Con el apoyo de Raza e Igualdad, organizaciones de la sociedad civil se preparan para presentar informes sobre la situación de derechos humanos de las mujeres Colombianas ante la CEDAW

Con el apoyo de Raza e Igualdad, organizaciones de la sociedad civil se preparan para presentar informes sobre la situación de derechos humanos de las mujeres Colombianas ante la CEDAW

El pasado mes de septiembre de 2018, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en marco de proyecto sobre justicia racial financiado por la Fundación Ford, realizó un taller de capacitación orientado a mejorar los conocimientos sobre Sistema de Naciones Unidades, especialmente sobre sus órganos de tratados. Las organizaciones participantes incluyeron a representantes de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES); la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA); y el Grupo de Apoyo a Mujeres Trans (GAAT).

El espacio tuvo por objetivo el fortalecimiento técnico de las organizaciones en cuanto a sus conocimientos sobre los órganos de tratados del Sistema de Naciones Unidas. Se hizo énfasis en el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), dado que el Estado de Colombia será revisado ante este Comité en febrero de 2019. Uno de los resultados del proyecto, es que con la asistencia técnica de Raza & Igualdad, las organizaciones preparen Informes Alternativos para enviar al Comité.

Con dicha acción de incidencia, se espera que el CEDAW incluya en la revisión y las observaciones finales, los análisis y recomendaciones planteadas por las organizaciones en sus Informes Alternativos.

El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), por sus siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La incidencia sobre la CEDAW es de gran relevancia para las organizaciones participantes en este taller dada la baja prioridad que ha tenido para el Estado colombiano las políticas que reconozcan las formas agravadas de discriminación y violencia derivadas de la intersección entre el género, la raza, y /o la orientación sexual y la identidad de género. Para AFRODES y CNOA, la atención que el CEDAW preste a la situación de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto es una necesidad estratégica, asi como lo es para el GAAT que se visibilice la situación de las mujeres trans.

Raza & Igualdad continuara ofreciendo el apoyo técnico para estas organizaciones puedan preparar sus Informes Alternativos ante el CEDAW, y fortalecer sus capacidades de incidencia para el uso de los demás mecanismos internacionales para la protección de los derechos humanos.

El 26 de octubre conmemoramos el Día Internacional de la Conciencia Intersex

En el marco del día Internacional sobre la Conciencia Intersex, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado a poner fin a la discriminación, exclusión, tortura, patologización, medicalización innecesaria e invisibilización que afecta a las personas intersex y a sus familias en la región. En este sentido, Raza e Igualdad recuerda que las personas intersex son aquellas cuya anatomía sexual no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo “femenino” o “masculino”. Sin embargo qué quiere decir esto? Proponemos a continuación algunas preguntas y respuestas para acercarnos de mejor manera a este tema:

¿Es la intersexualidad lo mismo que el hermafroditismo?

No. Aunque en el imaginario cultural se asocie al “hermafrodismo” con la figura de la literatura griega dotada de características sexuales externas asociadas a la presencia de pene, vulva y senos, el hermafroditismo realmente hace referencia en botánica y zoología a la capacidad reproductiva de una planta o animal que incluso puede auto-fecundarse. Cuando nos referimos a personas, existe consenso en la comunidad científica en el sentido de que es más adecuado referirnos a la intersexualidad. Algunos activistas como Mauro Cabral prefieren referirse a si mismos como personas intersex, dando un valor político a esta discusión por fuera de las discusiones médico-legales.

¿Es la intersexualidad lo mismo que el transgenerismo?

No. Aunque ambos conceptos pueden llegar a encontrarse, es importante tener claro que:

  1. La intersexualidad es una característica biológica que está asociada al desarrollo genético y corporal de las personas (lo que tradicionalmente llamamos sexo) y puede ser visible externamente en el cuerpo de la persona desde el momento de su nacimiento.
  2. El transgenerismo está más asociado a la construcción que hace de si misma una persona en el transcurso de su vida y como se presenta a la sociedad (lo que llamamos identidad de género) Aunque este proceso pueda incluir intervenciones corporales para que el cuerpo esté en consonancia con la identidad de género.

¿Si la intersexualidad es biológica y connatural a la persona, por qué es necesario un día intersex?

