EDITORIAL: 2 AÑOS DEL PARO NACIONAL La urgencia de promover una Reforma Policial integral

Colombia, 28 de abril del 2023.-Han transcurrido dos años desde que el Paro Nacional inició en Colombia. Esta serie de manifestaciones y protestas sociales que comenzaron el fueron una respuesta de diversas organizaciones sindicales y sociales para protestar contra una reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque y también para exigir cambios en el sistema de salud, educación y seguridad del país. Desde su inicio, el Paro Nacional puso en evidencia las graves violaciones a los derechos humanos que se han perpetuado, en particular la violencia policial y la falta de garantías para el ejercicio de la protesta pacífica, así como malestares históricos relacionados con el racismo estructural, la inequidad y la falta de atención a las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. Dos años después, El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en conjunto con la Mesa por la Reforma Policial[1], hacen un llamado urgente al Gobierno Colombiano a que desarrolle una reforma integral a la Policía Nacional que tenga en cuenta las perspectivas y necesidades de diversos grupos poblacionales que, basados en su experiencia, buscan un país que promueva la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier abuso de poder.

La violencia policial racista: una manifestación de la violencia del Estado

Desde el inicio del Paro Nacional se registraron numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, incluidos casos de brutalidad policial, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos de manifestantes. Además, se ha denunciado la presencia de grupos paramilitares que han atacado a personas manifestantes y han sembrado el terror en las comunidades Según el informe de Temblores el informe “SILENCIO E IMPUNIDAD: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia», presentado por las organizaciones sociales Temblores ONG, Ilex Acción Jurídica, CODHES y Raza e Igualdad, evidenció que, como consecuencia del perfilamiento racial durante el Paro Nacional del 2021, las personas afrodescendientes han sido afectadas diferencialmente como víctimas de violencia policial racista en ciudades como Cali.

El informe Las huellas del racismo: voces de las personas excluidas y violencia estructural dentro y fuera del estallido social en Cali realizado por varias organizaciones sociales[4]presenta los impactos y afectaciones diferenciales contra personas afrodescendientes generados principalmente por parte de la Fuerza Pública. En este informe, se registraron 64 casos de personas afrodescendientes víctimas de homicidio, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Asimismo, se indica que, la violencia policial tiene patrones de territorialización que ha afectado de forma desproporcional los territorios donde residen principalmente personas afrodescendientes en la ciudad, el oriente, en las comunas 12,13,14,15,16 y 21 y en territorios con una estratificación socioeconómica 1 y 2.Por otra parte, los hallazgos de este informe presenta los impactos diferenciales sufridos por personas afrodescendientes durante el Paro Nacional; tales como: Impactos psicosociales, físicos, económicos, colectivo, comunitarios, desplazamientos intraurbanos y patrones de barreras para el acceso a justicia en el marco de la violencia estatal reproducida por agentes de la Fuerza Pública.

A las alarmantes cifras se suma la criminalización de la protesta social y la estigmatización de quienes participan en ella por parte de las autoridades y algunos sectores políticos y mediáticos. Esto ha llevado a que se utilicen figuras penales como el terrorismo y la conspiración para perseguir a manifestantes y líderes sociales.

Cabe resaltar que, el derecho a la protesta pacífica es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución Política de Colombia y en tratados internacionales ratificados por el país. Sin embargo, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, la falta de identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para los manifestantes, han generado un clima de impunidad y de temor que limita el ejercicio de este derecho. [5]

La violencia policial racista es una manifestación de la violencia del Estado perpetrada por agentes de la Fuerza Pública, ejercida contra personas racializadas, que se caracteriza por la brutalidad en sus acciones. Esta forma de violencia constituye una violación de los derechos humanos, incluyendo palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo y el uso indiscriminado de agentes de represión en manifestaciones. Por consiguiente, la violencia policial racista se basa en prejuicios y estereotipos infundados contra las personas afrodescendientes, lo que las hace más propensas a ser blanco de sospecha y persecución por parte de agentes de la Policía. Esta tendencia se vio agravada durante la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento en Colombia. Así mismo, esta forma de violencia racista se intensifica cuando intersecta con otros factores de discriminación, como la orientación sexual, la identidad de género, la edad y la clase social. Por lo tanto, las mujeres negras y las personas afrodescendientes con orientaciones sexuales o identidades de género diversas han padecido impactos diferenciados de la violencia policial racista ejercida por agentes del orden.

La urgencia de desmontar el ESMAD

El uso desproporcionado de la fuerza por parte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) durante las protestas sociales en Colombia dejó más de 100 víctimas de lesiones oculares.[6] Ataques que, según describen varias de las víctimas, fueron cometidos con el objetivo principal de castigarles, como consecuencia de hacer uso legítimo de su derecho a la protesta social. En respuesta a estas críticas, se presentó un proyecto de reforma al ESMAD en el Congreso de la República de Colombia, con el objetivo de mejorar la actuación de este cuerpo policial en la atención de manifestaciones, huelgas y protestas, cuando las circunstancias lo ameriten. El proyecto de reforma incluyó propuestas como la prohibición del uso de armas letales, la creación de protocolos de actuación más precisos y la obligación de llevar cámaras de video durante las operaciones.

Además, como parte de la reforma al ESMAD, se propuso la creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), una unidad especializada en la disolución de mecanismos de control que sustituiría al ESMAD en situaciones de control de disturbios y manifestaciones. La UNDMO estaría conformada por miembros de la policía, pero también tendría la participación de expertos en derechos humanos y representantes de organizaciones civiles, con el objetivo de garantizar una actuación más responsable y respetuosa de los derechos humanos en este tipo de operaciones.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Mesa por la Reforma Policial expresaron al Gobierno su preocupación ante la falta de diálogo por la propuesta de reforma que, para ellos debe ser socializada con los diferentes sectores de la sociedad, especialmente con los que han sido vulnerables al uso de la fuerza por parte del Estado Colombiano. Entre los principales temas expuestos por la Mesa se encuentran: El uso de armas de impacto, indiscriminado y de letalidad reducida y sus impactos, la inclusión de enfoques diferenciales en el uso de la fuerza en territorios rurales y la adopción de recomendaciones de Naciones Unidas en relación con la focalización de las acciones en respuesta a actos violentos durante las manifestaciones.

Así mismo, solicitan la implementación de mecanismos de control y supervisión efectivos para evitar abusos y excesos por parte del ESMAD. También se propone la presencia de veedores ciudadanos en las operaciones del ESMAD y la creación de una unidad especializada en derechos humanos dentro de la Policía Nacional. Además, se sugiere una formación especializada para los miembros del ESMAD en aspectos como el respeto a los derechos humanos, el uso adecuado de la fuerza y la mediación en situaciones de conflicto. El objetivo es garantizar que el ESMAD cumpla con su función de mantener el orden público, pero siempre respetando los derechos humanos, evitando el uso desproporcionado de la fuerza. Esto es un paso crucial hacia una policía más moderna, eficiente y comprometida con el respecto irrestricto a los derechos humanos

Los estándares internacionales para el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden; s han sido herramientas centrales para monitorear y generar recomendaciones para el cumplimiento de las funciones de la Fuerza Pública. De igual forma, estos instrumentos han sido importantes para promover debates en torno a reformas nacionales que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que

Todas las personas que integran la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones deben garantizar el respeto por la dignidad humana.

Este sistema internacional de protección, en 1990 emite los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de personas Funcionarias Encargadas de Hacer Cumplir la Ley[8].Estos principios tienen el objetivo de promover la implementación de medidas que garanticen el uso de la fuerza y de armas de fuego a través de procesos de monitoreo, formación sobre la aplicación de la Ley y restricciones sobre el uso de armas de fuego y el uso de la fuerza garantizando los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.

En el año 2021 se estableció la Resolución 47/21[9], la cual propone la creación del Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes de las Naciones Unidas para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el Contexto de la Labor de las Fuerzas del Orden (EMLER). Su objetivo es monitorear y establecer recomendaciones sobre las medidas implementadas a nivel global para combatir el uso excesivo de la fuerza hacia personas afrodescendientes, así como garantizar su acceso a la justicia y rendición de cuentas.

En línea con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas, que se encuentra vigente desde 1969, se emitió en 2020 la Recomendación número 36 de 20208. Esta recomendación se enfoca en combatir el perfilamiento racial y el uso de tecnologías que reproducen estereotipos racistas y xenofóbicos. Se señala cómo estas tecnologías, como la inteligencia artificial, se basan en representaciones racistas y discriminatorias que han sido fundamentadas socialmente mediante acciones sistemáticas de criminalización y persecución por parte de agentes del orden.

