Voces Trascendentales: Arte y la Cultura como formas de Resistencia y Orgullo

Voces Trascendentales: Arte y la Cultura como formas de Resistencia y Orgullo

Washington D.C., 28 de junio de 2023.- En el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea dedicar este artículo a reconocer, celebrar y visibilizar la presencia de personas LGBTI+ de la región en el campo del arte y la cultura que siempre han sido formas de resistencia, sobrevivencia y orgullo para las personas LBGTI+. Sus disruptivas formas de expresión artística han revolucionado este sector, no solo enriqueciéndolo sino desafiado y transformado las narrativas dominantes de la cisheteronormatividad.

Desde el enfoque de los derechos humanos, en el informe A/HRC/14/36 de la Relatoría Especial sobre Derechos Culturales de las Naciones Unidas señala que, en muchos aspectos, los derechos culturales son esenciales para el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana. A través de estos, se protegen el desarrollo y la expresión de diversas visiones del mundo -individuales y colectivos-, y abarcan libertades importantes relacionadas con cuestiones de identidad[1].

En ese sentido, la representación y la visibilidad digna de grupos históricamente vulnerados, como la población LGBTI+, son fundamentales para reivindicar sus cuerpos e identidades, y promover sus derechos humanos. “Combate el estigma y la discriminación. La representación positiva en la cultura contribuye a desafiar los estereotipos y prejuicios negativos que existen la entorno a la diversidad sexual y de género”, menciona Alex Aguirre, Investigador en Derechos Humanos del Instituto para la paz y el Desarrollo (Ipades) de Nicaragua, quien señala que esto también sucede con une misme cuando los personajes y narrativas reflejan experiencias propias que contribuyen a desarrollar mayor confianza y aceptar su identidad de género u orientación sexual sin sentir vergüenza o culpa.

“La manifestación artística diversa visibiliza, expone, retrata y enriquece. Poder disfrutar del arte de manos de personas de la diversidad sexual y de género brinda una perspectiva diferente al público, humanizando y volviendo suyas las expresiones”, dice Fhran Medina, abogado y activista por los derechos de las personas LGBTI+ de Fraternidad Trans Masculina Perú.

Desde el significado del arte y la cultura, más que tener un fin instrumental, Guillermo Valdizán dice en su libro Creación Heroica que “las formas de producción cultural están íntimamente ligadas a los procesos de transformación de las sociedades”[2]. Es decir, la producción cultural no existe sino en un contexto social, político y económico determinado y ha continuado presente a lo largo de la historia de las sociedades; por ello, son parte del proceso social y no solo una herramienta. Como dice Sol Ámbar Sánchez Latorre, Directore de incidencia de la Fundación GAAT de Colombia, existe una apropiación de la esfera cultural más visible por parte de las personas LGBTI+ que produce nuevas representaciones y reflexionan sobre la sexualidad y el género, y desde este espacio se gestan transformaciones culturales también.

A continuación, las contrapartes de Raza e Igualdad recomiendan algunos ejemplos notables de producciones culturales que han contribuido a la visibilidad de las personas LGBTI+:

Yunior Pino, fotógrafo y activista cubano: “Somos personas valerosas, dotadas de talentos y dones; educamos para erradicar los tabúes que por generaciones han causado mucho daño y discriminación. Recomiendo el filme cubano titulado “Fátima” porque cuenta la cruda realidad que vive en su mayoría la comunidad LGBTI+ en Cuba, ante una sociedad machista, discriminatoria y un sistema que obliga a ejercer la separación familiar y la prostitución”.

Sol Ámbar Sánchez Latorre, Directore de incidencia de la Fundación GAAT de Colombia: “Me gustaría que el trabajo de Kia sonorica, una artista trans paraguaya, pudiera conocerse más. Ella también es historiadora anticolonial, conoce bien la historia del arte; y ahora es una de las artistas Latinoamericanas pioneras en el uso de la inteligencia artificial para producir obras artísticas”.

Fhran Medina, abogado y activista peruano: “Antay es mi cantautor peruano favorito, no solo por ser un gran cantante, sino por el trabajo y el enorme corazón que le pone a cada canción y presentación. Sus letras son ternura y también mucho arte. Como cantautor trans, lleva consigo muchas historias y vivencias de la población trans. El videocip de la canción “Júrame” es algo que todas las personas deberíamos ver, pueden encontrar más de sus producciones en Spotify y Youtube”.

Articulación Brasileña de Lésbicas – Rede ABL: “Recomendamos el trabajo de Bia Ferreira en la música porque es una mujer negra y ‘sapatão’* que trae en sus canciones verdaderos ‘evangelios’ de liberación. Es importante que otras personas conozcan su trabajo porque explica de forma didáctica la causa y las soluciones a diversas cuestiones sociales”.

Alex Aguirre, Investigador en Derechos Humanos del Instituto para la paz y el Desarrollo (Ipades) de Nicaragua: “Recomiendo a la artista Ru Paul, es una Drag Queen icónica y presentadora del programa RuPaul’s Drag Race, ha sido una figura importante en la cultura LGBTI+ y ha promovido la aceptación y la celebración de la diversidad”.

En conclusión, la visibilidad de las personas LGBTI+ en el campo del arte y la cultura es un indicador poderoso del progreso en materia de derechos humanos. A través del cine, la música, la danza, el teatro, arte visual y más, se ha conquistado un espacio en el que estas voces trascendentales pueden ser escuchadas y sus experiencias pueden ser representadas de forma más auténtica. Raza e Igualdad reafirma su compromiso de promover la visibilidad y la representación de las personas LGBTI+ en todos los ámbitos de la vida y les desea un mes del Orgullo con mucha música, arte y cultura. Todas las personas merecen vivir en una sociedad sin violencia, más justa y sin discriminación. ¡Derechos Humanos Siempre!

*’Sapatão’ es una palabra de orgullo que hace referencia a las mujeres lesbianas de Brasil. Es similar a que el movimento trans valoró la palabra ‘travesti’.

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[1] Report of the independent expert in the field of cultural rights, Ms. Farida Shaheed, submitted pursuant to resolution 10/23 of the Human Rights Council. Available at https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/124/40/PDF/G1012440.pdf?OpenElement

[2] Valdizán, Guillermo (2021). Creación Heroica: Neoliberalismo, políticas culturales y estrategia comunitaria en el Perú del siglo XXI. Lima: RGC Ediciones

Raza e Igualdad lanza convocatoria fotográfica para visibilizar la experiencia migratoria de personas afrodescendientes venezolanas en Colombia.

Colombia, 27 de junio del 2023-. , El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), con el apoyo del Proyecto INTEGRA de USAID, lanza una convocatoria de fotografía itinerante, con el objetivo de visibilizar la experiencia migratoria diferenciada de personas (mujeres, hombres, población LGBTIQ+) afrodescendientes venezolanas que se encuentran en Colombia, desde su propio lente.  

Las personas afrodescendientes enfrentan cotidianamente la discriminación racial, racismo y prácticas xenófobas, además, sus experiencias se suelen narrar desde miradas externas a sus vivencias. En este contexto, esta exposición itinerante busca incentivar y visibilizar la construcción de narrativas propias desde las experiencias de las personas afrovenezolanas, con la intención de invitar a construir relatos alternativos sobre sus procesos migratorios. 

Las personas interesadas en participar no deben ser necesariamente fotógrafes profesionales o expertes, solo deben tener la iniciativa de contar su propia forma de vivir el proceso migratorio. Las fotografías pueden ser capturadas a través de dispositivos móviles o cámaras fotográficas de cualquier tipo y presentar un retrato, escena o narrativa particular como persona migrante afrodescendiente venezolane. 

Las fotografías seleccionadas serán expuestas en cinco Centros Intégrate del país: Riohacha, Cúcuta, Cali, Bogotá y Medellín.  

Bases de la convocatoria: 

  • Participarán personas migrantes venezolanas afrodescendientes o negras mayores de 18 años con presencia en Colombia.  
  • Inscripciones abiertas hasta el 17 de julio.   

Para participar, los postulantes, fotógrafes deberán: 

  • Enviar un correo con su postulación a investigacionesmh@raceandequaliy.org con el asunto Convocatoria Exposición Itinerante 
  • Completar datos de la obra: Título, breve descripción de la fotografía, descripción breve de su autor (hasta 200 caracteres).  
  • La fotografía debe adjuntarse en formato JPG. 
  • Las fotografías deben tener pie de foto que incluya: breve narración o descripción de la fotografía, ciudad de la fotografía y fecha.  
  • Una vez finalizada la fecha de inscripción se procederá a la evaluación de las fotografías a fin de determinar las cinco piezas seleccionadas. 
  • Inscripciones abiertas hasta el 17 de julio del 2023.  

 

Foro Interamericano contra la Discriminación celebra 10mo aniversario de CIRDI, en el marco de la Asamblea General OEA

Washington D.C., 20 de junio de 2023.- El Foro Interamericano contra la Discriminación, evento anual del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunió a representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, así como a expertos y líderes afrodescendientes , indígenas y LGBTI+ de la región en un diálogo efectivo sobre la discriminación racial en las Américas. 

