en primer lugar que la falta de oportunidades para estudiar y trabajar convierte a los jóvenes afrocolombianos en “presa fácil” de grupos delictivos que se dedican principalmente al microtráfico de drogas, y esto desemboca en un patrón de violencia sistemático. Para Becerra, es fundamental que se respeten los Acuerdos de Paz y que la población afrodescendiente obtenga mejores condiciones de vida para salir de las condiciones que la hacen vulnerable. También habló de la importancia del trabajo de las mujeres negras y los saberes ancestrales en los procesos de sanación y duelo de las familias. El proyecto “Tonga de mujeres que sanamos mujeres”, de AFRODES, es una de esas iniciativas enfocadas en la sanación y cuidados de las mujeres afrocolombianas.

Aplicación de la Ley 70 y la Ley Antidiscriminación en contextos urbanos

Alí Bantú Ashanti, abogado afrocolombiano asociado al Colectivo Justicia Racial, planteó la necesidad de ajustar la aplicación de la Ley 70 para contextos urbanos, pues esta ley fue formulada pensando en contextos rurales. De igual forma, señaló que la Ley 1482 –conocida como Ley Antidiscriminación—no ha tenido la relevancia esperada porque en principio no recoge los postulados de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

En alusión al hecho que en algunos medios de comunicación se ha intentado justificar el asesinato de los cinco jóvenes en Llano Verde relacionándolos con actividades delictivas, el abogado señalo que ello se debe al racismo estructural y a la desvalorización de las vidas negras. “El modelo económico capitalista ha situado al sujeto negro como el perfecto sujeto matable, la vida que no importa, el delincuente”, subrayó.

Acompañamiento internacional

Alexander López, Senador de la República, dijo que es necesario el acompañamiento internacional para el proceso de esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición en el caso de la masacre de Llano Verde. En cuanto a combatir el racismo y la discriminación estructural existentes en el país, afirmó que es necesario respetar y aplicar toda la estructura legal que contiene los derechos de la población afrocolombiana, entre la que están la Ley 70 y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

El Senador aprovechó para referir que en el Registro Único de Víctimas aparecen 9 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales el 14% son afrocolombianos y afrocolombianas. Además, denunció que el censo de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “desapareció” a casi 1 millón 400 mil afrodescendientes en comparación al censo de 2005. “Esto tiene una connotación especial porque mientras más se reduzca la población afro, menos políticas públicas y menos derechos se le entrega a la población afro”, apuntó.

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Raza e Igualdad condena masacre de cinco jóvenes afrocolombianos en Cali y realiza recomendaciones para el esclarecimiento y no repetición de este tipo de crímenes

Bogotá, 14 de agosto de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la masacre en la que fueron asesinados cinco jóvenes de familias afrocolombianas víctimas del conflicto armado residentes en el barrio Llano Verde, en la ciudad de Cali. Como organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, Raza e Igualdad expresa su solidaridad a las familias y comunidad dolientes, y se une a las acciones de denuncia e incidencia para que este crimen no quede impune y el Gobierno adopte las medidas necesarias para evitar que hechos como este se repitan.

Los jóvenes asesinados fueron identificados como: Juan Manuel Montaño (15 años), Jean Paul Perlaza (15 años), Leyder Cárdenas Hurtado (15 años), Álvaro José Caicedo Silva (14 años) y Jair Andrés Cortes Castro (14 años). La mañana del martes 11 de agosto habían salido juntos a una actividad recreativa, y al final del día sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura y tiros de gracia en un cañaduzal (plantación de caña de azúcar) con el que colinda el barrio.

Además, el jueves 13 de agosto una persona falleció y 15 resultaron heridas en esta misma localidad, luego de que una persona no identificada activara un artefacto explosivo con el que pretendía atentar contra el Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía en Llano Verde, de acuerdo con el reporte de medios de comunicación.

