Comunicado: Organizaciones de la sociedad civil solicitan al Gobierno de Colombia impulsar la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)

Comunicado: Organizaciones de la sociedad civil solicitan al Gobierno de Colombia impulsar la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)

Colombia, 23 de marzo del 2023. En el marco de la conmemoración del 21 de marzo, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial[1], organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan al Gobierno Nacional de Colombia impulsar activamente la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) de acuerdo con el reciente proyecto de Ley que busca su ratificación[2].

Esta Convención, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2013, establece un marco jurídico internacional para la protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de raza, color, ascendencia u origen étnico. Además, busca prevenir y eliminar la discriminación racial y otras formas de intolerancia, promover la igualdad y combatir el racismo en todas sus formas.

En 2014, el Gobierno colombiano firmó dos instrumentos interamericanos sobre derechos humanos:  la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Ambos instrumentos robustecen el marco normativo interno en materia de lucha contra toda forma de discriminación, reconociendo que Colombia es un país pluriétnico y respetuoso de la diversidad; sin embargo, a la fecha estos instrumentos internacionales no han sido ratificados. En el 2021 fue radicado un proyecto de ley en el Congreso para lograr la ratificación de la CIRDI; el proyecto de ley es resultado de un proceso colectivo con diferentes actores de los pueblos indígenas y rom (gitano), y liderada por activistas afrocolombianos gracias a la Campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial” impulsada por Raza e Igualdad con el objetivo promover la ratificación e implementación universal y efectiva de la CIRDI en las Américas.

En Colombia, el racismo y la discriminación racial siguen siendo una realidad en la vida cotidiana de muchas personas, lo cual las convierte en víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos en todos los ámbitos sociales. Por ello, es fundamental que el Estado se adhiera a esta Convención y se comprometa a garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en todas las esferas de la vida pública y privada.

La ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) es un paso crucial para consolidar el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y garantía de los derechos humanos y la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

En ese sentido, hacemos un llamado al Gobierno nacional para que impulse su pronta ratificación y que en todas sus acciones, programas y reformas articule las disposiciones de esta Convención, la cual desarrolla importantes medidas a partir de las realidades específicas de América Latina y el Caribe, y el contexto nacional en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Por ejemplo, en acciones relacionadas con una reforma policial en contra de prácticas de perfilamiento racial y con una formación en derechos humanos desde una perspectiva interseccional; acciones en contra de la discriminación racial en instituciones educativas; estrategias de medición que garanticen la recopilación de datos desagregados con la pertenencia étnico-racial; y, en general, se garantice la implementación de medidas que articulen un enfoque étnico-racial desde una perspectiva interseccional y de justicia racial.

Finalmente, las organizaciones firmantes reiteramos la necesidad de dar seguimiento al proyecto de ley que busca la ratificación la CIRDI, a fin de erradicar todas las formas racismo y discriminación racial en el país.

 

Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES.

Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia – La COMADRE.

Convergencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas – CNOA.

Colectivo Justicia Racial.

Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales Somos Identidad.

Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC.

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad

 

[1] https://www.ohchr.org/es/get-involved/stories/international-day-elimination-racial-discrimination

[2] Congreso de la República de Colombia. (Noviembre 7 de 2022).  Radican dos convenciones contra toda forma de discriminación e intolerancia. https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4145-radican-dos-convenciones-contra-toda-forma-de-discriminacion-e-intolerancia.

¡LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS UNA REFORMA INTEGRAL A LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA!

Colombia, 2 de marzo del 2023. Hoy 2 de marzo de 2023 en el Centro de Memoria Histórica, 20 organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos haremos entrega al Gobierno Nacional del pliego de propuestas para que la Policía Nacional de Colombia reconstruya la confianza con la ciudadanía y se convierta en un servicio público para la paz.

Este pliego hace parte de un trabajo de discusión y construcción colectiva en el que se consideró fundamental contar con las visiones de distintos sectores de la ciudadanía. La iniciativa del pliego  surgió a raíz de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública de Colombia y con ello, de la necesidad de implementar una Reforma Integral a la Policía que priorice los derechos humanos, la convivencia y la paz.

Con el fin de lograr una Reforma Integral a la Policía, las organizaciones de la sociedad civil proponemos cinco puntos claves: 1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles, 2. La Policía debe formarse para los derechos humanos, la convivencia y la paz, 3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social, 4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad y 5. Justicia para las víctimas y ¡no más víctimas de abuso policial!.

Los anteriores son las bases de las modificaciones normativas e institucionales profundas y que representan un llamado al Estado para que asuma de forma completa, integral y verdadera el compromiso de realizar una Reforma a la Policía Nacional, son un llamado  para que se garantice una participación amplia, real y efectiva de la sociedad civil y en especial de las víctimas de violencia policial, en la construcción y ejecución de cualquier iniciativa que busque transformar a dicha institución.

POR LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN, LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SOLICITAMOS AL GOBIERNO NACIONAL Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE ESTOS PUNTOS MÍNIMOS SE TENGAN EN CUENTA EN SU TOTALIDAD AL MOMENTO DE TRAMITAR LA REFORMA A LA POLICÍA.

Conozca el pliego completo de propuestas.

 

COMUNICADO: C.N.O.A., Somos Identidad y Raza e Igualdad rechazan el ataque perpetrado en contra de Nixon Ortiz, Director de la Fundación Manglaria Diversa y hacen un llamado al Gobierno colombiano para que le brinde plenas garantías de seguridad a los liderazgos Afro-LGBTI del Pacífico Sur colombiano

Colombia, 18 de enero de 2023. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A), la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales (Somos Identidad) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), expresan su máxima preocupación por el intento de secuestro cometido en contra de Nixon Ortiz, Director de la Fundación Manglaria Diversa el pasado martes 10 de enero de 2023 en horas de la mañana en el municipio de Tumaco, Nariño. El líder social, cuyo trabajo se ha centrado en la promoción y defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+ Afrodescendiente en el Pacífico Sur Colombiano, se encontraba en la sede de la Fundación Manglaria Diversa, cuando dos hombres encapuchados que portaban armas de fuego y se transportaban en motocicleta intentaron raptarlo. Gracias a la rápida acción del líder social y compañeros que se encontraban en el lugar de los hechos, el ataque se vio frustrado, aunque en medio del forcejeo, el líder social resultó agredido. Este ataque se suma a diferentes episodios de hostigamientos y intimidaciones perpetradas contra el líder social durante el 2022, que se intensificaron el mes de diciembre, lapso en el que el que recibió numerosas llamadas amenazantes.

