Evento para impulsar ratificación de Colombia de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia

Bogotá, 30 de junio de 2016. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (el Instituto) realizó evento público en Bogotá con el objetivo de promover procesos de incidencia que conduzcan a la pronta ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia por parte del Estado colombiano. Al evento asistieron representantes de organizaciones étnicas, entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional presente en el país. Las valoraciones expresadas por los participantes que intervinieron coinciden con la posición del Instituto: la urgencia de coordinar de acciones de incidencia que conduzcan a que el Estado colombiano active los mecanismos necesarios para la ratificación de la Convención.

Carlos Quesada, el Director Ejecutivo del Instituto, ofreció una presentación que permitió a los participantes conocer el proceso que llevó a la adopción de la Convención por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2013 y las dinámicas de incidencia que han permitido su firma y ratificación en los países de la región. Su valoración de estos procesos confirma la centralidad del rol que las organizaciones de la sociedad civil deben  seguir fortaleciendo para que los poderes ejecutivos y legislativos se adelanten el proceso de ratificación.

En el caso colombiano, los referentes normativos que ya se tienen en materia de instrumentos para luchar contra la discriminación configuran un contexto propicio para impulsar el proceso de ratificación. Esta valoración se desprende de la presentación que realizó Diego Grueso, Coordinador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), del documento que ha elaborado para el Instituto, el cual ofrece un análisis detallado de “elementos normativos para motivar e impulsar su ratificación en Colombia”.

La conveniencia de activar el proceso hacia la ratificación a través de una solicitud formal al gobierno colombiano fue una propuesta planteada por el señor Pastor Murillo en representación del Ministerio del Interior. Esta propuesta está señalando parte de la ruta que deben transitar los procesos de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. Otro componente de esta ruta deberán ser los procesos de movilización que incorporen una labor pedagógica intensa para que los ciudadanos conozcan la Convención. Así lo destacaron miembros de organizaciones como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF) y el Sindicato de Trabajadores Públicos y Privados, Afrodescendientes, Palenqueros y Raizales de Colombia (SINAFROCOL).

El apoyo de actores de la comunidad internacional en Colombia a estos procesos de incidencia también tiene una gran importancia. Muchos de ellos tienen incorporado en sus áreas misionales y agendas la promoción y protección de los grupos más vulnerables a la discriminación racial; y con sus iniciativas han venido contribuyendo al fortalecimiento de organizaciones e instituciones en la perspectiva de derechos humanos que orienta la Convención. Las intervenciones de Gabriel Muyuy de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de Alejandro García del Instituto Nacional Demócrata (NDI) confirmaron estas contribuciones, y su compromiso para apoyar las acciones de incidencia.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, a través de su representante en Colombia, Pedro L. Cortes-Ruiz continuará impulsando acciones que continúen fortaleciendo los procesos de incidencia que conduzcan la ratificación de la Convención por parte del Estado colombiano. Especialmente, se harán esfuerzos para que las organizaciones étnicas (afrocolombianas e indígenas) y LGBTI coordinen iniciativas de incidencia dirigidas al poder ejecutivo y legislativo.

El informe que promueve la ratificación de la Convención en Colombia puede ser leído en su totalidad aquí.

Representantes de grupos étnicos serán recibidos por Mesa de Negociación: Alcances y Limitaciones Bogotá, 3 de junio de 2016

El Instituto Internacional sobre raza, Igualdad y Derechos Humanos celebra el comunicado conjunto #73 publicado el día 2 de junio entre el gobierno colombiano y las FARC-EP donde anunciaron que recibirán a representantes de los grupos étnicos el 20 y 21 de junio, “con el objetivo de contribuir a garantizar el enfoque étnico, territorial y diferencial en la implementación de los acuerdos sobre los diferentes puntos de la Agenda y en esa medida afianzar el respeto y protección de la diversidad étnica y cultural”. Dada tardanza para facilitar este dialogo y la inminencia de la firma de los Acuerdos, es necesario un análisis de las implicaciones que este espacio puede traer. Específicamente, se debe hacer una valoración en términos de cómo contribuirá a que efectivamente la implementación de los Acuerdos garantice la restitución, protección y promoción de las comunidades étnicas afectadas por el conflicto armado.

