Alerta por violencia contra personas LGTBI+ durante las elecciones regionales en Colombia

Alerta por violencia contra personas LGTBI+ durante las elecciones regionales en Colombia

Colombia, 31 de octubre de 2023.– Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) alertamos sobre algunos hechos registrados en la jornada electoral del 29 de octubre de 2023, que atentan contra el ejercicio, libre de violencias, de los derechos políticos de las personas LGBTI+ en Colombia. En este sentido, destacamos el reporte del desconocimiento y el incumplimiento de las disposiciones de la Resolución 3480 de 2020, por medio de la cual se adoptó el protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libres de discriminación.

Es importante mencionar que el citado protocolo establece una serie de medidas con el objetivo de promover espacios electorales libres de violencia y discriminación para personas con experiencia de vida trans. El mismo establece que podrán elegir qué fila quieren realizar de acuerdo con su identidad de género; también podrán elegir el género del personal que realice una requisa, procedimiento que debe hacerse con el lleno de requisitos legales y libre de prejuicios; se debe garantizar el derecho al voto de las personas sin incurrir en procedimientos de ‘prueba’ que violen y/o pongan en riesgo el derecho a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad de las personas trans; entre otras medidas necesarias para eliminar barreras de ejercicio y situaciones de discriminación.

Caribe Afirmativo, organización de la sociedad civil que ha realizado un seguimiento exhaustivo de los comicios y el desarrollo de la jornada electoral del pasado domingo[1], reportó fallas en la actualización de los datos biométricos de personas trans; casos en los que, personas con experiencia de vida trans, fueron forzadas a hacer filas que no correspondían a su identidad de género; casos en los que se generaron daños psicosociales a las personas votantes, e inclusive se reportó un caso de violencia sexual contra una mujer con experiencia de vida trans derivado de una requisa que desatendió la protección contenida en el protocolo.

Tomando en cuenta estos hechos, manifestamos nuestra preocupación ante la gravedad de la situación y reiteramos la necesidad de intensificar las acciones de veeduría y pedagogía para el desarrollo de jornadas electorales. Instamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) a darle continuidad a las acciones pedagógicas dirigidas a personas juradas de votación, sociedad civil, personal de la fuerza pública y demás autoridades públicas competentes. Resulta importante mencionar que la implementación de estas medidas es fundamental para la construcción de una sociedad democrática que brinde garantías suficientes para la participación política y la representatividad de las personas con identidades de género no hegemónicas. Lo anterior, en la medida en que es obligación de los Estados y deber de la sociedad civil, contrarrestar la violencia histórica contra las personas LGTBI+ en los escenarios de participación en las decisiones públicas de los Estados.

Adicionalmente, manifestamos nuestra preocupación por las amenazas de muerte que recibió la candidata a edila de la comuna 2 de Soacha, Sara Paola Caicedo, mujer con experiencia de vida trans que recibió panfletos que advierten sobre el perfilamiento de personas LGBTI+ en el marco de un plan de exterminio social y le dieron un plazo de 72 horas para salir del municipio[2].

Finalmente, expresamos nuestra preocupación por los alcaldes electos de Bucaramanga y Cúcuta, quienes son públicamente reconocidos por promover prejuicios alrededor de la vida de las personas LGBTI+, estableciendo como banderas de sus campañas la ‘lucha’ contra la ideología de género y vulnerando así los derechos de las personas LGBTI+. Esperamos que la sociedad civil y el Ministerio Público realice una veeduría constante de las acciones de estos gobiernos locales para evitar la vulneración masiva de los derechos de las personas LGBTI+

 

[1] Caribe Afirmativo (2023) Reporte final sobre la jornada electoral en elecciones territoriales.  Ver: https://caribeafirmativo.lgbt/reporte-final-sobre-la-jornada-electoral-en-elecciones-territoriales-2023/

[2] Caribe Afirmativo (2023) Amenazan a candidata trans a horas de las Elecciones: Caribe Afirmativo advierte riesgos electorales y a la seguridad de las candidaturas LGBTIQ+. Ver: https://caribeafirmativo.lgbt/amenazan-a-candidata-trans-a-horas-de-las-elecciones-caribe-afirmativo-advierte-riesgos-electorales-y-a-la-seguridad-de-las-candidaturas-lgbtiq/

Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Colombia, 27 de octubre del 2023. De cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias, a fin de que la jornada se desarrolle en completa normalidad y transparencia, se prevenga cualquier escenario de fraude y se garantice que todas las personas, incluidas las que se encuentran en zonas de alerta, puedan ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo—en los que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles—se desarrollan en un contexto preocupante debido al aumento desproporcionado de la violencia en varias regiones del país. Los factores que contribuyen a esta situación son el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, las amenazas continuas a liderazgos sociales y candidatos locales, y el contexto de violencia derivado de la disputa por el control del narcotráfico en algunas regiones. Además, se han presentado alertas por fraude electoral y altos índices de violencia. En total, 83 municipios presentan riesgo extremo por coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude electoral, según (citar fuente, no dejarla como nota al pie). Los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca son los que concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo para las elecciones de octubre de 2023[1].

Candidaturas “bajo fuego”

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral MOE[2], se ha registrado un aumento significativo del 37,7% en comparación con 2019 en cuanto a la violencia sufrida por las y los candidatos en las elecciones regionales. En total, 179 candidatos han sido víctimas de algún tipo de violencia; de estos, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la mayoría de ellos dirigidos contra candidatos a concejos municipales. Además, durante este período se registraron 140 amenazas, así como un secuestro y ocho casos de violencia política contra las mujeres. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estima que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo muy alto[3] por posibles acciones de violencia que podrían afectar en las elecciones.

Participación LGBTI+ histórica

Este año hubo una participación histórica de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIEG) en el país. La campaña “Voto por la Igualdad” de Caribe Afirmativo ha registrado 201 candidaturas de personas LGBTI+ en todo el país, lo que representa un aumento del 150% en comparación con las elecciones locales de 2019[4]. Sin embargo, se ha identificado un riesgo acentuado y diferencial para las personas OSIEG en los actuales escenarios electorales, donde se han reportado casos de discriminación, amenazas, violencia física y psicológica, y la proliferación de discursos de odio que constituyen diversas formas de violencia política basada en prejuicios[5].