En el ámbito regional, la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia es una herramienta importante para promover y garantizar los derechos de las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Esta convención reconoce e incorpora las realidades específicas de la región en la lucha contra el racismo y formas conexas de discriminación que reproducen los agentes de Fuerza Pública. Sin embargo, solo siete países han firmado esta convención en la región, y solo seis la han ratificado.

Estos estándares establecen un reconocimiento de las afectaciones diferenciales e impactos del uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes y las barreras de acceso a justicia que enfrentan diariamente. Por lo tanto, estos instrumentos hacen un llamado global a los Estados para que reconozcan, implementen y garanticen acciones contra el racismo sistémico que se ha fundamentado en instituciones como la Fuerza Pública y todo el sistema de justicia. Esto incluye adoptar medidas para prevenir prácticas como el perfilamiento y contar con información desagregada que considere la pertenencia étnico-racial, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, etc. en casos de abuso policial, garantizandomedidas de reparación integrales para las víctimas.

La violencia policial racista afecta a personas afrodescendientes a nivel global, regional y nacional, impactando su bienestar individual y colectivo.

La falta de medidas de reparación refleja patrones de impunidad e injusticia que revictimizan a las personas afrodescendientes. Así mismo, esta forma de violencia en Colombia muestra el racismo estructural que viven jóvenes, mujeres y personas afro-LGBTI; por eso es de suma importancia visibilizar los impactos de la violencia policial racista y diseñar acciones de reparación con un enfoque étnico-racial y de género, así como garantizar la incorporación de estándares internacionales contra el racismo y la discriminación racial en las reformas policiales.

Mecanismo de seguimiento de la CIDH

El informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia[10] anunció la instalación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia”[11] Dicho mecanismo tiene el propósito de hacer seguimiento a las recomendaciones presentadas por la CIDH, sobre los hechos ocurridos durante la protesta social en Colombia que están relacionadas con la protección del derecho a la protesta, el respeto al debido proceso de personas detenidas en el contexto de manifestaciones, la necesidad de procesos de transformación de la cultura institucional de las fuerzas de seguridad y de la Policía Nacional, el acceso a justicia y reparaciones de las víctimas, entre otras.

En particular, tales recomendaciones instan al Estado Colombiano a ejecutar en el marco de las protestas y manifestaciones los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales[12].Además, la CIDH recomienda separar la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa; garantizar mecanismos de acceso a justica con enfoques diferenciales; adoptar medidas para evitar la criminalización contra las personas por su origen étnico-racial, identidad de género, estatus migratorio, origen nacional, etc.; así como garantizar el derecho a la libertad de expresión y proteger a los periodistas y medios de comunicación que cubren las protestas.

Tras los urgentes llamados realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil al Estado Colombiano reiterando la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento,[13]en enero de 2023 el Gobierno Colombiano y la CIDH acordaron la creación del mismo. A la fecha, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil desconocen cuándo se instalará el Mecanismo de Seguimiento y de qué forma podrán involucrarse activamente en el mismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un organismo internacional que tiene como objetivo principal promover y proteger los derechos humanos en América. En este sentido, el mecanismo de seguimiento de la CIDH es una instancia idónea para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia policial. Así mismo, la Comisión cuenta con expertos en derechos humanos y en temas de seguridad ciudadana, lo que le permite realizar investigaciones exhaustivas y hacer recomendaciones adecuadas para prevenir la violencia policial y garantizar la justicia para las víctimas.

El mecanismo de seguimiento de la CIDH también incluye la participación de las víctimas y sus representantes legales, lo que les permite tener un papel activo en el proceso de investigación y seguimiento de sus denuncias.

Propuestas de organizaciones – pliego de peticiones

El pasado 02 de marzo, el Instituto Raza e Igualdad en conjunto con la Mesa Nacional por la Reforma Policial entregaron al Gobierno Nacional y la opinión pública, el pliego de propuestas para que la Policía Nacional de Colombia se reforme de forma integral y se convierta en servicio público para la paz.

Este documento es resultado de un proceso de discusión y colaboración en el que se valoró la participación de diversos grupos de la sociedad. La elaboración del mismo se originó a raíz de las numerosas violaciones a los derechos humanos perpetradas por la Fuerza Pública, lo que evidenció la necesidad de llevar a cabo una Reforma Integral de la Policía desde una perspectiva diferencial que ponga en primer plano los derechos humanos de todos los grupos poblacionales, respondiendo a sus situaciones específicas. Entre las propuestas destacan 5 puntos clave:

1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles

2. La Policía debe formarse para los derechos humanos, la convivencia y la paz

3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social

4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad

5. Justicia para las víctimas y ¡no más víctimas de abuso policial.

Recomendaciones

En el marco de la conmemoración de los dos años del estallido social, el Instituto Raza e Igualdad insta al Estado Colombiano para que reconozca los impactos diferenciales de la violencia policial incluidos los impactos psicosociales, colectivos y comunitarios. Se deben implementar acciones de reparación con un enfoque colectivo, étnico-racial y de género a nivel psicosocial para ayudar a las personas y familias que han sufrido violencia policial, garantizando la acción sin daño. Es esencial que las reformas policiales nacionales y regionales incluyan los estándares internacionales contra la discriminación racial y el racismo, y se monitoree su cumplimiento; Para eso es de suma importancia que cualquier iniciativa de reforma a la policía se haga de forma articulada con las organizaciones sociales y los mecanismos internacionales de derechos, a fin de reconocer las visiones, conocimientos y necesidades de las diversas poblaciones del país; y garantizar así, la igualdad en la protección de los derechos de todas las personas y comunidades, evitando cualquier forma de discriminación.

Así mismo, exhortamos al Gobierno nacional para que impulse la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y consolide de forma efectiva su compromiso con la promoción y garantía de los derechos humanos y la lucha contra el racismo estructural, la discriminación racial y la violencia policial racista.

Queremos hacer un llamado a la sociedad colombiana para reflexionar sobre el papel de la Policía Nacional como institución y limitar su uso de la violencia al mínimo posible, respetando los protocolos, las leyes, la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a los principios fundamentales del uso de la fuerza y las armas letales y no letales. También es importante que se monitoreen los cambios sociales del país para evaluar el papel y la importancia de la Policía Nacional dentro del Estado.

#ReformaPolicialYA

[1] organizaciones sociales, académicos y académicas, víctimas de violencia policial, y colectivos de defensa de los derechos humanos de Colombia.

[2] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/05/paramilitares-encapuchados-estarian-disparando-para-disipar-marchas-en-monteria/

[3] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/29/temblores-ong-registro-44-homicidios-durante-el-paro-cuyo-presunto-agresor-seria-un-miembro-de-la-fuerza-publica/

[4] Organizaciones sociales que participaron de la elaboración del informe: Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes (FUNVIMUFROIN), Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (SOMOS IDENTIDAD), Movimiento Ciudadano ORIENTADOSAsociación de Líderes El Perfil, ORIENTADOS, La Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y La Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Valle del Cauca (ASOGROVALLE), La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y Raza e Igualdad.

[5]Código de conducta de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la Ley

Principios básicos sobre el empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
Resolución 43/1, la Resolución 47/21 que crea el Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad en la Aplicación de la Ley
La Declaración y Programa de Acción de Durban
Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, inhumanos o Degradantes

[6] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/colombia-actuar-desmedido-esmad-durante-paro-nacional-dejo-mas-100-personas-traumas-oculares/

[7] https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/policia-nueva-unidad-nacional-de-dialogo-y-mantenimiento-del-orden-706024

[8] OHCHR. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement

[9] Naciones Unidas. (2021). Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas africanas y afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del orden, mediante un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales. Consultado en: ﷟Htps://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/199/06/PDF/G2119906.pdf?OpenElement

[10] CIDH. Observaciones y Recomendaciones. Visita de Trabajo a Colombia. 2021. Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf

[11] Ibid. Párr. 187

[12] Ibid. Pág 42

[13] Comisión Colombiana de Juristas. Organizaciones urgen a CIDH mecanismo de seguimiento a situación de derechos humanos durante el paro nacional. 26 de Octubre de 2021. Disponible en: https://coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=594

31M Visibilidad Trans: ¿Qué ocurre con las personas trans en los contextos de crisis políticas y regímenes autoritarios?

