Raza e Igualdad valora positivamente la implementación de medidas de protección a favor de Erlendy Cuero Bravo, Vicepresidenta de AFRODES

29 de agosto de 2017 | Washington, DC

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos valora positivamente la decisión del Estado de Colombia de implementar las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Erlendy Cuero Bravo y su familia. Estas medidas hacen parte de la implementación de Medida Cautelar 658-16, otorgada a la Sra. Cuero Bravo y su familia por la Comisión Interamericana en diciembre 2016. Desde entonces, Raza e Igualdad ha estado incidiendo en favor de la implementación de dichas medidas por el Estado colombiano, a través de la Unidad Nacional de Protección.

La Sra. Cuero Bravo es Vicepresidenta de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y una activista de derechos humanos, residente de la ciudad de Cali, Colombia. Como resultado de su trabajo con comunidades Afrocolombianas desplazadas por el conflicto armado interno, la Sra. Cuero Bravo y sus familiares han recibido múltiples amenazas de muerte y han sobrevivido varios atentados. A pesar de haber reportado esta situación de seguridad a las autoridades colombianas en reiteradas ocasiones durante la última década, Erlendy no recibió medidas adecuadas destinadas a proteger su vida e integridad personal y a permitir que ella continuara su trabajo como lideresa comunitaria y defensora de derechos humanos, hasta que la Comisión Interamericana intervino.

Al finalmente recibir las medidas, la Sra. Cuero Bravo comentó, “En muchas ocasiones he sentido miedo, he llorado, y pensé que ya no tenía las fuerzas para continuar. Pero la situación tan deprimente que vive la comunidad Afro y las victimas en este país han sido mi aliciente para seguir adelante. Las medidas adoptadas para mí no representan un fin en sí mismo, sino la posibilidad de mitigar los riesgos derivados de mi actividad como activista y defensora de derechos humanos, para lo cual se requiere dedicación de tiempo completo en favor de las víctimas y poblaciones vulnerables que requieren de este acompañamiento y presencia permanente. Quisiera que el Gobierno colombiano preste atención y trabaje en la prevención del daño a los líderes que vienen siendo perseguidos, y amenazados para evitar que las personas que dedican su vida a construir paz en medio de la adversidad, no terminen muertas, dejando a sus familias envuelta del dolor como ocurrió con mi querido hermano Bernardo Cuero Bravo”.

Aunque la asignación de medidas de protección para la Sra. Cuero Bravo es un paso positivo, Raza e Igualdad sigue preocupada porque muchos otros líderes comunitarios y defensores de derechos humanos Afrocolombianos están enfrentando riesgos similares para sus vidas y seguridad personal como resultado de su trabajo de incidencia. “Nos complace que Colombia está respetando su obligación de proteger la vida e integridad personal de Erlendy, y de permitir que ella continúe su trabajo a favor de Afrocolombianos desplazados. Pero, hay muchos otros líderes Afrocolombianos en riesgo quienes también están esperando medidas de protección de parte de la Unidad Nacional de Protección. Alentamos a la Unidad Nacional de Protección prestar atención a sus casos”, declaró el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada.

En la actual coyuntura de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, la protección de los líderes de la población de víctimas debe ser una prioridad para el Estado colombiano. Desafortunadamente, como lo analizaron diversas fuentes –entre ellas Raza e Igualdad – la violencia contra los liderazgos sociales ha venido en aumento.

Raza e Igualdad seguirá trabajando con la Sra. Cuero Bravo y su organización contraparte AFRODES para apoyar a los líderes comunitarios Afrocolombianos en situación de riesgo.