La apertura de este espacio responde a las solicitudes de participación que sectores de estos grupos han venido realizando desde el inicio de las negociaciones. Especialmente, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) y la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, que son plataformas que agrupan cientos de miles afrocolombianos e indígenas que han sido impactados por el conflicto armado. Con base en un trabajo de incidencia, respaldado por análisis profundos sobre los Acuerdos, han venido ofreciendo propuestas específicas para corregir la omisión que estos tienen de un enfoque diferencial étnico adecuado. Desafortunadamente, la Mesa de Negociaciones, que ha recibido estas propuestas, no ha respondido formalmente a sus solicitudes para ser recibidos en La Habana. En el comunicado del día de hoy, el CONPA y la Comisión Étnica no son nombrados explícitamente como participantes del grupo que asistirá. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que ha seguido de cerca su labor y conoce de su amplia legitimidad frente a las comunidades y organizaciones de base, espera que la Mesa de La Habana garantice su participación.

Pero independientemente de cuáles representantes asistan, esas jornadas en La Habana contribuirán a garantizar la adopción efectiva de un enfoque diferencial étnico en la implementación de los Acuerdos, solamente si aceptan la inclusión de cláusulas en los textos finales que expliciten el respeto a los derechos étnico-territoriales de las comunidades afrocolombianas e indígenas; esta ha sido una propuesta reiterada por el CONPA y la Comisión Étnica. Si el gobierno y las FARC solo se van a limitar a escuchar los análisis y propuestas que los representantes de las comunidades lleven, sin asumir un compromiso explícito para mejorar los textos de los Acuerdos desde una perspectiva étnica, entonces los resultados de las jornadas podrán quedarse en el plano de lo simbólico, y permanecerán las deficiencias de los Acuerdos en términos de ofrecer un enfoque diferencial étnico adecuado.

Ahora bien, la incorporación a los Acuerdos de cláusulas que salvaguarden los derechos étnico-territoriales puede ser una condición favorable para que la implementación respete los mismos, pero no ofrece una garantía absoluta. Los procesos institucionales a través de los cuales se van a implementar los Acuerdos configurarán realmente los factores determinantes para que garanticen los derechos a las comunidades étnicas. La elaboración y expedición de las leyes que van “aterrizar” los Acuerdos, y que serán la base para que las instituciones diseñen y ejecuten las políticas y programas específicos, deberá ser el centro de atención del gobierno y las comunidades para corregir lo que los Acuerdos omitieron. A saber: los análisis adecuados sobre los impactos diferenciales del conflicto sobre las comunidades étnicas y las correspondientes medidas para reparar los daños causados.

La “firma de la paz” no será el fin de los conflictos subyacentes a la exclusión estructural de las comunidades étnicas que fue profundizada por el conflicto. Las comunidades tienen la esperanza de que el cese del enfrentamiento militar entre las FARC y el gobierno colombiano lleve a una disminución de la violencia contra ellas. Pero la firma de los Acuerdos tan solo representa un punto de partida para la construcción de la paz. Más que un post-conflicto, las comunidades se enfrentarán a un escenario post-acuerdo en el que la mayoría de conflictos continuarán. Pero más preocupante aún, otros conflictos podrán emerger como consecuencia de la implementación de los Acuerdos que han omitido un enfoque diferencial étnico adecuado. Las propuestas del CONPA y de la Comisión Étnica, así como de otros sectores de las comunidades étnicas, precisamente ofrecen las rutas para que estos conflictos no solamente no vulneren sus derechos, sino para que la paz sea sostenible para todo el país. Para que las jornadas del 20 y 21 de junio contribuyan a esto, y no se conviertan en simple acto simbólico, el gobierno y las FARC deberían garantizar la participación del CONPA y la Comisión Étnica, y apropiarse de sus propuestas.

Para leer el comunicado #73, haga click aquí.

