Día del orgullo LGBTI: Los 50 años de la Revuelta de Stonewall

Día del orgullo LGBTI: Los 50 años de la Revuelta de Stonewall

En el día de hoy, millones de personas en todo el mundo conmemoran los 50 años de la Revuelta de Stonewall. Stonewall es considerado un evento histórico para el movimiento LGBTI organizado en el mundo, y lleva ese nombre por cuenta de un evento que ocurrió en un bar gay ubicado en Nueva York llamado Stonewall Inn.

En aquella época, muchos estados norteamericanos trataban las relaciones homosexuales como crímenes, y en Nueva York las personas estaban obligadas a usar ropa de acuerdo con su sexo biológico. Los bares ni siquiera podían vender bebidas para homosexuales o cualquier persona que desafiara la heterossexualidad cisgénero. Eran muy comunes las rondas policiales en que dueños, empleados y clientes eran criminalizados.

El 28 de junio de 1969, policías entraron en el bar Stonewall Inn y comenzaron a arrestar a empleados y clientes. Sin embargo, en vez de simplemente someterse a esa situación, ese día las personas decidieron resistir. Los clientes comenzaron a lanzar monedas a los policías, haciendo referencia a la propina que ellos pagaban para no molestar a los bares. Luego, la revuelta se intensificó e incluso cócteles molotov fueron arrojados a la puerta.

Esta reacción inesperada de personas cansadas de toda la represión de la época dio inicio a una serie de protestas en los días siguientes. Un año después, esas personas organizaron la primera Marcha del Orgullo. Sin embargo, al contar esta historia no se puede correr el riesgo de realizar una lectura que invisibilice a algunas figuras que lideraron esos episodios y que fueron extremadamente importantes para la historia del movimiento LGBTI. Es el caso de Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson.

Voces silenciadas: Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson

Sylvia Rivera fue una de las figuras emblemáticas en las revueltas iniciadas en el Stonewall Inn, y es reconocida como una de las activistas que estuvieron en la línea de frente de la Revuelta, siendo esencial en la agitación y movilización de los manifestantes.

Nacida en 1951 en Nueva York, Sylvia era pobre, latina y prostituta, hija de dos inmigrantes de Puerto Rico y Venezuela, habiendo sufrido durante toda su vida abusos de la policía. Fue abandonada por su padre en los primeros años de su vida y su madre se suicidó cuando Sylvia tenía sólo 3 años de edad. Comenzó a vivir en la calle con 11 años de edad.

Sylvia era muy amiga de Marsha P. Johnson: negra, transgénero, pobre y trabajadora sexual. Nacida en Nueva Jersey en 1945, llegó a Nueva York a finales de los años 60. Aunque poco se sepa sobre su infancia, es conocido que Marsha fue una gran activista política: gritaba en las calles, movilizaba marchas, daba entrevistas y, al igual que Sylvia , era constantemente criminalizada.

Tanto Rivera como Johnson estuvieron en la línea de frente de los procesos de resistencia en Stonewall, pero fueron más que eso. Un año después de la Rebelión, Johnson y Rivera fundaron la organización Street Transvtestite Action Revolutionaries (S.T.A.R.), que daba techo, comida y ropa para unas 50 personas trans que vivían condiciones de pobreza y habitabilidad de calle. Marsha y Sylvia sostenían ese proyecto con el dinero fruto del propio trabajo sexual. Sin embargo, en una entrevista concedida en 1989, Rivera habla que cuando ella y Marsha pidieron ayuda a otras organizaciones de la comunidad, que contaban con profesores y abogados (blancos y de clase media alta) y que podrían ayudar con algunos recursos, esas personas les dieron la espalda. No había nadie para ayudarlas.

De hecho, mientras el movimiento LBGTI crecía, sobre todo hombres gays, en su mayoría blancos, asumieron el liderazgo y relegaron a personas trans como Johnson y Rivera a la periferia porque creían que figuras como ellas, con toda su vestimenta, por un lado, traían más la falta de respeto a la comunidad y, por otro, dificultaban el argumento de que no había ninguna diferencia entre gays, lesbianas y heterosexuales.

El ápice de la tensión fue en la Marcha de 1973, cuando Rivera fue abucheada al recordar que, si no fuera por las drag queens, no habría movimiento de liberación gay y que ellas eran la línea de frente de la resistencia.

Por un orgullo interseccional

La historia de la participación de personas como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera en la Revuelta de Stonewall resalta cómo la comunidad LGBTI no puede ser vista de una manera homogénea, como si todas las experiencias fueran las mismas y, sobre todo, como si los derechos conquistados fueran luchados de la misma forma por toda esa población. No sucede así. Más que eso, esta historia explora los límites de las alianzas dentro de la comunidad LGBTI, que no puede utilizar a las personas trans sólo como un puente para conquistar derechos o status.

Por otro lado, las dos encarnan en sus vidas la interseccionalidad, evidenciando la importancia de considerar varios marcadores sociales para pensar en los procesos de construcción de las identidades, como la raza, la clase, la nacionalidad, la etnia, la identidad y la expresión de género, la orientación sexual, entre otros ejes de opresión.