Colombia: Situación de defensores de derechos humanos. Entrevista a Arnaldo Hernández: líder de AFRODES en riesgo sin medidas de protección adecuadas

Bogotá,  19 de junio de 2017. Al regresar a su hogar después de asistir al funeral de Bernardo Cuero Bravo, directivo de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) que fue asesinado el pasado 7 de junio de 2017, Arnaldo Hernández fue informado que sujetos desconocidos estuvieron rondando su domicilio y preguntando por él. También se enteró de un nuevo panfleto con amenazas de muerte contra los líderes y lideresas de Malambo, municipio donde trabajaba, vivía y fue asesinado Bernardo. Durante las últimas semanas, Arnaldo ha procurado no salir mucho de su domicilio debido al temor que tiene y a la falta de una respuesta institucional adecuada que le brinde las medidas de protección adecuada, que al igual que a Bernardo, le siguen negando. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos visitó a Arnaldo el pasado 29 de junio, y le hizo una entrevista para conocer en detalle su situación y el trabajo que realiza.

Arnaldo Hernández también es miembro de la Junta Directiva de AFRODES y representante de las organizaciones de población afrocolombiana desplazada en Cartagena. También es representante de las comunidades negras ante la Mesa Distrital de Víctimas de Cartagena. Lamentablemente, al igual que en el caso de Bernardo, el Estado colombiano sigue sin asignarle las medidas de protección adecuadas que garanticen su derecho a la vida y a la integridad personal, pero que también le permitan ejercer sus actividades de liderazgo con las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado.

Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos: Sabemos que Ud. enfrenta una situación de riesgo similar a la que enfrentaba Bernardo, la cual se relaciona directamente con sus actividades de liderazgo. ¿Podría comenzar hablándonos un poco sobre ese trabajo de liderazgo?

Arnaldo Hernández (AH): Soy directivo de AFRODES desde el año 2000 cuando llegué desplazado a Cartagena. Mi llegada forzosa a Cartagena hace parte de una larga cadena de amenazas y atentados que se remontan a la época de mis inicios como líder social. Entre 1984 y 1999 fui dirigente sindical en Turbo,  de donde tuve que salir. Llegué a Montes de María, y allí también fui víctima de un atentado en el año 2000, por lo que fui desplazado nuevamente. En la actualidad, como representante de AFRODES en Cartagena y la región Caribe, y también como representante de las comunidades negras ante la Mesa Distrital de Victimas de Cartagena, me dedico a apoyar las acciones de incidencia, capacitación y gestión de proyectos de la población afrocolombiana desplazada en la región. En el Departamento de Bolívar trabajo con 27 organizaciones articuladas al trabajo de AFRODES. En el caso específico de Cartagena, los 11 procesos organizativos que acompañamos reúnen miles de afrocolombianos desplazados que hoy viven en las comunidades más marginales de la ciudad como Nelson Mandela, Olaya, Pozón, Faldas de la Popa.

Raza e Igualdad: ¿Por qué este trabajo de apoyo a estas comunidades y organizaciones representa un riesgo, sobre todo ahora que el país se encuentra en la etapa de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC?

 AH: En el caso del Departamento de Bolívar, al igual que en muchas regiones donde habitan nuestras comunidades, la firma de la paz no ha significado que las amenazas y la violencia terminen. Hay que tener en cuenta que en esta región los grupos paramilitares siguen controlando los territorios, especialmente todo lo relacionado con el negocio del narcotráfico. Eso pasa en muchos de los municipios y zonas del Bolívar donde están nuestras comunidades como Montes de María, María la Baja, El Carmen, Malagana, Sincerin, pero también en zonas urbanas de Cartagena.

Cuando nosotros como AFRODES vamos a esas comunidades a educarlas sobre sus derechos, seguimos siendo calificados como que venimos a “revolucionar a la comunidad”. Obviamente, lo que buscan estos grupos armados es mantener todo el negocio de narcotráfico y el microtráfico; también están buscando el reclutamiento de nuestros jóvenes. Cualquiera que denuncie estas situaciones y ayude a empoderar a las comunidades, es convertida en objetivo militar. Eso fue lo que precisamente le pasó a Bernardo. No fue que tuviera un pleito con un vecino cualquiera, como lo está diciendo la Unidad Nacional de Protección (UNP). Bernardo, como yo y otros líderes de AFRODES, nos jugamos la vida diariamente cuando apoyamos a las comunidades en sus denuncias y procesos de incidencia. Esta situación de riesgo también se ve agravada por las actuaciones de muchas instituciones y funcionarios que están para protegernos pero que a veces contribuyen a estigmatizarnos. A mi inclusive un funcionario me acusó de ser un guerrillero de las FARC por ser parte del grupo que lideró una toma pacífica de la Unidad de Víctimas en Cartagena, la que tuvimos que hacer, como mecanismos para demandar el incumplimiento sistemático del gobierno a compromisos que había adquirido con la población.

