¿CÓMO LE FUE A COLOMBIA EN EL EXAMEN PERÍODICO UNIVERSAL – EPU?

¿CÓMO LE FUE A COLOMBIA EN EL EXAMEN PERÍODICO UNIVERSAL – EPU?

El pasado 10 de mayo se llevó a cabo el Examen Periódico Universal – EPU para Colombia en Ginebra, Suiza. Este espacio de evaluación como único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos busca revisar la situación de derechos humanos de cada uno de los 193 países de la ONU para así proponer recomendaciones de mejora que nutren el trabajo político de los estados.  El resultado de cada revisión, llevada a cabo cada 5 años, es reflejado en un “informe final” que lista las recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión.

Durante la sesión de trabajo El Ministro de Interior Guillermo Rivera mencionó que “hoy Colombia es un país diferente” señalando que la mejor política pública para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos a cada colombiano es, sin lugar a dudas, alcanzar la paz.  Así mismo durante la revisión el mandatario habló sobre la firma del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y el Gobierno Nacional celebrado en el 2016; además de las intenciones de búsqueda de un tratado de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Entre las cifras que resaltó el representante nacional estuvo la reducción de índices de violencia en el 2017 indicando que este fue el año menos violento en los últimos 42 años.  Sin embargo, durante la plenaria uno de los temas que más preocupó a los delegados de los países fue los altos índices de violencia y violación de derechos humanos a líderes y lideresas sociales asesinados posterior a la firma del acuerdo de paz.

En relación a lo anterior, Erlendy Cuero – Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados AFRODES presente en la revisión EPU para Colombia, gracias a los esfuerzos propiciados por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos, hace una descripción de la situación de derechos humanos en Colombia, además de una expresa petición al Gobierno Colombiano para adoptar las recomendaciones impartida por los Estados durante el EPU.

 

A esperas del informe final de recomendaciones de los Estados para Colombia durante el Examen Periódico Universal a continuación se detallan algunos de los comentarios y/o propuesta mencionadas por representantes de los estados durante la sesión al estado Colombiano.

 

 

Raza e Igualdad espera que las recomendaciones de los Estados puedan ser material indispensable a tener en cuenta en la implementación de mecanismos que garanticen la protección de la vida de líderes y lideresas sociales, así como el reconocimiento de los derechos de comunidades étnicas, hombre, mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas LGBT.  Los esfuerzos que el Gobierno Colombiano debe impartir para mitigar la violencia de derechos humanos a la que ha sido sometido todo el pueblo colombiano no da espera, la paz estable y duradera que propone el acuerdo de paz aún no llega a nuestros territorios.

Raza e Igualdad realiza eventos en Colombia con la Relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia.

Bogotá, 1 de Marzo de 2018. La Relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, la Sra. Tendayi Achiume, en su visita a Bogotá, Colombia, realizó una sesión informativa sobre su mandato y sostuvo una reunión exclusiva de trabajo con organizaciones afrocolombianas. Las dos actividades fueron organizadas por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (“Raza e Igualdad”), en el marco del 167 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al cual también asistió la Sra. Achiume.

A la sesión informativa asistieron cerca de 80 personas pertenecientes a organizaciones étnicas, instituciones del gobierno colombiano nacional y local, organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, agencias de cooperación, y ciudadanos particulares. , la Sra. Achiume ofreció una descripción de su mandato y los mecanismos que tiene la Relatoría para contribuir a que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales de promoción y protección de las personas y comunidades que siguen siendo discriminadas y/o excluidas por sus características raciales, de origen nacional, orientación sexual o identidad de género. Después de su presentación, la Sra. Achiume estableció un diálogo abierto con los participantes en torno a temas y preocupaciones sobre la relevancia y contribuciones que puede seguir teniendo la Relatoría para eliminar la discriminación e intolerancia en Colombia.

La reunión privada contó con la participación de representantes de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), el Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF), la Red de Mujeres Afrocolombianas KAMBIRI, el Movimiento Nacional CIMARRON, la Secretaría Técnica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), e IleX Acción Jurídica Afrodescendiente de Colombia.

A través de las presentaciones de cada una de las organizaciones y las respuestas a las preguntas formuladas por la Sra. Achiume, la Relatoría logró conocer información de primera mano sobre la situación de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas en el contexto de implementación del Acuerdo de Paz. Entre los temas y preocupaciones compartidas se destacan: los asesinatos y amenazas contra líderes y lideresas, el confinamiento y la violencia en territorios afrocolombianos, la precariedad de las condiciones de vida de la población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, la persistencia de los procesos de exclusión asociados a economías legales e ilegales, la situación de vulnerabilidad agravada de las mujeres afrocolombianas, y el atraso en la implementación de Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Las organizaciones participantes coincidieron en recomendar a la Srta. Achiume la importancia que tendría que solicite al Estado de Colombia la realización de una visita en loco para valorar en profundidad todas estas situaciones.

Al finalizar, la Sra. Achiume expreso su disposición todos los mecanismos con que cuenta la Relatoría para contribuir a que el Estado de Colombia ofrezca las respuestas institucionales adecuadas para enfrentar todas las problemáticas planteadas.

Raza e Igualdad destacó la importancia que han tenido las dos anteriores visitas realizados por la Relatoría al país en 1996 y 2003. Los respectivos reportes contribuyeron en forma significativa a visibilizar la grave situación de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas como consecuencia del conflicto armado interno. La mayoría de las recomendaciones de esos reportes siguen teniendo vigencia, y deberían ser implementadas por el Estado colombiano en el actual contexto de post-acuerdo en el que las comunidades afrocolombianas siguen enfrentando graves violaciones a sus derechos humanos. Raza e Igualdad coincidió con las organizaciones presentes en la urgencia de una visita in loco de la Relatoría, y adicionalmente recomendó sobre la conveniencia que la Relatora mantenga una comunicación con las organizaciones participantes, y sobre la importancia que tendría que la Relatoría recomiende al Estado colombiano la ratificación de la Convención Interamericana sobre contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia.

Raza e Igualdad continuará adelantando iniciativas de difusión y asistencia técnica para fortalecer las relaciones de colaboración entre las organizaciones de comunidades étnicas y LGBTI de las Américas con la Relatoría a cargo de la Sra. Achiume.

Más informacion en el siguiente link: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx

Acuerdo de Paz y Afrocolombianos/as, un año después: “La paz nos está costando la vida”

Después de un año de firmado el Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto armado interno colombiano de más de 50 años con la guerrilla de las FARC-EP, los avances de la implementación del mismo no ofrecen un balance favorable para las comunidades afrocolombianas. La violación a sus derechos humanos continúa y los desarrollos legislativos e institucionales requeridos para la implementación del Acuerdo no están aplicando en forma adecuada lo estipulado por el Capítulo Étnico que hace parte integral del mismo. Los conflictos del post-acuerdo, que fueron identificados en diverso análisis, incluyendo el ofrecido por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos [1] , no han venido siendo resueltos adecuadamente por el gobierno colombiano. El presente artículo analiza algunas de las dificultades y factores que han impedido que las condiciones que configuró la firma del Acuerdo se hayan potenciado como oportunidades para garantizar los derechos de las comunidades afrocolombianas.

La firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante, el Acuerdo) el 24 de Noviembre de 2016, fue un momento agridulce para las organizaciones y comunidades afrocolombianas que desarrollaron acciones de incidencia intensa durante todo el proceso de negociación del mismo. Celebraron el logro de un proceso que ha abierto las oportunidades para la construcción de una paz sostenible por vías pacíficas, y que respaldaron desde el inicio, pero quedaron preocupados por los efectos de su exclusión del proceso. Una exclusión que fue parcialmente corregida a última hora con la inclusión del denominado Capítulo Étnico. Dicho “ajuste” al texto final del Acuerdo contiene un conjunto de reconocimientos, principios, salvaguardas y garantías, y mecanismos, que de aplicarse a cabalidad, efectivamente deberán llevar a que la implementación del Acuerdo garantice la protección, restauración y promoción de los derechos étnicos adquiridos y vulnerados. Sin embargo, y dado que el resto del Acuerdo no incorporó en forma adecuada un enfoque diferencial étnico-afrocolombiano, las preocupaciones sobre el cumplimiento de lo establecido en el Capítulo Étnico también hicieron parte de ese momento histórico.

Un año después de iniciada la implementación del Acuerdo de Paz, esas preocupaciones parecen no haber sido infundadas. En el desarrollo del proceso legislativo, principal condición institucional para aterrizar el Acuerdo, no se ha incorporado en forma adecuada lo estipulado por el Capítulo Étnico ni se han implementado los procesos de consulta previa con las comunidades y las organizaciones. Los avances en acciones críticas como la sustitución de cultivos ilícitos o los Planes de Desarrollo conEnfoque Territorial tampoco han garantizado la participación de las comunidades afrocolombianas más afectadas. La violencia (amenazas y asesinatos de líderes, nuevos desplazamientos, confinamientos) contra comunidades afrocolombianas rurales y urbanas no ha cesado. Todas estas realidades que no parecen consistentes con el espíritu del Acuerdo, y que vienen generando decepción y desesperanza entre las comunidades, están representando una amenaza para que el fin del conflicto armado contribuya a que se les garantice sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Un análisis de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz desde una perspectiva afrocolombiana es una tarea fundamental que el gobierno colombiano debe realizar para corregir la inadecuada adopción de un enfoque diferencial que ha prevalecido desde la firma del mismo. El Informe[2] ofrecido por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU., que es la institución que el Acuerdo designó como responsable técnica para la valoración de la implementación, ciertamente identifica el retraso y los problemas que se tienen respecto a las disposiciones del Capítulo Étnico. Según este Informe, el Capítulo Étnico está entre los subtemas con más bajos niveles de implementación. En sus recomendaciones identifica algunas acciones que deben adoptarse para superar este retraso. Esta valoración y recomendaciones no son suficientes para generar el marco de comprensión requerido para corregir el rumbo de la implementación de tal forma que se garantice la adopción de un enfoque diferencial étnico-afrocolombiano. Se hace necesario analizar con mayor especificidad y detalle los problemas que se han venido presentando. Para ello, los análisis y propuestas que comunidades y organizaciones afrocolombianas han venido planteando deben ser considerados con atención.

Las violencias del post-acuerdo
La persistencia de las graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades, las organizaciones y sus liderazgos constituye la principal problemática que debería reconocerse y atenderse. “La paz nos está costando la vida” es una afirmación compartida por todos los sectores sociales comprometidos con defender lo estipulado por el Acuerdo de Paz. Los asesinatos de líderes como Jair Cortés de Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera en Tumaco, o Bernardo Cuero de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) en Malambo, reflejan la incapacidad y omisión del gobierno para enfrentar una realidad pronosticada desde diversos análisis: se sabía que la desmovilización de las FARC-EP conduciría a que se eliminara un factor de la violencia pero también produciría una nueva dinámica armada por la disputa del control territorial de las zonas donde operaba, por parte de los otros grupos armados ilegales (guerrilla del ELN y grupos paramilitares) y en conexión con las dinámicas del narcotráfico.Esta dinámica, perfectamente previsible e identificable en territorios específicos debió impulsar al gobierno a reconocer la situación de riesgo agravado de líderes y lideresas, y por lo tanto a garantizarles las medidas de protección adecuadas, las que no se deben limitar a nivel individual sino que deben incorporar medidas de protección colectiva. En muchos casos, lo que ha venido sucediendo es lo contrario. Líderes y lideresas afrocolombianas en situación de riesgo, que inclusive han sido víctimas de amenazas y atentados, al solicitar medidas de protección, sus evaluaciones de riesgo por parte de las instituciones encargadas arrojan un “riesgo ordinario”. Los mecanismos para la determinación del nivel de riesgo de liderazgos de comunidades y organizaciones afrocolombianos requieren una revisión profunda que realmente reconozca los factores de riesgo asociados al contexto.

En esta perspectiva, precisamente se deben valorar los factores que están impidiendo al gobierno colombiano garantizar el derecho a la vida y la participación política en regiones afrocolombianas como Tumaco, el Bajo Atrato, el río San Juan, entre otras. Y la cuestión va más allá de la militarización de los territorios que muchas comunidades consideran inadecuada. La expectativa de ellas, dentro del espíritu del Acuerdo era, y sigue siendo, que se iniciara una presencia estatal integral en función de atender las necesidades básicas de las comunidades a través de un proceso de consulta previa. Lo que ha pasado, como quedo demostrado con la masacre de campesinos “cocaleros” en territorios colectivos del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera en Tumaco, es que ha primado una visión que concibe la implementación del punto del Acuerdo sobre el problema de las drogas desde una perspectiva exclusivamente “criminal”. Por lo tanto, no hay un reconocimiento de los impactos del narcotráfico sobre la vida colectiva de las comunidades, y de la condición necesaria de consultarlas para implementar el programa de sustitución de cultivos.

La continuidad de las violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas no se han limitado a los territorios rurales. Zonas de los contextos urbanos de Buenaventura, Quibdó, Bogotá, Cali, Cartagena, entre otros, en donde habitan miles de afrocolombianos en situación de desplazamiento forzado, también son campos de disputa armada entre grupos armados ilegales articulados a la dinámica de microtráfico.

La implementación normativa
El proceso de formulación y expedición de las leyes y decretos para la implementación del Acuerdo por parte de los poderes ejecutivo y legislativo ha sido la prioridad desde la firma del mismo. De acuerdo con el Informe del Instituto Kroc, a septiembre 2017 se han aprobado 44 iniciativas legislativas a través de los mecanismos especiales establecidos para la implementación normativa de los puntos esenciales del Acuerdo; otras 12 iniciativas están en curso, y deberían aprobarse antes de finalizar la vigencia del fast-track en Noviembre 30 de 2017. Las expectativas de las comunidades y organizaciones afrocolombianas frente a este proceso era que precisamente lo estipulado por el Capítulo Étnico se aplicara en forma rigurosa. La garantía al derecho a la consulta previa, libre e informada debía constituirse en la principal herramienta y principio para asegurar la adopción de un enfoque diferencial-étnico afrocolombiano. Al respecto, el balance es bastante negativo.