Esta situación refleja el difícil contexto de trabajo en el que se desenvuelven los liderazgos sociales en la región del Pacífico Sur Colombiano, que en el último trimestre de 2022, reportó un total de 18 líderes y defensores de derechos humanos asesinados[1], siendo Nariño el departamento con más asesinatos contra liderazgos sociales cometidos en 2022[2] y en donde además existe una alerta máxima por la presencia de diversos grupos armados[3]. Recientemente, se conocieron las declaraciones de Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, quien señalo con preocupación “la continuidad de la violencia ejercida contra líderes y comunidades indígenas, como los Awá, y afrocolombianas, como el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, ambos en el departamento Nariño, donde la implementación de disposiciones étnicas del Acuerdo Final es un imperativo[4].

De igual manera, retrata el entorno hostil al que se enfrentan los liderazgos LGBTI, quienes a menudo deben afrontar numerosos obstáculos por las causas que defienden o por el contenido de sus reivindicaciones[5]. En el caso específico de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado la atención frente a los riesgos que implica para las personas LGBTI ser visibles en un contexto de discriminación y violencia y alertó frente al aumento de casos de personas atacadas por ejercer su derecho a defender los derechos de esta población[6].

C.N.O.A., Somos Identidad y Raza e Igualdad se solidarizan con el Profesor Nixon Ortiz y solicitan al Estado Colombiano y a los organismos internacionales de derechos humanos:

  1. Al Gobierno Nacional, hacemos un llamado sobre la urgencia de avanzar en la implementación de las políticas relacionadas con la iniciativa de Paz Total del Gobierno Nacional y la necesidad de abrir espacios diálogo que involucren a todos los actores del territorio en búsqueda de un cese inmediato a la violencia en contra de los liderazgos sociales y la población civil.
  2. A la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional, y al Ministerio Público a activar las rutas urgentes de protección necesarias para garantizar la vida, seguridad e integridad de Nixon Ortiz.
  3. A la Fiscalía General de la Nación, para que atienda de manera prioritaria y urgente la denuncia de los hechos y avance en la investigación desde un enfoque diferencial que tenga en cuenta su pertenencia étnica y su orientación sexual diversa.
  4. Al Estado Colombiano para que avance en la elaboración de una estrategia de protección y seguridad de los liderazgos sociales que reduzca efectivamente el número de ataques y amenazas, con la incorporación de un enfoque diferencial.
  5. Al Sistema Interamericano y al Sistema Universal de Derechos Humanos para que refuercen sus sistemas de monitoreo sobre la situación de violencia contra los liderazgos sociales en Colombia, con especial atención a los liderazgos AfroLGBTI, y la implementación de los Acuerdos de Paz, de la mano de las organizaciones de derechos humanos que allí trabajan.

 

[1] Instituto de estudios para el desarrollo y la paz- INDEPAZ, Observatorio de DDHH, conflictividades y paz, “Líderes sociales, defensores de DDHH y firmantes de acuerdo asesinados en 2022”, disponible en: https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/

[2] Caracol Radio, “Nariño es el departamento con más Líderes Sociales asesinados en 2022”, 09 de diciembre de 2022, disponible en: https://caracol.com.co/2022/12/09/narino-es-el-departamento-con-mas-lideres-sociales-asesinados-en-2022/

[3] Radio Nacional de Colombia, “En el 70% de los municipios de Nariño hay presencia de actores armados: organizaciones”, 05 de octubre de 2022, disponible en: https://www.radionacional.co/noticias-colombia/presencia-de-actores-armados-en-municipios-de-narino#:~:text=En%20el%20departamento%20de%20Nari%C3%B1o,el%20proyecto%20de%20Paz%20Total.

[4] Noticias ONU, “Colombia: El Consejo de Seguridad amplia el mandato de la Misión de la ONU para incluir la reforma rural y el capítulo étnico”, 11 de enero de 2023, disponible en: https://news.un.org/es/story/2023/01/1517842

[5] CIDH, “Informe sobre criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos”, 31 de diciembre de 2015, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf

[6] CIDH, “Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, 06 de diciembre de 2019, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DefensoresColombia.pdf

IMPACTOS DE LA VIOLENCIA POLICIAL RACISTA: afectaciones psicosociales, colectivas y comunitarias contra personas afrodescendientes en Colombia y la región

Colombia, 22 de diciembre del 2022. El Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presenta el Policy Paper Impactos de la violencia policial racista: afectaciones psicosociales, colectivas y comunitarias contra personas afrodescendientes en Colombia y la región, el cual establece un análisis sobre los impactos colectivos, psicosociales y comunitarios de la violencia policial racista a partir del trabajo de investigación y documentación que realiza Raza e Igualdad sobre dicho tema, así como de los hallazgos y reflexiones identificados en el informe Las huellas del racismo. Voces de las personas excluidas y violencia estructural dentro y fuera del estallido social en Cali”. Asimismo, articula un análisis de las experiencias y opiniones de estos impactos mediante algunas entrevistas para el caso de Colombia con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas- C.N.O.A, el Instituto Marielle Franco en Brasil y Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, lo cual permitió establecer una perspectiva comparada a nivel regional de estos impactos.

