Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a favor de lideresa Afrocolombiana Erlendy Cuero Bravo

Washington, DC | 21 de diciembre de 2016 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 6 de diciembre medidas cautelares a favor de Erlendy Cuero Bravo, Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos presentó la solicitud como representante legal de la Sra. Cuero Bravo ante la Comisión, y argumentó que Colombia no la está protegiendo de manera adecuada contra las amenazas, el hostigamiento y los atentados en su contra, todos relacionados a su labor como defensora de derechos humanos.

La Sra. Cuero Bravo, quien hace incidencia a favor a las comunidades Afrocolombianas desplazadas en Cali por el conflicto armado interno que ha durado décadas en Colombia, ha sobrevivido varios atentados. Desde el 2008, ella ha recibido múltiples amenazas, firmadas por conocidos grupos de paramilitares. A pesar de haber informado sobre su situación de seguridad repetidamente a las agencias estatales de Colombia encargadas de proteger a los defensores de derechos humanos, la Sra. Cuero Bravo no ha recibido la adecuada protección. La Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha respondido a las solicitudes formales para ayudar a la Sra. Cuero Bravo, o ha calificado su situación de riesgo como “ordinario” en varias ocasiones.

Los riesgos que enfrenta la Sra. Cuero Bravo por ser defensora de los derechos humanos en Colombia son comunes, lastimosamente. Hasta el 30 de noviembre de 2016, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado 35 atentados y 52 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país. Igualmente, a principios de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado de prensa en la cual condenó el aumento de asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, y notó preocupación especial por la vulnerabilidad de lideresas y líderes Afrocolombianas.

En su resolución, que hace referencia al contexto de violencia, la Comisión Interamericana consideró que los hechos sobre la situación de la Sra. Cuero Bravo demuestran prima facie que ella se encuentra en una situación de gravedad y urgencia con un riesgo de daño irreparable, que son los elementos necesarios para otorgar las medidas cautelares. La Comisión solicita que Colombia adopte todas las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de la Sra. Cuero Bravo, y para permitir que ella pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos.

“Estamos contentos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido los riesgos que enfrenta Erlendy para desempeñar su labor como lideresa comunitaria a favor de unos de los ciudadanos más vulnerables de Colombia, cuando el Estado no lo hizo,” dijo el Director Ejecutivo del Instituto, Carlos Quesada. “Colombia tiene que cumplir ya con la solicitud de la Comisión para medidas cautelares.”

El Instituto continuará a trabajar con nuestra organización contraparte AFRODES y la Sra. Cuero Bravo para asegurar cumplimiento con la resolución de la Comisión a su favor.

Población afrocolombiana desplazada en Cali se reúne para analizar situación del proceso de paz en Colombia.

Bogotá, 1 de noviembre de 2016. La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), con el apoyo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (IREHR), realizó el 28 de octubre de 2016 una reunión con un grupo de 50 participantes entre líderes, lideresas y miembros de las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en la ciudad de Cali. El evento se denominó Taller/Conversatorio Afrocolombianos Desplazados en Cali Frente a Actual Situación del Proceso de Paz. También se contó con la participación de representantes de la oficina de asesoría de paz de la Alcaldía de Cali. Pedro L. Cortés-Ruiz, representante y consultor para Colombia del IREHR lideró la coordinación del evento con el apoyo de Erlendy Cuero, vicepresidenta de AFRODES.

El objetivo del evento estuvo orientado a propiciar un diálogo que contribuyera a que las organizaciones profundizaran sus reflexiones y análisis sobre la actual situación del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, así como sobre las implicaciones de este escenario sobre la situación de las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en la ciudad de Cali. Ante la gran incertidumbre sobre el proceso después del resultado desfavorable del plebiscito para la implementación inmediata de los Acuerdos, el evento reforzó la apuesta de AFRODES para mantener una posición proactiva frente al mismo. Especialmente porque la inclusión del “capítulo étnico” en los Acuerdos, que fue el resultado de procesos de incidencia en los que AFRODES participó activamente, es un logro cuya validez debe mantenerse en cualquier modificación que se le puedan hacer a los Acuerdos.