Según reportes de miembros del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, que como parte de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, lideró el proceso que llevó a la formulación e inclusión del Capítulo Étnico dentro del Acuerdo, el incumplimiento de lo establecido en materia de consulta previa y progresividad en dicho capítulo por parte del ejecutivo y el Congreso en la implementación normativa ha sido prácticamente total. Ni la Instancia de Alto Nivel con Pueblos Étnicos definida en el Capítulo Étnico, ni el Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, han sido consultados en forma adecuada para el trámite de las iniciativas legislativas hasta ahora aprobadas. No parece factible que esto se haga para lo que resta de la vigencia del fast-track.

La consecuencia de este incumplimiento, obviamente ha sido que dichos actos legislativos carezcan de de un enfoque diferencial étnico-afrocolombiano que impida la regresividad en derechos adquiridos y garantice que la implementación conduzca a la reparación integral de los derechos vulnerados. Se requiere de una revisión profunda de todos estos actos legislativos de tal forma que permita identificar los mecanismos que sean necesarios para “corregir” lo omitido, pero ya en el terreno de la implementación concreta. El problema que se tendrá es que en Colombia lo que “no se nombra en las leyes” es muy difícil poder exigirlo en la aplicación de las mismas. Es cierto que el mismo Acuerdo, además del Capítulo Étnico, enfatiza el compromiso de aplicar enfoques diferenciales. Eso debería ser suficiente. Sin embargo, la falta de la especificidad étnica-afrocolombiana en los textos de los actos legislativos hará mucho más difícil la adopción de dicho enfoque por parte de las instituciones que tendrán a su cargo la aplicación de las leyes para la implementación del Acuerdo.

A manera de ejemplo. En el Decreto que crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, se recogen textos originales del Acuerdo que mencionan las afectaciones del conflicto sobre los diferentes grupos poblaciones más vulnerables (mujeres, afrocolombianos, indígenas, niños, etc.). Pero a la hora de crear mecanismos específicos al interior de la Comisión que velen porque esos enfoques diferenciales se apliquen, el Decreto solo estipula la creación de un grupo de asuntos de género. Esta especificidad de los temas de género es completamente adecuada y se logró como resultado de los procesos de incidencia durante el proceso por parte de las organizaciones de mujeres. La creación de un grupo análogo para asuntos étnicos debería haberse incluido en esta fase legislativa, independientemente de la incidencia de las organizaciones afrocolombianas. Si la consulta previa se hubiera garantizado, seguramente el Decreto habría tenido que incluir una provisión similar a la de los temas de género.

Las iniciativas legislativas relacionadas con la Reforma Rural Integral también han venido siendo monitoreadas y fuertemente criticadas por organizaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas, einclusive por un grupo de congresistas. Algunos pronunciamientos han ofrecido argumentos sólidos acerca de la inconsistencia de algunos actos legislativos con lo establecido por el Acuerdo. Al parecer, se están planteando mecanismos que pueden echar para atrás derechos territoriales adquiridos por las comunidades étnicas.

El Plan Marco de Implementación (PMI)
La formulación y aprobación del PMI ha sido el otro proceso institucional fundamental que se ha desarrollado durante este primer año de implementación, y que resulta crítico para la perspectiva de garantizar los derechos de las comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto. Según el Informe del Instituo Kroc, “el PMI y el posterior CONPES, es un instrumento de política pública clave para traducir el Acuerdo Final a instrumentos programáticos y presupuestales de política pública que integren el Acuerdo de Paz en la cotidianeidad y estructura funcional del Estado”. El mencionado Informe indica que este proceso lleva un retraso de 6 meses con respecto al cronograma establecido por el Acuerdo, lo cual representa un obstáculo significativo. La inclusión del enfoque diferencial étnico-afrocolombiano en el PMI ha enfrentado grandes dificultades.

El componente crítico del PMI para lograr la adopción de un enfoque diferencial es la formulación e inclusión de metas e indicadores. Cualquier propósito establecido por el Acuerdo que no se traduzca en esos términos dentro del PMI, conducirá a que el mismo no sea de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno colombiano, y por lo tanto no tendrá asignación presupuestal.

Representantes de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, la cual a su vez hace parte de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, han estado participando activamente en los espacios creados para la elaboración del PMI. Con sus propios recursos técnicos han elaborado y entregado la propuesta de indicadores y metas étnicos. Sin embargo, lo que han encontrado es una resistencia sistemática a que sus propuestas sean incluidas. Al momento de producir este artículo, al parecer se va a llegar a una versión de PMI que efectivamente incorpora lo étnico a nivel de indicadores y metas. Aun asi, el proceso de relacionamiento entre la institucionalidad y las organizaciones afrocolombianas ha evidenciado la falta de voluntad política y comprensión sobre la importancia del enfoque diferencial étnico como elemento constitutivo para la construcción de la paz.

El fortalecimiento de las condiciones para la participación efectiva
Desde el inicio del proceso de negociación el gobierno colombiano y las FARC-EP coincidieron en que las víctimas del conflicto estarían en el centro. El texto final del Acuerdo efectivamente refleja ese compromiso. No solamente en términos de que uno de sus puntos se dedica exclusivamente a los derechos de las víctimas sino que la totalidad de los puntos del Acuerdo también adoptan ese compromiso. Por lo tanto, la expectativa de las comunidades afrocolombianas a la firma del Acuerdo era que se iban a adoptar todas las medidas necesarias para que desde el inicio de su implementación se garantizara su participación efectiva. El principio de la consulta previa estipulado en el Capítulo Étnico reforzaba esta expectativa. Así mismo, la creación de una Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos parecía que se convertiría en el mecanismo fundamental para velar por esa participación.

Las valoraciones de las comunidades y organizaciones afrocolombianas sobre las acciones del gobierno colombianos para contribuir al fortalecimiento de las condiciones para la participación efectiva en la implementación del Acuerdo durante su primer año ofrecen un balance desfavorable.

La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos efectivamente se creó pero no ha contado con las condiciones logísticas y técnicas adecuadas para producir los insumos que se requieren participar en los procesos legislativos y de diseño institucional que se han adelantado. Adicionalmente, en el caso de la formulación del PMI, los espacios de interlocución han carecido muchas veces de representantes de de la institucionalidad con poder de decisión. Esto último precisamente se ha constituido en un factor que retrasa el alcance de acuerdos para la inclusión de propuestas fundamentales para garantizar que se esté adoptando un enfoque étnico-afrocolombiano.

El fortalecimiento de las condiciones para la participación de las comunidades y organizaciones en los territorios (rurales y urbanos) ha sido aún más limitado. Principiando por la ausencia de acciones pedagógicas sistemáticas que realmente permitan que se tenga una comprensión mínima sobre los contenidos del Acuerdo y el proceso de implementación.
El diseño de la arquitectura normativa e institucional es sin duda un requisito esencial para la implementación exitosa del Acuerdo. Pero el fortalecimiento organizativo es igualmente una condición sin qua non para la aplicación efectiva de las normas y la ejecución de las políticas públicas que podrán volver realidad el Acuerdo. De no atenderse dicho fortalecimiento, se corre el riesgo de que se mantenga una gran brecha entre lo que dictan las leyes y lo que efectivamente logran las políticas públicas que las desarrollan.

