Día de la afrocolombianidad: La importancia de adoptar los Mecanismos e Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos

Colombia, 24 de mayo del 2023.Cada 21 de mayo se celebra en Colombia el Día de la Afrocolombianidad[1] , en conmemoración de la lucha de las comunidades afrodescendientes por conseguir la abolición de la esclavitud en Colombia[2], una fecha que busca reconocer y valorar la riqueza cultural y étnica de esta población en el país. Sin embargo, a pesar de los avances en materia de derechos y reconocimiento, aún existen importantes desafíos para garantizar la igualdad y la protección de los derechos de las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Colombia. En el marco de esta conmemoración, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos presenta su participación en los Mecanismos e Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos humanos e insta al Estado colombiano a realizar todas las acciones pertinentes para su su implementación efectiva.

Una de las principales barreras que enfrentan las personas afrocolombianas es la discriminación racial, la exclusión social y la violencia policial racista por parte de la Fuerza Pública. A pesar de que la Constitución Política de Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural del país, la realidad es que muchas personas afrodescendientes continúan siendo víctimas de prejuicios y estereotipos negativos que limitan sus oportunidades, acceso y garantía de derechos como la educación, la salud y el trabajo. Además, la población afrocolombiana ha sido afectada e impactada diferencialmente en el marco del conflicto armado. Por ejemplo, la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha identificado que 2.752 personas dadas por desaparecidas son pertenecientes a comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras[3]. Esto sumado a que las comunidades afrocolombianas han sido invisibilizadas por los censos estatales y las cifras oficiales no dan cuenta del tamaño de esta población en el país. Así, el último censo realizado en 2018 ignoró al 30% de personas afrocolombianas, en lo que fue considerado un «daño irreversible» por la Corte Constitucional, que condujo a la invisibilización estadística de esta población. La disminución en la cifra de población afrodescendiente no se debió a cambios en la natalidad y la mortalidad de la población, sino a múltiples dificultades que tuvo el censo realizado por el Estado, como problemas de seguridad en los territorios, falta de capacitación del personal que realizó las entrevistas, entre otros[4]. Estos resultados se deben a la falta de atención por parte de la institucionalidad hacia las advertencias frecuentes de las organizaciones étnicas afrodescendientes e indígenas. El fenómeno de la invisibilidad estadística afecta a la población afrodescendiente y es una forma indirecta de discriminación. A través de los siglos, esta población ha tenido que exigir su reconocimiento para identificar las desigualdades que enfrentan y acceder a sus derechos fundamentales[5]. Con la reducción de la población afrodescendiente en Colombia en 2018, el Estado Colombiano ignoró en su momento la posibilidad de adoptar políticas públicas a favor de este grupo étnico

Ante este panorama, es fundamental que el Estado colombiano adopte las Convenciones e Instrumentos Internacionales de protección de derechos en contra del racismo sistémico y la discriminación racial con el fin de garantizar la igualdad y la protección de los derechos de la población afrocolombiana. Es importante destacar el papel de La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés) la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965 y entró en vigor en 1969. Colombia ratificó la ICERD en 1981, comprometiéndose a tomar medidas para prevenir y erradicar la discriminación racial en todas sus formas en el país[6]. Entre las principales recomendaciones de la ICERD destacan: la necesidad de adoptar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar el racismo y la discriminación racial en todas sus formas. También se hace hincapié en la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la igualdad y no discriminación, así como de promover la educación y la sensibilización sobre la diversidad cultural y étnica del país.

Examen Periódico Universal (EPU)

El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso único que se realiza cada cuatro años y medio, el cual implica la evaluación de los registros de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Es un proceso auspiciado por el Consejo de Derechos Humanos, que brinda a cada Estado la oportunidad de informar sobre las medidas que ha tomado para mejorar la situación de los derechos humanos en su país y cumplir con sus obligaciones en esta materia. En este proceso participa el Estado, que puede presentar un informe nacional, expertos y grupos independientes[7], así como instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. En el cuarto ciclo del EPU, Colombia presentó contribuciones sobre las acciones implementadas para garantizar los derechos humanos a nivel nacional. El Instituto Raza e Igualdad también participó con un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en Colombia, en el que se describen las recomendaciones implementadas y se establecen nuevas recomendaciones para garantizar su cumplimiento en temas como el conflicto armado, la implementación del Acuerdo de Paz, la situación de las personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes y acciones en contra del racismo y la discriminación racial.

Entre las recomendaciones realizadas por el Instituto en el informe se destacan:

Establecer un mecanismo de seguimiento eficaz de implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz que promueva la interlocución entre instituciones estatales y comunidades afrodescendientes
Implementar una valoración del riesgo que garantice la incorporación del enfoque étnico-racial, de género y territorial, desde una perspectiva interseccional, en las instancias de discusión del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).
Fortalecer y promover la participación de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en el proceso de análisis del riesgo a fin de adoptar de medidas de protección que respondan a las necesidades de las personas protegidas.
Desarrollar espacios participativos permanentes desde un enfoque territorial con comunidades afrodescendientes de rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo de Paz y el capítulo étnico con el fin de propiciar un monitoreo e interlocución directa con las instituciones del Estado.
Diseñar e implementar un protocolo y ruta de atención que permitan establecer mecanismos de monitoreo para la implementación de la Ley 1482 de 2011.
Ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI).

Mecanismo Internacional de personas Expertas Independientes para promover la justicia y la igualdad raciales en el contexto de la labor de las fuerzas del orden – EMLER

El Mecanismo Internacional de personas Expertas Independientes es una iniciativa destinada a promover la justicia y la igualdad racial en el contexto de la labor de las fuerzas del orden. Su objetivo es garantizar que las prácticas policiales sean justas e imparciales, y que se respeten los derechos humanos en todo momento. Este mecanismo está integrado por personas experta independientes de todo el mundo, que trabajan en estrecha colaboración con las autoridades nacionales y locales, así como con la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos. Su labor consiste en llevar a cabo investigaciones imparciales y objetivas sobre denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, y en hacer recomendaciones para mejorar las prácticas policiales y prevenir futuras violaciones.

Este año el Instituto Raza e Igualdad y la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A), realizaron en conjunto un aporte escrito al Mecanismo, con el objetivo de colaborar en la creación del segundo informe, tal como se establece en el párrafo 15 de la resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos. Allí se describen y analizan las iniciativas prometedoras y buenas prácticas que se están adoptando en Colombia para abordar el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden.

Algunas buenas prácticas que se estén adoptando para abordar el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden son: la transformación del enfoque de la seguridad que por décadas se ha basado en la construcción y eliminación del enemigo interno, transformación del cuerpo de policía y en la reconstrucción de la seguridad ciudadana , la creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden como una iniciativa de reforma al ESMAD, la inclusión del enfoque de seguridad humana para la defensa de lideresas y líderes sociales desde un enfoque diferencial individual y colectivo, y la creación a mediano plazo de un Ministerio para la Paz.

Así mismo las organizaciones de la sociedad civil han ejecutado iniciativas para denunciar el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden entre los cuales destacamos: La Plataforma GRITA[8] y Policarpa[9] de Temblores ONG y el Pliego de propuestas sobre la reforma policial dirigido al Estado[10], elaborado por Mesa por la Reforma Policial, de la cual el Instituto Raza e Igualdad hace parte.

Algunas recomendaciones incluidas en el aporte al Mecanismo realizadas por Raza e Igualdad y el CNOA son:

Inclusión e implementación de enfoques diferenciales, desde una perspectiva interseccional, en las políticas y estructuras de la Fuerza Pública
Formación del cuerpo policial en Derechos Humanos
Garantizar el derecho a la protesta a través de la existencia de protocolos diferenciados en contextos de manifestaciones sociales
Transformar la doctrina de la Policía Nacional
Establecer mecanismos de rendición de cuentas y veedurías ciudadanas
Garantizar el acceso a la justicia de víctimas de violencia policial y de violencia policial racista

La ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)

La Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) fue adoptada por la OEA en 2013 para proteger y promover los derechos humanos de todas las personas sin importar su raza, color, ascendencia u origen étnico. El Gobierno colombiano firmó esta convención en 2014 pero aún no ha sido ratificada. Un proyecto de ley fue radicado en el Congreso en 2021 para lograr su ratificación y promover su implementación efectiva en las Américas. La convención busca prevenir y eliminar la discriminación racial y otras formas de intolerancia, promover la igualdad y combatir el racismo en todas sus formas.

La ratificación de la CIRDI es un paso fundamental para consolidar el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y garantía de los derechos humanos y la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

En el marco del Día de la Afrocolombianidad, El Instituto Raza e Igualdad insta al Estado colombiano a que adopte un enfoque integral para abordar las múltiples formas de discriminación y exclusión que enfrenta la población afrocolombiana. Esto implica no solo la adopción de medidas específicas para garantizar su protección y promover su inclusión social, sino también el reconocimiento y valoración de su legado histórico en el país. En conclusión, el Día de la Afrocolombianidad nos recuerda la importancia de reconocer y valorar la diversidad étnica y cultural del país, así como de adoptar medidas efectivas para garantizar la igualdad y la protección de los derechos de todas las personas. En este sentido, es fundamental que el Estado colombiano adopte los mecanismos internacionales de protección de derechos y adopte medidas concretas para combatir el racismo, la discriminación racial y promover la inclusión social de la población afrocolombiana.

