Nueva publicación de Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos con análisis sobre el proceso de paz en Colombia y la situación de los afrocolombianos

Nueva publicación de Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos con análisis sobre el proceso de paz en Colombia y la situación de los afrocolombianos

Bogotá, 14 de octubre de 2016. La Oficina Colombia del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se complace en compartir públicamente su Documento de Análisis Político No.1 titulado “Afrocolombianos, Afrocolombianas y Post-Acuerdo: Análisis de condiciones para la adopción de un enfoque diferencial étnico-afrocolombiano”.

Los análisis para la elaboración del documento se construyeron con anterioridad a la realización del plebiscito del 2 de octubre de 2016 cuyos resultados fueron desfavorables para continuar con la inmediata implementación del Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Aunque en las regiones habitadas por grupos étnicos la votación fue ampliamente favorable al SI al Acuerdo Final, a nivel nacional el voto mayoritario por el NO (50,23%) superó por un margen mínimo al SI (49,76%). Este resultado ha dejado en suspenso el proceso de paz y la implementación de los Acuerdos. En el momento, se desarrollan procesos sociales e institucionales orientados a mantener el cese bilateral del fuego y buscar alternativas para “renegociar” el Acuerdo Final. Dentro de esta dinámica las comunidades y organizaciones étnicas vienen desplegando grandes esfuerzos para defender la legitimidad de lo logrado en el Acuerdo Final, especialmente el “capítulo étnico” que quedó incorporado.

A pesar de esta situación de incertidumbre, los análisis de los Acuerdos que ofrecen este documento siguen teniendo validez, y seguirán teniendo pertinencia para actuar en el escenario que finalmente se configure para dar continuidad al proceso de paz. La lectura del documento precisamente puede contribuir a comprender las condiciones que se requieren para que en un contexto post-acuerdo se restituyan y garanticen los derechos a las comunidades afrocolombianas más impactadas por el conflicto armado.

Resultado desfavorable al Acuerdo de Paz refuerza prioridad de apoyar comunidades étnicas que mayoritariamente votaron por el SI

Bogotá, 3 de octubre de 2016. Ante los resultados desfavorables del plebiscito para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hace un llamado para reforzar el apoyo a las comunidades étnicas en sus esfuerzos por la construcción de la paz. Aunque a nivel nacional el voto mayoritario por el NO (50.25%) superó por un margen mínimo al SI (49.75 %), en las regiones del país más afectadas por el conflicto donde habitan grupos étnicos, la mayoría de su población refrendó con su voto su apoyo a la implementación de los Acuerdos. Primeras reacciones de plataformas organizativas que apoyaron el proceso de negociación y lograron la inclusión del “capítulo étnico” en el mismo, expresan su compromiso para seguir apoyando la salida negociada al conflicto.

Existe una alta incertidumbre sobre lo que pasará con el proceso de paz. A pesar de ello, las expresiones públicas del gobierno y las FARC reiteran su compromiso para mantener el cese bilateral de las acciones militares. Y por su parte, líderes políticos que se opusieron a los Acuerdos están compartiendo convocatoria a la construcción de un “gran Pacto Nacional”. La renegociación de los Acuerdos parecería ser la opción que se vislumbra.

Ante ese escenario, ¿cuál será la situación de las comunidades étnicas? Ante todo, las garantías para el respeto a sus derechos, que se habían logrado incorporar al Acuerdo a través del “capítulo étnico” quedan seriamente amenazadas en razón de que la implementación del mismo no se hará efectiva según lo previsto. Y aunque las partes han expresado compromiso para mantener el cese de hostilidades, la vulnerabilidad para que las comunidades sigan siendo objeto de violaciones a sus derechos humanos por parte de otros actores armados seguirá siendo muy alta. Esto aplica tanto para las comunidades étnicas ubicadas en las áreas rurales como aquellas en situación de desplazamiento forzado en zonas marginales de las grandes ciudades. El NO al plebiscito propicia un clima político y social que desafortunadamente deja en suspenso el transito del país hacia una ruta que excluye definitivamente la violencia en la resolución de sus conflictos.

La comunidad internacional, especialmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, deberán estar atentas a monitorear la situación de derechos humanos de las comunidades étnicas. Y adicionalmente, tendrán que estar brindando apoyo a sus organizaciones para que las garantías que se lograron incorporar en el “capítulo étnico” sean respetadas durante los procesos que se llevarán a cabo en la posible renegociación del los Acuerdos. Así mismo, su participación en los procesos políticos que se avecinan deberá ser igualmente garantizada.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos Rechazan Atentados y Amenazas Contra Líderes y Lideresas de AFRODES

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) condenamos las amenazas y atentados contra su vida que siguen experimentando lideresas y líderes (y sus familias) de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). Exhortamos al gobierno colombiano para adoptar las medidas de protección necesarias para garantizarles sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la participación política. En Colombia se aproxima la firma del Acuerdo Final para la construcción de la paz, que con la inclusión de un “capítulo étnico” compromete al Estado para adoptar medidas específicas para garantizar los derechos de los grupos étnicos. Los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos deben reforzar las medidas para proteger a las organizaciones y líderes de las comunidades afrocolombianas.