El balance de un año de implementación del Acuerdo que se presenta en este artículo en relación con la generación de condiciones para garantizar los derechos de las comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto, ciertamente resulta preocupante. El incumplimiento de lo estipulado en el Capítulo Étnico es significativo. A pesar de ello, sigue existiendo un margen para que el marco de implementación realmente sea una oportunidad para la reparación integral y la superación de la exclusión histórica. Las organizaciones y comunidades afrocolombianas continúan haciendo su parte a través de una posición proactiva para contribuir a la construcción de la paz. Le corresponde al Estado colombiano y a las FARC-EP corregir el rumbo para garantizar una inclusión efectiva en la implementación del Acuerdo.
Recomendaciones

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos considera que para mejorar la adopción de un enfoque diferencial étnico afrocolombiano en los procesos de implementación del Acuerdo de Paz, deberían atenderse las siguientes recomendaciones:

La rama ejecutiva del gobierno colombiano debería:

  • Asegurar las condiciones para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada en todos los actos legislativos y administrativos.
  • Aumentar los recursos destinados al funcionamiento operativo y técnico de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos.
  • Garantizar medidas de protección adecuada a todos los líderes y lideresas en situación de riesgo, tanto en contexto rurales como urbanos.

El Congreso de la República debería:

  • Garantizar los procesos de consulta previa, libre e informada en la expedición de actos legislativos por via ordinaria una vez finalizada la vigencia del mecanismo de fast-track.
    Las FARC-EP deberían:
  • Fortalecer esfuerzos para que sus excombatientes conozcan y apliquen en lo que les corresponda lo estipulado en el Capítulo Étnico.

A la comunidad internacional:

  • Agencias de cooperación y otros donantes con presencia en Colombia deberían priorizar financiación para fortalecimiento de las organizaciones a nivel territorial en la perspectiva de la participación efectiva en los mecanismos creados para la implementación del Acuerdo.
  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería realizar una visita in loco al país para valorar de manera específica la situación de las comunidades afrocolombianas y el estado de cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo.

A las organizaciones y comunidades afrocolombianas:

  • Reforzar las acciones pedagógicas hacia sus bases en materia de las normas, políticas y programas a través de los cuales se está implementando el Acuerdo.
  • Continuar fortaleciendo el uso de mecanismos de protección internacional de DDHH en sus procesos de seguimiento a la implementación del Acuerdo.

[1] Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Afrocolombianos, Afrocolombianas y Post-Acuerdo. Análisis de condiciones para la adopción de un enfoque diferencial étnico-afrocolombiano. Documento de Análisis Político No.1. Oficina Colombia. Septiembre de 2016. (Disponible en: http://oldrace.wp/espanol-2/nueva-publicacion-de-instituto-sobre-raza-igualdad-y-derechos-humanos-con-analisis-sobre-el-proceso-de-paz-en-colombia-y-la-situacion-de-los-afrocolombianos/ 

[2] Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz. Informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia. Noviembre de 2017.

Barranquilla, será sede del primer Encuentro internacional de personas afro LGBTI de América y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre

Promovido por Caribe Afirmativo de Colombia y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos de Estados Unidos con el apoyo de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID), la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la Fundación Interamericana (IAF), en dicho encuentro se constituirá la red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe que buscará incidir en los Estados de la región para que ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, aprobada en 2013 por la OEA en su Asamblea General y que entra en vigencia el 11 de noviembre de 2017.

A partir del miércoles 8 de noviembre de 2017 se llevará a cabo en Barranquilla, Colombia un encuentro histórico que contará con la presencia de 18 líderes y lideresas LGBTI afrodescendientes de Colombia, Brasil, Cuba, Perú, EE.UU y República Dominicana, con el fin de instar un proceso en red que articule esfuerzos para la exigibilidad del reconocimiento de derechos a las personas LGBTI en contextos afros de las Américas y el Caribe. Esto, entendiendo que las personas LGBTI afrodescendientes constituyen uno de los grupos sociales que experimenta mayores prejuicios relacionados a la intersección de sus identidades, en este caso por su identidad racial/étnica y sexual/género; en este sentido, personas afro LGBTI, además  de la homofobia y la transfobia cotidiana, viven a diario exclusión en sus derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos; pues la  mayoría están en condiciones de pobreza, desempleo y desescolaridad.

Cuatro de cada diez homicidios de personas LGBTI ocurridos en América Latina y el Caribe afectan a las personas LGBTI afrodescendientes, así como tres de cada cinco hechos de violencia policial son hacia ellos o hacia ellas, y las mayores expresiones de criminalización, impunidad y persecución de líderes y lideresas LGBTI en América Latina y el Caribe se da en territorios mayoritariamente afrodescendientes. Además, en hechos de negación de derechos hacia personas LGBTI es común encontrar en la región mayores niveles de estigma y discriminación cuando se trata de una persona afrodescendiente, negra, palanquera o raizal.

Este Primer Encuentro del que surgirá la Red de Afrodescendientes LGBTI de las Américas es uno de los puntos del Acuerdo de voluntades suscrito por activistas y organizaciones LGBTI en Guatemala en 2013, justo cuando los Estados miembros de la OEA firmaron dos convenciones históricas para frenar la discriminación contra las personas afro y personas Afro LGBTI, que aún espera que sea ratificada por la mayoría de los Congresos de los países, dichas convenciones reconocen que mucha de la violencia que afecta a la población LGBTI de América Latina y el Caribe se da en territorios afrodescendientes; que las brechas de desigualdad y la inequidad que afectan a grupos afros se incrementan cuando las personas son lesbianas, gais, bisexuales, trans o intersex; así como la ausencia de procesos, programas y acciones al interior de las comunidades afros para la garantía de derechos y visibilización de personas LGBTI en sus territorios; y decide iniciar un trabajo en red que garantice el acceso y goce efectivo de los derechos de personas LGBTI en los pueblos afrodescendientes

Es necesario resaltar que Caribe Afirmativo hizo parte activa del grupo de la sociedad civil que en 2013 impulsó en el marco de la 44ª Asamblea General de la OEA en Antigua, Guatemala, la creación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de intolerancia y de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e intolerancia. En dichas convenciones, se introdujo la interseccionalidad de categorías sociales que exacerban imbricadas la discriminación, entre ellas las identidades étnico-raciales y sexuales y de género.

Atendiendo a estas discusiones, este Primer Encuentro de líderes afros LGBTI pretende ser un espacio de interlocución y debate sobre las condiciones comunes de vida de personas LGBTI en contextos afros; de construcción de una agenda de incidencia en América Latina y el Caribe que logre materializar el compromiso de los estados a eliminar todas las formas de discriminación; que ayude a identificar otras formas de discriminación y a generar estrategias de común acuerdo entre el movimiento afro y el movimiento LGBTI.

Durante los tres días, el encuentro contará con la participación de:

–Caribe Afirmativo (Colombia): institución plural de promoción de los derechos humanos de la población de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).

–Arco Iris Libre de Tumaco (Colombia): organización social que denuncia y documenta las violaciones de derechos humanos en contra de afrodescendientes LGBTI.

–Foro Nacional de Pessoas Trans (Brasil): organización que aboga por los derechos de las personas afrodescendientes Trans en Brasil.

–Rede Negra LGBTI (Brasil): han aportado ampliamente sobre temas de raza, orientación sexual e identidad de género, por más de diez años.