[1] https://www.mincultura.gov.co/prensa/publicaciones/Paginas/dia-de-la-afrocolombianidad.aspx

[2] Consagrada en la Ley 21 de mayo 21 de 1851

[3] https://www.elespectador.com/judicial/dia-de-la-afrocolombianidad-2752-de-personas-desaparecidas-son-de-esta-comunidad/

[4] https://ilexaccionjuridica.org/wp-content/uploads/2023/03/La-invisibilidad-estadistica-de-la-poblacion-afrocolombiana-y-su-impacto-en-los-derechos-humanos_WP-ILEX.pdf

[5] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/08/reduccion-de-30-de-la-poblacion-afrocolombiana-en-censo-de-2018-sera-estudiada-por-la-corte-constitucional/

[6] https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=37&Lang=SP

[7] Procedimientos especiales, organismos de tratados, de derechos humanos, y otras entidades de las Naciones unidas

[8] https://www.temblores.org/grita

[9] https://www.temblores.org/policarpa

[10] https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2023/03/PLIEGO-REFORMA.pdf

El Instituto Raza e Igualdad presenta la Escuela de Incidencia Política en Movimiento

Colombia, 18 de mayo del 2023.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presenta la Escuela de Incidencia Política en Movimiento – EIM, un espacio de formación virtual creado para fortalecer las capacidades de líderes y lideresas sociales, activistas, integrantes de organizaciones sociales, funcionarias y funcionarios públicos, y personas migrantes interesadas en reforzar sus conocimientos en estrategias de incidencia, comunicación para la incidencia, funcionamiento del Estado Colombiano y aplicación de enfoques diferenciales y de género, a fin de mejorar sus habilidades y competencias, y llevar eficazmente procesos de incidencia ante instituciones nacionales e internacionales para promover la garantía efectiva de los derechos humanos, desde una perspectiva interseccional y con la aplicación de enfoques diferenciales.

Las personas participantes podrán establecer relaciones conceptuales y contextuales que les permitirán adquirir una comprensión integral de los temas abordados, convirtiéndose en actores de cambio, con el fin de ampliar los marcos de interpretación de las realidades sociales a partir de las experiencias y situaciones de diversos grupos poblacionales. Es importante destacar que la escuela está diseñada con un énfasis transversal de los enfoques diferenciales y la perspectiva interseccional para el acceso a los derechos de la población en situación de movilidad humana. Esto permitirá a las personas participantes realizar un diagnóstico desde esta perspectiva y fortalecer sus capacidades internas de gestión interinstitucional, interacción política y formulación de agendas de trabajo e incidencia, a fin de promover una participación efectiva de diferentes instituciones a nivel nacional, regional e internacional.

Las personas interesadas en participar deberán diligenciar el formulario de inscripción con sus datos personales y responder la encuesta que allí aparece. En el plazo de un día hábil llegará a su correo electrónico la información para acceder a la Escuela de Incidencia Política en Movimiento. Desde Raza e Igualdad certificaremos: 1. La participación en cada uno de los módulos realizados sí se cuenta con un 70% de los contenidos aprobados; o, 2. Se certificará el curso completo si se alcanza el 70% de los contenidos aprobados en los cuatro módulos. Podrá acceder desde un computador o dispositivo móvil, descargando la app de Moodle y siguiendo las instrucciones.

La Escuela cuenta con 4 módulos de aprendizaje:

1. Incidencia Política
2. Conocimiento del Estado colombiano para acceso a derechos y servicios
3. Enfoques diferenciales y de género
4. Investigación y comunicación para la incidencia política

Para un total de 40 horas.

Diligencia el formulario y haz parte del cambio.

Escuela de Incidencia Política en Movimiento, inscripciones abiertas.

COMUNICADO: A dos años del Estallido Social de 2021 ¡exigimos una Reforma Policial ya!

Colombia, 28 de abril de 2023.-El Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, marcó un punto de quiebre en la historia reciente de Colombia. Durante más de tres meses, en todo el territorio nacional, amplios sectores de la sociedad civil expresaron de diversas formas, en las plazas y en las calles, en los barrios y comunas, una serie de exigencias de condiciones de vida digna. A esta masiva expresión de descontento social se sumaron banderas, movimientos, organizaciones sociales y la población colombiana en general, para la reivindicación del goce efectivo de derechos fundamentales.

La legítima expresión social fue respondida con violencia policial y múltiples violaciones a los derechos humanos, como la criminalización de la protesta pacífica y el perfilamiento racial. En cifras reportadas por organizaciones como la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, se documentaron 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 116 lesiones oculares, 343 agresiones a personas defensoras de derechos humanos y 106 denuncias por violencias basadas en género^[1]. Algunas de estás Violencias tuvieron impactos diferenciales; así de acuerdo con el Proceso de Comunidades Negras y otras organizaciones afrodescendientes, se presentaron hechos de 15 violencias basadas en género contra mujeres afrodescendientes a nivel nacional, 26 desapariciones forzadas, 7 detenciones arbitrarias y 36 asesinatos contra personas afrodescendientes.^[2]

Por otra parte, cinco relatoras y relatores de la ONU^[3] divulgaron en marzo de este año una comunicación con su preocupación por la existencia de “un patrón de uso indiscriminado del derecho penal y del poder fiscalizador del Estado con la finalidad de judicializar a personas que participaron en la protesta” con dos modalidades: aplicación indiscriminada de la captura en flagrancia y el traslado por protección en una primera etapa y; judicializaciones sustentadas en posibles montajes y apelando al uso de tipos penales desproporcionados, como el de terrorismo y concierto para delinquir a partir de junio de 2021. Además, las detenciones y los traslados por protección fueron utilizados para la comisión de otras agresiones (violencias sexuales, agresiones físicas, torturas, tratos crueles e inhumanos) por lo que se recuerda que el Estado asume un deber de protección reforzado cuando una persona se encuentra privada de libertad y bajo su control efectivo.

Al elevado número de víctimas se suma el alto nivel de impunidad. Según datos de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, de las denuncias recibidas por abusos de autoridad, tan solo 1.34% se encuentran en investigación, 4.2% en juicio, 0.54% en ejecución de pena, 0.02% en terminación anticipada y tan sólo 0.7% de los casos se han emitido fallos^[4]. Esta preocupación es compartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su primer informe de seguimiento de recomendaciones de su visita de trabajo a Colombia en 2021, expresó la necesidad de realizar una rendición de cuentas sobre lo ocurrido en el contexto del Paro Nacional, especialmente asegurando medidas de reparación integral y oportuna para las víctimas.

En ese sentido, no hay garantías efectivas a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición cuando a las víctimas de violencia policial se les niega el acceso a la justicia. A la vez se afecta la materialización de otras exigencias como la creación de una ruta de atención integral a víctimas, el acompañamiento jurídico y psicosocial, la atención médica oportuna y otras acciones relacionadas al goce de derechos fundamentales, que además tengan en cuenta enfoques diferenciales como el étnico-racial y de género. El estado de impunidad aumenta las condiciones para la continuidad de los casos de violencia policial, por lo que el trámite de dichos procesos en su mayoría han significado un perjuicio para las víctimas y han terminado en hechos de revictimización, afectando de forma desproporcionada a grupos históricamente discriminados como la población afrodescendiente, indígena y LBGTIQ.

A raíz de estos procesos movilizatorios y los intentos de autorreforma en la Policía Nacional durante el Gobierno de Duque, las consignas por una reforma policial integral con participación amplia de la sociedad civil y el desmonte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) tomaron fuerza. Dos años después de la oleada de vulneraciones a los derechos humanos en el Paro Nacional, estas exigencias continúan pendientes.

En el último año, la Policía y el Ministerio de Defensa han impulsado un proceso de transformación del ESMAD hacia la consolidación de la UNDMO (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden), una vez más, sin contar con la sociedad civil y con las víctimas de violencia policial para establecer diálogos y generar propuestas de manera conjunta y vinculante. Esto ha llevado a que la nueva Unidad conserve problemas estructurales, tales como: a. conservar la doctrina; b. actuar en contextos de riñas, minería ilegal, en centros penitenciarios y carcelarios y en la sustitución de cultivos ilícitos, cuando es una Unidad para la atención de manifestaciones; c. no incluir enfoques diferenciales; d. desarrollar acciones de inteligencia y perfilamiento de líderes y lideresas de las movilizaciones; y por último, e. continuar con el uso de armas potencialmente letales sin tener en cuenta sus impactos médicos, psicosociales y ambientales.

A lo anterior se suma la preocupación por la no difusión, amplia y clara, de la Resolución 1091 del 31 de marzo de 2023, que expide el Manual para la atención a la Reunión y Manifestación Pública y Pacífica y Control de Disturbios de la Policía Nacional de Colombia y que, de cara a la creación de la UNDMO, es clave que la sociedad civil conozca sus principios y funcionamiento.

