Afrolatines Advocacy Week: Raza e Igualdad reúne a organizaciones de Brasil y Colombia en Washington, D.C.

Afrolatines Advocacy Week: Raza e Igualdad reúne a organizaciones de Brasil y Colombia en Washington, D.C.

Washington, D.C., 27 de septiembre de 2022 – Del 27 a 30 de septiembre, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reunirá a organizaciones de derechos humanos de Brasil y Colombia en Washington, D.C., que trabajan para promover y defender los derechos de la población negra y LGBTI+.  Con el fin  de promover un intercambio de estrategias de advocacy entre el movimiento afrolatino y el movimiento negro estadounidense, las reuniones se llevarán a cabo en el marco de la Black Caucus Week’, una conferencia anual de congresistas estadounidenses negros que tiene como objetivo impulsar y debatir el compromiso cívico de la población negra. Además, la delegación participará en reuniones académicas, con organizaciones de la sociedad civil estadounidense y reuniones privadas con congresistas y departamentos estatales.

La delegación Brasil-Colombia presente en Washington D.C. está conformada por las organizaciones: Geledés – Instituto da Mulher Negra (Brasil), que estará representada por Rodnei Jericó da Silva, Coordinador de SOS Racismo;  ONG Criola (Brasil) con la presencia de la Coordinadora del Proyecto, Lia Manso;  Somos Identidad (Colombia), con su Fundadora Johana Sinisterra y la Representante Legal Sandra Milena Ibarbo;  y la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), con la presencia de la coordinadora Luz Marina Becerra.  En representación de Raza e Igualdad, el Director Ejecutivo Carlos Quesada; Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI; y la Oficial del Programa Brasil, Nathaly Calixto, estarán presentes en estas reuniones.

En este intercambio entre la América negra, las organizaciones latinoamericanas tienen como objetivo tomar las perspectivas negras y LGBTI+ de la diáspora global del sur con el fin de un impacto político efectivo, así como intercambios de buenas prácticas para que puedan moverse juntos para lograr una justicia racial plural.  Es importante destacar que, para Raza e Igualdad, la realización de estas reuniones es una oportunidad para impulsar estrategias de cambios políticos estructurales con perspectiva interseccional. Estas reuniones cobran relevancia en el contexto actual, donde Brasil está en período electoral, Colombia tiene a un nuevo Presidente que en su plan de gobierno valora las agendas raciales y, este año, se elegirán a nuevos integrantes del Congreso de los Estados Unidos, elecciones conocidas como midterms.

“Es precisamente en esta configuración que empoderamos a las organizaciones para que actúen con incidencia política. Poder hablar con congresistas estadounidenses negros sobre la agenda racial latinoamericana es una forma de influir en la administración Biden, porque él necesita una mayoría en el Congreso para aprobar sus agendas.  Es en este sentido que planeamos asegurar y fortalecer los acuerdos internacionales de derechos humanos sobre justicia racial y de género y, en este caso, nada mejor que las organizaciones para guiar las demandas de sus países”, dice Carlos Quesada.

Brasil y Colombia: en busca de justicia racial

A medida que la comunidad académica de los Estados Unidos busca comprender y fomentar los estudios sobre la diáspora negra, la delegación Brasil-Colombia se reunirá con académicos y estudiantes de la Universidad de Howard para compartir los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. La idea es mostrar que a pesar de que el racismo es un problema global, las diferentes dinámicas socioculturales y los contextos económicos deficitarios producidos por siglos de colonialismo, impactan principalmente en las poblaciones más vulnerables de América Latina y el Caribe. En este caso, dar a conocer la agenda de equidad racial y de género de estas organizaciones, puede estimular estudios que proporcionen, en el futuro, la construcción de políticas públicas globales equitativas.

Brasil, por ejemplo, es el país donde más se asesina a personas LGBTI+ en el mundo, y esta tasa de incidencia cruzada desde la perspectiva interseccional es mayor en las mujeres trans y negras en situación de vulnerabilidad.  Las organizaciones Geledés y Criola, junto con Raza e Igualdad en Brasil, realizaron una encuesta monitoreando el cierre de espacios cívicos, en la que mapearon que el surgimiento de una agenda ultraconservadora ha generado ataques al sistema democrático brasileño, criminalización de defensores de derechos humanos y la inmovilización de canales de participación ciudadana, consejos y asociaciones. Con esto, hay crecientes ataques y discursos de odio contra las mujeres negras y las LBTI electas que pretenden participar en la vida política del país.

En Colombia, desde hace años la comunidad afrocolombiana sufre un proceso de marginación y vulnerabilización, y la sociedad civil y los líderes afrocolombianos han denunciado la existencia de un apartheid geográfico reforzado por el racismo estructural e institucional.  Esta misma estructura resuena en borrar la lucha por la existencia de los pueblos étnicos, que refuerzan que los derechos civiles en el país deben ser pensados en perspectivas multiétnicas y multiculturales, teniendo en cuenta cómo la violencia racista impacta en estos territorios y cuerpos racializados.  De igual forma, para las personas LGBTI+ colombianas, la escena de violencia de género y racial sigue aumentando, de tal forma que de enero a junio de 2022  se registraron 354 víctimas de agresiones por orientación sexual, de las cuales 324 sufrieron algún maltrato físico y  229 sufrieron estos abusos dentro de sus propias familias.

El uso excesivo de la fuerza policial tanto en Brasil como en Colombia es una denuncia ante los mecanismos internacionales de derechos humanos.  El conflicto armado en Colombia y la violencia de las fuerzas policiales en Brasil coinciden en el perfil de sus víctimas: personas negras en condición vulnerable que viven en territorios donde la presencia del Estado está marcada por la violencia policial. En Colombia, al menos 1.144.486 personas que se identificaron como parte de la población negra fueron registradas como víctimas del conflicto armado, según  datos de la Red Nacional de Información, que corresponde al 38,38% del total.  En Brasil, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública señala que, del total de 6.145 muertes por intervención policial en 2021, el 84,1% eran negras y el 15,8% eran blancas.

¿Por qué la población negra es vista como una amenaza?

Además de esta pregunta y muchas otras que impregnan la estructura racista que fundaron las corporaciones policiales de América Latina, Raza e Igualdad en alianza con organizaciones de Brasil y Colombia, participan en un proyecto regional para enfrentar y denunciar la violencia policial racista en ambos países.  Ante este encuentro en Washington, D.C., la violencia policial que atraviesa a la población negra y LGBTI+ también será objeto de reuniones para aplacar este modus operandi colonial, en el que los cuerpos negros están exentos de la prerrogativa de inocencia y, por existir, son víctimas de toda violencia y vistos como una amenaza, ya sea en países latinoamericanos o en Estados Unidos.

En vista de ello, el racismo, la violencia de género y la LGTBIfobia suponen la amenaza real para un sistema de opresión que irrespeta los derechos humanos inalienables y los tratados internacionales que valoran sus garantías. Para ello, Raza e Igualdad con la delegación Brasil-Colombia, pretenden denunciar ante el Congreso estadounidense los marcos actuales de violación de los derechos de la población negra y LGBTI+ de América Latina. El intercambio de estas voces disidentes reafirma el propósito de seguir denunciando el racismo y sus diferentes formas de violencia que impiden el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad de expresión y el derecho al desarrollo de estos países como un llamado a la asociación e inclusión de la población negra de todas las Américas.

Reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela: una oportunidad para la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana

Colombia, 26 de septiembre del 2022. – El Gobierno colombiano anunció la reapertura gradual de la frontera colombo-venezolana a partir del 26 de septiembre, luego de que fuera cerrada en 2015 por orientación del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un contexto de tensiones entre los Gobiernos de ambos países. A esto se sumó que, en 2019, las relaciones comerciales y diplomáticas se rompieron por completo, luego de que el gobierno de Iván Duque se negara a reconocer a Maduro como gobernante legítimo de Venezuela[1]. El Instituto Raza e Igualdad reconoce el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, como un avance en la garantía de los derechos humanos de las casi 2.5 millones de personas en situación de movilidad humana provenientes de Venezuela[2].

La apertura de las fronteras implica el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países; se reanudará el transporte aéreo y de carga, y se establecerán alianzas entre las Fuerzas Públicas y las autoridades migratorias. A su vez, se activarán las funciones consulares en los países. Se espera que, en Colombia, las funciones consulares de Venezuela contribuyan a la protección de las personas que han conformado estos flujos migratorios mixtos, sobre todo en aquellas diligencias institucionales relacionadas con la emisión y renovación de pasaportes; las funciones notariales y la protección de personas en especiales situaciones de vulnerabilidad[3].

Asimismo, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales puede contribuir a la construcción de planes de cooperación y acción conjunta frente a los desafíos transfronterizos que actualmente enfrentan los países, dentro de los cuales se encuentra el accionar del crimen organizado que, en el contexto de la frontera, promueve el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, entre otros delitos.

Raza e igualdad reconoce la importancia del restablecimiento de relaciones entre ambos países e insta a los Gobiernos a priorizar una agenda conjunta para la construcción de planes a corto, mediano y largo plazo, para proteger los derechos de la población que se ha visto forzada a migrar como consecuencia de la crisis sociopolítica y económica que atraviesa Venezuela. A su vez, se espera que la reapertura contribuya a la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela, especialmente en materia de atención de servicios consulares y acceso a la justicia.

 

[1] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-88862014000300006

[2] https://www.r4v.info/en/document/rmrp-2022

[3] https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/como-arranca-el-restablecimiento-de-relaciones-con-venezuela/

Premios “Caminando hacia la Justicia” reconocen la labor de quienes trabajan por los derechos de la población migrante

Colombia 15 de septiembre del 2022.– El pasado 9 de septiembre, en conmemoración del Día nacional de los Derechos Humanos y en medio de una emotiva ceremonia presencial, se entregaron en Medellín los Premios Caminando Hacia la Justicia, que destacan el trabajo de líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil, profesionales del Derecho, periodistas y académicos como reconocimiento a sus labores de acompañamiento, protección, información, gestión, restitución de derechos y denuncia, en beneficio de las personas migrantes y refugiadas en el país. Para el Instituto sobre Raza, Igualdad Derechos Humanos (Raza e Igualdad) es de suma importancia celebrar y reconocer el trabajo que se realiza desde distintos sectores en Colombia para contribuir al acceso a la justicia y a la protección de los derechos humanos de la población en situación de movilidad humana, afectada por diferentes formas de violencia y discriminación; por tal motivo María Fernanda Escobar, representante del Instituto en Colombia, fue jurado en la categoría de Liderazgo Comunitario, la cual busca visibilizar el trabajo de líderes y lideresas sociales en materia de derechos humanos para la población migrante y refugiada en el país.  

Con la apertura de Eugene Cooper, Líder en Gobernanza, Seguridad Comunitaria e Integración Económica de la Oficina de Respuesta e Integración de Venezuela (VRIO) de USAID en Colombia, y de Laura Zambrano, directora del programa Conectando Caminos por los Derechos, las personas premiadas fueron: 

Categoría:  Premio al liderazgo comunitario 

Ganadora:     Daianna Reyes Poveda, Fundación Alianzas Solidarias (Cali) 

Daianna impulsa espacios seguros para madres y familias venezolanas en situación de vulnerabilidad ofreciendo orientación en procesos legales y formación en torno a temas como salud sexual y violencia de género. Su trabajo se ha enfocado en madres solteras y mujeres gestantes, con especial foco en evitar la apatría de los/as hijos/as de estas mujeres. 

  

Categoría:      Premio al liderazgo comunitario 

Ganador:        Deivi Alexander Cardona González, Colores de Igualdad (Tumaco y Pasto) 

Alex, como lo llaman en el día a día, es un líder y defensor de derechos humanos proveniente de Venezuela. Trabaja con población vulnerable migrante Venezuela y de otros países de Latinoamérica, enfocado en el apoyo y orientación de la población que ejerce el trabajo sexual y LGTBIQ+. 

   

Categoría:      Premio al liderazgo comunitario 

Ganador:        Thailer Fiorillo, Fundación De Pana Que Sí (Barranquilla) 

Thailer ha trabajado sin descanso por la protección de los derechos humanos de la población migrante, refugiada y retornada en Barranquilla, brindando apoyo, orientación y direccionamiento a rutas de acceso a atención de salud, educación, ayuda psicosocial, entre otras, para prevenir y responder a las violaciones de derechos humanos. 

  

Categoría:      Mención de honor a la mejor iniciativa institucional 

Ganador:       Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, representada por Alejandro Gómez López, Secretario distrital de salud e Iliana Curiel Arismendy, Directora de salud colectiva. 

Iniciativa:    Abre tu puerta al cuidado de la Población Migrante. La Salud de los nuevos bogotanos y bogotanas: Un asunto de derechos 

“Abre tu puerta al cuidado de la población migrante” es una iniciativa implementada en Bogotá, orientada a garantizar el derecho a la salud de la población migrante, fortaleciendo la capacidad de respuesta a través de acciones estratégicas que incluyen la organización de los mecanismos de respuesta y la respectiva expedición de actos administrativos para ordenarlos, atención de urgencias a la población inmigrante, jornadas de afiliación a Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y vacunación, esfuerzos financieros, entre otras. 

  

Categoría:      Mención de honor a la mejor sentencia 

Ganador:        Sentencia T-236 de 2021 de la Corte Constitucional 

La Sentencia T-236 de 2021 es producto de un arduo proceso de litigio estratégico que desarrolla estándares para la protección de las víctimas de trata de personas desde un enfoque de derechos humanos en el contexto de la migración. Es una sentencia pionera y única en la región de América Latina por sentar precedente para que ciertos casos de violaciones de derechos humanos se califiquen desde el delito de trata de personas y no desde otros delitos y que, con ello, se puedan activar las rutas de atención correspondientes pertinentes. 