Washington D.C., 31 de marzo de 2023.– Hoy, Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) subraya y reconoce que, en la región, los diversos contextos de crisis política y social, de crisis democrática y regímenes autoritarios generan un impacto diferenciado en grupos determinados en situación de vulnerabilidad, como las personas trans y de género diverso, aún más cuando presentan o confluyan factores como la condición socioeconómica, raza, condición migratoria y edad.

Las personas LGBTI+, y en específico las personas trans, sufren sistemáticamente vulneraciones a sus derechos humanos en diferentes aspectos de su vida, pero en regímenes autoritarios o en contextos políticos y sociales complejos, se agudiza esta situación e incluso con retrocesos legislativos y vacíos legales; por lo que es más difícil tener garantía del respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, se incrementan los niveles de impunidad en los crímenes de odio y, muchas veces, la violencia y la discriminación es perpetrada por funcionarios públicos.

En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, hubo un aumento de los discursos de odio contra la población LGBTI+, que afectaron específicamente a la población trans. El avance de la extrema derecha, vinculada a grupos religiosos conservadores, fortaleció la agenda anti-trans, que se institucionalizó, ganando espacio en discursos oficiales del Gobierno. Los grupos fundamentalistas anti derechos que persiguen y mienten sobre la diversidad de género, llamándola «ideología de género», han construido un discurso violento, que coloca a las personas trans como enemigas, impidiendo la construcción de políticas públicas dirigidas a los derechos de esta población. “Además, atentan contra derechos que ya fueron conquistados como el respeto a un nombre social y a un género auto declarado en establecimiento públicos y privados o el uso del baño de acuerdo con tu género”, mencionó Gab Van, representante de la Liga Transmasculina João W. Nery.

En 2022, Brasil siguió, por 14º año consecutivo, en la cima del ranking de asesinatos de personas trans. Según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 131 personas trans fueron asesinadas en Brasil en 2022, 130 mujeres trans y 1 persona transmasculina. Al menos el 76 por ciento de las víctimas eran negras[1].

Perú, actualmente, vive una grave crisis institucional, política y social. Luego del intento del golpe al Congreso de parte del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la posterior asunción de Dina Boluarte al Ejecutivo, diversos sectores de la sociedad desconocen el gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. Esto ha generado una serie de protestas a nivel nacional provocando 67 muertes, 1335 personas heridas[2], detenciones arbitrarias, allanamientos arbitrarios y una serie de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Gobierno y de las fuerzas policiales y militares. En este contexto, la situación de la población trans se agudiza y relega; además de percibirse una mayor sensación de impunidad sobre los crímenes de odio. Solo en el primer mes y medio, se reportaron 8 asesinatos de mujeres trans[3], las cuales fueron calificados como muertes violentas. “En tanto no exista una ley de identidad de género, este sistema nos seguirá oprimiendo porque no nos reconoce como mujeres y tampoco podemos ejercer una ciudadanía plena y responsable”, mencionó Alejandra Fang, integrante de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans.

A la fecha, no existe un registro oficial de las violencias y crímenes de odio cometidos contra las personas trans y de género diverso; la poca información conocida hasta el momento es obtenida a través de los medios de comunicación y de las organizaciones trans de sociedad civil que hacen esfuerzos por alimentar un registro. De la misma manera, los estudios y análisis políticos y los informes sobre vulneraciones de derechos humanos, no hacen referencia sobre la situación y la afectación diferenciada en la actual crisis institucional, política y social sobre la vida de las personas trans y de género diverso.

En el caso de Nicaragua, el contexto de crisis sociopolítica y de derechos humanos, en la cual impera la censura y la impunidad por las graves violaciones y abusos a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales y paraestatales, no hay acceso a cifras oficiales sobre los casos de violencia contra personas trans; sin embargo, según testimonios recabados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), los liderazgos feministas, organizaciones y grupos de mujeres (en toda su diversidad) han sido un blanco especial de ataques contra la sociedad civil[4].

El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por motivaciones políticas, mantuvo encarceladas al menos a 4 mujeres trans en centros penitenciarios para hombres, negándoles el acceso a su terapia hormonal y exponiéndoles a riesgos diferenciados por razón de su género. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas -en la Opinión 12/2021- se pronunció sobre el caso de una activista trans que fue apresada arbitrariamente en el segundo aniversario de la crisis sociopolítica, obligada a permanecer recluida en un centro penitenciario de varones y condenada a 13 años y 2 meses de prisión por “secuestro extorsivo agravado” y “obstrucción de funciones agravada”. “Se ignoró su condición de persona trans como forma de humillación en su contra”, concluyó el Grupo en su Opinión. Finalmente, la activista fue excarcelada en el año 2021, pero el Estado nunca informó sobre el levantamiento de los cargos en su contra, ni sobre las garantías de reparación por los daños cometidos.

Algo similar ocurre en Cuba. La detención de Brenda Díaz, una mujer trans de 28 años que permanece recluida en un centro penitenciario masculino, revela la grave situación que enfrentan las personas con identidades de género diversas en la Isla. A ella la detuvieron por participar en las marchas pacíficas de julio de 2021 porque, según las autoridades de este país, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones públicas[5]. Víctima de todo tipo de discriminación y violencia dentro de esta prisión, Brenda cumple una condena de 14 años de cárcel.

En este país, las personas con identidades de género diversas pueden cambiar el marcador de género en los documentos de identidad solo si la persona solicitante se ha sometido a una cirugía de afirmación de género, de acuerdo con la base de datos de la organización Ilga Mundo[6], que también recopila otras medidas adoptadas por el gobierno cubano para proteger a esta población, pero que, según las personas trans, no trascienden y se quedan en el papel. De igual manera, organizaciones de mujeres afirman que hace falta una Ley contra la violencia de género, que prevenga y mejore la atención de la violencia machista, que también afecta a esta población.

En el caso de Colombia, en el marco del Paro Nacional del 2019-2020, Colombia Diversa ha documentado que la mayoría de las víctimas de violencia policial, amenazas y homicidios fueron mujeres trans[7]. De acuerdo a Caribe Afirmativo, al igual que en 2019, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. En Valle del Cauca, por ejemplo, se reportó amenazas y represión por parte de la policía e impedimentos de manifestaciones en espacios públicos[8]. Además, el Ministro de Defensa de entonces, Diego Molano, criminalizó los liderazgos sociales de personas LGBTI+ en el Cauca, señalándoles como integrantes de organizaciones criminales y ofreciendo una millonaria recompensa a quien diera información sobre ellos.

Al respecto, Bicky Bohorquez, integrante de Somos Identidad, se refirió sobre importancia de la seguridad personal de las personas trans en las manifestaciones: “Para promover la participación y visibilización de las personas trans en espacios de reivindicación social, como la protesta social, hay que tener en cuenta que estos deben ser espacios seguros para nosotras como personas trans. No puede quedar por fuera estrategias como escuchar y aprender de nuestras experiencias, la sensibilización y la educación”.

Las personas trans en la región están expuestas a situaciones de mayor peligrosidad y vulnerabilidad cuando sus países se encuentran en contextos políticos y sociales críticos. No solo porque, en general, su condición de vida se agudiza sino porque su participación como actores políticos puede poner en riesgo su integridad física y mental, sobre todo en marcos de protestas y Estados de Emergencias.

Por todo lo anterior, Raza e Igualdad desea elevar algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (2020):

Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

[1] ANTRA (2022). Expediente Asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños. Disponible en https://antrabrasil.files.wordpress.com/2023/01/dossieantra2023.pdf

[2] Defensoría del Pueblo (2023) Crisis Política y Protesta Social. Reporte Diario. Disponible en https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario2332023_17-horas.pdf

[3] Presentes (2023). Perú: Por primera vez miles de personas marcharon en Lima contra los transfemicidios. Disponible en https://agenciapresentes.org/2023/02/23/peru-por-primera-vez-miles-de-personas-marcharon-en-lima-contra-los-crimenes-de-transodio/

[4] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2023). Conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Disponible en https://informenicaragua.org/wp-content/uploads/2023/03/A_HRC_52_CRP5_Spanish.pdf

[5] Race and Equality (2022). Cuatro historias de personas detenidas por reclamar cambios en Cuba. Disponible en http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuatro-historias-de-personas-detenidas-por-reclamar-cambios-en-cuba/

[6] Ilga database: https://database.ilga.org/cuba-lgbti-es

[7] Colombia Diversa (2020). 2020, el año con la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra personas LGBT. Disponible em https://colombiadiversa.org/blogs/2020-el-ano-con-la-cifra-mas-alta-de-violencia-policial-asesinatos-y-amenazas-contra-personas-lgbt/

[8]Caribe Afirmativo (2021). Violencias contra personas LGBT a 20 días de Paro Nacional. Disponible en https://caribeafirmativo.lgbt/violencias-contra-personas-lgbt-a-20-dias-de-paro-nacional/

Comunicado: Organizaciones de la sociedad civil solicitan al Gobierno de Colombia impulsar la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)

Colombia, 23 de marzo del 2023. En el marco de la conmemoración del 21 de marzo, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial [1], organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan al Gobierno Nacional de Colombia impulsar activamente la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) de acuerdo con el reciente proyecto de Ley que busca su ratificación[2].