La situación de vulneración de sus derechos fundamentales configura un patrón sistemático desde que se creó AFRODES en 1999: varios de sus líderes y lideresas han sido asesinados o víctimas de atentados,  y las amenazas que reciben han obstaculizado su trabajo organizativo. Recientemente, líderes y lideresas de las organizaciones articuladas al trabajo organizativo a AFRODES Cali, han sido objeto de amenazas y atentados así como miembros de sus familias. En algunos casos, la solicitud al gobierno de medidas de protección, fundamentada en denuncias formales, ha sido negada con base en estudios de riesgo cuyos resultados, incomprensiblemente, ha establecido que ciertos líderes o lideresas solo enfrentan un “riesgo ordinario”. De todos los miembros de AFRODES que enfrentan riesgos evidentes, tan solo se han asignado medidas de protección a un número reducido.

Entre las situaciones recientes de amenazas o atentados contra la vida de líderes y lideresas, y sus familiares, articuladas a AFRODES Cali, se destacan:

  • El 10 de septiembre de 2016, el hijo de la lideresa Stela Allomia fue herido con arma de fuego, y se encuentra en estado crítico, cuando se desplazó a verificar el estado de la vivienda (ubicada en Potrero Grande sector Barrio Taller) que su familia debió abandonar en diciembre de 2015 por amenazas reiteradas y un atentado contra otros de los hijos de Stella. La visita a su vivienda la hizo para evitar que le retiren el subsidio por haber “abandonado” el predio.
  • Erlendy Cuero, vicepresidenta de AFRODES, continúa recibiendo llamadas telefónicas en las que se le amenaza con asesinarla a ella y a uno de sus hijos. Desde el año 2013, después de su participación en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas amenazas se han intensificado. Recientemente, el hijo de Erlendy sufrió un atentado contra su vida el 27 de marzo 2016 y antes de este el 1 de septiembre de 2014 dos hombres llegaron armados a la vivienda para asesinarla, y el 7 de febrero de 2015 dejan un panfleto en el que amenazan la vida de su hija y la de ella si no abandonaban el barrio Llano Verde.
  • El 30 de julio de 2016, la lideresa Yaneris Cabrera recibió llamadas y mensajes de texto con amenazas contra su vida en las que se hace referencia explícita a su trabajo organizativo con AFRODES. Ella es la secretaria de AFRODES Cali, encargada de convocatoria y elaboración de documentos y radicación de los mismos; hace seguimiento a todas las acciones que se adelantan.
  • La hija de la lideresa Yenny Castro fue víctima de reclutamiento forzado en diciembre de 2014 Además, Yenni venía liderando un grupo de personas ubicadas en el asentamiento subnormal Playa Alta donde viven 55 familias víctimas; este asentamiento fue incendiado el 29 de abril de 2015.
  • En 2014, la puerta de la residencia del líder Felipe Asprilla recibió un disparo. En 2015 le pintaron la puerta de la casa con sangre con un letrero que decía “ASPRILLA VA…” y además le dejaron pegado a la misma un panfleto con amenazas que decían “que los líderes que promovían la elección de la junta de acción comunal Llano Verde serían objetivos militar a finales 2015”.
  • Bernardo Cuero, líder y fiscal de AFRODES, quien reside en el Departamento del Atlántico, ha sufrido varios atentados contra su vida. Al igual que Erlendy, estos hechos contra su vida se intensificaron después de su participación en 2013 en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus solicitudes de medidas de protección al gobierno han sido negadas. Y las denuncias que ha interpuesto ante la Fiscalía no vienen siendo atendidas en forma adecuada.

Exhortamos al Estado colombiano a adoptar las siguientes recomendaciones:

  • Garantizar la aplicación efectiva de medidas de protección adecuadas en cada uno de los casos descritos.
  • Que se investiguen inmediatamente estos hechos por parte de las autoridades y que quienes son responsables sean traídos a la justicia.
  • Que el gobierno realice el proceso de registro de las organizaciones articuladas AFRODES Cali como sujeto de reparación colectiva.
  • Garantizar la integración, en consulta con la Comisión Étnica, del Capitulo Étnico del Acuerdo Final de Paz en la construcción de los mecanismos de implementación y monitoreo de los acuerdos.

Recomendaciones al gobierno de los Estados Unidos:

  • El Departamento de Estado y la Embajada en Bogotá deberían asegurar cumplimiento de los condicionamientos de derechos humanos vinculados a la asistencia militar que provee EE.UU a Colombia que condicionan que Colombia debe asegurar la protección de líderes y lideresas afrodescendientes.
  • Las autoridades EE.UU deberían insistir en que Colombia mejore sus mecanismos de protección para miembros de la organización AFRODES y sus familiares, investigue estos hechos y públicamente condene estos actos de violencia contra ellos.

El voto mayoritario del SÍ en el plebiscito para apoyar el Acuerdo Final de Paz en Colombia fortalecerá condiciones para garantizar los derechos de los grupos étnicos.

Bogotá, 13 de septiembre de 2016. Después de la firma del Acuerdo Final por parte de los representantes del gobierno colombiano y las FARC-EP el 24 de agosto de 2016, el Congreso de Colombia autorizó al presidente Juan Manuel Santos convocar un plebiscito el día 2 de octubre para que los ciudadanos expresen su voto positivo o negativo frente a lo acordado. La pregunta del plebiscito será: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su apoyo a las organizaciones y comunidades étnicas que públicamente vienen adelantando acciones pedagógicas para convocar a los colombianos para votar por el SÍ.