El evento resulto muy productivo en por lo menos tres aspectos: (1) la profundización de las acciones pedagógicas sobre los Acuerdos hacia miembros de la comunidad que no han tenido oportunidad de participar en espacios de socialización sobre el proceso de paz; (2) la identificación y análisis de contenidos y mecanismos propuestos por los Acuerdos que afectan de manera especial a las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en centros urbanos como el de la ciudad de Cali, y (3) la identificación de prioridades de incidencia que deben adoptar las organizaciones de afrocolombianos desplazados en Cali para preparar su participación en los procesos de implementación de los Acuerdos una vez termine el proceso de “renegociación”.

En cuanto a la dimensión pedagógica, debe destacarse que aunque se confirmó el apoyo generalizado de las comunidades hacia la implementación de los Acuerdos, y especialmente a la aplicación del “capítulo étnico”, se hizo evidente que amplios sectores de la población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado no tienen un conocimiento adecuado de la estructura y los contenidos de los Acuerdo. Resultó muy valioso para el diálogo que se propició la participación de jóvenes que de manera espontánea expresaron sus valoraciones críticas frente al proceso de paz y algunos de los contenidos que hoy son objeto de amplia controversia nacional. Estas expresiones sugieren la necesidad de fortalecer aun más la participación de ellos y ellas en todos los procesos de implementación de los Acuerdos.

En cuanto a los análisis colectivos del grupo sobre contenidos y mecanismos propuestos por los Acuerdos, el evento se concentró especialmente en el Acuerdo sobre Victimas (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición). La razón de este énfasis tiene que ver con que es este Acuerdo el que afecta en forma más directa la situación de las víctimas afrocolombianas de desplazamiento forzado. Desafortunadamente, la carencia que tienen los Acuerdos de un enfoque diferencial étnico adecuado (con la excepción del capítulo étnico) precisamente se ve reflejado en la invisibilidad que tiene este subgrupo poblacional que representa el grupo mayoritario en el universo de víctimas. Al revisar y discutir cada uno de los elementos de este Acuerdo, el grupo pudo avanzar en identificar los aspectos que son críticos para que la implementación de este Acuerdo realmente garantice la restitución de sus derechos.

Finalmente, el evento permitió que el grupo también pudiera avanzar en identificar prioridades de incidencia en la perspectiva de su participación en los procesos de implementación de los Acuerdos. En este sentido, resultó muy positiva la participación de representantes de la Alcaldía de Cali quienes coincidieron en el papel protagónico que deben tener las organizaciones en esos procesos. Por su parte, participantes del evento ofrecieron análisis que precisamente identifican características muy particulares de la realidad de las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en Cali, que hasta ahora no se han incorporado en las discusiones públicas sobre el proceso de paz y los Acuerdos.

En su balance del evento, el IREDH confirma la necesidad de seguir fortaleciendo los espacios de encuentro y análisis colectivo de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Al pensar en lo que podrá ser la posible implementación de los Acuerdos, creemos que el fortalecimiento de las capacidades para la participación de las comunidades es condición necesaria para que el fortalecimiento de las instituciones del Estado realmente lleve a la garantía de los derechos humanos en la sociedad colombiana.

Para cualquier información adicional, contactar a:

Pedro L. Cortes-Ruiz

Representante/Consultor para Colombia

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Cortes@oldrace.wp 

Nueva publicación de Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos con análisis sobre el proceso de paz en Colombia y la situación de los afrocolombianos

Bogotá, 14 de octubre de 2016. La Oficina Colombia del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se complace en compartir públicamente su Documento de Análisis Político No.1 titulado “Afrocolombianos, Afrocolombianas y Post-Acuerdo: Análisis de condiciones para la adopción de un enfoque diferencial étnico-afrocolombiano”.

Los análisis para la elaboración del documento se construyeron con anterioridad a la realización del plebiscito del 2 de octubre de 2016 cuyos resultados fueron desfavorables para continuar con la inmediata implementación del Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Aunque en las regiones habitadas por grupos étnicos la votación fue ampliamente favorable al SI al Acuerdo Final, a nivel nacional el voto mayoritario por el NO (50,23%) superó por un margen mínimo al SI (49,76%). Este resultado ha dejado en suspenso el proceso de paz y la implementación de los Acuerdos. En el momento, se desarrollan procesos sociales e institucionales orientados a mantener el cese bilateral del fuego y buscar alternativas para “renegociar” el Acuerdo Final. Dentro de esta dinámica las comunidades y organizaciones étnicas vienen desplegando grandes esfuerzos para defender la legitimidad de lo logrado en el Acuerdo Final, especialmente el “capítulo étnico” que quedó incorporado.