Esta Convención, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2013, establece un marco jurídico internacional para la protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de raza, color, ascendencia u origen étnico. Además, busca prevenir y eliminar la discriminación racial y otras formas de intolerancia, promover la igualdad y combatir el racismo en todas sus formas.

En 2014, el Gobierno colombiano firmó dos instrumentos interamericanos sobre derechos humanos: la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Ambos instrumentos robustecen el marco normativo interno en materia de lucha contra toda forma de discriminación, reconociendo que Colombia es un país pluriétnico y respetuoso de la diversidad; sin embargo, a la fecha estos instrumentos internacionales no han sido ratificados. En el 2021 fue radicado un proyecto de ley en el Congreso para lograr la ratificación de la CIRDI; el proyecto de ley es resultado de un proceso colectivo con diferentes actores de los pueblos indígenas y rom (gitano), y liderada por activistas afrocolombianos gracias a la Campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial” impulsada por Raza e Igualdad con el objetivo promover la ratificación e implementación universal y efectiva de la CIRDI en las Américas.

En Colombia, el racismo y la discriminación racial siguen siendo una realidad en la vida cotidiana de muchas personas, lo cual las convierte en víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos en todos los ámbitos sociales. Por ello, es fundamental que el Estado se adhiera a esta Convención y se comprometa a garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en todas las esferas de la vida pública y privada.

La ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) es un paso crucial para consolidar el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y garantía de los derechos humanos y la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

En ese sentido, hacemos un llamado al Gobierno nacional para que impulse su pronta ratificación y que en todas sus acciones, programas y reformas articule las disposiciones de esta Convención, la cual desarrolla importantes medidas a partir de las realidades específicas de América Latina y el Caribe, y el contexto nacional en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Por ejemplo, en acciones relacionadas con una reforma policial en contra de prácticas de perfilamiento racial y con una formación en derechos humanos desde una perspectiva interseccional; acciones en contra de la discriminación racial en instituciones educativas; estrategias de medición que garanticen la recopilación de datos desagregados con la pertenencia étnico-racial; y, en general, se garantice la implementación de medidas que articulen un enfoque étnico-racial desde una perspectiva interseccional y de justicia racial.

Finalmente, las organizaciones firmantes reiteramos la necesidad de dar seguimiento al proyecto de ley que busca la ratificación la CIRDI, a fin de erradicar todas las formas racismo y discriminación racial en el país.

Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES.

Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia – La COMADRE.

Convergencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas – CNOA.

Colectivo Justicia Racial.

Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales Somos Identidad.

Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC.

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad

[1] https://www.ohchr.org/es/get-involved/stories/international-day-elimination-racial-discrimination

[2] Congreso de la República de Colombia. (Noviembre 7 de 2022). Radican dos convenciones contra toda forma de discriminación e intolerancia. https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4145-radican-dos-convenciones-contra-toda-forma-de-discriminacion-e-intolerancia.

¡LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS UNA REFORMA INTEGRAL A LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA!

Colombia, 2 de marzo del 2023. Hoy 2 de marzo de 2023 en el Centro de Memoria Histórica, 20 organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos haremos entrega al Gobierno Nacional del pliego de propuestas para que la Policía Nacional de Colombia reconstruya la confianza con la ciudadanía y se convierta en un servicio público para la paz.

Este pliego hace parte de un trabajo de discusión y construcción colectiva en el que se consideró fundamental contar con las visiones de distintos sectores de la ciudadanía. La iniciativa del pliego surgió a raíz de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública de Colombia y con ello, de la necesidad de implementar una Reforma Integral a la Policía que priorice los derechos humanos, la convivencia y la paz.

Con el fin de lograr una Reforma Integral a la Policía, las organizaciones de la sociedad civil proponemos cinco puntos claves: 1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles, 2. La Policía debe formarse para los derechos humanos, la convivencia y la paz, 3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social, 4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad y 5. Justicia para las víctimas y ¡no más víctimas de abuso policial!.

Los anteriores son las bases de las modificaciones normativas e institucionales profundas y que representan un llamado al Estado para que asuma de forma completa, integral y verdadera el compromiso de realizar una Reforma a la Policía Nacional, son un llamado para que se garantice una participación amplia, real y efectiva de la sociedad civil y en especial de las víctimas de violencia policial, en la construcción y ejecución de cualquier iniciativa que busque transformar a dicha institución.

POR LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN, LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SOLICITAMOS AL GOBIERNO NACIONAL Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE ESTOS PUNTOS MÍNIMOS SE TENGAN EN CUENTA EN SU TOTALIDAD AL MOMENTO DE TRAMITAR LA REFORMA A LA POLICÍA.

Conozca el pliego completo de propuestas.

COMUNICADO: C.N.O.A., Somos Identidad y Raza e Igualdad rechazan el ataque perpetrado en contra de Nixon Ortiz, Director de la Fundación Manglaria Diversa y hacen un llamado al Gobierno colombiano para que le brinde plenas garantías de seguridad a los liderazgos Afro-LGBTI del Pacífico Sur colombiano

Colombia, 18 de enero de 2023. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A), la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales (Somos Identidad) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), expresan su máxima preocupación por el intento de secuestro cometido en contra de Nixon Ortiz, Director de la Fundación Manglaria Diversa el pasado martes 10 de enero de 2023 en horas de la mañana en el municipio de Tumaco, Nariño. El líder social, cuyo trabajo se ha centrado en la promoción y defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+ Afrodescendiente en el Pacífico Sur Colombiano, se encontraba en la sede de la Fundación Manglaria Diversa, cuando dos hombres encapuchados que portaban armas de fuego y se transportaban en motocicleta intentaron raptarlo. Gracias a la rápida acción del líder social y compañeros que se encontraban en el lugar de los hechos, el ataque se vio frustrado, aunque en medio del forcejeo, el líder social resultó agredido. Este ataque se suma a diferentes episodios de hostigamientos y intimidaciones perpetradas contra el líder social durante el 2022, que se intensificaron el mes de diciembre, lapso en el que el que recibió numerosas llamadas amenazantes.

Esta situación refleja el difícil contexto de trabajo en el que se desenvuelven los liderazgos sociales en la región del Pacífico Sur Colombiano, que en el último trimestre de 2022, reportó un total de 18 líderes y defensores de derechos humanos asesinados[1], siendo Nariño el departamento con más asesinatos contra liderazgos sociales cometidos en 2022[2] y en donde además existe una alerta máxima por la presencia de diversos grupos armados[3]. Recientemente, se conocieron las declaraciones de Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, quien señalo con preocupación “la continuidad de la violencia ejercida contra líderes y comunidades indígenas, como los Awá, y afrocolombianas, como el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, ambos en el departamento Nariño, donde la implementación de disposiciones étnicas del Acuerdo Final es un imperativo”[4].

De igual manera, retrata el entorno hostil al que se enfrentan los liderazgos LGBTI, quienes a menudo deben afrontar numerosos obstáculos por las causas que defienden o por el contenido de sus reivindicaciones[5]. En el caso específico de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado la atención frente a los riesgos que implica para las personas LGBTI ser visibles en un contexto de discriminación y violencia y alertó frente al aumento de casos de personas atacadas por ejercer su derecho a defender los derechos de esta población[6].