Son varias las razones que sustentan la conveniencia para las comunidades étnicas, y para la sociedad en general, de que el resultado del plebiscito sea favorable a apoyar el Acuerdo Final. Algunas se relacionan con las dinámicas institucionales de la implementación de los Acuerdos. Otras trascienden este nivel formal, y se relacionan con imaginarios y percepciones que también son fundamentales para que la construcción de la paz sea incluyente con los grupos étnicos.

El voto por el SÍ, al expresar el apoyo popular a lo acordado, también estaría legitimando el enfoque diferencial étnico que contiene el Acuerdo Final.  En un comunicado del 5 de septiembre de 2016, la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, argumenta que la inclusión de un “capítulo étnico” en el Acuerdo Final contiene compromisos para la aplicación de principios que garanticen los derechos de sus comunidades en la implementación de los Acuerdos. De ahí, que estén movilizándose a favor del SÍ al plebiscito:

Después que las partes del conflicto llegaron al Acuerdo Final de Paz el 24 de agosto del presente año, los pueblos étnicos seguimos en Asamblea Permanente en todo el país, haciendo Pedagogía de Paz para la pervivencia de los pueblos y comunidades de todo lo acordado en el proceso paz. En más del 35% del territorio nacional le estamos diciendo ¡SÍ A LA PAZ, SÍ A LA VIDA!, por tanto invitamos a los Colombianos a lograr la paz entre todos, diciéndoles a los que quieren perpetuar la guerra, que aquí no cabe el NO de los partidos políticos, en alianza con medios de comunicación que le hacen apología a la guerra; sería vergonzoso con todos los pueblos del mundo, que después de más de 50 años de guerra, hayan colombianos apoyando la guerra y no a las víctimas que queremos la PAZ , solo les decimos aquí va ganar la Verdad… la verdad nos hará libres, la verdad nos hará vivir en PAZ.

Un resultado del plebiscito favorable al SÍ contribuirá a consolidar las condiciones para la construcción de la paz en los territorios y lugares donde habitan las comunidades étnicas. Las comunidades étnicas son conscientes que la firma del Acuerdo Final y el apoyo ciudadano mayoritario constituyen un punto de partida para la construcción de la paz. Pero también saben que más allá del cumplimiento de estos requisitos institucionales, el consenso ciudadano sobre la conveniencia de aplicar el Acuerdo Final propiciará actitudes de los ciudadanos e instituciones que son necesarias para que reconozcan los impactos diferenciales que han experimentando y apoyen la ejecución de políticas y programas que se orientarán a la restauración de sus derechos.

El apoyo mayoritario al SÍ también ayudara a que la implementación de los Acuerdos se consolide como oportunidad para que los grupos étnicos puedan superar las exclusiones históricas estructurales. Las organizaciones étnicas agrupadas en la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, que lideraron los procesos de incidencia para la inclusión del capítulo étnico en el Acuerdo Final, desde un principio resaltaron que el Acuerdo para poner fin al conflicto puede ser una oportunidad para que el Estado y la sociedad colombiana finalmente adopte las políticas públicas necesarias para superar la exclusión estructural que se vio profundizada como consecuencia del conflicto. Desde esa perspectiva, el voto por el SÍ también fortalecerá la legitimidad y conveniencia para que las agendas de los grupos étnicos sean finalmente atendidas en forma adecuada y suficiente.

El voto mayoritario por el SÍ también significará que la sociedad colombiana expresa su compromiso para eliminar la discriminación racial y otras formas de exclusión que afectan a los grupos étnicos. El Acuerdo Final, al reconocer los impactos diferenciales del conflicto sobre los grupos étnicos, e incorporar principios para garantizar un enfoque diferencial, estará contribuyendo con su implementación a que se avance en corregir los efectos negativos de la discriminación racial que siguen experimentando las comunidades étnicas. De manera especial, las inversiones públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los sectores rurales ofrecerán una oportunidad para eliminar uno de las mayores expresiones del racismo institucional: la indiferencia estatal ante las condiciones de vida de los grupos étnicos.

El voto mayoritario por el SÍ significará dar luz verde para que la sociedad colombiana construya y reconozca la “verdad” sobre los impactos del conflicto armado sobre los grupos étnicos. Las comunidades y organizaciones étnicas, durante los últimos 20 años en especial, han denunciado como un “genocidio” el patrón sistemático de violencias y violaciones que han ejercido sobre ellos todos los actores armados. Estos hechos, que ya han sido ampliamente documentados por organizaciones e instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales, demuestran que el conflicto armado ha destruido condiciones fundamentales para la supervivencia física y cultural de las comunidades indígenas y afrocolombianos. Hasta el momento parecería que la sociedad y el Estado colombiano no han reconocido plenamente la magnitud y la calidad de estos impactos. El voto por el SÍ, que dará luz verde a la implementación de los mecanismos para la construcción de la verdad, ofrecerá finalmente la oportunidad para este reconocimiento.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos reitera su compromiso para apoyar a las comunidades y organizaciones afrocolombianas e indígenas en sus esfuerzos para que en la implementación del Acuerdo Final se adopte un enfoque diferencial étnico que garantice la protección y restitución de sus derechos.