Johnson y Rivera nos dan la oportunidad de pensar que, más que solamente incluir, por ejemplo, referencias a género en los debates de raza y viceversa, la interseccionalidad debe constituir una herramienta para asumir un compromiso con las experiencias, conocimientos, luchas y las agendas políticas que emerjan a partir de la resistencia a los diversos ejes de dominación y opresión. Ello, sobre todo con aquellas que están en las esferas más bajas del reconocimiento de la humanidad – como fue el caso de Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera-, y sigue siendo el caso de tantas personas trans negras y latinas, que siguen figurando como las víctimas de más violaciones a sus derechos humanos.

En estos 50 años de la Revuelta de Stonewall, Raza e Igualdad desea renovar nuestro compromiso con las resistencias de las personas que tienen sus vidas marcadas por opresiones a partir de su raza, identidad o expresión de género, orientación sexual, clase, nacionalidad y otras, y aprovechamos esa oportunidad para invitar a toda la comunidad LGBTI a comprometerse en una lucha por igualdad que no cierra los ojos para aquellos y aquellas que no gozan de los privilegios blancos, cisgénero, masculinos y de clase, o cualquier condición que les permita experimentar una humanidad que no es experimentada por todos/as. La lucha por la igualdad no puede dejar de lado a los que más la necesitan.

Os 50 anos da Rebelião de Stonewall

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Estado cubano prohibe la salida de cinco activistas que participarían de la Asamblea General de la OEA en Colombia

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la decisión de las autoridades cubanas de denegar la salida del país a cinco activistas y defensores de derechos humanos que se disponían a participar de actividades que realizaremos en el marco de la 49a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos “ Innovando para fortalecer el multilateralismo Hemisférico” a realizarse en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio del año en curso.

En horas de la mañana, de este lunes 24 de Junio, las activistas Maricél Nápoles e Ileana Colas, de la organización “Movimiento Mujeres Esperanza” de Santiago de Cuba, fueron informadas por autoridades de migración que se encontraban “reguladas”; ante el cuestionamiento de las activistas, el oficial de migración argumentó que “ellos no ponen ni quitan regulaciones, que debió haber sido algún ministerio y que podría viajar hoy si se resolvía el problema”.

Por su parte, el activista y director de la organización Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo, fue informado en su casa, por un mayor del ejercito que se identificó como “Alejandro”, que no podría viajar, indicando que “se mantuviera en su vivienda, y que no habría salida para Colombia ni para él, ni para nadie que fuera a viajar a la Asamblea General de la OEA”. Esta es la tercera vez que al activista y defensor de los derechos humanos se le impide salir a una de nuestras actividades en este año.

Así mismo, el activista Jimmy Roque de la organización Guardabosques y de la organización LGBTI Proyecto Arcoíris fue informado en el aeropuerto por autoridades de migración que no estaba autorizado a dejar el país porque se encontraba “regulado”. Cabe resaltar que Jimmy Roque fue uno de los activistas que el pasado 11 de mayo fue detenido durante 24 horas para impedirle participar en la marcha alternativa LGBTI de Cuba. Esta sería la segunda vez que se le impide al activista abandonar el país.

Finalmente, la activistas Madelyn Rodríguez, integrante de la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica de Pinar del Río en Cuba, después de haber pasado el proceso de chequeo se le informó en migración que estaba regulada y que “por lo menos hoy no podría viajar”. Ante el cuestionamiento de la activista, el oficial de migración señaló que ellos sólo eran un órgano ejecutor, razón por la cual desconocían el motivo; sin embargo, indicaron que debido a la Asamblea General de la OEA no podría salir del país. Esta es la segunda vez que se le niega a Madelyn la salida.

Los activistas y defensores de derechos humanos habían sido invitados por Raza e Igualdad para participar del Foro Interamericano contra la Discriminación, espacio de diálogo y reflexión en el marco de la Asamblea General de la OEA, en el que participarían Epsy Campbell Vicepresidenta de Costa Rica y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y de la Relatoría por los Derechos de las Mujeres en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Además se esperaba que las y los activistas participaran en el diálogo con el Secretario General de la OEA Luis Almagro, y en el diálogo formal con los Ministros de Relaciones Exteriores del Hemisferio.

Recordamos, que si bien es cierto el gobierno cubano está suspendido por la OEA, la sociedad civil independiente cubana sí puede participar de las actividades de esta organización en legítimo uso de sus derechos.

Raza e Igualdad acaba de finalizar un análisis sobre la administración de justicia en Cuba, en el que logra identificar que el régimen cubano utiliza las “regulaciones” de defensores y defensoras de derechos humanos para salir del país, con el fin de obstaculizar las denuncias de violaciones a los derechos en escenarios internacionales.

Como organización comprometida con la defensa y promoción de derechos humanos continuáremos apoyando a la sociedad civil independiente cubana en la exigibilidad de sus derechos, así como seguiremos demandando el cumplimiento al estado cubano con las obligaciones que ha asumido en esta materia.

Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora participan en taller sobre Sistema Interamericano de cara a la 49ava Asamblea General de la OEA

Washington, D.C. Junio 6 de 2019.  En compañía de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo el taller “Organización de Estados Americanos – OEA.  Funcionamiento y órganos” un espacio de diálogo, capacitación y encuentro que tenía por objetivo presentar, ante las mujeres representantes de los diferentes nodos que integran la Red en la región, el funcionamiento, estructura y sistema de protección de derechos humanos de la Organización de Estados; esto de cara a la 49ava Asamblea General de la OEA a realizar el próximo 25 de junio en Medellín, Colombia.

El taller que contó con la participación de enlaces e integrantes de la Red de Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Guatemala y Uruguay; además permitió el intercambio de saberes entre organizaciones de la región que han venido realizando incidencia en organizaciones del Sistema Interamericano como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A lo largo del taller, llevado a cabo durante los días 30 y 31 de mayo en la ciudad de Cali, se describió la situación de derechos que enfrentan las mujeres afrodescendientes en cada uno de los países representados en el espacio; así como los retos que esto representa para el reconocimiento, garantía y protección de sus derechos a la luz de los diferentes compromisos internacionales que en su mayoría fueron asumidos por los diferentes Estados de la Región.

En este sentido, oficial de Raza e igualdad presentó los diferentes mecanismos de protección de derechos que proporciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las diferentes formas en que las organizaciones pueden presentar sus casos ante esta organización.

Así mismo, el escenario de encuentro posibilitó la configuración y articulación de las bases para la construcción del discurso que la representante de la Coalición Afrodescendiente, Erlendy Cuero Bravo, presentará durante el espacio de diálogo de la Organización de Estados Americanos con la Sociedad Civil durante la Asamblea General de la OEA.

La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora es un espacio de articulación y empoderamiento de las mujeres afrodescendientes para la construcción y reconocimiento de sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales, libres de racismo, de discriminación racial, sexismo y de exclusión, y promoción de la interculturalidad.

Conversatorio: Mujeres que Conquistan – Diálogo con organizaciones Afrocolombianas y LGBTI sobre recomendaciones de la CEDAW al Estado Colombiano

Bogotá, Colombia. 28 de mayo de 2019.  El pasado jueves 30 de mayo de 2019 en compañía de mujeres afrodescendientes y LGBTI se llevó a cabo en la ciudad de Cali, Colombia el conversatorio “Mujeres que Conquistan” un diálogo con organizaciones afrocolombianas y LGBTI sobre las recomendaciones realizadas por el Comité para la Eliminación contra la Discriminación de la Mujer – CEDAW al Estado colombiano el pasado mes de febrero del año en curso.

Este espacio de diálogo que contó con la participación de lideresas que tuvieron la oportunidad de socializar ante el Comité CEDAW la situación de derechos que enfrentan especialmente las mujeres afrodescendientes y LGBTI en Colombia, se propuso como un escenario para analizar y construir estrategias de seguimiento a dichas recomendaciones que el Estado colombiano debería adoptar para reconocer y salvaguardar los derechos de estos grupos sociales históricamente discriminados y marginados.

Durante el espacio de reflexión las mujeres hicieron hincapié especialmente sobre los retos que refiere para el movimiento social y las organizaciones de mujeres hacer seguimiento a las recomendaciones realizadas por el Comité CEDAW; además de hacer mención sobre el largo camino que todavía falta recorrer para reconocer las afectaciones diferenciadas que las mujeres afrodescendientes, por su historia de violencia, marginalidad y discriminación, enfrentan en el contexto actual marcado especialmente por nuevas dinámicas de conflicto en el territorio.

Así mismo, a lo largo del conversatorio, se reflexionó sobre la importancia de visibilizar espacios de incidencia como la revisión del Comité CEDAW al estado colombiano en materia de derechos humanos y la manera como los diferentes procesos organizativos pueden hacer uso de estos escenarios para visibilizar, documentar y denunciar violaciones a los derechos fundamentales.  Así mismo, se hizo un llamado para reconocer dentro de los informes construidos por las diferentes organizaciones las afectaciones que sufren mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diverso.

La 72va Sesión del CEDAW en Ginebra, Suiza, del pasado 18 de febrero de 2019, contó con la participación de las representantes AfroColombianas: Luz M. Becerra y Ángela Ramírez de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Emilia E. Valencia de Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), Charo Mina del Proceso de Comunidades Negras (PCN), y por parte de la comunidad LGBTI, representada por Vivian Cuello de Caribe Afirmativo.

CEDAW, es el órgano de la ONU a cargo de monitorear la implementación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La activa participación de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), y Caribe Afirmativo, fue esencial para informar sobre la realidad de las poblaciones que estas organizaciones representan.

Descargue aquí principales motivos de Preocupación y Recomendaciones de la CEDAW

Observaciones Finales sobre el Novenoavo informe periódico de Colombia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

¡Afrocolombianos fuerza y esperanza de un país en Paz!

El 21 de mayo se conmemora en Colombia el Día Nacional de la Afrocolombianidad, fecha establecida en la Ley 725 de 2001 para rememorar la libertad del pueblo negro y su lucha por conseguirla.  En este día visibilizamos el aporte en la construcción de país de los pueblos afrodescendientes, negros y palenqueros, la recuperación de la memoria histórica, las apuestas organizativas para el desarrollo de los territorios étnicos y sobre todo la defensa de la vida en todas sus dimensiones.