  

Categoría: Premio a la mejor pieza informativa  

Ganadora:    Luisa Fernanda Gómez Cruz, Gema Media  

Pieza: Así es migrar y vivir con VIH en Colombia 

Este reportaje muestra las barreras sistemáticas que la población migrante con VIH tiene que atravesar para acceder a servicios de salud y a medicamentos para tratar el VIH. De igual forma expone la responsabilidad que tiene el sistema de salud y sus actores ante esta situación, y evidencia cómo el único recurso que tienen para ser atendidos son las agencias de cooperación internacional. El reportaje fue publicado en Cuestión Pública, reconocido portal de periodismo de investigación, y resultó en una herramienta de acceso a información para la población migrante y para los prestadores de salud. 

 

  Categoría:      Premio al mejor reporte o publicación 

Ganador:        Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES 

Trabajo: Boletín especial. Situación de derechos humanos de la población refugiada y migrante venezolana en Colombia. 

 

Este boletín se centra en hacer un análisis  las múltiples violaciones a los derechos humanos en Colombia de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela. A su vez, muestra la respuesta de algunas entidades del Estado ante esta situación. Marco Alberto Romero Silva, director de CODHES, recibió el premio en nombre de la institución.  

 

Los premios se entregaron por iniciativa del programa Conectando Caminos por los Derechos, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en alianza con La Liga Contra el Silencio, el Instituto Raza e Igualdad, el Centro de Estudios de Migración de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y el diario El Espectador, y se crearon con el propósito de reconocer públicamente la labor que adelantan líderes y lideresas, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos, como respuesta a las violaciones de derechos humanos de la población migrante en Colombia. 

  

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al Estado colombiano para que redoble sus esfuerzos en materia de garantía de derechos humanos y acceso a la justicia para las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela.  

Día Internacional de los Afrodescendientes: ¿Qué estamos haciendo para promover y defender sus derechos?

Washington D.C., 31 de agosto de 2022.– Este 31 de agosto se celebra por segundo año el Día Internacional de los Afrodescendientes, cuyo principal objetivo es promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las y los afrodescendientes. En las Américas—donde según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hay 134 millones de afrodescendientes—esta población sigue enfrentando grandes obstáculos para gozar plenamente de sus derechos y siendo víctima de diferentes manifestaciones de discriminación y violencia.

Por ello, al conmemorarse un año más el Día Internacional de los Afrodescendientes, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere llamar la atención sobre la necesidad de que, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y a partir de los mecanismos existentes a nivel del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, los Estados asuman e implementen acciones para la promoción y protección de esta población.

Sobre el 31 de agosto y otros mecanismos internacionales

El 16 de diciembre de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 75/170 con la que proclamó el 31 de agosto como Día Internacional de los Afrodescendientes. “A fin de promover un mayor reconocimiento y respeto de la diversidad del legado, la cultura y la contribución de los afrodescendientes al desarrollo de las sociedades, así como de promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes”, reza la Resolución.

Como motores impulsores de este tipo de acciones ha estado, por un lado, el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), pues uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, asegurando su aplicación plena y efectiva.

Por otro lado, el registro de hechos de discriminación y violencia en contra de personas afrodescendientes—como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en mayo de 2020 en Estados Unidos—ha incidido para encender las alertas sobre esta situación y para la adopción de mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente y de justicia racial.

Por ejemplo, un mes después de la muerte de Floyd, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la Resolución 43/1 Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”, la cual llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

Luego, en 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

Por otro lado, en una resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

¿Qué estamos haciendo?

Raza e Igualdad trabaja con organizaciones aliadas en América Latina y el Caribe en la defensa y protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes y Afro-LGBTI+, a través del fortalecimiento de capacidades para impulsar procesos de visibilización, documentación y litigio estratégico antes el Sistema Interamericano y el Sistema de Naciones Unidas. Todo ello con el fin de contribuir vivir en una sociedad más justa y equitativa.

En julio, en Brasil, el Instituto organizó una visita de la Relatora para los Pueblos Afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, para que la Comisionada escuchara las denuncias más recientes de la población negra, especialmente las relacionadas con brutalidad policial y racismo religioso. Además, en mayo lanzó la Escuela de Formación Política Kátia Tapety para mujeres Afro BLTI, con el objetivo de fortalecer la participación civil en los espacios de decisión colectiva, con especial énfasis en reducir las brechas de género y raza en la participación política a nivel regional, nacional y global.

En este país suramericano, Raza e Igualdad ha venido trabajando en proyectos que denuncian el cierre de espacios de participación ciudadana para los movimientos negros e indígenas; en la lucha contra el racismo religioso; en la protección y defensa de la población Afro-LGBTI+; en el fortalecimiento político de las mujeres negras, indígenas LBTI, y en la lucha contra la violencia policial. Asimismo, se da seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), que fue ratificada a finales de 2021 en Brasil.

En Colombia, el Instituto realizó en articulación con organizaciones de Cali actividades de documentación y elaboración de un informe sobre las afectaciones e impactos diferenciales de las violencias contra personas afrodescendientes en esta ciudad en el marco del Paro Nacional 2021, con énfasis en las violencias ejercidas por parte de la Fuerza Pública.  En los próximos días, junto a las organizaciones Ilex-Acción Jurídica, Temblores ONG y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) Raza e Igualdad publicará un informe nacional sobre la violencia policial racista.

En relación con procesos de incidencia ante Naciones Unidas sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, el Instituto recientemente presentó un informe para el Mecanismo de personas Expertas para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley. Así mismo, presentó un informe de aportaciones para la preparación del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en virtud de la resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos; esto en coalición con Ilex-Acción Jurídica, CODHES, Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad ICESI, de Cali.

En México, en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y con miras a contribuir a un mundo más equitativo, Raza e Igualdad lanzó el pasado 25 de julio el proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual está siendo implementado gracias al apoyo de la Fundación W.K. Kellogg.

Una de las primeras actividades de este proyecto consistió en un ciclo de conferencias dictadas entre el 25 y el 26 de agosto recién pasados por el Dr. Pastor Murillo, integrante del Foro Permanente sobre las Personas Afrodescendientes de la ONU. Las conferencias, que se realizaron tanto en la Ciudad de México como en Mérida, Estado de Yucatán, giraron en torno a las herramientas internacionales para combatir el racismo y la discriminación racial, y el papel de las universidades en esa lucha.

A nivel regional, Raza e Igualdad mantiene la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, para la promoción de la firma, ratificación e implementación de Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). En el marco de esta campaña, el Instituto se ha planteado trabajar de la mano con organizaciones locales para fortalecer sus capacidades de seguimiento en aquellos países donde se ha ratificado esta Convención, así como de incidencia en aquellos donde solo se ha firmado.

El Instituto también ha venido visibilizando el problema de la discriminación desde una perspectiva interseccional, por medio del Foro Interamericano contra la Discriminación, evento que se realizada cada año con la participación de personas expertas internacionales y activistas de la región. Sus objetivos principales son promover la efectiva participación de las organizaciones no gubernamentales en el marco de las Asambleas Generales y Cumbres de las Américas de la OEA y mejorar su incidencia en el marco del sistema, así como visibilizar las diferentes discriminaciones que se enfrenta en las Américas y las principales demandas de los diferentes sectores poblacionales víctimas de discriminación, especialmente afrodescendientes y población LGBTI.