Raza e Igualdad: Tenemos entendido que Ud. ha denunciado las amenazas recientes que ha recibido y en varias ocasiones, como en el caso de Bernardo, ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección la asignación de medidas.

AH: Ni en la situación de riesgo que hoy enfrento, ni en anteriores ocasiones en las que mis familiares y yo hemos sido víctimas de atentados, amenazas, y violaciones a otros derechos humanos,  el gobierno me ha brindado las medidas adecuadas. Inclusive, uno de los estudios de riesgo que me hicieron arrojó que yo tenía “riesgo extraordinario”. ¿Y sabe usted las medidas que me dieron? Un chaleco antibalas y un teléfono celular sin fondos suficientes. Actualmente, un chaleco es todo lo que tengo como medida proporcionada por el gobierno. En diciembre pasado (2016) fui nuevamente víctima de amenazas, atentado y hostigamientos. Ahora que regreso de enterrar al compañero Bernardo, también me encuentro con nuevos hechos que atentan contra mi vida e integridad personal. He interpuesto las denuncias ante las instituciones competentes, pero sigo sin recibir una respuesta satisfactoria por parte del gobierno.

Raza e Igualdad: ¿Cuáles serían entonces las medidas de protección que Ud. y otros líderes en riesgo de AFRODES necesitan?

AH: Lo que necesitamos es el mismo esquema de protección que tienen otros líderes sociales que enfrentan la misma situación. Un chaleco y un teléfono celular no son suficientes. Necesitamos de escoltas y vehículo para movilizarnos. Es la única manera de poder continuar con el trabajo de acompañamiento y representación de las comunidades. En mi caso particular, para poder seguir el trabajo con las comunidades de Bolívar y otros departamentos del Caribe, también requiero de recursos que me permitan reubicarme en Cartagena. Los últimos hechos que enfrento en Santa Catalina, municipio donde vivo, demuestran la situación de vulnerabilidad en que me encuentro. También hay que tener en cuenta las medidas de protección colectiva que se requieren para nuestras organizaciones y comunidades. Es muy lamentable la situación que enfrentan los compañeros de los procesos organizativos en Malambo a raíz del asesinato de Bernardo, o las organizaciones de AFRODES Cali que recientemente recibieron una nueva amenaza.

El caso de Arnaldo no es aislado. Otros líderes y lideresas de AFRODES enfrentan una situación similar, y el Estado colombiano sigue sin asignarles medidas de protección adecuada. En el caso de la vicepresidenta de AFRODES, Erlendy Cuero Bravo, quien es beneficiara de la Medida Cautelar No. 658-16 de 2016, el gobierno aún no ha le asignado las medidas de protección. El Instituto sobre Raza e Igualdad reitera la prioridad que debe tener para el gobierno colombiano, el cumplimiento de esta medida cautelar y el otorgamiento de medidas de protección adecuada para Arnaldo y demás líderes y lideresas de AFRODES que continúan en riesgo.

El Instituto responsabiliza al Estado colombiano por el asesinato de Bernardo Cuero, directivo de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES): otro líder al que la Unidad Nacional de Protección le negó medidas de protección

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denuncia, repudia y lamenta profundamente el asesinato del día 7 de junio de Bernardo Cuero, líder afrocolombiano y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES).

