GAAT Y RAZA E IGUALDAD URGEN A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES COLOMBIANAS A REGULAR EL PROCESO DE CAMBIO DE COMPONENTE SEXO EN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PARA GARANTIZAR A LAS PERSONAS NO BINARIAS EL ACCESO INTEGRAL A SUS DERECHOS

Colombia, 14 de diciembre del 2022.- El Grupo de Acción y Apoyo a Personas con experiencia de vida Trans (GAAT) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se unen para hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional de Colombia a acatar de manera inmediata lo solicitado por la Corte Constitucional en su sentencia T-033 de 2022, en la que reconoce los derechos de las personas no binaries con la inclusión de la casilla No Binario o “NB” en los documentos de identidad.

En el fallo, del Alto Tribunal, se ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), al Ministerio de Justicia y Derecho y a otras entidades del Gobierno Nacional, adelantar los procesos necesarios para la inclusión efectiva de un marcador de género no binario o “NB” en los documentos de identidad en los seis meses posteriores a la notificación de la sentencia. Así mismo, la Corte exhortó al Congreso a que, en un plazo de 2 años, “regule todos aquellos derechos, obligaciones y servicios que encuentran en el sexo o en el género, un criterio de asignación”.

Si bien la RNEC no ha dado cumplimiento a esta orden en el plazo establecido y no ha emitido regulación alguna, a partir del 05 de octubre de 2022, día en que se cumplieron seis meses de la notificación del fallo, las personas no binaries pueden exigir que el componente de género en sus documentos de identidad sea corregido, aun sin la reglamentación correspondiente.

Esta situación de falta de regulación del proceso ha impedido que las personas no binaries hagan pleno ejercicio del derecho a la identidad reconocido por la Corte Constitucional y limita su acceso a otros derechos. Tal como lo reconoció la Corte en el fallo, “el reconocimiento de la identidad de género en las personas por parte del Estado permite la concreción de su ser en la sociedad y es una condición para su participación en ella. Correlativamente, su falta de reconocimiento implica una limitación material para el ejercicio de los derechos fundamentales, contraria a la Constitución.”

En acompañamiento a diferentes casos de personas que deseaban hacer el trámite, las organizaciones que suscribimos este comunicado evidenciamos que:

Las notarías se niegan a adelantar el trámite en tanto no sean aquellas donde reposa el registro civil de nacimiento original de la persona: A pesar de que el Decreto 1227 de 2015 estipula que la expedición de escritura pública para el cambio de componente sexo puede adelantarse en cualquier notaría a nivel nacional, contemplando la posibilidad de que se haga el traslado de la escritura desde la notaría donde se realiza el trámite a la notaría donde reposa el registro original.
Las notarías no permiten adelantar el trámite para la escritura pública si la declaración juramentada se hace en una notaría distinta: Lo que, además de no tener fundamento legal, genera que la persona que lleva a cabo el trámite deba volver a iniciar el proceso y deba asumir un doble pago por la declaración juramentada.
Los traslados de escrituras públicas para cambio de componente sexo desde notaría pueden tardar hasta seis (6) meses: Lo que es abiertamente contrario a lo estipulado por el Decreto 1227, que señala que el tiempo máximo de traslado debe ser de “tres (3) días siguientes a la expedición de la escritura pública.”
Las notarías y registradurías se niegan a hacer traslado de folios: Hemos documentado situaciones en las cuales las notarías o registradurías en la que reposan estos folios originales se niegan a hacer el traslado, impidiendo que la persona decida donde quiere que su folio de registro civil de nacimiento repose.
Hay falta de formación y socialización a personal de notarías sobre la sentencia T-033 de 2022: Se han identificado casos en los que, además de denegar el derecho a contar con un documento de identidad que represente la identidad de género de las personas, esta negativa viene acompañada de burlas, actos de discriminación y humillaciones frente a la decisión personal de modificar el componente de sexo en los documentos de identidad, calificándolos como “ridiculeces” que no “ameritan la firma del notario”.
Las notarías afirman que la sentencia T-033/2022 de la Corte Constitucional no les cobija, hasta que no sea modificado el Decreto 1227 del 2015: Señalan que las instrucciones dictadas por la Corte Constitucional de modificar el primer inciso del artículo 2.2.6.12.4.3. del Decreto 1227 de 2015 y las normas correspondientes aún no se han adelantado, por lo que se niegan a actuar fuera de lo que establecen están normas.
No se ha actualizado la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil – PMT II: Algunas notarías han insistido sobre la falta de actualización de la plataforma tecnológica que permite asignar el componente “NB” a los registros civiles de nacimiento por parte de la RNEC, a fin de que puedan expedir las escrituras públicas que se requieren en estos trámites.
No es claro cómo se dará el reconocimiento legal de las personas que no necesariamente se ven reconocidas con el marcador “NB”: Es importante que la actualización de los sistemas de información y las acciones que se deban adelantar tengan presente la jurisprudencia que reconoce legalmente otras identidades, como el caso de la sentencia 2021 – 088, expedida por el Tribunal administrativo de Antioquia que ordenó a la Notaría 26 del circulo de Medellín que realizara la corrección del sexo en el registro civil de una persona Trans, que solicitó que se incluyera el marcador “T”.
Los costos de la expedición y el traslado de los documentos necesarios para el trámite son muy altos: Las barreras históricas y estructurales para el acceso a la educación y trabajo, reducen ostensiblemente las posibilidades de cualquier persona trans y/o no binaria de lograr un mínimo de bienestar económico o de poder salir de la pobreza, o la pobreza extrema en la que suelen quedar, fruto de ese cuadro sistemático de exclusión. Sumado al reconocimiento por parte de la Corte Constitucional de estos grupos poblacionales como sujetos de especial protección constitucional, es claro que además de las barreras esbozadas, los costos que se requieren para llevar a cabo los trámites notariales se convierten en un requisito excesivo y excluyente frente a las experiencias de vida de las personas trans y/o no binarias.

