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«A las mujeres lesbianas, bisexuales y trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber decidido serlo» Laura Weinstein

«A las mujeres lesbianas, bisexuales y trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber decidido serlo» Laura Weinstein

«No existe una sola manera de ser mujer, existen multiplicidad de maneras»

El Día Internacional de la Mujer se presente como una oportunidad de continuar reivindicando la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres; pero también, es el espacio para hacer un llamado a la sociedad y el Estado Colombiano a reconocer la diversidad y multiplicidad de las mujeres que componen el constructo social.  Raza e Igualdad habló con Laura Weinstein, defensora de los derechos de las personas trans en Colombia y directora de la Fundación Grupo de Apoyo a Personas Trans (GAAT); quien asegura que para avanzar en la construcción de una sociedad inclusiva, equitativa, democrática y en paz, se requiere reconocer a aquellas mujeres diversas que han sido hasta la fecha invisibilizadas y doblemente violentadas.

 ¿Cuál es la situación de derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Colombia?

Aunque hemos tenido importantes avances en materia de derechos para las mujeres, incluyendo a las mujeres diversas en Colombia, creo que no son suficientes, especialmente porque falta avanzar mucho en lo relacionado al reconocimiento de la existencia de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT), no sólo porque aun socialmente no se entiende la experiencia de vida e identidad de las mujeres LBT, sino porque pareciera que los derechos que nosotras reivindicamos fueran diferentes al del resto de la sociedad, de personas que acceden a derechos distintos, y esto no es así, lo que justamente nos pone en un lugar diferente de lucha.

Yo diría que lo primero que debemos hacer es hacerle entender a nuestra sociedad que no estamos exigiendo derechos diferentes a los existentes, a los que todas y todos debemos gozar, no hablamos de derechos de otro tipo, hablamos de los mismos derechos que justamente por nuestra por nuestra identidad u orientación sexual se nos son negados o en la mayoría de veces muy limitados; como es el caso de las mujeres trans para acceder a su identidad, las complicaciones para recibir una atenciones médicas que no nos vulneren, el trabajo, la educación y muchos otros espacios sociales de participación que nos limitan. En el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales sus derechos son aún más desconocidos, porque socialmente ha imperado una idea de “confusión” por parte de estas mujeres que al final “tarde o temprano” se resolverá; situación que no sólo vulnera la libertad de estas mujeres, sino que las pone en un plano de absoluta invisibilización.  Por otra parte, hay que decirlo, se cuestiona el ser mujer de las mujeres trans, por eso nos ponen en un plano distinto, ya hay unas dificultades por el hecho de ser mujer, pero es una mujer que tiene otras particularidades, que atraviesa otras necesidades, pues te pone en unos lugares muchos más complejos.

Todavía es muy evidente la falta de reconocimiento de las afectaciones propias de las mujeres con identidades sexuales y de género diversas por parte del movimiento de mujeres en toda la región ¿Llamar la atención sobre la importancia de tratar de manera diferenciada estas afectaciones de las mujeres LBTI dentro de la lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres se puede consideración como discriminatorio o excluyente, o considera es necesario abordarlo de manera diferenciada?

Yo sí creo que es importa hablar de ellas, hablar de sus afectaciones y la manera cómo se deben garantizar sus derechos, porque lo que no se nombra, no existe. Entonces, al no hacerlas visible simplemente estamos ocultando una realidad que necesita ser contada, estamos además diciendo que no pasa nada, que todas estamos en las mismas condiciones, en el mismo lugar y no es así.  A una mujer cisgénero heterosexual, por ejemplo, la matan por ser mujer, cosa que es muy grave; pero en el caso de las mujeres lesbianas o una mujer trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber llegado decidir serlo, el llegar a ser mujer nos da un lugar diferente de esa construcción del ser mujer, porque recordemos que el ser mujer no es algo con lo que naces, sino que es una construcción que a partir del relacionamiento del otro y otra te configura a ti misma.  Entonces, yo creo que sí es importante decir y hablar de las necesidades, que se tienen en este caso, de las mujeres LBT, pero reconociendo que en sí el decidir ser mujer ya te pone en un lugar diferente a lo que implica socialmente ser hombre o ser mujer.

¿Cuáles son las principales violencias hacía las mujeres LBT en Colombia?

El trabajo de GAAT se concentra en población trans, pero si tenemos que entender que tenemos una conexión directa de lucha con las mujeres lesbianas y bisexuales. Por ejemplo, en el caso de estas últimas, las afectaciones están completamente invisibilizadas porque son socialmente desconocidas, es como que no existieran, son mujeres comúnmente catalogadas como “confundidas” o “indecisas” y esto claramente las lleva a cuestionarse quienes son, como si algo estuviera mal en ellas, y pues esto no debería ser así.   En el caso de las mujeres lesbianas las sistemáticas violaciones correctivas de “lo que a usted le hace falta es un hombre” para que supuestamente haya un “enderezamiento” de su orientación sexual y sepa lo que le ha faltado en la vida.

En el caso de las mujeres transexuales, hay también una idea relacionada a la negación del privilegio con el que se nace, por esta , pero cuando una persona dice “es que esto no es lo mío” “esto no es lo que yo quiero experimentar o vivenciar” tiene una muerte que se asume como una traición, y la traición se paga con la perdida de la vida, pero no es solamente que te maten, sino la perdida de acceso a todos los derechos que podría tener cualquier otra persona.  Esos son el tipo de violencias que vivimos y sentimos; pero seguramente hay muchas más cosas, por ejemplo, el sometimiento en el marco de la guerra de mujeres trans, porque son utilizadas como armas de guerra y sexuales; es decir, lucen como mujeres y por eso son llamativas, pero también tienen la fuerza de un hombre y esto se aprovecha para la guerra.

¿Cuál es el llamado que GAAT y Laura Weinstein hacen al Estado colombiano y la sociedad en general al respecto del reconocimiento de los derechos de las mujeres LBT?

El llamado es a reconocer las identidades y la multiplicidad de mujeres que existimos, no solamente limitarlo a las orientaciones e identidades de género, sino que no existe una sola manera de ser mujer, existe multiplicidad formas de configurarnos como mujeres, las mujeres afros, mujeres campesinas, las mujeres que son cabeza de familia, son ejemplo de esto; entonces creo que es importante que la sociedad y el estado colombiano reconozcan el papel tan importante de todas estas mujeres diversas para el progreso de este país, que el Estado muchas veces ha invisibilizado.