Hacemos un llamado a que el Gobierno Nacional para que reconozca públicamente los hechos cometidos durante el Paro Nacional por la Fuerza Pública, y así mismo se haga responsable de establecer rutas de atención y acompañamiento para las víctimas de la violencia policial en todo el país, adelantar acciones para su reparación y para la no repetición de hechos que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de la población colombiana, en especial aquella que merece especial protección constitucional.

Es necesario que el proceso de reforma a la Policía no esté basado en acciones de autorreforma, sino que su transformación sea fruto del consenso con la sociedad civil organizada y poniendo en el centro las perspectivas de las víctimas.

Exigimos a la Fiscalía General: (i) Cesar la persecución judicial a quienes participan en protestas sociales, (ii) Tramitar procesos judiciales con transparencia, el adecuado uso del derecho penal y con plenas garantías al debido proceso y el derecho a la defensa, (iii) Ordenar la liberación de las personas judicializadas y privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social.

Firmamos:

Amnistía Internacional
Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas – CDLAT
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares – MOCAO
Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” – CAJAR
Colectivo de Abogados Justicia Racial – JusticiaR
Corporación Justicia y Democracia -CJyD-
Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad
Limpal Colombia
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Fundación Karisma
Fundación Lazos de Dignidad – FLD
Fundación La Manada Feminista de DDHH
Temblores Ong
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo- MODEP
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
Ilex Acción Jurídica

^[1] CDLAT (2012). El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en 2021. https://n9.cl/wieq0

^[2] PCN et. al (2021) Informe afectaciones a pueblo negro afrodescendiente en Colombia el marco del Paro Nacional. https://renacientes.net/wp-content/uploads/2021/06/InformeAFRO_ParoNacional2021-PUBLICO.pdf

^[3] Mandatos del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de

asociación… (2023) https://n9.cl/9ry7w

^[4] CIDH (2023). Primer Informe de Seguimiento CIDH. https://n9.cl/hf9o2

EDITORIAL: 2 AÑOS DEL PARO NACIONAL La urgencia de promover una Reforma Policial integral

Colombia, 28 de abril del 2023.-Han transcurrido dos años desde que el Paro Nacional inició en Colombia. Esta serie de manifestaciones y protestas sociales que comenzaron el fueron una respuesta de diversas organizaciones sindicales y sociales para protestar contra una reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque y también para exigir cambios en el sistema de salud, educación y seguridad del país. Desde su inicio, el Paro Nacional puso en evidencia las graves violaciones a los derechos humanos que se han perpetuado, en particular la violencia policial y la falta de garantías para el ejercicio de la protesta pacífica, así como malestares históricos relacionados con el racismo estructural, la inequidad y la falta de atención a las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. Dos años después, El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en conjunto con la Mesa por la Reforma Policial[1], hacen un llamado urgente al Gobierno Colombiano a que desarrolle una reforma integral a la Policía Nacional que tenga en cuenta las perspectivas y necesidades de diversos grupos poblacionales que, basados en su experiencia, buscan un país que promueva la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier abuso de poder.

La violencia policial racista: una manifestación de la violencia del Estado

Desde el inicio del Paro Nacional se registraron numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, incluidos casos de brutalidad policial, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos de manifestantes. Además, se ha denunciado la presencia de grupos paramilitares que han atacado a personas manifestantes y han sembrado el terror en las comunidades Según el informe de Temblores el informe “SILENCIO E IMPUNIDAD: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia», presentado por las organizaciones sociales Temblores ONG, Ilex Acción Jurídica, CODHES y Raza e Igualdad, evidenció que, como consecuencia del perfilamiento racial durante el Paro Nacional del 2021, las personas afrodescendientes han sido afectadas diferencialmente como víctimas de violencia policial racista en ciudades como Cali.

El informe Las huellas del racismo: voces de las personas excluidas y violencia estructural dentro y fuera del estallido social en Cali realizado por varias organizaciones sociales[4]presenta los impactos y afectaciones diferenciales contra personas afrodescendientes generados principalmente por parte de la Fuerza Pública. En este informe, se registraron 64 casos de personas afrodescendientes víctimas de homicidio, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Asimismo, se indica que, la violencia policial tiene patrones de territorialización que ha afectado de forma desproporcional los territorios donde residen principalmente personas afrodescendientes en la ciudad, el oriente, en las comunas 12,13,14,15,16 y 21 y en territorios con una estratificación socioeconómica 1 y 2.Por otra parte, los hallazgos de este informe presenta los impactos diferenciales sufridos por personas afrodescendientes durante el Paro Nacional; tales como: Impactos psicosociales, físicos, económicos, colectivo, comunitarios, desplazamientos intraurbanos y patrones de barreras para el acceso a justicia en el marco de la violencia estatal reproducida por agentes de la Fuerza Pública.

A las alarmantes cifras se suma la criminalización de la protesta social y la estigmatización de quienes participan en ella por parte de las autoridades y algunos sectores políticos y mediáticos. Esto ha llevado a que se utilicen figuras penales como el terrorismo y la conspiración para perseguir a manifestantes y líderes sociales.

Cabe resaltar que, el derecho a la protesta pacífica es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución Política de Colombia y en tratados internacionales ratificados por el país. Sin embargo, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, la falta de identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para los manifestantes, han generado un clima de impunidad y de temor que limita el ejercicio de este derecho. [5]

La violencia policial racista es una manifestación de la violencia del Estado perpetrada por agentes de la Fuerza Pública, ejercida contra personas racializadas, que se caracteriza por la brutalidad en sus acciones. Esta forma de violencia constituye una violación de los derechos humanos, incluyendo palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo y el uso indiscriminado de agentes de represión en manifestaciones. Por consiguiente, la violencia policial racista se basa en prejuicios y estereotipos infundados contra las personas afrodescendientes, lo que las hace más propensas a ser blanco de sospecha y persecución por parte de agentes de la Policía. Esta tendencia se vio agravada durante la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento en Colombia. Así mismo, esta forma de violencia racista se intensifica cuando intersecta con otros factores de discriminación, como la orientación sexual, la identidad de género, la edad y la clase social. Por lo tanto, las mujeres negras y las personas afrodescendientes con orientaciones sexuales o identidades de género diversas han padecido impactos diferenciados de la violencia policial racista ejercida por agentes del orden.

La urgencia de desmontar el ESMAD

El uso desproporcionado de la fuerza por parte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) durante las protestas sociales en Colombia dejó más de 100 víctimas de lesiones oculares.[6] Ataques que, según describen varias de las víctimas, fueron cometidos con el objetivo principal de castigarles, como consecuencia de hacer uso legítimo de su derecho a la protesta social. En respuesta a estas críticas, se presentó un proyecto de reforma al ESMAD en el Congreso de la República de Colombia, con el objetivo de mejorar la actuación de este cuerpo policial en la atención de manifestaciones, huelgas y protestas, cuando las circunstancias lo ameriten. El proyecto de reforma incluyó propuestas como la prohibición del uso de armas letales, la creación de protocolos de actuación más precisos y la obligación de llevar cámaras de video durante las operaciones.

Además, como parte de la reforma al ESMAD, se propuso la creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), una unidad especializada en la disolución de mecanismos de control que sustituiría al ESMAD en situaciones de control de disturbios y manifestaciones. La UNDMO estaría conformada por miembros de la policía, pero también tendría la participación de expertos en derechos humanos y representantes de organizaciones civiles, con el objetivo de garantizar una actuación más responsable y respetuosa de los derechos humanos en este tipo de operaciones.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Mesa por la Reforma Policial expresaron al Gobierno su preocupación ante la falta de diálogo por la propuesta de reforma que, para ellos debe ser socializada con los diferentes sectores de la sociedad, especialmente con los que han sido vulnerables al uso de la fuerza por parte del Estado Colombiano. Entre los principales temas expuestos por la Mesa se encuentran: El uso de armas de impacto, indiscriminado y de letalidad reducida y sus impactos, la inclusión de enfoques diferenciales en el uso de la fuerza en territorios rurales y la adopción de recomendaciones de Naciones Unidas en relación con la focalización de las acciones en respuesta a actos violentos durante las manifestaciones.

Así mismo, solicitan la implementación de mecanismos de control y supervisión efectivos para evitar abusos y excesos por parte del ESMAD. También se propone la presencia de veedores ciudadanos en las operaciones del ESMAD y la creación de una unidad especializada en derechos humanos dentro de la Policía Nacional. Además, se sugiere una formación especializada para los miembros del ESMAD en aspectos como el respeto a los derechos humanos, el uso adecuado de la fuerza y la mediación en situaciones de conflicto. El objetivo es garantizar que el ESMAD cumpla con su función de mantener el orden público, pero siempre respetando los derechos humanos, evitando el uso desproporcionado de la fuerza. Esto es un paso crucial hacia una policía más moderna, eficiente y comprometida con el respecto irrestricto a los derechos humanos

Los estándares internacionales para el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden; s han sido herramientas centrales para monitorear y generar recomendaciones para el cumplimiento de las funciones de la Fuerza Pública. De igual forma, estos instrumentos han sido importantes para promover debates en torno a reformas nacionales que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que

Todas las personas que integran la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones deben garantizar el respeto por la dignidad humana.