Este año el Foro tuvo como tema el “Décimo Aniversario de la Adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI)“, y se celebró en el emblemático Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (NMAAHC), en Washington D.C. 

Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, recordó en sus palabras de bienvenida que la CIRDI es una Convención que cubre la discriminación racial de manera amplia, sirviendo no solo a los pueblos afrodescendientes, sino también a los pueblos indígenas y rrom (gitanos/romani). 

El primer panel, “La deuda histórica: responsabilidad del Estado ante el CIRDI y el CIDI”, contó con la participación de Joy-Dee Davis Lake, Ministra Consejera de la Embajada de la OEA y Misión Permanente de Antigua y Barbuda. En su relato, la Ministra hizo hincapié en la construcción de un mundo mejor para la diversidad, sin discriminación, donde cada individuo pueda desarrollar todo su potencial. Este panel también incluyó a Luz Elena Baños Rivas, Embajadora de la Misión Permanente de la OEA en México, quien no puede asistir en persona, pero envió sus palabras de necesidad de compromiso y fortalecimiento del CIRDI a los Estados Miembros de la OEA.

Moderado por Carlos Quesada, el segundo panel “Esfuerzos internacionales para combatir la discriminación racial y étnica” contó con las palabras de Margarette May Macaulay, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Desirée Cormier-Smith, Representante Especial para la Equidad y la Justicia Racial (SRREJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Symmy Larrat, Secretaria Nacional de Derechos LGBTQIA+ y Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil. 

“Es necesario prestar atención a la representación racial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Secretaría de las Naciones Unidas. Además, hago un llamado a los ministros de gobiernos y partidos políticos para que reflexionen sobre la resistencia y la inacción para la aprobación del CIRDI por parte de los Estados Miembros”, dijo Margarette May Macaulay.

“Tenemos que acordar mantener abierta la ventana de la justicia racial y social, es nuestra responsabilidad si esta ventana se cierra”,  enfatizó Desirée Cormier-Smith y pidió a todas las personas afrodescendientes que se empoderen e influyan en sus gobiernos para construir una democracia antirracista.

En su discurso, Symmy Larrat celebró la reanudación del Consejo de Participación Popular LGBTI y anunció la creación de un Grupo de Trabajo sobre ‘Memoria y Verdad’, que contará con expertos y miembros de la sociedad civil para implementar políticas públicas que aborden la reparación histórica de la población LGBTI. “Es un desafío fortalecer los movimientos sociales LGBTI con un congreso tan conservador. Ganamos las elecciones, pero no ganamos la ola fascista”, dijo.

Líderes afrodescendientes e indígenas de la sociedad civil de América Latina presentaron sus relatos en el panel ‘Experiencias regionales: la inclusión como herramienta para fortalecer voces diversas’. Moderado por Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de las Mujeres Negras Peruanas (CEDEMUNEP), el diálogo incluyó a brasileños como Maurício Yek’uana, Director Hutukara Asociación Yanomami, quien llamó la atención sobre avance del narcotráfico entre los países limítrofes con las tierras indígenas yanomami de Brasil. “Además de los mineros que hemos estado denunciando durante años, están llegando facciones criminales y la acción del gobierno aún es insuficiente para contener a los invasores en la región”, señaló Maurício Yek’uana. Asimismo, Adailton Moreira, Babalorixá Ilê Axé Omiojuarô, quien denunció el racismo religioso y el consentimiento del Estado por la inexistencia de políticas públicas que puedan frenar la violencia contra las religiones de origen africano. 

En representación de la agenda LGBTI, el panel contó con la participación de Sandra Milena Arizabaleta, Representante Legal de la Fundación Afrodescendiente para la Diversidad Social y Sexual (SOMOS IDENTIDAD), de Colombia; y el nicaragüense Yader de los Ángeles Parajón Gutiérrez, activista LGBT y miembro de la Asociación Madres de Abril y del Partido Unamos. 

“La educación y la voluntad política del antifascismo son necesarias para una inclusión real. Las autoridades deben servir de puente entre el activismo y el gobierno”, ha manifestado Sandra Milena Arizabaleta.

Por su parte, Yader de los Ángeles Parajón concluyó: “Nicaragua tiene una deuda con la identidad de género. La violencia generada por la dictadura es a todos los niveles, es silenciosa. Muchos activistas son perseguidos. En este sistema, ya no viven, pero sobreviven”.También participaron en este panel la indígena guatemalteca Wendy Geraldina López Rosales, miembro y abogada de la Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA); y el activista cubano Jorge Luis García Pérez, quien llamó a una alianza efectiva por los derechos de sus pueblos.

“El Estado guatemalteco emite órdenes de captura contra pueblos indígenas, criminalizándolos y sometiéndolos a tratos inhumanos. Nos tratan como invasores, pero nadie puede ser invasor de una tierra que históricamente les pertenece”, advierte Wendy López.

“Soy un ex preso político de Castro. Y mi familia es víctima de una feroz persecución por ser negra, por ser un oponente. La dictadura tampoco admite ningún tipo de fe”, dijo Jorge Luis García Pérez, señalando que en Cuba también hay persecución religiosa basada en la discriminación racial.

El último panel, ‘Coalición de Afrodescendientes de las Américas y el 53º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA‘, moderado por Elvia Duque, Oficial Superior del Programa sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad, trajo al público un mayor conocimiento sobre la 53ª Asamblea General de la OEA con la presencia de Paulina Corominas, Directora de la Oficina de la Sociedad Civil del Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA; y Rosa Castro de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca y Coordinadora de la Coalición Afrodescendiente de las Américas de la 53ª Asamblea General de la OEA. 

Paula Corominas explicó que hay 3 coaliciones temáticas formadas dentro  de la 53ª Asamblea General de la OEA y que el 21 de junio se realizará el diálogo entre los representantes de la OEA y la sociedad civil. Por su parte, Rosa Castro señaló algunas de las demandas de la Coalición Afrodescendiente de las Américas  que implican una reunión de alto nivel por el 10º aniversario de la CIRDI y una agenda en la que se contemple un fondo para afrodescendientes.

A partir de estas diversas voces que hicieron resonar las diferentes realidades y contextos de los pueblos afrodescendientes, indígenas y LGBTI de América Latina, Raza e Igualdad presentó un llamado a la unidad de las Américas en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Con la CIRDI como lema para un plan efectivo para su implementación por parte de todos los Estados Miembros de la OEA para 2024, continuamos en alianza, apoyando y formando a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan ocupar cada vez más estos espacios estratégicos como el Foro Interamericano contra la Discriminación.

¿Te perdiste el evento? Revívelo a través de este enlace: fb.watch/lhnPl8jt7F/

¡Conoce nuestra campaña CIRDI 2024! https://cirdi2024.org/pt/ 

Anulación de registros civiles y cancelación de cédulas a personas colombo-venezolanas: presentamos concepto técnico

Colombia, 15 de junio del 2023.– La nacionalidad es un vínculo legal, político y jurídico que une a un Estado con una persona y es instrumental para el acceso a múltiples derechos fundamentales y servicios. Este derecho ha sido particularmente importante para las personas retornadas, es decir, hijas e hijos de madres y/o padres colombianos que, por la crisis humanitaria, política y social que atraviesa Venezuela, han decidido establecerse en Colombia. 

Sin embargo, en los últimos 2 años este derecho ha sido fuertemente amenazado. El 30 de julio de 2021 entró en vigencia la Resolución 7300 de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), que desarrolla el proceso de anulación de registros civiles de nacimiento y la consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía por supuesta falsa identidad. A septiembre de 2022, la RNEC había cancelado aproximadamente 43.700 documentos de identidad, de los cuales 26.812 correspondían a personas colombianas nacidas en Venezuela, impactando de manera específica los derechos de esta población. 

Entre esos casos, se encuentra el de una mujer colombo-venezolana retornada que presentó una acción de tutela al verse afectada por la anulación de su registro civil y cancelación de su cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, vulnerando de esta forma sus derechos a la igualdad y no discriminación, al debido proceso, la nacionalidad y a la personalidad jurídica, que condicionan el acceso a múltiples servicios y garantías fundamentales.

Este caso motivó a que la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes; el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos; y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad —Dejusticia, presentáramos un concepto técnico a la Corte Constitucional, donde sostenemos que facilitar el acceso a documentación a través de la inscripción en el registro civil de nacimiento y la obtención de la cédula de ciudadanía es un mecanismo crucial para promover la integración de la población colombo-venezolana. 

Sin embargo, en los últimos años, este proceso se ha complicado debido a las barreras existentes en Venezuela para acceder a documentación oficial apostillada; y por las medidas de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, que ha inaplicado la norma que permitía hacer la inscripción extemporánea de la nacionalidad sin documentos apostillados. 

A partir del análisis de las barreras que enfrentan las personas colombo-venezolanas que han realizado la inscripción extemporánea de su nacimiento, ofrecimos una serie de pautas concretas para dar una solución al caso particular, pero que a su vez sirvan en casos similares.