Por todo lo anterior, GAAT y Raza e Igualdad, recomiendan que:

El Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil emitan una directiva nacional dirigida a las notarías y registradurías de todo el país en el que se estipule que a partir del 05 de octubre de 2022 entró en vigor la sentencia T-033 de 2022, y se insista en la obligación que tiene todo el personal de estas instituciones de facilitar y acatar lo ordenado por la Corte Constitucional, con especial atención a recibir y tramitar las solicitudes de cambio de componente sexo a “no binario” en los documentos de identidad y a facilitar el traslado de las escrituras públicas en los casos en que se requiera.
Desde el Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil se estipulen procedimientos digitales que permitan que las personas trans y/o no binarias no tengan que trasladarse a lugares de donde han huido por ser víctimas de actos de discriminación y violencia y alienten a las notarías y registradurías de todo el país a formarse y hacer uso de estas vías alternativas para la modificación de registros civiles remotamente.
El Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil adelanten procesos de socialización y formación en derechos LGBTIQ+, con enfoque especial en la garantía de derechos de las personas trans y/o no binarias con el personal de notarías y registradurías en todo el país a fin de propender por la sensibilización sobre sus derechos y eliminar los actos de discriminación por parte del funcionariado público.
La Superintendencia de Notariado y Registro y la Procuraduría Generales de la Nación adelanten las debidas investigaciones disciplinarias y sancionatorias contra el personal de notarías y registradurías que sean renuentes a la aplicación de las disposiciones legislativas y constitucionales relativas a la garantía al derecho a la identidad de personas trans y/o no binarias.
La Registraduría Nacional del Estado Civil agilice el proceso de fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil PMT II, a fin de que las disposiciones contempladas en la sentencia T-033 de 2022 puedan empezar a implementarse en los plazos y términos establecidos por la Corte Constitucional.

COMUNICADO: Raza e Igualdad rechaza los hechos racistas, violencia sexual, física y psicológica cometidos en Paya, Boyacá.

El Instituto Raza e Igualdad rechaza enfáticamente los hechos racistas, violencia sexual, física y psicológica cometidos en Paya, Boyacá, contra Kerin Murillo Mena y sus hijos Keiner y Keylerl. Asimismo, hacemos un llamado en contra de las prácticas racistas que a diario se viven en las instituciones educativas producto de la estructura racista que reproducen todas las instituciones sociales. Los espacios escolares deben ser libres de prácticas racistas y cualquier tipo discriminación. De igual manera, exigimos acciones por parte del Gobierno nacional, para sancionar de forma efectiva cualquier acto de racismo y discriminación que se cometan en instituciones educativas. A los entes de justicia para que investiguen y sancionen a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos, y se repare de forma integral a las víctimas.

El pasado 3 de diciembre se conoció la denuncia de Kerin Murillo Mena, una mujer afrocolombiana, quien trabajaba como docente de inglés en la Institución Educativa El Rosario, ubicada en el municipio de Paya, Boyacá[1]. Según la denuncia de Kerin, ella y sus hijos – quienes estudiaban en la misma institución donde Kerin se desempeñaba como docente – fueron víctimas de hechos racistas, violencia física, verbal, sexual y psicológica en la institución educativa.

Por su parte, varias organizaciones convocaron hoy a un “plantón nacional antirracista” en algunas ciudades del país, con el fin de expresar su inconformidad ante el creciente número de actos de discriminación y racismo en contra de las personas afrodescendientes en el territorio nacional.