Lo mismo para el caso de la sociedad, que de un lugar realmente a las mujeres porque las mujeres son las que han dado mucha fuerza en este país, y que han logrado demostrar que aquí existimos y que aquí podemos vivir, y que ese papel de la mujer ha sido fundamental.

¿Cuáles podrían ser las estrategias o mecanismos que el Estado o la sociedad colombiana debería emprender para el reconocimiento de los derechos de las mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans?

Es importante el reconocimiento de la existencia, ahí es donde empieza todo, reconocer que el otro y la otra existe, que el otro tiene un lugar en la sociedad, que sin importar quien sea o como sea, merece la vida, creo que ahí es donde debemos empezar, hacer campañas de reconocer que existen otras identidades, otras formas del ser, no como muchos otros las pintan, esas “otras mujeres”, entonces es como estas mujeres acá “normales” y estás otras mujeres “diferentes” no, sino que nos podamos encontrar en la multiplicidad de ser mujeres, porque somos precisamente diversas y diferentes.

Día Internacional de la Mujer ¡SOMOS MUJERES EN LUCHA Y TODAS DIVERSAS!

Este 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda y respalda la lucha de todas las mujeres en el mundo por el reconocimiento y garantías de sus derechos.

Pese a los múltiples esfuerzos y evidentes avances en materia de derechos para el mejoramiento de la situación de las mujeres en América Latina y el Caribe, especialmente en relación al cierre de brechas de género, que garanticen el real y efectivo acceso a la salud, educación, empleo y participación política y económica de las mujeres; sigue siendo un gran reto superar las iniquidades que persisten en casi todos estos ámbitos, particularmente cuando se trata de mujeres racializadas, étnicas, rurales o con identidades de género diversas.

Según datos ofrecido, por la hoy, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el artículo titulado “La situación de la mujer en América Latina:  25 años de luces y sombras”;  9.300 mujeres mueren al año por causas relacionadas con el embarazo y sus deficientes prácticas ginecoobstetras; existen, por cada 100 hombres que viven en condición de pobreza, 118 mujeres en esta situación, cifra que da cuenta de un aumento sistemático de la pobreza en las mujeres de la región desde 1997 a la fecha.

A pesar de que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha tenido un notable progreso, la presencia de las mujeres aún sigue siendo minoritaria, marcada por una serie de “micro” violencias relacionadas la paridad de género, razón por la cual, según la CEPAL, la participación laboral femenina se ha estancado en torno al 53%,  y el 78,1% de las mujeres que están laborando, lo hacen en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, baja cobertura de la seguridad social y menor contacto con las tecnologías y la innovación.

En relación a la participación política de las mujeres, continua siendo un reto aumentar la presencia femenina en los espacios de poder, para así transformar las estructuras patriarcales que imposibilitan la presencia de mujeres en los gobiernos, en las gerencias de las empresas pública y privadas y en los laboratorios de las leyes. “Mientras no se nos permita ser tomadoras de decisión, participar en los espacios de poder, la posibilidad de emparejar el terreno y de construir en igualdad de condiciones nuestras sociedades será una utopia” señala la mandataria.

Cuando de violencia de género se trata, América Latina y el Caribe sigue presentando la tasa más alta de agresión hacía las mujeres, ubicado en un ranking de 14 entre los 25 países con los índices más altos de feminicidio en el mundo.   Aproximadamente 2.100 mujeres son asesinadas cada año ( 6 cada día y 175 cada mes) por el simple hecho de ser mujeres, según lo indicado por Bachelet.

Lo anterior, da cuenta de una mirada rápida a la situación de derechos de las mujeres en la región, sin embargo, el reconocimiento de la diversidad de mujeres y la particularidad de sus condiciones ha estado transversalizada por una serie de factores que juegan en su contra cuando de exigibilidad de derechos se trata, es decir, las mujeres rurales, mujeres afrodescendientes o con identidades sexuales y de género diversas se ven enfrentadas además, a otro tipos de violencias que a lo largo de este día vale la pena visibilizar.

Según el informe “Mujeres afrodescendientes en America Latina y el Caribe: Deudas de Igualdad” de la CEPAL, la visibilización de la presencia histórica de las mujeres afrodescendientes exige reconocer su experiencia concreta, en su calidad de mujeres que viven en un contexto histórico, social y cultural de sociedades esclavistas y racistas.  Contextos, por lo tanto, que profundizan las iniquidades de las mujeres afrodescendientes en relación a otros grupos sociales, debido a la invisibilización de estas como sujetas de políticas diferenciadas, con afectaciones particulares y por tanto, preocupantes índices de pobreza, pocas posibilidades de acceso a la salud, educación, empleo y participación en espacios de toma de decisión mucho más bajos al del resto de la población, que además, están minados por lógicas racistas y discriminatorias producto de un legado histórico instaurado en las formas en que los pueblos afrodescendientes se desenvuelven en la sociedad.

Algo similar, ocurre con las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, quienes a lo largo de la historia se han visto enfrentadas a una serie de violencias físicas y simbólicas instauradas en el conjunto social, que imposibilitan el reconocimiento de sus identidades sexuales y de género y por tanto la garantía de sus derechos fundamentales.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) las personas que se auto reconocen con una identidad diferente a la cisgénero (concordante socialmente con el sexo asignado al nacer) o socialmente reconocidas, padecen de innumerables violaciones a los derechos humanos; especialmente, en America Latina las mujeres se ven enfrentadas a una serie de violencias por prácticas machistas que las estigmatizan y/o encasillan en roles que no les permiten expresar con libertad y reconocimiento su identidad. Es así, como se ha logrado identificar que en promedio la expectativa de vida de una mujer trans no es superior a los 30 años; su participación en el mercado laboral está rezagada, en un alto porcentaje a trabajos informales o como trabajadoras sexuales, además, de verse enfrentadas a violentos y complejos procesos para acceder a servicios de salud, educación y participación en espacios de poder o toma de decisión.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a todos los Estados de America Latina y el Caribe para continuar trabajando por las garantías y reconocimiento de los derechos de las mujeres.  Ciertamente, las mujeres empoderadas rompen ciclos de violencia y pobreza, factores determinante para avanzar en la consolidación de sociedades más equitativas y democráticas.  Resulta indispensable para esto, continuar trabajando para romper esquemas patriarcales históricamente arraigados, especialmente en lo que concierne a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión.