C.N.O.A., Somos Identidad y Raza e Igualdad se solidarizan con el Profesor Nixon Ortiz y solicitan al Estado Colombiano y a los organismos internacionales de derechos humanos:

Al Gobierno Nacional, hacemos un llamado sobre la urgencia de avanzar en la implementación de las políticas relacionadas con la iniciativa de Paz Total del Gobierno Nacional y la necesidad de abrir espacios diálogo que involucren a todos los actores del territorio en búsqueda de un cese inmediato a la violencia en contra de los liderazgos sociales y la población civil.
A la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional, y al Ministerio Público a activar las rutas urgentes de protección necesarias para garantizar la vida, seguridad e integridad de Nixon Ortiz.
A la Fiscalía General de la Nación, para que atienda de manera prioritaria y urgente la denuncia de los hechos y avance en la investigación desde un enfoque diferencial que tenga en cuenta su pertenencia étnica y su orientación sexual diversa.
Al Estado Colombiano para que avance en la elaboración de una estrategia de protección y seguridad de los liderazgos sociales que reduzca efectivamente el número de ataques y amenazas, con la incorporación de un enfoque diferencial.
Al Sistema Interamericano y al Sistema Universal de Derechos Humanos para que refuercen sus sistemas de monitoreo sobre la situación de violencia contra los liderazgos sociales en Colombia, con especial atención a los liderazgos AfroLGBTI, y la implementación de los Acuerdos de Paz, de la mano de las organizaciones de derechos humanos que allí trabajan.

[1] Instituto de estudios para el desarrollo y la paz- INDEPAZ, Observatorio de DDHH, conflictividades y paz, “Líderes sociales, defensores de DDHH y firmantes de acuerdo asesinados en 2022”, disponible en: https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/

[2] Caracol Radio, “Nariño es el departamento con más Líderes Sociales asesinados en 2022”, 09 de diciembre de 2022, disponible en: https://caracol.com.co/2022/12/09/narino-es-el-departamento-con-mas-lideres-sociales-asesinados-en-2022/

[3] Radio Nacional de Colombia, “En el 70% de los municipios de Nariño hay presencia de actores armados: organizaciones”, 05 de octubre de 2022, disponible en: https://www.radionacional.co/noticias-colombia/presencia-de-actores-armados-en-municipios-de-narino#:~:text=En%20el%20departamento%20de%20Nari%C3%B1o,el%20proyecto%20de%20Paz%20Total.

[4] Noticias ONU, “Colombia: El Consejo de Seguridad amplia el mandato de la Misión de la ONU para incluir la reforma rural y el capítulo étnico”, 11 de enero de 2023, disponible en: https://news.un.org/es/story/2023/01/1517842

[5] CIDH, “Informe sobre criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos”, 31 de diciembre de 2015, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf

[6] CIDH, “Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, 06 de diciembre de 2019, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DefensoresColombia.pdf

IMPACTOS DE LA VIOLENCIA POLICIAL RACISTA: afectaciones psicosociales, colectivas y comunitarias contra personas afrodescendientes en Colombia y la región

Colombia, 22 de diciembre del 2022. El Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presenta el Policy Paper Impactos de la violencia policial racista: afectaciones psicosociales, colectivas y comunitarias contra personas afrodescendientes en Colombia y la región, el cual establece un análisis sobre los impactos colectivos, psicosociales y comunitarios de la violencia policial racista a partir del trabajo de investigación y documentación que realiza Raza e Igualdad sobre dicho tema, así como de los hallazgos y reflexiones identificados en el informe “Las huellas del racismo. Voces de las personas excluidas y violencia estructural dentro y fuera del estallido social en Cali”. Asimismo, articula un análisis de las experiencias y opiniones de estos impactos mediante algunas entrevistas para el caso de Colombia con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas- C.N.O.A, el Instituto Marielle Franco en Brasil y Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, lo cual permitió establecer una perspectiva comparada a nivel regional de estos impactos.

El documento también presenta los estándares internacionales contra el racismo, la discriminación y el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes por parte de la Fuerza Pública, e incluye un apartado de las afectaciones diferenciales de la violencia policial contra personas afro-LBGTI a razón de su orientación afectivo-sexual, identidad y/o expresión de género diversa (OSIEG). Finalmente, se presentan algunas reflexiones y conclusiones, al igual que recomendaciones contra el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes y sus impactos desde un enfoque colectivo, étnico-racial y de género.

Las afectaciones psicológicas y psicosociales de la violencia policial racista, uno de los principales impactos contra personas afrodescendientes

Una de las principales afectaciones identificadas durante el proceso de investigación, fueron los impactos psicológicos que hoy viven las personas afrodescendientes que fueron víctimas de violencia por parte de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional del 2021 en Colombia, representadas en estrés, ansiedad y pánico al salir. A su vez, se evidencia la falta de una respuesta estatal integral, con enfoque étnico-racial y de género, que permita garantizar el acceso a la justicia y a medidas de atención psicosocial para atender estos impactos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las barreras de acceso a justicia para personas afrodescendientes se articulan con el miedo a las represalias por denunciar y la desconfianza institucional, lo que hace que estas situaciones no lleguen a las instancias de justicia necesarias y, por tanto, se evite la reproducción de prácticas revictimizantes.

Otro hallazgo a destacar es el impacto psicosocial de estas formas de violencia en Cali, la ciudad con mayor porcentaje de población afrodescendiente en Colombia[1], y receptora de un alto porcentaje de personas víctimas del conflicto armado afrodescendientes[2]. De acuerdo con cifras de la alcaldía de Cali en 2021, se registraron 222.303 personas en situación de desplazamiento en la ciudad[3]. Esta realidad, sumada al impacto psicosocial de la violencia ejercida por parte de la Fuerza Pública, ha ocasionado desplazamientos intraurbanos y afectaciones socioeconómicas.

A su vez, la violencia policial racista tiene impactos colectivos en los territorios con mayor número de personas afrodescendientes, es decir, existe un patrón de perfilamiento territorial que reproduce la Fuerza Pública, que en el caso de ciudades como Cali, afecta principalmente los barrios del oriente de la ciudad, específicamente las comunas 12, 13, 14, 15, 16 y 21, lugares que tienen el mayor porcentaje de personas afrodescendientes en la ciudad y un mayor índice de necesidades básicas insatisfechas y brechas socioeconómicas.

La violencia policial afecta diferencialmente a personas afro-LBGTI

El racismo, homofobia, transfobia son estructuras de exclusión que no son ajenas a las interacciones que tiene la Policía con personas afrodescendientes con OSIEG diversas

Esta situación se ve reflejada en la criminalización, perfilamiento, violencia psicológica y física, contra personas Afro – LGBTI por parte de la Fuerza Pública; hecho que afecta a este grupo poblacional en varios países de la región. Así lo detalla el “informe regional. La deuda pendiente con la población AFRO-LGBT en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana”[4] el cual analiza las condiciones de desigualdad estructural que viven cotidianamente personas afrodescendientes con orientación sexual e identidad de género diversas (OSIG) en América Latina y el Caribe. En ese sentido, y según lo señala el Informe del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley, los Estados deben generar datos periódicos con variables como la identidad de género, orientación sexual y pertenencia étnico-racial sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, para hacer frente a esta situación.

Desde el Instituto Raza e Igualdad hacemos un llamado a los Estados de la región, sobre la importancia de visibilizar los impactos que tiene la violencia policial racista y la necesidad de diseñar e implementar acciones de reparación integral relacionadas con el abuso policial contra personas afrodescendientes, desde un enfoque étnico-racial y de género. Asimismo, resaltamos la urgencia de garantizar reformas nacionales y regionales de la Fuerza Pública y la incorporación de los estándares internacionales contra el racismo y la discriminación racial y el monitoreo de su implementación.

Por último, desde Raza e Igualdad creemos en la importancia de adoptar políticas integrales con perspectiva interseccional que articulen los estándares Internacionales en contra del racismo y la discriminación, con el fin de que los Estados garanticen la protección de los derechos de personas afrodescendientes.

Acceda al documento Impactos de la violencia policial racista: afectaciones psicosociales, colectivas y comunitarias contra personas afrodescendientes en Colombia y la región.