Desde Raza e Igualdad urgimos al Estado Colombiano para que realice de forma efectiva las respectivas investigaciones ante estos hechos, garantice el acceso a justicia, medidas en contra de la revictimización y reparación. En ese sentido, urge que se cumpla con lo señalado en la Ley 1482 de 2011 en Colombia, la cual tiene el objetivo de garantizar la protección de los derechos de personas y comunidades que han sido víctimas de racismo y discriminación. De igual manera, instamos al Estado colombiano a acatar lo estipulado en la Declaración y Plan de Acción de Durban[2], donde se hace énfasis en la incorporación de medidas eficaces para hacerle frente a los casos de discriminación basados en la pertenencia étnico racial de las víctimas, y a la aplicación de lo estipulado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas. De igual forma, hacemos un llamado al Estado colombiano a ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)[3].

[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/aterrador-este-es-un-caso-de-violencia-racista-en-boyaca-que-deberia-indignar-a-toda-colombia/202257/

[2] https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/DurbanDecProgAction_sp.pdf

[3] https://cirdi2024.org/es/sobre-la-cirdi

SE PRESENTA EL PRIMER GRAN INFORME EN COLOMBIA SOBRE VIOLENCIA POLICIAL RACISTA

Las organizaciones Temblores ONG, Ilex Acción Jurídica, Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y CODHES, presentan el primer gran Informe sobre la Violencia Policial contra personas afrocolombianas.
El Informe hace seguimiento a la violencia contra personas afrocolombianas durante el Paro Nacional en las ciudades de Cartagena y Cali.
El Informe revela que, como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes negros representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali.

Bogotá, 11 de noviembre del 2022.- Más del 13% de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril y el 16 de octubre del 2021 fueron contra jóvenes afrocolombianos en edades entre los 17 a 24 años y más de la mitad fueron realizados por la policía. Así lo señala el Informe Nacional “SILENCIO E IMPUNIDAD. Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia” que se presenta este 8 de noviembre en Bogotá.

El Informe, adelantado por 4 organizaciones que hacen seguimiento y análisis sobre el abuso policial como Temblores ONG, Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista.

De acuerdo con María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos “desde hace mucho tiempo organizaciones afrocolombianas han denunciado la violencia policial racista. Hay unos altos grados de impunidad en estos casos de violencia policial, y una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, por lo cual incluso hemos llegado a solicitar medidas cautelares para que haya garantías para acceder a la justicia”.

El Paro Nacional demostró la importancia de seguir reflexionando y visibilizando el fenómeno de la violencia policial racista no solo como parte del accionar de la policía sino como una expresión de la violencia estatal y como una consecuencia de la discriminación racial estructural en Colombia hacia personas afrodescendientes.

“El racismo es un problema estructural y es un problema institucional y la policía no está exenta de tener conductas racistas”, señala Ana Margarita González, abogada de Ilex Acción Jurídica. Al respecto, el Informe muestra que la violencia policial racista es una expresión de violencia institucional en la que agentes del orden reprimen, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza, basados en patrones históricos de criminalización y prejuicios raciales.

Como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes afrodescendientes representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, muestra el Informe. En el caso de Cartagena, se recogen casos representativos de violencia policial como el homicidio del joven Harold David Morales Payares, joven de 17 años, futbolista candidato a la selección sub20 que murió a causa de un disparo realizado por la espalda por el agente de la policía Octavio Porras Vides.

En el Informe se hacen recomendaciones para las instituciones públicas frente a la necesidad de implementar una reforma policial con enfoque étnico-racial y de género que vaya en contra de prácticas racistas y la reproducción de violencias basadas en identidad de género y orientación sexual diversa, y llama a establecer garantías de acceso a la justicia que reconozcan las barreras sistemáticas que viven personas afrodescendientes producto del racismo estructural que se reproduce en todo el sistema de justicia con garantías de no repetición y medidas de reparación inmateriales y materiales.

Para la elaboración del Informe se utilizaron técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa con el análisis de datos agregados de diversos años de la violencia policial contra personas afrodescendientes, al igual que entrevistas sobre las experiencias de personas afrodescendientes, y hubo revisión de diversas fuentes secundarias.