Compresión del contexto

Raza e Igualdad hace un llamado al cumplimiento de medidas de reparación y no repetición, destacando la importancia que para ello se tome en cuenta el contexto de la población afrocolombiana desplazada por el conflicto armado, el cual se configura desde la expulsión de sus territorios ancestrales y se caracteriza hoy en día por nuevos desplazamientos, amenazas y asesinatos de líderes, lideresas, jóvenes, niñas y niños; reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y bandas de narcotráfico, explotación sexual de jóvenes, y carencia de oportunidades educativas y laborales.

“Detener la violencia contra comunidades afrocolombianas requiere reconocer y enfrentar los factores estructurales que subyacen: discriminación y racismo estructural históricos que han negado condiciones para garantizar igualdad y derecho a ser sujetos étnicos”, señala Pedro Cortes, asesor de Raza e Igualdad en Colombia, función desde la cual brinda acompañamiento a organizaciones afrocolombianas en la denuncia de violaciones a derechos humanos y búsqueda de justicia ante el Gobierno y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En ese sentido, Raza e Igualdad hace una serie de recomendaciones a las autoridades locales para garantizar procesos investigativos que reconozcan la identidad étnico-racial de los jóvenes asesinados, y el contexto de afectaciones diferenciales de la población joven afrocolombiana, pero también para implementar medidas de atención y protección a las familias de las víctimas, la comunidad y sus organizaciones.

Asimismo, solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los Comités de Tratados y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, reaccionar ante esta masacre y acompañar al Estado de Colombia en el proceso de esclarecimiento.

Lee el comunicado y las recomendaciones aquí.

Lideresas de México, Guatemala y Colombia exponen la problemática que enfrentan las mujeres afrodescendientes en medio de la pandemia de Covid-19 e instan a los Estados a tomar políticas adecuadas para su protección

Washington D.C. 29 de julio de 2020.- En ocasión del Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, celebrado el sábado 25 de julio, lideresas que promueven y defienden los derechos de las personas afrodescendientes en México, Guatemala y Colombia abordaron en un seminario virtual los problemas que enfrentan las mujeres afrodescendientes en el contexto de la pandemia de Covid-19, destacando las múltiples formas de violencia y discriminación a las que están expuestas por raza, clase y género.

La coordinación del webinar, denominado “Racismos y mujeres Afrodescendientes: proyecciones post-pandemia”, estuvo a cargo de Elvia Duque, una de las oficiales del programa de América Latina del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y tuvo una buena aceptación entre el público, pues solo por medio de la plataforma Zoom se conectaron 70 personas, mientras que la transmisión en vivo por la página de Raza e Igualdad en Facebook fue compartida 76 veces, tuvo 35 comentarios de usuarios y usuarias de diferentes países y hasta este miércoles la publicación había alcanzado a 6,248 personas, según las estadísticas brindadas por esta red social.

Un contexto adverso

Retomando las palabras de la profesora brasileña Joana dos Passos, Elia Avendaño, doctora en Derecho e Investigadora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que “el racismo es una pandemia permanente” y que, por tanto, México enfrenta la pandemia de Covid-19 bajo varias situaciones desventajosas, como el hecho que al inicio de este año el Ejecutivo suprimió el Seguro Popular, al que estaba adscrito el 52.8% de las personas afrodescendientes en el país. La especialista explicó que esta medida se dio por la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sin embargo, este estará completamente instalado y funcional hasta finales de año.

Avendaño afirmó que en México existen desigualdades estructurales que ponen en mayor riesgo de contagio a las personas que tienen carencias económicas y limitaciones de acceso a los servicios de salud, entre las que se encuentran las personas indígenas y afrodescendientes. “Hasta este momento llevamos 42,645 personas muertas por la pandemia y no sabemos cuántas son afrodescendientes. En el sistema de salud se supone que están atendiendo a todas las personas que acuden, aunque no tengan un sistema de salud, sin embargo, se le está dando preferencia a aquellas personas que tiene más posibilidades de sobrevivir y en este caso no están incluidas las que tienen antecedentes de desigualdad, de marginación, de exclusión y de pobreza”, dijo.