–Ashanti (Perú): organización con la meta de combatir la discriminación por causa de la falta de visibilidad de las personas afrodescendientes en Perú.

–Transsa (República Dominicana): organización que fomenta el respeto y la igualdad de las personas Trans en la República Dominicana.

–Manos (Cuba): red de organizaciones LGBTI cubanas que trabaja por el reconocimiento de este grupo poblacional en contextos afrocubanos del país.

–Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos: organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos.

-Programa de Inclusión para la Paz –IPA: programa de la Organización Internacional para las Migraciones con el fin de cerrar significativamente la brecha de inclusión entre la población general y las poblaciones étnicas.

Para Raza e Igualdad y para Caribe Afirmativo, esta es una oportunidad histórica para fortalecer la articulación de la sociedad civil en materia de entendimiento hacia las interseccionalidades, y de resistencia hacia las discriminaciones históricas que tantas personas LGBTI y personas afrodescendientes han padecido a lo largo de sus vidas.

El encuentro, además, será un homenaje a Carlos Augusto Panesso, asesinado el 18 de mayo pasado. Carlos era un líder gay de la primera Fundación LGBTI Afrodescendiente de Colombia llamada Arcoíris de Tumaco, quien fue asesinado en un hecho abiertamente prejuicioso en razón de su orientación sexual y su activismo LGBTI en el pacífico colombiano, también previamente había sido víctima de amenazas y de desplazamiento forzado. Su organización ha sido víctima de amenazas y persecuciones por parte de los actores del conflicto en Colombia.

Raza e Igualdad valora positivamente la implementación de medidas de protección a favor de Erlendy Cuero Bravo, Vicepresidenta de AFRODES

29 de agosto de 2017 | Washington, DC

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos valora positivamente la decisión del Estado de Colombia de implementar las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Erlendy Cuero Bravo y su familia. Estas medidas hacen parte de la implementación de Medida Cautelar 658-16, otorgada a la Sra. Cuero Bravo y su familia por la Comisión Interamericana en diciembre 2016. Desde entonces, Raza e Igualdad ha estado incidiendo en favor de la implementación de dichas medidas por el Estado colombiano, a través de la Unidad Nacional de Protección.

La Sra. Cuero Bravo es Vicepresidenta de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y una activista de derechos humanos, residente de la ciudad de Cali, Colombia. Como resultado de su trabajo con comunidades Afrocolombianas desplazadas por el conflicto armado interno, la Sra. Cuero Bravo y sus familiares han recibido múltiples amenazas de muerte y han sobrevivido varios atentados. A pesar de haber reportado esta situación de seguridad a las autoridades colombianas en reiteradas ocasiones durante la última década, Erlendy no recibió medidas adecuadas destinadas a proteger su vida e integridad personal y a permitir que ella continuara su trabajo como lideresa comunitaria y defensora de derechos humanos, hasta que la Comisión Interamericana intervino.

Al finalmente recibir las medidas, la Sra. Cuero Bravo comentó, “En muchas ocasiones he sentido miedo, he llorado, y pensé que ya no tenía las fuerzas para continuar. Pero la situación tan deprimente que vive la comunidad Afro y las victimas en este país han sido mi aliciente para seguir adelante. Las medidas adoptadas para mí no representan un fin en sí mismo, sino la posibilidad de mitigar los riesgos derivados de mi actividad como activista y defensora de derechos humanos, para lo cual se requiere dedicación de tiempo completo en favor de las víctimas y poblaciones vulnerables que requieren de este acompañamiento y presencia permanente. Quisiera que el Gobierno colombiano preste atención y trabaje en la prevención del daño a los líderes que vienen siendo perseguidos, y amenazados para evitar que las personas que dedican su vida a construir paz en medio de la adversidad, no terminen muertas, dejando a sus familias envuelta del dolor como ocurrió con mi querido hermano Bernardo Cuero Bravo”.

Aunque la asignación de medidas de protección para la Sra. Cuero Bravo es un paso positivo, Raza e Igualdad sigue preocupada porque muchos otros líderes comunitarios y defensores de derechos humanos Afrocolombianos están enfrentando riesgos similares para sus vidas y seguridad personal como resultado de su trabajo de incidencia. “Nos complace que Colombia está respetando su obligación de proteger la vida e integridad personal de Erlendy, y de permitir que ella continúe su trabajo a favor de Afrocolombianos desplazados. Pero, hay muchos otros líderes Afrocolombianos en riesgo quienes también están esperando medidas de protección de parte de la Unidad Nacional de Protección. Alentamos a la Unidad Nacional de Protección prestar atención a sus casos”, declaró el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada.

En la actual coyuntura de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, la protección de los líderes de la población de víctimas debe ser una prioridad para el Estado colombiano. Desafortunadamente, como lo analizaron diversas fuentes –entre ellas Raza e Igualdad – la violencia contra los liderazgos sociales ha venido en aumento.

Raza e Igualdad seguirá trabajando con la Sra. Cuero Bravo y su organización contraparte AFRODES para apoyar a los líderes comunitarios Afrocolombianos en situación de riesgo.

Colombia: Situación de defensores de derechos humanos. Entrevista a Arnaldo Hernández: líder de AFRODES en riesgo sin medidas de protección adecuadas

Bogotá,  19 de junio de 2017. Al regresar a su hogar después de asistir al funeral de Bernardo Cuero Bravo, directivo de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) que fue asesinado el pasado 7 de junio de 2017, Arnaldo Hernández fue informado que sujetos desconocidos estuvieron rondando su domicilio y preguntando por él. También se enteró de un nuevo panfleto con amenazas de muerte contra los líderes y lideresas de Malambo, municipio donde trabajaba, vivía y fue asesinado Bernardo. Durante las últimas semanas, Arnaldo ha procurado no salir mucho de su domicilio debido al temor que tiene y a la falta de una respuesta institucional adecuada que le brinde las medidas de protección adecuada, que al igual que a Bernardo, le siguen negando. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos visitó a Arnaldo el pasado 29 de junio, y le hizo una entrevista para conocer en detalle su situación y el trabajo que realiza.

Arnaldo Hernández también es miembro de la Junta Directiva de AFRODES y representante de las organizaciones de población afrocolombiana desplazada en Cartagena. También es representante de las comunidades negras ante la Mesa Distrital de Víctimas de Cartagena. Lamentablemente, al igual que en el caso de Bernardo, el Estado colombiano sigue sin asignarle las medidas de protección adecuadas que garanticen su derecho a la vida y a la integridad personal, pero que también le permitan ejercer sus actividades de liderazgo con las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado.

 

Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos: Sabemos que Ud. enfrenta una situación de riesgo similar a la que enfrentaba Bernardo, la cual se relaciona directamente con sus actividades de liderazgo. ¿Podría comenzar hablándonos un poco sobre ese trabajo de liderazgo?