Reiteramos la importancia de contar con medidas, rutas y protocolos que permitan el desarrollo adecuado y seguro de la jornada electoral de este 29 de octubre, en donde sea posible prevenir futuros escenarios de violencia política contra las candidaturas LGTBI+. Instamos a la adecuada difusión y la implementación del Protocolo del Voto Trans[6] y la prevención de actos de discriminación, hostigamiento y otras formas de violación a los derechos humanos en escenarios electorales cometidas por parte de las personas juradas de votación y la ciudadanía en general. En particular, recomendamos la especial atención a la protección de las personas Afro LGBTI+ en ejercicio de sus derechos políticos por la violencia diferenciada y acentuada a través de prácticas racistas y de discriminación racial en el país.

Desde Raza e Igualdad instamos a la Registraduría Nacional a llevar a cabo su labor de vigilancia y control de manera rigurosa y transparente, sin sesgos y utilizando el software electoral de forma adecuada. También hacemos un llamado a la comunidad y a las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo en la observación electoral durante estos comicios.  Solicitamos al Gobierno Nacional que elimine las barreras que impidan un ejercicio efectivo de veeduría por parte de estas entidades y que se tomen medidas para prevenir delitos electorales como el constreñimiento y fraude al sufragante y perturbación de la jornada electoral. De Igual forma solicitamos al Gobierno garantizar de forma efectiva e integral la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia en el país, y acatar el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de abstenerse de reproducir mensajes estigmatizantes e instrumentalizar niños, niñas y adolescentes y alinear las campañas a la inclusión y el respeto.

Raza e Igualdad hace un llamado a las personas elegidas para cargos de elección popular a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, y para asegurar la continuidad de sus actividades de liderazgo. Es importante que las políticas públicas y los programas implementados por las autoridades electas de los entes territoriales incluyan programas de prevención que reduzcan el riesgo al que se enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos, creando condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo, considerando los enfoques diferenciales. Es responsabilidad de los funcionarios electos no estigmatizar ni criminalizar a las personas por su origen étnico-racial o su nacionalidad. Los discursos xenófobos y discriminatorios en campaña no deben ser replicados por aquellos que resulten elegidos.Por último, invitamos a la ciudadanía a ejercer su voto de manera informada y oportuna, y a considerar una perspectiva de respeto por los derechos humanos al analizar las candidaturas. De esta manera, podremos avanzar en la construcción de una sociedad comprometida y activa en la implementación de agendas políticas que protejan los derechos de todas las personas.

 

 

 

[1] https://www.moe.org.co/166-municipios-presentan-algun-nivel-de-riesgo-por-coincidencia-de-factores-indicativos-de-fraude-electoral-y-de-violencia-para-las-elecciones-de-autoridades-locales-2023-moe/

[2] https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2023/10/Quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-liderzagos-2023-APSM.pdf

[3] https://defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-advierte-que-113-municipios-est%C3%A1n-en-alerta-m%C3%A1xima-por-hechos-de-violencia-que-podr%C3%ADan-afectar-elecciones-regionales

[4]

[5] https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-elecciones_defensor%C3%ADa-colombiana-atendi%C3%B3-43-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-en-septiembre/48926468

[6] https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/10/protocolo_personas_trans.pdf

Rebeldías Lésbicas: Avances y retrocesos en los derechos de las personas lesbianas

Washington, 13 de octubre de 2023.- El Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de Latinoamérica y el Caribe no es un día instituido por las Naciones Unidas. Nació en 2007, luego del acuerdo que se adoptó en el VII Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y el Caribe (ELFLAC), donde participaron alrededor de 200 lesbianas feministas de la región. Se eligió el 13 de octubre en conmemoración al primer Encuentro Regional de Lesbianas Feministas de 1987 en México, la primera articulación de lesbianas con presencia pública[1].

Desde entonces, se han desarrollado en varios países de la región diferentes acciones políticas y culturales impulsadas por lesbianas feministas a favor de la visibilidad y en contra de la discriminación. Su incidencia también ha traído avances legislativos y normativos en materia de derechos humanos; sin embargo, en unos países más que en otros.

Por ejemplo, en Nicaragua no existen leyes que protejan a la población LGBTI+, mucho menos a las personas lesbianas específicamente. “Es difícil pensar en retrocesos respecto a los derechos de las lesbianas en un país en el que casi nunca hubo avances”, afirma la activista nicaragüense Tania Irías, del Grupo Lésbico Feminista Artemisa, un colectivo que brinda espacios de reflexión, aceptación y no discriminación a mujeres jóvenes lesbianas de Nicaragua desde el año 2006.

Para Irías, los mayores retrocesos de la lucha de las lesbianas están vinculados a la desarticulación organizativa provocada por “la represión estatal e instauración de una dictadura que, como estrategia represora, ha socavado el proceso articulador, de demanda y visibilidad de las lesbianas como cuerpos políticos con derechos”.

Sin embargo, en este contexto de dictadura, en los espacios “aliados” también se suele relegar la lucha por los derechos de las lesbianas. “No somos prioridad y siempre se nos está pidiendo dejar que sea otra la lucha visible”, explica Irías, quien también asegura que como movimiento tienen clara la necesidad de seguir ocupando sus espacios de visibilización y de continuar juntándose “con quienes nos suman y ahorrando esfuerzos, porque se nos viene difícil”, enfatiza Irías.

Por el contrario, en otros países se ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. En Cuba, por ejemplo, con la aprobación del Código de las Familias en el 2022, se contemplan varios derechos que favorecen a las parejas de lesbianas, además del matrimonio igualitario, la reproducción asistida y la adopción. El 28 de septiembre de este año, también entró el vigor el Decreto 96, un protocolo de actuación que previene y enfrenta el acoso y la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, entre otras, en el ámbito laboral. Pese a eso, en la vida real no son evidentes los cambios. “En Cuba, continúan arraigados los pensamientos y actitudes machistas y patriarcales, es por esto que las mujeres lesbianas continuamos siendo víctimas del odio y la discriminación. Somos mal vistas en la calle, nos ofenden, insultan”, señala Irina León Valladares, activista cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur).