El documento también presenta los estándares internacionales contra el racismo, la discriminación y el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes por parte de la Fuerza Pública, e incluye un apartado de las afectaciones diferenciales de la violencia policial contra personas afro-LBGTI a razón de su orientación afectivo-sexual, identidad y/o expresión de género diversa (OSIEG). Finalmente, se presentan algunas reflexiones y conclusiones, al igual que recomendaciones contra el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes y sus impactos desde un enfoque colectivo, étnico-racial y de género.

Las afectaciones psicológicas y psicosociales de la violencia policial racista, uno de los principales impactos contra personas afrodescendientes

Una de las principales afectaciones identificadas durante el proceso de investigación, fueron los impactos psicológicos que hoy viven las personas afrodescendientes que fueron víctimas de violencia por parte de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional del 2021 en Colombia, representadas en estrés, ansiedad y pánico al salir. A su vez, se evidencia la falta de una respuesta estatal integral, con enfoque étnico-racial y de género, que permita garantizar el acceso a la justicia y a medidas de atención psicosocial para atender estos impactos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las barreras de acceso a justicia para personas afrodescendientes se articulan con el miedo a las represalias por denunciar y la desconfianza institucional, lo que hace que estas situaciones no lleguen a las instancias de justicia necesarias y, por tanto, se evite la reproducción de prácticas revictimizantes.

Otro hallazgo a destacar es el impacto psicosocial de estas formas de violencia en Cali, la ciudad con mayor porcentaje de población afrodescendiente en Colombia[1], y receptora de un alto porcentaje de personas víctimas del conflicto armado afrodescendientes[2]. De acuerdo con cifras de la alcaldía de Cali en 2021, se registraron 222.303 personas en situación de desplazamiento en la ciudad[3]. Esta realidad, sumada al impacto psicosocial de la violencia ejercida por parte de la Fuerza Pública, ha ocasionado desplazamientos intraurbanos y afectaciones socioeconómicas.

A su vez, la violencia policial racista tiene impactos colectivos en los territorios con mayor número de personas afrodescendientes, es decir, existe un patrón de perfilamiento territorial que reproduce la Fuerza Pública, que en el caso de ciudades como Cali, afecta principalmente los barrios del oriente de la ciudad, específicamente las comunas 12, 13, 14, 15, 16 y 21, lugares que tienen el mayor porcentaje de personas afrodescendientes en la ciudad y un mayor  índice de necesidades básicas insatisfechas y brechas socioeconómicas.

La violencia policial afecta diferencialmente a personas afro-LBGTI

El racismo, homofobia, transfobia son estructuras de exclusión que no son ajenas a las interacciones que tiene la Policía con personas afrodescendientes con OSIEG diversas

Esta situación se ve reflejada en la criminalización, perfilamiento, violencia psicológica y física, contra personas Afro – LGBTI por parte de la Fuerza Pública; hecho que afecta a este grupo poblacional en varios países de la región. Así lo detalla el “informe regional. La deuda pendiente con la población AFRO-LGBT en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana”[4] el cual analiza las condiciones de desigualdad estructural que viven cotidianamente personas afrodescendientes con orientación sexual e identidad de género diversas (OSIG) en América Latina y el Caribe. En ese sentido, y según lo señala el Informe del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley, los Estados deben generar datos periódicos con variables como la identidad de género, orientación sexual y pertenencia étnico-racial sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, para hacer frente a esta situación.

Desde el Instituto Raza e Igualdad hacemos un llamado a los Estados de la región, sobre la importancia de visibilizar los impactos que tiene la violencia policial racista y la necesidad de diseñar e implementar acciones de reparación integral relacionadas con el abuso policial contra personas afrodescendientes, desde un enfoque étnico-racial y de género. Asimismo, resaltamos la urgencia de garantizar reformas nacionales y regionales de la Fuerza Pública y la incorporación de los estándares internacionales contra el racismo y la discriminación racial y el monitoreo de su implementación.

Por último, desde Raza e Igualdad creemos en la importancia de adoptar políticas integrales con perspectiva interseccional que articulen los estándares Internacionales en contra del racismo y la discriminación, con el fin de que los Estados garanticen la protección de los derechos de personas afrodescendientes.

Acceda al documento Impactos de la violencia policial racista: afectaciones psicosociales, colectivas y comunitarias contra personas afrodescendientes en Colombia y la región.

 

 

 

[1] CIDSE, Afroamérica XXI, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cuantos somos, cómo vamos. Diagnóstico Sociodemográfico de Cali y 10 municipios del Pacífico nariñense. Consultado en: ﷟HYPE://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/cuantos_somos.pdf

 

[2] El País. (2019). Cali es una ciudad afro, pero estos son los retos que tiene con su población. Consultado en: https://www.elpais.com.co/cali/dia-de-la-afrocolombianidad-es-una-ciudad-afro-pero-estos-son-los-retos-que-tiene-con-su-poblacion.html

[3] Alcaldía de Santiago de Cali. (2021). Bienestar Social hace balance sobre situación de desplazados en Cali. Consultado en: https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/159304/bienestar-social-hace-balance-sobre-situacion-de-desplazados-en-cali/#:~:text=La%20capital%20vallecaucana%20alberga%20un,occidente%20y%20el%20sur%20colombiano

 

[4] Red Latinoamericana y del Caribe de Afrodescendientes con Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas – Red Afro LGBT (2020), Informe Regional. La deuda pendiente con la población Afro-LGBT en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana. Consultado en: http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Afro-LGBT_May2021.pdf

 

Movilidad humana en clave Interseccional: mujeres afrodescendientes en contexto migratorio

Colombia, 16 de diciembre del 2022.-de diciembre de 2022. Las personas en situación de movilidad humana se enfrentan cotidianamente a una estructura de desigualdad social que promueve la ocurrencia y la impunidad de violencias en su contra y que, además, se materializa en la falta de protección y garantía de sus derechos. En marco de la conmemoración del Día Internacional de las personas Migrantes, Raza e Igualdad insta a los Estados de la región a formular e implementar políticas públicas dirigidas a garantizar el reconocimiento de las distintas formas en las que se interseccionan las injusticias sociales y que profundizan las situaciones de riesgo de las personas que integran los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela. Así mismo, y en vista del cierre de los 16 días de activismo en contra de las violencias hacia las mujeres, resaltamos que en estos contextos las mujeres enfrentan múltiples vulneraciones a sus derechos asociadas a violencias basadas en género, xenofobia, LGTBIfobia y racismo.