La situación de vulnerabilidad de Bernardo había sido ampliamente documentada y denunciada a nivel nacional e internacional, siendo él mismo y su familia desplazados a consecuencia de la violencia. En octubre de 2013, el mismo participó en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciado su caso personal y el de otros líderes de AFRODES. En dicha audiencia Bernardo expresó sobre su caso en particular “…a pesar de las denuncias de cada hecho, no existe ningún resultado e investigación de estos…”. También enfatizó respecto a su labor como líder y defensor de derechos humanos afrocolombiano: “…exigir el respeto de nuestros derechos de realizar nuestro trabajo de incidencia a favor de nuestras comunidades no puede ser una razón para condenarnos a muerte y a nuestras familias…”. De hecho, después de dicha audiencia, las amenazas y atentados contra él y Erlendy Cuero Bravo (Vicepresidenta de AFRODES), aumentaron. Recientemente, en marzo 2017, en otra audiencia ante la CIDH, solicitada por el Estado colombiano para tratar el tema de las agresiones contra líderes sociales, el Instituto denunció nuevamente la crítica situación de seguridad de líderes de AFRODES, incluyendo a Bernardo, a quienes el gobierno colombiano continuaba negándole medidas de protección. Esta omisión convierte al Estado colombiano en responsable del asesinato de Bernardo.

En este repudiable acontecimiento, los asesinos fueron hasta su propio hogar en el municipio de Malambo, departamento del Atlántico. Los detalles aún están por conocerse, pero hay algo claro: el Estado colombiano le negó sistemáticamente la asignación de medidas de protección adecuadas a pesar de las numerosas solicitudes que Bernardo hizo, motivadas por múltiples atentados y amenazas contra su vida. Como sigue sucediendo con otros líderes y defensores de derechos humanos afrocolombianos, de manera absurda los resultados de los estudios de riesgo llevados a cabo por la Unidad Nacional de Protección indicaron que su nivel de riesgo era “ordinario”. El mecanismo de “estudios de riesgo” es un fracaso y ha fallado a otra víctima más.

En varias ocasiones Bernardo coincidió con otros líderes en riesgo al señalar que la única forma para que el Estado reconozca que se está en riesgo extraordinario es que “lo maten a uno”.

Ante este nuevo asesinato de un miembro de AFRODES, el Instituto exhorta al Estado colombiano encaminar una investigación expedita sobre el mismo y garantizar las medidas de reparación y protección para su familia. Además, el Estado colombiano debe garantizar la asignación inmediata de medidas de protección para todos los líderes de AFRODES y no negar su responsabilidad ni en el caso de Bernardo ni para la protección de sus colegas.

El Instituto también exhorta a los mecanismos internaciones de protección de los derechos humanos, y a todos los actores de la comunidad internacional que apoyan la construcción de la paz en Colombia, a solicitar enérgicamente al Estado colombiano que el crimen de Bernardo sea esclarecido y que las medidas de protección tanto de forma individual como colectiva que necesita AFRODES y demás organizaciones de comunidades étnicas en Colombia sean asignadas inmediatamente.

Finalmente, rogamos al Estado colombiano cumplir con la Medida Cautelar 658-16 otorgada a Erlendy Cuero Bravo, Vicepresidenta de AFRODES. Así mismo, instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los Procedimientos Especiales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU a continuar monitoreando y generando acciones que conlleven a la protección de los defensores de derechos humanos afrocolombianos, dado que el Estado colombiano y sus estructuras continúan actuando con omisión e indolencia ante las amenazas de muerte y atentados que sufren frecuentemente quienes protegen el territorio, cosmovisión y derechos humanos del pueblo afrocolombiano.

Día de la Afrocolombianidad 2017: Recrudecimiento de la Exclusión y la Violencia Estructurales

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, al igual que el año pasado, reitera su reconocimiento en este nuevo Día de la Afrocolombianidad 2017, a los millones de afrocolombianas y afrocolombianos que ante la adversidad y la exclusión perseveran en su proyecto histórico libertario. De manera especial expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las comunidades y organizaciones que han sido víctimas directas del conflicto armado, y que a pesar de no estar siendo incluidas adecuadamente en la implementación del Acuerdo de Paz, mantienen iniciativas propositivas para contribuir a la construcción de una paz sostenible y con justicia social para todos los colombianos.