A pesar de esta situación de incertidumbre, los análisis de los Acuerdos que ofrecen este documento siguen teniendo validez, y seguirán teniendo pertinencia para actuar en el escenario que finalmente se configure para dar continuidad al proceso de paz. La lectura del documento precisamente puede contribuir a comprender las condiciones que se requieren para que en un contexto post-acuerdo se restituyan y garanticen los derechos a las comunidades afrocolombianas más impactadas por el conflicto armado.

Resultado desfavorable al Acuerdo de Paz refuerza prioridad de apoyar comunidades étnicas que mayoritariamente votaron por el SI

Bogotá, 3 de octubre de 2016. Ante los resultados desfavorables del plebiscito para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hace un llamado para reforzar el apoyo a las comunidades étnicas en sus esfuerzos por la construcción de la paz. Aunque a nivel nacional el voto mayoritario por el NO (50.25%) superó por un margen mínimo al SI (49.75 %), en las regiones del país más afectadas por el conflicto donde habitan grupos étnicos, la mayoría de su población refrendó con su voto su apoyo a la implementación de los Acuerdos. Primeras reacciones de plataformas organizativas que apoyaron el proceso de negociación y lograron la inclusión del “capítulo étnico” en el mismo, expresan su compromiso para seguir apoyando la salida negociada al conflicto.

Existe una alta incertidumbre sobre lo que pasará con el proceso de paz. A pesar de ello, las expresiones públicas del gobierno y las FARC reiteran su compromiso para mantener el cese bilateral de las acciones militares. Y por su parte, líderes políticos que se opusieron a los Acuerdos están compartiendo convocatoria a la construcción de un “gran Pacto Nacional”. La renegociación de los Acuerdos parecería ser la opción que se vislumbra.

Ante ese escenario, ¿cuál será la situación de las comunidades étnicas? Ante todo, las garantías para el respeto a sus derechos, que se habían logrado incorporar al Acuerdo a través del “capítulo étnico” quedan seriamente amenazadas en razón de que la implementación del mismo no se hará efectiva según lo previsto. Y aunque las partes han expresado compromiso para mantener el cese de hostilidades, la vulnerabilidad para que las comunidades sigan siendo objeto de violaciones a sus derechos humanos por parte de otros actores armados seguirá siendo muy alta. Esto aplica tanto para las comunidades étnicas ubicadas en las áreas rurales como aquellas en situación de desplazamiento forzado en zonas marginales de las grandes ciudades. El NO al plebiscito propicia un clima político y social que desafortunadamente deja en suspenso el transito del país hacia una ruta que excluye definitivamente la violencia en la resolución de sus conflictos.

La comunidad internacional, especialmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, deberán estar atentas a monitorear la situación de derechos humanos de las comunidades étnicas. Y adicionalmente, tendrán que estar brindando apoyo a sus organizaciones para que las garantías que se lograron incorporar en el “capítulo étnico” sean respetadas durante los procesos que se llevarán a cabo en la posible renegociación del los Acuerdos. Así mismo, su participación en los procesos políticos que se avecinan deberá ser igualmente garantizada.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos Rechazan Atentados y Amenazas Contra Líderes y Lideresas de AFRODES

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) condenamos las amenazas y atentados contra su vida que siguen experimentando lideresas y líderes (y sus familias) de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). Exhortamos al gobierno colombiano para adoptar las medidas de protección necesarias para garantizarles sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la participación política. En Colombia se aproxima la firma del Acuerdo Final para la construcción de la paz, que con la inclusión de un “capítulo étnico” compromete al Estado para adoptar medidas específicas para garantizar los derechos de los grupos étnicos. Los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos deben reforzar las medidas para proteger a las organizaciones y líderes de las comunidades afrocolombianas.

La situación de vulneración de sus derechos fundamentales configura un patrón sistemático desde que se creó AFRODES en 1999: varios de sus líderes y lideresas han sido asesinados o víctimas de atentados,  y las amenazas que reciben han obstaculizado su trabajo organizativo. Recientemente, líderes y lideresas de las organizaciones articuladas al trabajo organizativo a AFRODES Cali, han sido objeto de amenazas y atentados así como miembros de sus familias. En algunos casos, la solicitud al gobierno de medidas de protección, fundamentada en denuncias formales, ha sido negada con base en estudios de riesgo cuyos resultados, incomprensiblemente, ha establecido que ciertos líderes o lideresas solo enfrentan un “riesgo ordinario”. De todos los miembros de AFRODES que enfrentan riesgos evidentes, tan solo se han asignado medidas de protección a un número reducido.