¿Por qué es relevante pensar en clave interseccional en los contextos de movilidad humana?

Los estudios sobre interseccionalidad y migración[1] han señalado cómo la configuración de estas desigualdades y relaciones de poder basadas en jerarquías sociales, clasificaciones sociales y diversas posicionalidades históricas que se han consolidado, por ejemplo, a partir del género, la pertenencia étnico-racial, la condición migratoria, la nacionalidad, la orientación sexual de personas en situación de movilidad, se traducen en grandes barreras y brechas en el mercado laboral, condiciones socieconómicas, violencias físicas, psicológicas, sexuales y feminicidios. Asimismo, explican la manera en la cual se reproducen estas desigualdades, considerando factores estructurales y analizando realidades específicas (situación espacial-temporal[2]) y relacionales de estas jerarquías sociales.

En ese sentido, resaltamos que, estos estudios han servido para defender que no se puede equiparar la experiencia que tienen los hombres y las mujeres del fenómeno de la migración. Ana Silva Cuesta[3] en “Women: Facing the Challenge of Migration hace énfasis en cómo en las situaciones de necesidad de supervivencia los cuerpos de las mujeres tienen una experiencia diferenciada de la migración. A través de su estudio se demuestra cómo las mujeres están sometidas a un doble proceso de discriminación: por un lado, el que se refiere a las dificultades que toda persona migrante debe soportar para obtener la ciudadanía del lugar al que migraron; y, por otro lado, el que tiene que ver la frontera de género en la que se dan, en muchas ocasiones simultáneamente, procesos de “feminización de la pobreza” y de violencia sexual.

Desde Raza e Igualdad señalamos la importancia de utilizar siempre una perspectiva interseccional en los estudios sobre movilidad humana. Defendemos que las injusticias estructurales y las formas de opresión y dominación de los cuerpos -incluidos todos los grupos sociales oprimidos – deben pensarse desde la matriz de dominación (para usar el concepto de Patricia Hill Collins[4]) que funciona al interior de nuestra sociedad, para entender la manera en la que, las relaciones de poder configuran escenarios que vulneran los derechos y oportunidades de grupos humanos específicos.

Las mujeres afrodescendientes que migran hacia Colombia

Numerosos estudios académicos, informes e instrumentos internacionales de derechos humanos, han resaltado la importancia de analizar los impactos diferenciados que producen las crisis humanitarias para las experiencias de vida en clave de género.  Este ejercicio demanda la comprensión de las relaciones históricas, culturales y de poder que se gestan entre los roles de género asignados socialmente, para dar cuenta de las formas de violencia y las situaciones que pueden devenir en la violación de los derechos humanos de un grupo poblacional específico. Así lo reconoce la CIDH[5] en su informe,  observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos, al señalar qué:

La Comisión pudo observar y recibir testimonios que dan cuenta de la situación precaria en que se encuentran grupos de personas en situación de discriminación y exclusión histórica, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes; mujeres; mujeres embarazadas; personas mayores; personas viviendo en condición de pobreza; personas con discapacidad; pueblos indígenas; personas LGBTI; personas afrodescendientes; entre otras. En vista de los riesgos particulares que enfrentan estos colectivos, que los sitúa en extrema vulnerabilidad con afectaciones a sus derechos humanos, la Comisión considera que el impacto de la migración forzada debe encararse con una visión diferenciada”.

En este contexto afirmamos que las mujeres afrodescendientes sufren afectaciones diferenciales en la configuración de estas desigualdades que profundizan las violencias que se surten en los contextos migratorios, pues; por una parte, son víctimas de racismo estructural y de discriminación fundamentadas en la pertenencia étnico racial; y, por otro lado, viven a diario violencias basadas en género que se traducen en fetichización y cosificación de los cuerpos de mujeres afrodescendientes. Asimismo, son víctimas de las violencias a razón de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género (OSIEG).

Algunos datos para entender la violencia estructural en estos contextos

En relación con la situación de la población afrodescendiente venezolana migrante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[6] desarrolló el estudio “Personas migrantes y refugiadas venezolanas afrodescendientes en cinco países de América Latina. Estudio exploratorio“, en el cual se caracteriza a la población, se analiza el acceso a derechos y las experiencias de desigualdad y discriminación basadas en la pertenencia étnico-racial en los países de acogida, en el caso del estudio se analiza la situación en Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

Entre los resultados del estudio, el 44,2% de las personas encuestadas, indican que son más discriminadas las personas afrodescendientes en situación de movilidad humana, con respecto a las personas no afrodescendientes. De igual forma, se registran las diversas experiencias y desigualdades que viven a diario mujeres afrodescendientes venezolanas en situación de movilidad humana, como el siguiente caso en Colombia:

Yo estudié hasta segundo año de secundaria, pero aquí yo no salgo a trabajar porque tengo cuatro niños pequeños. Actualmente vivo en una casa pequeña de dos habitaciones donde estamos 10 personas, mi esposo, mis cuatro hijos, mi hermana y mis sobrinos. Si me pregunta le digo que vivimos un poco mejor a como estábamos en Venezuela.