Para Raza e Igualdad es importante hacer hincapié en las herramientas de promoción y protección que ofrecen mecanismos internacionales, como la CIRDI, a favor de la población afrodescendiente. Creemos firmemente que es a través de estos instrumentos que los Estados pueden adoptar e implementar políticas claras y eficaces para garantizar los derechos humanos y el bienestar social de las y los afrodescendientes. Para ello, es fundamental el trabajo con organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de esta población, pues son garantes de la visibilización de sus realidades, y el seguimiento a los compromisos nacionales e internacionales.

Este 31 de agosto, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de defender y proteger los derechos de las personas afrodescendientes en las Américas, y llama a los Estados a adoptar medidas y fortalecer aquellas ya existentes en términos de población afrodescendiente, partiendo del reconocimiento de las desigualdades históricas que ha enfrentado este grupo étnico. A dos años de que finalice el Decenio Internacional de los Afrodescendientes esta tarea no solo es urgente, sino que representa un verdadero compromiso con la democracia y la inclusión social.

Raza e Igualdad condena el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre y urge al Gobierno a implementar una reforma policial integral

Colombia, 22 de agosto de 2022.-El Instituto Raza e Igualdad rechaza enfáticamente el asesinato de tres jóvenes, el 25 de julio en Chochó, Sucre, por parte de un agente de la Policía Nacional, e insta al Gobierno colombiano a reformar de forma integral a la Policía. Las víctimas fueron identificadas como Jesús David Díaz, de 22 años; Carlos Alberto Ibáñez, de 26 años, y José Carlos Arévalo, de 18 años[1].

El asesinato fue cometido presuntamente por el coronel Benjamín Nuñez de la Policía Nacional. Según la denuncia de familiares y organizaciones, los jóvenes también golpeados y torturados física y psicológicamente por suboficiales y oficiales de la Policía[2]. Los jóvenes fueron falsamente incriminados de hacer parte del Clan de Golfo y del asesinato del policía Diego Felipe Ruiz, quien fue víctima homicida de esta organización en el marco del “Plan Pistola”, asesinatos sistemáticos contra integrantes de la Policía.

De igual forma, Juan Ibáñez, el hermano de Carlos Ibañez, fue víctima de secuestro, tortura, violencia sexual, violencia física y psicológica por parte de integrantes de la Policía.“Se lo llevaron para un callejón con alta vegetación, lo desnudaron, humillaron, lo amenazaron con violarlo, asesinarlo a él y a su familia y luego le dijeron que corriera, le dijeron ‘tienes 3 segundos’. Un disparo al lado y este muchacho literalmente corriendo por su vida (…)”[3], indicó el senador Alex Florez.

Es necesario que el Estado reconozca las condiciones estructurales que han propiciado la configuración de la violencia policial, prácticas que se han materializado en violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que afectan diferencialmente a jóvenes, personas afrodescendientes y personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

Desde el Instituto Raza e Igualdad hacemos un llamado a investigar los hechos con debida diligencia y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, teniendo en cuenta los estándares internacionales en materia de derechos humanos contra el uso desproporcionado de la fuerza y violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. Entre estos, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las naciones unidas adoptada en 1990, en el cual se desarrollan 25 principios relacionados principalmente con la legalidad, proporcionalidad y necesidad[4]; al igual que las Resoluciones 43/1 de 2020 y la 47/21 adoptada en 2021 de las Naciones Unidas. Estas resoluciones establecen las afectaciones diferenciales del uso de la fuerza hacia personas afrodescendientes por parte de la Fuerza Pública como un patrón del racismo estructural que históricamente ha impactado las vidas y territorios donde principalmente residen principalmente personas afrodescendientes.

Igualmente, como Instituto hacemos un llamado al desarrollo de una reforma policial que reconozca estas afectaciones e impactos diferenciales, la incorporación de estándares internacionales en su diseño e implementación y el desarrollo de medidas para reducir la impunidad estructural de los casos de violencia policial en Colombia.  Finalmente, el Estado debe reconocer que las prácticas de “falsos positivos” han sido hechos institucionalizados que han impactado la vida de miles de jóvenes en el país por parte de integrantes de la Fuerza Pública y desarrollar acciones en su contra.

 

[1] El tiempo. (2022). Patrulleros señalan al coronel Nuñez como el asesino de tres jóvenes en Sucre. Consultado en: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/patrulleros-senalan-a-benjamin-nunez-por-muerte-de-3-jovenes-en-sucre-694845

[2] Noticias Caracol. (Agosto 16 de 2022). Twitter. Consultado en: https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNoticiasCaracol%2Fstatus%2F1559507865055928321&widget=Tweet

[3]Ibidem para 3.

[4] Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. (S.f). Tema tres: Los principios generales que rigen el uso de la fuerza en la aplicación de la ley. Consultado en: https://www.unodc.org/e4j/es/crime-prevention-criminal-justice/module-4/key-issues/3–the-general-principles-of-use-of-force-in-law-enforcement.html

 

Resistir no es aguantar: cómo entender la violencia desproporcionada del conflicto armado y buscar la reparación integral de los pueblos étnicos en Colombia

Colombia, 18 de agosto de 2022.– El pasado 2 de agosto de 2022, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), publicó el volumen Resistir no es aguantar: violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia, de su informe final Hay futuro si hay verdad.[1] Los pueblos étnicos han enfrentado violencias diferenciadas y desproporcionadas en el marco del conflicto armado en Colombia. Estas violencias y daños fueron documentados por la Comisión a través de testimonios, informes, experiencias y reflexiones, para construir un relato amplio de las afectaciones e impactos del conflicto armado en los pueblos étnicos. El Instituto Raza e Igualdad celebra la presentación de este capítulo del informe y hace un llamado al nuevo Gobierno, a cumplir las recomendaciones señaladas por la Comisión al momento de implementar acciones que busquen mitigar las múltiples violencias que aún enfrenten los pueblos étnicos en el país a causa del conflicto armado.

Este capítulo del informe realiza un aporte fundamental para la comprensión del conflicto armado en Colombia desde un enfoque étnico-racial y una perspectiva interseccional. Para ello, parte de la pregunta de quiénes son los pueblos étnicos, resaltando el carácter pluriétnico y multicultural de Colombia. En este sentido, la Comisión de la Verdad realiza un reconocimiento a la existencia de un contínuum de violencias contra los pueblos étnicos, resultado de una larga historia de trato colonial y racismo estructural que ha dado lugar a la deshumanización y a la naturalización de la violencia. Por ejemplo, la Comisión indicó que violencias como el despojo y su naturalización derivan de prácticas de despojo desde la colonización. De esta manera, se trata de violencias históricas que han configurado un sistema de dominación, discriminación, desigualdad y desterritorialización que se han mantenido y se evidencian en el marco del conflicto armado.