[1] CIDSE, Afroamérica XXI, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cuantos somos, cómo vamos. Diagnóstico Sociodemográfico de Cali y 10 municipios del Pacífico nariñense. Consultado en: ﷟HYPE://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/cuantos_somos.pdf

[2] El País. (2019). Cali es una ciudad afro, pero estos son los retos que tiene con su población. Consultado en: https://www.elpais.com.co/cali/dia-de-la-afrocolombianidad-es-una-ciudad-afro-pero-estos-son-los-retos-que-tiene-con-su-poblacion.html

[3] Alcaldía de Santiago de Cali. (2021). Bienestar Social hace balance sobre situación de desplazados en Cali. Consultado en: https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/159304/bienestar-social-hace-balance-sobre-situacion-de-desplazados-en-cali/#:~:text=La%20capital%20vallecaucana%20alberga%20un,occidente%20y%20el%20sur%20colombiano

[4] Red Latinoamericana y del Caribe de Afrodescendientes con Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas – Red Afro LGBT (2020), Informe Regional. La deuda pendiente con la población Afro-LGBT en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana. Consultado en: http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Afro-LGBT_May2021.pdf

Movilidad humana en clave Interseccional: mujeres afrodescendientes en contexto migratorio

Colombia, 16 de diciembre del 2022.-de diciembre de 2022. Las personas en situación de movilidad humana se enfrentan cotidianamente a una estructura de desigualdad social que promueve la ocurrencia y la impunidad de violencias en su contra y que, además, se materializa en la falta de protección y garantía de sus derechos. En marco de la conmemoración del Día Internacional de las personas Migrantes, Raza e Igualdad insta a los Estados de la región a formular e implementar políticas públicas dirigidas a garantizar el reconocimiento de las distintas formas en las que se interseccionan las injusticias sociales y que profundizan las situaciones de riesgo de las personas que integran los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela. Así mismo, y en vista del cierre de los 16 días de activismo en contra de las violencias hacia las mujeres, resaltamos que en estos contextos las mujeres enfrentan múltiples vulneraciones a sus derechos asociadas a violencias basadas en género, xenofobia, LGTBIfobia y racismo.

¿Por qué es relevante pensar en clave interseccional en los contextos de movilidad humana?

Los estudios sobre interseccionalidad y migración[1] han señalado cómo la configuración de estas desigualdades y relaciones de poder basadas en jerarquías sociales, clasificaciones sociales y diversas posicionalidades históricas que se han consolidado, por ejemplo, a partir del género, la pertenencia étnico-racial, la condición migratoria, la nacionalidad, la orientación sexual de personas en situación de movilidad, se traducen en grandes barreras y brechas en el mercado laboral, condiciones socieconómicas, violencias físicas, psicológicas, sexuales y feminicidios. Asimismo, explican la manera en la cual se reproducen estas desigualdades, considerando factores estructurales y analizando realidades específicas (situación espacial-temporal[2]) y relacionales de estas jerarquías sociales.

En ese sentido, resaltamos que, estos estudios han servido para defender que no se puede equiparar la experiencia que tienen los hombres y las mujeres del fenómeno de la migración. Ana Silva Cuesta[3] en “Women: Facing the Challenge of Migration hace énfasis en cómo en las situaciones de necesidad de supervivencia los cuerpos de las mujeres tienen una experiencia diferenciada de la migración. A través de su estudio se demuestra cómo las mujeres están sometidas a un doble proceso de discriminación: por un lado, el que se refiere a las dificultades que toda persona migrante debe soportar para obtener la ciudadanía del lugar al que migraron; y, por otro lado, el que tiene que ver la frontera de género en la que se dan, en muchas ocasiones simultáneamente, procesos de “feminización de la pobreza” y de violencia sexual.

Desde Raza e Igualdad señalamos la importancia de utilizar siempre una perspectiva interseccional en los estudios sobre movilidad humana. Defendemos que las injusticias estructurales y las formas de opresión y dominación de los cuerpos -incluidos todos los grupos sociales oprimidos – deben pensarse desde la matriz de dominación (para usar el concepto de Patricia Hill Collins[4]) que funciona al interior de nuestra sociedad, para entender la manera en la que, las relaciones de poder configuran escenarios que vulneran los derechos y oportunidades de grupos humanos específicos.

Las mujeres afrodescendientes que migran hacia Colombia

Numerosos estudios académicos, informes e instrumentos internacionales de derechos humanos, han resaltado la importancia de analizar los impactos diferenciados que producen las crisis humanitarias para las experiencias de vida en clave de género. Este ejercicio demanda la comprensión de las relaciones históricas, culturales y de poder que se gestan entre los roles de género asignados socialmente, para dar cuenta de las formas de violencia y las situaciones que pueden devenir en la violación de los derechos humanos de un grupo poblacional específico. Así lo reconoce la CIDH[5] en su informe, observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos, al señalar qué:

La Comisión pudo observar y recibir testimonios que dan cuenta de la situación precaria en que se encuentran grupos de personas en situación de discriminación y exclusión histórica, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes; mujeres; mujeres embarazadas; personas mayores; personas viviendo en condición de pobreza; personas con discapacidad; pueblos indígenas; personas LGBTI; personas afrodescendientes; entre otras. En vista de los riesgos particulares que enfrentan estos colectivos, que los sitúa en extrema vulnerabilidad con afectaciones a sus derechos humanos, la Comisión considera que el impacto de la migración forzada debe encararse con una visión diferenciada”.

En este contexto afirmamos que las mujeres afrodescendientes sufren afectaciones diferenciales en la configuración de estas desigualdades que profundizan las violencias que se surten en los contextos migratorios, pues; por una parte, son víctimas de racismo estructural y de discriminación fundamentadas en la pertenencia étnico racial; y, por otro lado, viven a diario violencias basadas en género que se traducen en fetichización y cosificación de los cuerpos de mujeres afrodescendientes. Asimismo, son víctimas de las violencias a razón de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género (OSIEG).

Algunos datos para entender la violencia estructural en estos contextos

En relación con la situación de la población afrodescendiente venezolana migrante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[6] desarrolló el estudio “Personas migrantes y refugiadas venezolanas afrodescendientes en cinco países de América Latina. Estudio exploratorio«, en el cual se caracteriza a la población, se analiza el acceso a derechos y las experiencias de desigualdad y discriminación basadas en la pertenencia étnico-racial en los países de acogida, en el caso del estudio se analiza la situación en Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

Entre los resultados del estudio, el 44,2% de las personas encuestadas, indican que son más discriminadas las personas afrodescendientes en situación de movilidad humana, con respecto a las personas no afrodescendientes. De igual forma, se registran las diversas experiencias y desigualdades que viven a diario mujeres afrodescendientes venezolanas en situación de movilidad humana, como el siguiente caso en Colombia:

Yo estudié hasta segundo año de secundaria, pero aquí yo no salgo a trabajar porque tengo cuatro niños pequeños. Actualmente vivo en una casa pequeña de dos habitaciones donde estamos 10 personas, mi esposo, mis cuatro hijos, mi hermana y mis sobrinos. Si me pregunta le digo que vivimos un poco mejor a como estábamos en Venezuela.

Pero siento que en Colombia me tratan de manera despectiva. Tengo muchos ejemplos de personas en la calle que me dicen palabras ofensivas a mí y a mis hijos por su color de piel y por ser venezolanos. Dos de mis hijos son de piel muy clara y a veces la gente se acerca a decirle cosas bonitas por sus rasgos mientras que a mis otros dos hijos los ignoran o les dicen palabras despectivas[7]

La situación de la población afrodescendiente en situación de movilidad humana haitiana en Colombia y en diversos países de la región, señala el patrón global desigual y exclusión que afecta diferencialmente a personas afrodescendientes migrantes. La migración reciente y más antigua se caracteriza por la situación de precariedad socioeconómica y de desigualdad social que se vive en el país, desastres naturales, violencia política y la sistemática discriminación racial como lo señala Daymar Martínez en su artículo «Migración en América Latina y el Caribe: Haití, Colombia y Venezuela[8].

En Colombia, se ha presentado un alto flujo migratorio de población haitiana en el Tapón del Darién, que tiene como destino el paso entre Panamá y Estados Unidos, una de las rutas más peligrosas y en la cual se han registrado casos de abuso sexual hacia mujeres y niñas como lo ha indicado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[9]. Como el caso de Loutianie[10] quién vivió este trayecto con su familia: “Caminar siete días por la selva con niños chiquitos es muy difícil. Nos robaron dinero, comida, la leche de Neymar, los pañales.”

En esta situación, a nivel nacional no se ha contado con una respuesta que garantice la protección de sus derechos y acciones en contra de las graves vulneraciones que viven personas haitianas en situación de movilidad humana en el país. De igual forma, es poca la información disponible sobre la situación diferencial que viven mujeres haitianas en el país y de las barreras que viven para acceder a sus derechos.

*Este documento fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.