Pero siento que en Colombia me tratan de manera despectiva. Tengo muchos ejemplos de personas en la calle que me dicen palabras ofensivas a mí y a mis hijos por su color de piel y por ser venezolanos. Dos de mis hijos son de piel muy clara y a veces la gente se acerca a decirle cosas bonitas por sus rasgos mientras que a mis otros dos hijos los ignoran o les dicen palabras despectivas[7]

La situación de la población afrodescendiente en situación de movilidad humana haitiana en Colombia y en diversos países de la región, señala el patrón global desigual y exclusión que afecta diferencialmente a personas afrodescendientes migrantes. La migración reciente y más antigua se caracteriza por la situación de precariedad socioeconómica y de desigualdad social que se vive en el país, desastres naturales, violencia política y la sistemática discriminación racial como lo señala Daymar Martínez en su artículo “Migración en América Latina y el Caribe: Haití, Colombia y Venezuela[8].

En Colombia, se ha presentado un alto flujo migratorio de población haitiana en el Tapón del Darién, que tiene como destino el paso entre Panamá y Estados Unidos, una de las rutas más peligrosas y en la cual se han registrado casos de abuso sexual hacia mujeres y niñas como lo ha indicado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[9]. Como el caso de Loutianie[10] quién vivió este trayecto con su familia: Caminar siete días por la selva con niños chiquitos es muy difícil. Nos robaron dinero, comida, la leche de Neymar, los pañales.”

En esta situación, a nivel nacional no se ha contado con una respuesta que garantice la protección de sus derechos y acciones en contra de las graves vulneraciones que viven personas haitianas en situación de movilidad humana en el país. De igual forma, es poca la información disponible sobre la situación diferencial que viven mujeres haitianas en el país y de las barreras que viven para acceder a sus derechos.

 

*Este documento fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos. 

 

 

 

[1] 1 Magliano, María. (2015). Interseccionalidad y migraciones. Potencialidades y Desafíos. Estudos Feministas, Florianópolis, 23(3), 691-712. Piscitelli, Adriana. (2008). Interseccionalidades, categorías de articulação e experiências de Migrantes brasileiras. Socie- dade e Cultura, v.11, n.2, p. 263-274. Defensoría del Pueblo y Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú. (2021). Violencias basadas en género contra migrantes en el Perú.

[2] ANDERSON, Cynthia. “Understanding the Inequality Problematic: from Scholarly Rhetoric to Theoretical Reconstruction”. Gender and Society, v. 10, n. 6, p. 729- 746, dic. 1996.

[3] Silva Cuesta, Ana (2021). Women: Facing the Challenge of Migration, En: Human Displacement from a Global South Perspective. Cham: Palgrave Macmillan. doi.org/10.1007/978-3-030-64819-0

[4] Collins, Patricia Hill  (2000).  Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment.  NY: Routledge.

[5] IDH (2020) observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos. Recuperado de: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/106.asp

[6] Organización Internacional para las Migraciones- OIM. (2022). Personas migrantes y refugiadas venezolanas afrodescendientes en cinco países de América Latina – Estudio exploratorio.

[7] Historia de vida registrada en el informe: Personas migrantes y refugiadas venezolanas afrodescendientes en cinco países de América Latina – Estudio exploratorio de la Organización Internacional para las Migraciones (2022).

[8] Daymar Martínez. (2022). Migración en América Latina y el Caribe.  Tricontiental. Consultado en: https://thetricontinental.org/es/argentina/nuestraamerica2-martes/

[9] Organización Internacional para las Migraciones- OIM. (2022). Poder en Movimiento. Historias de Mujeres Migrantes Haitianas. https://rosanjose.iom.int/es/stories/poder-en-movimiento-historias-de-mujeres-migrantes-haitianas

[10] ibidem para 12.

GAAT Y RAZA E IGUALDAD URGEN A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES COLOMBIANAS A REGULAR EL PROCESO DE CAMBIO DE COMPONENTE SEXO EN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PARA GARANTIZAR A LAS PERSONAS NO BINARIAS EL ACCESO INTEGRAL A SUS DERECHOS

Colombia, 14 de diciembre del 2022.- El Grupo de Acción y Apoyo a Personas con experiencia de vida Trans (GAAT) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se unen para hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional de Colombia a acatar de manera inmediata lo solicitado por la Corte Constitucional en su sentencia T-033 de 2022, en la que reconoce los derechos de las personas no binaries con la inclusión de la casilla No Binario o “NB” en los documentos de identidad.

En el fallo, del Alto Tribunal, se ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), al Ministerio de Justicia y Derecho y a otras entidades del Gobierno Nacional, adelantar los procesos necesarios para la inclusión efectiva de un marcador de género no binario o “NB” en los documentos de identidad en los seis meses posteriores a la notificación de la sentencia. Así mismo, la Corte exhortó al Congreso a que, en un plazo de 2 años, “regule todos aquellos derechos, obligaciones y servicios que encuentran en el sexo o en el género, un criterio de asignación”.

Si bien la RNEC no ha dado cumplimiento a esta orden en el plazo establecido y no ha emitido regulación alguna, a partir del 05 de octubre de 2022, día en que se cumplieron seis meses de la notificación del fallo, las personas no binaries pueden exigir que el componente de género en sus documentos de identidad sea corregido, aun sin la reglamentación correspondiente.

Esta situación de falta de regulación del proceso ha impedido que las personas no binaries hagan pleno ejercicio del derecho a la identidad reconocido por la Corte Constitucional y limita su acceso a otros derechos. Tal como lo reconoció la Corte en el fallo, “el reconocimiento de la identidad de género en las personas por parte del Estado permite la concreción de su ser en la sociedad y es una condición para su participación en ella. Correlativamente, su falta de reconocimiento implica una limitación material para el ejercicio de los derechos fundamentales, contraria a la Constitución.”