CONTACTO DE PRENSA

Vannesa. Prensa Ilex Acción Jurídica. 320 7660449

Pablo Suárez. Prensa Race and Equality. 350 5824900

Organizaciones de DD. HH. presentan ante CIDH propuestas para garantizar la implementación de las medidas cautelares de personas defensoras en Colombia

Washington, DC/Bogotá, DC, octubre 27 de 2022. Este jueves 27 de octubre, organizaciones de la sociedad civil intervendrán en la audiencia temática sobre la implementación de las medidas cautelares de personas defensoras en Colombia, en el 185° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia fue solicitada en razón de las graves falencias en la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a personas defensoras. Según datos de Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz y hasta el 15 de julio de 2020, 971 líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinados, de los cuales 250 son miembros de comunidades indígenas y 71 son personas afrodescendientes. Pese a que la Fiscalía emitió una directiva para investigar los crímenes contra personas defensoras, la impunidad sigue siendo la regla y Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos.

Las fallas en la implementación de las medidas cautelares comienzan con la falta de concertación adecuada con las personas beneficiarias de las mismas. Igualmente, el enfoque reactivo impide la actuación sobre los agentes que generan en riesgo y la implementación de acciones preventivas y garantías de no repetición.

La actual implementación de las medidas cautelares tampoco incorpora adecuadamente los enfoques étnicos, de género ni interseccionales, no reconoce la cosmovisión y estructuras propias de los pueblos étnicos, los entornos de vida y territorios y las necesidades específicas de las personas beneficiarias, por lo que, por ejemplo, se priorizan medidas de protección individual o diseñadas para contexto urbanos para beneficiarios que viven en la ruralidad. Además, no se reconoce ni incluye en las medidas a sus grupos familiares.

Pero también se expresan en la activación de rutas de protección con poca participación de las defensoras y los defensores sujetos de protección, demoras en la aplicación de los esquemas y hasta vehículos con averías, chalecos antibalas en mal estado o que no se adecuan físicamente al cuerpo de la persona beneficiaria, teléfonos o botones de pánico que no funcionan, números telefónicos de las líneas de emergencia que se encuentran registrados por terceros, cuando deberían ser de conocimiento y uso exclusivo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la persona beneficiaria.

Al momento de otorgar una medida cautelar, la CIDH valora que existe un riesgo grave e inminente que el Estado no puede desconocer. El actual procedimiento realiza nuevas valoraciones de riesgo que incluso pueden ir en contra de la decisión interamericana, cuyo carácter vinculante ha sido reconocido en numerosas ocasiones por la Corte Constitucional.

Consideramos que estamos frente una gran oportunidad para que el Estado colombiano transforme el paradigma de abordaje en la implementación de las medidas cautelares. Que pase de un enfoque esencialmente reactivo a la adopción de un enfoque preventivo e integral ante las agresiones a personas defensoras.

Para ello, las organizaciones presentamos a la CIDH y al Estado una propuesta de protocolo , así como otras recomendaciones encaminadas a asegurar una debida implementación del mecanismo de medidas cautelares en favor de las personas defensoras.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL-

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR-

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-

Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz –J&P-

Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad-.

Corporación Reiniciar

Corporación Sisma Mujer

COMUNICADO: La Red-LEM solicita a la CIDH realizar un llamamiento urgente a los Estados de la región y en particular al Estado colombiano, sobre la garantía del principio de no devolución y del derecho a buscar y recibir asilo, tanto en zonas de tránsito como en zonas internacionales.

Colombia, 24 de octubre de 2022. La Red-LEM solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizar un llamamiento urgente a los Estados de la región y en particular al Estado colombiano, sobre la garantía del principio de no devolución y del derecho a buscar y recibir asilo, tanto en zonas de tránsito como en zonas internacionales, de manera que se garantice el debido proceso a través del acceso a un traductor, asistencia legal, capacitación de autoridades migratorias para la identificación de necesidades de protección internacional, condiciones dignas mientras se resuelve la situación, entre otras; a fin de garantizar los derechos humanos de la población en situación de movilidad humana con necesidad de protección internacional.

Uno de los principales desafíos en la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana en contextos fronterizos, consiste en superar la violación sistemática por parte del Estado colombiano al principio de no devolución y del derecho de asilo en zonas de tránsito o zonas internacionales –especialmente de aeropuertos-. En las cuales la autoridad migratoria inadmite el ingreso a Colombia y suele retener los documentos de identificación a las personas con necesidad de protección internacional mientras las devuelve de manera forzosa a su país de origen, actuando en contravía de estándares normativos de índole nacional e internacional al no especificarse competencias claras, se le permite a la autoridad migratoria decidir arbitrariamente sobre la recepción de estas solicitudes en dichas zonas.

Las medidas que está implementado el gobierno colombiano se enfocan principalmente en la regularización migratoria a través del denominado Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (en adelante ETPV). No obstante, la situación de las personas con necesidad de protección internacional de diferentes nacionalidades, algunas de ellas en zonas de tránsito, se caracteriza por una completa desprotección que desconoce el carácter extremo de vulnerabilidad en el que se encuentran. Es así como no se les permite solicitar refugio ni acceder a un catálogo de derechos básicos y asistencia humanitaria (incluyendo alimentación o baño, como presupuestos de la dignidad humana) mientras se encuentran en el territorio nacional.