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos de los pueblos étnicos en Colombia, este capítulo hace una especial explicación, descripción y análisis de la violencia en los territorios étnicos y sus impactos. En particular, enfatiza en la relación especial, ancestral y territorial de los pueblos étnicos con sus territorios y, por tanto, los impactos diferenciados de la presencia de grupos armados en sus territorios. Para ello, la CEV identifica los corredores del conflicto armado en 17 macroterritorios étnicos. Es importante destacar que no solo toma en cuenta territorios étnicos con titulación colectiva, sino también las áreas no tituladas con mayor presencia de esta población. De esta manera, se aplican enfoques étnico-racial y territorial en el análisis de las dinámicas del conflicto armado, incluyendo el reconocimiento de las dinámicas de desplazamiento forzado que han afectado de manera desproporcional a los pueblos étnicos.

De acuerdo con la CEV, las ideas de que los territorios étnicos son de “nadie”, “salvajes”, “sin desarrollo” y que los pueblos étnicos “aguantan todo”, han llevado a la apropiación de los territorios y cuerpos racializados por parte de los actores armados del conflicto. El informe describe que las violencias contra pueblos étnicos están enmarcadas “en un conjunto amplio de victimizaciones que solo es posible comprender y explicar desde un enfoque de daños, entendidos como universo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que producen graves sufrimientos físicos, morales, psicológicos y espirituales”.[2]

Desde una perspectiva interseccional, el capítulo étnico realiza un reconocimiento de las violencias que derivan de la lógica heredada de las prácticas coloniales, que han evolucionado en formas de opresión racistas y patriarcales contra mujeres indígenas, mujeres negras, personas afro LGBTI+ y personas indígenas LGBTI+. En el caso de personas afrocolombianas LGBTI, haciendo referencia al informe «‘Nos decían: tras de negras, maricas’», entregado por Raza e Igualdad, Caribe Afirmativo, Somos Identidad y Arco Iris de Tumaco, la CEV reconoce que existen imaginarios raciales que enmarcan los prejuicios contra la diversidad sexual y de género que han conducido a la mercantilización e instrumentalización de los cuerpos racializados.[3]

Finalmente, el informe realiza recomendaciones específicas para avanzar en la construcción de paz desde un enfoque étnico-racial y territorial con una perspectiva interseccional. Entre ellas, es importante resaltar la necesidad latente de implementación plena e integral del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, la restitución de territorios étnicos, el desminado humanitario, la construcción de planes de desarrollo territorial propio y buen vivir en los macroterritorios étnicos más afectados, la recuperación del tejido social, la reincorporación de excombatientes desde un programa de armonización con pueblos étnicos, la protección efectiva de territorios étnicos y su biodiversidad, entre otras recomendaciones.

Desde el Instituto Raza e Igualdad reconocemos los esfuerzos de la Comisión de la Verdad para construir un relato amplio de las violencias y daños contra los pueblos étnicos en el marco del conflicto armado en Colombia. Así mismo, resaltamos el aporte de este volumen en el reconocimiento del racismo estructural y trato colonial que ha derivado en violencias racistas y de género contra personas negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y rrom. Al mismo tiempo, hacemos un llamado al Gobierno de Colombia a implementar de manera integral, ágil y eficaz las recomendaciones realizadas por la Comisión de la Verdad desde una perspectiva interseccional.

 

 

[1] Comisión de la Verdad. Resistir no es aguantar: violencias contra los pueblos étnicos de Colombia. 2 de agosto de 2022.

[2] Ibídem, Pág. 93.

[3] Ibídem, Pág. 492.

Un llamado a acatar e implementar los estándares internacionales contra el racismo y la discriminación

Colombia, 9 de agosto del 2022.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza los hechos registrados el viernes 5 de agosto en Cali, en el barrio Llano Verde, en contra de un joven afrodescendiente por parte de la Policía[1]. El joven fue víctima de violencia policial racista: cuatro integrantes de la policía lo detuvieron y uno de ellos puso su rodilla en su cabeza cuando estaba inmovilizado en el suelo, haciendo uso desproporcionado de la fuerza[2].

Así mismo, rechazamos lo ocurrido el 3 de agosto contra la periodista y activista por los derechos de las comunidades afrodescendientes Edna Liliana Valencia Murillo, quien fue víctima de perfilamiento racial en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, por parte de un integrante de la Policía[3] que le solicitó una requisa en su cabello. “(…) todo ocurrió porque este patrullero consideró que mi cabello afro me convertía en sospechosa de tráfico de drogas. Me dijo que debía tocar mi cabello y por supuesto yo me negué (…)[4]”, declaró Valencia.

La población afrodescendiente históricamente ha sido víctima de prácticas racistas por parte de la Fuerza Pública con actos como el perfilamiento racial, violencia física, lenguaje racista, prácticas misóginas, homofóbicas y transfóbicas contra mujeres y personas afrodescendientes con OSIGD[5] (orientación sexual e identidad de género diversa); al igual que el uso desproporcionado de la fuerza en territorios donde residen principalmente personas afrodescendientes y la negación sistemática del racismo.

La violencia policial racista es muestra de las prácticas globales institucionalizadas de discriminación racial contra personas afrodescendientes que se reproducen cotidianamente. Desde Raza e Igualdad, hacemos un llamado al Estado a acatar e implementar los estándares internacionales contra el racismo y discriminación, como son la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y su recomendación 36 de 2020 contra el perfilamiento racial, y el Programa de Acción de Durban. Asimismo, es importante la adopción e implementación de los estándares que se han desarrollado contra el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes por parte de la Fuerza Pública, como el de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH): Resolución 43/1, Resolución 47/21 y la implementación de la Agenda hacia un cambio transformador para la justicia e igualdad racial.

Finalmente, resaltamos la importancia de implementar una reforma policial que vaya en contra de la reproducción de prácticas racistas y discriminatorias por razón de la OSIGD y en todo el sistema de justicia.

 

[1] Afrodes Colombia. (5 de agosto de 2022). Twitter. Consultado en: https://twitter.com/AfrodesColombia/status/1555724781495910400?s=20&t=waNHHrltBxH_SjRx-7OuzA

[2] El tiempo. Video: denuncian abuso policial contra un joven en Llano Verde, oriente de Cali. (2022). Consultado en:https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cali-denuncian-abuso-de-autoridad-en-procedimiento-policial-692815

[3] https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/04/periodista-denuncio-caso-de-racismo-en-el-aeropuerto-de-cali/

[4] Edna Liliana Valencia Murillo. (3 de agosto de 2022). Instagram. Consultado en: https://www.instagram.com/reel/Cg0a-bOI1dT/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

[5] Sigla utilizada para enunciar a las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

Agenda internacional de DD.HH. para las personas afrodescendientes en Colombia: retos y oportunidades para el nuevo gobierno de Colombia 2022-2026

Colombia, 6 de agosto de 2022.-Este 7 de Agosto de 2022, con el inicio del nuevo gobierno de Colombia 2022-2026, liderado por el Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez, se puede dar inicio a cambios y procesos institucionales y sociales con el potencial de crear y consolidar condiciones favorables para garantizar los derechos humanos a las comunidades del Pueblo Afrodescendiente en Colombia. En la ruta hacia ese horizonte, la formulación e implementación de la agenda internacional de derechos humanos (DDHH) del nuevo Gobierno jugará un papel determinante. De manera especial lo referido a (i) las relaciones con los organismos internacionales de derechos humanos, en el marco de los compromisos internacionales del Estado colombiano, y (ii) las relaciones bilaterales con países aliados en términos de los temas afrodescendientes. A continuación, se ofrecen algunas reflexiones y propuestas al respecto.