La antropóloga y profesora investigadora de la Universidad Veracruzana, Sagrario Cruz Carretero, centró su intervención en la evidencia sobre la herencia africana en México para contrarrestarla con el hecho que desde diversos sectores de la sociedad persiste la negación de esta realidad, lo cual desemboca en la falta de políticas adecuadas a las realidades y necesidades de la población afrodescendiente. “¿Por qué no hay una identidad generalizada de ser afrodescendiente o negro en México? Hay una negación debido al racismo y al miedo a la pérdida del privilegio blanco que es una serie de herramientas que tenemos y que permiten tener mejores oportunidades en la vida”, precisó.

Por su parte, Astrid Cuero, afrocolombiana y líder de procesos de formación feminista y antirracista en el Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista (GLEFAS), manifestó que “la pandemia está racializada” y, en el caso de Colombia, ha dado lugar al recrudecimiento de la violencia en los territorios y al aumento de los asesinatos de líderes y lideresas afrocolombianos e indígenas, quedando en evidencia la desprotección del Estado y la falta de garantizas mínimas para la protección de sus derechos fundamentales.

“Mucha gente negra no tiene trabajos estables, viven de la economía informal y el Estado sin darles condiciones para confinarse de forma digna, pues cómo la gente negra empobrecida va a poder confinarse, tiene que salir a trabajar y esto los expone”, afirmó Cuero, quien hizo hincapié en que esta población afrodescendiente no solo está vulnerable a la pandemia de Covid-19, sino a la violencia de grupos paramilitares.

Tanya Duarte, afromexicana y directora del Proyecto Afrodescendencia México, apuntó que “es una cuestión de privilegio y de clase cómo uno puede resistir el encierro”, y puso como ejemplo que muchas familias están sacando a sus hijos e hijas de las escuelas porque no cuentan con los recursos para que accedan a las clases en línea. La lideresa indicó además que el racismo está afectando fuertemente a los migrantes afrodescendientes que residen o están de paso por México, pues forman parte de la población marginada de la respuesta al Covid-19 o quedan expuestos al crimen organizado, respectivamente.

Urgen políticas adecuadas

En tanto, Joanna Wheterborn, guatemalteca afrodescendiente e integrante del Consejo Consultivo de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), señaló que, con el confinamiento por la pandemia, los niveles de violencia de género dentro de los hogares han aumentado desproporcionadamente. Wheterborn llamó la atención sobre la necesidad de actualizar las cifras sobre población afrodescendiente en Guatemala y demás países de la región, pues “como no nos cuentan, no nos ven, y como no nos ven no nos atienden”, dijo.

Las panelistas concluyeron que el racismo es la pandemia del pueblo afrodescendiente y por ende las soluciones ante el COVID-19 deben de ser dirigidas comprendiendo que las mujeres afrodescendientes son uno de los grupos prioritarios a incluirse en los programas y planes de los Estados. También, recalcaron la necesidad de contar con datos estadísticos sectoriales actualizados y desagregados incluyendo la raza/etnia y género para dar soluciones adecuadas a los afrodescendientes.

Al final del conversatorio, Elvia Duque, en representación de Raza e Igualdad, motivó al público a continuar haciendo uso de instancias regionales e internacionales como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, por ser instancias que permiten alzar las voces de las mujeres afrodescendientes fuera del ámbito nacional, donde muchas veces sus voces son ignoradas y silenciadas.

Mira aquí la grabación del conversatorio:

Organizaciones Afro-LGBT dialogan con la Comisión de la Verdad sobre los retos para la visibilización de las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Colombia

El pasado 25 y 26 de junio se llevó a cabo un encuentro virtual entre varios líderes y lideresas de organizaciones Afro-LGBT de los municipios del  Valle del Cauca, Nariño y el Caribe colombiano con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Durante el evento, los y las participantes expusieron ante representantes del Grupo de Trabajo de Género y de la Dirección de Pueblos Étnicos de la CEV la importancia de integrar un enfoque interseccional en la labor de esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno.