Exhortamos a los Estados a no perder de vista la pluralidad y diversidad en la construcción de lo que implica ser mujer, en la que resulta indispensable emprender acciones afirmativas que reconozcan a aquellas mujeres afrodescendientes, rurales y con identidades sexuales y de género diversas; y así, romper con las barreras que histórica y sistemáticamente han impedido la inclusión y participación de este conjunto de mujeres en la vida social, haciendo que sus futuras generaciones se vean sometidas al mismo circulo vicioso de desigualdad, racismo y discriminación.

Organización afrocolombiana y grupo de investigación de American University se articulan para documentar situación de derechos de la población afro – LGBTI en Colombia

Grupo de investigación de American University en articulación con la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales- SOMOS IDENTIDAD avanzan en la documentación de las violencias que atentan contra la vida e integridad de personas afrocolombianas por su orientación sexual o identidad de género diversa.

Con el apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales (DRL) de los Estados Unidos y en el marco del proyecto de investigación que Raza e Igualdad y siete organizaciones de América Latina y el Caribe vienen desarrollando, con el objetivo de documentar la situación de derechos que viven las personas afro y LGBTI de la Región; Somos Identidad en alianza con un grupo de investigación del Washington College of Law de American University, avanzan en la documentación y análisis del contexto político-legal en el que las personas afrocolombianas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas se encuentran inmersas; considerando especialmente, todos aquellos aspectos que garantizan o imposibilitan el goce pleno de los derechos fundamentales del grupo de personas que viven bajo esta intersección.

 

Según Johana Caicedo, representante legal de Somos Identidad, Colombia es uno de los países de la región que más reporta avances legislativos en materia de derechos de la población LGBTI y derechos de la población afrodescendiente, sin embargo, cuando se trata de la intersección de estas dos variables no existe un trabajo legislativo que garantice y vele por los derechos del conjunto de personas afro-LGBTI; y sin bien existe la legislación, su materialización en la garantía de los derechos todavía es débil y esto tiende a tener un impacto significativo en la exigibilidad de derechos de este grupo de personas estructural e históricamente marginadas, añadió Caicedo.

Durante las jornadas de trabajo entre la organización afrocolombiana de la Universidad del Valle del Cauca, y el grupo de investigación de American University, realizadas durante la última semana del mes de febrero y la primera semana de marzo de 2019, se llevaron a cabo reuniones con personas negra/afros diversas sexualmente en Cali; además de diferentes encuentros con activistas, representantes de organizaciones sociales afro y LGBTI como Santa María Fundación, además de espacios de diálogo con representantes de entidades gubernamentales como la gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y la Fiscalía General de la Nación.

Se espere que este material de investigación aporte a la construcción de un mapa del estado de los derechos de la población afro – LGBTI en Colombia, además se consolide como una herramienta de incidencia ante el Sistema Interamericano a favor de este grupo de personas.

Comunicado Público: Urgimos inmediata atención del Estado colombiano ante la desaparición de afrocolombianos exiliados en Ecuador tras amenazas

Bogotá, Colombia – 4 de marzo de 2019.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) unido a la voz de denuncia de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES, hace un enérgico y urgente llamado al Estado Colombiano para atender de manera inmediata la desaparición, desde el pasado 27 de febrero en Quito, Ecuador, de Plácido Tercero Escalante y Ana Gloria Cabezas, afrocolombianos víctimas de desplazamiento forzado en Colombia perteneciente a FUNDAFRO, organización adscrita a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES.

Placido y Ana Gloria se vieron obligados a abandonar el territorio colombiano, y solicitar asilo al país vecino Ecuador, junto a sus grupos familiares, el pasado mes de enero, tras las múltiples amenazas en su contra y en respuesta a la falta de protección por parte de las autoridades colombianas que garantizaran su vida e integridad.

Erlendy Cuero, vicepresidenta de AFRODES señala que Ana Gloria y Plácido, días previos a su desaparición, denunciaron haber visto en Quito a las personas que los habían amenazado en su territorio, razón por la cual, fueron citados a declarar ante la fiscalía del Ecuador una vez informaron sobre la situación de riesgo.   Según lo señalado por AFRODES, desde este día se desconoce del paradero de los dos líderes sociales populares.

En absoluta condena ante lo sucedido, urgimos al Estado Colombiano, atender de manera inmediata la situación de des-protección y falta de garantías en que se encuentran los sectores sociales populares inmersos en una guerra aún vigente en los territorios en disputa por grupo al margen de la ley.  Así mismo, urgimos a la comunidad internacional denunciar públicamente la sistemática situación de riesgo en la que se encuentran los pueblos étnicos en Colombia, especialmente golpeados por el conflicto, social, político y económico que enfrenta el país, de la misma manera, urgimos a las autoridades del Estado colombiano dar pronta respuesta para encontrar con vida a Ana y Plácido.

Micro-violencias por Identidad de Género y Raza contra las Mujeres Afro-trans

Washington, D.C. Febrero 12 de 2019. En el marco de la serie de procesos de formación que adelanta el Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el pasado 12 de febrero de 2019 se realizó en la ciudad de Santo Domingo de República Dominicana, el segundo encuentro de diálogo: ¿Por qué hablar sobre Afro-LGBTI?, el cual contó con la participación de más de 60 activistas y defensores de derechos humanos principalmente Afro-LGBTI de Colombia, Perú, Brasil y República Dominicana, quienes fueron convocados por la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA).

El punto de apertura de este segundo espacio de diálogo, moderado por Cristian King de TRANSSA, se focalizó en la situación de discriminación que la activista Afro-Trans Belén Zapata, perteneciente a la organización de Jóvenes Afro-peruanos Ashanti, vivió en el proceso de ingreso a la ciudad de Santo Domingo, en el aeropuerto las Américas.