Entre las situaciones recientes de amenazas o atentados contra la vida de líderes y lideresas, y sus familiares, articuladas a AFRODES Cali, se destacan:

• El 10 de septiembre de 2016, el hijo de la lideresa Stela Allomia fue herido con arma de fuego, y se encuentra en estado crítico, cuando se desplazó a verificar el estado de la vivienda (ubicada en Potrero Grande sector Barrio Taller) que su familia debió abandonar en diciembre de 2015 por amenazas reiteradas y un atentado contra otros de los hijos de Stella. La visita a su vivienda la hizo para evitar que le retiren el subsidio por haber “abandonado” el predio.
• Erlendy Cuero, vicepresidenta de AFRODES, continúa recibiendo llamadas telefónicas en las que se le amenaza con asesinarla a ella y a uno de sus hijos. Desde el año 2013, después de su participación en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas amenazas se han intensificado. Recientemente, el hijo de Erlendy sufrió un atentado contra su vida el 27 de marzo 2016 y antes de este el 1 de septiembre de 2014 dos hombres llegaron armados a la vivienda para asesinarla, y el 7 de febrero de 2015 dejan un panfleto en el que amenazan la vida de su hija y la de ella si no abandonaban el barrio Llano Verde.
• El 30 de julio de 2016, la lideresa Yaneris Cabrera recibió llamadas y mensajes de texto con amenazas contra su vida en las que se hace referencia explícita a su trabajo organizativo con AFRODES. Ella es la secretaria de AFRODES Cali, encargada de convocatoria y elaboración de documentos y radicación de los mismos; hace seguimiento a todas las acciones que se adelantan.
• La hija de la lideresa Yenny Castro fue víctima de reclutamiento forzado en diciembre de 2014 Además, Yenni venía liderando un grupo de personas ubicadas en el asentamiento subnormal Playa Alta donde viven 55 familias víctimas; este asentamiento fue incendiado el 29 de abril de 2015.
• En 2014, la puerta de la residencia del líder Felipe Asprilla recibió un disparo. En 2015 le pintaron la puerta de la casa con sangre con un letrero que decía “ASPRILLA VA…” y además le dejaron pegado a la misma un panfleto con amenazas que decían “que los líderes que promovían la elección de la junta de acción comunal Llano Verde serían objetivos militar a finales 2015”.
• Bernardo Cuero, líder y fiscal de AFRODES, quien reside en el Departamento del Atlántico, ha sufrido varios atentados contra su vida. Al igual que Erlendy, estos hechos contra su vida se intensificaron después de su participación en 2013 en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus solicitudes de medidas de protección al gobierno han sido negadas. Y las denuncias que ha interpuesto ante la Fiscalía no vienen siendo atendidas en forma adecuada.

Exhortamos al Estado colombiano a adoptar las siguientes recomendaciones:

• Garantizar la aplicación efectiva de medidas de protección adecuadas en cada uno de los casos descritos.
• Que se investiguen inmediatamente estos hechos por parte de las autoridades y que quienes son responsables sean traídos a la justicia.
• Que el gobierno realice el proceso de registro de las organizaciones articuladas AFRODES Cali como sujeto de reparación colectiva.
• Garantizar la integración, en consulta con la Comisión Étnica, del Capitulo Étnico del Acuerdo Final de Paz en la construcción de los mecanismos de implementación y monitoreo de los acuerdos.

Recomendaciones al gobierno de los Estados Unidos:

• El Departamento de Estado y la Embajada en Bogotá deberían asegurar cumplimiento de los condicionamientos de derechos humanos vinculados a la asistencia militar que provee EE.UU a Colombia que condicionan que Colombia debe asegurar la protección de líderes y lideresas afrodescendientes.
• Las autoridades EE.UU deberían insistir en que Colombia mejore sus mecanismos de protección para miembros de la organización AFRODES y sus familiares, investigue estos hechos y públicamente condene estos actos de violencia contra ellos.

El voto mayoritario del SÍ en el plebiscito para apoyar el Acuerdo Final de Paz en Colombia fortalecerá condiciones para garantizar los derechos de los grupos étnicos.