[1] ¹ Magliano, María. (2015). Interseccionalidad y migraciones. Potencialidades y Desafíos. Estudos Feministas, Florianópolis, 23(3), 691-712. Piscitelli, Adriana. (2008). Interseccionalidades, categorías de articulação e experiências de Migrantes brasileiras. Socie- dade e Cultura, v.11, n.2, p. 263-274. Defensoría del Pueblo y Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú. (2021). Violencias basadas en género contra migrantes en el Perú.

[2] ANDERSON, Cynthia. “Understanding the Inequality Problematic: from Scholarly Rhetoric to Theoretical Reconstruction”. Gender and Society, v. 10, n. 6, p. 729- 746, dic. 1996.

[3] Silva Cuesta, Ana (2021). Women: Facing the Challenge of Migration, En: Human Displacement from a Global South Perspective. Cham: Palgrave Macmillan. doi.org/10.1007/978-3-030-64819-0

[4] Collins, Patricia Hill (2000). Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. NY: Routledge.

[5] IDH (2020) observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos. Recuperado de: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/106.asp

[6] Organización Internacional para las Migraciones- OIM. (2022). Personas migrantes y refugiadas venezolanas afrodescendientes en cinco países de América Latina – Estudio exploratorio.

[7] Historia de vida registrada en el informe: Personas migrantes y refugiadas venezolanas afrodescendientes en cinco países de América Latina – Estudio exploratorio de la Organización Internacional para las Migraciones (2022).

[8] Daymar Martínez. (2022). Migración en América Latina y el Caribe. Tricontiental. Consultado en: https://thetricontinental.org/es/argentina/nuestraamerica2-martes/

[9] Organización Internacional para las Migraciones- OIM. (2022). Poder en Movimiento. Historias de Mujeres Migrantes Haitianas. https://rosanjose.iom.int/es/stories/poder-en-movimiento-historias-de-mujeres-migrantes-haitianas

[10] ibidem para 12.

GAAT Y RAZA E IGUALDAD URGEN A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES COLOMBIANAS A REGULAR EL PROCESO DE CAMBIO DE COMPONENTE SEXO EN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PARA GARANTIZAR A LAS PERSONAS NO BINARIAS EL ACCESO INTEGRAL A SUS DERECHOS

Colombia, 14 de diciembre del 2022.- El Grupo de Acción y Apoyo a Personas con experiencia de vida Trans (GAAT) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se unen para hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional de Colombia a acatar de manera inmediata lo solicitado por la Corte Constitucional en su sentencia T-033 de 2022, en la que reconoce los derechos de las personas no binaries con la inclusión de la casilla No Binario o “NB” en los documentos de identidad.

En el fallo, del Alto Tribunal, se ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), al Ministerio de Justicia y Derecho y a otras entidades del Gobierno Nacional, adelantar los procesos necesarios para la inclusión efectiva de un marcador de género no binario o “NB” en los documentos de identidad en los seis meses posteriores a la notificación de la sentencia. Así mismo, la Corte exhortó al Congreso a que, en un plazo de 2 años, “regule todos aquellos derechos, obligaciones y servicios que encuentran en el sexo o en el género, un criterio de asignación”.

Si bien la RNEC no ha dado cumplimiento a esta orden en el plazo establecido y no ha emitido regulación alguna, a partir del 05 de octubre de 2022, día en que se cumplieron seis meses de la notificación del fallo, las personas no binaries pueden exigir que el componente de género en sus documentos de identidad sea corregido, aun sin la reglamentación correspondiente.

Esta situación de falta de regulación del proceso ha impedido que las personas no binaries hagan pleno ejercicio del derecho a la identidad reconocido por la Corte Constitucional y limita su acceso a otros derechos. Tal como lo reconoció la Corte en el fallo, “el reconocimiento de la identidad de género en las personas por parte del Estado permite la concreción de su ser en la sociedad y es una condición para su participación en ella. Correlativamente, su falta de reconocimiento implica una limitación material para el ejercicio de los derechos fundamentales, contraria a la Constitución.”

En acompañamiento a diferentes casos de personas que deseaban hacer el trámite, las organizaciones que suscribimos este comunicado evidenciamos que:

Las notarías se niegan a adelantar el trámite en tanto no sean aquellas donde reposa el registro civil de nacimiento original de la persona: A pesar de que el Decreto 1227 de 2015 estipula que la expedición de escritura pública para el cambio de componente sexo puede adelantarse en cualquier notaría a nivel nacional, contemplando la posibilidad de que se haga el traslado de la escritura desde la notaría donde se realiza el trámite a la notaría donde reposa el registro original.
Las notarías no permiten adelantar el trámite para la escritura pública si la declaración juramentada se hace en una notaría distinta: Lo que, además de no tener fundamento legal, genera que la persona que lleva a cabo el trámite deba volver a iniciar el proceso y deba asumir un doble pago por la declaración juramentada.
Los traslados de escrituras públicas para cambio de componente sexo desde notaría pueden tardar hasta seis (6) meses: Lo que es abiertamente contrario a lo estipulado por el Decreto 1227, que señala que el tiempo máximo de traslado debe ser de “tres (3) días siguientes a la expedición de la escritura pública.”
Las notarías y registradurías se niegan a hacer traslado de folios: Hemos documentado situaciones en las cuales las notarías o registradurías en la que reposan estos folios originales se niegan a hacer el traslado, impidiendo que la persona decida donde quiere que su folio de registro civil de nacimiento repose.
Hay falta de formación y socialización a personal de notarías sobre la sentencia T-033 de 2022: Se han identificado casos en los que, además de denegar el derecho a contar con un documento de identidad que represente la identidad de género de las personas, esta negativa viene acompañada de burlas, actos de discriminación y humillaciones frente a la decisión personal de modificar el componente de sexo en los documentos de identidad, calificándolos como “ridiculeces” que no “ameritan la firma del notario”.
Las notarías afirman que la sentencia T-033/2022 de la Corte Constitucional no les cobija, hasta que no sea modificado el Decreto 1227 del 2015: Señalan que las instrucciones dictadas por la Corte Constitucional de modificar el primer inciso del artículo 2.2.6.12.4.3. del Decreto 1227 de 2015 y las normas correspondientes aún no se han adelantado, por lo que se niegan a actuar fuera de lo que establecen están normas.
No se ha actualizado la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil – PMT II: Algunas notarías han insistido sobre la falta de actualización de la plataforma tecnológica que permite asignar el componente “NB” a los registros civiles de nacimiento por parte de la RNEC, a fin de que puedan expedir las escrituras públicas que se requieren en estos trámites.
No es claro cómo se dará el reconocimiento legal de las personas que no necesariamente se ven reconocidas con el marcador “NB”: Es importante que la actualización de los sistemas de información y las acciones que se deban adelantar tengan presente la jurisprudencia que reconoce legalmente otras identidades, como el caso de la sentencia 2021 – 088, expedida por el Tribunal administrativo de Antioquia que ordenó a la Notaría 26 del circulo de Medellín que realizara la corrección del sexo en el registro civil de una persona Trans, que solicitó que se incluyera el marcador “T”.
Los costos de la expedición y el traslado de los documentos necesarios para el trámite son muy altos: Las barreras históricas y estructurales para el acceso a la educación y trabajo, reducen ostensiblemente las posibilidades de cualquier persona trans y/o no binaria de lograr un mínimo de bienestar económico o de poder salir de la pobreza, o la pobreza extrema en la que suelen quedar, fruto de ese cuadro sistemático de exclusión. Sumado al reconocimiento por parte de la Corte Constitucional de estos grupos poblacionales como sujetos de especial protección constitucional, es claro que además de las barreras esbozadas, los costos que se requieren para llevar a cabo los trámites notariales se convierten en un requisito excesivo y excluyente frente a las experiencias de vida de las personas trans y/o no binarias.