En acompañamiento a diferentes casos de personas que deseaban hacer el trámite, las organizaciones que suscribimos este comunicado evidenciamos que:

  1. Las notarías se niegan a adelantar el trámite en tanto no sean aquellas donde reposa el registro civil de nacimiento original de la persona: A pesar de que el Decreto 1227 de 2015 estipula que la expedición de escritura pública para el cambio de componente sexo puede adelantarse en cualquier notaría a nivel nacional, contemplando la posibilidad de que se haga el traslado de la escritura desde la notaría donde se realiza el trámite a la notaría donde reposa el registro original.
  2. Las notarías no permiten adelantar el trámite para la escritura pública si la declaración juramentada se hace en una notaría distinta: Lo que, además de no tener fundamento legal, genera que la persona que lleva a cabo el trámite deba volver a iniciar el proceso y deba asumir un doble pago por la declaración juramentada.
  3. Los traslados de escrituras públicas para cambio de componente sexo desde notaría pueden tardar hasta seis (6) meses: Lo que es abiertamente contrario a lo estipulado por el Decreto 1227, que señala que el tiempo máximo de traslado debe ser de “tres (3) días siguientes a la expedición de la escritura pública.” 
  4. Las notarías y registradurías se niegan a hacer traslado de folios: Hemos documentado situaciones en las cuales las notarías o registradurías en la que reposan estos folios originales se niegan a hacer el traslado, impidiendo que la persona decida donde quiere que su folio de registro civil de nacimiento repose.
  5. Hay falta de formación y socialización a personal de notarías sobre la sentencia T-033 de 2022: Se han identificado casos en los que, además de denegar el derecho a contar con un documento de identidad que represente la identidad de género de las personas, esta negativa viene acompañada de burlas, actos de discriminación y humillaciones frente a la decisión personal de modificar el componente de sexo en los documentos de identidad, calificándolos como “ridiculeces” que no “ameritan la firma del notario”. 
  6. Las notarías afirman que la sentencia T-033/2022 de la Corte Constitucional no les cobija, hasta que no sea modificado el Decreto 1227 del 2015: Señalan que las instrucciones dictadas por la Corte Constitucional de modificar el primer inciso del artículo 2.2.6.12.4.3. del Decreto 1227 de 2015 y las normas correspondientes aún no se han adelantado, por lo que se niegan a actuar fuera de lo que establecen están normas.
  7. No se ha actualizado la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil – PMT II: Algunas notarías han insistido sobre la falta de actualización de la plataforma tecnológica que permite asignar el componente “NB” a los registros civiles de nacimiento por parte de la RNEC, a fin de que puedan expedir las escrituras públicas que se requieren en estos trámites.
  8. No es claro cómo se dará el reconocimiento legal de las personas que no necesariamente se ven reconocidas con el marcador “NB”: Es importante que la actualización de los sistemas de información y las acciones que se deban adelantar tengan presente la jurisprudencia que reconoce legalmente otras identidades, como el caso de la sentencia 2021 – 088, expedida por el Tribunal administrativo de Antioquia que ordenó a la Notaría 26 del circulo de Medellín que realizara la corrección del sexo en el registro civil de una persona Trans, que solicitó que se incluyera el marcador “T”.
  9. Los costos de la expedición y el traslado de los documentos necesarios para el trámite son muy altos:  Las barreras históricas y estructurales para el acceso a la educación y trabajo, reducen ostensiblemente las posibilidades de cualquier persona trans y/o no binaria de lograr un mínimo de bienestar económico o de poder salir de la pobreza, o la pobreza extrema en la que suelen quedar, fruto de ese cuadro sistemático de exclusión. Sumado al reconocimiento por parte de la Corte Constitucional de estos grupos poblacionales como sujetos de especial protección constitucional, es claro que además de las barreras esbozadas, los costos que se requieren para llevar a cabo los trámites notariales se convierten en un requisito excesivo y excluyente frente a las experiencias de vida de las personas trans y/o no binarias.

Por todo lo anterior, GAAT y Raza e Igualdad, recomiendan que:

  1. El Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil emitan una directiva nacional dirigida a las notarías y registradurías de todo el país en el que se estipule que a partir del 05 de octubre de 2022 entró en vigor la sentencia T-033 de 2022, y se insista en la obligación que tiene todo el personal de estas instituciones de facilitar y acatar lo ordenado por la Corte Constitucional, con especial atención a recibir y tramitar las solicitudes de cambio de componente sexo a “no binario” en los documentos de identidad y a facilitar el traslado de las escrituras públicas en los casos en que se requiera.
  2. Desde el Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil se estipulen procedimientos digitales que permitan que las personas trans y/o no binarias no tengan que trasladarse a lugares de donde han huido por ser víctimas de actos de discriminación y violencia y alienten a las notarías y registradurías de todo el país a formarse y hacer uso de estas vías alternativas para la modificación de registros civiles remotamente.
  3. El Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil adelanten procesos de socialización y formación en derechos LGBTIQ+, con enfoque especial en la garantía de derechos de las personas trans y/o no binarias con el personal de notarías y registradurías en todo el país a fin de propender por la sensibilización sobre sus derechos y eliminar los actos de discriminación por parte del funcionariado público.
  4. La Superintendencia de Notariado y Registro y la Procuraduría Generales de la Nación adelanten las debidas investigaciones disciplinarias y sancionatorias contra el personal de notarías y registradurías que sean renuentes a la aplicación de las disposiciones legislativas y constitucionales relativas a la garantía al derecho a la identidad de personas trans y/o no binarias.
  5. La Registraduría Nacional del Estado Civil agilice el proceso de fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil PMT II, a fin de que las disposiciones contempladas en la sentencia T-033 de 2022 puedan empezar a implementarse en los plazos y términos establecidos por la Corte Constitucional.

COMUNICADO: Raza e Igualdad rechaza los hechos racistas, violencia sexual, física y psicológica cometidos en Paya, Boyacá.

El Instituto Raza e Igualdad rechaza enfáticamente los hechos racistas, violencia sexual, física y psicológica cometidos en Paya, Boyacá, contra Kerin Murillo Mena y sus hijos Keiner y Keylerl. Asimismo, hacemos un llamado en contra de las prácticas racistas que a diario se viven en las instituciones educativas producto de la estructura racista que reproducen todas las instituciones sociales. Los espacios escolares deben ser libres de prácticas racistas y cualquier tipo discriminación. De igual manera, exigimos acciones por parte del Gobierno nacional, para sancionar de forma efectiva cualquier acto de racismo y discriminación que se cometan en instituciones educativas. A los entes de justicia para que investiguen y sancionen a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos, y se repare de forma integral a las víctimas.