Se percibe una voluntad política comprometida con la garantía de derechos humanos de los afrodescendientes.  

El nuevo Gobierno, en términos del programa de gobierno propuesto, algunos nombramientos y anuncios sobre sus políticas de paz e inclusión, ofrecen un marco institucional favorable para mejorar la garantía de derechos. De manera especial, (i) su compromiso para la implementación a fondo del Acuerdo de Paz, así como de las recomendaciones entregadas recientemente por la Comisión de la Verdad en su Informe Final, (ii) el anuncio sobre la paz como elemento constitutivo de la política exterior, y de los temas étnicos como una prioridad, y (iii) la inclusión en el programa de gobierno de compromisos para atender “deudas” históricas con el Pueblo Afrodescendiente como es la reglamentación plena de la Ley 70 de 1993 y todas las ordenes de Corte Constitucional que no se han cumplido cabalmente.

La persistencia de las violaciones de derechos humanos contra las comunidades afrodescendientes seguramente continuará el cuatrienio 2022-2024.

La voluntad política descrita deberá enfrentarse con la continuidad de exclusiones y violencias históricas contra el Pueblo Afrodescendiente. El bajo nivel de implementación del Acuerdo de Paz, y de su Capítulo Étnico en particular, por parte del gobierno saliente, implica que las dinámicas de los conflictos armados activos en los territorios étnicos, seguirán representando un riesgo alto para que las comunidades sigan siendo víctimas de violaciones de derechos humanos. En esa perspectiva, el nuevo gobierno deberá corregir las fallas institucionales e inercias negativas en materia de protección. La “buena noticia”, es que existiendo la voluntad política, podrá apoyarse en los conocimientos y propuestas que las comunidades han venido construyendo desde hace más de dos décadas.

La necesidad de concebir y relacionarse con los organismos internacionales de derechos humanos como “aliados” para avanzar en la garantía de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes.

Quienes desde finales de los 1990s hemos acompañado a las comunidades y organizaciones afrodescendientes en el uso de los mecanismos ofrecidos por los organismos internacionales de derechos humanos, podemos atestiguar que el patrón general del Estado colombiano ha sido la negación y/o la indiferencia en cuanto a sus responsabilidades para reconocer y proteger a las comunidades afrodescendientes. En la dimensión más “humana” de las relaciones con el Estado en el marco de los espacios internacionales, hemos percibido una falta de empatía para reconocer el dolor de las víctimas. Esto debe cambiar. El reconocimiento de que el Estado tiene responsabilidades y obligaciones, y que ha fallado, no lo deslegitima. Al contrario, este reconocimiento, acompañado de medidas para corregir esta situación, fortalecerán su legitimidad. Si bien es cierto, que los organismos internaciones de derechos humanos, en virtud de los mandatos que cada Estado le ha autorizado ejercer en virtud de la ratificación de tratados, tienen la obligación y el poder de vigilar, recomendar y sancionar, igualmente cierto es que su mandato también ofrece múltiples mecanismos para apoyar a los Estados para avanzar en mejorar su diseño y comportamiento institucional. La oportunidad histórica está servida: que el nuevo Gobierno lidere una nueva era de colaboración con los organismos internacionales de derechos humanos. Para ello requiere un diseño cuidadoso en su política exterior y el equipo que la gestionara. Para el caso de los temas afrodescendientes requiere avanzar en crear condiciones institucionales para ello.

La necesidad de cumplir con pendientes prioritarios en materia de obligaciones internacionales de DDHH.

El Estado de Colombia ha tenido una tradición de adoptar “formalmente” los compromisos internaciones en materia de derechos humanos, pero un desempeño cuestionable en cuanto la a adopción de las medidas necesarias y efectivas para honrar esos compromisos. A pesar de ello, y gracias a las acciones de exigibilidad e incidencia de la sociedad civil, las contribuciones de los procesos derivados de las obligaciones internacionales, han fundamentado transformaciones institucionales con una repercusión positiva para las condiciones de garantía de derechos. De ahí, la prioridad que el nuevo gobierno debe dar a profundizar el cumplimiento pleno de estas obligaciones. En esta perspectiva se destacan: (i) el liderazgo para la ratificación de la “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (CIRDI)” y la “Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”; (ii) el cumplimiento de obligaciones y recomendaciones ofrecidas por los Comités de Tratados de la Organización de las Naciones Unidades. De manera especial, lo referido al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW); (iii) el cumplimiento pleno de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a líderes, lideresas, organizaciones y comunidades en situación de riesgo; (iv) Cumplimiento pleno de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; (v) el cumplimiento de la Declaración y Programa de Acción de Durban; (vi) los compromisos establecidos por Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)

Las “reparaciones históricas” deben priorizarse como marco ético y de acción para avanzar en la eliminación del racismo y la discriminación racial.

Como parte de la diáspora afrodescendiente, el movimiento social afrocolombiano, ha ido avanzando en la consolidación de rutas de “reparaciones históricas” ajustada a las particularidades del caso de los afrodescendientes en Colombia. Como lo demostró el Informe Final de la Comisión de la Verdad, las violencias y daños del conflicto armado interno sobre el Pueblo Afrodescendiente en Colombia, tienen una conexión causal y continuidad con la experiencia colonial de la esclavización y sus efectos persistentes en el tiempo, que se han perpetuado e inscrito en racismos institucionales que siguen profundizándose.  En esta perspectiva, las reparaciones históricas deben orientarse a construir condiciones para transformaciones estructurales que enfrenten tanto los daños históricos como aquellos conectados y derivados con el conflicto armado interno. La ruta para ello deberá apoyarse en la articulación del Estado y las comunidades afrodescendientes con los procesos globales en torno a las reparaciones históricas.

La necesidad de profundizar la agenda afrodescendiente en el marco de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos en términos de las transformaciones estructurales. Los temas afrodescendientes ingresaron a la agenda bilateral con los Estados Unidos desde finales de los 1990s, de la mano de los procesos de denuncia e incidencia de las comunidades víctimas del conflicto armado, apoyadas por organizaciones de derechos humanos estadounidenses. Dichos procesos contribuyeron a construir un compromiso, vigente hasta el día de hoy, por parte de miembros del Congreso de los Estados Unidos y oficinas y programas de rama ejecutiva de las diferentes administraciones. Los resultados y contribuciones de las políticas que han incluido las necesidades de las comunidades afrocolombianas más marginadas y golpeadas por la violencia, ejecutadas a través de la USAID y otras dependencias, ofrecen un balance positivo. Pero aún hay mucho espacio para mejorar. El nuevo Gobierno, basado en una evaluación comprehensiva de más de 20 años de colaboración en los temas afrodescendientes, deberá ofrecer propuestas para que los aportes mejoren su articulación con las transformaciones estructurales que se están proponiendo para superar el racismo y la discriminación racial. De manera especial, se deben valorar las conexiones de todas las dimensiones de la agenda bilateral con estas problemáticas, y no solamente abordar de manera aislada las acciones específicas para lo afrodescendiente. En esta perspectiva, el Plan de Acción Colombia-Estados Unidos para la Equidad Racial y Étnica (CAPREE por sus siglas en inglés), es un escenario clave para revisitar y relanzar en una perspectiva estructural. Pero igualmente, las relaciones bilaterales en otros temas como las relaciones comerciales, política criminal, justicia, construcción de paz, deben entrar a revaluarse desde la perspectiva afrodescendiente.