  1. Es importante tener en cuenta que aunque a pesar de que la intersexualidad es una realidad biológica, muchas personas no conocen la existencia de este hecho y por ende la existencia de las personas intersex.
  2. Esta realidad biológica que es negada en el ámbito de la educación (no se enseña a desde temprana edad), también se refleja en el ámbito legal, ya que solo se reconocen “dos sexos biológicos” aunque la realidad, es mucho más amplia que ello, lo que trae importantes consecuencias en la vida de las personas intersex.
  3. El origen de este día se remonta a 1996 cuando activistas intersex se manifestaron ante la Reunión Anual de la Academia Americana de Pediatría en Boston, contra las mutilaciones genitales y tratamientos hormonales de las personas intersex a temprana edad sin su consentimiento informado.

¿Son las personas intersex víctimas de violaciones a los derechos humanos?

Si. Las personas intersex han sido víctimas de múltiples violencias que se han reflejado en distintos ámbitos de sus vidas:

  1. Se niega su existencia en el ámbito jurídico y médico, ya que en muchos países existen solo dos sexos legalmente reconocidos: hombre y mujer. Aunque esto está transformándose con el reconocimiento del sexo neutro.
  2. A consecuencia de lo anterior a las personas intersex se les imponen procedimientos quirúrgicos desde muy temprana edad. Les son aplicados los protocolos médicos vigentes aún que indican se practiquen intervenciones quirúrgicas innecesarias, con la intención de “normalizar” sus genitales, sin que medie el consentimiento informado de la persona. Cabe destacar que estas intervenciones acarrean consecuencias irreversibles en la vida emocional, física y sexual de las personas incluyendo esterilización y mutilación genital, sin que medicamente sean necesarias en la gran mayoría de los casos.
  3. Organismos de protección de derechos humanos como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana han documentado graves vulneraciones de los derechos humanos de personas intersex, sobre todo en lo relacionado con la discriminación, invisibilización, falta de información oficial y el tratamiento médico que tienden a recibir éstas desde su nacimiento, a lo largo de su vida, barreras en el acceso a sus expedientes médicos, e incluso dificultades en lo referente al reconocimiento de su personalidad jurídica en los registros públicos de identidad.
  4. Según los testimonios de diversas personas intersex, la naturaleza de las intervenciones acarrea frecuentemente que deban realizarse múltiples cirugías en distintas etapas de sus vidas, lo cual provoca dolores crónicos, posibles problemas de salud, y la necesidad de realizar procedimientos de rutina sumamente invasivos equiparables a tratos crueles inhumanos y degradantes o tortura.

Por todas estas razones Raza e Igualdad, condena la patologización y las prácticas de mutilación genital infantil que padecen algunas personas intersex, y extiende un llamado a los Estados de la región para que asuman sin más dilaciones sus obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos, y reconozcan, garanticen y protejan de manera integral, sin patologización, y en consulta con las personas intersex, sus derechos humanos.

«Enterezas» el informe de Caribe Afirmativo que reconoce las voces de mujeres trans, lesbianas y bisexuales

Washington, D.C. 24 de octubre de 2018. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) saluda a Caribe Afirmativo, organización de la sociedad civil colombiana, por el lanzamiento de su informe, “Enterezas”. El informe es producto de un trabajo intensivo que refleja las voces de mujeres lesbianas, bisexuales y trans del Caribe Colombiano, La República Dominicana y Honduras y se proponen estrategias para mejorar la respuesta frente a la violencia que se gesta contra ellas.

El documento fue presentado durante un congreso en Barranquilla los días 22 al 24 de octubre donde participaron mujeres lesbianas, bisexuales y trans de los ocho departamentos del Caribe colombiano. Las mujeres, que representaban varias organizaciones de la sociedad civil, tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y crear alianzas entre ellas. También, hubo un intercambio de saberes entre varios representantes de organizaciones colombianas e internacionales que abogan por los derechos de las personas LGBTI, entre ellos Raza e Igualdad, PROMSEX de Perú y Aireana de Paraguay. Así mismo, una representante de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participó en el Congreso, además de la activista mexicana Amaranta Gómez.

La violencia contra las mujeres lesbianas y bisexuales ha sido poco documentada y entendida, por tanto, los actos que atentan contra los derechos, vida e integridad, tanto de ellas, como las ejecutadas contra mujeres trans, queda con frecuencia en impunidad. El informe de Caribe Afirmativo es un paso significativo para ayudar a estas mujeres a acceder a la justicia y hacer público todo tipo de violencias que se gesten contra ellas.

Raza e Igualdad rechaza enfáticamente la violencia por perjuicio contra las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y reitera su compromiso para acompañar los procesos por la defensa y reconocimiento de sus derechos.