Acuerdo Final de Paz en Colombia Incluye Capítulo Étnico

Bogotá 25 de Agosto 2016. El texto del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado colombiano que firmaron en La Habana el día 24 de agosto los representantes plenipotenciarios del gobierno colombiano y las FARC-EP incluye un “capítulo étnico”. Este capítulo estipula un conjunto de “principios, salvaguardas y garantías” cuya aplicación contribuirá a que en la implementación de los Acuerdos se garanticen los derechos adquiridos por los pueblos étnicos y se restauren los derechos que les han sido vulnerados como consecuencia del conflicto.

La inclusión de este importante capítulo a última hora se dio gracias a la labor de incidencia de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales conformada por el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Gobierno Mayor de las Autoridades Indígenas Tradicionales de Colombia.

La inclusión del “capitulo étnico” ayuda a corregir, aunque parcialmente, la omisión de un enfoque diferencial étnico adecuado que caracterizó la elaboración de los Acuerdos parciales durante el proceso. Esta omisión se debió principalmente a que la Mesa de Negociaciones no implementó los mecanismos adecuados para dialogar con las organizaciones étnicas que habían reclamado su participación desde el inicio del proceso. Los contenidos del “capítulo étnico” sin duda alguna ofrecen referentes centrales para que la implementación de los Acuerdos pueda aplicar un enfoque diferencial étnico adecuado. Pero esta aplicación dependerá de un conjunto de condiciones y mecanismos cuya creación y activación requieren del compromiso por parte del gobierno colombiano, las FARC-EP y a las organizaciones y comunidades étnicas.

En cuanto a los contenidos del “capítulo étnico” se debe destacar que:

  • Se incorpora un mejor reconocimiento al carácter estructural de la exclusión y los impactos diferenciales del conflicto experimentados por los grupos étnicos.
  • En los Principios se confirma la vigencia de todas las normas nacionales e internacionales a través de las cuales el Estado colombiano se ha comprometido a proteger los derechos de los pueblos étnicos.
  • El “carácter principal y no subsidiario de la consulta previa, libre e informada” se postula como la principal salvaguarda a aplicar en la implementación de todos los Acuerdos. En concordancia, se hace un reconocimiento a la legitimidad de autoridades étnicas como actores claves para todos los de mecanismos de implementación.
  • La transversalidad de las dimensiones de género, familia y generación también se estipula como principio ordenador de la aplicación del enfoque diferencial étnico.
  • La creación de mecanismos especiales de consulta y la garantía de participación en todos los mecanismos institucionales que se crearán, se detalla en forma específica para cada uno de los Acuerdos (reforma rural integral, participación política, víctimas, solución al problema de las drogas, e implementación y verificación).
  • Se establece la creación de una Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para que sirva de mecanismo de participación en todos los procesos de implementación y verificación de los Acuerdos.

Estos son algunos de los elementos centrales que contiene el “capítulo étnico”. Ahora bien, ¿garantiza la inclusión de este “capítulo étnico” que efectivamente la implementación de los Acuerdos vaya a aplicar un enfoque diferencial étnico adecuado? Esto dependerá de muchas condiciones políticas, institucionales y sociales que en el escenario post-acuerdo deberán garantizarse. Entre ellas se deben destacar:

  • La más importante, y sería la “condición necesaria” (sine qua non), es que las comunidades y organizaciones cuenten con las capacidades y recursos para participar efectivamente en los mecanismos que proponen los Acuerdos para su implementación. El Estado colombiano deberá priorizar la creación de esta condición.
  • Las leyes que el Congreso de Colombia deberá expedir para implementar los Acuerdos deberán adoptar todos los principios, salvaguardas, y garantías estipuladas en el “capítulo étnico” que hace parte constitutiva del Acuerdo Final.
  • Los presupuestos que se formulen para la implementación de los Acuerdos deberán incluir los recursos específicos que se requieren para que el enfoque diferencial étnico realmente pueda aplicarse.
  • Las entidades territoriales y sectoriales, que en últimas serán las responsables de la implementación de los Acuerdos, deberán igualmente incorporar en sus programas y proyectos estos principios, salvaguardas, y garantías.
  • Los procesos de verificación deberán incorporar mecanismos específicos para realizar el monitoreo de la aplicación de estipulado en el “capítulo étnico”.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se suma a los reconocimientos positivos hacia el gobierno colombiano y las FARC-EP por haber finalizado exitosamente el proceso de negociación, y que hayan incorporado el “capítulo étnico” en el Acuerdo Final. Pero ante todo, felicitamos y expresamos nuestro más sincero reconocimiento y admiración al trabajo de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, y a todas las organizaciones y comunidades que representan. Fueron su perseverancia y compromiso incondicional por la paz del país los factores que permitieron que se esté fortaleciendo la oportunidad para que la implementación de los Acuerdos lleve a la restitución de sus derechos. Estaremos muy atentos para apoyarlos en lo que requieran.

Ver paginas 180-183 del Acuerdo Final.

“Afro-Colombianos en el Post-Acuerdo”: Taller con organizaciones de población afrocolombiana desplazada de Cali (Colombia)

Bogotá, 25 de Julio de 2016. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES Cali) realizaron el Sábado 23 de Julio en la ciudad de Cali (Colombia), el taller/conversatorio Afrocolombianos y Post-acuerdo: mecanismos para la protección de los derechos humanos. El evento contó con la participación de líderes y lideresas de veinte (20) organizaciones de población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado de esta ciudad. El objetivo del evento estuvo orientado a propiciar un dialogo que contribuyó a que las organizaciones profundizaran  su conocimiento sobre las implicaciones que tendrá para las comunidades afrocolombianas, la implementación de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Este conocimiento constituye un requisito fundamental para el diseño y ejecución de las estrategias de incidencia que las organizaciones deberán seguir adelantando en la perspectiva de que se le garanticen sus derechos.