La necesidad de consolidar temas afrodescendientes en las relaciones con la Unión Europea y otros países.

En materia de contribuir a enfrentar las graves situaciones de derechos humanos en las comunidades afrodescendientes en Colombia, los países de la Unión Europea también han desarrollado un trabajo significativo desde hace más de dos décadas. Sus aportes en la construcción de la paz, con su apoyo a la institucionalidad que creó el Acuerdo de Paz, se han convertido en un aporte fundamental. De manera similar, otros países como Canadá y Nueva Zelanda, también han venido realizando aportes significativos. El nuevo Gobierno también deberá valorar las rutas para mejorar estas contribuciones.

En conclusión,  la agenda internacional de DDHH para los afrodescendientes en Colombia, debe ser una prioridad en la política exterior del nuevo gobierno. Su cuidadoso diseño e implementación tienen la posibilidad de ofrecer contribuciones significativas para crear y/o consolidar condiciones institucionales y sociales para avanzar en transformar las variables estructurales que mantienen el racismo y la discriminación racial. Las comunidades del pueblo afrodescendiente en Colombia, y las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional que las acompañan, así como los aportes de los organismos internacionales de derechos humanos y países aliados, ofrecen un acumulado que el nuevo gobierno puede capitalizar. Las nuevas condiciones y voluntad política favorable que anuncia el nuevo Gobierno, en sí mismas no garantizan el avance requerido. Para que se conviertan en oportunidades se requiere que el Estado, bajo este nuevo gobierno, adopte las decisiones políticas y técnicas adecuadas.

Este artículo fue escrito por Pedro L. Cortes-Ruiz, Ph.D., Asesor en Colombia del Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Colombia: primera experiencia de justicia transicional en el mundo en el que se incluye enfoque de diversidad sexual e interseccional

Colombia, 2 de agosto del 2022.-La Comisión de la Verdad hace historia, al esclarecer que los actores armados y la fuerza pública instrumentalizaron, persiguieron, desaparecieron, desplazaron y asesinaron a las personas LGBTIQ+[1] a razón de sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas.

El pasado 28 de junio, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), publicó su informe final con hallazgos y recomendaciones, luego de tres años de investigación y recopilación de testimonios que dan cuenta de los impactos de más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. La entrega de esta informe marca la culminación del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad durante los últimos años, en el cual se realizaron de más de 30.000 entrevistas individuales y colectivas, de víctimas, actores armados y funcionarias/os públicos. Entre los objetivos del informe se encuentra el de esclarecer los patrones de violencia identificados en el marco del conflicto armado en el país, hacer públicos los impactos desproporcionados de la guerra en las víctimas, y aportar a la búsqueda de garantías de convivencia y no repetición en los territorios.

El informe final de la Comisión cuenta además con un capítulo específico titulado Mi cuerpo es la verdad: experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado, relativo a las violencias ejercidas contra mujeres y personas LGBTI+, que resulta ser pionero en las experiencias de búsqueda de verdad y reconciliación en el mundo. Si bien otros procesos previos en otros países han hecho mención de las personas LGBTI+, como en Ecuador[2] o en Brasil[3], en los que se presentaron recomendaciones específicas para la erradicación de los prejuicios frente a las OSIGD (orientación sexual e identidad de género diversa), esta es la primera vez que una Comisión de la Verdad dedica un apartado completo a comprender la complejidad de la violencia ejercida en su contra en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos. En el documento, la Comisión hace uso de los enfoques interseccional, territorial y étnico racial para esclarecer las causas de la violencia perpetrada contra personas LGBTI+ más allá del conflicto armado, reconocer los impactos diferenciados en sus vidas, destacar sus experiencias de resistencia y proponer recomendaciones en clave de reparación y no repetición.

Del acápite centrado en las experiencias de vida de las víctimas LGBTI+ del conflicto armado, se derivan importantes hallazgos y conclusiones. Destacamos el esfuerzo de la Comisión por brindar elementos para reconocer los patrones de violencia ejercidos por los distintos grupos armados y la Fuerza Pública de manera diferenciada, así como su interés en desentrañar las particularidades de esta de acuerdo al periodo de tiempo y la región del país en la que se dio. De igual manera, consideramos de gran relevancia el reconocimiento del ejercicio de violencia reproductiva, perpetrada especialmente contra hombres trans, con el objetivo de controlar el cuerpo y las OSIG de las personas LGBTI+, en especial de cara al anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz de dar apertura al Macrocaso 011, en el que se investigará y juzgará la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación sexual o identidad de género de la víctima en el marco y con motivo del conflicto armado. Llama también la atención la inclusión de un enfoque que tuviera presentes las experiencias relativas a la violencia contra personas LGBTI+ que tenían VIH/SIDA y el estigma que recaía frente a las personas LGBTI+ por considerarlas portadoras innatas de la enfermedad, el cual fue promovido por los grupos armados a razón del desconocimiento y la manipulación de las creencias sobre esta.

Destacamos también lo esfuerzos de la Comisión por retratar los relatos de resistencia y los esfuerzos colectivos de las víctimas LGBTI+ para hacer frente a la violencia, acompañar en el dolor y sanar, testimonios que brindan elementos muy relevantes para la proposición e implementación de medidas de reparación y de no repetición más cercanas a las experiencias de vida y necesidades de las víctimas.

El capítulo finaliza con una serie de recomendaciones para la garantía de los derechos y la no repetición de las violencias identificadas, luego de escuchar y reflexionar sobre los testimonios de las personas LGTBIQ+ y las organizaciones sociales. Dichas recomendaciones están basadas en promover cambios legales, sociales, políticos, económicos y culturales para garantizar el acceso a la justicia, preservar la memoria y generar condiciones de igualdad material para las personas LGBTI+.

“Cambiar las condiciones históricas de violencia contra las personas LGBTIQ+ implica un compromiso con el reconocimiento de lo ocurrido y la adopción de nuevas formas de acción y visiones para que dichas violencias no sigan ocurriendo”.

A su vez, se resalta el papel del Estado en la creación de condiciones que garanticen la implementación de las recomendaciones expuestas por la Comisión, aplicando los enfoques diferenciales, con perspectiva de género y antirracista; y el de la sociedad colombiana y la comunidad internacional, propiciando espacios de diálogo y reflexión, y haciendo la veeduría correspondiente para generar un camino ideal en la búsqueda de una convivencia pacífica y una vida digna para todas las personas.