Arnaldo Hernández (AH): Soy directivo de AFRODES desde el año 2000 cuando llegué desplazado a Cartagena. Mi llegada forzosa a Cartagena hace parte de una larga cadena de amenazas y atentados que se remontan a la época de mis inicios como líder social. Entre 1984 y 1999 fui dirigente sindical en Turbo,  de donde tuve que salir. Llegué a Montes de María, y allí también fui víctima de un atentado en el año 2000, por lo que fui desplazado nuevamente. En la actualidad, como representante de AFRODES en Cartagena y la región Caribe, y también como representante de las comunidades negras ante la Mesa Distrital de Victimas de Cartagena, me dedico a apoyar las acciones de incidencia, capacitación y gestión de proyectos de la población afrocolombiana desplazada en la región. En el Departamento de Bolívar trabajo con 27 organizaciones articuladas al trabajo de AFRODES. En el caso específico de Cartagena, los 11 procesos organizativos que acompañamos reúnen miles de afrocolombianos desplazados que hoy viven en las comunidades más marginales de la ciudad como Nelson Mandela, Olaya, Pozón, Faldas de la Popa.

 

Raza e Igualdad: ¿Por qué este trabajo de apoyo a estas comunidades y organizaciones representa un riesgo, sobre todo ahora que el país se encuentra en la etapa de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC?

 AH: En el caso del Departamento de Bolívar, al igual que en muchas regiones donde habitan nuestras comunidades, la firma de la paz no ha significado que las amenazas y la violencia terminen. Hay que tener en cuenta que en esta región los grupos paramilitares siguen controlando los territorios, especialmente todo lo relacionado con el negocio del narcotráfico. Eso pasa en muchos de los municipios y zonas del Bolívar donde están nuestras comunidades como Montes de María, María la Baja, El Carmen, Malagana, Sincerin, pero también en zonas urbanas de Cartagena.

Cuando nosotros como AFRODES vamos a esas comunidades a educarlas sobre sus derechos, seguimos siendo calificados como que venimos a “revolucionar a la comunidad”. Obviamente, lo que buscan estos grupos armados es mantener todo el negocio de narcotráfico y el microtráfico; también están buscando el reclutamiento de nuestros jóvenes. Cualquiera que denuncie estas situaciones y ayude a empoderar a las comunidades, es convertida en objetivo militar. Eso fue lo que precisamente le pasó a Bernardo. No fue que tuviera un pleito con un vecino cualquiera, como lo está diciendo la Unidad Nacional de Protección (UNP). Bernardo, como yo y otros líderes de AFRODES, nos jugamos la vida diariamente cuando apoyamos a las comunidades en sus denuncias y procesos de incidencia. Esta situación de riesgo también se ve agravada por las actuaciones de muchas instituciones y funcionarios que están para protegernos pero que a veces contribuyen a estigmatizarnos. A mi inclusive un funcionario me acusó de ser un guerrillero de las FARC por ser parte del grupo que lideró una toma pacífica de la Unidad de Víctimas en Cartagena, la que tuvimos que hacer, como mecanismos para demandar el incumplimiento sistemático del gobierno a compromisos que había adquirido con la población.

 

Raza e Igualdad: Tenemos entendido que Ud. ha denunciado las amenazas recientes que ha recibido y en varias ocasiones, como en el caso de Bernardo, ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección la asignación de medidas.

AH: Ni en la situación de riesgo que hoy enfrento, ni en anteriores ocasiones en las que mis familiares y yo hemos sido víctimas de atentados, amenazas, y violaciones a otros derechos humanos,  el gobierno me ha brindado las medidas adecuadas. Inclusive, uno de los estudios de riesgo que me hicieron arrojó que yo tenía “riesgo extraordinario”. ¿Y sabe usted las medidas que me dieron? Un chaleco antibalas y un teléfono celular sin fondos suficientes. Actualmente, un chaleco es todo lo que tengo como medida proporcionada por el gobierno. En diciembre pasado (2016) fui nuevamente víctima de amenazas, atentado y hostigamientos. Ahora que regreso de enterrar al compañero Bernardo, también me encuentro con nuevos hechos que atentan contra mi vida e integridad personal. He interpuesto las denuncias ante las instituciones competentes, pero sigo sin recibir una respuesta satisfactoria por parte del gobierno.

 

Raza e Igualdad: ¿Cuáles serían entonces las medidas de protección que Ud. y otros líderes en riesgo de AFRODES necesitan?

AH: Lo que necesitamos es el mismo esquema de protección que tienen otros líderes sociales que enfrentan la misma situación. Un chaleco y un teléfono celular no son suficientes. Necesitamos de escoltas y vehículo para movilizarnos. Es la única manera de poder continuar con el trabajo de acompañamiento y representación de las comunidades. En mi caso particular, para poder seguir el trabajo con las comunidades de Bolívar y otros departamentos del Caribe, también requiero de recursos que me permitan reubicarme en Cartagena. Los últimos hechos que enfrento en Santa Catalina, municipio donde vivo, demuestran la situación de vulnerabilidad en que me encuentro. También hay que tener en cuenta las medidas de protección colectiva que se requieren para nuestras organizaciones y comunidades. Es muy lamentable la situación que enfrentan los compañeros de los procesos organizativos en Malambo a raíz del asesinato de Bernardo, o las organizaciones de AFRODES Cali que recientemente recibieron una nueva amenaza.

 

El caso de Arnaldo no es aislado. Otros líderes y lideresas de AFRODES enfrentan una situación similar, y el Estado colombiano sigue sin asignarles medidas de protección adecuada. En el caso de la vicepresidenta de AFRODES, Erlendy Cuero Bravo, quien es beneficiara de la Medida Cautelar No. 658-16 de 2016, el gobierno aún no ha le asignado las medidas de protección. El Instituto sobre Raza e Igualdad reitera la prioridad que debe tener para el gobierno colombiano, el cumplimiento de esta medida cautelar y el otorgamiento de medidas de protección adecuada para Arnaldo y demás líderes y lideresas de AFRODES que continúan en riesgo.

El Instituto responsabiliza al Estado colombiano por el asesinato de Bernardo Cuero, directivo de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES): otro líder al que la Unidad Nacional de Protección le negó medidas de protección

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denuncia, repudia y lamenta profundamente el asesinato del día 7 de junio de Bernardo Cuero, líder afrocolombiano y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES).

La situación de vulnerabilidad de Bernardo había sido ampliamente documentada y denunciada a nivel nacional e internacional, siendo él mismo y su familia desplazados a consecuencia de la violencia. En octubre de 2013, el mismo participó en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciado su caso personal y el de otros líderes de AFRODES. En dicha audiencia Bernardo expresó sobre su caso en particular “…a pesar de las denuncias de cada hecho, no existe ningún resultado e investigación de estos…”. También enfatizó respecto a su labor como líder y defensor de derechos humanos afrocolombiano: “…exigir el respeto de nuestros derechos de realizar nuestro trabajo de incidencia a favor de nuestras comunidades no puede ser una razón para condenarnos a muerte y a nuestras familias…”. De hecho, después de dicha audiencia, las amenazas y atentados contra él y Erlendy Cuero Bravo (Vicepresidenta de AFRODES), aumentaron. Recientemente, en marzo 2017, en otra audiencia ante la CIDH, solicitada por el Estado colombiano para tratar el tema de las agresiones contra líderes sociales, el Instituto denunció nuevamente la crítica situación de seguridad de líderes de AFRODES, incluyendo a Bernardo, a quienes el gobierno colombiano continuaba negándole medidas de protección. Esta omisión convierte al Estado colombiano en responsable del asesinato de Bernardo.