En el dialogo con la organizaciones se hizo evidente los altos niveles de incertidumbre que ellas tienen frente a la implementación de los Acuerdos. Aunque mantienen su apoyo y valoración positiva a la terminación del conflicto armado que se está negociando en La Habana, no identifican con claridad los procesos institucionales que conducirán a que finalmente sus derechos fundamentales serán restaurados. El bajo nivel de conocimiento específico que tienen sobre los contenidos de los Acuerdos parece ser uno de los factores que contribuye a la incertidumbre. Las organizaciones reportan que el gobierno no ha desplegado acciones pedagógicas que ayuden a conocer adecuadamente los Acuerdos y las implicaciones de su implementación.

Frente a esta situación de “desinformación”, el representante para Colombia del Instituto (Pedro L. Cortes Ruiz) ofreció información básica sobre el proceso de negociación desarrollado hasta ahora en la Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, los contenidos de los Acuerdos, y los procesos institucionales que seguirán a la firma del Acuerdo Final. En los análisis presentados se identificó la principal consecuencia de la exclusión de los grupos étnicos del proceso de negociación: la no adopción de un enfoque diferencial étnico adecuado en los Acuerdos. Esta limitación en los Acuerdos, que implicó la ausencia del reconocimiento inadecuado de los impactos diferenciales del conflicto sobre las comunidades étnicas, conlleva riesgos significativos para la garantía de los derechos de estas comunidades en el proceso de implementación de los Acuerdos.

En el caso específico de las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en ciudades como Cali, la ausencia de un enfoque diferencial étnico adecuado puede tener como principal implicación que las respuestas institucionales que se diseñen desconozcan los avances logrados en el reconocimiento de las problemáticas específicas de estas comunidades. Los Acuerdos no ofrecen claridad sobre la vigencia que tendrán las actuales normas y políticas que orientan la atención a las víctimas del conflicto armado. Debe recordarse que la población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado representa al menos el 30% del total de población desplazada en el país; es decir, más de un millón de ciudadanos.

Otra problemática que surgió en el dialogo se relaciona con la seguridad de los lideres y lideresas. Algunos de ellos san seguido recibiendo amenazas que restringen seriamente sus actividades comunitarias y de incidencia política. Las condiciones de seguridad para el pos-acuerdo en una ciudad como Cali también constituyen una gran preocupación para ellos. De ahí que coincidan con la visión del Instituto sobre la necesidad de fortalecer las condiciones autónomas para realizar un monitoreo de la situación de derechos humanos durante el post-acuerdo.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos continuará con la realización de este tipo de eventos en distintas partes del pais,  para contribuir a fortalecer las capacidades de las organizaciones afrocolombianas en la perspectiva de la protección de sus derechos durante el post-acuerdo.

Evento para impulsar ratificación de Colombia de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia

Bogotá, 30 de junio de 2016. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (el Instituto) realizó evento público en Bogotá con el objetivo de promover procesos de incidencia que conduzcan a la pronta ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia por parte del Estado colombiano. Al evento asistieron representantes de organizaciones étnicas, entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional presente en el país. Las valoraciones expresadas por los participantes que intervinieron coinciden con la posición del Instituto: la urgencia de coordinar de acciones de incidencia que conduzcan a que el Estado colombiano active los mecanismos necesarios para la ratificación de la Convención.

Carlos Quesada, el Director Ejecutivo del Instituto, ofreció una presentación que permitió a los participantes conocer el proceso que llevó a la adopción de la Convención por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2013 y las dinámicas de incidencia que han permitido su firma y ratificación en los países de la región. Su valoración de estos procesos confirma la centralidad del rol que las organizaciones de la sociedad civil deben  seguir fortaleciendo para que los poderes ejecutivos y legislativos se adelanten el proceso de ratificación.

En el caso colombiano, los referentes normativos que ya se tienen en materia de instrumentos para luchar contra la discriminación configuran un contexto propicio para impulsar el proceso de ratificación. Esta valoración se desprende de la presentación que realizó Diego Grueso, Coordinador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), del documento que ha elaborado para el Instituto, el cual ofrece un análisis detallado de “elementos normativos para motivar e impulsar su ratificación en Colombia”.

La conveniencia de activar el proceso hacia la ratificación a través de una solicitud formal al gobierno colombiano fue una propuesta planteada por el señor Pastor Murillo en representación del Ministerio del Interior. Esta propuesta está señalando parte de la ruta que deben transitar los procesos de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. Otro componente de esta ruta deberán ser los procesos de movilización que incorporen una labor pedagógica intensa para que los ciudadanos conozcan la Convención. Así lo destacaron miembros de organizaciones como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF) y el Sindicato de Trabajadores Públicos y Privados, Afrodescendientes, Palenqueros y Raizales de Colombia (SINAFROCOL).