En este orden de ideas, la Red de Litigio Estratégico en Migración (Red-LEM), resalta la importancia de visibilizar estas violaciones a los derechos humanos que, en la actualidad, se surten en contra de la población con necesidad de protección internacional. Por este motivo, Raza e Igualdad y FENALPER participarán como representantes de la Red-LEM el próximo 26 de octubre en la audiencia «Políticas de frontera y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana» en el marco del 185 POS.

La Red-LEM está conformada por 15 miembros, actores humanitarios, academia, organizaciones de la sociedad civil y de cooperación internacional que brindan servicios legales, de asesoría, acompañamiento y representación judicial a la población migrante, refugiada y retornada. Nuestro objetivo es unir y articular esfuerzos para formular y construir acciones legales colectivas y de litigio estratégico con enfoque diferencial y de interseccionalidad para incidir en la normatividad de relevancia; gestionar casos individuales y colectivos a través de los mecanismos de justicia, y compartir buenas prácticas para la ampliación, garantía y defensa de los derechos humanos de la población en situación de movilidad humana en Colombia.

Les invitamos a conectarse a la audiencia que iniciará a las 8:00 a.m. hora colombiana, el 26 de octubre y será transmitida en:

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Registro en línea

Afrolatines Advocacy Week: Raza e Igualdad reúne a organizaciones de Brasil y Colombia en Washington, D.C.

Washington, D.C., 27 de septiembre de 2022 – Del 27 a 30 de septiembre, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reunirá a organizaciones de derechos humanos de Brasil y Colombia en Washington, D.C., que trabajan para promover y defender los derechos de la población negra y LGBTI+. Con el fin de promover un intercambio de estrategias de advocacy entre el movimiento afrolatino y el movimiento negro estadounidense, las reuniones se llevarán a cabo en el marco de la ‘Black Caucus Week’, una conferencia anual de congresistas estadounidenses negros que tiene como objetivo impulsar y debatir el compromiso cívico de la población negra. Además, la delegación participará en reuniones académicas, con organizaciones de la sociedad civil estadounidense y reuniones privadas con congresistas y departamentos estatales.

La delegación Brasil-Colombia presente en Washington D.C. está conformada por las organizaciones: Geledés – Instituto da Mulher Negra (Brasil), que estará representada por Rodnei Jericó da Silva, Coordinador de SOS Racismo; ONG Criola (Brasil) con la presencia de la Coordinadora del Proyecto, Lia Manso; Somos Identidad (Colombia), con su Fundadora Johana Sinisterra y la Representante Legal Sandra Milena Ibarbo; y la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), con la presencia de la coordinadora Luz Marina Becerra. En representación de Raza e Igualdad, el Director Ejecutivo Carlos Quesada; Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI; y la Oficial del Programa Brasil, Nathaly Calixto, estarán presentes en estas reuniones.

En este intercambio entre la América negra, las organizaciones latinoamericanas tienen como objetivo tomar las perspectivas negras y LGBTI+ de la diáspora global del sur con el fin de un impacto político efectivo, así como intercambios de buenas prácticas para que puedan moverse juntos para lograr una justicia racial plural. Es importante destacar que, para Raza e Igualdad, la realización de estas reuniones es una oportunidad para impulsar estrategias de cambios políticos estructurales con perspectiva interseccional. Estas reuniones cobran relevancia en el contexto actual, donde Brasil está en período electoral, Colombia tiene a un nuevo Presidente que en su plan de gobierno valora las agendas raciales y, este año, se elegirán a nuevos integrantes del Congreso de los Estados Unidos, elecciones conocidas como midterms.

«Es precisamente en esta configuración que empoderamos a las organizaciones para que actúen con incidencia política. Poder hablar con congresistas estadounidenses negros sobre la agenda racial latinoamericana es una forma de influir en la administración Biden, porque él necesita una mayoría en el Congreso para aprobar sus agendas. Es en este sentido que planeamos asegurar y fortalecer los acuerdos internacionales de derechos humanos sobre justicia racial y de género y, en este caso, nada mejor que las organizaciones para guiar las demandas de sus países», dice Carlos Quesada.