La situación de discriminación que afrontó Belén podría resumirse diciendo que ella, tras superar los controles legales de migración, al disponerse a salir del aeropuerto, un funcionario sin identificarse retuvo su pasaporte sin razón para ello, obligándola a estar apoyada contra una pared por cerca de 40 minutos expuesta a las miradas de las personas que se movilizaban por el aeropuerto. Después de ello, junto con un grupo de 10 personas más (en su mayoría afrodescendientes), es conducida a diferentes controles y escaneos en los que es revisada repetidamente y se concluye que ella no porta drogas. Ante las preguntas de Belén sobre las razones de dicho procedimiento, no existe respuesta alguna, solo hasta que ella misma entiende que se trata de un control de drogas. En todo caso se le informa que el procedimiento es rutinario para los nuevos visitantes al país.

Toda la situación vivida por Belén, no supera más de una hora. La situación misma no deja ninguna consecuencia a nivel legal contra ella, no se ejerce ninguna violencia física y, además, los procedimientos aparentemente se justifican en un confuso argumento de control de drogas y procedimiento estándar de control a nuevos visitantes del país. ¿Los responsables? Tras un comunicado y un tweet realizado por Raza e Igualdad denunciando la situación, Aerodom  (el operador aeroportuario de República Dominicana) señaló que son una entidad privada y la responsabilidad le corresponde a otras entidades: ¿conclusión? Tampoco existe un ente específico que pueda responder a la situación.

En el marco del conversatorio, los y las participantes pudieron reflexionar sobre la naturalización de este tipo de violencias. Aunque sus efectos conllevan varias vulneraciones, tales como la violación al debido proceso, la restricción injustificada de la movilidad y el abuso arbitrario de la autoridad, vemos estas situaciones como menores porque no conllevan malos tratos físicos de alta gravedad. En ese sentido, nos enfrentamos a lo que podemos denominar “micro-violencias” que son naturalizadas por las víctimas, porque creen que no es grave o simplemente porque no existe expectativa de una respuesta frente a la denuncia de esta ante la autoridad.

En desarrollo de la conversación, se evidenció el valor de Belén al poner de presente esta situación, ya que algunas de las personas asistentes al evento, expresaron como han vivido situaciones análogas, ya sea por su raza o por su orientación sexual y/o identidad de género. Así mismo se señaló la gravedad de estos hechos, cuando la falta de identificación de los funcionarios y la arbitrariedad de los procedimientos, impide señalar responsabilidades específicas. De otra parte, se cuestionó la ausencia de estrategias articuladas de trabajo por parte de las entidades aeroportuarias en este caso, que como en otros, es la consecuencia de considerar que la respuesta a las situaciones de discriminación estructural, corresponde a otros y no a todos.

Otra situación ilustrativa fue narrada por una participante afro-trans que señaló las limitaciones al acceso a la salud que ella ha vivido como mujer trans. La participante narró una situación en la que fue objeto de burlas al solicitar atención a un urólogo por problemas asociados a su próstata. Por este simple hecho fue ridiculizada y se le negó inicialmente la entrega de resultados médicos a exámenes que ella se tomó, aunque finalmente los pudo obtener por su insistencia.

De nuevo, si bien hubo acceso a la atención médica y la situación se podría calificar como una simple cuestión de indebida atención al usuario, este tipo de violencias que parecieran “micro” tienen un impacto importante en la confianza con las instituciones médicas por parte de las personas trans y en este caso, afro-trans. Se trata de una situación en la que el servicio médico se vuelve tortuoso y se pone en riesgo la salud o incluso la vida misma cuándo la denegación de servicios lleva a que las personas por si solas dejen de buscar atención adecuada.

Estas dos sencillas reflexiones, en torno a las violencias de las mujeres afro-trans, si bien nos sacan de la discusiones clásicas en torno a graves violencias contra la población afro, trans y LGBTI, nos ponen de presente que muchas veces el germen de las graves violencias que estas poblaciones viven se haya en la cotidianidad, en la denegación de un servicio o en procedimientos irregulares que aunque no dejen una huella permanente, hacen que gota a gota, horaden la dignidad humana e integridad de las personas afro-trans.

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los invitados internacionales.

COMUNICADO: Rechazamos actos discriminatorios y arbitrarios por parte de autoridades aeroportuarias de Santo Domingo hacía lideresa afro-LGBT.

 

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza trato discriminatorio propiciado a lideresa afroperuana trans por parte de autoridades aeroportuaria de Santo Domingo en República Dominicana.

El día de ayer, 10 de febrero, la activista de derechos humanos y lideresa afro transgénero, Belén Zapata, de la organización Ashanti Perú fue víctima de un trato irregular y discriminatorio por parte de autoridades del aeropuerto quien arbitrariamente retuvieron el pasaporte de la activista en razón a su identidad étnico-racial e identidad de género.

Belén, quien se disponía a participar del II Encuentro Afro – LGBTI organizado por Raza e Igualdad, cruzó los controles migratorios regulares del aeropuerto las Américas de Santo Domingo, posteriormente se dirigió como los demás pasajeros al control de aduanas para salir del mismo, sin embargo, al entregar la documentación requerida, y al disponerse a abandonar el lugar, fue interceptada por un funcionario del Aeropuerto que no se identificó a si mismo con nombre o entidad a la que pertenecía. Por el testimonio ofrecido por Belén a simple vista se podía determinar que se trataba de un funcionario de la policía.

Durante el supuesto protocolo “regular” según lo señalado por el policía a Belén, este retuvo su pasaporte por más de 40 minutos mientras esta fue obligada a esperar contra una pared cerca a la salida del aeropuerto.  Aunque en repetidas ocasiones la lideresa afroperuana solicitó información al respecto del proceso que se estaba llevando a cabo nunca se dio una respuesta.  Belén en su pasaporte registra su nombre legal masculino, sin embargo, su identidad de género es femenina, razón por la cual, en viajes al exterior, ha sufrido este tipo de controles aeroportuaria arbitrarios, sin ningún tipo de justificación legal.

“El policía se dirigió a mí en masculino, pero yo lo corregí y le dije que yo era una mujer como podía verlo” señala Belén en su denuncia.