En el concepto técnico, reiteramos el deber que tiene el Estado colombiano de brindar protección y garantizar derechos. Además, resaltamos que la nacionalidad es un derecho que abre la puerta para poder ejercer otros derechos y acceder a servicios básicos como la salud, la educación, el trabajo, entre otros. No tener nacionalidad, implica el riesgo de convertirse en apátrida, es decir, de no existir jurídicamente al no ser reconocido por ningún Estado.

La anulación de registros civiles de nacimiento y cancelación de cédulas de más de 43.700 personas representa una violación sistemática, masiva y generalizada de sus derechos fundamentales. Esto derivó, en particular, en violaciones a los derechos al debido proceso que se materializaron en resoluciones de grupos de 50 personas. Al tratarse de actuaciones masivas, no se exponen de manera congruente las razones de hecho y derecho que motivaron la actuación de la RNEC.

La RNEC no evaluó los aspectos de legalidad, proporcionalidad y necesidad, que implicaban valorar los impactos que esto generaría en la vida de los individuos y sus familias, así como el riesgo de apatridia que supone la medida para niños, niñas y adolescentes.

Por ello hacemos un llamado a la Corte Constitucional, para que no solo proteja los derechos fundamentales de quien interpuso la acción de tutela, sino de todas aquellas personas que comparten la misma situación jurídica y fáctica de la accionante y que enfrentan las mismas afectaciones a sus derechos fundamentales, como consecuencia de las actuaciones inconstitucionales de la RNEC.

La Corte Constitucional puede amplificar la decisión cuando evidencia que la accionante pertenece a un grupo de personas que se encuentran en condiciones similares. Las personas afectadas por las actuaciones administrativas de la RNEC pertenecen a la población migrante, es decir, son sujetos de especial protección constitucional. A estas personas se les han desconocido en similares condiciones sus derechos fundamentales al debido proceso y al principio de legalidad y, por otra parte, esta masiva vulneración de derechos fundamentales conlleva el desconocimiento de otras garantías.

Por eso solicitamos a la Corte Constitucional que revoque el fallo, amparando los derechos de la accionante, entendiendo la importancia de prevenir y evitar que esta acción se repita. Así como sugerimos que la Registraduría Nacional del Estado Civil revise, en concordancia con el principio de legalidad, el procedimiento de anulación de registro civil y la consecuente cancelación de cédula de la accionante. Finalmente, solicitamos a la Corte Constitucional que emita un fallo con efectos inter comunis para que los casos de la población retornada que se encuentra en condiciones fácticas y jurídicas similares también puedan ser remediados.

Descarga el concepto técnico que presentamos a la Corte Constitucional 

Activistas afrodescendientes de América Latina y el Caribe se toman Nueva York y Washington D.C.

Washington D.C., 31 de mayo de 2023 – En vista de la celebración de la segunda sesión del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas (PFPAD por sus siglas en ingles), que tendrá lugar del 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York (EE.UU.), organizaciones de mujeres afrodescendientes de Brasil, Colombia y República Dominicana han conformado una Delegación de Justicia Racial para denunciar la violencia racial y de género en América Latina.  Con el apoyo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Alianza Negra para Poner Fin a la Violencia (Fundo Elas), la Delegación de Justicia Racial tiene como objetivo resaltar la condición de las mujeres afrodescendientes y la urgente respuesta para obtener apoyo internacional en la construcción de agendas y proyectos para combatir, a través de una perspectiva interseccional, las diferentes formas en que la violencia racista afecta la vida de las mujeres latinas.

Además, Raza e Igualdad junto con la Open Society Foundation están fomentando la participación de otras 15 organizaciones representadas en su mayoría por mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe en el Foro Permanente de los Afrodescendientes.  Con esto, cerca de 30 organizaciones formarán parte de esta Delegación de Justicia Racial presente en el Foro en un llamado conjunto a la cooperación internacional para poner fin a la violencia racial y de género en las Américas.  El objetivo de esta delegación es también preparar un informe con recomendaciones y opiniones sobre los períodos de sesiones primero y segundo del Foro Permanente, para ser presentado en el tercer período de sesiones, que está previsto que tenga lugar en Brasil en 2023.

El Foro Permanente sobre los Afrodescendientes fue creado en 2021 gracias a la Resolución 75/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo un mecanismo consultivo con el propósito de contribuir a la lucha contra el racismo y la consolidación de los derechos de la población afrodescendiente, colaborando con el Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de la ONU.  La primera reunión tuvo lugar en diciembre de 2022 en Ginebra, Suiza, y durante el año 2023, además de la próxima sesión en Nueva York, el mecanismo tiene previsto reunirse en diciembre en Brasil. El Foro Permanente sobre los Afrodescendientes se estableció entre las actividades de implementación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y está presidido por Epsy Campbell Bar, ex vicepresidenta de Costa Rica.

Evento paralelo: Violencia racial y de género en América Latina

El jueves 1 de junio, a la 1:15 p.m. (hora de Nueva York), en el Church Center de Naciones Unidas, se llevará a cabo el evento ‘Violencia racial y de género en América Latina’, que hará un llamado a los actores políticos presentes en Nueva York, para que escuchen sobre la realidad de las mujeres negras y LBTI latinoamericanas. Con los conversatorios: ‘Derechos de las mujeres e interseccionalidad’ y ‘La visión de la sociedad civil en la lucha contra la violencia de género en América Latina’, este espacio, que se realizará en el marco del Foro Permanente de los Afrodescendientes, pretende contribuir a que las lideresas latinoamericanas dialoguen sobre los diferentes contextos en los que viven, lugares donde la brutalidad del racismo estructural es totalmente similar en términos de discriminación y violencia.

Además, la urgencia de abordar el tema de la violencia racial y de género se basa en datos que apuntan a América Latina como una de las regiones más violentas del eje sur global, siendo la población negra la principal afectada por la ausencia de políticas específicas. Por lo tanto, esta delegación tiene como objetivo aportar en la construcción de la agenda y declaración del Foro Permanente con un enfoque dirigido a combatir la violencia racial y de género en América Latina. Junto con esto, establecer canales adecuados para la obtención de datos desagregados para una mejor ejecución y proposición de políticas públicas adecuadas a las realidades de las personas afrodescendientes, especialmente de las mujeres afrodescendientes.

Semana de incidencia política en Washington D.C.

 Con el fin de fortalecer y continuar el trabajo que se llevará a cabo en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, del 5 al 7 de junio esta delegación se dirigirá a Washington D.C. Allí, con el apoyo de organizaciones como la Washington Brasil Office (WBO) y Black Women Radicals, se reunirán con representantes del Departamento de Estado y con organizaciones afronorteamericanas, como el Black Caucus. También sostendrán encuentros con misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Igualmente, la Delegación de Justicia Racial actuará estratégicamente para la implementación y fortalecimiento de tratados internacionales bilaterales entre sus países, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI),  el Plan de Acción Conjunto para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica y la Promoción de la Igualdad (JAPER), que acaba de ser reactivado entre Brasil y los Estados Unidos;   y el Plan de Acción entre los Estados Unidos  y Colombia para la Igualdad Racial y Étnica (CAPREE).

“Para esta delegación, es crucial que sean directamente las mujeres afrodescendientes quienes expongan sus realidades y recomendaciones para un cambio positivo porque ocupan un rol clave en la defensa de sus comunidades. Además, el contexto de justicia racial en las Américas es uno de los puntos de importancia para fomentar el intercambio entre organizaciones afrolatinoamericanas y afronorteamericanas”, explica Elvia Duque, Oficial de Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad.

Para cerrar la semana de incidencia política, también se llevará a cabo el 7 de junio, a partir de las 11 a.m. (hora Washington D.C), el evento Movimiento de Mujeres Afrolatinoamericanas en Washington D.C., que se realizará en el centro de reuniones para mujeres afrodescendientes ÌPÀDÉ. El conversatorio sobre estrategias de comunicación y movilización contra el racismo y la violencia racial en las Américas contará con las lideresas que conforman la delegación.

Agenda

Delegación de Justicia Racial de Mujeres Afrodescendientes de América Latina y el Caribe

 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes – 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York

Evento paralelo: Violencia racial y de género en América Latina

Jueves 1 de junio, 1:15 p.m. (hora de Nueva York),

Lugar: UN Church Center – 777 United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017.  Situado a dos minutos a pie de la sede de la ONU.

Semana de incidencia en Washington DC – 5-7 de junio

Evento: Movimiento de Mujeres Afrolatinoamericanas en Washington D.C.

Miércoles 7 de junio a las 11 a.m. (DC).

Lugar: ÌPÀDÉ – 1734 20th St NW, Washington, DC 20009

Día de la afrocolombianidad: La importancia de adoptar los Mecanismos e Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos

Colombia, 24 de mayo del 2023.Cada 21 de mayo se celebra en Colombia el Día de la Afrocolombianidad[1] , en conmemoración de la lucha de las comunidades afrodescendientes por conseguir la abolición de la esclavitud en Colombia[2], una fecha que busca reconocer y valorar la riqueza cultural y étnica de esta población en el país. Sin embargo, a pesar de los avances en materia de derechos y reconocimiento, aún existen importantes desafíos para garantizar la igualdad y la protección de los derechos de las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Colombia. En el marco de esta conmemoración, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos presenta su participación en los Mecanismos e Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos humanos e insta al Estado colombiano a realizar todas las acciones pertinentes para su su implementación efectiva.