En la misma línea, Annery Rivera Velasco, periodista independiente y activista cubana menciona que “los retrocesos —que son más bien un estado de cosas que permanecen— son de carácter social, como lo es esta sociedad machista y patriarcal”. También narra que en Cuba no existe un movimiento lésbico debido a la desarticulación, ya que las autoridades cubanas criminalizan a las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, Colombia también cuenta con una amplia protección legal hacia las personas lesbianas. Su Corte Constitucional ha otorgado protecciones trascendentales, siendo una de ellas el reconocimiento histórico de las personas LGBTI+ en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, el Tribunal Constitucional sentenció en 2016 a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sim embargo, aún queda mucho por hacer para que las normativas se concreticen en acciones., Por ejemplo, “en relación a los derechos reproductivos, el derecho a la vida debido al aumento de las violencias correctivas y los asesinatos lesbofeminicidas. Además, la discriminación y/o acoso laboral por la orientación sexual lésbica”, señala Sami Arizabaleta, activista y directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales (Somos Identidad).

“Como movimiento lésbico se está incidiendo políticamente en la actualización de la política LBGTIQ, con reconocimiento de los contextos lésbicos interseccionales. Las estrategias son diversas desde los contextos regionales y sociales, pero en términos generales se avanza en el fortalecimiento organizativo, la incidencia política desde la exigibilidad de derechos, las denuncias y la interlocución para la adopción de medidas”, comparte Sami.

En el caso de Perú, el país se encuentra en una crisis política, social e institucional, en donde impera la deslegitimidad del Gobierno y el Congreso de la República. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), al alrededor del 80% de la población demanda la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y que se adelanten las elecciones.

Tanto desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, se han impulsado iniciativas en contra de los derechos de lesbianas, personas LGBTI+, mujeres, niñeces y adolescencias. Además, varias bancadas del Congreso de la República han presentado diversos proyectos de ley buscando que Perú se retire del Pacto de San José1. “Los derechos de las lesbianas han sido totalmente dejados de lado por el gobierno actual de Dina Boluarte y por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)”, expresa Gabriela Zavaleta, activista lesbiana feminista y coordinadora de incidencia política de Más Igualdad.

Además, menciona que la Mesa de Trabajo para la Promoción de los Derechos de las Lesbianas del MIMP se encuentra desactivada y que desde hace más de 5 años se espera la aprobación de la investigación sobre la situación de los derechos de las lesbianas en el Perú. “Únicamente las organizaciones de sociedad civil están resistiendo ante esta situación, fomentando la articulación nacional e internacional de las organizaciones de lesbianas, realizando acciones de incidencia ante el Comité CEDAW para una recomendación general sobre los derechos de las lesbianas, sistematizando las propuestas y demandas de las organizaciones, y haciendo esfuerzos para unir a las organizaciones de lesbianas en una agenda regional que sirva como herramienta para la incidencia con los diferentes Estados e instituciones relevantes”, indica.

En general, varios países de América Latina han logrado avances legislativos significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar que estos derechos sean plenamente reconocidos y respetados.

A la luz de esto, Raza e Igualdad eleva algunas recomendaciones para los Estados sobre medidas para proteger los derechos de las personas lesbianas.

  • Garantizar el derecho a la familia y los derechos civiles de las lesbianas a través del reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas.
  • Garantizar el acceso al matrimonio igualitario y guardar respecto irrestricto a los derechos adquiridos en el extranjero.
  • Elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as.
  • Fortalecer programas de capacitación a funcionarios del Estado a fin de garantizar el trato digno hacia las lesbianas en servicios públicos.
  • Implementar políticas de Educación Sexual Integral que garantice el respeto a la diversidad sexual.
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas a fin de formular políticas que respondan sus necesidades.
  • Garantizar el acceso a la justicia. Investigar y sancionar la discriminación y los crímenes cometidos contra lesbianas.
  • Promover el acceso de lesbianas a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.
  • Implementar programas de atención y contención para casos de violencia por prejuicio dentro y fuera del hogar.

 

[1] Ochy Curiel (2007). Un encuentro trascendente e histórico. Disponibles en https://rebelion.org/un-encuentro-trascendente-e-historico/

En el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, Raza e Igualdad rechaza la violencia sistemática de la que han sido víctimas las personas defensoras en el país, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades étnicas, y hace un llamado al Gobierno colombiano a que garantice su protección integral

Colombia, 12 de octubre de 2023. En el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad de líderes y lideresas sociales en Colombia en sus territorios, y urgimos al Gobierno Nacional a ofrecer plenas garantías de seguridad para la promoción y protección de los derechos humanos de poblaciones étnicas, principalmente de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas en el país.

La violencia contra las personas defensoras, afrodescendientes e indígenas tiene un trasfondo histórico y estructural en Colombia. Durante décadas, estos grupos han sido marginados y discriminados, lo que ha generado un contexto de exclusión y desigualdad que se refleja en la falta de acceso a derechos como la salud, la educación y vivienda, así como en la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) durante el 2023 han sido asesinados 135 líderes y lideresas sociales[1], Así mismo las cifras de violencia de Indepaz han arrojado que entre los sectores sociales afectados en el periodo 2016-2023 están los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; en particular, en seis municipios del departamento del Cauca se han registrado 167 asesinatos en este periodo, siendo el Norte del Cauca (Caloto, Corinto, Quilichao, Toribio y Suárez)[2] el lugar con mayor presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Del mismo modo, el subregistro de casos de asesinatos de personas defensoras afrodescendientes e indígenas es preocupante. Se ha observado que los territorios racializados presentan los índices más altos de asesinatos contra estas personas, sin embargo, las cifras no reflejan esta realidad.[3]Esta situación pone en evidencia el difícil contexto de trabajo en el que se desenvuelven los liderazgos sociales en esta región del país.