Durante su tiempo de espera a la salida del aeropuerto, Belén estuvo expuesta de 40 a 60 minutos a tratos que violentan su derecho a la libre circulación y ser informada sobre los procesos que llevaban a cabo.  Este tipo de violencias, aunque parecen menores, son en muchas ocasiones la cotidianidad de las mujeres trans en general y mucho más de las mujeres afro-trans, tanto en Perú, como República Dominicana y en general en Latino América. Las mujeres trans son víctimas del ejercicio arbitrario de las autoridades públicas que las convierten en sujetos criminales y restringen sus derechos, en este caso a la libre circulación, sin justificación legal.

Según el relato de Belén, después de la espera, fue movilizada por el funcionario del aeropuerto, junto con otro grupo de personas en su mayoría personas afrodescendientes, de escáner para identificación de drogas.  Posteriormente fue autorizada a abandonar el lugar sin ser notificada en ningún momento los motivos y argumentos de dicho protocolo.

Desde El Instituto Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Ashanti Perú – Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes y Trans Siempre Amigas TRANSSA hacemos un llamado a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con funciones en el Aeropuerto las Américas de Santo Domingo, para que investigue estos hechos, se pronuncie al respecto, pida disculpas públicas a la señorita afectada e inicie procesos de formación a sus funcionarios, para el respeto de las personas afro-trans.

A 14 asciende el número de líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos asesinados durante el primer mes del 2019 en Colombia

Bogotá, Colombia. Enero 29 de 2019 –  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa especial preocupación por la alarmante cifra de líderes y lideresas sociales populares asesinados en Colombia al cierre del primer mes del año; espacio de tiempo en el que se reportaron aproximadamente 14 homicidios de hombres y mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Rechazamos y condenamos enérgicamente la sistematicidad de los actos de violencia especialmente hacía la población afrodescendiente e indígena del país, pueblos históricamente marginados y violentados por lógicas estructurales de pobreza, desplazamiento forzado, in-acceso a servicios de salud, educación, empleo y garantías que de protección que aseguren la integridad de sus derechos fundamentales.

Urgimos al Estado y el pueblo colombiano a no pasar por alto el número de defensores y defensoras de derechos humanos afrocolombianos asesinados para el cierre del 2018, que según la cifra reportada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES asciende a 20 homicidios (17 hombres y 3 mujeres) de los 54 asesinatos de líderes y lideresas de pueblos étnicos.

Demandamos al Estado colombiano emprender todos los esfuerzos para garantizar la vida y protección de aquellos hombres y mujeres que dan la vida por el territorio.  Así mismo, le hacemos un especial llamado para que de manera diferenciada provea los mecanismos de protección necesario para los pueblos étnicos, especialmente reconociendo las afectaciones que padecen las mujeres afrocolombianas e indígenas víctimas directas del conflicto armado, quienes en gran desventaja frente al resto de la población, por no contar con las garantías de protección social, autonomías económicas y el reconocimiento de sus derechos, son doblemente vulneradas.  Exigimos justicia, verdad y garantías de NO impunidad por las vidas de las lideresas Maritza Ramírez Chaverra (Tumaco) , Maritza Quiróz Leiva (Magdalena) y María Ortega (Norte de Santander), las muertes de estas mujeres hoy víctimas de la cruenta situación de violencia en el país dejan no solo grandes vacíos familiares, sino un conjunto social afectado por sus ausencias, esto debido al temor generalizado que produce el continuar apostando por la lucha y defensa de los derechos humanos y del territorio.

Con extrema preocupación urgimos al gobierno nacional emprender todos los esfuerzos para garantizar la NO impunidad de los más de 500 homicidios a líderes y lideresas sociales que hoy enlutan al país.  Así mismo, resaltamos la necesidad de adoptar todas las medidas de protección para velar por la vida e integridad de las y los líderes que continúan en situación de riesgo, razón por la cual clamamos a la comunidad internacional solidarizarse ante esta emergencia nacional y continuar monitoreando la grave y sistemática situación de violación a los derechos fundamentales de defensores y defensoras de derechos humanos.

Instamos al gobierno colombiano y a todos los grupos sociales involucrados con hacer posible la construcción de una paz estable y duradera en todo el territorio colombiano haciendo del diálogo la única vía legítima para una salida negociada y pacífica al conflicto armado aún latente en el país.

COLOMBIA: ¡NI UN PASO ATRÁS, ADELANTE POR LA PAZ! -Pronunciamiento-

Bogotá, Colombia.  Enero 18 de 2019 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza y condena enérgicamente los hechos de violencia que han enlutado a las y los colombianos durante los primeros 15 días del año.  Condenamos todo tipo de violencia que atente contra los propósitos del pueblo colombiano de avanzar en la construcción conjunta de una paz estable y duradera en todo el territorio.

El asesinato de los 10 líderes y lideresa social que acrecienta el impactante número de muertes de defensores y defensoras de derechos humanos tras la firma del Acuerdo de Paz el pasado septiembre de 2016, así como el reciente ataque terrorista en la Escuela General Santander de la ciudad de Bogotá, que hasta la fecha ha dejado un saldo de 21 muertos y 68 heridos, según lo reportado por medios de comunicación nacional, son evidencia de la inminente  necesidad de que el gobierno colombiano y la sociedad en general continúen trabajando en pro del proceso de Paz.

Pese al ambiente de incertidumbre que generan lo episodios ocurridos en el país, en medio de un creciente despertar de la movilización social en rechazo de políticas gubernamentales arbitrarias, entre otras cosas por el acceso a la educación, la ley de financiamiento y lo relacionado con el acceso, tenencia y explotación de tierras;  además del repudio generalizado por el asesinato de los más de 365 líderes y lideresas asesinados durante el 2016 y 2018 (que aún parece no hacer suficiente eco en las urgentes e inmediatas medidas que el gobierno nacional debería implementar para garantizar la vida de su pueblo);  animamos a los colombianos y las colombianas a continuar apostándole con determinación a la búsqueda y construcción de la paz, teniendo en cuenta como único camino el diálogo en todas las esferas sociales que permita tramitar los conflictos que atentan contra los legítimos derechos al goce efectivo a una vida digna.