Bogotá, 13 de septiembre de 2016. Después de la firma del Acuerdo Final por parte de los representantes del gobierno colombiano y las FARC-EP el 24 de agosto de 2016, el Congreso de Colombia autorizó al presidente Juan Manuel Santos convocar un plebiscito el día 2 de octubre para que los ciudadanos expresen su voto positivo o negativo frente a lo acordado. La pregunta del plebiscito será: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su apoyo a las organizaciones y comunidades étnicas que públicamente vienen adelantando acciones pedagógicas para convocar a los colombianos para votar por el SÍ.

Son varias las razones que sustentan la conveniencia para las comunidades étnicas, y para la sociedad en general, de que el resultado del plebiscito sea favorable a apoyar el Acuerdo Final. Algunas se relacionan con las dinámicas institucionales de la implementación de los Acuerdos. Otras trascienden este nivel formal, y se relacionan con imaginarios y percepciones que también son fundamentales para que la construcción de la paz sea incluyente con los grupos étnicos.

El voto por el SÍ, al expresar el apoyo popular a lo acordado, también estaría legitimando el enfoque diferencial étnico que contiene el Acuerdo Final.  En un comunicado del 5 de septiembre de 2016, la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, argumenta que la inclusión de un “capítulo étnico” en el Acuerdo Final contiene compromisos para la aplicación de principios que garanticen los derechos de sus comunidades en la implementación de los Acuerdos. De ahí, que estén movilizándose a favor del SÍ al plebiscito:

Después que las partes del conflicto llegaron al Acuerdo Final de Paz el 24 de agosto del presente año, los pueblos étnicos seguimos en Asamblea Permanente en todo el país, haciendo Pedagogía de Paz para la pervivencia de los pueblos y comunidades de todo lo acordado en el proceso paz. En más del 35% del territorio nacional le estamos diciendo ¡SÍ A LA PAZ, SÍ A LA VIDA!, por tanto invitamos a los Colombianos a lograr la paz entre todos, diciéndoles a los que quieren perpetuar la guerra, que aquí no cabe el NO de los partidos políticos, en alianza con medios de comunicación que le hacen apología a la guerra; sería vergonzoso con todos los pueblos del mundo, que después de más de 50 años de guerra, hayan colombianos apoyando la guerra y no a las víctimas que queremos la PAZ , solo les decimos aquí va ganar la Verdad… la verdad nos hará libres, la verdad nos hará vivir en PAZ.

Un resultado del plebiscito favorable al SÍ contribuirá a consolidar las condiciones para la construcción de la paz en los territorios y lugares donde habitan las comunidades étnicas. Las comunidades étnicas son conscientes que la firma del Acuerdo Final y el apoyo ciudadano mayoritario constituyen un punto de partida para la construcción de la paz. Pero también saben que más allá del cumplimiento de estos requisitos institucionales, el consenso ciudadano sobre la conveniencia de aplicar el Acuerdo Final propiciará actitudes de los ciudadanos e instituciones que son necesarias para que reconozcan los impactos diferenciales que han experimentando y apoyen la ejecución de políticas y programas que se orientarán a la restauración de sus derechos.

El apoyo mayoritario al SÍ también ayudara a que la implementación de los Acuerdos se consolide como oportunidad para que los grupos étnicos puedan superar las exclusiones históricas estructurales. Las organizaciones étnicas agrupadas en la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, que lideraron los procesos de incidencia para la inclusión del capítulo étnico en el Acuerdo Final, desde un principio resaltaron que el Acuerdo para poner fin al conflicto puede ser una oportunidad para que el Estado y la sociedad colombiana finalmente adopte las políticas públicas necesarias para superar la exclusión estructural que se vio profundizada como consecuencia del conflicto. Desde esa perspectiva, el voto por el SÍ también fortalecerá la legitimidad y conveniencia para que las agendas de los grupos étnicos sean finalmente atendidas en forma adecuada y suficiente.

El voto mayoritario por el SÍ también significará que la sociedad colombiana expresa su compromiso para eliminar la discriminación racial y otras formas de exclusión que afectan a los grupos étnicos. El Acuerdo Final, al reconocer los impactos diferenciales del conflicto sobre los grupos étnicos, e incorporar principios para garantizar un enfoque diferencial, estará contribuyendo con su implementación a que se avance en corregir los efectos negativos de la discriminación racial que siguen experimentando las comunidades étnicas. De manera especial, las inversiones públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los sectores rurales ofrecerán una oportunidad para eliminar uno de las mayores expresiones del racismo institucional: la indiferencia estatal ante las condiciones de vida de los grupos étnicos.