Este sistema internacional de protección, en 1990 emite los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de personas Funcionarias Encargadas de Hacer Cumplir la Ley[8].Estos principios tienen el objetivo de promover la implementación de medidas que garanticen el uso de la fuerza y de armas de fuego a través de procesos de monitoreo, formación sobre la aplicación de la Ley y restricciones sobre el uso de armas de fuego y el uso de la fuerza garantizando los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.

En el año 2021 se estableció la Resolución 47/21[9], la cual propone la creación del Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes de las Naciones Unidas para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el Contexto de la Labor de las Fuerzas del Orden (EMLER). Su objetivo es monitorear y establecer recomendaciones sobre las medidas implementadas a nivel global para combatir el uso excesivo de la fuerza hacia personas afrodescendientes, así como garantizar su acceso a la justicia y rendición de cuentas.

En línea con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas, que se encuentra vigente desde 1969, se emitió en 2020 la Recomendación número 36 de 20208. Esta recomendación se enfoca en combatir el perfilamiento racial y el uso de tecnologías que reproducen estereotipos racistas y xenofóbicos. Se señala cómo estas tecnologías, como la inteligencia artificial, se basan en representaciones racistas y discriminatorias que han sido fundamentadas socialmente mediante acciones sistemáticas de criminalización y persecución por parte de agentes del orden.

En el ámbito regional, la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia es una herramienta importante para promover y garantizar los derechos de las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Esta convención reconoce e incorpora las realidades específicas de la región en la lucha contra el racismo y formas conexas de discriminación que reproducen los agentes de Fuerza Pública. Sin embargo, solo siete países han firmado esta convención en la región, y solo seis la han ratificado.

Estos estándares establecen un reconocimiento de las afectaciones diferenciales e impactos del uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes y las barreras de acceso a justicia que enfrentan diariamente. Por lo tanto, estos instrumentos hacen un llamado global a los Estados para que reconozcan, implementen y garanticen acciones contra el racismo sistémico que se ha fundamentado en instituciones como la Fuerza Pública y todo el sistema de justicia. Esto incluye adoptar medidas para prevenir prácticas como el perfilamiento y contar con información desagregada que considere la pertenencia étnico-racial, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, etc. en casos de abuso policial, garantizandomedidas de reparación integrales para las víctimas.

La violencia policial racista afecta a personas afrodescendientes a nivel global, regional y nacional, impactando su bienestar individual y colectivo.

La falta de medidas de reparación refleja patrones de impunidad e injusticia que revictimizan a las personas afrodescendientes. Así mismo, esta forma de violencia en Colombia muestra el racismo estructural que viven jóvenes, mujeres y personas afro-LGBTI; por eso es de suma importancia visibilizar los impactos de la violencia policial racista y diseñar acciones de reparación con un enfoque étnico-racial y de género, así como garantizar la incorporación de estándares internacionales contra el racismo y la discriminación racial en las reformas policiales.

Mecanismo de seguimiento de la CIDH

El informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia[10] anunció la instalación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia”[11] Dicho mecanismo tiene el propósito de hacer seguimiento a las recomendaciones presentadas por la CIDH, sobre los hechos ocurridos durante la protesta social en Colombia que están relacionadas con la protección del derecho a la protesta, el respeto al debido proceso de personas detenidas en el contexto de manifestaciones, la necesidad de procesos de transformación de la cultura institucional de las fuerzas de seguridad y de la Policía Nacional, el acceso a justicia y reparaciones de las víctimas, entre otras.

En particular, tales recomendaciones instan al Estado Colombiano a ejecutar en el marco de las protestas y manifestaciones los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales[12].Además, la CIDH recomienda separar la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa; garantizar mecanismos de acceso a justica con enfoques diferenciales; adoptar medidas para evitar la criminalización contra las personas por su origen étnico-racial, identidad de género, estatus migratorio, origen nacional, etc.; así como garantizar el derecho a la libertad de expresión y proteger a los periodistas y medios de comunicación que cubren las protestas.

Tras los urgentes llamados realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil al Estado Colombiano reiterando la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento,[13]en enero de 2023 el Gobierno Colombiano y la CIDH acordaron la creación del mismo. A la fecha, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil desconocen cuándo se instalará el Mecanismo de Seguimiento y de qué forma podrán involucrarse activamente en el mismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un organismo internacional que tiene como objetivo principal promover y proteger los derechos humanos en América. En este sentido, el mecanismo de seguimiento de la CIDH es una instancia idónea para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia policial. Así mismo, la Comisión cuenta con expertos en derechos humanos y en temas de seguridad ciudadana, lo que le permite realizar investigaciones exhaustivas y hacer recomendaciones adecuadas para prevenir la violencia policial y garantizar la justicia para las víctimas.

El mecanismo de seguimiento de la CIDH también incluye la participación de las víctimas y sus representantes legales, lo que les permite tener un papel activo en el proceso de investigación y seguimiento de sus denuncias.

Propuestas de organizaciones – pliego de peticiones

El pasado 02 de marzo, el Instituto Raza e Igualdad en conjunto con la Mesa Nacional por la Reforma Policial entregaron al Gobierno Nacional y la opinión pública, el pliego de propuestas para que la Policía Nacional de Colombia se reforme de forma integral y se convierta en servicio público para la paz.

Este documento es resultado de un proceso de discusión y colaboración en el que se valoró la participación de diversos grupos de la sociedad. La elaboración del mismo se originó a raíz de las numerosas violaciones a los derechos humanos perpetradas por la Fuerza Pública, lo que evidenció la necesidad de llevar a cabo una Reforma Integral de la Policía desde una perspectiva diferencial que ponga en primer plano los derechos humanos de todos los grupos poblacionales, respondiendo a sus situaciones específicas. Entre las propuestas destacan 5 puntos clave:

1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles

2. La Policía debe formarse para los derechos humanos, la convivencia y la paz

3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social

4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad

5. Justicia para las víctimas y ¡no más víctimas de abuso policial.

Recomendaciones

En el marco de la conmemoración de los dos años del estallido social, el Instituto Raza e Igualdad insta al Estado Colombiano para que reconozca los impactos diferenciales de la violencia policial incluidos los impactos psicosociales, colectivos y comunitarios. Se deben implementar acciones de reparación con un enfoque colectivo, étnico-racial y de género a nivel psicosocial para ayudar a las personas y familias que han sufrido violencia policial, garantizando la acción sin daño. Es esencial que las reformas policiales nacionales y regionales incluyan los estándares internacionales contra la discriminación racial y el racismo, y se monitoree su cumplimiento; Para eso es de suma importancia que cualquier iniciativa de reforma a la policía se haga de forma articulada con las organizaciones sociales y los mecanismos internacionales de derechos, a fin de reconocer las visiones, conocimientos y necesidades de las diversas poblaciones del país; y garantizar así, la igualdad en la protección de los derechos de todas las personas y comunidades, evitando cualquier forma de discriminación.

Así mismo, exhortamos al Gobierno nacional para que impulse la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y consolide de forma efectiva su compromiso con la promoción y garantía de los derechos humanos y la lucha contra el racismo estructural, la discriminación racial y la violencia policial racista.

Queremos hacer un llamado a la sociedad colombiana para reflexionar sobre el papel de la Policía Nacional como institución y limitar su uso de la violencia al mínimo posible, respetando los protocolos, las leyes, la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a los principios fundamentales del uso de la fuerza y las armas letales y no letales. También es importante que se monitoreen los cambios sociales del país para evaluar el papel y la importancia de la Policía Nacional dentro del Estado.

#ReformaPolicialYA

[1] organizaciones sociales, académicos y académicas, víctimas de violencia policial, y colectivos de defensa de los derechos humanos de Colombia.

[2] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/05/paramilitares-encapuchados-estarian-disparando-para-disipar-marchas-en-monteria/

[3] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/29/temblores-ong-registro-44-homicidios-durante-el-paro-cuyo-presunto-agresor-seria-un-miembro-de-la-fuerza-publica/

[4] Organizaciones sociales que participaron de la elaboración del informe: Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes (FUNVIMUFROIN), Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (SOMOS IDENTIDAD), Movimiento Ciudadano ORIENTADOSAsociación de Líderes El Perfil, ORIENTADOS, La Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y La Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Valle del Cauca (ASOGROVALLE), La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y Raza e Igualdad.