Una de las principales barreras que enfrentan las personas afrocolombianas es la discriminación racial, la exclusión social y la violencia policial racista por parte de la Fuerza Pública. A pesar de que la Constitución Política de Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural del país, la realidad es que muchas personas afrodescendientes continúan siendo víctimas de prejuicios y estereotipos negativos que limitan sus oportunidades, acceso y garantía de derechos como la educación, la salud y el trabajo. Además, la población afrocolombiana ha sido afectada e impactada diferencialmente en el marco del conflicto armado. Por ejemplo, la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha identificado que 2.752 personas dadas por desaparecidas son pertenecientes a comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras[3]. Esto sumado a que las comunidades afrocolombianas han sido invisibilizadas por los censos estatales y las cifras oficiales no dan cuenta del tamaño de esta población en el país. Así, el último censo realizado en 2018 ignoró al 30% de personas afrocolombianas, en lo que fue considerado un “daño irreversible” por la Corte Constitucional, que condujo a la invisibilización estadística de esta población. La disminución en la cifra de población afrodescendiente no se debió a cambios en la natalidad y la mortalidad de la población, sino a múltiples dificultades que tuvo el censo realizado por el Estado, como problemas de seguridad en los territorios, falta de capacitación del personal que realizó las entrevistas, entre otros[4]. Estos resultados se deben a la falta de atención por parte de la institucionalidad hacia las advertencias frecuentes de las organizaciones étnicas afrodescendientes e indígenas. El fenómeno de la invisibilidad estadística afecta a la población afrodescendiente y es una forma indirecta de discriminación. A través de los siglos, esta población ha tenido que exigir su reconocimiento para identificar las desigualdades que enfrentan y acceder a sus derechos fundamentales[5]. Con la reducción de la población afrodescendiente en Colombia en 2018, el Estado Colombiano ignoró en su momento la posibilidad de adoptar políticas públicas a favor de este grupo étnico

Ante este panorama, es fundamental que el Estado colombiano adopte las Convenciones e Instrumentos Internacionales de protección de derechos en contra del racismo sistémico y la discriminación racial con el fin de garantizar la igualdad y la protección de los derechos de la población afrocolombiana. Es importante destacar el papel de La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés) la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965 y entró en vigor en 1969. Colombia ratificó la ICERD en 1981, comprometiéndose a tomar medidas para prevenir y erradicar la discriminación racial en todas sus formas en el país[6]. Entre las principales recomendaciones de la ICERD destacan: la necesidad de adoptar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar el racismo y la discriminación racial en todas sus formas. También se hace hincapié en la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la igualdad y no discriminación, así como de promover la educación y la sensibilización sobre la diversidad cultural y étnica del país.

Examen Periódico Universal (EPU)

El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso único que se realiza cada cuatro años y medio, el cual implica la evaluación de los registros de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Es un proceso auspiciado por el Consejo de Derechos Humanos, que brinda a cada Estado la oportunidad de informar sobre las medidas que ha tomado para mejorar la situación de los derechos humanos en su país y cumplir con sus obligaciones en esta materia. En este proceso participa el Estado, que puede presentar un informe nacional, expertos y grupos independientes[7], así como instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. En el cuarto ciclo del EPU, Colombia presentó contribuciones sobre las acciones implementadas para garantizar los derechos humanos a nivel nacional. El Instituto Raza e Igualdad también participó con un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en Colombia, en el que se describen las recomendaciones implementadas y se establecen nuevas recomendaciones para garantizar su cumplimiento en temas como el conflicto armado, la implementación del Acuerdo de Paz, la situación de las personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes y acciones en contra del racismo y la discriminación racial.

Entre las recomendaciones realizadas por el Instituto en el informe se destacan:

  • Establecer un mecanismo de seguimiento eficaz de implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz que promueva la interlocución entre instituciones estatales y comunidades afrodescendientes
  • Implementar una valoración del riesgo que garantice la incorporación del enfoque étnico-racial, de género y territorial, desde una perspectiva interseccional, en las instancias de discusión del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).
  • Fortalecer y promover la participación de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en el proceso de análisis del riesgo a fin de adoptar de medidas de protección que respondan a las necesidades de las personas protegidas.
  • Desarrollar espacios participativos permanentes desde un enfoque territorial con comunidades afrodescendientes de rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo de Paz y el capítulo étnico con el fin de propiciar un monitoreo e interlocución directa con las instituciones del Estado.
  • Diseñar e implementar un protocolo y ruta de atención que permitan establecer mecanismos de monitoreo para la implementación de la Ley 1482 de 2011.
  • Ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI).

Mecanismo Internacional de personas Expertas Independientes para promover la justicia y la igualdad raciales en el contexto de la labor de las fuerzas del orden – EMLER

El Mecanismo Internacional de personas Expertas Independientes es una iniciativa destinada a promover la justicia y la igualdad racial en el contexto de la labor de las fuerzas del orden. Su objetivo es garantizar que las prácticas policiales sean justas e imparciales, y que se respeten los derechos humanos en todo momento. Este mecanismo está integrado por personas experta independientes de todo el mundo, que trabajan en estrecha colaboración con las autoridades nacionales y locales, así como con la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos. Su labor consiste en llevar a cabo investigaciones imparciales y objetivas sobre denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, y en hacer recomendaciones para mejorar las prácticas policiales y prevenir futuras violaciones.

Este año el Instituto Raza e Igualdad y la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A), realizaron en conjunto un aporte escrito al Mecanismo, con el objetivo de colaborar en la creación del segundo informe, tal como se establece en el párrafo 15 de la resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos. Allí se describen y analizan las iniciativas prometedoras y buenas prácticas que se están adoptando en Colombia para abordar el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden.

Algunas buenas prácticas que se estén adoptando para abordar el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden son: la transformación del enfoque de la seguridad que por décadas se ha basado en la construcción y eliminación del enemigo interno, transformación del cuerpo de policía y en la reconstrucción de la seguridad ciudadana , la creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden como una iniciativa de reforma al ESMAD, la inclusión del enfoque de seguridad humana para la defensa de lideresas y líderes sociales desde un enfoque diferencial individual y colectivo, y la creación a mediano plazo de un Ministerio para la Paz.

Así mismo las organizaciones de la sociedad civil han ejecutado iniciativas para denunciar el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden entre los cuales destacamos: La Plataforma GRITA[8] y Policarpa[9] de Temblores ONG y el Pliego de propuestas sobre la reforma policial dirigido al Estado[10], elaborado por Mesa por la Reforma Policial, de la cual el Instituto Raza e Igualdad hace parte.

Algunas recomendaciones incluidas en el aporte al Mecanismo realizadas por Raza e Igualdad y el CNOA son:

  • Inclusión e implementación de enfoques diferenciales, desde una perspectiva interseccional, en las políticas y estructuras de la Fuerza Pública
  • Formación del cuerpo policial en Derechos Humanos
  • Garantizar el derecho a la protesta a través de la existencia de protocolos diferenciados en contextos de manifestaciones sociales
  • Transformar la doctrina de la Policía Nacional
  • Establecer mecanismos de rendición de cuentas y veedurías ciudadanas
  • Garantizar el acceso a la justicia de víctimas de violencia policial y de violencia policial racista

La ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)

 La Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) fue adoptada por la OEA en 2013 para proteger y promover los derechos humanos de todas las personas sin importar su raza, color, ascendencia u origen étnico. El Gobierno colombiano firmó esta convención en 2014 pero aún no ha sido ratificada. Un proyecto de ley fue radicado en el Congreso en 2021 para lograr su ratificación y promover su implementación efectiva en las Américas. La convención busca prevenir y eliminar la discriminación racial y otras formas de intolerancia, promover la igualdad y combatir el racismo en todas sus formas.

La ratificación de la CIRDI es un paso fundamental para consolidar el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y garantía de los derechos humanos y la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

En el marco del Día de la Afrocolombianidad, El Instituto Raza e Igualdad insta al Estado colombiano a que adopte un enfoque integral para abordar las múltiples formas de discriminación y exclusión que enfrenta la población afrocolombiana. Esto implica no solo la adopción de medidas específicas para garantizar su protección y promover su inclusión social, sino también el reconocimiento y valoración de su legado histórico en el país. En conclusión, el Día de la Afrocolombianidad nos recuerda la importancia de reconocer y valorar la diversidad étnica y cultural del país, así como de adoptar medidas efectivas para garantizar la igualdad y la protección de los derechos de todas las personas. En este sentido, es fundamental que el Estado colombiano adopte los mecanismos internacionales de protección de derechos y adopte medidas concretas para combatir el racismo, la discriminación racial y promover la inclusión social de la población afrocolombiana.