El municipio de Tumaco sigue siendo el lugar con el mayor nivel de riesgo para desempeñar cualquier tipo de liderazgo. El primer asesinato del año 2023 tuvo lugar allí el 2 de enero, cuando José Taicus Pascal, un joven líder de 16 años y miembro de la Guardia Indígena del resguardo Peña Aisa Gran Rosario, perteneciente al pueblo Awá, fue asesinado.[4]

Una Paz Total que sigue siendo insuficiente  

Durante su mandato, que ya completa 14 meses, Gustavo Petro ha centrado su agenda en la búsqueda de la paz. Para lograr este objetivo, ha llevado a cabo medidas de acercamiento y cese al fuego temporal con diversos grupos armados[5] que operan en el país. Así mismo, El 25 de abril de 2023, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó la “Política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana: Garantías para la vida y la paz 2022-2026”[6]. Este documento detalla la estrategia del Gobierno Nacional para abordar las problemáticas de seguridad que afectan a la ciudadanía, así como el papel que desempeñará la fuerza pública y las medidas que se tomarán para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas del uso legítimo de la fuerza.

Aunque los esfuerzos del Gobierno han estado encaminados en mitigar la violencia en el país, el número de asesinatos a liderazgos sociales y personas defensoras en Colombia sigue siendo alto. Según datos del Observatorio de Conflictividades y Paz de Indepaz, se registraron 203 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos entre el 7 de agosto de 2022 (fecha en la que inició su Gobierno el presidente Gustavo Petro) y el 11 de octubre de 2023. En comparación, durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2021 y el 11 de octubre de 2022 (durante el Gobierno de Iván Duque), se reportaron 221 asesinatos. Aunque esto representa una disminución del 8.1% en el número de casos,[7] continúa siendo preocupante que en Colombia no estén dadas las condiciones de seguridad para ejercer libremente el derecho a defender derechos, sin ser víctima de atentados, amenazas, persecuciones y hostigamientos.

El pasado 15 de agosto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su análisis de la situación de los derechos humanos, en el que reconoció el enfoque que el actual Gobierno ha tenido hacia los mismos. Sin embargo, manifestó preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social.[8] De los 46 casos verificados de homicidios a personas defensoras de derechos humanos, el 13% era autoridades indígenas, el 7% autoridades afrodescendientes y campesinas y el 6.5% corresponde a líderes de organizaciones campesinas[9].

Recomendaciones

Desde Raza e Igualdad, hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que priorice la implementación total del Acuerdo Final de Paz y las políticas públicas de prevención y protección a personas defensoras, promoviendo acciones efectivas para mitigar la violencia contra los liderazgos sociales y pueblos étnicos en el país con la incorporación de un enfoque diferencial. Es fundamental que el Estado adopte medidas concretas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades étnicas que se encuentran en situación de riesgo, especialmente de aquellas personas que ejercen un rol de liderazgo en sus comunidades debido a los impactos individuales, colectivos y comunitarios que el conflicto armado y la violencia ha generado en sus territorios. Instamos al Gobierno nacional a que garantice el acceso a derechos de las comunidades étnicas, quienes son sujetos de especial protección según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales.

Así mismo, instamos al Estado a cumplir con los estándares internacionales para combatir el racismo y la discriminación, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y su recomendación de 2020 contra el perfilamiento racial, así como el Programa de Acción de Durban.

Por último, solicitamos al Estado a llevar a cabo una reforma policial integral que tome en consideración los impactos y las afectaciones diferenciales que la violencia policial genera en personas defensoras afrodescendientes e indígenas. Es crucial que se adopten e implementen los estándares desarrollados para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública contra personas afrodescendientes, como la Resolución 43/1 y la Resolución 47/21 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), y se promueva la Agenda hacia un cambio transformador para la justicia e igualdad racial.

 

[1] https://twitter.com/Indepaz/status/1711421822548267091

[2] https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/09/SEPTIEMBRE_2023.pdf

[3] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Anual-2022-en-castellano.pdf

[4] https://www.elespectador.com/judicial/asesinan-a-joven-awa-en-tumaco-el-primer-lider-social-asesinado-en-2023/

[5] El Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros actores locales en Buenaventura y Antioquia principalmente.

 

[6] https://ddhhcolombia.org.co/2023/05/24/politica-de-seguridad-defensa-y-convivencia-ciudadana/

[7]https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/08/INFORME_UN_AN%CC%83O_GOBIERNO_PETRO_2023.pdf

[8] https://raceandequality.org/es/resources/colombia-preocupacion-por-la-expansion-territorial-de-grupos-armados-y-sus-estrategias-violentas-de-control-social-alto-comisionado-de-la-onu/

[9] https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/analisis-de-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-del-1-de-enero-al-30-de-junio-de-2023/

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la salud y a la vida de un adolescente migrante a la espera de un trasplante de hígado

Colombia, 5 de octubre del 2023. En la sentencia T-371 de 2023, la Corte Constitucional protegió los derechos demandados por la madre de un adolescente venezolano de 13 años y ordenó  que se respondiera el derecho de petición interpuesto hace más de un año, que se determine la viabilidad de realizar el trasplante hepático con donante vivo relacionado y realizarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles y, por último, en caso de que no resulte viable el trasplante hepático con donante vivo relacionado, incluirlo inmediatamente en lista de espera de trasplante de hígado. Según la Corte, si se hubiera aplicado la normativa existente actualmente, se habría ignorado la urgencia y la importancia de proteger los derechos fundamentales de la persona, “cuya protección no conoce fronteras y está más allá del vínculo de un sujeto con el Estado”. Además, esta sentencia es la primera que permite la inclusión en la lista de espera de trasplante de una persona proveniente de Venezuela que posee un Permiso por Protección Temporal (PPT).

La Corte Constitucional emitió la Sentencia T-371 el 19 de septiembre de 2023, en la cual se protegen los derechos de petición, vida y salud de un adolescente con falla hepática grave. La Corte estableció una excepción para la prohibición de donación de órganos a extranjeros no residentes en relación con donantes cadavéricos, contenida en el artículo 10 de la ley 1805 de 2016. Según la sentencia, aunque la norma es constitucional, en el caso concreto no se aplicará dicha prohibición. Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) intervinimos en el caso e indicamos a la Corte las razones por las cuales consideramos que se debía permitir que el solicitante, un adolescente de 13 años, proveniente de Venezuela y titular de un Permiso por Protección Temporal, accediera a la lista de personas en espera de donación (LED), no solo porque cumplía con los requisitos para ello, sino también porque su país de origen no le puede garantizar el acceso material al trasplante de hígado que requiere. Adicionalmente, se expuso por qué resultaba procedente una inaplicación del artículo 10 de la ley 1805 de 2016, el cual contempla la prohibición general de donar componentes anatómicos a extranjeros no residentes.