El voto mayoritario por el SÍ significará dar luz verde para que la sociedad colombiana construya y reconozca la “verdad” sobre los impactos del conflicto armado sobre los grupos étnicos. Las comunidades y organizaciones étnicas, durante los últimos 20 años en especial, han denunciado como un “genocidio” el patrón sistemático de violencias y violaciones que han ejercido sobre ellos todos los actores armados. Estos hechos, que ya han sido ampliamente documentados por organizaciones e instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales, demuestran que el conflicto armado ha destruido condiciones fundamentales para la supervivencia física y cultural de las comunidades indígenas y afrocolombianos. Hasta el momento parecería que la sociedad y el Estado colombiano no han reconocido plenamente la magnitud y la calidad de estos impactos. El voto por el SÍ, que dará luz verde a la implementación de los mecanismos para la construcción de la verdad, ofrecerá finalmente la oportunidad para este reconocimiento.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos reitera su compromiso para apoyar a las comunidades y organizaciones afrocolombianas e indígenas en sus esfuerzos para que en la implementación del Acuerdo Final se adopte un enfoque diferencial étnico que garantice la protección y restitución de sus derechos.

Acuerdo Final de Paz en Colombia Incluye Capítulo Étnico

Bogotá 25 de Agosto 2016. El texto del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado colombiano que firmaron en La Habana el día 24 de agosto los representantes plenipotenciarios del gobierno colombiano y las FARC-EP incluye un “capítulo étnico”. Este capítulo estipula un conjunto de “principios, salvaguardas y garantías” cuya aplicación contribuirá a que en la implementación de los Acuerdos se garanticen los derechos adquiridos por los pueblos étnicos y se restauren los derechos que les han sido vulnerados como consecuencia del conflicto.

La inclusión de este importante capítulo a última hora se dio gracias a la labor de incidencia de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales conformada por el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Gobierno Mayor de las Autoridades Indígenas Tradicionales de Colombia.

La inclusión del “capitulo étnico” ayuda a corregir, aunque parcialmente, la omisión de un enfoque diferencial étnico adecuado que caracterizó la elaboración de los Acuerdos parciales durante el proceso. Esta omisión se debió principalmente a que la Mesa de Negociaciones no implementó los mecanismos adecuados para dialogar con las organizaciones étnicas que habían reclamado su participación desde el inicio del proceso. Los contenidos del “capítulo étnico” sin duda alguna ofrecen referentes centrales para que la implementación de los Acuerdos pueda aplicar un enfoque diferencial étnico adecuado. Pero esta aplicación dependerá de un conjunto de condiciones y mecanismos cuya creación y activación requieren del compromiso por parte del gobierno colombiano, las FARC-EP y a las organizaciones y comunidades étnicas.

En cuanto a los contenidos del “capítulo étnico” se debe destacar que:

• Se incorpora un mejor reconocimiento al carácter estructural de la exclusión y los impactos diferenciales del conflicto experimentados por los grupos étnicos.
• En los Principios se confirma la vigencia de todas las normas nacionales e internacionales a través de las cuales el Estado colombiano se ha comprometido a proteger los derechos de los pueblos étnicos.
• El “carácter principal y no subsidiario de la consulta previa, libre e informada” se postula como la principal salvaguarda a aplicar en la implementación de todos los Acuerdos. En concordancia, se hace un reconocimiento a la legitimidad de autoridades étnicas como actores claves para todos los de mecanismos de implementación.
• La transversalidad de las dimensiones de género, familia y generación también se estipula como principio ordenador de la aplicación del enfoque diferencial étnico.
• La creación de mecanismos especiales de consulta y la garantía de participación en todos los mecanismos institucionales que se crearán, se detalla en forma específica para cada uno de los Acuerdos (reforma rural integral, participación política, víctimas, solución al problema de las drogas, e implementación y verificación).
• Se establece la creación de una Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para que sirva de mecanismo de participación en todos los procesos de implementación y verificación de los Acuerdos.