 

[1] https://www.mincultura.gov.co/prensa/publicaciones/Paginas/dia-de-la-afrocolombianidad.aspx

[2] Consagrada en la Ley 21 de mayo 21 de 1851

[3] https://www.elespectador.com/judicial/dia-de-la-afrocolombianidad-2752-de-personas-desaparecidas-son-de-esta-comunidad/

[4] https://ilexaccionjuridica.org/wp-content/uploads/2023/03/La-invisibilidad-estadistica-de-la-poblacion-afrocolombiana-y-su-impacto-en-los-derechos-humanos_WP-ILEX.pdf

[5] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/08/reduccion-de-30-de-la-poblacion-afrocolombiana-en-censo-de-2018-sera-estudiada-por-la-corte-constitucional/

[6] https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=37&Lang=SP

[7] Procedimientos especiales, organismos de tratados, de derechos humanos, y otras entidades de las Naciones unidas

 

[8] https://www.temblores.org/grita

[9] https://www.temblores.org/policarpa

[10] https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2023/03/PLIEGO-REFORMA.pdf

El Instituto Raza e Igualdad presenta la Escuela de Incidencia Política en Movimiento

Colombia, 18 de mayo del 2023.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presenta la Escuela de Incidencia Política en Movimiento – EIM, un espacio de formación virtual creado para fortalecer las capacidades de líderes y lideresas sociales, activistas, integrantes de organizaciones sociales, funcionarias y funcionarios públicos, y personas migrantes interesadas en reforzar sus conocimientos en estrategias de incidencia, comunicación para la incidencia, funcionamiento del Estado Colombiano y aplicación de enfoques diferenciales y de género, a fin de mejorar sus habilidades y competencias, y llevar eficazmente procesos de incidencia ante instituciones nacionales e internacionales para promover la garantía efectiva de los derechos humanos, desde una perspectiva interseccional y con la aplicación de enfoques diferenciales. 

Las personas participantes podrán establecer relaciones conceptuales y contextuales que les permitirán adquirir una comprensión integral de los temas abordados, convirtiéndose en actores de cambio, con el fin de ampliar los marcos de interpretación de las realidades sociales a partir de las experiencias y situaciones de diversos grupos poblacionales. Es importante destacar que la escuela está diseñada con un énfasis transversal de los enfoques diferenciales y la perspectiva interseccional para el acceso a los derechos de la población en situación de movilidad humana. Esto permitirá a las personas participantes realizar un diagnóstico desde esta perspectiva y fortalecer sus capacidades internas de gestión interinstitucional, interacción política y formulación de agendas de trabajo e incidencia, a fin de promover una participación efectiva de diferentes instituciones a nivel nacional, regional e internacional.  

Las personas interesadas en participar deberán diligenciar el formulario de inscripción con sus datos personales y responder la encuesta que allí aparece. En el plazo de un día hábil llegará a su correo electrónico la información para acceder a la Escuela de Incidencia Política en Movimiento. Desde Raza e Igualdad certificaremos: 1. La participación en cada uno de los módulos realizados sí se cuenta con un 70% de los contenidos aprobados; o, 2. Se certificará el curso completo si se alcanza el 70% de los contenidos aprobados en los cuatro módulos. Podrá acceder desde un computador o dispositivo móvil, descargando la app de Moodle y siguiendo las instrucciones. 

La Escuela cuenta con 4 módulos de aprendizaje:

1. Incidencia Política
2. Conocimiento del Estado colombiano para acceso a derechos y servicios
3. Enfoques diferenciales y de género
4. Investigación y comunicación para la incidencia política

Para un total de 40 horas.

 Diligencia el formulario y haz parte del cambio.   

Escuela de Incidencia Política en Movimiento, inscripciones abiertas. 

COMUNICADO: A dos años del Estallido Social de 2021 ¡exigimos una Reforma Policial ya!

Colombia, 28 de abril de 2023.-El Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, marcó un punto de quiebre en la historia reciente de Colombia. Durante más de tres meses, en todo el territorio nacional, amplios sectores de la sociedad civil expresaron de diversas formas, en las plazas y en las calles, en los barrios y comunas, una serie de  exigencias de condiciones de vida digna. A esta masiva expresión de descontento social se sumaron banderas, movimientos, organizaciones sociales y la población colombiana en general, para la reivindicación del goce efectivo de derechos fundamentales.

La legítima expresión social fue respondida con violencia policial y múltiples violaciones a los derechos humanos, como la criminalización de la protesta pacífica y el perfilamiento racial. En cifras reportadas por organizaciones como la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, se documentaron 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 116 lesiones oculares, 343 agresiones a personas defensoras de derechos humanos y 106 denuncias por violencias basadas en género[1]. Algunas de estás Violencias tuvieron impactos diferenciales; así de acuerdo con el  Proceso de Comunidades Negras y otras organizaciones afrodescendientes, se presentaron hechos de 15 violencias basadas en género contra mujeres afrodescendientes a nivel nacional, 26 desapariciones forzadas, 7 detenciones arbitrarias y 36 asesinatos contra personas afrodescendientes.[2]

Por otra parte, cinco relatoras y relatores de la ONU[3] divulgaron en marzo de este año una comunicación con su preocupación por la existencia de “un patrón de uso indiscriminado del derecho penal y del poder fiscalizador del Estado con la finalidad de judicializar a personas que participaron en la protesta” con dos modalidades: aplicación indiscriminada de la captura en flagrancia y el traslado por protección en una primera etapa y; judicializaciones sustentadas en posibles montajes y apelando al uso de tipos penales desproporcionados, como el de terrorismo y concierto para delinquir a partir de junio de 2021.  Además, las detenciones y los traslados por protección fueron utilizados para la comisión de otras agresiones (violencias sexuales, agresiones físicas, torturas, tratos crueles e inhumanos) por lo que se recuerda que el Estado asume un deber de protección reforzado cuando una persona se encuentra privada de libertad y bajo su control efectivo.

Al elevado número de víctimas se suma el alto nivel de impunidad. Según datos de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, de las denuncias recibidas por abusos de autoridad, tan solo 1.34% se encuentran en investigación, 4.2% en juicio, 0.54% en ejecución de pena, 0.02% en terminación anticipada y tan sólo 0.7% de los casos se han emitido fallos[4]. Esta preocupación es compartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su primer informe de seguimiento de recomendaciones de su visita de trabajo a Colombia en 2021, expresó la necesidad de realizar una rendición de cuentas sobre lo ocurrido en el contexto del Paro Nacional, especialmente asegurando medidas de reparación integral y oportuna para las víctimas.

En ese sentido, no hay garantías efectivas a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición cuando a las víctimas de violencia policial se les niega el acceso a la justicia. A la vez se afecta la materialización de otras exigencias como la creación de una ruta de atención integral a víctimas, el acompañamiento jurídico y psicosocial, la atención médica oportuna y otras acciones relacionadas al goce de derechos fundamentales, que además tengan en cuenta  enfoques diferenciales como el étnico-racial y de género. El estado de impunidad aumenta las condiciones para la continuidad de los casos de violencia policial, por lo que el trámite de dichos procesos en su mayoría han significado un perjuicio para las víctimas y han terminado en hechos de revictimización, afectando de forma desproporcionada a grupos históricamente discriminados como la población afrodescendiente, indígena y LBGTIQ.

A raíz de estos procesos movilizatorios y los intentos de autorreforma en la Policía Nacional durante el Gobierno de Duque, las consignas por una reforma policial integral con participación amplia de la sociedad civil y el desmonte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) tomaron fuerza. Dos años después de la oleada de vulneraciones a los derechos humanos en el Paro Nacional, estas exigencias continúan pendientes.

En el último año, la Policía y el Ministerio de Defensa han impulsado un proceso de transformación del ESMAD hacia la consolidación de la UNDMO (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden), una vez más, sin contar con la sociedad civil y con las víctimas de violencia policial para establecer diálogos y generar propuestas de manera conjunta y vinculante. Esto ha llevado a que la nueva Unidad conserve problemas estructurales, tales como: a. conservar la doctrina; b. actuar en contextos de riñas, minería ilegal, en centros penitenciarios y carcelarios y en la sustitución de cultivos ilícitos, cuando es una Unidad para la atención de manifestaciones; c. no incluir enfoques diferenciales; d. desarrollar acciones de inteligencia y perfilamiento de líderes y lideresas de las movilizaciones; y por último, e. continuar con el uso de armas potencialmente letales sin tener en cuenta sus impactos médicos, psicosociales y ambientales.

A lo anterior se suma la preocupación por la no difusión, amplia y clara, de la Resolución 1091 del 31 de marzo de 2023, que expide el Manual para la atención a la Reunión y Manifestación Pública y Pacífica y Control de Disturbios de la Policía Nacional de Colombia y que, de cara a la creación de la UNDMO, es clave que la sociedad civil conozca sus principios y funcionamiento.

Hacemos un llamado a que el Gobierno Nacional para que reconozca públicamente los hechos cometidos durante el Paro Nacional por la Fuerza Pública, y así mismo se haga responsable de establecer rutas de atención y acompañamiento para las víctimas de la violencia policial en todo el país, adelantar acciones para su reparación y para la no repetición de hechos que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de la población colombiana, en especial aquella que merece especial protección constitucional.

Es necesario que el proceso de reforma a la Policía no esté basado en acciones de autorreforma, sino que su transformación sea fruto del consenso con la sociedad civil organizada y poniendo en el centro las perspectivas de las víctimas.