Día de la Afrocolombianidad 2016: un reconocimiento a las comunidades afrocolombianas impactadas por el conflicto armado

Con motivo del Día de la Afrocolombianidad 2016, este 21 de mayo, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su reconocimiento y admiración a las comunidades afrocolombianas que aun ante la exclusión, la discriminación racial y la violencia mantienen su proyecto histórico colectivo de defensa de la vida y la autonomía. Hoy, en las áreas rurales más apartadas, y también en los contextos urbanos, esas comunidades continúan ofreciéndole a toda la sociedad lo mejor de sus esfuerzos productivos, culturales y políticos.

Desafortunadamente, la defensa de los derechos étnico-territoriales que han conquistado, y que finalmente fueron reconocidos formalmente a partir de la Constitución de 1991, ha resultado demasiado costosa. En este Día de la Afrocolombianidad 2016 se debe rendir homenaje a los miles de afrocolombianos y afrocolombianas que han sido asesinados por defender esos derechos; a  más de un millón que han sido expulsados de sus tierras ancestrales hacia condiciones de marginalidad en los contextos urbanos; a las miles de mujeres afrocolombianas víctimas de violencia sexual, a todas y todos los afrocolombianos que han visto profundizada su exclusión como consecuencia de los impactos del conflicto armado colombiano.

Este Día de la Afrocolombianidad de 2016 debería haber coincidido con transformaciones institucionales que garantizaran la participación efectiva de las comunidades y organizaciones en el proceso histórico de la terminación del conflicto armado y el inicio de la construcción de una paz sostenible. Pero la forma en que han sido excluidas,  hasta ahora,  de la negociación de  un conflicto en el que ellas y las comunidades indígenas han sido las mayores victimas, y cuyos acuerdos afectarán sus derechos étnico-territoriales, está manteniendo mecanismos de exclusión que precisamente se iniciaron con el hecho histórico que oficialmente se celebra.

La ley de abolición de la esclavitud expedida el 21 de mayo de 1851, básicamente se ocupó de indemnizar económicamente a los dueños de esclavos sin ofrecer ninguna medida de reparación o condición adecuada para que los esclavos “liberados” pudieran ejercer su ciudadanía. La trayectoria legislativa que reforzó esa exclusión por más de un siglo pareció transformarse a partir de la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993, que como resultado de la movilización de las comunidades obligó al Estado colombiano a reconocer formalmente sus derechos étnico-territoriales. Pero este Día de la Afrocolombianidad de 2016, en vez de estar celebrando su plena implementación, estamos reiterando la frustración de que después de 23 años, el Estado colombiano no ha reglamentado aspectos de la Ley que son críticos para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos. Y esos aspectos se refieren a derechos ambientales, mineros, y autonomía para planear el desarrollo, que se pueden  ver afectados negativamente por la implementación de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Este Día de la Afrocolombianidad 2016 deberíamos estar celebrando la inclusión de un enfoque diferencial étnico en los textos de esos Acuerdos de Paz, como respuesta a los espacios de dialogo que la Mesa de Negociaciones debía haber garantizado a los representantes de las comunidades más impactadas por el conflicto armado. Pero a la fecha, las solicitudes de las organizaciones no han tenido respuesta formal de la Mesa. Las comunidades afrocolombianas, que han apoyado el proceso de negociación desde sus inicios han sido ignoradas a pesar de que sus análisis y propuestas ofrecen alternativas específicas, no solamente para garantizar sus derechos adquiridos en el post-acuerdo, sino para fortalecer las condiciones de una paz sostenible para todo el país.

Lo que si podemos celebrar con certeza este Día de la Afrocolombianidad 2016 es la vigencia del espíritu libertario de las comunidades afrocolombianas que continua guiando a la sociedad colombiana.

Conversatorio “El Papel de Los Afrodescendientes en los Diálogos y La Construcción de la Paz en Colombia”

Bogotá, 18 de Mayo de 2016. El 17 Mayo de 2016 el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) realizo un conversatorio sobre el papel de los Afrocolombianos en los diálogos y la construcción de la paz en Colombia. En el evento participaron cerca de 100 personas pertenecientes a organizaciones afrocolombianas, funcionarios de entidades gubernamentales, y representantes de agencias de cooperación nacional e internacional. La lista de conferencistas incluyo al Sr. Todd Howland (Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano).