[5]Código de conducta de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la Ley

Principios básicos sobre el empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
Resolución 43/1, la Resolución 47/21 que crea el Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad en la Aplicación de la Ley
La Declaración y Programa de Acción de Durban
Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, inhumanos o Degradantes

[6] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/colombia-actuar-desmedido-esmad-durante-paro-nacional-dejo-mas-100-personas-traumas-oculares/

[7] https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/policia-nueva-unidad-nacional-de-dialogo-y-mantenimiento-del-orden-706024

[8] OHCHR. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement

[9] Naciones Unidas. (2021). Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas africanas y afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del orden, mediante un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales. Consultado en: ﷟Htps://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/199/06/PDF/G2119906.pdf?OpenElement

[10] CIDH. Observaciones y Recomendaciones. Visita de Trabajo a Colombia. 2021. Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf

[11] Ibid. Párr. 187

[12] Ibid. Pág 42

[13] Comisión Colombiana de Juristas. Organizaciones urgen a CIDH mecanismo de seguimiento a situación de derechos humanos durante el paro nacional. 26 de Octubre de 2021. Disponible en: https://coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=594

31M Visibilidad Trans: ¿Qué ocurre con las personas trans en los contextos de crisis políticas y regímenes autoritarios?

Washington D.C., 31 de marzo de 2023.– Hoy, Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) subraya y reconoce que, en la región, los diversos contextos de crisis política y social, de crisis democrática y regímenes autoritarios generan un impacto diferenciado en grupos determinados en situación de vulnerabilidad, como las personas trans y de género diverso, aún más cuando presentan o confluyan factores como la condición socioeconómica, raza, condición migratoria y edad.

Las personas LGBTI+, y en específico las personas trans, sufren sistemáticamente vulneraciones a sus derechos humanos en diferentes aspectos de su vida, pero en regímenes autoritarios o en contextos políticos y sociales complejos, se agudiza esta situación e incluso con retrocesos legislativos y vacíos legales; por lo que es más difícil tener garantía del respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, se incrementan los niveles de impunidad en los crímenes de odio y, muchas veces, la violencia y la discriminación es perpetrada por funcionarios públicos.

En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, hubo un aumento de los discursos de odio contra la población LGBTI+, que afectaron específicamente a la población trans. El avance de la extrema derecha, vinculada a grupos religiosos conservadores, fortaleció la agenda anti-trans, que se institucionalizó, ganando espacio en discursos oficiales del Gobierno. Los grupos fundamentalistas anti derechos que persiguen y mienten sobre la diversidad de género, llamándola «ideología de género», han construido un discurso violento, que coloca a las personas trans como enemigas, impidiendo la construcción de políticas públicas dirigidas a los derechos de esta población. “Además, atentan contra derechos que ya fueron conquistados como el respeto a un nombre social y a un género auto declarado en establecimiento públicos y privados o el uso del baño de acuerdo con tu género”, mencionó Gab Van, representante de la Liga Transmasculina João W. Nery.

En 2022, Brasil siguió, por 14º año consecutivo, en la cima del ranking de asesinatos de personas trans. Según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 131 personas trans fueron asesinadas en Brasil en 2022, 130 mujeres trans y 1 persona transmasculina. Al menos el 76 por ciento de las víctimas eran negras[1].

Perú, actualmente, vive una grave crisis institucional, política y social. Luego del intento del golpe al Congreso de parte del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la posterior asunción de Dina Boluarte al Ejecutivo, diversos sectores de la sociedad desconocen el gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. Esto ha generado una serie de protestas a nivel nacional provocando 67 muertes, 1335 personas heridas[2], detenciones arbitrarias, allanamientos arbitrarios y una serie de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Gobierno y de las fuerzas policiales y militares. En este contexto, la situación de la población trans se agudiza y relega; además de percibirse una mayor sensación de impunidad sobre los crímenes de odio. Solo en el primer mes y medio, se reportaron 8 asesinatos de mujeres trans[3], las cuales fueron calificados como muertes violentas. “En tanto no exista una ley de identidad de género, este sistema nos seguirá oprimiendo porque no nos reconoce como mujeres y tampoco podemos ejercer una ciudadanía plena y responsable”, mencionó Alejandra Fang, integrante de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans.

A la fecha, no existe un registro oficial de las violencias y crímenes de odio cometidos contra las personas trans y de género diverso; la poca información conocida hasta el momento es obtenida a través de los medios de comunicación y de las organizaciones trans de sociedad civil que hacen esfuerzos por alimentar un registro. De la misma manera, los estudios y análisis políticos y los informes sobre vulneraciones de derechos humanos, no hacen referencia sobre la situación y la afectación diferenciada en la actual crisis institucional, política y social sobre la vida de las personas trans y de género diverso.

En el caso de Nicaragua, el contexto de crisis sociopolítica y de derechos humanos, en la cual impera la censura y la impunidad por las graves violaciones y abusos a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales y paraestatales, no hay acceso a cifras oficiales sobre los casos de violencia contra personas trans; sin embargo, según testimonios recabados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), los liderazgos feministas, organizaciones y grupos de mujeres (en toda su diversidad) han sido un blanco especial de ataques contra la sociedad civil[4].

El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por motivaciones políticas, mantuvo encarceladas al menos a 4 mujeres trans en centros penitenciarios para hombres, negándoles el acceso a su terapia hormonal y exponiéndoles a riesgos diferenciados por razón de su género. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas -en la Opinión 12/2021- se pronunció sobre el caso de una activista trans que fue apresada arbitrariamente en el segundo aniversario de la crisis sociopolítica, obligada a permanecer recluida en un centro penitenciario de varones y condenada a 13 años y 2 meses de prisión por “secuestro extorsivo agravado” y “obstrucción de funciones agravada”. “Se ignoró su condición de persona trans como forma de humillación en su contra”, concluyó el Grupo en su Opinión. Finalmente, la activista fue excarcelada en el año 2021, pero el Estado nunca informó sobre el levantamiento de los cargos en su contra, ni sobre las garantías de reparación por los daños cometidos.

Algo similar ocurre en Cuba. La detención de Brenda Díaz, una mujer trans de 28 años que permanece recluida en un centro penitenciario masculino, revela la grave situación que enfrentan las personas con identidades de género diversas en la Isla. A ella la detuvieron por participar en las marchas pacíficas de julio de 2021 porque, según las autoridades de este país, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones públicas[5]. Víctima de todo tipo de discriminación y violencia dentro de esta prisión, Brenda cumple una condena de 14 años de cárcel.

En este país, las personas con identidades de género diversas pueden cambiar el marcador de género en los documentos de identidad solo si la persona solicitante se ha sometido a una cirugía de afirmación de género, de acuerdo con la base de datos de la organización Ilga Mundo[6], que también recopila otras medidas adoptadas por el gobierno cubano para proteger a esta población, pero que, según las personas trans, no trascienden y se quedan en el papel. De igual manera, organizaciones de mujeres afirman que hace falta una Ley contra la violencia de género, que prevenga y mejore la atención de la violencia machista, que también afecta a esta población.

En el caso de Colombia, en el marco del Paro Nacional del 2019-2020, Colombia Diversa ha documentado que la mayoría de las víctimas de violencia policial, amenazas y homicidios fueron mujeres trans[7]. De acuerdo a Caribe Afirmativo, al igual que en 2019, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. En Valle del Cauca, por ejemplo, se reportó amenazas y represión por parte de la policía e impedimentos de manifestaciones en espacios públicos[8]. Además, el Ministro de Defensa de entonces, Diego Molano, criminalizó los liderazgos sociales de personas LGBTI+ en el Cauca, señalándoles como integrantes de organizaciones criminales y ofreciendo una millonaria recompensa a quien diera información sobre ellos.

Al respecto, Bicky Bohorquez, integrante de Somos Identidad, se refirió sobre importancia de la seguridad personal de las personas trans en las manifestaciones: “Para promover la participación y visibilización de las personas trans en espacios de reivindicación social, como la protesta social, hay que tener en cuenta que estos deben ser espacios seguros para nosotras como personas trans. No puede quedar por fuera estrategias como escuchar y aprender de nuestras experiencias, la sensibilización y la educación”.

Las personas trans en la región están expuestas a situaciones de mayor peligrosidad y vulnerabilidad cuando sus países se encuentran en contextos políticos y sociales críticos. No solo porque, en general, su condición de vida se agudiza sino porque su participación como actores políticos puede poner en riesgo su integridad física y mental, sobre todo en marcos de protestas y Estados de Emergencias.

Por todo lo anterior, Raza e Igualdad desea elevar algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (2020):

Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

[1] ANTRA (2022). Expediente Asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños. Disponible en https://antrabrasil.files.wordpress.com/2023/01/dossieantra2023.pdf

[2] Defensoría del Pueblo (2023) Crisis Política y Protesta Social. Reporte Diario. Disponible en https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario2332023_17-horas.pdf

[3] Presentes (2023). Perú: Por primera vez miles de personas marcharon en Lima contra los transfemicidios. Disponible en https://agenciapresentes.org/2023/02/23/peru-por-primera-vez-miles-de-personas-marcharon-en-lima-contra-los-crimenes-de-transodio/

[4] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2023). Conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Disponible en https://informenicaragua.org/wp-content/uploads/2023/03/A_HRC_52_CRP5_Spanish.pdf

[5] Race and Equality (2022). Cuatro historias de personas detenidas por reclamar cambios en Cuba. Disponible en http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuatro-historias-de-personas-detenidas-por-reclamar-cambios-en-cuba/

[6] Ilga database: https://database.ilga.org/cuba-lgbti-es

[7] Colombia Diversa (2020). 2020, el año con la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra personas LGBT. Disponible em https://colombiadiversa.org/blogs/2020-el-ano-con-la-cifra-mas-alta-de-violencia-policial-asesinatos-y-amenazas-contra-personas-lgbt/

[8]Caribe Afirmativo (2021). Violencias contra personas LGBT a 20 días de Paro Nacional. Disponible en https://caribeafirmativo.lgbt/violencias-contra-personas-lgbt-a-20-dias-de-paro-nacional/

Comunicado: Organizaciones de la sociedad civil solicitan al Gobierno de Colombia impulsar la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)

Colombia, 23 de marzo del 2023. En el marco de la conmemoración del 21 de marzo, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial [1], organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan al Gobierno Nacional de Colombia impulsar activamente la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) de acuerdo con el reciente proyecto de Ley que busca su ratificación[2].