El pasado 3 de diciembre se conoció la denuncia de Kerin Murillo Mena, una mujer afrocolombiana, quien trabajaba como docente de inglés en la Institución Educativa El Rosario, ubicada en el municipio de Paya, Boyacá[1]. Según la denuncia de Kerin, ella y sus hijos – quienes estudiaban en la misma institución donde Kerin se desempeñaba como docente – fueron víctimas de hechos racistas, violencia física, verbal, sexual y psicológica en la institución educativa.

Por su parte, varias organizaciones convocaron hoy a un “plantón nacional antirracista” en algunas ciudades del país, con el fin de expresar su inconformidad ante el creciente número de actos de discriminación y racismo en contra de las personas afrodescendientes en el territorio nacional.

Desde Raza e Igualdad urgimos al Estado Colombiano para que realice de forma efectiva las respectivas investigaciones ante estos hechos, garantice el acceso a justicia, medidas en contra de la revictimización y reparación. En ese sentido, urge que se cumpla con lo señalado en la Ley 1482 de 2011 en Colombia, la cual tiene el objetivo de garantizar la protección de los derechos de personas y comunidades que han sido víctimas de racismo y discriminación. De igual manera, instamos al Estado colombiano a acatar lo estipulado en la Declaración y Plan de Acción de Durban[2], donde se hace énfasis en la incorporación de medidas eficaces para hacerle frente a los casos de discriminación basados en la pertenencia étnico racial de las víctimas, y a la aplicación de lo estipulado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas.  De igual forma, hacemos un llamado al Estado colombiano a ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)[3].

 

[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/aterrador-este-es-un-caso-de-violencia-racista-en-boyaca-que-deberia-indignar-a-toda-colombia/202257/

 

[2] https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/DurbanDecProgAction_sp.pdf

 

[3] https://cirdi2024.org/es/sobre-la-cirdi

 

SE PRESENTA EL PRIMER GRAN INFORME EN COLOMBIA SOBRE VIOLENCIA POLICIAL RACISTA

  • Las organizaciones Temblores ONG, Ilex Acción Jurídica, Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y CODHES, presentan el primer gran Informe sobre la Violencia Policial contra personas afrocolombianas.
  • El Informe hace seguimiento a la violencia contra personas afrocolombianas durante el Paro Nacional en las ciudades de Cartagena y Cali.
  • El Informe revela que, como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes negros representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali.

Bogotá, 11 de noviembre del 2022.- Más del 13% de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril y el 16 de octubre del 2021 fueron contra jóvenes afrocolombianos en edades entre los 17 a 24 años y más de la mitad fueron realizados por la policía. Así lo señala el Informe Nacional SILENCIO E IMPUNIDAD. Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia” que se presenta este 8 de noviembre en Bogotá.

El Informe, adelantado por 4 organizaciones que hacen seguimiento y análisis  sobre el abuso policial como Temblores ONG, Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista.

De acuerdo con María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos “desde hace mucho tiempo organizaciones afrocolombianas han denunciado la violencia policial racista. Hay unos altos grados de impunidad en estos casos de violencia policial, y una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, por lo cual incluso hemos llegado a solicitar medidas cautelares para que haya garantías para acceder a la justicia”.

El Paro Nacional demostró la importancia de seguir reflexionando y visibilizando el fenómeno de la violencia policial racista no solo como parte del accionar de la policía sino como una expresión de la violencia estatal y como una consecuencia de la discriminación racial estructural en Colombia hacia personas afrodescendientes. 

“El racismo es un problema estructural y es un problema institucional y la policía no está exenta de tener conductas racistas”, señala Ana Margarita González, abogada de Ilex Acción Jurídica. Al respecto, el Informe muestra que la violencia policial racista es una expresión de violencia institucional en la que agentes del orden reprimen, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza, basados en patrones históricos de criminalización y prejuicios raciales. 

Como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes afrodescendientes representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, muestra el Informe. En el caso de Cartagena, se recogen casos representativos de violencia policial como el homicidio del joven Harold David Morales Payares, joven de 17 años, futbolista candidato a la selección sub20 que murió a causa de un disparo realizado por la espalda por el agente de la policía Octavio Porras Vides.

En el Informe se hacen recomendaciones para las instituciones públicas frente a la necesidad de implementar una reforma policial con enfoque étnico-racial y de género que vaya en contra de prácticas racistas y la reproducción de violencias basadas en identidad de género y orientación sexual diversa, y llama a establecer garantías de acceso a la justicia que reconozcan las barreras sistemáticas que viven personas afrodescendientes producto del racismo estructural que se reproduce en todo el sistema de justicia con garantías de no repetición y medidas de reparación inmateriales y materiales.

Para la elaboración del Informe se utilizaron técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa con el análisis de datos agregados de diversos años de la violencia policial contra personas afrodescendientes, al igual que entrevistas sobre las experiencias de personas afrodescendientes, y hubo revisión de diversas fuentes secundarias. 

CONTACTO DE PRENSA

Vannesa. Prensa Ilex Acción Jurídica. 320 7660449

Pablo Suárez. Prensa Race and Equality. 350 5824900

Organizaciones de DD. HH. presentan ante CIDH propuestas para garantizar la implementación de las medidas cautelares de personas defensoras en Colombia

Washington, DC/Bogotá, DC, octubre 27 de 2022. Este jueves 27 de octubre, organizaciones de la sociedad civil intervendrán en la audiencia temática sobre la implementación de las medidas cautelares de personas defensoras en Colombia, en el 185° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

La audiencia fue solicitada en razón de las graves falencias en la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a personas defensoras.  Según datos de Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz y hasta el 15 de julio de 2020, 971 líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinados, de los cuales 250 son miembros de comunidades indígenas y 71 son personas afrodescendientes. Pese a que la Fiscalía emitió una directiva para investigar los crímenes contra personas defensoras, la impunidad sigue siendo la regla y Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. 