En Colombia, el artículo 10 de la ley 1805 de 2016 establece una prohibición general de donación de componentes anatómicos a extranjeros no residentes. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha avalado consistentemente esta prohibición, con fundamento en que los componentes anatómicos son escasos y la necesidad de prevenir el tráfico de órganos.

La línea de Movilidad Humana de Raza e Igualdad presentó un Amicus Curiae o  intervención ciudadana con consideraciones jurídicas sobre el caso

Para analizar el caso concreto planteamos tres argumentos. Primero, la prohibición general de donar componentes anatómicos a extranjeros no residentes es, en abstracto, constitucionalmente válida; sin embargo, esto no se traduce en que, en casos concretos, se impida garantizar un trato diferenciado en la interpretación y aplicación de dicha prohibición. Segundo, al aplicar un enfoque diferencial de niñez y, puntualmente, migratorio, se satisface el requisito de residencia para acceder al trasplante, ya que los requisitos para considerar a un extranjero como residente no se limitan a la interpretación restrictiva establecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tercero, consideramos que la Corte Constitucional está facultada para ordenar la inclusión del adolescente en la lista de personas en espera de donación (LED) sin que esto transgreda la norma de salud pública (artículo 10, Ley 1805/16), lo cual implica una decisión con efecto inter partes, vía excepción de inconstitucionalidad, que de ninguna manera implicaba apartarse de la línea jurisprudencial que supone que, como regla general, no existe vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros no residentes al negarse su inscripción en LED para acceder a un trasplante de componentes anatómicos.

Decisión

La decisión se fundamentó en seis razones: un análisis del propósito de evitar el tráfico y comercio de órganos, la solidaridad como valor para fomentar la convivencia humana -que no solo se limita a nacionales y residentes, sino que se extiende a todas las personas-, la crisis humanitaria derivada de la migración masiva de personas venezolanas al país, el estatus migratorio especial del adolescente como titular de un PPT, la imposibilidad actual del demandante de cumplir con el requisito de convertirse en residente, y el interés superior del adolescente y la prevalencia de sus derechos a la salud y a la vida. Es importante destacar que la Corte decidió no extender los efectos de la decisión a personas en situaciones similares:

“(…) una ampliación de esta regla debe consultar su impacto real en términos de la oferta y demanda de órganos donados, así como la voluntad de los Estados de disponer los órganos de sus residentes para ser asignados a migrantes no residentes. Para esto es necesaria la implementación de una política pública que tenga en cuenta el diagnóstico de la situación en general, las posibles soluciones y sus impactos y no la visión reducida que aporta un caso particular”.

Desde Raza e Igualdad celebramos la decisión de la Corte de reconocer los derechos fundamentales a la vida y salud del adolescente con falla hepática grave, quien es sujeto de especial protección constitucional y se encuentra en situación de vulnerabilidad e indefensión. Así mismo, reconocemos la importancia de implementar una perspectiva diferencial que considera el contexto de la crisis humanitaria causada por la migración masiva de personas venezolanas en Colombia. Vale la pena precisar que, desde el 01 de junio de 2017, el Gobierno venezolano suspendió los trasplantes de órganos cadavéricos, lo cual significa que la posibilidad de acceder a un trasplante de órganos con donante cadavérico es nula en Venezuela.

Raza e Igualdad rechaza el asesinato de Mariana, una niña afrodescendiente de 3 años en medio de un procedimiento policial y urge al Estado colombiano a implementar una reforma policial integral

Colombia, 2 de octubre del 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza el asesinato de Mariana Hurtado, una niña afrodescendiente de 3 años, durante un tiroteo que se registró en medio de un procedimiento policial en el municipio de Pradera, en el departamento Valle del Cauca.[1]

Durante una entrevista en la emisora W Radio, José Hurtado, padre de Mariana, relató que se dirigía a su casa cuando la Policía estaba llevando a cabo un procedimiento en una vivienda cercana y comenzaron a disparar. Según su relato, en ese momento salió la madre de Mariana con ella para enseñarle a montar bicicleta y una bala atravesó la mano de la madre e impactó a Mariana, causándole la muerte. El padre también asegura que fueron los integrantes de la Policía quienes accionaron las armas y provocaron el cruce de disparos.[2]

Es importante que el Estado reconozca que la violencia policial afecta de manera desproporcionada a las personas afrodescendientes y a las comunidades donde residen principalmente estas personas. Esto se manifiesta en prácticas como el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden, la falta de consideración de los protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza pública, el perfilamiento racial y la discriminación racial por parte de los miembros de la Policía del Estado

Desde Raza e Igualdad, instamos a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva de los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas con una debida diligencia de las investigaciones. Es fundamental que se cumplan los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En este sentido, es importante tener en cuenta los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley, adoptados por las Naciones Unidas en 1990 [3]. Así mismo, los estándares internacionales contra el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, como lo son las resoluciones 43/1 y 47/21 de las Naciones Unidas.

Urgimos al Estado a desarrollar una reforma policial integral, que tenga en cuenta las afectaciones e impactos diferenciales que la violencia policial genera en las personas afrodescendientes; incorpore estándares internacionales en su diseño e implementación; y establezca medidas para reducir la impunidad estructural en los casos de violencia policial racista en Colombia.