Brasil y Colombia: en busca de justicia racial

A medida que la comunidad académica de los Estados Unidos busca comprender y fomentar los estudios sobre la diáspora negra, la delegación Brasil-Colombia se reunirá con académicos y estudiantes de la Universidad de Howard para compartir los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. La idea es mostrar que a pesar de que el racismo es un problema global, las diferentes dinámicas socioculturales y los contextos económicos deficitarios producidos por siglos de colonialismo, impactan principalmente en las poblaciones más vulnerables de América Latina y el Caribe. En este caso, dar a conocer la agenda de equidad racial y de género de estas organizaciones, puede estimular estudios que proporcionen, en el futuro, la construcción de políticas públicas globales equitativas.

Brasil, por ejemplo, es el país donde más se asesina a personas LGBTI+ en el mundo, y esta tasa de incidencia cruzada desde la perspectiva interseccional es mayor en las mujeres trans y negras en situación de vulnerabilidad. Las organizaciones Geledés y Criola, junto con Raza e Igualdad en Brasil, realizaron una encuesta monitoreando el cierre de espacios cívicos, en la que mapearon que el surgimiento de una agenda ultraconservadora ha generado ataques al sistema democrático brasileño, criminalización de defensores de derechos humanos y la inmovilización de canales de participación ciudadana, consejos y asociaciones. Con esto, hay crecientes ataques y discursos de odio contra las mujeres negras y las LBTI electas que pretenden participar en la vida política del país.

En Colombia, desde hace años la comunidad afrocolombiana sufre un proceso de marginación y vulnerabilización, y la sociedad civil y los líderes afrocolombianos han denunciado la existencia de un apartheid geográfico reforzado por el racismo estructural e institucional. Esta misma estructura resuena en borrar la lucha por la existencia de los pueblos étnicos, que refuerzan que los derechos civiles en el país deben ser pensados en perspectivas multiétnicas y multiculturales, teniendo en cuenta cómo la violencia racista impacta en estos territorios y cuerpos racializados. De igual forma, para las personas LGBTI+ colombianas, la escena de violencia de género y racial sigue aumentando, de tal forma que de enero a junio de 2022 se registraron 354 víctimas de agresiones por orientación sexual, de las cuales 324 sufrieron algún maltrato físico y 229 sufrieron estos abusos dentro de sus propias familias.

El uso excesivo de la fuerza policial tanto en Brasil como en Colombia es una denuncia ante los mecanismos internacionales de derechos humanos. El conflicto armado en Colombia y la violencia de las fuerzas policiales en Brasil coinciden en el perfil de sus víctimas: personas negras en condición vulnerable que viven en territorios donde la presencia del Estado está marcada por la violencia policial. En Colombia, al menos 1.144.486 personas que se identificaron como parte de la población negra fueron registradas como víctimas del conflicto armado, según datos de la Red Nacional de Información, que corresponde al 38,38% del total. En Brasil, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública señala que, del total de 6.145 muertes por intervención policial en 2021, el 84,1% eran negras y el 15,8% eran blancas.

¿Por qué la población negra es vista como una amenaza?

Además de esta pregunta y muchas otras que impregnan la estructura racista que fundaron las corporaciones policiales de América Latina, Raza e Igualdad en alianza con organizaciones de Brasil y Colombia, participan en un proyecto regional para enfrentar y denunciar la violencia policial racista en ambos países. Ante este encuentro en Washington, D.C., la violencia policial que atraviesa a la población negra y LGBTI+ también será objeto de reuniones para aplacar este modus operandi colonial, en el que los cuerpos negros están exentos de la prerrogativa de inocencia y, por existir, son víctimas de toda violencia y vistos como una amenaza, ya sea en países latinoamericanos o en Estados Unidos.

En vista de ello, el racismo, la violencia de género y la LGTBIfobia suponen la amenaza real para un sistema de opresión que irrespeta los derechos humanos inalienables y los tratados internacionales que valoran sus garantías. Para ello, Raza e Igualdad con la delegación Brasil-Colombia, pretenden denunciar ante el Congreso estadounidense los marcos actuales de violación de los derechos de la población negra y LGBTI+ de América Latina. El intercambio de estas voces disidentes reafirma el propósito de seguir denunciando el racismo y sus diferentes formas de violencia que impiden el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad de expresión y el derecho al desarrollo de estos países como un llamado a la asociación e inclusión de la población negra de todas las Américas.

Reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela: una oportunidad para la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana

Colombia, 26 de septiembre del 2022. – El Gobierno colombiano anunció la reapertura gradual de la frontera colombo-venezolana a partir del 26 de septiembre, luego de que fuera cerrada en 2015 por orientación del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un contexto de tensiones entre los Gobiernos de ambos países. A esto se sumó que, en 2019, las relaciones comerciales y diplomáticas se rompieron por completo, luego de que el gobierno de Iván Duque se negara a reconocer a Maduro como gobernante legítimo de Venezuela[1]. El Instituto Raza e Igualdad reconoce el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, como un avance en la garantía de los derechos humanos de las casi 2.5 millones de personas en situación de movilidad humana provenientes de Venezuela[2].