El Decreto 725 establece que los municipios del territorio nacional deben velar por la inclusión y garantía de acceso de las personas afrodescendientes a la salud, educación, trabajo e igualdad de condiciones a la vida social, política y económica del país. Sin embargo, después de 168 años de abolición de la esclavitud en Colombia, aún persisten estructuras que impiden un desarrollo real e incluyente de la población afro, realidad que se exacerba por la evidente desatención del Estado en los territorios donde habitan mayoritariamente estas comunidades.

Las históricas luchas que líderes y lideresas han tenido que sobrellevar para conservar no solo su territorio, sino garantizar la preservación de sus vidas, hacen que un día como hoy la reivindicación con la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, vaya más allá de la realización de actividades conmemorativas, espacios sumamente importantes para recordar la deuda que aún tenemos con el pueblo afrodescendiente, pero que deben trascender para que sea una realidad en el presente colombiano la construcción de estructuras sociales que posibiliten condiciones de vida digna, oportunidades laborales reales y la protección de defensores y defensoras de derechos humanos afrodescendientes que a través de su lucha y trabajo defienden la vida, la paz y el territorio.

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) continuaremos apoyando, acompañando y haciendo nuestra la defensa de los derechos de las comunidades, personas y organizaciones afrocolombianas.  Nuestro llamado continúa siendo que el Estado colombiano recuerde los compromisos internacionales asumidos en relación a la defensa y protección de los derechos de las personas afrodescendientes, establecidos en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.  Así mismo, animamos para que la participación en las actividades establecidas en el plan de acción del Decenio Internacional para los Afrodescendientes sea activa y efectiva de cara a la apuesta por cerrar brechas y círculos de exclusión, marginación, discriminación y racismo en Colombia.

Instamos a la comunidad internacional para que continúe monitoreando la realidad de los pueblos afrocolombianos, significativamente golpeados por las múltiples situaciones de violencia que aún después de la firma del acuerdo de paz siguen amenazando la vida e integridad de los pueblos étnicos; realidades que se convierten en una piedra en el zapato para la construcción de una Colombia justa, igualitaria, sin racismo, ni discriminación.

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

En la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia recordamos la necesidad aún latente de que los Estados del mundo, especialmente de la Región Latinoamericana y el Caribe, continúen trabajando para que la inclusión, reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con identidades sexuales y expresiones de género diversas sean pilares fundantes de la construcción de políticas públicas y acciones afirmativas que orienten la arquitectura de sociedades diversas, en paz y justicia social.  

Aunque han sido considerables los avances en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo, aún persisten violencias que atentan contra la integridad física y moral de las personas que expresan orientaciones sexuales o identidades de género diversas.  La complicidad social parece ser uno de los fenómenos que estructuralmente han imposibilitado la superación de las violencias contra las personas LGBTI, por lo tanto, realidades que someten a estas personas a estados de marginación social como la falta de acceso a servicios de salud, educación, trabajo, hacen parte de las condiciones que socialmente se normalizan por el hecho de vivir como una persona diversa, lógicas que sólo reproducen la pobreza, discriminación y vulneración en las esferas sociales cuando de garantía de derechos se trata.  

En América Latina y el Caribe, los actos de exclusión, discriminación y odio, están basados en muchas ocasiones en creencias o principios religiosos, dogmas que someten la construcción identitaria de las y los individuos a normas de género,  que no reconocen expresiones diversas de ser o vivir, razones por las cuáles el estigma que enfrenta esta población para hacer efectiva la exigibilidad de los derechos pasa por la conquista de una serie de espacios sociales y políticos que por derecho cualquier ser humano cuenta, pero que para estás personas son negados a causa de su realidad. 

Radiografía social de América Latina y el Caribe para personas LGBTI 

La radiografía social de las personas LGBTI para el 2019 en América Latina y el Caribe continúa siendo bastante desalentadora, especialmente por la conquista de espacios de participación y escenarios de toma de decisión que en el pasado ya habían sido ganados, pero que por empeño, desconocimiento y estigma de grupos fundamentalistas se han visto nuevamente amenazados.    

De igual forma, resulta muy preocupante como las motivaciones prejuiciadas continúan siendo uno de los principales móviles de homicidio de las personas LGBTI, caracterizados además por ser ejecutados con crueldad excesiva. Estas cifras, generadas principalmente por la sociedad civil, contrastan con la falta de interés de los Estados en fortalecer sus propios registros frente a estas violencias y documentar e investigar adecuadamente estos hechos. 

Brasil, por ejemplo, es considerado uno de los países donde más personas trans son asesinadas según el último informe de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE).   De acuerdo con el informe, solamente en el 2018 un total de 163 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, hechos que según la presidenta de ANTRA, Keila Simpson, se identificaron durante el período electoral por discursos incitadores en contra de la población LGBTI por parte de los candidatos a la presidencia.   Esta situación continua siendo una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGBTI, especialmente porque el actual gobierno en cabeza de Jair Bolsonaro, ha sido enfático en desconocer e invisibilizar la situación de derechos de esta población.  