Raza e Igualdad celebra la presentación del informe final y hace un llamado al nuevo Gobierno colombiano, a cumplir las recomendaciones señaladas por la Comisión y tomar en consideración los hallazgos al momento de implementar medidas relacionadas con el conflicto armado y la garantía de derechos y la no repetición de las violencias hacia las personas LGBTI+; involucrándolas en los espacios de toma de decisiones de forma activa y permanente.

 

 

[1] Sigla usada por la Comisión de la Verdad

[2] En el año 2010, la Comisión de la Verdad presentó su Informe dividido en cinco tomos con una serie de recomendaciones de índole legal, administrativa y social; y la redacción de una propuesta de Ley de Reparación Integral. Allí se recomienda incorporar políticas públicas que favorezcan la no discriminación por OSIG y la erradicación de la violencia por prejuicio de la mano de las organizaciones LGBTI+ y garantizar la participación de personas LGBTI y de mujeres en los Consejos de Igualdad. Disponible en: https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/26978.pdf

[3]  Como medidas de reparación integral, la Comisión Nacional de la Verdad solicita al Gobierno de Brasil, entre otras, pedir disculpas públicas al colectivo LGBT, construir lugares públicos de memoria para las víctimas del colectivo LGBT, la penalización de la homolesbotransfobia y la aprobación de una ley sobre la libre identidad de género.

Orgullo 2022: Reconociendo las manos LGBTI+ que han construido este camino

Washington D.C., 28 de junio de 2022.– El 28 de junio de cada año, personas LGBTI+ de todo el mundo se reúnen públicamente en grandes marchas de celebración y reivindicación de sus vidas, celebrando la diversidad sexual y de identidad de género, y la libertad para expresarlas. Es un momento reivindicativo donde lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersexuales y más desafían frente a frente los prejuicios y estigmas reafirmando con orgullo quiénes son, sus derechos humanos y los avances logrados tras décadas de lucha.

Esta fecha conmemorativa tiene origen en el levantamiento de Stonewall, Nueva York, en 1969, el cual consistió en varios días de protestas por la persecución y la represión de la policía estadounidense contra personas LGBTI+. Un artículo del NYC LGBT Historic Sites Project menciona que estos hechos no dieron inicio al movimiento social LGBTI+, pero sí provocaron un gran impacto, pues inspiró y permitió el surgimiento de cientos de nuevas organizaciones por la causa alrededor de todo el mundo.

Al respecto, Dámaso Jussette, mujer transfeminista nicaragüense integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ+ y de la Articulación de Movimientos Sociales, compartió que “las personas LGBTIQ+ hemos estado muy presentes en la historia, pero como [personas LGBTIQ+] que no lo son. La diferencia es que el patriarcado ha tratado de borrarnos, pero de la misma manera en que hemos resistido hasta hoy en día lo seguiremos haciendo”.

Después de 53 años desde levantamiento de Stonewall, un día como hoy —caracterizado por la celebración, visibilidad y orgullo— es posible gracias al esfuerzo y valentía de personas que hicieron frente a la persecución, la violencia e injusticias contra la población LGBTI+ desde varias partes del mundo.

Por ejemplo, las lesbianas feministas peruanas han logrado que, por primera vez, el Comité CEDAW las mencione en las recomendaciones periódicas que realizan. También tienen una mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer, desde donde inciden para lograr políticas públicas dirigidas a las lesbianas. Asimismo, han conseguido diálogos con altas representantes del Poder Judicial. “No es fácil, pero seguimos insistiendo al Estado el asumir la realización de estudios sobre la situación de las lesbianas y producir data específica sobre nosotras”, comenta Luisa Zanabria, integrante de la organización Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS).

En República Dominicana, Christian King, activista trans no binarie de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), considera que, a pesar de no tener garantías para todos los derechos LGBTI+, han logrado valiosos avances como contar con una unidad de derechos humanos en la Procuraduría General de la República, un Plan Nacional de Derechos Humanos y un plan estratégico visión 2020-2024 del Poder Judicial, en el cual se incluyó el acceso a la justicia de las personas LGBTI+. “Para lograr esto, fueron muchos los desafíos que enfrentamos las organizaciones y activistas LGBTIQ+ exponiéndonos al denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos las violaciones que se comenten en nuestro país”, compartió.

Otro activista que ha hecho importantes trabajos para la población LGBTI+ de Colombia es Manuel Velandia, ARTtivista gay. “En Colombia, tenemos muchísimos derechos ganados por vía judicial, todos han sido conseguidos a través de fallos de la Corte Constitucional. Esto se convierte en un grave problema porque nada se puede dar por sentado y se corre el riesgo de que las organizaciones antiderechos, que realmente se presentan como proderechos, pretenden revertirlos”, dijo. Con él, se fundó el movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, el cual fue pionero de la prevención del VIH en América Latina; también escribió, junto con miembros del ActUp Canadá, el primer manifiesto mundial por los derechos de las personas viviendo con VIH/Sida. Y en el 2002, fue el primer candidato abiertamente homosexual en presentarse al Congreso de la República.

En el caso de Brasil, en 2020, el Frente Bisexual Brasileño realizó el primer festival B+ del país, hecho por y para la población bisexual. Durante su segunda edición, al siguiente año, lanzaron el Manifiesto Bisexual Brasileño, el primero en todo el territorio. “Es un documento que está resonando incluso fuera de Brasil, principalmente en los Estados Unidos.  Ya está publicado en otros países y está traducido al inglés y al español”, compartió orgullosa Vitória Régia da Silva, Cofundadora del Colectivo Bisibilidade RJ. También celebró la firma de la Resolución del Consejo Federal de Psicología, el cual establece un trato más humano a la población bisexual y no monodisidente.

Finalmente, tenemos activismos LGBTI+ que se encuentran exiliados después de enfrentarse a gobiernos represivos como el caso de Isbel Díaz, líder gay cubano, y Dámaso Jussette, mujer trans feminista nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica. En gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos en general son perseguidas, ya que tienen una gran incidencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos. “Aquellas que existimos pese a todo, lo hacemos siempre asumiendo riesgos que van desde la integridad física, la posibilidad de ser enjuiciados por cualquier causa inventada por la Seguridad del Estado, y la total precariedad para el acceso a recursos materiales, conectividad, y libertad de movimiento”, señala Isbel.

Gracias al incansable trabajo del activismo y de la resistencia de colectivos en países hostiles, poco a poco, la agenda LGBTI+ está logrando posicionarse en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el escenario político y está consiguiendo importantes victorias. Aunque aún quede un camino largo por recorrer, los liderazgos de personas defensoras LGBTI+ como las mencionadas, han dejado una senda abierta con posibilidades para continuar luchando.

Es justo recordar que los avances en materia de derechos humanos LGBTI+ se han conseguido por los esfuerzos de quienes han precedido estas luchas y por quienes continúan incidiendo para protegerlos y defenderlos. Por eso, Raza e Igualdad saluda las grandes contribuciones de los liderazgos LGBTI+ en América Latina y el Caribe, y reconoce que si, hoy por hoy, el miedo y la vergüenza ya no son una opción para muchas personas, es gracias a las batallas que se han librado y se siguen librando por el reconocimiento y respeto de los cuerpos e identidades disidentes.

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.