Los análisis y propuestas de conferencistas y participantes reiteraron la importancia que tiene para la sostenibilidad de la paz que la Mesa de Negociaciones reciba una delegación de los pueblos étnicos antes de la firma de los Acuerdos, con el objetivo de que estos incorporen en su texto final clausulas para salvaguardar los derechos étnico-territoriales de las comunidades en la implementación de los mismos. Pero también se identificaron alternativas para enfrentar los obstáculos y conflictos que van a surgir durante la implementación como consecuencia de que los Acuerdos no hayan incorporado un enfoque diferencial étnico.

El representante para Colombia del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Pedro L. Cortes-Ruiz), quien asistió al evento, resalta algunos de los planteamientos que tienen mayor relevancia para la perspectiva de garantizar los derechos de las comunidades étnicas en el contexto del post-acuerdo.

Un racismo naturalizado e institucionalizado es la causa de la exclusión de las comunidades étnicas de los diálogos y de la ausencia de un enfoque diferencial étnico adecuado en los Acuerdos. Este argumento explicativo puede derivarse de algunos análisis como el planteado por Carlos Rosero del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el CONPA. En su presentación Carlos expreso que la falta de adopción de mecanismos de participación “especiales, diferenciales, y proporcionales” no tiene correspondencia con consensos que se tienen sobre los impactos diferenciales del conflicto sobre las comunidades étnicas. En la misma perspectiva, Francia Marquez de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC),  considera absurdo que el gobierno haya planteado que “los derechos de las comunidades étnicas no se van a tocar en la Mesa”, como justificación para rechazar la adopción de mecanismos de participación especiales para las comunidades étnicas. Francia resalto la contradicción de esta argumentación si se tiene en cuenta que la implementación de los Acuerdos se realizara en gran parte en territorios étnicos.

La legitimidad de los Acuerdos también depende de la participación diferenciada y efectiva que se le garantice a las comunidades étnicas, y no solamente de los mecanismos que la Mesa ha propuesto recientemente para su “blindaje”. El primer paso hacia este tipo de participación debe ser que “seamos escuchados” como lo indico Richard Moreno del Foro Interétnico Solidaridad por Choco (FISCH). En este mismo sentido, Sr. Todd Howland recordó que esta participación debe ser protegida por el Estado colombiano en virtud de las obligaciones que tiene el Estado colombiano al haber ratificado tratados internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU, y el Convenio de 1969 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La no participación de las Comunidades tanto en el proceso de negociación de los Acuerdos como en su implementación representa una violación a esas obligaciones.

La propuesta de las organizaciones afrocolombianas para que el Acuerdo Final incorpore una clausula para salvaguardar los derechos étnico-territoriales plantea principios que pueden corregir la ausencia de un enfoque diferencial adecuado hasta el momento. En su intervención, Silvio Garces (líder afrocolombiano y funcionario del gobierno que ha contribuido significativamente a los procesos de titulación colectiva por más de 20 años) ofreció un análisis y propuesta que recoge planteamientos centrales de la Agenda del CONPA. Cinco puntos deberían incorporarse a los Acuerdos: (1) salvaguarda de derechos adquiridos como principio general en términos que implementación de Acuerdos no afectaran derechos adquiridos, (2) garantía para dar continuidad a los procesos de titulación, (3) garantía de concertación con las comunidades en los casos que “zonas de concentración” de excombatientes de las FARC lleguen a coincidir con territorios colectivos, (4) compromiso para detener el repoblamiento de territorios, y (5) garantía de que se respetaran formas autónomas de gobernabilidad.

La adecuación institucional para la implementación de los Acuerdos que ya se ha iniciado debe incorporar desde ahora la participación de las comunidades étnicas. En su intervención, Zulia Mena (Viceministra de Cultura y lideresa del movimiento afrocolombiana) describió el proceso que ella ha comenzado a dinamizar al interior del Ministerio de Cultura para integrar a miembros de las organizaciones étnicas en las discusiones que ya se desarrollan en función de la adecuación que se va a realizar para la implementación de los Acuerdos. Este tipo de liderazgos que potencian la participación de las comunidades en función de la construcción de la paz también es significativo para avanzar en dimensiones de la Ley 70 de 1993 que no se han implementado en forma adecuada hasta el momento.