Por todo lo anterior, GAAT y Raza e Igualdad, recomiendan que:

El Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil emitan una directiva nacional dirigida a las notarías y registradurías de todo el país en el que se estipule que a partir del 05 de octubre de 2022 entró en vigor la sentencia T-033 de 2022, y se insista en la obligación que tiene todo el personal de estas instituciones de facilitar y acatar lo ordenado por la Corte Constitucional, con especial atención a recibir y tramitar las solicitudes de cambio de componente sexo a “no binario” en los documentos de identidad y a facilitar el traslado de las escrituras públicas en los casos en que se requiera.
Desde el Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil se estipulen procedimientos digitales que permitan que las personas trans y/o no binarias no tengan que trasladarse a lugares de donde han huido por ser víctimas de actos de discriminación y violencia y alienten a las notarías y registradurías de todo el país a formarse y hacer uso de estas vías alternativas para la modificación de registros civiles remotamente.
El Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil adelanten procesos de socialización y formación en derechos LGBTIQ+, con enfoque especial en la garantía de derechos de las personas trans y/o no binarias con el personal de notarías y registradurías en todo el país a fin de propender por la sensibilización sobre sus derechos y eliminar los actos de discriminación por parte del funcionariado público.
La Superintendencia de Notariado y Registro y la Procuraduría Generales de la Nación adelanten las debidas investigaciones disciplinarias y sancionatorias contra el personal de notarías y registradurías que sean renuentes a la aplicación de las disposiciones legislativas y constitucionales relativas a la garantía al derecho a la identidad de personas trans y/o no binarias.
La Registraduría Nacional del Estado Civil agilice el proceso de fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil PMT II, a fin de que las disposiciones contempladas en la sentencia T-033 de 2022 puedan empezar a implementarse en los plazos y términos establecidos por la Corte Constitucional.

COMUNICADO: Raza e Igualdad rechaza los hechos racistas, violencia sexual, física y psicológica cometidos en Paya, Boyacá.

El Instituto Raza e Igualdad rechaza enfáticamente los hechos racistas, violencia sexual, física y psicológica cometidos en Paya, Boyacá, contra Kerin Murillo Mena y sus hijos Keiner y Keylerl. Asimismo, hacemos un llamado en contra de las prácticas racistas que a diario se viven en las instituciones educativas producto de la estructura racista que reproducen todas las instituciones sociales. Los espacios escolares deben ser libres de prácticas racistas y cualquier tipo discriminación. De igual manera, exigimos acciones por parte del Gobierno nacional, para sancionar de forma efectiva cualquier acto de racismo y discriminación que se cometan en instituciones educativas. A los entes de justicia para que investiguen y sancionen a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos, y se repare de forma integral a las víctimas.

El pasado 3 de diciembre se conoció la denuncia de Kerin Murillo Mena, una mujer afrocolombiana, quien trabajaba como docente de inglés en la Institución Educativa El Rosario, ubicada en el municipio de Paya, Boyacá[1]. Según la denuncia de Kerin, ella y sus hijos – quienes estudiaban en la misma institución donde Kerin se desempeñaba como docente – fueron víctimas de hechos racistas, violencia física, verbal, sexual y psicológica en la institución educativa.

Por su parte, varias organizaciones convocaron hoy a un “plantón nacional antirracista” en algunas ciudades del país, con el fin de expresar su inconformidad ante el creciente número de actos de discriminación y racismo en contra de las personas afrodescendientes en el territorio nacional.

Desde Raza e Igualdad urgimos al Estado Colombiano para que realice de forma efectiva las respectivas investigaciones ante estos hechos, garantice el acceso a justicia, medidas en contra de la revictimización y reparación. En ese sentido, urge que se cumpla con lo señalado en la Ley 1482 de 2011 en Colombia, la cual tiene el objetivo de garantizar la protección de los derechos de personas y comunidades que han sido víctimas de racismo y discriminación. De igual manera, instamos al Estado colombiano a acatar lo estipulado en la Declaración y Plan de Acción de Durban[2], donde se hace énfasis en la incorporación de medidas eficaces para hacerle frente a los casos de discriminación basados en la pertenencia étnico racial de las víctimas, y a la aplicación de lo estipulado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas. De igual forma, hacemos un llamado al Estado colombiano a ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)[3].

[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/aterrador-este-es-un-caso-de-violencia-racista-en-boyaca-que-deberia-indignar-a-toda-colombia/202257/

[2] https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/DurbanDecProgAction_sp.pdf

[3] https://cirdi2024.org/es/sobre-la-cirdi

SE PRESENTA EL PRIMER GRAN INFORME EN COLOMBIA SOBRE VIOLENCIA POLICIAL RACISTA

Las organizaciones Temblores ONG, Ilex Acción Jurídica, Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y CODHES, presentan el primer gran Informe sobre la Violencia Policial contra personas afrocolombianas.
El Informe hace seguimiento a la violencia contra personas afrocolombianas durante el Paro Nacional en las ciudades de Cartagena y Cali.
El Informe revela que, como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes negros representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali.

Bogotá, 11 de noviembre del 2022.- Más del 13% de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril y el 16 de octubre del 2021 fueron contra jóvenes afrocolombianos en edades entre los 17 a 24 años y más de la mitad fueron realizados por la policía. Así lo señala el Informe Nacional “SILENCIO E IMPUNIDAD. Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia” que se presenta este 8 de noviembre en Bogotá.

El Informe, adelantado por 4 organizaciones que hacen seguimiento y análisis sobre el abuso policial como Temblores ONG, Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista.

De acuerdo con María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos “desde hace mucho tiempo organizaciones afrocolombianas han denunciado la violencia policial racista. Hay unos altos grados de impunidad en estos casos de violencia policial, y una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, por lo cual incluso hemos llegado a solicitar medidas cautelares para que haya garantías para acceder a la justicia”.

El Paro Nacional demostró la importancia de seguir reflexionando y visibilizando el fenómeno de la violencia policial racista no solo como parte del accionar de la policía sino como una expresión de la violencia estatal y como una consecuencia de la discriminación racial estructural en Colombia hacia personas afrodescendientes.

“El racismo es un problema estructural y es un problema institucional y la policía no está exenta de tener conductas racistas”, señala Ana Margarita González, abogada de Ilex Acción Jurídica. Al respecto, el Informe muestra que la violencia policial racista es una expresión de violencia institucional en la que agentes del orden reprimen, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza, basados en patrones históricos de criminalización y prejuicios raciales.

Como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes afrodescendientes representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, muestra el Informe. En el caso de Cartagena, se recogen casos representativos de violencia policial como el homicidio del joven Harold David Morales Payares, joven de 17 años, futbolista candidato a la selección sub20 que murió a causa de un disparo realizado por la espalda por el agente de la policía Octavio Porras Vides.

En el Informe se hacen recomendaciones para las instituciones públicas frente a la necesidad de implementar una reforma policial con enfoque étnico-racial y de género que vaya en contra de prácticas racistas y la reproducción de violencias basadas en identidad de género y orientación sexual diversa, y llama a establecer garantías de acceso a la justicia que reconozcan las barreras sistemáticas que viven personas afrodescendientes producto del racismo estructural que se reproduce en todo el sistema de justicia con garantías de no repetición y medidas de reparación inmateriales y materiales.

Para la elaboración del Informe se utilizaron técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa con el análisis de datos agregados de diversos años de la violencia policial contra personas afrodescendientes, al igual que entrevistas sobre las experiencias de personas afrodescendientes, y hubo revisión de diversas fuentes secundarias.

CONTACTO DE PRENSA

Vannesa. Prensa Ilex Acción Jurídica. 320 7660449

Pablo Suárez. Prensa Race and Equality. 350 5824900

EDITORIAL: 2 AÑOS DEL PARO NACIONAL La urgencia de promover una Reforma Policial integral

EDITORIAL: 2 AÑOS DEL PARO NACIONAL La urgencia de promover una Reforma Policial integral

Todas las personas que integran la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones deben garantizar el respeto por la dignidad humana.

La violencia policial racista afecta a personas afrodescendientes a nivel global, regional y nacional, impactando su bienestar individual y colectivo.

31M Visibilidad Trans: ¿Qué ocurre con las personas trans en los contextos de crisis políticas y regímenes autoritarios?

Comunicado: Organizaciones de la sociedad civil solicitan al Gobierno de Colombia impulsar la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)

¡LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS UNA REFORMA INTEGRAL A LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA!

IMPACTOS DE LA VIOLENCIA POLICIAL RACISTA: afectaciones psicosociales, colectivas y comunitarias contra personas afrodescendientes en Colombia y la región

Movilidad humana en clave Interseccional: mujeres afrodescendientes en contexto migratorio

GAAT Y RAZA E IGUALDAD URGEN A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES COLOMBIANAS A REGULAR EL PROCESO DE CAMBIO DE COMPONENTE SEXO EN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PARA GARANTIZAR A LAS PERSONAS NO BINARIAS EL ACCESO INTEGRAL A SUS DERECHOS

COMUNICADO: Raza e Igualdad rechaza los hechos racistas, violencia sexual, física y psicológica cometidos en Paya, Boyacá.

SE PRESENTA EL PRIMER GRAN INFORME EN COLOMBIA SOBRE VIOLENCIA POLICIAL RACISTA

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