Como organización comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, hacemos un llamado urgente al gobierno colombiano, a todas sus instituciones, grupos disidentes del ex grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC EP) y a los grupos alzados en armas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que conscientes de la gran responsabilidad con la construcción de una sociedad en paz, se comprometan con la necesidad de avanzar en un diálogo pacífico de cara a una guerra de más de 50 años que ha dejado un saldo aberrante de víctimas que merecen el compromiso vehemente de sus dirigentes, organizaciones sociales y sociedad en general, esto como una alternativa para tramitar las diferencias y construir una sociedad con justicia social.

Instamos a la comunidad internacional continuar monitoreando y acompañando al Estado Colombiano en el proceso de construcción de una paz en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Organizaciones por los derechos de las personas LGBTI alertan sobre grave crisis de derechos en Brasil

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Instituto Transformar de Brasil, la organización TRANSSA TRANS Siempre Amigas de República Dominicana, La Corporación Caribe Afirmativo de Colombia, Fundación Arcoíris de Tumaco en Colombia, Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashantí en Perú y la Rede Afro LGBT de Brasil, expresan extrema preocupación por la grave situación de vulneración en que se encuentran los derechos fundamentales de las personas LGBTI en Brasil.  Con más de 160 homicidios registrados durante el 2018 contra las personas LGBTI, preocupa gravemente la ocurrencia de diez homicidios por prejuicio durante los primeros días del mes de enero de 2019 en su mayoría hacía personas trans afrodescendientes, a lo cual se suma la Medida Provisional 870/19 que excluye a la población LGBT como sujeto para la promoción de Derechos Humanos.  Así mismo, la reciente renuncia del congresista Jean Wyllis, único legislador afro-Gay del país, quien anunció hoy desistir a su cargo por las múltiples amenazas, difamaciones y actos de hostigamiento orquestadas en contra de su persona a través de redes sociales.

Situación de derechos personas LGBTI

Según las cifras reportadas por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales – ANTRA de Brasil, cada 48 horas una persona trans es asesinada en este país. Durante los últimos dos años se han registrado un aproximado de 332 homicidios hacía personas trans, promovidos especialmente por el odio e imaginarios negativos que ahondan el desconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y que además incitan la normalización y/o legitimización de violencias contra esta población.

Solamente en el 2017 un total de 179 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, de las cuales el 80% de homicidios fueron de personas negras o mulatas, además de identificar que un 70% de las víctimas se desempeñaban como trabajadoras sexuales. El 85% de los asesinatos se registró con refinamientos de crueldad como descuartizaciones, ahogamientos y otras formas brutales de violencia”, apuntó la organización.

Retroceso en materia de derechos

La reciente elección del mandatario Jair Bolsonaro representa un peligro real para las personas LGBTI, afrodescendientes, defensores de derechos humanos, grupos indígenas y quilombolas, entre otras minorías políticas. A esos grupos -o al menos a estas minorías- se declaró una verdadera guerra, señaló Alessandra Ramos mujer trans defensora de los derechos de las personas LGBTI y parte del equipo de trabajo del congresista Jean Wyllis; quien además señaló que los casos de violencia contra personas LGBT por parte de seguidores de Bolsonaro se han multiplicado en el país. Según cifra ofrecida por la activista, se registraron más de 80 casos de agresiones y asesinatos de personas LGBTI durante campaña del actual presidente, puntualizando, además, que es la población trans quien se enfrenta a un mayor estado de vulneración por encarnar la figura y máxima expresión del odio por su visibilidad, y por el grado de exclusión social a que están sometidas.

Aunque los índices de violencia contra las minorías políticas, en especial contra las personas LGBT, indican un preocupante aumento durante la campaña de Jair Bolsonaro promovida por la producción de más de 700 millones de noticias falsas dispersas en las principales redes sociales, en relación a la exigibilidad y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, según denuncian múltiples organizaciones de derechos humanos del país; la polarización de Jair Bolsonaro ya se revelaba antes incluso de comenzar la campaña, quien a través de fuertes discursos de odio patentaba una disputa narrativa sobre la corrupción, la elección del gobierno del Partido de los Trabajadores / PT, la promesa de una ley que da derecho a policías de matar sin repercusiones jurídicas, la defensa de la familia tradicional y / o la lucha contra ideología de género y otra promesa de liberación del porte de armas. Apuntó Ramos durante su reflexión, quien añadió además que todo esto se convierte en una amenaza concreta a las vidas de algunas minorías políticas y en sí misma un riesgo para la democracia brasileña y los avances que en materia de derechos se han logrado.

Preocupa que en este marco de violencia la Medida Provisional No. 870/19 adoptada por el presidente Bolsonaro el 1 de enero de 2019 haya removido a la población LGBTI de la lista de políticas y lineamientos que apuntan a la promoción de los derechos humanos. A ello se suma la creación del nuevo ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, liderado por el pastor Damares Alves.

Persecución y hostigamiento

¡El discurso de odio no puede ser minimizado! ¡Él es potencialmente asesino y ha producido sus víctimas! Expresó el congresista del PSOL Jean Wyllis, tras anunciar su renuncia al mandato por los diversos actos de acoso, persecución, difamación y amenazas de muerte en contra de su persona durante el último tiempo.

El diputado abiertamente gay quien durante su mandato habría luchado por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, señaló en diversas entrevistas a medios de comunicación nacional que su renuncia no se debe exclusivamente a la elección de Bolsonaro como presidente, sino al nivel de violencia que después de su elección ha ido en aumento.  Para tener una idea, el congresista referenció el reciente caso de la travestí a la que días atrás le arrancaron el corazón y sobre quien dejaron una imagen santa. Todos estos actos de barbarie representan una amenaza contra su vida ¡Por el futuro de la causa, necesito estar vivo! Señaló el exmandatario quien cuenta medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pronunciamiento

En enérgico estado de preocupación y rechazo las diversas organizaciones de derechos humanos inicialmente mencionados hacemos un llamado de alerta al Estado Brasilero para atender inmediatamente la grave situación de violación a los derechos fundamentales de las minorías políticas especialmente a los grupos históricamente marginados como los pueblos afrodescendientes, indígenas y personas LGBTI.   Urgimos al Estado entrar un estado de alerta por los múltiples y sistemáticos actos de barbarie cometidos contra personas LGBTI promovidos por el odio e imaginarios negativos que desconocen los derechos de las personas y que además incitan y legitimizan las violencias contra esta población.