En este Día de la Afrocolombianidad 2017, la situación de las comunidades afrocolombianas más excluidas y afectadas por el conflicto armado, registra un panorama desolador muy similar al que comenzaron a enfrentar a finales de los 90s cuando la violencia arribó a la región del Pacífico colombiano: violencia, desplazamiento y restricción de derechos a las comunidades del Bajo Atrato, represión contra la movilización pacífica de los afrocolombianos de Buenaventura, indiferencia frente a Paro Cívico en Quibdó, asesinatos y amenazas contra líderes y lideresas. Y obviamente, los indicadores de calidad de vida en todas estas comunidades continúan reflejando la precariedad material en la que deben proseguir sus vidas y luchas. El reclamo de estas comunidades, que desde hace dos décadas denunciaban un genocidio en curso, cada vez parece tener más sentido.

Durante el año pasado, y a pesar de la persistencia de los problemas estructurales y las respuestas institucionales adecuadas, se presentaba un horizonte halagüeño. La exclusión de las comunidades del proceso de negociación fue corregida parcialmente con la inclusión del Capítulo Étnico como elemento constitutivo del Acuerdo de Paz. Celebramos en ese momento que dicho capítulo estipulara el compromiso del Estado colombiano para que en todas las medidas legislativas y administrativas requeridas para la implementación de los Acuerdos, se debían salvaguardar los derechos constitucionales de las comunidades. De manera primordial a través de la garantía al derecho a la consulta previa, libre e informada.

Después de la firma del Acuerdo Final, y a pesar del impase derivado del resultado negativo del plebiscito, la interlocución entre las partes (Gobierno y FARC-EP) y plataformas organizativas como el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) que lideró la inclusión del Capítulo Étnico, auguraban una trayectoria favorable. El escenario que presenciamos este Día de la Afrocolombianidad 2017 es, por decir lo menos, decepcionante.

En cuanto a la inclusión del las organizaciones y comunidades en el proceso legislativo hasta ahora desarrollado para la implementación del Acuerdo de Paz, ellas han planteado públicamente que no se ha respetado el derecho a la consulta previa. Aún más grave, el mismo presidente se ha expresado en forma inadecuada y peligrosa que “La Consulta Previa se nos volvió un dolor de cabeza”. Este tipo de expresiones no solamente distorsionan la importancia de este derecho, sino que refuerzan argumentos hostiles contra las comunidades que inclusive siguen siendo usados por actores armados que ejercen violencia contra las comunidades y sus liderazgos.

Pero aún más grave y descorazonador para un Día de la Afrocolombianidad, es la respuesta de represión e indiferencia del gobierno colombiano frente a los paros cívicos y movilizaciones de los habitantes de Quibdó y Buenaventura. En estas dos ciudades, que son emblemáticas del pueblo afrocolombiano, sus habitantes en forma pacífica vienen realizando movilizaciones desde hace una semana. Motivados por el incumplimiento histórico del Estado colombianos para implementar los compromisos adquiridos con sus comunidades, se vienen movilizando aún ante la indiferencia, respuestas evasivas y acciones de represión violenta.

El Instituto exhorta al gobierno colombiano a dar pasos reales para atender la agenda y propuestas que las comunidades de Buenaventura y Quibdó están planteando, así como las expresadas por el CONPA (Link a Comunicado de Prensa). En ellas están contenidas nuevamente las rutas requeridas para avanzar en la superación de las causas estructurales de la exclusión y violencia contra las comunidades. Esperamos que para el Día de la Afrocolombianidad 2018 podamos reportar un balance más favorable en esa perspectiva. Un balance en el que no solamente reiteremos nuestro reconocimiento y admiración a las comunidades y organizaciones afrocolombianas, sino también a las respuestas institucionales del Estado colombiano.