De igual forma, en República Dominicana la situación de las personas LGBTI continua siendo alarmante, especialmente por la falta de políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan espacios de inclusión social; muchos son los casos que organizaciones de sociedad civil reportan al año de esta violencia, pero poco o nada son tenidos en cuenta por medios de comunicación nacional u entes estatales; situación que, según lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual,   genera mayor discriminación contra las personas LGBTI agravándose al intersectarse con otros factores como la nacionalidad, raza, etnia, creencia, género, etc.   

Esta situación de desconocimiento estatal de los derechos de las personas LGBTI en República Dominicana, promueve además espacios de violación y/o agresión aceptados socialmente, incluso por autoridades estatales, tal y como lo señala el último informe publicado por Amnistía Internacional y TRANSSA Trans Siempre Amigas, en relación al abuso, maltrato y hostigamiento policial hacía mujeres trans trabajadoras sexuales, quienes son sometidas a constantes actos de violencia por parte de la policía a causa de su identidad de género.  

Otro de los elementos a tener en cuenta durante este día, está atravesado por la afectación que las personas con identidad sexual y expresiones de género diversas presentan en relación al acceso a la justicia; particularmente porque las leyes y planes de acción estatal de la mayoría de los países de la región han desconocido parcial o completamente que las afectaciones de esta población son diferenciadas y por tanto los mecanismos de reparación deben ser pensados como tal.  Ejemplo de esto es el caso de Colombia durante el proceso de paz.  Según el Registro Único de Víctimas se reporta que fueron víctimas del conflicto armado 3.368 personas reconocidas como LGBTI, siendo las principales causas de registro el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, teniendo en cuenta que una persona pudo sufrir varios hechos.   

Resulta evidente, entonces, que las personas LGBTI regularmente ya sea por su orientación sexual o identidad de género son víctimas de múltiples afectaciones, pues el impacto de las dinámicas sociales las pone en desventaja en relación al del resto del conjunto social; así, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer trans, afrodescendiente que vive en zonas rurales, las afectaciones de un conflicto, como el Colombiano, deben pensarse desde esta triple arista.  Justamente esta interseccionalidad por la que atraviesan la mayoría de las personas LGBTI no son contempladas por los Estados al momento de garantizar sus derechos siendo revictimizadas por una lectura incompleta de sus realidades. 

Retos para la inclusión 

 Ciertamente romper con las dinámicas de pobreza, exclusión y marginación social de todas las personas LGBTI, pasa por promover la prosperidad compartida para todos los grupos sociales, y esta tarea de los Estados debe estar en línea con los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “no dejar nadie atrás” retomando las cinco áreas priorizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al respecto de las personas LGBTI:  1) Bienestar económicos; 2) seguridad personal y violencia; 3) Educación; 4) Salud y 5) Participación Política y Cívica.  

Existen aún muchos retos para la región en materia de garantías de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en lo relacionado con la consolidación de datos en la Región acerca de su situación de derechos; la carencia de datos impide avanzar en acciones afirmativas que materialicen los puntos anteriormente señalados y así lograr espacios reales de reconocimiento, participación y toma de decisión de las personas LGBTI.  

Una primera estrategia de trabajo que podrían adoptar los gobiernos en la región, es la de tomarse muy seriamente la implementación de políticas interseccionales que reconozcan las múltiples vivencias que pueden residir en una misma persona. El reconocimiento de que las personas no existen únicamente bajo la categoría racial, etaria, orientación sexual o identidad de género, debería ser consecuente con la consolidación de políticas que reconozca las brechas sociales y económicas que se han forjado en forma compleja en torno a las personas en razón a las múltiples “categorías de análisis” que pueden cohabitar en ella. Pensar en políticas sociales segmentadas sigue aislando a las personas y generando barreras para el acceso integral a derechos. 

En segundo lugar el reconocimiento de poblaciones especialmente vulneradas que requieren una intervención articulada y urgente del Estado. La violencia homicida y abusos por parte de agentes de los Estados contra las personas trans en general y las personas Afro-LGBTI en particular, da cuenta de una situación que no da espera. La existencia de una discriminación estructural que requiere una intervención de largo aliento, debería ser prioritaria para los Estados en la región, si se desea reducir sustancialmente la violencia homicida y los abusos por parte de agentes de seguridad contra los mencionados grupos sociales. 

Finalmente, la persistencia de un contexto cada día más proclive a los fanatismos religiosos que atentan no solamente contra la seguridad e integridad de las personas LGBTI, sino además contra el Estado democrático y laico, es un riesgo importante que debería preocupar a los gobernantes latinoamericanos. Los fanatismo religiosos son un boomerang que termina por golpear a sus mismos promotores. Las tácticas de señalamiento moral, represión sexual, y criminalización bajo preceptos de fe, generan inestabilidad social y llevan a la radicalización de opiniones y acciones. La defensa del Estado laico es más necesario que nunca cuando grupos religiosos específicos se intentan imponer sobre otros en forma violenta. 