 

 

[1] https://www.wradio.com.co/2023/09/29/mariana-la-nina-que-murio-por-presunto-disparo-de-la-policia-en-pradera-valle-del-cauca/

[2] https://www.wradio.com.co/2023/09/29/mariana-la-nina-que-murio-por-presunto-disparo-de-la-policia-en-pradera-valle-del-cauca/

[3] Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. (S.f). Tema tres: Los principios generales que rigen el uso de la fuerza en la aplicación de la ley. Consultado en: https://www.unodc.org/e4j/es/crime-prevention-criminal-justice/module-4/key-issues/3–the-general-principles-of-use-of-force-in-law-enforcement.html

Principales conclusiones sobre la situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia

  • Raza e Igualdad y el Proyecto Integra de USAID presentan la investigación sobre la situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia.
  • La investigación demuestra que Las mujeres afrodescendientes y migrantes sufren de manera desproporcionada la falta de acceso a servicios, principalmente de salud sexual y reproductiva, debido a la combinación de factores discriminatorios desde el punto de vista estructural; como la vulnerabilidad socioeconómica, la discriminación racial en los entornos médicos y la ausencia de información y confianza en los mecanismos de acceso a la justicia para garantizar el cumplimiento de sus derechos reproductivos. 
  • El informe encuentra que, desde una perspectiva interseccional, las mujeres afrodescendientes en contextos migratorios tienen una mayor vulnerabilidad y barreras profundas para el acceso a sus derechos. 
  • Se evidencia que existe una estrecha conexión entre el racismo, la discriminación de género y la xenofobia. Esto desencadena que las mujeres migrantes afrodescendientes, a menudo, sean víctimas de violencia de género en sus lugares de trabajo, formales o informales y al acceder al sistema de salud. Esta violencia se basa en la reproducción de estereotipos raciales, de género y xenófobos. Por ejemplo, debido a la hipersexualización y fetichización de los cuerpos afrodescendientes y los estereotipos construidos alrededor de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, en los espacios de trabajo formales o informales se identificaron casos de acoso sexual, comentarios e insinuaciones hipersexualizantes.  
  • Los hallazgos de la investigación destacan necesidad de integrar múltiples enfoques en los procedimientos de caracterización sociodemográfica y socioeconómica y garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información a nivel nacional en relación con las condiciones de los individuos afrodescendientes en entornos migratorios. 

 

Colombia, 29 de septiembre de 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en el marco del trabajo adelantado con el Proyecto INTEGRA de USAID, presenta el informe: Situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia: Análisis y recomendaciones para la aplicación del enfoque étnico-racial, producto de la investigación realizada por Raza e Igualdad, la cual tiene como propósito generar recomendaciones para la inclusión del enfoque étnico-racial en la oferta institucional migratoria y promover la garantía de sus derechos.

La investigación empleó la metodología de historias de vida para analizar cómo, el género, la pertenencia étnico-racial y la sexualidad influyen en las trayectorias migratorias. Se llevó a cabo una investigación cualitativa para alcanzar este objetivo, la cual identificó información sociodemográfica, socioeconómica y experiencias de vida de la población afrodescendiente venezolana que reside en Bogotá, Cúcuta, Cali, Riohacha y Medellín.

Hallazgos

La falta de información y consideración de las experiencias diferenciadas de las personas afrodescendientes venezolanas desde una perspectiva de derechos y un enfoque interseccional no puede continuar en una región histórica y estructuralmente marcada por las desigualdades étnico-raciales. Para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes y en derribar la matriz de desigualdad racial y de género en contextos migratorios desde un enfoque diferencial, es necesario reconocer la existencia y persistencia de la discriminación racial y el racismo. La situación actual de las mujeres afrodescendientes entrevistadas en el marco de esta investigación refleja que, aunque las nociones de autorreconocimiento étnico-racial son diferentes en el proceso de construcción identitaria venezolana, las dinámicas de la desigualdad basada en el racismo estructural que se reproducen en la cotidianidad, condicionan las experiencias de vida de estas mujeres. Además, la falta de información específica sobre sus experiencias funciona como una manera de reforzar prácticas de racismo institucional al no reconocer y caracterizar a esta población de la misma forma que al resto de la sociedad.

En el ámbito laboral, la investigación demuestra que existe una estrecha relación entre el racismo, la discriminación de género y la xenofobia. Como resultado, las mujeres afrodescendientes migrantes suelen experimentar violencia de género en sus lugares de trabajo, ya sean formales o informales, basada en la reproducción de estereotipos raciales, de género y xenófobos.  Las mujeres afrodescendientes suelen acceder a trabajos relacionados con el trabajo doméstico mal remunerado y asumir principalmente en sus hogares el cuidado, lo que opera como una barrera para su inserción laboral. También, se reconocieron retos particulares para acceder a la salud, educación y a los mecanismos de justicia. Por lo tanto, es urgente avanzar en la construcción de información desde una perspectiva diferencial que reconozca estas experiencias, caracterice a la población y sus necesidades y a partir de ello, se construya políticas, programas y proyectos para garantizar sus derechos.  Aunque los indicadores socioeconómicos muestran que las mujeres afrodescendientes tienen una mayor situación de vulnerabilidad económica, esto no es un “lugar natural”[1], sino que es resultado de las desigualdades históricas y las relaciones de poder que condicionan y limitan la vida de las mujeres.

Recomendaciones

De acuerdo con el resultado de la investigación, Raza e Igualdad recomienda promover la participación de todas las instituciones que generan información estadística sobre personas en contextos migratorios para producir datos específicos sobre personas afrodescendientes provenientes de Venezuela. Se debe garantizar la creación de variables sobre las condiciones sociodemográficas y socioeconómicas de personas afrodescendientes en contextos migratorios, incorporando variables desde el enfoque del autorreconocimiento étnico-racial y el heterorreconocimiento[2]. De esta manera, se puede facilitar la identificación de la población comprendiendo el contexto sociopolítico y sociocultural venezolano y su relación difusa con las categorías étnico-raciales.

Asimismo, es importante garantizar la implementación del enfoque étnico-racial en la Política Integral Migratoria, reconociendo los contextos culturales y sociales de las personas migrantes. Se recomienda realizar procesos de caracterización para recopilar información relevante. Además, es fundamental promover y aplicar los estándares internacionales contra la discriminación racial y migración, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), con el objetivo de desarrollar políticas y programas que beneficien a las personas migrantes afrodescendientes.

Se sugiere que las organizaciones de la sociedad civil implementen procesos de formación con enfoque étnico-racial sobre los derechos de las personas afrodescendientes en contextos migratorios en Venezuela. Asimismo, se recomienda promover procesos de incidencia política para garantizar los derechos de las personas afrodescendientes venezolanas en contextos migratorios en Colombia, estableciendo espacios de diálogo con instituciones estatales. También es importante estimular los procesos de gestión del conocimiento y formación sobre las categorías étnico-raciales en Colombia, así como las oportunidades normativas que existen para la población migrante afrodescendiente.