Estos son algunos de los elementos centrales que contiene el “capítulo étnico”. Ahora bien, ¿garantiza la inclusión de este “capítulo étnico” que efectivamente la implementación de los Acuerdos vaya a aplicar un enfoque diferencial étnico adecuado? Esto dependerá de muchas condiciones políticas, institucionales y sociales que en el escenario post-acuerdo deberán garantizarse. Entre ellas se deben destacar:

• La más importante, y sería la “condición necesaria” (sine qua non), es que las comunidades y organizaciones cuenten con las capacidades y recursos para participar efectivamente en los mecanismos que proponen los Acuerdos para su implementación. El Estado colombiano deberá priorizar la creación de esta condición.
• Las leyes que el Congreso de Colombia deberá expedir para implementar los Acuerdos deberán adoptar todos los principios, salvaguardas, y garantías estipuladas en el “capítulo étnico” que hace parte constitutiva del Acuerdo Final.
• Los presupuestos que se formulen para la implementación de los Acuerdos deberán incluir los recursos específicos que se requieren para que el enfoque diferencial étnico realmente pueda aplicarse.
• Las entidades territoriales y sectoriales, que en últimas serán las responsables de la implementación de los Acuerdos, deberán igualmente incorporar en sus programas y proyectos estos principios, salvaguardas, y garantías.
• Los procesos de verificación deberán incorporar mecanismos específicos para realizar el monitoreo de la aplicación de estipulado en el “capítulo étnico”.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se suma a los reconocimientos positivos hacia el gobierno colombiano y las FARC-EP por haber finalizado exitosamente el proceso de negociación, y que hayan incorporado el “capítulo étnico” en el Acuerdo Final. Pero ante todo, felicitamos y expresamos nuestro más sincero reconocimiento y admiración al trabajo de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, y a todas las organizaciones y comunidades que representan. Fueron su perseverancia y compromiso incondicional por la paz del país los factores que permitieron que se esté fortaleciendo la oportunidad para que la implementación de los Acuerdos lleve a la restitución de sus derechos. Estaremos muy atentos para apoyarlos en lo que requieran.

Ver paginas 180-183 del Acuerdo Final.

“Afro-Colombianos en el Post-Acuerdo”: Taller con organizaciones de población afrocolombiana desplazada de Cali (Colombia)

Bogotá, 25 de Julio de 2016. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES Cali) realizaron el Sábado 23 de Julio en la ciudad de Cali (Colombia), el taller/conversatorio Afrocolombianos y Post-acuerdo: mecanismos para la protección de los derechos humanos. El evento contó con la participación de líderes y lideresas de veinte (20) organizaciones de población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado de esta ciudad. El objetivo del evento estuvo orientado a propiciar un dialogo que contribuyó a que las organizaciones profundizaran  su conocimiento sobre las implicaciones que tendrá para las comunidades afrocolombianas, la implementación de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Este conocimiento constituye un requisito fundamental para el diseño y ejecución de las estrategias de incidencia que las organizaciones deberán seguir adelantando en la perspectiva de que se le garanticen sus derechos.

En el dialogo con la organizaciones se hizo evidente los altos niveles de incertidumbre que ellas tienen frente a la implementación de los Acuerdos. Aunque mantienen su apoyo y valoración positiva a la terminación del conflicto armado que se está negociando en La Habana, no identifican con claridad los procesos institucionales que conducirán a que finalmente sus derechos fundamentales serán restaurados. El bajo nivel de conocimiento específico que tienen sobre los contenidos de los Acuerdos parece ser uno de los factores que contribuye a la incertidumbre. Las organizaciones reportan que el gobierno no ha desplegado acciones pedagógicas que ayuden a conocer adecuadamente los Acuerdos y las implicaciones de su implementación.

Frente a esta situación de “desinformación”, el representante para Colombia del Instituto (Pedro L. Cortes Ruiz) ofreció información básica sobre el proceso de negociación desarrollado hasta ahora en la Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, los contenidos de los Acuerdos, y los procesos institucionales que seguirán a la firma del Acuerdo Final. En los análisis presentados se identificó la principal consecuencia de la exclusión de los grupos étnicos del proceso de negociación: la no adopción de un enfoque diferencial étnico adecuado en los Acuerdos. Esta limitación en los Acuerdos, que implicó la ausencia del reconocimiento inadecuado de los impactos diferenciales del conflicto sobre las comunidades étnicas, conlleva riesgos significativos para la garantía de los derechos de estas comunidades en el proceso de implementación de los Acuerdos.