La apertura de las fronteras implica el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países; se reanudará el transporte aéreo y de carga, y se establecerán alianzas entre las Fuerzas Públicas y las autoridades migratorias. A su vez, se activarán las funciones consulares en los países. Se espera que, en Colombia, las funciones consulares de Venezuela contribuyan a la protección de las personas que han conformado estos flujos migratorios mixtos, sobre todo en aquellas diligencias institucionales relacionadas con la emisión y renovación de pasaportes; las funciones notariales y la protección de personas en especiales situaciones de vulnerabilidad[3].

Asimismo, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales puede contribuir a la construcción de planes de cooperación y acción conjunta frente a los desafíos transfronterizos que actualmente enfrentan los países, dentro de los cuales se encuentra el accionar del crimen organizado que, en el contexto de la frontera, promueve el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, entre otros delitos.

Raza e igualdad reconoce la importancia del restablecimiento de relaciones entre ambos países e insta a los Gobiernos a priorizar una agenda conjunta para la construcción de planes a corto, mediano y largo plazo, para proteger los derechos de la población que se ha visto forzada a migrar como consecuencia de la crisis sociopolítica y económica que atraviesa Venezuela. A su vez, se espera que la reapertura contribuya a la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela, especialmente en materia de atención de servicios consulares y acceso a la justicia.

[1] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-88862014000300006

[2] https://www.r4v.info/en/document/rmrp-2022

[3] https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/como-arranca-el-restablecimiento-de-relaciones-con-venezuela/

Premios “Caminando hacia la Justicia” reconocen la labor de quienes trabajan por los derechos de la población migrante

Colombia 15 de septiembre del 2022.– El pasado 9 de septiembre, en conmemoración del Día nacional de los Derechos Humanos y en medio de una emotiva ceremonia presencial, se entregaron en Medellín los Premios Caminando Hacia la Justicia, que destacan el trabajo de líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil, profesionales del Derecho, periodistas y académicos como reconocimiento a sus labores de acompañamiento, protección, información, gestión, restitución de derechos y denuncia, en beneficio de las personas migrantes y refugiadas en el país. Para el Instituto sobre Raza, Igualdad Derechos Humanos (Raza e Igualdad) es de suma importancia celebrar y reconocer el trabajo que se realiza desde distintos sectores en Colombia para contribuir al acceso a la justicia y a la protección de los derechos humanos de la población en situación de movilidad humana, afectada por diferentes formas de violencia y discriminación; por tal motivo María Fernanda Escobar, representante del Instituto en Colombia, fue jurado en la categoría de Liderazgo Comunitario, la cual busca visibilizar el trabajo de líderes y lideresas sociales en materia de derechos humanos para la población migrante y refugiada en el país.

Con la apertura de Eugene Cooper, Líder en Gobernanza, Seguridad Comunitaria e Integración Económica de la Oficina de Respuesta e Integración de Venezuela (VRIO) de USAID en Colombia, y de Laura Zambrano, directora del programa Conectando Caminos por los Derechos, las personas premiadas fueron:

Categoría: Premio al liderazgo comunitario

Ganadora: Daianna Reyes Poveda, Fundación Alianzas Solidarias (Cali)

Daianna impulsa espacios seguros para madres y familias venezolanas en situación de vulnerabilidad ofreciendo orientación en procesos legales y formación en torno a temas como salud sexual y violencia de género. Su trabajo se ha enfocado en madres solteras y mujeres gestantes, con especial foco en evitar la apatría de los/as hijos/as de estas mujeres.

Categoría: Premio al liderazgo comunitario

Ganador: Deivi Alexander Cardona González, Colores de Igualdad (Tumaco y Pasto)

Alex, como lo llaman en el día a día, es un líder y defensor de derechos humanos proveniente de Venezuela. Trabaja con población vulnerable migrante Venezuela y de otros países de Latinoamérica, enfocado en el apoyo y orientación de la población que ejerce el trabajo sexual y LGTBIQ+.

Categoría: Premio al liderazgo comunitario

Ganador: Thailer Fiorillo, Fundación De Pana Que Sí (Barranquilla)

Thailer ha trabajado sin descanso por la protección de los derechos humanos de la población migrante, refugiada y retornada en Barranquilla, brindando apoyo, orientación y direccionamiento a rutas de acceso a atención de salud, educación, ayuda psicosocial, entre otras, para prevenir y responder a las violaciones de derechos humanos.

Categoría: Mención de honor a la mejor iniciativa institucional

Ganador: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, representada por Alejandro Gómez López, Secretario distrital de salud e Iliana Curiel Arismendy, Directora de salud colectiva.