La garantía del derecho a la participación de las comunidades étnicas en la implementación de los Acuerdos está amenazada si las FARC continúan restringiendo su autonomía. Algunos de los líderes regionales expresaron su preocupación sobre la continuidad de prácticas de la FARC que han violado el derecho de las comunidades a tomar sus propias decisiones. Se recordó el caso del asesinato por parte de las FARC en Agosto de 2015 de Genaro Garcia, presidente del Consejo Comunitario Alto Mira en Tumaco. Dado que los territorios afrocolombianos serán zonas prioritarias para la implementación de los Acuerdos, y que la perspectiva es que excombatientes de las FARC se incorporen a la vida política de esos territorios, la dejación de armas también debe significar la dejación de cualquier práctica que continúe restringiendo el derecho de las comunidades a gobernarse en forma autónoma.

Acompañar a las comunidades debe ser la prioridad de las organizaciones de derechos humanos en estos momentos y en el contexto post-acuerdo. El acompañamiento directo en función de detener las violaciones y restricción de derechos que siguen sufriendo las comunidades debe ser la prioridad de organizaciones de derechos humanos en sus estrategias para proteger los derechos humanos de las comunidades étnicas en el contexto post-acuerdo. Los complejos diseños institucionales de los que se ha ocupado la negociación, y que se requieren para la implementación de los Acuerdos, parece haber desplazado esta urgencia. “Hay mucha desesperanza en los territorios” expresó en forma muy sentida Francia Marquez. Esta expresión refleja el estado emocional que han seguido viviendo las comunidades étnicas durante el proceso de negociación, aunque simultáneamente mantienen una actitud de resistencia proactiva.

Conversatorio “El Papel de Los Afrodescendientes en los Diálogos y La Construcción de la Paz en Colombia”

Erlendy Cuero Bravo, activista Afrocolombiana de derechos humanos en riesgo

19 de Mayo 2016 | Washington, DC

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su grave preocupación ante la falta de medidas de protección otorgadas a Erlendy Cuero Bravo, destacada defensora de derechos humanos Afrocolombiana y Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes).

La Sra. Cuera Bravo, quien coordina las actividades de Afrodes en Cali, Colombia, ha recibido reiteradas amenazas de muerte desde el 2008 a causa de su trabajo a favor de los derechos humanos y en el ámbito de incidencia comunitaria. Ella es sobreviviente de unos cuantos atentados. El más reciente de estos tuvo lugar el 24 de marzo de 2016 y también involucró al hijo de 18 años de la Sra. Cuero Bravo. En este caso, un integrante del grupo paramilitar “los Tureños”, proveniente de Buenaventura, atacó al hijo de la Sra. Cuero Bravo e intentó dispararlo, antes de que el joven, por suerte, pudiera escaparse.

La Sra. Cuera Bravo ha entregado a las autoridades colombianas solicitudes formales de estudios de riesgo de su situación y la de sus familiares en numerosas ocasiones. Pero, su respuesta repetida ha sido que ella y sus familiares no están sufriendo de un nivel elevado de riesgo. La Sra. Cuero Bravo no ha recibido ninguna explicación en cuanto a la manera en que las autoridades colombianas llegan a esta conclusión. Dado la serie de amenazas bien documentadas en contra de la vida de la Sra. Cuero Bravo, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos ruega a las autoridades colombianas volver a analizar el caso de la Sra. Cuero Bravo y otorgar a ella las medidas de protección adecuadas para asegurar la seguridad de ella y de su familia.

En Reunión de CAPREE Autoridades de EEUU y Colombia Reiteran que Participación de Grupos Étnicos en Negociación de Paz es Indispensable para la Sostenibilidad del Proceso

Bogotá, 19 de abril de 2016. El 7 y 8 de abril, en la ciudad de Cali, Colombia, se realizó la primera plenaria de la sociedad civil del Plan para la Igualdad Étnica y Racial de Colombia y Estados Unidos (CAPREE). El representante para Colombia del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Pedro L. Cortes-Ruiz, participó en la reunión como parte de la delegación de organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos que estuvo presente en el evento. Al evento asistieron cerca de 200 miembros de organizaciones étnicas de Colombia. También participaron miembros de la Embajada de los EEUU en Colombia y la USAID, y funcionarios del Ministerio de Interior de Colombia.