En el caso específico de las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en ciudades como Cali, la ausencia de un enfoque diferencial étnico adecuado puede tener como principal implicación que las respuestas institucionales que se diseñen desconozcan los avances logrados en el reconocimiento de las problemáticas específicas de estas comunidades. Los Acuerdos no ofrecen claridad sobre la vigencia que tendrán las actuales normas y políticas que orientan la atención a las víctimas del conflicto armado. Debe recordarse que la población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado representa al menos el 30% del total de población desplazada en el país; es decir, más de un millón de ciudadanos.

Otra problemática que surgió en el dialogo se relaciona con la seguridad de los lideres y lideresas. Algunos de ellos san seguido recibiendo amenazas que restringen seriamente sus actividades comunitarias y de incidencia política. Las condiciones de seguridad para el pos-acuerdo en una ciudad como Cali también constituyen una gran preocupación para ellos. De ahí que coincidan con la visión del Instituto sobre la necesidad de fortalecer las condiciones autónomas para realizar un monitoreo de la situación de derechos humanos durante el post-acuerdo.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos continuará con la realización de este tipo de eventos en distintas partes del pais,  para contribuir a fortalecer las capacidades de las organizaciones afrocolombianas en la perspectiva de la protección de sus derechos durante el post-acuerdo.

Evento para impulsar ratificación de Colombia de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia

Bogotá, 30 de junio de 2016. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (el Instituto) realizó evento público en Bogotá con el objetivo de promover procesos de incidencia que conduzcan a la pronta ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia por parte del Estado colombiano. Al evento asistieron representantes de organizaciones étnicas, entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional presente en el país. Las valoraciones expresadas por los participantes que intervinieron coinciden con la posición del Instituto: la urgencia de coordinar de acciones de incidencia que conduzcan a que el Estado colombiano active los mecanismos necesarios para la ratificación de la Convención.

Carlos Quesada, el Director Ejecutivo del Instituto, ofreció una presentación que permitió a los participantes conocer el proceso que llevó a la adopción de la Convención por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2013 y las dinámicas de incidencia que han permitido su firma y ratificación en los países de la región. Su valoración de estos procesos confirma la centralidad del rol que las organizaciones de la sociedad civil deben  seguir fortaleciendo para que los poderes ejecutivos y legislativos se adelanten el proceso de ratificación.

En el caso colombiano, los referentes normativos que ya se tienen en materia de instrumentos para luchar contra la discriminación configuran un contexto propicio para impulsar el proceso de ratificación. Esta valoración se desprende de la presentación que realizó Diego Grueso, Coordinador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), del documento que ha elaborado para el Instituto, el cual ofrece un análisis detallado de “elementos normativos para motivar e impulsar su ratificación en Colombia”.

La conveniencia de activar el proceso hacia la ratificación a través de una solicitud formal al gobierno colombiano fue una propuesta planteada por el señor Pastor Murillo en representación del Ministerio del Interior. Esta propuesta está señalando parte de la ruta que deben transitar los procesos de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. Otro componente de esta ruta deberán ser los procesos de movilización que incorporen una labor pedagógica intensa para que los ciudadanos conozcan la Convención. Así lo destacaron miembros de organizaciones como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF) y el Sindicato de Trabajadores Públicos y Privados, Afrodescendientes, Palenqueros y Raizales de Colombia (SINAFROCOL).

El apoyo de actores de la comunidad internacional en Colombia a estos procesos de incidencia también tiene una gran importancia. Muchos de ellos tienen incorporado en sus áreas misionales y agendas la promoción y protección de los grupos más vulnerables a la discriminación racial; y con sus iniciativas han venido contribuyendo al fortalecimiento de organizaciones e instituciones en la perspectiva de derechos humanos que orienta la Convención. Las intervenciones de Gabriel Muyuy de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de Alejandro García del Instituto Nacional Demócrata (NDI) confirmaron estas contribuciones, y su compromiso para apoyar las acciones de incidencia.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, a través de su representante en Colombia, Pedro L. Cortes-Ruiz continuará impulsando acciones que continúen fortaleciendo los procesos de incidencia que conduzcan la ratificación de la Convención por parte del Estado colombiano. Especialmente, se harán esfuerzos para que las organizaciones étnicas (afrocolombianas e indígenas) y LGBTI coordinen iniciativas de incidencia dirigidas al poder ejecutivo y legislativo.

El informe que promueve la ratificación de la Convención en Colombia puede ser leído en su totalidad aquí.