El anterior encuentro se dio en el marco de un proyecto liderado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el apoyo del Gobierno de Canadá, cuyo objetivo es visibilizar a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado y las causas e impactos diferenciales que estas violencias tienen en las personas con identidades y expresiones sexuales diversas. “Este tipo de espacios resultan de gran importancia para garantizar y fortalecer la participación de las organizaciones Afro-LGBT ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, en especial en tiempos en que los espacios de participación se ven limitados a razón de la emergencia sanitaria por COVID-19”, señaló Laura Poveda, abogada consultora para Colombia de Raza e Igualdad.

A través de un diálogo colectivo, los y las participantes ahondaron sobre cómo el racismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género se entrecruzaron en el desarrollo del conflicto armado, y conversaron sobre cuáles son las principales barreras y retos que se tienen para alcanzar la verdad en los casos de vulneraciones a los derechos de las víctimas Afro-LGBT.

Sandra Arizabaleta, directora de la organización Somos Identidad de la ciudad de Cali, señaló que la pertenencia a un grupo étnico de personas sexualmente diversas conllevó un escalamiento de la violencia sobre sus cuerpos, con el fin de eliminar el rastro de su historia como personas afro y personas LGBT en los territorios. El uso del despojo, del desplazamiento, de la violencia sexual y de la desaparición forzada como principales formas de violencia contra las personas Afro-LGBT eran maneras de desarraigar a las víctimas de su territorio y de su comunidad, añadió la participante.

En este sentido, Vivian Cuello, de Caribe Afirmativo, hizo hincapié en la importancia de que, en su informe final, la CEV vaya más allá de las cifras y realice un análisis de las violencias que sufrieron aquellos grupos poblacionales que en general no representan un gran número de casos, pero cuyas experiencias no pueden ser invisibilizadas, como es el caso de las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres LBT, de los hombres trans y de los niños, niñas y adolescentes lesbianas, gays, bisexuales y/o trans.

Por su parte, Angelo Muñoz y Franklin Quiñonez, de la Fundación Arco Iris de Tumaco, señalaron la importancia de contar con cifras oficiales y de establecer mecanismos para superar la impunidad judicial en los casos de violencia contra personas afro-LGBT en el marco del conflicto armado. “La visibilización permitiría avanzar en la desnaturalización de la discriminación y violencia contra las personas Afro-LGBT y facilitaría la construcción de confianza de las víctimas con las entidades estatales”, señaló Quiñonez.

Alejandra Londoño, integrante del Grupo de Trabajo de Género de la CEV, hizo énfasis en que si bien desde el mandato de la CEV se pretende abordar de la manera más precisa los patrones y las causas del conflicto y las implicaciones que tuvieron en la sociedad colombiana, la legitimidad de esta información finalmente deviene de las víctimas y de su ardua labor por acercarse a la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado. Por ello, hizo énfasis en la necesidad e importancia de que la CEV y las organizaciones Afro-LGBT trabajen conjuntamente, en especial en el actual contexto, en el que hay que reforzar los esfuerzos para acercar a la sociedad civil a estos espacios.

Así mismo, los representantes de la sociedad civil Afro-LGBT coincidieron en que el racismo y la discriminación de las entidades estatales y el histórico abandono estatal de los territorios jugaron un rol fundamental para el asentamiento de las violencias, y recomendaron a la CEV orientar el ejercicio de no repetición a la transformación de las condiciones de pobreza y exclusión de las víctimas Afro-LGBT y fijar bases para resignificar el rol de las personas LGBT dentro de las comunidades Afro.

Movimiento Trans en Colombia alza su voz para denunciar los altos índices de violencia y discriminación que viven en medio de la pandemia

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) muestra su preocupación por los altos índices de violencia y discriminación hacia la población LGBTI durante la pandemia de COVID-19. El panorama en Colombia presenta avances, pero también preocupantes situaciones de violación de derechos humanos y violencia contra la población LGBTI, las cuales se han exacerbado durante COVID-19. Según Colombia Diversa, en los primeros seis meses del presente año se han registrado 26 asesinatos de personas LGBTI[1]. De estos casos, 15 ocurrieron durante las medidas de aislamiento obligatorio por la pandemia. De acuerdo con cifras de Caribe Afirmativo, a 100 días de aislamiento en el Caribe colombiano[2], se tiene registro de 12 muertes violentas de personas LGBTI: 4 mujeres trans, 4 lesbianas y 3 hombres gays asesinados, más una mujer trans que murió por COVID- 19 en vía pública esperando atención; además, 3 mujeres trans fueron víctimas de violencia policial[3].