El CAPREE es un plan conjunto acordado entre los dos gobiernos en 2010 con el objetivo de compartir experiencias e implementar programas que permitan superar las barreras para logran una inclusión plena que enfrentan las comunidades afrodescendientes e indígenas en las dos sociedades. La reunión en Cali fue la primera desde que inició el Plan, en la cual se dio la participación numerosa de organizaciones étnicas de la sociedad civil colombiana.

En la apertura y cierre del evento, autoridades colombianas y de Estados Unidos resaltaron que la participación de grupos étnicos en negociación de paz es indispensable para la sostenibilidad del proceso. El Ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, afirmó en sus declaraciones que en próximos días se anunciará oficialmente la delegación de afrocolombianos e indígenas que irán a la Habana. La Viceministra para Participación e Igualdad de Derechos, Carmen Inés Vásquez, reiteró esta decisión en la clausura del evento.

Por su parte, el embajador de EEUU en Colombia Kevin Whitaker, señaló la prioridad que seguirán teniendo los temas relacionados con la discriminación racial para los programas de los Estados Unidos en un escenario postacuerdo. Y en la clausura del evento, el Subsecretario Adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Alex Lee, reiteró este compromiso y recomendó la importancia que tiene la participación de organizaciones étnicas como el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) y la Comisión Étnica para la Paz y los Derechos Territoriales.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, valora positivamente estas declaraciones políticas en el contexto de esta reunión del CAPREE. Precisamente, en carta conjunta con la Washington Office on Latin America (WOLA) dirigida al Departamento de Estado en días previos a la reunión de Cali, habíamos expresado nuestra preocupación de que el CAPREE, siendo uno de los principales instrumentos de cooperación bilateral para combatir la discriminación racial, no incluyera como una de sus prioridades el principal problema que ha afectado millones de afrocolombianos: los impactos del conflicto armado sobre los grupos étnicos y la vulnerabilidad de sus comunidades en un escenario postacuerdos.

Los aportes que el CAPREE puede seguir haciendo para fortalecer la participación de las comunidades étnicas en la construcción de la paz serán muy importantes. Los mismos dependerán de que en el corto plazo se programen acciones que traduzcan el compromiso expresado por las autoridades colombianas y de Estados Unidos.

En la reunión, organizaciones étnicas colombianas pudieron ofrecer sus valoraciones críticas sobre iniciativas que se han enmarcado dentro del CAPREE, así como sus propuestas hacia adelante. De igual forma, las organizaciones de la sociedad civil de los Estados Unidos pudieron presentar también sus valoraciones y propuestas. Por su parte el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, insistió públicamente en que el CAPREE debe priorizar iniciativas que apoyen la participación de las comunidades étnicas en el proceso de paz.

Último Informe de Naciones Unidades Reitera Conveniencia de Participación Pueblos Étnicos en Diálogos de Paz

Bogotá, 23 de Marzo 2016. En rueda de prensa, el Sr. Todd Howland (Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano) hizo presentación del Informe Anual para el año 2015. Dos representantes de los pueblos étnicos fueron invitadas a ofrecer sus valoraciones sobre la situación de sus comunidades: Ayda Quilcue (Consejo Regional Indígena del Cauca) y Francia Márquez (Comisión Étnica de Paz y Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales del Valle del Cauca).

En los análisis y recomendaciones del informe, la situación de las comunidades étnicas ocupo un lugar central. La sistemática violación de derechos humanos en estas comunidades ha continuado, aun en el contexto de desescalamiento del conflicto que ha acompañado el proceso de negociación durante el último año. Pero aún más preocupante es el análisis que proyecta la alta vulnerabilidad que tendrán estas comunidades en un escenario post-acuerdo. El cese del enfrentamiento militar en estas regiones no necesariamente llevará a la terminación de los conflictos por el control territorial que involucran a otros actores armados asociados al narcotráfico y la minería ilegal. Adicionalmente, los acuerdos alcanzados hasta la fecha, que afectarán significativamente estas regiones, no incorporan en forma adecuada medidas específicas que salvaguarden los derechos constitucionales de las comunidades étnicas.