El apoyo de actores de la comunidad internacional en Colombia a estos procesos de incidencia también tiene una gran importancia. Muchos de ellos tienen incorporado en sus áreas misionales y agendas la promoción y protección de los grupos más vulnerables a la discriminación racial; y con sus iniciativas han venido contribuyendo al fortalecimiento de organizaciones e instituciones en la perspectiva de derechos humanos que orienta la Convención. Las intervenciones de Gabriel Muyuy de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de Alejandro García del Instituto Nacional Demócrata (NDI) confirmaron estas contribuciones, y su compromiso para apoyar las acciones de incidencia.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, a través de su representante en Colombia, Pedro L. Cortes-Ruiz continuará impulsando acciones que continúen fortaleciendo los procesos de incidencia que conduzcan la ratificación de la Convención por parte del Estado colombiano. Especialmente, se harán esfuerzos para que las organizaciones étnicas (afrocolombianas e indígenas) y LGBTI coordinen iniciativas de incidencia dirigidas al poder ejecutivo y legislativo.

El informe que promueve la ratificación de la Convención en Colombia puede ser leído en su totalidad aquí.

Representantes de grupos étnicos serán recibidos por Mesa de Negociación: Alcances y Limitaciones Bogotá, 3 de junio de 2016

El Instituto Internacional sobre raza, Igualdad y Derechos Humanos celebra el comunicado conjunto #73 publicado el día 2 de junio entre el gobierno colombiano y las FARC-EP donde anunciaron que recibirán a representantes de los grupos étnicos el 20 y 21 de junio, “con el objetivo de contribuir a garantizar el enfoque étnico, territorial y diferencial en la implementación de los acuerdos sobre los diferentes puntos de la Agenda y en esa medida afianzar el respeto y protección de la diversidad étnica y cultural”. Dada tardanza para facilitar este dialogo y la inminencia de la firma de los Acuerdos, es necesario un análisis de las implicaciones que este espacio puede traer. Específicamente, se debe hacer una valoración en términos de cómo contribuirá a que efectivamente la implementación de los Acuerdos garantice la restitución, protección y promoción de las comunidades étnicas afectadas por el conflicto armado.

La apertura de este espacio responde a las solicitudes de participación que sectores de estos grupos han venido realizando desde el inicio de las negociaciones. Especialmente, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) y la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, que son plataformas que agrupan cientos de miles afrocolombianos e indígenas que han sido impactados por el conflicto armado. Con base en un trabajo de incidencia, respaldado por análisis profundos sobre los Acuerdos, han venido ofreciendo propuestas específicas para corregir la omisión que estos tienen de un enfoque diferencial étnico adecuado. Desafortunadamente, la Mesa de Negociaciones, que ha recibido estas propuestas, no ha respondido formalmente a sus solicitudes para ser recibidos en La Habana. En el comunicado del día de hoy, el CONPA y la Comisión Étnica no son nombrados explícitamente como participantes del grupo que asistirá. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que ha seguido de cerca su labor y conoce de su amplia legitimidad frente a las comunidades y organizaciones de base, espera que la Mesa de La Habana garantice su participación.

Pero independientemente de cuáles representantes asistan, esas jornadas en La Habana contribuirán a garantizar la adopción efectiva de un enfoque diferencial étnico en la implementación de los Acuerdos, solamente si aceptan la inclusión de cláusulas en los textos finales que expliciten el respeto a los derechos étnico-territoriales de las comunidades afrocolombianas e indígenas; esta ha sido una propuesta reiterada por el CONPA y la Comisión Étnica. Si el gobierno y las FARC solo se van a limitar a escuchar los análisis y propuestas que los representantes de las comunidades lleven, sin asumir un compromiso explícito para mejorar los textos de los Acuerdos desde una perspectiva étnica, entonces los resultados de las jornadas podrán quedarse en el plano de lo simbólico, y permanecerán las deficiencias de los Acuerdos en términos de ofrecer un enfoque diferencial étnico adecuado.

Ahora bien, la incorporación a los Acuerdos de cláusulas que salvaguarden los derechos étnico-territoriales puede ser una condición favorable para que la implementación respete los mismos, pero no ofrece una garantía absoluta. Los procesos institucionales a través de los cuales se van a implementar los Acuerdos configurarán realmente los factores determinantes para que garanticen los derechos a las comunidades étnicas. La elaboración y expedición de las leyes que van “aterrizar” los Acuerdos, y que serán la base para que las instituciones diseñen y ejecuten las políticas y programas específicos, deberá ser el centro de atención del gobierno y las comunidades para corregir lo que los Acuerdos omitieron. A saber: los análisis adecuados sobre los impactos diferenciales del conflicto sobre las comunidades étnicas y las correspondientes medidas para reparar los daños causados.

La “firma de la paz” no será el fin de los conflictos subyacentes a la exclusión estructural de las comunidades étnicas que fue profundizada por el conflicto. Las comunidades tienen la esperanza de que el cese del enfrentamiento militar entre las FARC y el gobierno colombiano lleve a una disminución de la violencia contra ellas. Pero la firma de los Acuerdos tan solo representa un punto de partida para la construcción de la paz. Más que un post-conflicto, las comunidades se enfrentarán a un escenario post-acuerdo en el que la mayoría de conflictos continuarán. Pero más preocupante aún, otros conflictos podrán emerger como consecuencia de la implementación de los Acuerdos que han omitido un enfoque diferencial étnico adecuado. Las propuestas del CONPA y de la Comisión Étnica, así como de otros sectores de las comunidades étnicas, precisamente ofrecen las rutas para que estos conflictos no solamente no vulneren sus derechos, sino para que la paz sea sostenible para todo el país. Para que las jornadas del 20 y 21 de junio contribuyan a esto, y no se conviertan en simple acto simbólico, el gobierno y las FARC deberían garantizar la participación del CONPA y la Comisión Étnica, y apropiarse de sus propuestas.