Exigimos a la Fiscalía General: (i) Cesar la persecución judicial a quienes participan en protestas sociales, (ii) Tramitar procesos judiciales con transparencia, el adecuado uso del derecho penal y con plenas garantías al debido proceso y el derecho a la defensa, (iii) Ordenar la liberación de las personas judicializadas y privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social.

Firmamos:

 

  • Amnistía Internacional
  • Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas – CDLAT
  • Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia
  • Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
  • Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares – MOCAO
  • Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” – CAJAR
  • Colectivo de Abogados Justicia Racial – JusticiaR
  • Corporación Justicia y Democracia -CJyD-
  • Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad
  • Limpal Colombia
  • Humanidad Vigente Corporación Jurídica
  • Fundación Karisma
  • Fundación Lazos de Dignidad – FLD
  • Fundación La Manada Feminista de DDHH
  • Temblores Ong
  • Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo- MODEP
  • Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
  • Ilex Acción Jurídica

[1] CDLAT (2012). El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en 2021. https://n9.cl/wieq0

[2] PCN et. al (2021) Informe afectaciones a pueblo negro afrodescendiente en Colombia el marco del Paro Nacional. https://renacientes.net/wp-content/uploads/2021/06/InformeAFRO_ParoNacional2021-PUBLICO.pdf

[3] Mandatos del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de

asociación… (2023) https://n9.cl/9ry7w

[4] CIDH (2023). Primer Informe de Seguimiento CIDH. https://n9.cl/hf9o2

EDITORIAL: 2 AÑOS DEL PARO NACIONAL La urgencia de promover una Reforma Policial integral

Colombia, 28 de abril del 2023.-Han transcurrido dos años desde que el Paro Nacional inició en Colombia. Esta serie de manifestaciones y protestas sociales que comenzaron el fueron una respuesta de diversas organizaciones sindicales y sociales para protestar contra una reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque y también para exigir cambios en el sistema de salud, educación y seguridad del país. Desde su inicio, el Paro Nacional puso en evidencia las graves violaciones a los derechos humanos que se han perpetuado,  en particular la violencia policial y la falta de garantías para el ejercicio de la protesta pacífica, así como malestares históricos relacionados con el racismo estructural, la inequidad y la falta de atención a las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. Dos años después, El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en conjunto con la Mesa por la Reforma Policial[1], hacen un llamado urgente al Gobierno Colombiano a que desarrolle una reforma integral a la Policía Nacional que tenga en cuenta las perspectivas y necesidades de diversos grupos poblacionales que, basados en su experiencia, buscan un país que promueva la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier abuso de poder.

La violencia policial racista: una manifestación de la violencia del Estado

Desde el inicio del Paro Nacional se registraron numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, incluidos casos de brutalidad policial, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos de manifestantes. Además, se ha denunciado la presencia de grupos paramilitares que han atacado a personas manifestantes y han sembrado el terror en las comunidades  Según el informe de Temblores   el informe “SILENCIO E IMPUNIDAD: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia”, presentado por las organizaciones sociales Temblores ONG, Ilex Acción Jurídica, CODHES y Raza e Igualdad, evidenció que, como consecuencia del perfilamiento racial durante el Paro Nacional del 2021, las personas afrodescendientes han sido afectadas diferencialmente como  víctimas de violencia policial racista en ciudades como Cali.

El informe Las huellas del racismo: voces de las personas excluidas y violencia estructural dentro y fuera del estallido social en Cali realizado por varias organizaciones sociales[4]presenta los impactos y afectaciones diferenciales contra personas afrodescendientes generados principalmente por parte de la Fuerza Pública. En este informe, se registraron 64 casos de personas afrodescendientes víctimas de homicidio, detenciones arbitrarias y agresiones físicas.  Asimismo, se indica que, la violencia policial tiene patrones de territorialización que ha afectado de forma desproporcional los territorios donde residen principalmente personas afrodescendientes en la ciudad, el oriente, en las comunas 12,13,14,15,16 y 21 y en territorios con una estratificación socioeconómica 1 y 2.Por otra parte, los hallazgos de este informe presenta los impactos diferenciales sufridos por personas afrodescendientes durante el Paro Nacional; tales como: Impactos psicosociales, físicos, económicos, colectivo, comunitarios, desplazamientos intraurbanos y patrones de barreras para el acceso a justicia en el marco de la violencia estatal reproducida por agentes de la Fuerza Pública. 

A las alarmantes cifras se suma la criminalización de la protesta social y la estigmatización de quienes participan en ella por parte de las autoridades y algunos sectores políticos y mediáticos. Esto ha llevado a que se utilicen figuras penales como el terrorismo y la conspiración para perseguir a manifestantes y líderes sociales.

Cabe resaltar que, el derecho a la protesta pacífica es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución Política de Colombia y en tratados internacionales ratificados por el país.  Sin embargo, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, la falta de identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para los manifestantes, han generado un clima de impunidad y de temor que limita el ejercicio de este derecho. [5]

La violencia policial racista es una manifestación de la violencia del Estado perpetrada por agentes de la Fuerza Pública, ejercida contra personas racializadas, que se caracteriza por la brutalidad en sus acciones. Esta forma de violencia constituye una violación de los derechos humanos, incluyendo palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo y el uso indiscriminado de agentes de represión en manifestaciones. Por consiguiente, la violencia policial racista se basa en prejuicios y estereotipos infundados contra las personas afrodescendientes, lo que las hace más propensas a ser blanco de sospecha y persecución por parte de agentes de la Policía. Esta tendencia se vio agravada durante la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento en Colombia. Así mismo, esta forma de violencia racista se intensifica cuando intersecta con otros factores de discriminación, como la orientación sexual, la identidad de género, la edad y la clase social. Por lo tanto, las mujeres negras y las personas afrodescendientes con orientaciones sexuales o identidades de género diversas han padecido impactos diferenciados de la violencia policial racista ejercida por agentes del orden.

La urgencia de desmontar el ESMAD

 El uso desproporcionado de la fuerza por parte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) durante las protestas sociales en Colombia dejó más de 100 víctimas de lesiones oculares.[6] Ataques que, según describen varias de las víctimas, fueron cometidos con el objetivo principal de castigarles, como consecuencia de hacer uso legítimo de su derecho a la protesta social. En respuesta a estas críticas, se presentó un proyecto de reforma al ESMAD en el Congreso de la República de Colombia, con el objetivo de mejorar la actuación de este cuerpo policial en la atención de manifestaciones, huelgas y protestas, cuando las circunstancias lo ameriten. El proyecto de reforma incluyó propuestas como la prohibición del uso de armas letales, la creación de protocolos de actuación más precisos y la obligación de llevar cámaras de video durante las operaciones.

Además, como parte de la reforma al ESMAD, se propuso la creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), una unidad especializada en la disolución de mecanismos de control que sustituiría al ESMAD en situaciones de control de disturbios y manifestaciones. La UNDMO estaría conformada por miembros de la policía, pero también tendría la participación de expertos en derechos humanos y representantes de organizaciones civiles, con el objetivo de garantizar una actuación más responsable y respetuosa de los derechos humanos en este tipo de operaciones.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Mesa  por la Reforma Policial expresaron al Gobierno su preocupación ante la falta de diálogo por la propuesta de reforma que, para ellos debe ser socializada con los diferentes sectores de la sociedad, especialmente con los que han sido vulnerables al uso de la fuerza por parte del Estado Colombiano. Entre los principales temas expuestos por la Mesa se encuentran: El uso de armas de impacto, indiscriminado y de letalidad reducida y sus impactos, la inclusión de enfoques diferenciales en el uso de la fuerza en territorios rurales y la adopción de recomendaciones de Naciones Unidas en relación con la focalización de las acciones en respuesta a actos violentos durante las manifestaciones.

Así mismo, solicitan la implementación de mecanismos de control y supervisión efectivos para evitar abusos y excesos por parte del ESMAD. También se propone la presencia de veedores ciudadanos en las operaciones del ESMAD y la creación de una unidad especializada en derechos humanos dentro de la Policía Nacional. Además, se sugiere una formación especializada para los miembros del ESMAD en aspectos como el respeto a los derechos humanos, el uso adecuado de la fuerza y la mediación en situaciones de conflicto. El objetivo es garantizar que el ESMAD cumpla con su función de mantener el orden público, pero siempre respetando los derechos humanos, evitando el uso desproporcionado de la fuerza. Esto es un paso crucial hacia una policía más moderna, eficiente y comprometida con  el respecto irrestricto a los derechos humanos

Los estándares internacionales para el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden; s han sido herramientas centrales para monitorear y generar recomendaciones para el cumplimiento de las funciones de la Fuerza Pública. De igual forma, estos instrumentos han sido importantes para promover debates en torno a reformas nacionales que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que

Todas las personas que integran la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones deben garantizar el respeto por la dignidad humana.

 

Este sistema internacional de protección, en 1990 emite los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de personas Funcionarias Encargadas de Hacer Cumplir la Ley[8].Estos principios tienen el objetivo de promover la implementación de medidas que garanticen el uso de la fuerza y de armas de fuego a través de procesos de monitoreo, formación sobre la aplicación de la Ley y restricciones sobre el uso de armas de fuego y el uso de la fuerza garantizando los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.