Sobre este análisis prospectivo del escenario post-acuerdo, una de las recomendaciones específicas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

Exhorta a las partes en La Habana a aprovechar la oportunidad de dialogar con los pueblos indígenas y afrocolombianos para asegurar que los acuerdos de paz y su implementación maximicen el disfrute de sus derechos colectivos e individuales. El acuerdo final debería incluir una referencia específica al compromiso de las partes en la negociación de garantizar, en todos los aspectos de la implementación, el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos reconocidos internacional y constitucionalmente.

Estos análisis y la recomendación de Naciones Unidas se adicionan a la realizada en el mismo sentido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD); y recogen las propuestas autónomas que vienen realizando las organizaciones articuladas a la Comisión Étnica para la Paz y los Derechos Territoriales. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se une a las voces que consideran altamente conveniente y urgente que el gobierno y las FARC-EP reciban una delegación de esta Comisión.

Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales Visita a Washington, D.C.

Representantes de la recién formada Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales de Colombia visitaron a Washington, D.C. este 18 y 19 de marzo, con el propósito de reunir con formuladores de políticas, promotores de derechos humanos y medios de comunicación, para promover la inclusión de los afrocolombianos e indígenas en las negociaciones de paz en la Habana, Cuba y en la implementación de los acuerdos. Previa a la llegada de los activistas en Washington, la formación de la Comisión Étnica fue oficialmente anunciada el 7 de marzo en Bogotá, Colombia. Representa la unión de dos organizaciones coordinadoras, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), que juntas incorporan cientas de organizaciones de base en todo el territorio colombiano.

Los líderes y lideresas se presentaron para informar al público sobre el proceso de paz y los grupos étnicos de Colombia, y para dar a conocer la agenda de la Comisión en Washington, la Habana y Colombia.

En representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Arelis Uriana manifestó que Estados Unidos, como otros países donantes a Colombia, debe demandar que el gobierno colombiano incluya las voces de las comunidades étnicas en el proceso de paz. Uriana agregó que deben ser los indígenas y afrocolombianos quienes guían el proceso de implementación de los acuerdos en su territorio, porque ellos mismos tienen el conocimiento necesario para crear una paz duradera. Uriana también subrayó la importancia de hacer escuchar las voces de las mujeres indígenas y las afrocolombianas. “Son las mujeres las que saben del dolor de la guerra”, dijo Uriana.

De parte de CONPA y el Proceso de Comunidades Negras, Carlos Rocero explicó el tamaño del reto que enfrentan los afrocolombianos e indígenas, y resaltó que conjunto poseen el 38% del territorio de Colombia y representan 12.5% de la población. Rocero destacó que el número de víctimas afrodescendientes e indígenas pasó de ser miles a ser millones de personas. Rocero notó las inquietudes de la Comisión Étnica en cuanto al proceso de paz, manifestando su preocupación por la falta de adecuados mecanismos formales para asegurar un enfoque diferencial para los afrocolombianos e indígenas, así como su preocupación sobre el favorecimiento de víctimas individuales al detrimento de víctimas colectivas. Respeto a estas preocupaciones, recalcó tres propuestas concretas de la Comisión: la inserción en los acuerdos de paz de principios de interpretación e implementación con un enfoque étnico; notas concretas sobre la implementación de los acuerdos; y la creación de salvaguardas para proteger los ya establecidos derechos de los afrocolombianos e indígenas.