Pronunciamiento  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en esté día une su voz a las miles de organizaciones en el mundo que trabajan por la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, especialmente para que la “Justicia y Protección para Todas las Personas ” sea una realidad asumida por los Estados y que para ello materialice las políticas y acciones pertinentes para proteger a quienes históricamente han sido más vulnerables y han sido oprimidos por el abuso de poder, ya sea por la fuerza física o por la fuerza de las creencias impuestas desde el desconocimiento de los derechos humanos. 

Hacemos igualmente un llamado a los Estados para que conscientes de la necesidad de generar espacios de participación e inclusión promuevan mecanismos pedagógicos de sensibilización y diálogo para que la brecha de desigualdad, discriminación y marginalidad sea erradicada.  

Instamos, así mismo, a la comunidad internacional continuar pronunciándose a favor de la exigibilidad de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en este momento de crisis para los derechos humanos en toda la Región de América Latina y el Caribe. 

Líderes y lideresas Afro LGBTI participan de la 3ª jornada de trabajo para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI en Perú

Washington, D.C. Mayo 12 de 2019 –

El Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), adelantó los días 7 al 11 de mayo la tercera jornada de trabajo para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI en la ciudad de Lima, Perú. En esta oportunidad, para hablar sobre la presentación de peticiones individuales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos -SIDH-.

La jornada contó con la participación de activistas afro-LGBTI de Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú. En esta ocasión, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti, fue la organización anfitriona del evento y coordinó la participación de todo el grupo en dos importantes espacios para el intercambio de experiencias:  un espacio de diálogo con la Casa Trans Zuleymi y una sesión de dialogo con activistas afro y LGBTI  con el Regidor  de Lima Manuel Siccha.

Durante la visita a la Casa Trans Zuleymy, el grupo tuvo la oportunidad de conocer de forma directa el contexto local de la población trans peruana. La discriminación y violencia estuctural por razones de identidad de género son el común denominador de muchas de las usuarias de la casa. Así mismo, la denegación institucionalizada de la identidad de las personas trans por la falta de reconocimiento de la Identidad de Genero a nivel legal en el Perú, sigue siendo un problema que complejiza aún más, el contexto de vida de las personas trans. Sin embargo, la Casa Zuleymi  bajo la Dirección de Miluska Luzquiños, constituye una experiencia de trabajo comunitario que resiste a la violencia y fortalece los vínculos de solidaridad entre las mujeres trans, generando propuestas de cambio y transformación social.

De igual forma, el grupo de trabajo tuvo la oportunidad de conocer directamente del Ponente el Regidor de Lima Manuel Sicchala , la ordenanza anti discriminación que promueve el respeto a la diversidad y sanciona prácticas discriminatorias por género, orientación sexual y raza en la ciudad. La Ordenaza continua un proceso de crecimiento en políticas locales en Lima que abren las puertas al respeto a las personas LGBTI y racializadas.

Paralelamente a estas actividades, el grupo de trabajo tuvo la oportunidad de compartir sus experiencias con relación al proceso de investigación que adelantan acerca de violaciones a los derechos humanos de las personas Afro-LGBTI en sus respectivos países. Si bien todas las organizaciones compartieron sus experiencias y estrategias de trabajo en dicho proceso, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas compartió en profundidad su trabajo de investigación y sensibilización con las mingas (redes comunitarias) afro/negras en los diversos nodos que la integran en Colombia, propiciando en distintos espacios la reflexión sobre la intersección Afro-LGBTI.

De igual manera, en el curso del taller y en la discusión sobre las violaciones a Derechos Humanos susceptibles de ser conocidas como peticiones individuales por el SIDH, llamó la atención la situación actual de violencia contra la población afro y LGBTI en Brasil. La persistencia de trans-feminicidios ocurridos en Brasil a lo largo de varios años fue destacado por los reconocidos activistas Alessandra Ramos del Instituto Transformar y Washington Dias de la Red Negra LGBT de Brasil. Este taller será replicado por las organizaciones participantes, como parte del proceso que se adelanta para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los participantes a este encuentro.

Raza e Igualdad condena atentado contra líderes y lideresas afrocolombianas

Fotografía tomada de:  Verdad Abierta

Colombia, 6 de mayo. 2019.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos rechaza de manera contundente los hechos presentados el pasado sábado 4 de Mayo en el Norte del Cauca hacía líderes y lideresas sociales de la organización Afrocolombiana Proceso de Comunidades Negras PCN, quienes fueron atacados con disparos y una granada por hombres armados mientras se encontraban reunidos en La Trinidad, Vereda Lomitas.

Como organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos condenamos todo acto que va en contra de la vida, especialmente los actos que de manera sistemática han venido amenazando y acabando con la vida de defensoras y defensores de derechos humanos del territorio colombiano sin contar aún con garantías y una respuesta contundente por parte del Estado.

Somos conocedores del valioso trabajo por la defensa de los Derechos Humanos que realizan las organizaciones afrocolombianas y su aporte esencial en la construcción de un país en paz y con equidad.  La protección de los líderes y lideresas colombianos hace parte de la construcción de una sociedad que defiende la vida, el territorio, la igualdad y la justicia.

Hacemos un urgente llamado a la comunidad internacional para continuar pronunciándose y demandar al Estado Colombiano la protección de las y los líderes sociales que enfrentan graves situaciones de seguridad a lo largo y ancho del país; muestra de esto son los 35 líderes asesinados durante los primeros cuatro meses transcurridos del año.