En este repudiable acontecimiento, los asesinos fueron hasta su propio hogar en el municipio de Malambo, departamento del Atlántico. Los detalles aún están por conocerse, pero hay algo claro: el Estado colombiano le negó sistemáticamente la asignación de medidas de protección adecuadas a pesar de las numerosas solicitudes que Bernardo hizo, motivadas por múltiples atentados y amenazas contra su vida. Como sigue sucediendo con otros líderes y defensores de derechos humanos afrocolombianos, de manera absurda los resultados de los estudios de riesgo llevados a cabo por la Unidad Nacional de Protección indicaron que su nivel de riesgo era “ordinario”. El mecanismo de “estudios de riesgo” es un fracaso y ha fallado a otra víctima más.

En varias ocasiones Bernardo coincidió con otros líderes en riesgo al señalar que la única forma para que el Estado reconozca que se está en riesgo extraordinario es que “lo maten a uno”.

Ante este nuevo asesinato de un miembro de AFRODES, el Instituto exhorta al Estado colombiano encaminar una investigación expedita sobre el mismo y garantizar las medidas de reparación y protección para su familia. Además, el Estado colombiano debe garantizar la asignación inmediata de medidas de protección para todos los líderes de AFRODES y no negar su responsabilidad ni en el caso de Bernardo ni para la protección de sus colegas.

El Instituto también exhorta a los mecanismos internaciones de protección de los derechos humanos, y a todos los actores de la comunidad internacional que apoyan la construcción de la paz en Colombia, a solicitar enérgicamente al Estado colombiano que el crimen de Bernardo sea esclarecido y que las medidas de protección tanto de forma individual como colectiva que necesita AFRODES y demás organizaciones de comunidades étnicas en Colombia sean asignadas inmediatamente.

Finalmente, rogamos al Estado colombiano cumplir con la Medida Cautelar 658-16 otorgada a Erlendy Cuero Bravo, Vicepresidenta de AFRODES. Así mismo, instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los Procedimientos Especiales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU a continuar monitoreando y generando acciones que conlleven a la protección de los defensores de derechos humanos afrocolombianos, dado que el Estado colombiano y sus estructuras continúan actuando con omisión e indolencia ante las amenazas de muerte y atentados que sufren frecuentemente quienes protegen el territorio, cosmovisión y derechos humanos del pueblo afrocolombiano.

Día de la Afrocolombianidad 2017: Recrudecimiento de la Exclusión y la Violencia Estructurales

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, al igual que el año pasado, reitera su reconocimiento en este nuevo Día de la Afrocolombianidad 2017, a los millones de afrocolombianas y afrocolombianos que ante la adversidad y la exclusión perseveran en su proyecto histórico libertario. De manera especial expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las comunidades y organizaciones que han sido víctimas directas del conflicto armado, y que a pesar de no estar siendo incluidas adecuadamente en la implementación del Acuerdo de Paz, mantienen iniciativas propositivas para contribuir a la construcción de una paz sostenible y con justicia social para todos los colombianos.

En este Día de la Afrocolombianidad 2017, la situación de las comunidades afrocolombianas más excluidas y afectadas por el conflicto armado, registra un panorama desolador muy similar al que comenzaron a enfrentar a finales de los 90s cuando la violencia arribó a la región del Pacífico colombiano: violencia, desplazamiento y restricción de derechos a las comunidades del Bajo Atrato, represión contra la movilización pacífica de los afrocolombianos de Buenaventura, indiferencia frente a Paro Cívico en Quibdó, asesinatos y amenazas contra líderes y lideresas. Y obviamente, los indicadores de calidad de vida en todas estas comunidades continúan reflejando la precariedad material en la que deben proseguir sus vidas y luchas. El reclamo de estas comunidades, que desde hace dos décadas denunciaban un genocidio en curso, cada vez parece tener más sentido.

Durante el año pasado, y a pesar de la persistencia de los problemas estructurales y las respuestas institucionales adecuadas, se presentaba un horizonte halagüeño. La exclusión de las comunidades del proceso de negociación fue corregida parcialmente con la inclusión del Capítulo Étnico como elemento constitutivo del Acuerdo de Paz. Celebramos en ese momento que dicho capítulo estipulara el compromiso del Estado colombiano para que en todas las medidas legislativas y administrativas requeridas para la implementación de los Acuerdos, se debían salvaguardar los derechos constitucionales de las comunidades. De manera primordial a través de la garantía al derecho a la consulta previa, libre e informada.

Después de la firma del Acuerdo Final, y a pesar del impase derivado del resultado negativo del plebiscito, la interlocución entre las partes (Gobierno y FARC-EP) y plataformas organizativas como el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) que lideró la inclusión del Capítulo Étnico, auguraban una trayectoria favorable. El escenario que presenciamos este Día de la Afrocolombianidad 2017 es, por decir lo menos, decepcionante.

En cuanto a la inclusión del las organizaciones y comunidades en el proceso legislativo hasta ahora desarrollado para la implementación del Acuerdo de Paz, ellas han planteado públicamente que no se ha respetado el derecho a la consulta previa. Aún más grave, el mismo presidente se ha expresado en forma inadecuada y peligrosa que “La Consulta Previa se nos volvió un dolor de cabeza”. Este tipo de expresiones no solamente distorsionan la importancia de este derecho, sino que refuerzan argumentos hostiles contra las comunidades que inclusive siguen siendo usados por actores armados que ejercen violencia contra las comunidades y sus liderazgos.

Pero aún más grave y descorazonador para un Día de la Afrocolombianidad, es la respuesta de represión e indiferencia del gobierno colombiano frente a los paros cívicos y movilizaciones de los habitantes de Quibdó y Buenaventura. En estas dos ciudades, que son emblemáticas del pueblo afrocolombiano, sus habitantes en forma pacífica vienen realizando movilizaciones desde hace una semana. Motivados por el incumplimiento histórico del Estado colombianos para implementar los compromisos adquiridos con sus comunidades, se vienen movilizando aún ante la indiferencia, respuestas evasivas y acciones de represión violenta.

El Instituto exhorta al gobierno colombiano a dar pasos reales para atender la agenda y propuestas que las comunidades de Buenaventura y Quibdó están planteando, así como las expresadas por el CONPA (Link a Comunicado de Prensa). En ellas están contenidas nuevamente las rutas requeridas para avanzar en la superación de las causas estructurales de la exclusión y violencia contra las comunidades. Esperamos que para el Día de la Afrocolombianidad 2018 podamos reportar un balance más favorable en esa perspectiva. Un balance en el que no solamente reiteremos nuestro reconocimiento y admiración a las comunidades y organizaciones afrocolombianas, sino también a las respuestas institucionales del Estado colombiano.

Instituto Participa en Audiencia Temática sobre “Investigación de Agresiones Contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia” Frente a la CIDH

El 21 de marzo se realizó la audiencia temática “Investigación de Agresiones Contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia” frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, a través de su representante para Colombia, Pedro L. Cortes-Ruiz, participó como peticionario de la audiencia, junto a representantes de la Marcha Patriótica y de un colectivo de organizaciones de derechos humanos representado por la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar.