 

Consulte y descargue el informe Situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia: Análisis y recomendaciones para la aplicación del enfoque étnico-racial

 

Contacto de prensa:

Pablo Suárez / +57 3505824900 / periodista@raceandequality.org

Vocerías:

Sofia Muñoz / +57 312 3233157

Lina María Velásquez / +57 318 2598076

 

 

 

[1] (González citada en CEPAL, 2018, p.88)

[2] El heterorreconocimiento se caracteriza por ser el reconocimiento externo, o en otras palabras, la forma como las personas son percibidas, generalmente desde una lógica de alteridad o diferenciación fenotípica. En este sentido depende de que una persona sea identificada y reconocida como diferente por los demás.

Avances investigativos sobre la situación de la población afrovenezolana en el contexto migratorio en Colombia

  • Raza e Igualdad, el Proyecto Integra de USAID y el Observatorio Javeriano de Desigualdades, invitan a la socialización y discusión académica de la investigación sobre la situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia
  • Se presentará la investigación realizada por Raza e Igualdad acerca de la situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia.
  • La actividad se llevará a cabo el lunes 25 de septiembre de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. en el Auditorio Marino Troncoso, de la Pontificia Universidad Javeriana.

 

Colombia, 21 de septiembre del 2023. Este lunes, 25 de septiembre, en el Auditorio Marino Troncoso, Edificio Fernando Barón, de la Pontificia Universidad Javeriana, se realizará la socialización y discusión académica de la investigación sobre la situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia: análisis y recomendaciones para la aplicación del enfoque étnico-racial, trabajo adelantado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en alianza con el Proyecto INTEGRA de USAID. Este espacio tiene como objetivo fomentar un intercambio multisectorial para socializar y discutir la investigación realizada por Raza e Igualdad sobre la situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia. Además, se busca analizar esta investigación a la luz de otros procesos de investigación e incidencia relacionados con las condiciones sociodemográficas y socioeconómicas, el acceso, la promoción y la garantía de los derechos de las personas afrodescendientes provenientes de Venezuela en Colombia y la región.

Durante el evento se presentará el informe producido por Raza e Igualdad, en el marco del trabajo adelantado con el Proyecto INTEGRA de USAID, que tuvo como propósito generar recomendaciones para la inclusión del enfoque étnico-racial en la oferta institucional migratoria y promover la garantía de sus derechos.

Para lograr este objetivo se desarrolló una investigación cualitativa que identificó información sociodemográfica, socioeconómica y de experiencias de vida de la población afrodescendiente venezolana que reside en Bogotá, Cúcuta, Cali, Riohacha y Medellín.

La investigación utilizó la metodología de historias de vida para analizar cómo, el género, la pertenencia étnico-racial y la sexualidad, afectan las trayectorias migratorias. El espacio de socialización contará con la participación de personas expertas en diferentes áreas. Entre ellas, contaremos con la intervención de Margarette May Macaulay, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Nadia Mosquera Muriel, Doctora en Estudios del Desarrollo, Universidad de Sussex (Reino Unido), investigadora del Centro de Estudios de Género y de la Mujer, Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos); Paula Cerón, Abogada especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Evaluadora de Indicadores Sociales y Master en Gestión Pública; Jhon Jairo Quinchua Ceballos, Profesor del Departamento de Estudios Sociales de la Escuela de Psicología, Intervención y Comportamiento ICESI, integrante del Comité Administrativo del Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF.; y Sthépanie Lòpez Villamil, Doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo.

Uno de los principales resultados de la investigación es la escasez que hay de información sobre este grupo poblacional, lo que se deriva en su invisibilización y en la ausencia de datos para diseñar políticas y programas eficientes para atender sus necesidades específicas. Adicionalmente, el estudio reveló que las mujeres afrodescendientes, provenientes de Venezuela, sufren un continuo fenómeno de violencias basadas en género que es transversal a su experiencia migratoria y se relaciona con estereotipos xenófobos, racistas y de género.

Estas mujeres enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud, justicia y a oportunidades laborales debido a la informalidad, feminización y racialización del mercado laboral. Además, la falta de confianza en las instituciones, el temor a las represalias por denunciar abusos, y la falta de recursos económicos impiden un adecuado acceso a justicia.

En este contexto, se concluye que, resulta fundamental reconocer las diferencias étnico-raciales en la producción de información sociodemográfica y socioeconómica de las personas afrovenezolanas, considerando el contexto social, cultural y económico de sus países de origen.

Una mirada desde el arte

Adicionalmente, en el evento se exhibirá la exposición fotográfica “Miradas afromigrantes: narrando desde adentro”. Esta exposición busca dar visibilidad a la experiencia migratoria diferenciada de personas afrodescendientes venezolanas que se encuentran en Colombia, a través de su propia perspectiva. El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar y difundir la creación de narrativas propias, basadas en las vivencias de las personas afrovenezolanas.

Raza e Igualdad lleva a cabo acciones de investigación, incidencia y litigio estratégico a nivel nacional e internacional desde las líneas de Justicia Racial y Movilidad Humana, con el objetivo de promover la protección de los derechos de personas afrodescendientes, defensoras de los derechos humanos, personas en situación migratoria, así como de las víctimas de comunidades étnicas del conflicto armado y de la violencia policial racista.

 

Contacto de prensa:

Pablo Suárez / +57 3505824900 / periodista@raceandequality.org

 

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Colombia: Preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social. Alto Comisionado de la ONU.

Colombia, 16 de agosto de 2023.- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presento su análisis de la situación de derechos humanos, en el cual reconoció el enfoque que el actual Gobierno ha tenido hacia los derechos humanos, su disposición a abordar temas importantes y su compromiso con la protección de los derechos humanos, lo cual ha resultado en cambios significativos y positivos. No obstante, la Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Juliette De Rivero, destacó las preocupaciones y desafíos que la Oficina ha observado en el territorio y que requieren atención inmediata. En particular, expresó su preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social sobre la población civil y las organizaciones de base, a pesar del proceso de diálogo ofrecido. 