Recordamos al país que el retroceso en materia de los logros del reconocimiento de los derechos de las minorías puede tener repercusiones a nivel regional; así como también representa un rompimiento directo con una serie de compromisos internacionales adoptados por Brasil, al ser signatario de diversos tratatos internacional de derechos humanos y acuerdos en esta índole.

Instamos a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos de todo el mundo pronunciarse ante el serio problema en materia de derechos humanos que hoy sostiene el país latinoamericano y que requiere de monitoreo inmediato.

“Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida» Análisis de la primera condena por feminicidio de una mujer trans en Colombia

Los hechos

Anyela Patricia era una mujer trans que se dedicaba a la peluquería en el Muncipio de Garzón en el departamento del Huila. A diferencia de la experiencia de vida de otras mujeres trans en Colombia marcadas por el estigma, ella era reconocida y querida por la comunidad, es por ello, que cuando Anyela fue asesinada en febrero de 2017, la comunidad de Garzón en su funeral salió a las calles a marchar con pancartas y banderas a pedir que se investigara la ocurrencia de este homicidio ( ver aquí la imagen y la noticia al respecto http://www.lanacion.com.co/2017/02/11/lo-mate-porque-me-hizo-dano-homicida-de-estilista/).

Los hechos ocurridos en febrero de 2017 se dieron de forma aparentemente rápida en la peluquería de Ányela en horas de la mañana al recibir varios disparos por parte del Sr. Davinson Estiven Erazo quien en una ocasión anterior, durante agosto del año 2016 intentó atacar a Anyela con un machete, pero este fue detenido por la intervención de amigos y familiares.  Aunque para esta ocasión el presunto agresor fue llevado a una estación de policía no hubo mayores consecuencias frente a este antecedente (especialmente grave porque el tema se limitó a un trámite policial de detención, sin investigación penal que ahondara en la gravedad, como ocurre en muchos casos en Colombia).

Cuando el Sr. Eraso finalmente logró su objetivo en 2017 fue atrapado por las autoridades frente a quienes declaró haber realizado una tarea pendiente, añadiendo, además, frente a medios de comunicación regionales del departamento del Huila que Ányela era una persona que debería morir.  “Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida.”.

La sentencia

El juzgado segundo penal del circuito, en cabeza de la Jueza Catalina María Manrique Calderón sentenció al  Sr. Eraso como autor del delito de feminicidio agravado por los delitos establecidos en el código penal arts. 104 A y 104 B y el delito de porte ilegal de arma. Sin embargo, fue declarado como inimputable, porque durante el proceso penal se demostró la existencia de una esquizofrenia, asociada, entre otras cosas, a la farmacodependencia y en todo caso, a “la existencia de un trastorno mental permanente”, por lo que se ordenó la reclusión del agresor por 20 años en establecimiento psiquiátrico o establecimiento adecuado para su atención.

Existen varios elementos que son fundamentales para entender esta sentencia y que implican un avance relevante frente a la aproximación a la violencia contra las mujeres trans; entre ellos podemos destacar:

Reconocimiento de la identidad de género; Reconocimiento de la motivación de la violencia por identidad de género e imputación del delito de feminicidio; Uso del marco normativo nacional e internacional. Sin embargo, otros temas deben ser revisados detenidamente en nombre de las garantías procesales penales.

Reconocimiento a la identidad de género

Uno de los primeros avances claros en los que esta sentencia marca un hito en Colombia, es el reconocimiento expreso de la identidad de género de la víctima. Pareciera una cosa menor, teniendo en cuenta que en Colombia existen sentencias y decretos que reconocen la identidad de género de las personas trans, sin embargo, en este caso, el alcance que tienen el reconocimiento de la identidad de género, se traduce también en la posibilidad de aplicar una norma penal que tradicionalmente ha sido utilizado exclusivamente para proteger la vida de las mujeres cisgénero, a pesar de que el artículo 104 A también reconoce las violencias fundadas en la identidad de género de las mujeres.

Este reconocimiento es importante porque aclara las inquietudes de fiscales y juristas en la materia, pues evidentemente la Fiscalía en este caso adoptó una interpretación sobre la identidad de género consecuente con la jurisprudencia colombiana y las recomendaciones y declaraciones internacionales en la materia. Esto tuvo efectos muy concretos, del cual, uno de los más interesantes es la aceptación de la Fiscalía en primera instancia, como elemento probatorio de la identidad de género femenina de la víctima, los testimonios de amigos y familiares que reconocían a Ányela como una mujer transgénero, así como su expresión de género femenina.  Secundariamente, si bien se menciona por parte de la Fiscalía la existencia de intervenciones quirúrgicas sobre el cuerpo de la víctima (mamoplastia de aumento), se considera esta como parte complementaria de su propia construcción identitaria.

El reconocimiento a la identidad de la víctima es muy importante porque para algunos fiscales y juristas sobre el tema, la identidad de género solo se podía probar con el cambio documental de la identidad, en el documento de identificación personal, esto desde luego, sería una exigencia innecesaria y que contravendría la jurisprudencia constitucional colombiana, así como los estándares internacionales en la materia en el sentido de que la identidad de género se constituye en la experiencia de vida misma y no a partir del reconocimiento jurídico. Esta tesis de la Fiscalía, es secundada por la Jueza de conocimiento que, aunque ahonda en la descripción de la necropsia que describe la intervención quirúrgica, retoma la construcción social de Ányela como mujer, que era bien conocida por su comunidad.

En conclusión, no existe un estándar único de prueba de la identidad de género y por tanto exigir como prueba el cambio de sexo ante registro público desconocería los procesos personales y sociales de la construcción de la identidad de género.

Reconocimiento de la motivación de la violencia por identidad de género e imputación del delito de feminicidio

A consecuencia del reconocimiento de la identidad de género de la víctima que hizo la fiscalía, no solamente es posible imputar el delito de feminicidio, si no que además de ello, la identidad de género misma de la víctima se volvería un elemento central para entender las motivaciones de la violencia.