Las fallas en la implementación de las medidas cautelares comienzan con la falta de concertación adecuada con las personas beneficiarias de las mismas. Igualmente, el enfoque reactivo impide la actuación sobre los agentes que generan en riesgo y la implementación de acciones preventivas y garantías de no repetición.

La actual implementación de las medidas cautelares tampoco incorpora adecuadamente los enfoques étnicos, de género ni interseccionales, no reconoce la cosmovisión y estructuras propias de los pueblos étnicos, los entornos de vida y territorios y las necesidades específicas de las personas beneficiarias, por lo que, por ejemplo, se priorizan medidas de protección individual o diseñadas para contexto urbanos para beneficiarios que viven en la ruralidad. Además, no se reconoce ni incluye en las medidas a sus grupos familiares. 

Pero también se expresan en la activación de rutas de protección con poca participación de las defensoras y los defensores sujetos de protección, demoras en la aplicación de los esquemas y hasta vehículos con averías, chalecos antibalas en mal estado o que no se adecuan físicamente al cuerpo de la persona beneficiaria, teléfonos o botones de pánico que no funcionan, números telefónicos de las líneas de emergencia que se encuentran registrados por terceros, cuando deberían ser de conocimiento y uso exclusivo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la persona beneficiaria.

Al momento de otorgar una medida cautelar, la CIDH valora que existe un riesgo grave e inminente que el Estado no puede desconocer. El actual procedimiento realiza nuevas valoraciones de riesgo que incluso pueden ir en contra de la decisión interamericana, cuyo carácter vinculante ha sido reconocido en numerosas ocasiones por la Corte Constitucional. 

Consideramos que estamos frente una gran oportunidad para que el Estado colombiano transforme el paradigma de abordaje en la implementación de las medidas cautelares. Que pase de un enfoque esencialmente reactivo a la adopción de un enfoque preventivo e integral ante las agresiones a personas defensoras. 

Para ello, las organizaciones presentamos a la CIDH y al Estado una propuesta de protocolo , así como otras recomendaciones encaminadas a asegurar una debida implementación del mecanismo de medidas cautelares en favor de las personas defensoras.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL-

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR-

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-

Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz –J&P-

Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad-.

Corporación Reiniciar

Corporación Sisma Mujer

COMUNICADO: La Red-LEM solicita a la CIDH realizar un llamamiento urgente a los Estados de la región y en particular al Estado colombiano, sobre la garantía del principio de no devolución y del derecho a buscar y recibir asilo, tanto en zonas de tránsito como en zonas internacionales.

Colombia, 24 de octubre de 2022. La Red-LEM solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizar un llamamiento urgente a los Estados de la región y en particular al Estado colombiano, sobre la garantía del principio de no devolución y del derecho a buscar y recibir asilo, tanto en zonas de tránsito como en zonas internacionales, de manera que se garantice el debido proceso a través del acceso a un traductor, asistencia legal, capacitación de autoridades migratorias para la identificación de necesidades de protección internacional,  condiciones dignas mientras se resuelve la situación, entre otras; a fin de garantizar los derechos humanos  de la población en situación de movilidad humana con necesidad  de protección internacional. 

 Uno de los principales desafíos en la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana en contextos fronterizos, consiste en superar la violación sistemática por parte del Estado colombiano al principio de no devolución y del derecho de asilo en zonas de tránsito o zonas internacionales –especialmente de aeropuertos-. En las cuales la autoridad migratoria inadmite el ingreso a Colombia y suele retener los documentos de identificación a las personas con necesidad de protección internacional mientras las devuelve de manera forzosa a su país de origen, actuando en contravía de estándares normativos de índole nacional e internacional al no especificarse competencias claras, se le permite a la autoridad migratoria decidir arbitrariamente sobre la recepción de estas solicitudes en dichas zonas. 

Las medidas que está implementado el gobierno colombiano se enfocan principalmente en la regularización migratoria a través del denominado Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (en adelante ETPV). No obstante, la situación de las personas con necesidad de protección internacional de diferentes nacionalidades, algunas de ellas en zonas de tránsito, se caracteriza por una completa desprotección que desconoce el carácter extremo de vulnerabilidad en el que se encuentran. Es así como no se les permite solicitar refugio ni acceder a un catálogo de derechos básicos y asistencia humanitaria (incluyendo alimentación o baño, como presupuestos de la dignidad humana) mientras se encuentran en el territorio nacional.  

En este orden de ideas, la Red de Litigio Estratégico en Migración (Red-LEM), resalta la importancia de visibilizar estas violaciones a los derechos humanos que, en la actualidad, se surten en contra de la población con necesidad de protección internacional.  Por este motivo, Raza e Igualdad y FENALPER participarán como representantes de la Red-LEM el próximo 26 de octubre en la audiencia “Políticas de frontera y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana” en el marco del 185 POS.  

La Red-LEM está conformada por 15 miembros, actores humanitarios, academia, organizaciones de la sociedad civil y de cooperación internacional que brindan servicios legales, de asesoría, acompañamiento y representación judicial a la población migrante, refugiada y retornada. Nuestro objetivo es unir y articular esfuerzos para formular y construir acciones legales colectivas y de litigio estratégico con enfoque diferencial y de interseccionalidad para incidir en la normatividad de relevancia; gestionar casos individuales y colectivos a través de los mecanismos de justicia, y compartir buenas prácticas para la ampliación, garantía y defensa de los derechos humanos de la población en situación de movilidad humana en Colombia. 

Les invitamos a conectarse a la audiencia que iniciará a las 8:00 a.m. hora colombiana, el 26 de octubre y será transmitida en:

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