Marino Córdoba, representante de CONPA y la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, habló de la amplia coalición de CONPA, una coordinación de nueve redes nacionales que a su vez agrupan cientos de organizaciones de base, como una demostración de la indiscutible legitimidad de la Comisión Étnica. Córdoba detalló el trabajo de incidencia de CONPA y la Comisión, incluyendo el mensaje que le dio personalmente al Presidente Juan Manuel Santos durante la última visita del Presidente a Washington: que las comunidades étnicas de Colombia tienen que ser invitadas a la Habana para hacer escuchar sus voces. Reiteró el valor de buscar socios en la comunidad internacional y habló de las importantes alianzas establecidas en la promoción de la causa de la Comisión, incluyendo conversaciones fructíferas y colaboraciones con la Embajada Norteamericana en Colombia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Bloque de Congresistas Negros de Estados Unidos, el Enviado Especial a Colombia y la organización de desarrollo internacional ACDI-VOCA.

Frente al complicado reto de conseguir una participación efectiva en las negociaciones de paz, los miembros de la Comisión Étnica reiteraron la importancia de la solidaridad internacional con su lucha, y valoraron positivamente el progreso que habían hecho en su visita a Washington. Prometieron, a regresar a Colombia, continuar con su lucha. “Seguiremos hasta que estemos incluidos. No nos cansaremos”, dijo Córdoba.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos vigorosamente apoya al trabajo de la Comisión Étnica, y concurre plenamente con los recientes pronunciamientos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Naciones Unidas, que en sus observaciones finales del último examen del Estado de Colombia frente al Comité recomendó al gobierno colombiano que garantice que los afrocolombianos e indígenas sean consultados apropiadamente, y que se tomen en cuenta sus intereses legítimos.

Presentación Pública de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales

Presentación Pública de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales

Bogotá, 9 de Marzo, 2016. El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ofrecieron rueda de prensa para presentar públicamente la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales; al evento asistió el Sr. Todd Howland (Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano), así como otros representantes del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y de cuerpos diplomáticos y agencias de cooperación.

El objetivo fundamental de la Comisión está orientado a desarrollar acciones que salvaguarden los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas en los contextos de la negociación e implementación de los acuerdos entre el gobierno colombiana y las FARC-EP para dar fin al conflicto armado colombiano.

El consultor para Colombia del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Pedro Cortes Ruiz, participó de las dos jornadas de trabajo en los que se realizó este lanzamiento. A continuación, algunas de las ideas y análisis que pudo identificar:

¿Por qué se crea la Comisión? Es una respuesta autónoma de las comunidades étnicas a su exclusión de del proceso de diálogo entre gobierno y FARC-EP, a pesar de repetidas solicitudes a la Mesa de Negociaciones y las dos partes por separado. Dichas solicitudes se han fundamentado en sólidos análisis que demuestran la importancia que tiene la inclusión de estas comunidades en el proceso; en función de garantizar la sostenibilidad de una paz estable y duradera. Las comunidades étnicas no solamente han sido los grupos más afectados por el conflicto (constituyen más del 30% del universo de víctimas), sino que la implementación de los acuerdos tendrá lugar en sus territorios.

¿Qué está solicitando la Comisión? En el corto plazo, ser recibida en las próximas semanas por la Mesa de Negociaciones para poder plantear sus análisis y propuestas. Las organizaciones étnicas han respaldado el proceso de paz pero han identificado que los acuerdos alcanzados hasta ahora no incorporan en forma adecuada elementos críticos para garantizar los derechos conquistados, y que son reconocidos por normas nacionales e internacionales. La Comisión no pretende “renegociar” lo acordado. Propone la inclusión de cláusulas que en forma explícita protejan sus derechos. Sin estas cláusulas, la implementación de muchos elementos de los acuerdos (por ejemplo: zonas de reserva campesina, fondo de tierras, circunscripciones para la paz, entre otros), pueden llevar a una profundización en la vulneración de sus derechos.

La relevancia de la Comisión para la protección de los derechos de las comunidades étnicas. La Comisión fortalece una de las condiciones necesarias para proteger los derechos de las comunidades étnicas: la existencia de una movilización social amplia y unificada con capacidad de incidencia. Una alianza entre los pueblos indígenas y afrocolombianos es una articulación históricamente buscada que vuelve a revitalizarse. De otra parte, la Comisión ofrece un mecanismo idóneo que responde a una de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas. En sus observaciones finales de la sesión de revisión en 2015 al Estado colombiano, precisamente indicaba la necesidad de incluir a las comunidades étnicas en los procesos de negociación de paz.