Cuando se imputa el delito de feminicidio, en el caso de una mujer trans, no solamente se requiere que se trate de una mujer, se requiere además que la motivación de la violencia este relacionada con el hecho de ser una mujer o por su identidad de género.  En este caso, tanto la Fiscalía como la Jueza que estudia el caso, concuerdan con que el agresor por el hecho de seguir a la víctima y verla repetidamente en su peluquería, pudo establecer la identidad de género de la víctima, esto también se hizo evidente en situaciones de agresión verbal en los que se mencionaba despectivamente la identidad de género de Anyela.

El hecho de que el agresor hubiese seguido a Ányela, la agrediera verbalmente y que incluso llegara al punto de intentar agredirla con un arma blanca en 2016 (machete) previo al homicidio, da cuenta de un contexto de persecución y violencia fundadas en la identidad de género de la víctima.

Si bien la sentencia pudo ser más rica en detalles que permitieran evidenciar la conexión entre el prejuicio del agresor, la violencia y su relación con la identidad de género de la víctima, en el curso del proceso, la Fiscalía pudo demostrar que el hecho de que Ányela hubiese sido una mujer trans, jugó un papel fundamental en su homicidio. En declaraciones dadas por el agresor a algunos medios, se hizo evidente una serie de prejuicios e imaginarios sociales que iban ligados negativamente a la percepción del Sr. Eraso contra las personas trans, este tipo de declaraciones acorde a estándares de investigación como los utilizados en Estados Unidos en la recolección de datos de crímenes de odio, dan cuenta de un prejuicio por parte del agresor frente a las personas trans en este caso.

Uso del marco normativo nacional e internacional

Otro aspecto que, si bien ha sido mencionado, pero que en todo caso merece ser destacado, es la aplicación que ha hecho la jueza de conocimiento de estándares nacionales e internacionales para la comprensión de la identidad de género en este caso. Para la juez, la comprensión de su deber se enmarca en la protección y reconocimiento de la identidad de género, ya sea por vía de la jurisprudencia constitucional acorde a la sentencia C-584 de 2015 (entre otras) que reconocen la identidad de género o por vía de la interpretación del alcance de las responsabilidad del Estado Colombiano de investigar este tipo de violencias, acorde a declaraciones firmadas por el Estado ante la OEA, el acatamiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Karen Atala que explica la identidad de género como una categoría diferente de la orientación sexual y el uso como referente importante de los principios de Yogyakarta.

Si bien la Jueza no ahonda en todos estos referentes legales, si los utiliza como punto de referencia para situar jurídicamente la discusión sobre el reconocimiento de la identidad de género, la obligación de investigar y la adecuada aplicación de la justicia penal en el caso concreto.

Las discusiones que quedan pendientes 

Una primera observación que se puede hacer al cuerpo de la sentencia, sería el de dar preferencia tanto en el texto como a lo largo de todo el proceso penal, al reconocimiento identitario del nombre de la víctima. Si bien el nombre de Ányela es reconocido en el texto de la sentencia, a lo largo del texto se repite una y otra vez su nombre masculino ante la registraduría, cuando en la lógica de la sentencia, se debió dar preferencia al nombre identitario de Ányela.  Podría en el futuro ser utilizado a lo largo de la sentencia el nombre identitario, con la aclaración inicial de que la identidad de la víctima esta plenamente establecida ante el registro con un nombre masculino, pero que, como parte integral de la sentencia, se preferirá el nombre identitario de la víctima. Esta también debería ser una práctica estandarizada en todo el proceso judicial con cualquier persona trans ya sea víctima o indicada.

Un problema mayor reviste el uso de los agravantes. Por una parte, se aplica un agravante relacionado con el estado de indefensión de la víctima al momento en que fue agredida, pero adicionalmente se aplica un agravante relacionado con la identidad de género de la víctima. Esta discusión es importante y merece ser analizada con detenimiento para prevenir la violación de garantías procesales del imputado.

Como se ha mencionado, en este caso el reconocimiento de la identidad de género de la víctima permitió la aplicación del delito de feminicidio, en este caso, en razón a la identidad de género de la víctima que se reconocía y era reconocida socialmente como una mujer trans. Sin embargo, este mismo delito contempla como uno de sus agravantes, que la violencia sea cometida en razón a su orientación sexual (o identidad de género atendiendo a la jurisprudencia constitucional). Resulta extraño que a una persona a quien se le imputa responsabilidad penal por un hecho, en este caso asesinar a una persona por su identidad de género, además se le agrave la condena por que cometió el hecho por la identidad de género de la víctima.

Esta doble imputación de responsabilidad penal, resultaría en una clara violación a los derechos del procesado y en este caso, susceptible de ser apelada. Un ejemplo más claro o lógico de cuando se podría aplicar este agravante, sería en el caso en que una mujer cisgénero víctima de feminicidio, hubiese sido además violentada en razón a que era bisexual o lesbiana, en este caso operaría claramente el agravante por orientación sexual.

Estas aclaraciones teóricas en materia penal son indispensables para salvaguardar garantías procesales del imputado que en todo caso tiene derechos y garantías penales que deben ser protegidas.

En conclusión

Nos encontramos frente a una sentencia que avanza frente al reconocimiento de la identidad de las mujeres trans y resuelve algunas discusiones prácticas que se deben dar en el curso del proceso penal, tanto en el tramite de investigación e imputación por parte de la Fiscalía, como en el proceso judicial mismo.

Otros aspectos que podrían ser ampliados como estándares para establecer la conexión entre el prejuicio del agresor y la violencia que ejerce contra la víctima, deberán ser ampliados en el futuro, por lo pronto, el conocimiento expreso de la identidad de género, la existencia previa de violencias verbales y físicas son útiles para demostrar la existencia de una agresión feminicida en este tipo de casos.

Otros aspectos que merecen mayor discusión como evitar dobles imputaciones de responsabilidad penal sobre mismos hechos con el uso de agravantes que centren el análisis en la identidad de género en el caso de personas trans, merecen ser abordados con más detalle. Dar preferencia a otros agravantes como en este caso el del estado de indefensión de la víctima, parece más claro y garantista para el victimario. En todo caso, la defensa de los de las personas trans no riñe con las garantías procesales de los imputados.

 

Escrito por:  Mauricio Noguera
Oficial de Programas LGBTI para Latinoamérica

 

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