Más allá de las cifras, lo que preocupa es la persistencia de un contexto de discriminación y exclusión que da paso a que estos episodios de violencia sean legitimados o invisibilizados. En especial, preocupa el aumento de violencia en contra de personas trans, quienes se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y marginalidad en medio de la pandemia. La sistemática e histórica discriminación a la que ha sido sometida esta población, les limita en herramientas para afrontar la crisis: las cifras de informalidad laboral son mucho más altas que las del resto de la población[4]; temen utilizar los servicios de salud por miedo a ser rechazades y a no recibir una atención de calidad, motivo que les lleva a buscar servicios clandestinos poniendo en riesgo su salud física, emocional y mental[5], y suelen ser blanco de discriminación no únicamente por las instituciones estatales y la policía, sino también por el grueso de la población colombiana.

A las repercusiones y afectaciones desproporcionadas que tienen las personas trans como resultado de la pandemia, se suman los altos índices de asesinatos y agresiones en razón a su identidad de género. Recientemente, el 6 de julio, en Medellín, Shantall, una mujer trans venezolana, fue asesinada[6]. Tan solo dos días antes, en el municipio de Circasia, Quindío, Mateo López Mejía, un joven trans de 25 años, fue atacado con un arma de fuego mientras llevaba a cabo una actividad comunitaria[7]. El 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, Eilyn Catalina, una mujer trans trabajadora sexual que tan solo tenía 21 años de edad, fue apuñalada hasta ser asesinada, en la ciudad de Medellín[8]. Estos son sólo algunos casos que retratan el alarmante incremento en los índices de asesinatos contra personas trans, que se extienden a otras ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Bogotá[9].

Sumado a lo anterior, han sido constantes los episodios de abuso policial y discriminación institucional, en especial en áreas de la salud y en centro carcelarios[10], lo que se ha convertido en una barrera para la plena garantía de los derechos fundamentales de las personas trans en medio de la pandemia.

Ante esta difícil situación, la Red Comunitaria Trans convocó recientemente a su ya tradicional marcha del Orgullo Trans (#YoMarchoTrans) con un contundente mensaje de denuncia y rechazo en contra de la situación de violencia que se ha agudizado en el contexto de la pandemia[11]. Este ejercicio de protesta se replicó multitudinariamente en ciudades como Medellín, Tunja y Arauca.  Recientemente, también se conoció el fallo de tutela de una jueza que ordena al Ministerio del Interior de Colombia a iniciar las gestiones administrativas para la efectiva implementación del Decreto 762 de 2018, norma que delimita la Política Pública LGBTI del país, luego de la tutela impuesta por Laura Weinstein, directora de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans[12]). Estos representan tan sólo unos pocos de los ejercicios de resistencia que se extienden a lo largo de todo el país, en el que son las organizaciones y redes de apoyo LGBTI quienes han debido adelantar acciones para garantizar su seguridad, integridad y subsistencia a esta población ante el abandono estatal en medio de la emergencia sanitaria.

Desde Raza e Igualdad respaldamos los actos de denuncia y rechazo de las organizaciones LGBTI y del movimiento trans en particular. De igual manera, invitamos al Gobierno Nacional a:

  1. Acatar el fallo de tutela en el que se le pide que desarrolle acciones para implementar la Política Pública LGBTI desde un enfoque participativo e interseccional que garantice la inclusión de las propuestas del movimiento LGBTI colombiano.
  2. Garantizar la inclusión de las personas LGBTI, en especial de las personas trans, en el diseño, implementación y monitoreo de las medidas que se adopten para hacer frente a la pandemia.
  3. Reforzar los esfuerzos para garantizar la debida investigación y sanción de los hechos de violencia y discriminación de los que han sido víctimas las personas trans, y adelantar las investigaciones disciplinarias pertinentes en los hechos en que se ven envueltos funcionaries públicos y/o miembros de las fuerzas de seguridad.
  4. Fortalecer la coordinación con los gobiernos locales a fin de adelantar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las personas LGBTI en temas relativos a salud, seguridad alimentaria, hospedaje y en general todas las necesidades básicas insatisfechas.