Esta Convención, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2013, establece un marco jurídico internacional para la protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de raza, color, ascendencia u origen étnico. Además, busca prevenir y eliminar la discriminación racial y otras formas de intolerancia, promover la igualdad y combatir el racismo en todas sus formas.

En 2014, el Gobierno colombiano firmó dos instrumentos interamericanos sobre derechos humanos: la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Ambos instrumentos robustecen el marco normativo interno en materia de lucha contra toda forma de discriminación, reconociendo que Colombia es un país pluriétnico y respetuoso de la diversidad; sin embargo, a la fecha estos instrumentos internacionales no han sido ratificados. En el 2021 fue radicado un proyecto de ley en el Congreso para lograr la ratificación de la CIRDI; el proyecto de ley es resultado de un proceso colectivo con diferentes actores de los pueblos indígenas y rom (gitano), y liderada por activistas afrocolombianos gracias a la Campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial” impulsada por Raza e Igualdad con el objetivo promover la ratificación e implementación universal y efectiva de la CIRDI en las Américas.

En Colombia, el racismo y la discriminación racial siguen siendo una realidad en la vida cotidiana de muchas personas, lo cual las convierte en víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos en todos los ámbitos sociales. Por ello, es fundamental que el Estado se adhiera a esta Convención y se comprometa a garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en todas las esferas de la vida pública y privada.

La ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) es un paso crucial para consolidar el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y garantía de los derechos humanos y la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

En ese sentido, hacemos un llamado al Gobierno nacional para que impulse su pronta ratificación y que en todas sus acciones, programas y reformas articule las disposiciones de esta Convención, la cual desarrolla importantes medidas a partir de las realidades específicas de América Latina y el Caribe, y el contexto nacional en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Por ejemplo, en acciones relacionadas con una reforma policial en contra de prácticas de perfilamiento racial y con una formación en derechos humanos desde una perspectiva interseccional; acciones en contra de la discriminación racial en instituciones educativas; estrategias de medición que garanticen la recopilación de datos desagregados con la pertenencia étnico-racial; y, en general, se garantice la implementación de medidas que articulen un enfoque étnico-racial desde una perspectiva interseccional y de justicia racial.

Finalmente, las organizaciones firmantes reiteramos la necesidad de dar seguimiento al proyecto de ley que busca la ratificación la CIRDI, a fin de erradicar todas las formas racismo y discriminación racial en el país.

Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES.

Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia – La COMADRE.

Convergencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas – CNOA.

Colectivo Justicia Racial.

Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales Somos Identidad.

Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC.

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad

[1] https://www.ohchr.org/es/get-involved/stories/international-day-elimination-racial-discrimination

[2] Congreso de la República de Colombia. (Noviembre 7 de 2022). Radican dos convenciones contra toda forma de discriminación e intolerancia. https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4145-radican-dos-convenciones-contra-toda-forma-de-discriminacion-e-intolerancia.

¡LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS UNA REFORMA INTEGRAL A LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA!

Colombia, 2 de marzo del 2023. Hoy 2 de marzo de 2023 en el Centro de Memoria Histórica, 20 organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos haremos entrega al Gobierno Nacional del pliego de propuestas para que la Policía Nacional de Colombia reconstruya la confianza con la ciudadanía y se convierta en un servicio público para la paz.

Este pliego hace parte de un trabajo de discusión y construcción colectiva en el que se consideró fundamental contar con las visiones de distintos sectores de la ciudadanía. La iniciativa del pliego surgió a raíz de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública de Colombia y con ello, de la necesidad de implementar una Reforma Integral a la Policía que priorice los derechos humanos, la convivencia y la paz.

Con el fin de lograr una Reforma Integral a la Policía, las organizaciones de la sociedad civil proponemos cinco puntos claves: 1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles, 2. La Policía debe formarse para los derechos humanos, la convivencia y la paz, 3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social, 4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad y 5. Justicia para las víctimas y ¡no más víctimas de abuso policial!.

Los anteriores son las bases de las modificaciones normativas e institucionales profundas y que representan un llamado al Estado para que asuma de forma completa, integral y verdadera el compromiso de realizar una Reforma a la Policía Nacional, son un llamado para que se garantice una participación amplia, real y efectiva de la sociedad civil y en especial de las víctimas de violencia policial, en la construcción y ejecución de cualquier iniciativa que busque transformar a dicha institución.

POR LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN, LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SOLICITAMOS AL GOBIERNO NACIONAL Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE ESTOS PUNTOS MÍNIMOS SE TENGAN EN CUENTA EN SU TOTALIDAD AL MOMENTO DE TRAMITAR LA REFORMA A LA POLICÍA.

Conozca el pliego completo de propuestas.

COMUNICADO: C.N.O.A., Somos Identidad y Raza e Igualdad rechazan el ataque perpetrado en contra de Nixon Ortiz, Director de la Fundación Manglaria Diversa y hacen un llamado al Gobierno colombiano para que le brinde plenas garantías de seguridad a los liderazgos Afro-LGBTI del Pacífico Sur colombiano

Colombia, 18 de enero de 2023. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A), la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales (Somos Identidad) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), expresan su máxima preocupación por el intento de secuestro cometido en contra de Nixon Ortiz, Director de la Fundación Manglaria Diversa el pasado martes 10 de enero de 2023 en horas de la mañana en el municipio de Tumaco, Nariño. El líder social, cuyo trabajo se ha centrado en la promoción y defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+ Afrodescendiente en el Pacífico Sur Colombiano, se encontraba en la sede de la Fundación Manglaria Diversa, cuando dos hombres encapuchados que portaban armas de fuego y se transportaban en motocicleta intentaron raptarlo. Gracias a la rápida acción del líder social y compañeros que se encontraban en el lugar de los hechos, el ataque se vio frustrado, aunque en medio del forcejeo, el líder social resultó agredido. Este ataque se suma a diferentes episodios de hostigamientos y intimidaciones perpetradas contra el líder social durante el 2022, que se intensificaron el mes de diciembre, lapso en el que el que recibió numerosas llamadas amenazantes.

Esta situación refleja el difícil contexto de trabajo en el que se desenvuelven los liderazgos sociales en la región del Pacífico Sur Colombiano, que en el último trimestre de 2022, reportó un total de 18 líderes y defensores de derechos humanos asesinados[1], siendo Nariño el departamento con más asesinatos contra liderazgos sociales cometidos en 2022[2] y en donde además existe una alerta máxima por la presencia de diversos grupos armados[3]. Recientemente, se conocieron las declaraciones de Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, quien señalo con preocupación “la continuidad de la violencia ejercida contra líderes y comunidades indígenas, como los Awá, y afrocolombianas, como el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, ambos en el departamento Nariño, donde la implementación de disposiciones étnicas del Acuerdo Final es un imperativo”[4].

De igual manera, retrata el entorno hostil al que se enfrentan los liderazgos LGBTI, quienes a menudo deben afrontar numerosos obstáculos por las causas que defienden o por el contenido de sus reivindicaciones[5]. En el caso específico de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado la atención frente a los riesgos que implica para las personas LGBTI ser visibles en un contexto de discriminación y violencia y alertó frente al aumento de casos de personas atacadas por ejercer su derecho a defender los derechos de esta población[6].

C.N.O.A., Somos Identidad y Raza e Igualdad se solidarizan con el Profesor Nixon Ortiz y solicitan al Estado Colombiano y a los organismos internacionales de derechos humanos:

Al Gobierno Nacional, hacemos un llamado sobre la urgencia de avanzar en la implementación de las políticas relacionadas con la iniciativa de Paz Total del Gobierno Nacional y la necesidad de abrir espacios diálogo que involucren a todos los actores del territorio en búsqueda de un cese inmediato a la violencia en contra de los liderazgos sociales y la población civil.
A la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional, y al Ministerio Público a activar las rutas urgentes de protección necesarias para garantizar la vida, seguridad e integridad de Nixon Ortiz.
A la Fiscalía General de la Nación, para que atienda de manera prioritaria y urgente la denuncia de los hechos y avance en la investigación desde un enfoque diferencial que tenga en cuenta su pertenencia étnica y su orientación sexual diversa.
Al Estado Colombiano para que avance en la elaboración de una estrategia de protección y seguridad de los liderazgos sociales que reduzca efectivamente el número de ataques y amenazas, con la incorporación de un enfoque diferencial.
Al Sistema Interamericano y al Sistema Universal de Derechos Humanos para que refuercen sus sistemas de monitoreo sobre la situación de violencia contra los liderazgos sociales en Colombia, con especial atención a los liderazgos AfroLGBTI, y la implementación de los Acuerdos de Paz, de la mano de las organizaciones de derechos humanos que allí trabajan.