Más información sobre la publicación: http://caribeafirmativo.lgbt/2018/10/22/mujeres-lbt-del-caribe-se-reunen-encuentro-regional-enterezas/

Denuncias ante la CIDH de incumplimiento de más de 10 años del Estado de Colombia para proteger derechos de comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado

Boulder, Colorado. 3 de Octubre de 2018. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), denunciaron la persistencia de la crisis humanitaria vivida por las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado y el incumplimiento sistemático del Estado colombiano para implementar medidas de protección y reparación para las mismas.

Según Pedro Cortés, representante de la Organización Raza e Igualdad para Colombia, hace más de 10 años AFRODES denunció ante la CIDH las graves afectaciones que tenía el conflicto armado sobre las comunidades afrocolombianas que estaban siendo desplazadas, así como se había advertido que de no adoptarse políticas públicas con enfoque diferenciales la situación empeoraría. Situación que, de acuerdo a lo señalado por el vocero de Raza e Igualdad, sucedió, pues después de una década, estas comunidades, que representan al menos el 25% de la población desplazada del país (es decir, al menos 2 millones), se constituyen en el mayor grupo de víctimas del conflicto armado colombiano. Actualmente, la mayoría de ellos viven en zonas marginales de las grandes ciudades, en contextos caracterizados por las dinámicas de violencia que se siguen registrando aun con la implementación del Acuerdo de Paz.

Martha Jordan, lideresa de AFRODES en Cali, caracterizó durante la audiencia las graves violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), jóvenes de estas comunidades afrocolombianas que viven en esos contextos dominados por estructuras criminales asociadas al microtráfico. Problemáticas como la drogadicción, la prostitución, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento forzado vienen violando los derechos de las NNA afrocolombianos. “Todo este tipo de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas desplazadas, demuestran que el Estado no ha garantizado la reparación y la no repetición, pues continúa la destrucción de las condiciones de la nuestra supervivencia cultural. Los niños, niñas, y jóvenes, que debían ser la generación de la esperanza, están siendo aniquiladas física y culturalmente”, señaló la representante de AFRODES.

Por su parte, Luz Marina Becerra, secretaria de AFRODES y coordinadora de Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia “LA COMADRE”, recordó el reconocimiento que ya se tiene sobre los impactos desproporcionados del conflicto armado sobre las mujeres afrocolombianas, y con base en el cual la Corte Constitucional de Colombia expidió ordenes específicas (Auto 092/2008) hace más de 10 años para que el gobierno de Colombia implementara un programa específico. Becerra demostró que dichas órdenes no se ha cumplido. Adicionalmente, el Plan de Reparación Colectiva para la COMADRE, tampoco se ha venido implementado como es debido. El incumplimiento sistemático del gobierno colombiano ha contribuido a que se siga profundizado la vulnerabilidad y riesgo para las mujeres afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado.

En este sentido, Erlendy Cuero Bravo, vicepresidenta de AFRODES, demostró ante la CIDH la persistencia de situaciones de riesgo que enfrentan líderes y lideresas de comunidades afrocolombianas desplazadas en contextos urbanos. Destacó, además,  que en medio del contexto de cientos de asesinatos de líderes sociales que han acompañado la implementación del Acuerdo de Paz, se están repitiendo patrones de amenazas que han antecedido asesinatos como el del fiscal de AFRODES Bernardo Cuero. La vicepresidenta de AFRODES enfatizó sobre el nivel de incumplimiento en cuanto a la implementación de medidas de protección colectiva para organizaciones como AFRODES, inconsistencias que continúan profundizando el riesgo de líderes y lideresas,  e impidiendo que puedan desarrollar su labor comunitaria.

Para enfrentar las situaciones que violentan los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en las grandes ciudades, las recomendaciones de AFRODES se enfocan en que el gobierno colombiano implemente de manera diligente las ordenes que la Corte Constitucional expidió hace más de 10 años; específicamente, los planes y programas ordenados por el Auto 005 de 2009 y 092 de 2008. Así mismo, enfatizaron en la necesidad de implementar un programa específico dirigido a NNA afrocolombianos y de garantizar la implementación del Plan de Reparación Colectiva para la COMADRE.

En relación a las problemáticas planteadas por AFRODES y Raza e Igualdad durante la audiencia, los representantes del Estado de Colombia no respondieron de manera específica, pues se limitaron a reportar cifras sobre avances de algunos programas que se relacionan con comunidades afrocolombianas, pero no con aquellas comunidades afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado que hoy viven en zonas marginales de las grandes ciudades. Además, no ofrecieron valoración alguna sobre el estado de implementación de las órdenes del Auto 05/2008 y 092/2008, como tampoco fueron precisos en el reporte que hacen sobre los procesos de diálogo y concertación con AFRODES y la COMADRE.