[1] https://www.kienyke.com/colombia/derechos-legbti-en-colombia-dia-del-orgullo-2020

[2] Que se cumplen el 07 de julio de 2020.

[3] https://www.facebook.com/caribeafirmativo/photos/a.1517908841868740/2737408936585385/?type=3&theater

[4] https://www.dejusticia.org/personas-trans-como-sobrevivir-al-aislamiento-por-coronavirus/

[5] https://telemedellin.tv/por-miedo-al-rechazo-poblacion-trans-no-utiliza-servicios-de-salud/396508/

[6] https://twitter.com/redcomunitariat/status/1280524111270285312

[7] https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/mientras-realizaba-labor-social-lider-trans-fue-asesinado-en-el-quindio

[8] https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/denuncian-asesinato-de-mujer-trans-trabajadora-sexual-en-medellin-512210

[9]http://oldrace.wp/es/espanol/raza-e-igualdad-expresa-su-preocupacion-y-hace-un-llamado-a-la-cidh-a-pronunciarse-sobre-la-grave-situacion-de-violencia-y-discriminacion-que-atraviesa-la-poblacion-lgbti-en-colombia-en-medio-de-la-em/.

[10] http://oldrace.wp/es/espanol/raza-e-igualdad-expresa-su-preocupacion-y-hace-un-llamado-a-la-cidh-a-pronunciarse-sobre-la-grave-situacion-de-violencia-y-discriminacion-que-atraviesa-la-poblacion-lgbti-en-colombia-en-medio-de-la-em/

[11] https://www.facebook.com/watch/?v=270476960710160

[12] https://twitter.com/GrupotransGAT/status/1278744385199489031

Raza e Igualdad expresa su preocupación y hace un llamado a la CIDH a pronunciarse sobre la grave situación de violencia y discriminación que atraviesa la población LGBTI en Colombia en medio de la emergencia por COVID-19

Bogotá, 25 de junio de 2020 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se dirige a la honorable CIDH para expresar su preocupación por los recientes sucesos de violencia y discriminación contra la población LGBT en diferentes lugares de Colombia, que prenden las alarmas frente a lo que se considera un incremento en los episodios de vulneración de derechos humanos de esta población, en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19. A las repercusiones y afectaciones desproporcionadas que tienen que vivir las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans como resultado de la pandemia, se suman los altos índices de asesinatos y agresiones en razón a su orientación sexual y/o identidad de género.

Los asesinatos y las agresiones han aumentado considerablemente

En lo que va de 2020 ya se han registrado 15 homicidios contra personas LGBT, la cifra más alta que se haya registrado para la primera mitad del año en el Caribe colombiano, de acuerdo a Caribe Afirmativo[1]. El 13 de junio de 2020, fue hallada sin vida en su vivienda, Ariadna Barrios Ojeda, una mujer trans que vivía al sur de la ciudad de Santa Marta (Magdalena). El cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con un arma corto punzante[2]. Al día siguiente, bajo la misma modalidad, se denunció que en Barranquilla (Atlántico), Brandy Carolina, una mujer trans había sido asesinada. Meses antes, en el mismo barrio donde falleció Brandy, fueron asesinadas Paloma[3], una mujer trans, y Lidia Gamero, una mujer lesbiana, el 16 de abril y el 26 de marzo, respectivamente[4].

A los anteriores hechos se suman diversos intentos de asesinatos contra personas LGBT, como el ocurrido el 24 de marzo, en el que dos mujeres migrantes, trans y trabajadoras sexuales fueron apuñaladas en la ciudad de Bogotá, luego de ser perseguidas por todo el barrio y ser heridas en sus senos y glúteos.[5]. En esta ciudad también se registró un ataque con arma blanca el 18 de abril de 2020 en contra de Daian Nikol Villalobos, una mujer trans que se disponía a comprar víveres, en el marco de la medida de pico y género implementada en Bogotá[6]. A pesar de que las víctimas solicitaron atención en salud y atención por parte de miembros de la policía, esta fue negada y tras la ausencia de las instituciones, ellas mismas tuvieron que adoptar medidas para la respectiva curación y cuidado[7].