En el año 2021 se estableció la Resolución 47/21[9], la cual propone la creación del Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes de las Naciones Unidas para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el Contexto de la Labor de las Fuerzas del Orden (EMLER). Su objetivo es monitorear y establecer recomendaciones sobre las medidas implementadas a nivel global para combatir el uso excesivo de la fuerza hacia personas afrodescendientes, así como garantizar su acceso a la justicia y rendición de cuentas.

En línea con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas, que se encuentra vigente desde 1969, se emitió en 2020 la Recomendación número 36 de 20208. Esta recomendación se enfoca en combatir el perfilamiento racial y el uso de tecnologías que reproducen estereotipos racistas y xenofóbicos. Se señala cómo estas tecnologías, como la inteligencia artificial, se basan en representaciones racistas y discriminatorias que han sido fundamentadas socialmente mediante acciones sistemáticas de criminalización y persecución por parte de agentes del orden.

En el ámbito regional, la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia es una herramienta importante para promover y garantizar los derechos de las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Esta convención reconoce e incorpora las realidades específicas de la región en la lucha contra el racismo y formas conexas de discriminación que reproducen los agentes de Fuerza Pública. Sin embargo, solo siete países han firmado esta convención en la región, y solo seis la han ratificado.

Estos estándares establecen un reconocimiento  de las afectaciones diferenciales e impactos del uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes y las barreras de acceso a justicia que enfrentan diariamente. Por lo tanto, estos instrumentos hacen un llamado global a los Estados para que reconozcan, implementen y garanticen acciones contra el racismo sistémico que se ha fundamentado en instituciones como la Fuerza Pública y todo el sistema de justicia. Esto incluye adoptar medidas para prevenir prácticas como el perfilamiento  y contar con información desagregada que considere la pertenencia étnico-racial, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, etc. en casos de abuso policial, garantizandomedidas de reparación integrales para las víctimas.

La violencia policial racista afecta a personas afrodescendientes a nivel global, regional y nacional, impactando su bienestar individual y colectivo.

La falta de medidas de reparación refleja patrones de impunidad e injusticia que revictimizan a las personas afrodescendientes. Así mismo, esta forma de violencia en Colombia muestra el racismo estructural que viven jóvenes, mujeres y personas afro-LGBTI; por eso es de suma importancia visibilizar los impactos de la violencia policial racista y diseñar acciones de reparación con un enfoque étnico-racial y de género, así como garantizar la incorporación de estándares internacionales contra el racismo y la discriminación racial en las reformas policiales.

Mecanismo de seguimiento de la CIDH

 

El informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia[10] anunció la instalación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia”[11] Dicho mecanismo tiene el propósito de hacer seguimiento a las recomendaciones presentadas por la CIDH, sobre los hechos ocurridos durante la protesta social en Colombia que están relacionadas con la protección del derecho a la protesta, el respeto al debido proceso de personas detenidas en el contexto de manifestaciones, la necesidad de procesos de transformación de la cultura institucional de las fuerzas de seguridad y de la Policía Nacional, el acceso a justicia y reparaciones de las víctimas, entre otras.

En particular, tales recomendaciones instan al Estado Colombiano a ejecutar en el marco de las protestas y manifestaciones los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales[12].Además, la CIDH recomienda separar la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa; garantizar mecanismos de acceso a justica con enfoques diferenciales; adoptar medidas para evitar la criminalización contra las personas por su origen étnico-racial, identidad de género, estatus migratorio, origen nacional, etc.; así como garantizar el derecho a la libertad de expresión y proteger a los periodistas y medios de comunicación que cubren las protestas.

Tras los urgentes llamados realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil al Estado Colombiano reiterando la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento,[13]en enero de 2023 el Gobierno Colombiano y la CIDH acordaron la creación del mismo. A la fecha, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil desconocen cuándo se instalará el Mecanismo de Seguimiento y de qué forma podrán involucrarse activamente en el mismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un organismo internacional que tiene como objetivo principal promover y proteger los derechos humanos en América. En este sentido, el mecanismo de seguimiento de la CIDH es una instancia idónea para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia policial. Así mismo, la Comisión cuenta con expertos en derechos humanos y en temas de seguridad ciudadana, lo que le permite realizar investigaciones exhaustivas y hacer recomendaciones adecuadas para prevenir la violencia policial y garantizar la justicia para las víctimas.

El mecanismo de seguimiento de la CIDH también incluye la participación de las víctimas y sus representantes legales, lo que les permite tener un papel activo en el proceso de investigación y seguimiento de sus denuncias.

Propuestas de organizaciones – pliego de peticiones

El pasado 02 de marzo, el Instituto Raza e Igualdad en conjunto con la Mesa Nacional por la Reforma Policial entregaron al Gobierno Nacional y la opinión pública, el pliego de propuestas para que la Policía Nacional de Colombia se reforme de forma integral y  se convierta en servicio público para la paz.

Este documento es resultado de un proceso de discusión y colaboración en el que se valoró la participación de diversos grupos de la sociedad. La elaboración del mismo se originó a raíz de las numerosas violaciones a los derechos humanos perpetradas por la Fuerza Pública, lo que evidenció la necesidad de llevar a cabo una Reforma Integral de la Policía desde una perspectiva diferencial que ponga en primer plano los derechos humanos de todos los grupos poblacionales, respondiendo a sus situaciones específicas. Entre las propuestas destacan 5 puntos clave:

1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles

2. La Policía debe formarse para los derechos humanos, la convivencia y la paz

3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social

4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad

 5. Justicia para las víctimas y ¡no más víctimas de abuso policial.

 Recomendaciones

En el marco de la conmemoración de los dos años del estallido social, el Instituto Raza e Igualdad insta al Estado Colombiano para que reconozca los impactos diferenciales de la violencia policial incluidos los impactos psicosociales, colectivos y comunitarios. Se deben implementar acciones de reparación con un enfoque colectivo, étnico-racial y de género a nivel psicosocial para ayudar a las personas y familias que han sufrido violencia policial, garantizando la acción sin daño. Es esencial que las reformas policiales nacionales y regionales incluyan los estándares internacionales contra la discriminación racial y el racismo, y se monitoree su cumplimiento; Para eso es de suma importancia que cualquier iniciativa de reforma a la policía se haga de forma articulada con las organizaciones sociales y los mecanismos internacionales de derechos, a fin de reconocer las visiones, conocimientos y necesidades de las diversas poblaciones del país; y garantizar así, la igualdad en la protección de los derechos de todas las personas y comunidades, evitando cualquier forma de discriminación.

Así mismo, exhortamos al Gobierno nacional para que impulse la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y consolide de forma efectiva su compromiso con la promoción y garantía de los derechos humanos y la lucha contra el racismo estructural, la discriminación racial y la violencia policial racista.

Queremos hacer un llamado a la sociedad colombiana para reflexionar sobre el papel de la Policía Nacional como institución y limitar su uso de la violencia al mínimo posible, respetando los protocolos, las leyes, la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a los principios fundamentales del uso de la fuerza y las armas letales y no letales. También es importante que se monitoreen los cambios sociales del país para evaluar el papel y la importancia de la Policía Nacional dentro del Estado.

#ReformaPolicialYA

 

 

 

 

[1] organizaciones sociales, académicos y académicas, víctimas de violencia policial, y colectivos de defensa de los derechos humanos de Colombia.

[2] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/05/paramilitares-encapuchados-estarian-disparando-para-disipar-marchas-en-monteria/

[3] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/29/temblores-ong-registro-44-homicidios-durante-el-paro-cuyo-presunto-agresor-seria-un-miembro-de-la-fuerza-publica/

[4] Organizaciones sociales que participaron de la elaboración del informe: Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes (FUNVIMUFROIN), Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (SOMOS IDENTIDAD), Movimiento Ciudadano ORIENTADOSAsociación de Líderes El Perfil, ORIENTADOS, La Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y La Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Valle del Cauca (ASOGROVALLE), La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y Raza e Igualdad.

[5]Código de conducta de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la Ley

  • Principios básicos sobre el empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
  • Resolución 43/1, la Resolución 47/21 que crea el Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad en la Aplicación de la Ley
  • La Declaración y Programa de Acción de Durban
  • Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, inhumanos o Degradantes

[6] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/colombia-actuar-desmedido-esmad-durante-paro-nacional-dejo-mas-100-personas-traumas-oculares/

[7] https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/policia-nueva-unidad-nacional-de-dialogo-y-mantenimiento-del-orden-706024

[8] OHCHR. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement

[9] Naciones Unidas. (2021). Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas africanas y afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del orden, mediante un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales. Consultado en: ﷟Htps://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/199/06/PDF/G2119906.pdf?OpenElement

[10] CIDH. Observaciones y Recomendaciones. Visita de Trabajo a Colombia. 2021. Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf

[11] Ibid. Párr. 187

[12] Ibid. Pág 42

[13] Comisión Colombiana de Juristas. Organizaciones urgen a CIDH mecanismo de seguimiento a situación de derechos humanos durante el paro nacional. 26 de Octubre de 2021. Disponible en: https://coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=594

31M Visibilidad Trans: ¿Qué ocurre con las personas trans en los contextos de crisis políticas y regímenes autoritarios?