Los comisionados de la CIDH que presidieron la audiencia, destacaron en sus intervenciones la gravedad y complejidad de las causas e impactos del desplazamiento forzado sobre las comunidades afrocolombianas. Así mismo, enfatizaron en la prioridad que el gobierno colombiano debe asignar a la atención de estas comunidades a través de todos los mecanismos institucionales que se han construido. Por tal razón, solicitaron al Estado de Colombia suministrar información más completa y detallada sobre estos mecanismos.

Raza e Igualdad valora positivamente los resultados de la audiencia en términos de la oportunidad que tuvo la CIDH para volver a prestar atención a unas comunidades afrocolombianas que vienen siendo invisibilizadas dentro del contexto de violación a los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, resultan muy preocupantes las respuestas del gobierno de Colombia en cuanto a la baja prioridad que tiene el cumplimiento de compromisos y medidas que tienen más de 10 años de ordenadas. Raza & Igualdad continuarán apoyando a AFRODES en el seguimiento de las recomendaciones y compromisos derivados de esta audiencia.

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Raza e Igualdad participa del 169º Período de Audiencias Públicas de la CIDH de la mano de organizaciones de Colombia, Cuba y Nicaragua

En compañía de más de 20 organizaciones el Instituto Internacional sobre Raza, igualdad y Derechos Humanos participará del 1 al 5 de octubre del “169º período de sesiones de Audiencias Públicas” realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Universidad de Colorado ubicada en la ciudad de Boulder, Estados Unidos.

Para este período de sesiones, Raza e Igualdad participará de tres (3) audiencias públicas solicitadas por organizaciones de Colombia, Cuba y Nicaragua, con el fin de exponer ante relatores de la Comisión IDH y la comunidad internacional las situaciones de derechos humanos que enfrentan cada uno de estos países.  Para el caso de Cuba y Nicaragua las audiencias están orientadas a exponer los casos de criminalización y represión hacía activistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos por parte de los gobiernos nacionales de sus países en medio de la crisis política desatada hasta la fecha; y en el caso de Colombia la audiencia está orientada a describir y denunciar la situación de derechos humanos del pueblo afrocolombiano.

La Comisión Interamericana realiza varios períodos de sesiones al año, oportunidades en que coinciden cientos de defensores y defensoras de derechos humanos de la región, así como delegaciones de los Estados constituidas por altas autoridades en materia de derechos humanos, académicos, entre otros.  De acuerdo con lo establecido en el Artículo 68 del Reglamento de la CIDH, las audiencias son públicas y los interesados pueden asistir libremente, sin necesidad de registro previo.  Las audiencias son transmitidas en línea en varios idiomas a través de la página oficial de la CIDH.

A continuación presentamos el cronograma de audiencias públicas de Colombia, Cuba y Nicaragua en las que Raza e Igualdad acompañará.

Día Internacional de la Bisexualidad: Una fecha para recordar la diversidad sexual que compone y complementa nuestra sociedad

Washington, DC.  Septiembre 22, 2018 – El 23 de septiembre de cada año, desde 1999, se conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad, una fecha para recordar la diversidad sexual que compone y complementa nuestra sociedad, y la urgente necesidad de seguir trabajando por el reconocimiento de los derechos a la libertad individual, autonomía e identidad de todas las personas independientemente de su orientación sexual, especialmente de la reivindicación y reconocimiento de los derechos de las personas bisexuales.

Al respecto, saludamos con agrado el reciente comunicado de prensa emitido en conjunto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de las Naciones Unidas sobre el Día Internacional de la Bisexualidad, ya que consideramos que este tipo de pronunciamientos son fundamentales en la lucha contra la invisibilización de las barreras y discriminaciones que afectan a las personas bisexuales, además de que proveen datos concretos que ayudan a erradicar concepciones erróneas, permeadas por estigmas en torno a la bisexualidad. En ese sentido, en el comunicado, estos organismos indican que la bisexualidad se refiere “a la capacidad de atracción emocional, romántica y/o física hacía más de un solo sexo o género”.  Del trabajo con nuestras contrapartes en la región notamos con preocupación que resulta frecuente que por su orientación sexual, las personas bisexuales son altamente discriminadas, pues socialmente son categorizadas como “indecisas” “no definidas” o “promiscuas” aludiendo, de esta manera, a una orientación aún “no decidida” y que necesita ser “definida” como heterosexual u homosexual.  Los estigmas a los que son sometidas las personas bisexuales conllevan a la invisibilización de sus realidades y experiencias, así como al desconocimiento de los múltiples desafíos, barreras y violaciones a sus derechos humanos.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) la bisexualidad y las personas bisexuales son marginadas alrededor de todo el mundo, lo que ha generado alarmantes cifras de depresión, aislamiento, problemas de salud y altas tasas de suicidio dentro de esta población.  Adicionalmente, indican que los índices de violencia doméstica y psicológica hacia personas bisexuales son mucho más elevados en comparación con las de grupos homosexuales o heterosexuales.  En este mismo estudio, ILGA señala que “la realidad de las personas bisexuales es desconocida por instituciones sociales e incluso para los grupos que defienden los derechos de la comunidad LGBTI” razón por la cual, hay muy pocos datos o no existen datos, de parte de organizaciones sociales y gubernamentales con respecto a la salud, educación, y acceso a los derechos reproductivos de esta población; así mismo, las acciones implementadas por organizaciones estatales tampoco responden a las realidades de las personas que responden a una orientación sexual bisexual.