Han incrementado las denuncias de abusos policiales

Los abusos y la violencia también provienen de las entidades gubernamentales. Apenas ayer, 22 de junio, miembros de la policía persiguieron y atacaron con electrochoques a dos mujeres trans en situación de habitabilidad de calle en Tunja (Boyacá)[8]. La madrugada del sábado 20 de junio, se denunció el ataque perpetrado por miembros de la Policía Nacional en contra de un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales en el centro de Bogotá, quienes las agredieron con armas de fuego luego de insultarlas reiteradamente[9]. Estos episodios dan cuenta de la discriminación y violencia históricamente ejercida por la Policía Nacional en la zona, quienes, en medio de la pandemia, extorsionan a las trabajadoras sexuales para dejarlas trabajar, abusando física y psicológicamente de aquellas que no pueden pagar el monto exigido[10]. En la mañana del 02 de mayo, cuando aún estaba vigente la medida de Pico y Género en Bogotá, se registró el desalojo violento de una mujer afro trans, trabajadora sexual de su hogar, por parte de la Policía Nacional sin que hayan sido esclarecidas las razones que motivaron la intervención de esta institución[11].

Violencia institucional y respuesta estatal insuficiente

Si bien ha habido pronunciamientos públicos de rechazo y anuncios sobre el reforzamiento de los procesos de acompañamiento a la población LGBT desde entidades estatales, la respuesta institucional al COVID-19 dista de ser inclusiva con la población LGBT. El pasado 29 de mayo, la Red Comunitaria Trans registró la muerte de Alejandra, una mujer trans trabajadora sexual quien murió a pesar de haber solicitado una ambulancia por presentar síntomas de COVID-19, dado que el personal médico que acudió se negó a atenderla luego de conocer que vivía con VIH y en el que se presentaron diversos episodios sucesivos de violencia institucional[12]. A la fecha, no se han materializado acciones concretas para garantizar el esclarecimiento del caso.

El caso de Estefany, conocida como “Chispita”, una mujer trans habitante de calle, que vivía con VIH, y de quién comenzaron a circular imágenes de redes sociales en las que se le veía en el suelo implorando ayuda el pasado sábado 13 de junio, ilustra también la falta de atención de las instituciones desde un enfoque diferencial. Después de cuatro horas de no haber sido auxiliada a pesar de los diversos llamados por parte de los vecinos del sector a las autoridades, Estefany fue trasladada a un centro médico, pero ya era demasiado tarde para brindarle atención médica y murió horas después en el mismo centro asistencial[13].

El manejo inadecuado de la situación también se ha dado desde las instituciones carcelarias. Recientemente, se conoció que Daniel Osorno Márquez, conocido como “Pupileto”, un joven gay de 22 años que fue hallado muerto en el baño de una celda aislada del penal El Bosque de Barranquilla, según las autoridades, por ser diagnosticado con COVID-19, a pesar de que ni su familia ni su abogado estuvieran enterados del diagnóstico y de que hubieran denunciado reiteradamente abusos sexuales y episodios de violencia y discriminación en su contra en su paso por la cárcel[14].

Desde Raza e Igualdad, queremos llamar la atención sobre la necesidad apremiante de que el Gobierno Colombiano implemente medidas efectivas para salvaguardar la población LGBT y le insta a:

  1. Fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos de la población LGBT en medio de la pandemia de la mano de la sociedad civil y de las autoridades locales.
  2. Reforzar los esfuerzos para que las autoridades den celeridad a las investigaciones de los asesinatos y agresiones contra la población LGBT, en especial aquellos cometidos contra mujeres trans, y se adelanten los procesos disciplinares y judiciales a que haya lugar a fin de combatir la impunidad en estos casos.
  3. Garantizar que sus protocolos de atención en salud, en especial aquellos que regulan la asistencia de emergencia en medio de la pandemia por el COVID-19 no reproduzcan la criminalización, el estigma y la discriminación sobre las personas LGBT, en especial las personas trans, aquellas que ejercen el trabajo sexual y/o aquellas que viven con VIH.
  4. Fortalecer las acciones de monitoreo, sensibilización y formación en DDHH, en especial en DDHH de personas LGBT, con miembros de fuerzas de seguridad, particularmente de la Policía Nacional y el INPEC[15], así como dar trámite a las denuncias presentadas en contra de funcionarios oficiales y redoblar los esfuerzos para que las investigaciones que se adelanten al interior de estas instituciones por la vulneración a DDHH de personas LGBT no queden en la impunidad.
  5. Involucrar a las comunidades afectadas, incluyendo la población LGBT, en el diseño e implementación de todas las medidas de respuesta ante el COVID-19 para generar confianza, garantizar acciones adecuadas y eficientes, evitar daños indirectos o no intencionados y garantizar el intercambio frecuente de información.
  6. Promulgar medidas de atención y contingencia desde un enfoque de derechos humanos, que respeten la diversidad y el autoreconocimiento de las personas LGBT, sumado a la urgencia de analizar las medidas en clave interseccional, incluyendo un enfoque de raza, migratorio, etario, etc. En el caso de las medidas de segregación por género, como el “pico y género”, urgimos a los gobiernos locales a explorar otro tipo de medidas que eliminen el riesgo de agresión y de vulneración de derechos de las personas LGBT.

De igual manera hacemos un llamado urgente a la CIDH para que refuerce sus mecanismos de monitoreo sobre la situación general de derechos humanos de la población LGBT en Colombia en el marco de la pandemia y le pedimos que le reitere al Estado Colombiano cumplir su obligación de respetar los derechos humanos aún en situaciones de emergencia, recordando que la obligación de los Estados de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la identidad de las personas en mayor estado de vulnerabilidad se intensifica en contextos de emergencia como el que atravesamos.

[1] https://www.elheraldo.co/lgtbi/preocupa-aumento-en-2020-de-homicidios-de-personas-lgbt-734830

[2] https://www.elespectador.com/noticias/politica/alerta-por-crimen-de-mujeres-trans-en-costa-caribe-pese-a-cuarentena/

[3] https://caribeafirmativo.lgbt/asesinan-mujer-trans-suroriente-barranquilla/

[4] https://caribeafirmativo.lgbt/asesinato-brandy-seis-las-personas-lgbti-asesinadas-area-metropolitana-barranquilla-marco-del-aislamiento-social/

[5] https://pares.com.co/2020/03/28/a-todos-los-que-bajen-les-damos-de-baja/

[6] https://www.colombiainforma.info/entrevista-pico-y-genero-o-la-vigilancia-del-genero/

[7]https://pares.com.co/2020/03/28/a-todos-los-que-bajen-les-damos-de-baja/ y https://www.elespectador.com/noticias/nacional/burlas-discriminacion-y-punaladas-la-violencia-que-revela-el-pico-y-genero-articulo-917657/

[8] https://www.facebook.com/RedLGBTIdeBoyaca/photos/a.255356325169408/577495662955471/?type=3&theater

[9] https://twitter.com/redcomunitariat/status/1274290767964581888

[10] https://www.noticiasuno.com/politica/personas-trans-de-barrio-santa-fe-en-bogota-denuncian-crueldad-y-ataques-policiales/

[11] https://twitter.com/redcomunitariat/status/1256652501996240896

[12]http://oldrace.wp/es/espanol/raza-e-igualdad-lamenta-la-muerte-de-alejandra-monocuco-mujer-trans-trabajadora-sexual-en-colombia-y-condena-actos-de-discriminacion-y-violencia-institucioan-basados-en-su-identidad-de-genero/

[13] https://caribeafirmativo.lgbt/abandono-prejuicios-del-estado-hacia-mujeres-trans-continuan-evidenciandose-cartagena/

[14] https://www.elespectador.com/noticias/nacional/muere-pupileto-en-barranquilla/

[15] Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

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