Aumento de masacres en el país  

Durante el primer semestre del año 2023, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró un incremento del 11% en el número de masacres verificadas en comparación con el mismo semestre del año anterior. Se verificaron un total de 52 masacres durante este periodo. Se observó que la mayoría de las masacres fueron presuntamente perpetradas por grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Los departamentos más afectados fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. Por su parte el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz INDEPAZ, ha registrado a la fecha un total de 59 masacres en el país.

Violencia contra liderazgos sociales sigue siendo preocupante   

En el primer semestre de 2023, La Oficina ha informado de una reducción del 19% en los casos de homicidios de defensores de derechos humanos en comparación con el semestre anterior (julio-diciembre de 2022). Aunque esta disminución es alentadora, el número de asesinatos de defensores y defensoras en Colombia sigue siendo inaceptablemente alto. En total, se han registrado 46 casos de homicidio, de los cuales 39 eran hombres y 7 mujeres. Entre ellos, 11 eran indígenas, 9 afrodescendientes y 15 campesinos. Además, el 35% de los defensores de derechos humanos asesinados eran miembros de Juntas de Acción Comunal. A la fecha, Indepaz ha registrado 105 masacres durante el 2023 en el país. 

En cuanto a los desplazamientos, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha informado de una disminución del 33% en los casos de desplazamiento en comparación con el semestre anterior y un aumento del 2% en los casos de confinamiento durante el mismo período. Además, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado dos casos menos de asesinatos de excombatientes durante este período.  

Violencia sexual y trata de personas  

Durante la primera mitad del año 2023, la Oficina ha recibido un total de 42 denuncias de violencia sexual y de género en el contexto del conflicto armado, de las cuales 27 han sido confirmadas. Estas denuncias se han registrado en los departamentos de Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Es especialmente preocupante la situación de trata de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual por parte de grupos armados no estatales, así como la violación de mujeres y niñas. Estas situaciones diferenciadas evidencian la necesidad de adoptar medidas específicas efectivas que garanticen la protección y la participación efectiva de mujeres, niñas y personas LGBTI+ en todos los espacios de diálogo y toma de decisiones para la construcción integral de la paz.   

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que tomen en cuenta el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el cual señala la existencia de violaciones a los derechos humanos que requieren medidas inmediatas para proteger la vida y los derechos de los ciudadanos en el territorio nacional, especialmente en zonas del país que siguen siendo afectadas por el conflicto armado y grupos ilegales. En cuanto a la protección de las comunidades étnicas en situación de riesgo, es crucial que el Estado tome medidas efectivas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, especialmente debido al impacto del conflicto armado y la violencia. El Gobierno nacional debe trabajar para reparar y proteger los derechos de estas comunidades, quienes son sujetos de especial protección según los estándares internacionales. 

Así mismo, instamos al Estado a llevar a cabo una Reforma Integral de la Policía Nacional con la participación genuina y efectiva de la sociedad civil, especialmente de las víctimas de la violencia policial racista. Así como adoptar, acatar e implementar de manera efectiva los estándares internacionales contra el racismo y la discriminación, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y los estándares que se han desarrollado para prevenir el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes por parte de la Fuerza Pública.

COMUNICADO: Raza e Igualdad condena los recientes actos de violencia policial racista y urge al estado colombiano a implementar una reforma policial integral

Colombia, 19 de julio del 2023.-El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – (Raza e Igualdad) condena enfáticamente el asesinato de jóvenes afrodescendientes a manos de agentes de la Policía, en medio de procedimientos irregulares en varias zonas del país[1]. Así mismo, urgimos al Gobierno Nacional a que implemente una reforma integral a la Policía Nacional, a fin de erradicar prácticas asociadas a violencia policial que afectan de manera diferencial a las personas afrodescendientes en Colombia.

El 28 de junio de este año, Milton Andrés Perlaza, un joven afrodescendiente de 17 años, falleció trágicamente después de recibir un disparo de un oficial de policía en Pradera, Valle del Cauca[2]. La comunidad afirma que el oficial, quien ya tenía antecedentes de maltrato, intentó ahogar al menor en un charco. Por otra parte, el pasado 15 de julio un hombre afrodescendiente fue asesinado por miembros de la Policía de Colombia durante un procedimiento policial en las Islas de Barú, en Cartagena[3]. Según el reporte, durante un incidente un Policía hizo uso de su arma reglamentaria y le disparó al hombre involucrado, quien falleció camino al centro de salud.

La situación descrita refleja el complejo contexto que enfrentan las personas afrodescendientes en Colombia debido a prácticas racistas y discriminatorias cometidas por agentes del orden. Históricamente, esta población ha sufrido discriminación por parte de la Fuerza Pública, siendo víctima de violencia policial, manifestada a través del perfilamiento racial, la violencia física y el uso excesivo de la fuerza en zonas habitadas por personas afrodescendientes.

Raza e Igualdad, Insta al Gobierno de Colombia para que adopte, acate e implemente de manera efectiva los estándares internacionales contra el racismo y la discriminación, como son la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y su recomendación 36 de 2020 contra el perfilamiento racial, y el Programa de Acción de Durban. También es importante la adopción e implementación de los estándares que se han desarrollado contra el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes por parte de la Fuerza Pública, como el de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH): Resolución 43/1, Resolución 47/21 y la implementación de la Agenda hacia un cambio transformador para la justicia e igualdad racial.

Instamos al Estado a comprometerse plenamente en la realización de una Reforma Integral de la Policía Nacional que asegure la participación genuina y efectiva de la sociedad civil, especialmente de las víctimas de la violencia policial racista, desde un enfoque diferencial que tenga en cuenta su pertenencia étnica en la planificación y ejecución de iniciativas destinadas a transformar dicha institución. Es importante destacar la necesidad de implementar una reforma policial que busque eliminar la reproducción de prácticas racistas sistémicas y discriminatorias al interior de las fuerzas del Estado.

 

[1] https://twitter.com/bantuashanti/status/1680375706147069958

[2] https://www.elespanol.com/mundo/america/20230717/rico-suena-arma-policia-dispara-arroja-rio-adolescente-negro-colombia/779672249_0.html

[3] https://www.elpais.com.co/judicial/impactante-video-hombre-murio-por-presunto-abuso-de-autoridad-en-procedimiento-policial-en-cartagena-1544.html

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