En América Latina y el Caribe la realidad social de las personas bisexuales es completamente desconocida, se actúa como si estas no existieran ya que se tiende a considerar que éstas “atraviesan una fase o presentan una desviación de la conducta sexual”, por tal motivo, no existen estadísticas o datos oficiales que reflejen la situación de esta comunidad tanto a nivel de los Estados de la región, como a nivel de organizaciones de la sociedad civil las cuales tienden a abordar en reducida medida las situaciones de personas bisexuales. En adición a esto, la falta de conocimiento, investigación y comprensión en lo referente a la bisexualidad se convierte en una preocupante limitante para identificar o definir la barreas que enfrentan las personas bisexuales.

La bisexualidad es altamente invisible en la práctica y el discurso de los Derechos Humanos, razón por la cual, este día se convierte en una oportunidad para visibilizar la voz, historias y experiencias de las personas bisexuales; además de constituirse como una forma para reclamar por la protección de los derechos de todas estas personas; demandar por investigaciones que permitan identificar sus necesidades en todo el mundo, y hacer pedagogía sobre su realidad.

Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados de la región, instituciones de gobierno y movimiento LGBTI para luchar contra todo tipo de discriminación y violencia contra la población bisexual. Instamos a que consideren la creación de políticas públicas que contemplen la bisexualidad dentro de la orientación sexual y en consecuencia se recolecten datos oficiales para poder contrarrestar a nivel interno la violencia y discriminación que enfrentan las personas bisexuales.  La bifobia, así como cualquier tipo de expresión de odio o violencia contra las diversas formas de género, identidad u orientación sexual son actos que menoscaban las posibilidades de construir sociedades más incluyentes, justas y respetuosas de la diversidad.

¡PORQUE NUESTRAS VOCES SEAN ESCUCHADAS E INCLUÍDAS! Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, afrocaribeña y de la Diáspora.

El 25 de Julio se conmemora el día internacional de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña, fecha instituida en 1992 después de la reunión en República Dominicana de más de 400 mujeres de diversos países latinoamericanos para analizar las secuelas del racismo y sexismo en la región; espacio que además se propuso como forma de articular acciones conjuntas y recordar a las luchadoras históricas.

Durante este día recordamos que la lucha por abatir los vejámenes de la discriminación, la pobreza y la violencia está vigente, pues todavía los espacios de participación son disputados debido a lógicas racistas y discriminatorias, por ser mujer y ser afrodescendientes, que imperen en espacios colectivos.  Las mujeres de la región seguimos siendo víctimas de una guerra hostil empeñada en condenar nuestras voces, nuestros cantos, en violentar nuestros cuerpos y arrebatar nuestros hijos.

Es importante recordar que muchos han sido los esfuerzos de las organizaciones de mujeres afrodescendientes para lograr el reconocimiento y la participación en espacios de toma de decisión, por esto, instamos a los todos los estados promover acciones afirmativas en favor de la inclusión de las voces de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, espacios que permitan la promoción de políticas públicas efectivas que garanticen los derechos y condenen severamente todo tipo de discriminación étnico-racial.

Hoy nos levantamos en resistencia por las mujeres que sufren la guerra y desidia del en Nicaragua, por el hostigamiento y represión contra las mujeres en Colombia, especialmente aquellas que son perseguidas por liderar la vida en el territorio; nos levantamos por aquellas mujeres no reconocidas y discriminadas en Perú, por la violencia y hostigamiento contra las mujeres trans en Brasil; por las voces de las mujeres en Panamá; por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en toda la región; seguiremos luchando porque nuestras voces sean escuchadas, incluidas.