En Colombia, este 21 de mayo se conmemoran 168 años de abolición de la esclavitud, que esta no sea solo una fecha para exaltar de forma mediática a los afrocolombianos, sino que sea un motivo tomar las medidas necesarias para hacer de Colombia un país con una real inclusión, un país donde los derechos humanos de todos y todas sean garantizados y donde ejercer la defensa de la vida y la paz no sea ¨delito¨.

RESISTENCIA COMUNITARIA: Violencia a personas LGBTI en Tumaco, Colombia

Tumaco volvió a revolcar las noticias este pasado mes por cuenta de una crisis humanitaria que no cesa. El tema Afro LGBTI no aparece en ningún lado de la agenda de urgencias, pero iniciativas comunitarias luchan por cambiar esta realidad.

UN LUGAR HISTÓRICAMENTE DISPUTADO

Tumaco es un municipio históricamente peleado por actores armados debido al comercio y exportación de drogas ilícitas, así como ser el municipio con la tasa más alta de presencia de cultivo de coca en el país, ascendiendo en 2018 a 19.000 hectáreas de plantación.

La población civil continúa siendo la receptora de estos ataques por la presencia de diferentes actores armados en la región. La violencia recrudece para las personas Afro LGBT, quienes viven la exclusión incluso desde sus círculos familiares y sociales más cercanos hasta las grandes instituciones estatales.

La zona enfrenta una crisis política que no resuena en medios nacionales. El alcalde electo de Tumaco se encuentra bajo medida de aseguramiento en la Cárcel regional por la presunta comisión de una serie de delitos asociados a una supuesta desviación de fondos millonaria. Esto es un ambiente propicio para que se recrudezca la violencia, porque no hay instituciones suficientemente fuertes desde lo local para garantizar derechos fundamentales a los habitantes.

LA PUNTA DEL ICEBERG: SITUACIÓN DE PERSONAS AFRO LGBTI

Es clave discutir la intersección entre la vulneración de derechos existente, con el hecho de hacer parte de un grupo históricamente discriminado como lo es el de las personas Afro LGBTI. Esto, entendiendo que las comunidades afrocolombianas han sido relegadas a ocupar espacios periféricos en el país y a vivir en condiciones de pobreza extrema de forma reiterada y debida a un racismo imperante del que no se habla.

La mera existencia de personas Afro LGBTI en la región incomoda a los sectores armados debido a prejuicios asociados a la delincuencia, la pobreza, la pandemia, entre otros. Para colmo de males, esta moral prejuiciosa es compartida por otros miembros de su misma comunidad. Así, la posibilidad de consenso social y empatía se rompe incluso desde espacios familiares

Desde el prejuicio se les somete a formas crudas de violencia en las que se pueden contar amenazas, tortura u homicidios, ya sea desde el hogar, la calle o incluso el espacio de la institucionalidad. Adicionalmente, no existe un reproche social en la comunidad que evidencie que estos actos de violencia se están cometiendo con una crudeza particular. Este problema estructural entonces queda en silencio colectivo en el que se necesita más trabajo para desbancarlo.

De acuerdo con Nixon Ortiz, director de la Fundación Afrocolombiana Arcoiris de Tumaco, la población Afro LGBT se enfrenta a violencia verbal y física. En el contexto del conflicto armado hay situaciones graves de desplazamiento forzado, y nada se denuncia en su totalidad por miedo, por lo que la población aún no ha podido contar toda su verdad. La zona vive aún una situación de violencia, pero la dinámica es diferente. Parece que se vive en una relativa calma, pero “antes había más ruido, ahora [la violencia] se hace de forma más silenciosa”, lo que le preocupa bastante. Y es entendible su preocupación. Ante casos “ruidosos”, la respuesta institucional y social no ha sido suficiente. Ahora, en el contexto de demostraciones más sutiles, los canales de ayuda pueden ser incluso más débiles.

La solución no se ve pronta. Incluso Nixon comenta que ese camino es difícil en un país colapsado y polarizado con un Estado que no está en capacidad de responder a las necesidades de las víctimas en acceso a derechos y condiciones dignas de vida, contando además con sectores del poder de tendencias radicales en el país que se nutren de esta situación de violencia.

Sin embargo, Nixon recuerda que desde la provincia es donde se vive la violencia, y desde la sociedad civil es donde se están construyendo alternativas de reconstrucción de tejido social, mencionando iniciativas que resaltan el patrimonio cultural legado de sus ancestros y que les fue arrebatado por la violencia al sacarles de sus territorios ancestrales y privarlos de su cultura afro, con factores como la música, la poesía, o los cantos. Así, reitera cómo es imperativo que “el Estado se siente a conversar con los locales”.

“HOY SOMOS MUCHOS MÁS”: RESPUESTAS DESDE LA REGIÓN

La actualidad política no promete por ahora proteger los derechos de las personas LGBTI en Tumaco. No obstante, las personas hacen frente a sus violencias desde lo comunitario. Es indispensable que estas acciones se visibilicen más, pues nos pueden dar luces para entender otro tipo de alternativas en la búsqueda de la reconciliación y verdadera construcción de paz. El hecho de poner un foco en ellas -y más importante aún, garantizando condiciones de seguridad para quienes participan-, puede ser una fuente muy importante de conocimientos que desde el centro del país y desde las altas esferas del poder no se están siquiera considerando.