Para leer el comunicado #73, haga click aquí.

Día de la Afrocolombianidad 2016: un reconocimiento a las comunidades afrocolombianas impactadas por el conflicto armado

Con motivo del Día de la Afrocolombianidad 2016, este 21 de mayo, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su reconocimiento y admiración a las comunidades afrocolombianas que aun ante la exclusión, la discriminación racial y la violencia mantienen su proyecto histórico colectivo de defensa de la vida y la autonomía. Hoy, en las áreas rurales más apartadas, y también en los contextos urbanos, esas comunidades continúan ofreciéndole a toda la sociedad lo mejor de sus esfuerzos productivos, culturales y políticos.

Desafortunadamente, la defensa de los derechos étnico-territoriales que han conquistado, y que finalmente fueron reconocidos formalmente a partir de la Constitución de 1991, ha resultado demasiado costosa. En este Día de la Afrocolombianidad 2016 se debe rendir homenaje a los miles de afrocolombianos y afrocolombianas que han sido asesinados por defender esos derechos; a  más de un millón que han sido expulsados de sus tierras ancestrales hacia condiciones de marginalidad en los contextos urbanos; a las miles de mujeres afrocolombianas víctimas de violencia sexual, a todas y todos los afrocolombianos que han visto profundizada su exclusión como consecuencia de los impactos del conflicto armado colombiano.

Este Día de la Afrocolombianidad de 2016 debería haber coincidido con transformaciones institucionales que garantizaran la participación efectiva de las comunidades y organizaciones en el proceso histórico de la terminación del conflicto armado y el inicio de la construcción de una paz sostenible. Pero la forma en que han sido excluidas,  hasta ahora,  de la negociación de  un conflicto en el que ellas y las comunidades indígenas han sido las mayores victimas, y cuyos acuerdos afectarán sus derechos étnico-territoriales, está manteniendo mecanismos de exclusión que precisamente se iniciaron con el hecho histórico que oficialmente se celebra.

La ley de abolición de la esclavitud expedida el 21 de mayo de 1851, básicamente se ocupó de indemnizar económicamente a los dueños de esclavos sin ofrecer ninguna medida de reparación o condición adecuada para que los esclavos “liberados” pudieran ejercer su ciudadanía. La trayectoria legislativa que reforzó esa exclusión por más de un siglo pareció transformarse a partir de la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993, que como resultado de la movilización de las comunidades obligó al Estado colombiano a reconocer formalmente sus derechos étnico-territoriales. Pero este Día de la Afrocolombianidad de 2016, en vez de estar celebrando su plena implementación, estamos reiterando la frustración de que después de 23 años, el Estado colombiano no ha reglamentado aspectos de la Ley que son críticos para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos. Y esos aspectos se refieren a derechos ambientales, mineros, y autonomía para planear el desarrollo, que se pueden  ver afectados negativamente por la implementación de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Este Día de la Afrocolombianidad 2016 deberíamos estar celebrando la inclusión de un enfoque diferencial étnico en los textos de esos Acuerdos de Paz, como respuesta a los espacios de dialogo que la Mesa de Negociaciones debía haber garantizado a los representantes de las comunidades más impactadas por el conflicto armado. Pero a la fecha, las solicitudes de las organizaciones no han tenido respuesta formal de la Mesa. Las comunidades afrocolombianas, que han apoyado el proceso de negociación desde sus inicios han sido ignoradas a pesar de que sus análisis y propuestas ofrecen alternativas específicas, no solamente para garantizar sus derechos adquiridos en el post-acuerdo, sino para fortalecer las condiciones de una paz sostenible para todo el país.

Lo que si podemos celebrar con certeza este Día de la Afrocolombianidad 2016 es la vigencia del espíritu libertario de las comunidades afrocolombianas que continua guiando a la sociedad colombiana.

Conversatorio “El Papel de Los Afrodescendientes en los Diálogos y La Construcción de la Paz en Colombia”

Bogotá, 18 de Mayo de 2016. El 17 Mayo de 2016 el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) realizo un conversatorio sobre el papel de los Afrocolombianos en los diálogos y la construcción de la paz en Colombia. En el evento participaron cerca de 100 personas pertenecientes a organizaciones afrocolombianas, funcionarios de entidades gubernamentales, y representantes de agencias de cooperación nacional e internacional. La lista de conferencistas incluyo al Sr. Todd Howland (Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano).

Los análisis y propuestas de conferencistas y participantes reiteraron la importancia que tiene para la sostenibilidad de la paz que la Mesa de Negociaciones reciba una delegación de los pueblos étnicos antes de la firma de los Acuerdos, con el objetivo de que estos incorporen en su texto final clausulas para salvaguardar los derechos étnico-territoriales de las comunidades en la implementación de los mismos. Pero también se identificaron alternativas para enfrentar los obstáculos y conflictos que van a surgir durante la implementación como consecuencia de que los Acuerdos no hayan incorporado un enfoque diferencial étnico.

El representante para Colombia del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Pedro L. Cortes-Ruiz), quien asistió al evento, resalta algunos de los planteamientos que tienen mayor relevancia para la perspectiva de garantizar los derechos de las comunidades étnicas en el contexto del post-acuerdo.