[1] Instituto de estudios para el desarrollo y la paz- INDEPAZ, Observatorio de DDHH, conflictividades y paz, “Líderes sociales, defensores de DDHH y firmantes de acuerdo asesinados en 2022”, disponible en: https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/

[2] Caracol Radio, “Nariño es el departamento con más Líderes Sociales asesinados en 2022”, 09 de diciembre de 2022, disponible en: https://caracol.com.co/2022/12/09/narino-es-el-departamento-con-mas-lideres-sociales-asesinados-en-2022/

[3] Radio Nacional de Colombia, “En el 70% de los municipios de Nariño hay presencia de actores armados: organizaciones”, 05 de octubre de 2022, disponible en: https://www.radionacional.co/noticias-colombia/presencia-de-actores-armados-en-municipios-de-narino#:~:text=En%20el%20departamento%20de%20Nari%C3%B1o,el%20proyecto%20de%20Paz%20Total.

[4] Noticias ONU, “Colombia: El Consejo de Seguridad amplia el mandato de la Misión de la ONU para incluir la reforma rural y el capítulo étnico”, 11 de enero de 2023, disponible en: https://news.un.org/es/story/2023/01/1517842

[5] CIDH, “Informe sobre criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos”, 31 de diciembre de 2015, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf

[6] CIDH, “Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, 06 de diciembre de 2019, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DefensoresColombia.pdf

IMPACTOS DE LA VIOLENCIA POLICIAL RACISTA: afectaciones psicosociales, colectivas y comunitarias contra personas afrodescendientes en Colombia y la región

Colombia, 22 de diciembre del 2022. El Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presenta el Policy Paper Impactos de la violencia policial racista: afectaciones psicosociales, colectivas y comunitarias contra personas afrodescendientes en Colombia y la región, el cual establece un análisis sobre los impactos colectivos, psicosociales y comunitarios de la violencia policial racista a partir del trabajo de investigación y documentación que realiza Raza e Igualdad sobre dicho tema, así como de los hallazgos y reflexiones identificados en el informe “Las huellas del racismo. Voces de las personas excluidas y violencia estructural dentro y fuera del estallido social en Cali”. Asimismo, articula un análisis de las experiencias y opiniones de estos impactos mediante algunas entrevistas para el caso de Colombia con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas- C.N.O.A, el Instituto Marielle Franco en Brasil y Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, lo cual permitió establecer una perspectiva comparada a nivel regional de estos impactos.

El documento también presenta los estándares internacionales contra el racismo, la discriminación y el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes por parte de la Fuerza Pública, e incluye un apartado de las afectaciones diferenciales de la violencia policial contra personas afro-LBGTI a razón de su orientación afectivo-sexual, identidad y/o expresión de género diversa (OSIEG). Finalmente, se presentan algunas reflexiones y conclusiones, al igual que recomendaciones contra el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes y sus impactos desde un enfoque colectivo, étnico-racial y de género.

Las afectaciones psicológicas y psicosociales de la violencia policial racista, uno de los principales impactos contra personas afrodescendientes

Una de las principales afectaciones identificadas durante el proceso de investigación, fueron los impactos psicológicos que hoy viven las personas afrodescendientes que fueron víctimas de violencia por parte de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional del 2021 en Colombia, representadas en estrés, ansiedad y pánico al salir. A su vez, se evidencia la falta de una respuesta estatal integral, con enfoque étnico-racial y de género, que permita garantizar el acceso a la justicia y a medidas de atención psicosocial para atender estos impactos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las barreras de acceso a justicia para personas afrodescendientes se articulan con el miedo a las represalias por denunciar y la desconfianza institucional, lo que hace que estas situaciones no lleguen a las instancias de justicia necesarias y, por tanto, se evite la reproducción de prácticas revictimizantes.

Otro hallazgo a destacar es el impacto psicosocial de estas formas de violencia en Cali, la ciudad con mayor porcentaje de población afrodescendiente en Colombia[1], y receptora de un alto porcentaje de personas víctimas del conflicto armado afrodescendientes[2]. De acuerdo con cifras de la alcaldía de Cali en 2021, se registraron 222.303 personas en situación de desplazamiento en la ciudad[3]. Esta realidad, sumada al impacto psicosocial de la violencia ejercida por parte de la Fuerza Pública, ha ocasionado desplazamientos intraurbanos y afectaciones socioeconómicas.

A su vez, la violencia policial racista tiene impactos colectivos en los territorios con mayor número de personas afrodescendientes, es decir, existe un patrón de perfilamiento territorial que reproduce la Fuerza Pública, que en el caso de ciudades como Cali, afecta principalmente los barrios del oriente de la ciudad, específicamente las comunas 12, 13, 14, 15, 16 y 21, lugares que tienen el mayor porcentaje de personas afrodescendientes en la ciudad y un mayor índice de necesidades básicas insatisfechas y brechas socioeconómicas.

La violencia policial afecta diferencialmente a personas afro-LBGTI

El racismo, homofobia, transfobia son estructuras de exclusión que no son ajenas a las interacciones que tiene la Policía con personas afrodescendientes con OSIEG diversas

Esta situación se ve reflejada en la criminalización, perfilamiento, violencia psicológica y física, contra personas Afro – LGBTI por parte de la Fuerza Pública; hecho que afecta a este grupo poblacional en varios países de la región. Así lo detalla el “informe regional. La deuda pendiente con la población AFRO-LGBT en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana”[4] el cual analiza las condiciones de desigualdad estructural que viven cotidianamente personas afrodescendientes con orientación sexual e identidad de género diversas (OSIG) en América Latina y el Caribe. En ese sentido, y según lo señala el Informe del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley, los Estados deben generar datos periódicos con variables como la identidad de género, orientación sexual y pertenencia étnico-racial sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, para hacer frente a esta situación.

Desde el Instituto Raza e Igualdad hacemos un llamado a los Estados de la región, sobre la importancia de visibilizar los impactos que tiene la violencia policial racista y la necesidad de diseñar e implementar acciones de reparación integral relacionadas con el abuso policial contra personas afrodescendientes, desde un enfoque étnico-racial y de género. Asimismo, resaltamos la urgencia de garantizar reformas nacionales y regionales de la Fuerza Pública y la incorporación de los estándares internacionales contra el racismo y la discriminación racial y el monitoreo de su implementación.

Por último, desde Raza e Igualdad creemos en la importancia de adoptar políticas integrales con perspectiva interseccional que articulen los estándares Internacionales en contra del racismo y la discriminación, con el fin de que los Estados garanticen la protección de los derechos de personas afrodescendientes.

Acceda al documento Impactos de la violencia policial racista: afectaciones psicosociales, colectivas y comunitarias contra personas afrodescendientes en Colombia y la región.

[1] CIDSE, Afroamérica XXI, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cuantos somos, cómo vamos. Diagnóstico Sociodemográfico de Cali y 10 municipios del Pacífico nariñense. Consultado en: ﷟HYPE://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/cuantos_somos.pdf

[2] El País. (2019). Cali es una ciudad afro, pero estos son los retos que tiene con su población. Consultado en: https://www.elpais.com.co/cali/dia-de-la-afrocolombianidad-es-una-ciudad-afro-pero-estos-son-los-retos-que-tiene-con-su-poblacion.html

[3] Alcaldía de Santiago de Cali. (2021). Bienestar Social hace balance sobre situación de desplazados en Cali. Consultado en: https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/159304/bienestar-social-hace-balance-sobre-situacion-de-desplazados-en-cali/#:~:text=La%20capital%20vallecaucana%20alberga%20un,occidente%20y%20el%20sur%20colombiano

[4] Red Latinoamericana y del Caribe de Afrodescendientes con Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas – Red Afro LGBT (2020), Informe Regional. La deuda pendiente con la población Afro-LGBT en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana. Consultado en: http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Afro-LGBT_May2021.pdf

Movilidad humana en clave Interseccional: mujeres afrodescendientes en contexto migratorio

Colombia, 16 de diciembre del 2022.-de diciembre de 2022. Las personas en situación de movilidad humana se enfrentan cotidianamente a una estructura de desigualdad social que promueve la ocurrencia y la impunidad de violencias en su contra y que, además, se materializa en la falta de protección y garantía de sus derechos. En marco de la conmemoración del Día Internacional de las personas Migrantes, Raza e Igualdad insta a los Estados de la región a formular e implementar políticas públicas dirigidas a garantizar el reconocimiento de las distintas formas en las que se interseccionan las injusticias sociales y que profundizan las situaciones de riesgo de las personas que integran los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela. Así mismo, y en vista del cierre de los 16 días de activismo en contra de las violencias hacia las mujeres, resaltamos que en estos contextos las mujeres enfrentan múltiples vulneraciones a sus derechos asociadas a violencias basadas en género, xenofobia, LGTBIfobia y racismo.