¡LA MUERTE DEL DEFENSOR BERNARDO CUERO BRAVO SIGUE IMPUNE!

Julio 26 de 2018 – Por vencimiento de términos de quien sería su presunto asesino, el fallecido defensor de derechos humanos Bernardo Cuero Bravo fue citado a audiencia el próximo 9 de Agosto de 2018.  (Ampliar noticia:  https://www.elheraldo.co/judicial/insolito-juzgado-cita-al-difunto-bernardo-cuero-para-que-asista-audiencia-de-su-presunto)

Tras su asesinato el pasado 7 de Junio de 2017 la muerte del defensor afrodescendiente ha permanecido impune, no sólo por las causas que anteceden a este hecho, que da cuenta de la frivolídad de una guerra aún presente en los territorios y la desidia de un gobierno que insiste en negar una violación sistemática de los derechos humanos, especialmente de aquellos que luchan en y por el territorio, sino por todas y cada una de las omisiones de parte de instituciones estatales encargadas de penalizar y condenar a los responsables, que hoy se traducen en una violación inminente a los derechos humanos y la revictimización del ya fallecido Bernardo Cuero y su familia, quienes sorprendidos por el insólito hecho hoy reclaman justicia y verdad.

Estos hechos que transgreden y agudizan el dolor de un pueblo, una familia y toda una nación, son la muestra de una sistemática violación y olvido de un estado indiferente al dolor de toda una sociedad. La vida de Bernardo Cuero representó la voz del pueblo afrodescendiente historicamente olvidado y condenado por la inacción de un gobierno descriminador, corrupto y violento.

Como Instituto que vela por la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, rechazamos rotundamente esta situación y lamentamos los hechos a los que la familia Cuero Bravo y todo el pueblo afrodescendiente se enfrenta nuevamente, víctima de una guerra que aleja cada vez más la esperanza por construir una paz estable y duradera.

LA GUERRA QUE AÚN SE VIVE EN COLOMBIA

6 de julio del 2018 – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos condena rotundamente los asesinatos de once líderes y lideresas sociales populares propiciados en la última semana en los departamentos del Cauca, Chocó, Atlántico, Antioquía y Tumaco en Colombia. Instamos al gobierno nacional y a la comunidad internacional pronunciarse inmediatamente frente a esta situación de exterminio sistemático que azota al campo colombiano tras firma de Acuerdo de Paz celebrado el pasado 26 de septiembre del 2016 y que viene en aumento tras elecciones presidenciales el pasado 17 de junio del 2018.

En los primeros tres días del mes de julio, once líderes sociales populares han sido asesinadas, cifra que se suma a los aproximadamente 282 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz según reporte de la Defensoría del Pueblo en Colombia.  El pasado 3 de julio se encontraron siete cuerpos sin vida en el municipio de Argelia del departamento del Cauca, territorio que sigue bajo disputa territorial después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que demostró favoritismo por el excandidato a la presidencia Gustavo Petro con un 90% de votaciones a su favor en las últimas elecciones presidenciales.  También se reportó el asesinato de la lideresa afrocolombiana presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 2 en Quibdó, Chocó, Felicinda Santamaría, y el asesinato de Luis Barrios Machado líder social en el departamento del Atlántico. Así mismo, hace dos días, se conoció sobre el asesinato de Margarita Estupiñan, lideresa comunal afrocolombiana asesinada en el corregimiento de Llorente en Tumaco y el asesinato de la lideresa afrocolombiana Ana María Cortés en Antioquia, quien figura como coordinadora de la campaña presidencial del excandidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro en el departamento.

La violencia sistemática en Colombia ha ido en aumento cobrando la vida de diferentes líderes y lideresas sociales populares quienes hoy son víctimas de asesinato, amenazas y hostigamientos a raíz de su trabajo político, esto teniendo en cuenta, que la mayoría de los últimos asesinatos son mujeres afrocolombianas y hombres campesinos e indígenas, grupos sociales históricamente asaltados por la violencia, pobreza y desigualdad. “La paz aún no llega a nuestros territorios y somos nosotros y nosotras quienes estamos poniendo los muertos. El campo colombiano sigue en guerra, el conflicto aún no acaba, y lo más grave es que estamos completamente desprotegidos porque el gobierno nacional no se ha manifestado en lo absoluto, sigue matando nuestra gente y pareciera que eso no es noticia, no es importante”, indica Erlendy Cuero Bravo lideresa afrocolombiana y víctima de amenazas y hostigamientos por su trabajo como Vice-Presidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES).