Un racismo naturalizado e institucionalizado es la causa de la exclusión de las comunidades étnicas de los diálogos y de la ausencia de un enfoque diferencial étnico adecuado en los Acuerdos. Este argumento explicativo puede derivarse de algunos análisis como el planteado por Carlos Rosero del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el CONPA. En su presentación Carlos expreso que la falta de adopción de mecanismos de participación “especiales, diferenciales, y proporcionales” no tiene correspondencia con consensos que se tienen sobre los impactos diferenciales del conflicto sobre las comunidades étnicas. En la misma perspectiva, Francia Marquez de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC),  considera absurdo que el gobierno haya planteado que “los derechos de las comunidades étnicas no se van a tocar en la Mesa”, como justificación para rechazar la adopción de mecanismos de participación especiales para las comunidades étnicas. Francia resalto la contradicción de esta argumentación si se tiene en cuenta que la implementación de los Acuerdos se realizara en gran parte en territorios étnicos.

La legitimidad de los Acuerdos también depende de la participación diferenciada y efectiva que se le garantice a las comunidades étnicas, y no solamente de los mecanismos que la Mesa ha propuesto recientemente para su “blindaje”. El primer paso hacia este tipo de participación debe ser que “seamos escuchados” como lo indico Richard Moreno del Foro Interétnico Solidaridad por Choco (FISCH). En este mismo sentido, Sr. Todd Howland recordó que esta participación debe ser protegida por el Estado colombiano en virtud de las obligaciones que tiene el Estado colombiano al haber ratificado tratados internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU, y el Convenio de 1969 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La no participación de las Comunidades tanto en el proceso de negociación de los Acuerdos como en su implementación representa una violación a esas obligaciones.

La propuesta de las organizaciones afrocolombianas para que el Acuerdo Final incorpore una clausula para salvaguardar los derechos étnico-territoriales plantea principios que pueden corregir la ausencia de un enfoque diferencial adecuado hasta el momento. En su intervención, Silvio Garces (líder afrocolombiano y funcionario del gobierno que ha contribuido significativamente a los procesos de titulación colectiva por más de 20 años) ofreció un análisis y propuesta que recoge planteamientos centrales de la Agenda del CONPA. Cinco puntos deberían incorporarse a los Acuerdos: (1) salvaguarda de derechos adquiridos como principio general en términos que implementación de Acuerdos no afectaran derechos adquiridos, (2) garantía para dar continuidad a los procesos de titulación, (3) garantía de concertación con las comunidades en los casos que “zonas de concentración” de excombatientes de las FARC lleguen a coincidir con territorios colectivos, (4) compromiso para detener el repoblamiento de territorios, y (5) garantía de que se respetaran formas autónomas de gobernabilidad.

La adecuación institucional para la implementación de los Acuerdos que ya se ha iniciado debe incorporar desde ahora la participación de las comunidades étnicas. En su intervención, Zulia Mena (Viceministra de Cultura y lideresa del movimiento afrocolombiana) describió el proceso que ella ha comenzado a dinamizar al interior del Ministerio de Cultura para integrar a miembros de las organizaciones étnicas en las discusiones que ya se desarrollan en función de la adecuación que se va a realizar para la implementación de los Acuerdos. Este tipo de liderazgos que potencian la participación de las comunidades en función de la construcción de la paz también es significativo para avanzar en dimensiones de la Ley 70 de 1993 que no se han implementado en forma adecuada hasta el momento.

La garantía del derecho a la participación de las comunidades étnicas en la implementación de los Acuerdos está amenazada si las FARC continúan restringiendo su autonomía. Algunos de los líderes regionales expresaron su preocupación sobre la continuidad de prácticas de la FARC que han violado el derecho de las comunidades a tomar sus propias decisiones. Se recordó el caso del asesinato por parte de las FARC en Agosto de 2015 de Genaro Garcia, presidente del Consejo Comunitario Alto Mira en Tumaco. Dado que los territorios afrocolombianos serán zonas prioritarias para la implementación de los Acuerdos, y que la perspectiva es que excombatientes de las FARC se incorporen a la vida política de esos territorios, la dejación de armas también debe significar la dejación de cualquier práctica que continúe restringiendo el derecho de las comunidades a gobernarse en forma autónoma.

Acompañar a las comunidades debe ser la prioridad de las organizaciones de derechos humanos en estos momentos y en el contexto post-acuerdo. El acompañamiento directo en función de detener las violaciones y restricción de derechos que siguen sufriendo las comunidades debe ser la prioridad de organizaciones de derechos humanos en sus estrategias para proteger los derechos humanos de las comunidades étnicas en el contexto post-acuerdo. Los complejos diseños institucionales de los que se ha ocupado la negociación, y que se requieren para la implementación de los Acuerdos, parece haber desplazado esta urgencia. “Hay mucha desesperanza en los territorios” expresó en forma muy sentida Francia Marquez. Esta expresión refleja el estado emocional que han seguido viviendo las comunidades étnicas durante el proceso de negociación, aunque simultáneamente mantienen una actitud de resistencia proactiva.

Conversatorio “El Papel de Los Afrodescendientes en los Diálogos y La Construcción de la Paz en Colombia”

Conversatorio “El Papel de Los Afrodescendientes en los Diálogos y La Construcción de la Paz en Colombia”

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