¿Por qué es relevante pensar en clave interseccional en los contextos de movilidad humana?

Los estudios sobre interseccionalidad y migración[1] han señalado cómo la configuración de estas desigualdades y relaciones de poder basadas en jerarquías sociales, clasificaciones sociales y diversas posicionalidades históricas que se han consolidado, por ejemplo, a partir del género, la pertenencia étnico-racial, la condición migratoria, la nacionalidad, la orientación sexual de personas en situación de movilidad, se traducen en grandes barreras y brechas en el mercado laboral, condiciones socieconómicas, violencias físicas, psicológicas, sexuales y feminicidios. Asimismo, explican la manera en la cual se reproducen estas desigualdades, considerando factores estructurales y analizando realidades específicas (situación espacial-temporal[2]) y relacionales de estas jerarquías sociales.

En ese sentido, resaltamos que, estos estudios han servido para defender que no se puede equiparar la experiencia que tienen los hombres y las mujeres del fenómeno de la migración. Ana Silva Cuesta[3] en “Women: Facing the Challenge of Migration hace énfasis en cómo en las situaciones de necesidad de supervivencia los cuerpos de las mujeres tienen una experiencia diferenciada de la migración. A través de su estudio se demuestra cómo las mujeres están sometidas a un doble proceso de discriminación: por un lado, el que se refiere a las dificultades que toda persona migrante debe soportar para obtener la ciudadanía del lugar al que migraron; y, por otro lado, el que tiene que ver la frontera de género en la que se dan, en muchas ocasiones simultáneamente, procesos de “feminización de la pobreza” y de violencia sexual.

Desde Raza e Igualdad señalamos la importancia de utilizar siempre una perspectiva interseccional en los estudios sobre movilidad humana. Defendemos que las injusticias estructurales y las formas de opresión y dominación de los cuerpos -incluidos todos los grupos sociales oprimidos – deben pensarse desde la matriz de dominación (para usar el concepto de Patricia Hill Collins[4]) que funciona al interior de nuestra sociedad, para entender la manera en la que, las relaciones de poder configuran escenarios que vulneran los derechos y oportunidades de grupos humanos específicos.

Las mujeres afrodescendientes que migran hacia Colombia

Numerosos estudios académicos, informes e instrumentos internacionales de derechos humanos, han resaltado la importancia de analizar los impactos diferenciados que producen las crisis humanitarias para las experiencias de vida en clave de género. Este ejercicio demanda la comprensión de las relaciones históricas, culturales y de poder que se gestan entre los roles de género asignados socialmente, para dar cuenta de las formas de violencia y las situaciones que pueden devenir en la violación de los derechos humanos de un grupo poblacional específico. Así lo reconoce la CIDH[5] en su informe, observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos, al señalar qué:

La Comisión pudo observar y recibir testimonios que dan cuenta de la situación precaria en que se encuentran grupos de personas en situación de discriminación y exclusión histórica, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes; mujeres; mujeres embarazadas; personas mayores; personas viviendo en condición de pobreza; personas con discapacidad; pueblos indígenas; personas LGBTI; personas afrodescendientes; entre otras. En vista de los riesgos particulares que enfrentan estos colectivos, que los sitúa en extrema vulnerabilidad con afectaciones a sus derechos humanos, la Comisión considera que el impacto de la migración forzada debe encararse con una visión diferenciada”.

En este contexto afirmamos que las mujeres afrodescendientes sufren afectaciones diferenciales en la configuración de estas desigualdades que profundizan las violencias que se surten en los contextos migratorios, pues; por una parte, son víctimas de racismo estructural y de discriminación fundamentadas en la pertenencia étnico racial; y, por otro lado, viven a diario violencias basadas en género que se traducen en fetichización y cosificación de los cuerpos de mujeres afrodescendientes. Asimismo, son víctimas de las violencias a razón de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género (OSIEG).

Algunos datos para entender la violencia estructural en estos contextos

En relación con la situación de la población afrodescendiente venezolana migrante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[6] desarrolló el estudio “Personas migrantes y refugiadas venezolanas afrodescendientes en cinco países de América Latina. Estudio exploratorio«, en el cual se caracteriza a la población, se analiza el acceso a derechos y las experiencias de desigualdad y discriminación basadas en la pertenencia étnico-racial en los países de acogida, en el caso del estudio se analiza la situación en Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

Entre los resultados del estudio, el 44,2% de las personas encuestadas, indican que son más discriminadas las personas afrodescendientes en situación de movilidad humana, con respecto a las personas no afrodescendientes. De igual forma, se registran las diversas experiencias y desigualdades que viven a diario mujeres afrodescendientes venezolanas en situación de movilidad humana, como el siguiente caso en Colombia:

Yo estudié hasta segundo año de secundaria, pero aquí yo no salgo a trabajar porque tengo cuatro niños pequeños. Actualmente vivo en una casa pequeña de dos habitaciones donde estamos 10 personas, mi esposo, mis cuatro hijos, mi hermana y mis sobrinos. Si me pregunta le digo que vivimos un poco mejor a como estábamos en Venezuela.

Pero siento que en Colombia me tratan de manera despectiva. Tengo muchos ejemplos de personas en la calle que me dicen palabras ofensivas a mí y a mis hijos por su color de piel y por ser venezolanos. Dos de mis hijos son de piel muy clara y a veces la gente se acerca a decirle cosas bonitas por sus rasgos mientras que a mis otros dos hijos los ignoran o les dicen palabras despectivas[7]

La situación de la población afrodescendiente en situación de movilidad humana haitiana en Colombia y en diversos países de la región, señala el patrón global desigual y exclusión que afecta diferencialmente a personas afrodescendientes migrantes. La migración reciente y más antigua se caracteriza por la situación de precariedad socioeconómica y de desigualdad social que se vive en el país, desastres naturales, violencia política y la sistemática discriminación racial como lo señala Daymar Martínez en su artículo «Migración en América Latina y el Caribe: Haití, Colombia y Venezuela[8].

En Colombia, se ha presentado un alto flujo migratorio de población haitiana en el Tapón del Darién, que tiene como destino el paso entre Panamá y Estados Unidos, una de las rutas más peligrosas y en la cual se han registrado casos de abuso sexual hacia mujeres y niñas como lo ha indicado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[9]. Como el caso de Loutianie[10] quién vivió este trayecto con su familia: “Caminar siete días por la selva con niños chiquitos es muy difícil. Nos robaron dinero, comida, la leche de Neymar, los pañales.”

En esta situación, a nivel nacional no se ha contado con una respuesta que garantice la protección de sus derechos y acciones en contra de las graves vulneraciones que viven personas haitianas en situación de movilidad humana en el país. De igual forma, es poca la información disponible sobre la situación diferencial que viven mujeres haitianas en el país y de las barreras que viven para acceder a sus derechos.

*Este documento fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.

[1] ¹ Magliano, María. (2015). Interseccionalidad y migraciones. Potencialidades y Desafíos. Estudos Feministas, Florianópolis, 23(3), 691-712. Piscitelli, Adriana. (2008). Interseccionalidades, categorías de articulação e experiências de Migrantes brasileiras. Socie- dade e Cultura, v.11, n.2, p. 263-274. Defensoría del Pueblo y Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú. (2021). Violencias basadas en género contra migrantes en el Perú.

[2] ANDERSON, Cynthia. “Understanding the Inequality Problematic: from Scholarly Rhetoric to Theoretical Reconstruction”. Gender and Society, v. 10, n. 6, p. 729- 746, dic. 1996.

[3] Silva Cuesta, Ana (2021). Women: Facing the Challenge of Migration, En: Human Displacement from a Global South Perspective. Cham: Palgrave Macmillan. doi.org/10.1007/978-3-030-64819-0

[4] Collins, Patricia Hill (2000). Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. NY: Routledge.

[5] IDH (2020) observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos. Recuperado de: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/106.asp

[6] Organización Internacional para las Migraciones- OIM. (2022). Personas migrantes y refugiadas venezolanas afrodescendientes en cinco países de América Latina – Estudio exploratorio.

[7] Historia de vida registrada en el informe: Personas migrantes y refugiadas venezolanas afrodescendientes en cinco países de América Latina – Estudio exploratorio de la Organización Internacional para las Migraciones (2022).

[8] Daymar Martínez. (2022). Migración en América Latina y el Caribe. Tricontiental. Consultado en: https://thetricontinental.org/es/argentina/nuestraamerica2-martes/

[9] Organización Internacional para las Migraciones- OIM. (2022). Poder en Movimiento. Historias de Mujeres Migrantes Haitianas. https://rosanjose.iom.int/es/stories/poder-en-movimiento-historias-de-mujeres-migrantes-haitianas

[10] ibidem para 12.

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