Para Nixon las organizaciones de base aportan a la construcción social a partir de pedagogía desde lo regional con una mirada étnica. Así, propone que el Estado podría darle más atención a este tipo de proyectos, pensando más allá de la mera financiación.

Arcoiris también trabaja con el Gobierno Local por su presencia en territorio. Así, han trabajado con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Género de Tumaco, y el Departamento de Nariño. Como avances, Arcoiris ha visibilizado la población LGBTI de Tumaco, y ha logrado reconocimiento a nivel local, nacional e internacional. Todo esto, sin olvidar cómo también ha generado mayor conciencia ciudadana a la misma población LGBTI de sus derechos. De esta manera, Nixon comenta: “en el pasado, cuando nosotros iniciamos éramos muy poquitos, hoy somos muchos más.”

Arcoiris demuestra cómo personas excluidas deciden reunirse, romper el silencio social de las violencias que se ejercen sobre sus cuerpos y proponer soluciones desde la acción comunitaria. Así, estas acciones ponen sobre la mesa una serie de asuntos que no se estaban discutiendo en la región. A su vez, se generan lazos de afecto y apoyo con estas personas que viven la violencia por prejuicio en el territorio.

LO LGBTI EN LA AGENDA TUMAQUEÑA

El proyecto comunitario de Arcoiris se realiza respetando las diferentes particularidades de las personas, pero busca que las acciones se realicen pensando en un proyecto que rechace las divisiones. Con ello, convoca a la unidad regional con un enfoque étnico. También reitera el compromiso comunitario como algo más allá a un evento, invitando a su vez a sus aliados para que sigan apoyando “de una manera concertada mirando la necesidad del territorio para poder avanzar.”

En Tumaco se vive una situación estructural de violación de derechos humanos que efectivamente azota de mayor forma a las personas Afro LGBTI. Se las despoja de su cultura, de sus redes de apoyo, y viven en situaciones de precariedad que en las grandes urbes del país no estamos imaginando. Por eso, la atención tiene que estar en la protección de estos proyectos, de estos liderazgos comunitarios como el de Arcoiris para generar espacios de equidad.

Esta equidad no solo debe pensarse desde la presencia de agencias del Estado. Es claro que dentro de un Estado Social de Derecho la presencia de instituciones que garanticen condiciones de vida dignas a la población es un deber, y en Tumaco hay una deuda histórica con la población por la garantía de estos servicios primordiales. Sin embargo, la equidad social empieza también por la generación de nuevas concepciones de comunidad desde la diversidad, desde lo étnico, desde un enfoque que incluya diferentes formas de concebir la sexualidad y el género. Todas estas apuestas construyen paz, deben ser visibilizadas por el Estado y protegidas para que reiteradamente reconstruyan una sociedad que ha sido azotada desmedidamente por una violencia que sí distingue entre raza, género, sexo, clase, y todo tipo de estructuras de opresión.

Sobre el Autor:

Cristina Annear
Abogada Junior para Colombia de Raza e Igualdad

COMUNICADO: Raza e Igualdad hace un llamado a la paz, la justicia y la democracia para Venezuela

Colombia, 1 de mayo de 2019. Este 30 de abril el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la población venezolana a unirse a la “Operación Libertad”, una manifestación masiva para dar inicio a lo que él mismo denominó “comienzo del cese de usurpación” del régimen de Nicolás Maduro. Junto a Guaidó, quien a tempranas horas de la mañana hizo el llamado desde la base militar “La Carlota”, en la capital, también estaba Leopoldo López, quien hasta ayer era un prisionero político que guardaba casa por cárcel y que fue liberado por Guaidó con la ayuda de los militares que lo custodiaban. El régimen de Maduro calificó estas acciones como un intento de golpe de Estado.

La población, no obstante, salió a protestar a las calles para pedir y exigir a las fuerzas militares acudir al llamado a la justicia y libertad del pueblo venezolano, pero la Policía y Guardia Nacional aún aliados del régimen de Maduro reprimieron a los manifestantes de varias ciudades del país dejando decenas de heridos por atropellamientos, perdigones y efectos de gases lacrimógenos.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente la violencia y represión ejercidas por las autoridades venezolanas contra el pueblo que en su legítimo derecho a la protesta demanda justicia, democracia y libertad.  Urgimos al Estado Venezolano cesar la violencia y garantizar la paz y la garantía de los derechos a la vida, la libertad de expresión y opinión, así mismo como la integridad de la vida de las y los manifestantes que hoy hacen un llamado a la democracia por la vía constitucional.

Hacemos un urgente llamado a la comunidad internacional para continuar pronunciándose ante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela, que ha dejado más de tres millones de desplazamientos de la población hacía diferentes países de la región, según lo reportado por ACNUR Americas; así como graves lesiones a los derechos fundamentales del pueblo que continúa exigiendo su libertad.

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