La audiencia había sido solicitada por el Estado de Colombia. En su presentación, a cargo de la Vicefiscal María Paulina Riveros, se ofreció una descripción de las adecuaciones institucionales que la Fiscalía y el gobierno colombiano han venido implementado, con el objetivo de mejorar los procesos investigativos sobre agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como los mecanismos de prevención y protección. También solicitó a la CIDH un acompañamiento para la construcción de una directriz que permitiría mejorar las respuestas institucionales.

En su intervención, el Instituto expresó su valoración positiva de los esfuerzos para mejorar los procesos investigativos. Sin embargo, manifestó su preocupación porque dichos esfuerzos “no integran en forma adecuada un enfoque diferencial que reconozca las características e impactos particulares que configuran las situaciones de riesgo y las violaciones sufridas por líderes y lideresas de las comunidades afrocolombianas y LGBTI.

El Instituto también compartió algunas preocupaciones de organizaciones que acompaña, como es la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). La primordial tiene que ver con el acceso al programa de la Unidad Nacional de Protección, como responsable de brindar medidas de protección a líderes y lideresas de derechos humanos en riesgo. Continúan presentándose casos, en los que líderes y lideresas que han sido víctimas de atentados o amenazas, no les han brindado medidas de protección porque su riesgo es “ordinario” según evaluaciones que les han realizado. Aun en casos, como el de la vicepresidenta de AFRODES, Erlendy Cuero, a la cual la CIDH le ha solicitado medidas cautelares en diciembre de 2016, el gobierno no ha concertado con ella las medidas de protección necesarias, porque “insiste que ella debe volver a someterse por sexta vez al proceso administrativo que conducirá a una nueva evaluación de riesgo”.

La necesidad de que el gobierno colombiano retome los procesos institucionales para integrar medidas de protección colectiva en su oferta de medidas también fue planteado por el Instituto. Se recordó que en dos ocasiones, ante la misma CIDH, el Estado ha expresado su compromiso para avanzar al respecto, sin que hasta el día de hoy se haya hecho efectivo.

Las preocupaciones de la comunidad LGBTI, comunicadas a la CIDH por la organización Caribe Afirmativo, fueron reiteradas por el Instituto. Ante el creciente número de asesinatos y amenazas contra miembros, líderes y lideresas de la comunidad LGBTI en Colombia, el Estado continúa sin realizar los ajustes a los programas de protección que la misma Comisión le hizo desde 2014.

Las valoraciones del Instituto terminaron reportando a la CIDH sobre el envío que la Diócesis de Quibdó le realiza, con información de seguimiento a temas y recomendaciones relacionados con la violación a derechos humanos contra comunidades y organizaciones afrocolombianas del Pacífico colombiano.

Finalmente, el Instituto ofreció tres recomendaciones específicas a la CIDH.

  • Que la Comisión recomiende al Estado colombiano la adecuación de normas y programas para la inclusión de medidas de protección colectiva en la oferta de medidas de protección para líderes y lideresas afrocolombianas.
  • Que la Comisión recomiende al Estado colombiano cumplir el compromiso que expresó ante la misma en cuanto a no exigir nuevas evaluaciones de riesgo a beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión.
  • Que la Comisión exhorte al Estado colombiano a cumplir con la recomendación de la Comisión de 2014 para modificar el Decreto 4912 de 2011 para incluir a las lideresas y líderes LGBTI como personas objeto de protección en razón del riesgo, sin necesidad de acreditar su pertenencia a una organización de derechos humanos.

La intervención del representante de la Marcha Patriótica ofreció una valoración crítica sobre las respuestas institucionales que se han adelantado para investigar y proteger a miembros de esta organización, quienes han venido siendo asesinados y amenazados en forma sistemática. Expresó gran preocupación por la estigmatización y criminalización contra miembros de la organización, las cuales han sido alentadas inclusive por funcionarios del gobierno de alto nivel. Anunció que estarán realizando solicitud formal ante la CIDH para que les sean otorgadas medidas cautelares.

La intervención de la representante de Reiniciar se enfocó en cuestionar la negación del Estado colombiano a reconocer la “sistematicidad” de los asesinatos y amenazas que vienen experimentando defensores y defensoras de derechos humanos, con una renovada intensidad en los últimos catorce meses.

Entre los comentarios ofrecidos por los Comisionados después de las intervenciones del Estado y los peticionarios, se ratificó la conveniencia de considerar el llamado que hizo el Instituto para incorporar adecuadamente un enfoque diferencial en los procesos de adecuación institucional que buscan mejorar las respuestas institucionales para investigar y proteger a líderes y lideresas afrocolombianas y LGBTI. El Estado colombiano también expresó públicamente su voluntad para implementar esta recomendación.

Foto: Daniel Cima/CIDH. Con uso libre por medio de licencia creative commons cc by 2.0. La imagen puede ser accedida en su origen por el enlace aquí.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a favor de lideresa Afrocolombiana Erlendy Cuero Bravo

Washington, DC | 21 de diciembre de 2016 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 6 de diciembre medidas cautelares a favor de Erlendy Cuero Bravo, Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos presentó la solicitud como representante legal de la Sra. Cuero Bravo ante la Comisión, y argumentó que Colombia no la está protegiendo de manera adecuada contra las amenazas, el hostigamiento y los atentados en su contra, todos relacionados a su labor como defensora de derechos humanos.

La Sra. Cuero Bravo, quien hace incidencia a favor a las comunidades Afrocolombianas desplazadas en Cali por el conflicto armado interno que ha durado décadas en Colombia, ha sobrevivido varios atentados. Desde el 2008, ella ha recibido múltiples amenazas, firmadas por conocidos grupos de paramilitares. A pesar de haber informado sobre su situación de seguridad repetidamente a las agencias estatales de Colombia encargadas de proteger a los defensores de derechos humanos, la Sra. Cuero Bravo no ha recibido la adecuada protección. La Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha respondido a las solicitudes formales para ayudar a la Sra. Cuero Bravo, o ha calificado su situación de riesgo como “ordinario” en varias ocasiones.

Los riesgos que enfrenta la Sra. Cuero Bravo por ser defensora de los derechos humanos en Colombia son comunes, lastimosamente. Hasta el 30 de noviembre de 2016, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado 35 atentados y 52 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país. Igualmente, a principios de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado de prensa en la cual condenó el aumento de asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, y notó preocupación especial por la vulnerabilidad de lideresas y líderes Afrocolombianas.

En su resolución, que hace referencia al contexto de violencia, la Comisión Interamericana consideró que los hechos sobre la situación de la Sra. Cuero Bravo demuestran prima facie que ella se encuentra en una situación de gravedad y urgencia con un riesgo de daño irreparable, que son los elementos necesarios para otorgar las medidas cautelares. La Comisión solicita que Colombia adopte todas las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de la Sra. Cuero Bravo, y para permitir que ella pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos.

“Estamos contentos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido los riesgos que enfrenta Erlendy para desempeñar su labor como lideresa comunitaria a favor de unos de los ciudadanos más vulnerables de Colombia, cuando el Estado no lo hizo,” dijo el Director Ejecutivo del Instituto, Carlos Quesada. “Colombia tiene que cumplir ya con la solicitud de la Comisión para medidas cautelares.”

El Instituto continuará a trabajar con nuestra organización contraparte AFRODES y la Sra. Cuero Bravo para asegurar cumplimiento con la resolución de la Comisión a su favor.

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