Washington D.C., 31 de marzo de 2023.– Hoy, Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) subraya y reconoce que, en la región, los diversos contextos de crisis política y social, de crisis democrática y regímenes autoritarios generan un impacto diferenciado en grupos determinados en situación de vulnerabilidad, como las personas trans y de género diverso, aún más cuando presentan o confluyan factores como la condición socioeconómica, raza, condición migratoria y edad.

Las personas LGBTI+, y en específico las personas trans, sufren sistemáticamente vulneraciones a sus derechos humanos en diferentes aspectos de su vida, pero en regímenes autoritarios o en contextos políticos y sociales complejos, se agudiza esta situación e incluso con retrocesos legislativos y vacíos legales; por lo que es más difícil tener garantía del respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, se incrementan los niveles de impunidad en los crímenes de odio y, muchas veces, la violencia y la discriminación es perpetrada por funcionarios públicos.

En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, hubo un aumento de los discursos de odio contra la población LGBTI+, que afectaron específicamente a la población trans. El avance de la extrema derecha, vinculada a grupos religiosos conservadores, fortaleció la agenda anti-trans, que se institucionalizó, ganando espacio en discursos oficiales del Gobierno. Los grupos fundamentalistas anti derechos que persiguen y mienten sobre la diversidad de género, llamándola “ideología de género”, han construido un discurso violento, que coloca a las personas trans como enemigas, impidiendo la construcción de políticas públicas dirigidas a los derechos de esta población. “Además, atentan contra derechos que ya fueron conquistados como el respeto a un nombre social y a un género auto declarado en establecimiento públicos y privados o el uso del baño de acuerdo con tu género”, mencionó Gab Van, representante de la Liga Transmasculina João W. Nery.

En 2022, Brasil siguió, por 14º año consecutivo, en la cima del ranking de asesinatos de personas trans. Según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 131 personas trans fueron asesinadas en Brasil en 2022, 130 mujeres trans y 1 persona transmasculina. Al menos el 76 por ciento de las víctimas eran negras[1].

Perú, actualmente, vive una grave crisis institucional, política y social. Luego del intento del golpe al Congreso de parte del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la posterior asunción de Dina Boluarte al Ejecutivo, diversos sectores de la sociedad desconocen el gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. Esto ha generado una serie de protestas a nivel nacional provocando 67 muertes, 1335 personas heridas[2], detenciones arbitrarias, allanamientos arbitrarios y una serie de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Gobierno y de las fuerzas policiales y militares. En este contexto, la situación de la población trans se agudiza y relega; además de percibirse una mayor sensación de impunidad sobre los crímenes de odio. Solo en el primer mes y medio, se reportaron 8 asesinatos de mujeres trans[3], las cuales fueron calificados como muertes violentas. “En tanto no exista una ley de identidad de género, este sistema nos seguirá oprimiendo porque no nos reconoce como mujeres y tampoco podemos ejercer una ciudadanía plena y responsable”, mencionó Alejandra Fang, integrante de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans.

A la fecha, no existe un registro oficial de las violencias y crímenes de odio cometidos contra las personas trans y de género diverso; la poca información conocida hasta el momento es obtenida a través de los medios de comunicación y de las organizaciones trans de sociedad civil que hacen esfuerzos por alimentar un registro. De la misma manera, los estudios y análisis políticos y los informes sobre vulneraciones de derechos humanos, no hacen referencia sobre la situación y la afectación diferenciada en la actual crisis institucional, política y social sobre la vida de las personas trans y de género diverso.

En el caso de Nicaragua, el contexto de crisis sociopolítica y de derechos humanos, en la cual impera la censura y la impunidad por las graves violaciones y abusos a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales y paraestatales, no hay acceso a cifras oficiales sobre los casos de violencia contra personas trans; sin embargo,  según testimonios recabados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), los liderazgos feministas, organizaciones y grupos de mujeres (en toda su diversidad) han sido un blanco especial de ataques contra la sociedad civil[4].

El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por motivaciones políticas, mantuvo encarceladas al menos a 4 mujeres trans en centros penitenciarios para hombres, negándoles el acceso a su terapia hormonal y exponiéndoles a riesgos diferenciados por razón de su género. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas -en la Opinión 12/2021- se pronunció sobre el caso de una activista trans que fue apresada arbitrariamente en el segundo aniversario de la crisis sociopolítica, obligada a permanecer recluida en un centro penitenciario de varones y condenada a 13 años y 2 meses de prisión por “secuestro extorsivo agravado” y “obstrucción de funciones agravada”. “Se ignoró su condición de persona trans como forma de humillación en su contra”, concluyó el Grupo en su Opinión. Finalmente, la activista fue excarcelada en el año 2021, pero el Estado nunca informó sobre el levantamiento de los cargos en su contra, ni sobre las garantías de reparación por los daños cometidos.

Algo similar ocurre en Cuba. La detención de Brenda Díaz, una mujer trans de 28 años que permanece recluida en un centro penitenciario masculino, revela la grave situación que enfrentan las personas con identidades de género diversas en la Isla. A ella la detuvieron por participar en las marchas pacíficas de julio de 2021 porque, según las autoridades de este país, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones públicas[5]. Víctima de todo tipo de discriminación y violencia dentro de esta prisión, Brenda cumple una condena de 14 años de cárcel.

En este país, las personas con identidades de género diversas pueden cambiar el marcador de género en los documentos de identidad solo si la persona solicitante se ha sometido a una cirugía de afirmación de género, de acuerdo con la base de datos de la organización Ilga Mundo[6], que también recopila otras medidas adoptadas por el gobierno cubano para proteger a esta población, pero que, según las personas trans, no trascienden y se quedan en el papel. De igual manera, organizaciones de mujeres afirman que hace falta una Ley contra la violencia de género, que prevenga y mejore la atención de la violencia machista, que también afecta a esta población.

En el caso de Colombia, en el marco del Paro Nacional del 2019-2020, Colombia Diversa ha documentado que la mayoría de las víctimas de violencia policial, amenazas y homicidios fueron mujeres trans[7]. De acuerdo a Caribe Afirmativo, al igual que en 2019, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. En Valle del Cauca, por ejemplo, se reportó amenazas y represión por parte de la policía e impedimentos de manifestaciones en espacios públicos[8]. Además, el Ministro de Defensa de entonces, Diego Molano, criminalizó los liderazgos sociales de personas LGBTI+ en el Cauca, señalándoles como integrantes de organizaciones criminales y ofreciendo una millonaria recompensa a quien diera información sobre ellos.

Al respecto, Bicky Bohorquez, integrante de Somos Identidad, se refirió sobre importancia de la seguridad personal de las personas trans en las manifestaciones: “Para promover la participación y visibilización de las personas trans en espacios de reivindicación social, como la protesta social, hay que tener en cuenta que estos deben ser espacios seguros para nosotras como personas trans. No puede quedar por fuera estrategias como escuchar y aprender de nuestras experiencias, la sensibilización y la educación”.

Las personas trans en la región están expuestas a situaciones de mayor peligrosidad y vulnerabilidad cuando sus países se encuentran en contextos políticos y sociales críticos. No solo porque, en general, su condición de vida se agudiza sino porque su participación como actores políticos puede poner en riesgo su integridad física y mental, sobre todo en marcos de protestas y Estados de Emergencias.

Por todo lo anterior, Raza e Igualdad desea elevar algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el  Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (2020):

  • Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  • Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
  • Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
  • Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
  • Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
  • Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

[1] ANTRA (2022). Expediente Asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños. Disponible en https://antrabrasil.files.wordpress.com/2023/01/dossieantra2023.pdf

[2] Defensoría del Pueblo (2023) Crisis Política y Protesta Social. Reporte Diario. Disponible en https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario2332023_17-horas.pdf

[3] Presentes (2023). Perú: Por primera vez miles de personas marcharon en Lima contra los transfemicidios. Disponible en https://agenciapresentes.org/2023/02/23/peru-por-primera-vez-miles-de-personas-marcharon-en-lima-contra-los-crimenes-de-transodio/

[4] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2023). Conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Disponible en https://informenicaragua.org/wp-content/uploads/2023/03/A_HRC_52_CRP5_Spanish.pdf

[5] Race and Equality (2022). Cuatro historias de personas detenidas por reclamar cambios en Cuba. Disponible en http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuatro-historias-de-personas-detenidas-por-reclamar-cambios-en-cuba/

[6] Ilga database: https://database.ilga.org/cuba-lgbti-es

[7] Colombia Diversa (2020). 2020, el año con la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra personas LGBT. Disponible em https://colombiadiversa.org/blogs/2020-el-ano-con-la-cifra-mas-alta-de-violencia-policial-asesinatos-y-amenazas-contra-personas-lgbt/

[8]Caribe Afirmativo (2021). Violencias contra personas LGBT a 20 días de Paro Nacional. Disponible en https://caribeafirmativo.lgbt/violencias-contra-personas-lgbt-a-20-dias-de-paro-nacional/

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