Con extrema preocupación hacemos un llamado al gobierno nacional para que ponga en marcha las investigaciones de los hechos lo antes posible, garantice la NO impunidad de estos asesinatos y otorgue las medidas de protección a los líderes y lideresas que siguen en situación de riego; como también clamamos a la comunidad internacional solidarizarse ante esta emergencia nacional e instar al gobierno colombiano tomar las medidas necesarias para defender la vida y cesar las matanzas que sistemáticamente están acabando con la vida de los líderes y lideresas colombianas.  Así mismo demandamos especial atención ante la situación de exterminio, amenazas e intimidaciones hacía las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, históricamente marginadas, discriminadas y perpetradas por lógicas de violencia, pobreza y violación al derecho fundamental a la vida digna. Denunciamos la amenaza que persiste en contra de la vida de las mujeres defensoras de derechos humanos, que hoy son víctimas y sus vidas siguen en riesgo a causa de su trabajo por el reconocimiento de sus derechos y la inclusión en espacios de participación y toma de decisión.  Recordamos al Estado colombiano que al suscribirse a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha asumido ante la comunidad internacional dos obligaciones básicas en relación al respeto y garantía de los derechos enunciados en los instrumentos; por tanto, instamos al gobierno nacional dar cumplimiento a lo pactado, como también, tomar en cuenta las recomendaciones realizadas durante la reciente Examen Periódico Universal de derechos humanos en la que se hizo un llamado específico de toda la comunidad internacional al Estado Colombiano velar por la vida de las y los defensores de derechos humanos, así como disponer de mecanismos de protección para garantizar que su labor no sea criminalizada

Afrocolombianos y Derechos Humanos: lo que debe garantizar el nuevo presidente y la oposición!

Junio 27 de 2018 – Los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia del pasado 17 de Mayo tendrán efectos sobre las condiciones políticas, institucionales y sociales que determinan la garantía de los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas, especialmente aquellas que han sido víctimas del conflicto armado, la discriminación racial y la exclusión histórica.

La elección de Ivan Duque como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2018-2022 con el 53,98% de los votos (10.372.730) y la votación de 8.034.089 ciudadanos (41.81%) por Gustavo Petro, configuran un escenario político con significativas implicaciones para estas comunidades. Duque, como nuevo jefe del poder ejecutivo tiene unas responsabilidades específicas frente a los derechos de los afrocolombianos, derivadas de compromisos del Estado consagrados en la Constitución y las leyes internas (incluido el Acuerdo de Paz), así como con los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados. Gustavo Petro, como representante que encarna la oposición y que tendrá una curul en el Senado, debería liderar los procesos legislativos y de control político que tengan que ver con la protección de los derechos de las comunidades afrocolombianas. Este rol se configura en una obligación ética teniendo en cuenta su compromiso como candidato con las principales demandas de las comunidades afrocolombianas que precisamente llevó a un apoyo de la mayoría de ellas a su candidatura, el cual se tradujo en su victoria en todo el Pacífico colombiano.

La elección de Duque como nuevo presidente ha sido recibida con frustración y temor por parte de las comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto armado; inclusive la desesperanza se siente en algunas de ellas. La frustración se ha producido como consecuencia de la derrota electoral del candidato que apoyaron, y  quien interpretó adecuadamente e incorporó sus visiones y propuestas. Pero también por sentir que este resultado refleja la persistencia de la indiferencia de gran parte de la sociedad para asumir un compromiso que proteja a quienes el conflicto armado ha despojado del disfrute de sus derechos. Y los temores están asociados a las expectativas de una intensificación de la violencia contra líderes, lideresas y comunidades tanto en las áreas rurales como en las ciudades, así como con la continuidad de los desplazamientos y los confinamientos de las comunidades en territorios que han seguido en disputa armada después de la desmovilización de las FARC.

Los temores frente a la continuidad de la violencia no es infundada. La campaña del hoy presidente estuvo apoyada por sectores y personalidades políticas que demandaban la modificación sustancial del Acuerdo de Paz que las comunidades afrocolombianas, amplios sectores de la sociedad y la comunidad internacional han apoyado y valorado como la ruta para la garantía de los derechos de las comunidades afrocolombianas y la construcción de una paz sostenible y justa para toda la sociedad. Si el nuevo presidente mantiene posiciones y asume decisiones para incumplir lo pactado en el Acuerdo, esto debilitará su implementación. Sectores de la opinión pública están llamando a dar el “beneficio de la duda” al nuevo presidente. Sin embargo, las primeros signos no son alentadores: el 19 de junio, la bancada de congresistas del partido de Ivan Duque y legisladores de otros partidos que apoyaron su candidatura,  aprobaron el aplazamiento para avanzar en la reglamentación legislativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que es una de las piezas fundamentales del Acuerdo.

El respeto a lo pactado en el Acuerdo, que se consolidó como un mandato constitucional y una política de Estado, debería ser el camino a seguir del nuevo presidente, pero esa no parece que fuera a ser su hoja de ruta. Las consecuencias de esto para las comunidades afrocolombianas serán muy negativas. No solamente porque se pondría en riesgo el cumplimiento de lo estipulado en el Capítulo Étnico del Acuerdo. Modificaciones sustantivas al Sistema Integral de Verdad, Justica, Reparación y No Repetición o de los mecanismos de la Reforma Rural Integral impondrán obstáculos significativos para la restitución de derechos de las comunidades afrocolombianas.

Pero la decisión de desconocer, modificar o no garantizar las condiciones de implementación del Acuerdo no exime a la nueva administración de las responsabilidades y deberes del Estado frente a la situación de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas. Se debe recordar que el Acuerdo incorporó demandas y derechos consagrados igualmente en otras normas constitucionales y legislativas, así como en compromisos internacionales que mantienen vigencia. La terminación de la reglamentación de la Ley 70 de 1993, las sentencias y órdenes constitucionales, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité CERD, que monitorea la Convencion Internacional contra Toda Forma de Discriminacion racial; todas ellas configuran obligaciones que el nuevo presidente debe cumplir.

La garantía a las comunidades afrocolombianas del derecho a la consulta previa, libre e informada, también mantiene su preeminencia en todas las decisiones que adopte la nueva administración y el Congreso. La garantía de este derecho en el marco de la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 es un deber para el nuevo presidente que será exigido y vigilado por parte de las comunidades y la comunidad internacional. El modelo de desarrollo que el presidente electo reveló durante la campaña no reconoce adecuadamente los derechos de las comunidades afrocolombianas y promueve la continuidad de políticas económicas que obstaculizan los derechos étnico-culturales y la superación de la exclusión. Aunque como presidente electo tendrá la capacidad de buscar que el nuevo plan de desarrollo instrumentalice su visión de desarrollo, dicho plan tendrá que ser consultado con las comunidades y no podrá desconocer los derechos ya reconocidos a las mismas. Todas las administraciones pasadas no han garantizado en forma adecuada el derecho a la consulta previa en la elaboración de Plan Nacional de Desarrollo. El nuevo presidente tiene la obligación de corregir esta práctica.

El Congreso de la República también está obligado a expedir las leyes que garanticen los derechos de las comunidades afrocolombianas, así como a ejercer el control político sobre la nueva administración liderada por Duque. El record histórico del poder legislativo colombiano en esta materia tampoco ofrece antecedentes positivos. De ahí la importancia que reviste el rol que deben jugar Gustavo Petro desde su curul en el Senado, así como los congresistas que apoyaron su candidatura. El apoyo masivo de la mayoría de comunidades afrocolombianas a la candidatura de Gustavo Petro, y el compromiso demostrado por este a sus demandas ofrecen condiciones idóneas para corregir la exclusión estructural de los afrocolombianos del proceso legislativo. Las expectativas y el entusiasmo que han expresado estas comunidades luego de las elecciones deben ser correspondidas en esta perspectiva.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, ante esta nueva coyuntura política e institucional que enfrentaran las comunidades afrocolombianas, continuará apoyando los procesos de promoción y protección sus derechos fundamentales. Estaremos especialmente atentos para apoyar los procesos conducentes a que el Estado colombiano cumpla con los compromisos internacionales que tiene frente a estas comunidades. En esta perspectiva, de manera específica ofrecemos las siguientes recomendaciones:

  • La nueva administración debe priorizar la adopción de medidas para proteger la vida y la integridad personal de los líderes y lideresas afrocolombianas en riesgo.
  • El presidente electo debe expresar con urgencia su aval para que el Congreso de la República expida la Ley de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz.
  • En la formulación del Plan de Desarrollo 2018-2022, la nueva administración debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado.
  • En el nuevo Plan de Desarrollo se debe priorizar la inclusión y financiación de las políticas públicas para dar cumplimiento a lo estipulado por la Corte Constitucional en los Autos 05 de 2009 y Auto 092 de 2008, y en el Decreto 4635 de 2011.
  • La nueva administración y el Congreso de la República deben priorizar la terminación de la reglamentación de la Ley 70 de 1993.
  • El Estado colombiano debe cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos relacionadas con los derechos de las comunidades afrocolombianas.

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