Iniciativa: Abre tu puerta al cuidado de la Población Migrante. La Salud de los nuevos bogotanos y bogotanas: Un asunto de derechos

“Abre tu puerta al cuidado de la población migrante” es una iniciativa implementada en Bogotá, orientada a garantizar el derecho a la salud de la población migrante, fortaleciendo la capacidad de respuesta a través de acciones estratégicas que incluyen la organización de los mecanismos de respuesta y la respectiva expedición de actos administrativos para ordenarlos, atención de urgencias a la población inmigrante, jornadas de afiliación a Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y vacunación, esfuerzos financieros, entre otras.

Categoría: Mención de honor a la mejor sentencia

Ganador: Sentencia T-236 de 2021 de la Corte Constitucional

La Sentencia T-236 de 2021 es producto de un arduo proceso de litigio estratégico que desarrolla estándares para la protección de las víctimas de trata de personas desde un enfoque de derechos humanos en el contexto de la migración. Es una sentencia pionera y única en la región de América Latina por sentar precedente para que ciertos casos de violaciones de derechos humanos se califiquen desde el delito de trata de personas y no desde otros delitos y que, con ello, se puedan activar las rutas de atención correspondientes pertinentes.

Categoría: Premio a la mejor pieza informativa

Ganadora: Luisa Fernanda Gómez Cruz, Gema Media

Pieza: Así es migrar y vivir con VIH en Colombia

Este reportaje muestra las barreras sistemáticas que la población migrante con VIH tiene que atravesar para acceder a servicios de salud y a medicamentos para tratar el VIH. De igual forma expone la responsabilidad que tiene el sistema de salud y sus actores ante esta situación, y evidencia cómo el único recurso que tienen para ser atendidos son las agencias de cooperación internacional. El reportaje fue publicado en Cuestión Pública, reconocido portal de periodismo de investigación, y resultó en una herramienta de acceso a información para la población migrante y para los prestadores de salud.

Categoría: Premio al mejor reporte o publicación

Ganador: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES

Trabajo: Boletín especial. Situación de derechos humanos de la población refugiada y migrante venezolana en Colombia.

Este boletín se centra en hacer un análisis las múltiples violaciones a los derechos humanos en Colombia de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela. A su vez, muestra la respuesta de algunas entidades del Estado ante esta situación. Marco Alberto Romero Silva, director de CODHES, recibió el premio en nombre de la institución.

Los premios se entregaron por iniciativa del programa Conectando Caminos por los Derechos, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en alianza con La Liga Contra el Silencio, el Instituto Raza e Igualdad, el Centro de Estudios de Migración de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y el diario El Espectador, y se crearon con el propósito de reconocer públicamente la labor que adelantan líderes y lideresas, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos, como respuesta a las violaciones de derechos humanos de la población migrante en Colombia.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al Estado colombiano para que redoble sus esfuerzos en materia de garantía de derechos humanos y acceso a la justicia para las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela.

Día Internacional de los Afrodescendientes: ¿Qué estamos haciendo para promover y defender sus derechos?

Washington D.C., 31 de agosto de 2022.– Este 31 de agosto se celebra por segundo año el Día Internacional de los Afrodescendientes, cuyo principal objetivo es promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las y los afrodescendientes. En las Américas—donde según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hay 134 millones de afrodescendientes—esta población sigue enfrentando grandes obstáculos para gozar plenamente de sus derechos y siendo víctima de diferentes manifestaciones de discriminación y violencia.

Por ello, al conmemorarse un año más el Día Internacional de los Afrodescendientes, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere llamar la atención sobre la necesidad de que, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y a partir de los mecanismos existentes a nivel del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, los Estados asuman e implementen acciones para la promoción y protección de esta población.

Sobre el 31 de agosto y otros mecanismos internacionales

El 16 de diciembre de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 75/170 con la que proclamó el 31 de agosto como Día Internacional de los Afrodescendientes. “A fin de promover un mayor reconocimiento y respeto de la diversidad del legado, la cultura y la contribución de los afrodescendientes al desarrollo de las sociedades, así como de promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes”, reza la Resolución.

Como motores impulsores de este tipo de acciones ha estado, por un lado, el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), pues uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, asegurando su aplicación plena y efectiva.

Por otro lado, el registro de hechos de discriminación y violencia en contra de personas afrodescendientes—como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en mayo de 2020 en Estados Unidos—ha incidido para encender las alertas sobre esta situación y para la adopción de mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente y de justicia racial.

Por ejemplo, un mes después de la muerte de Floyd, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la Resolución 43/1 “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”, la cual llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

Luego, en 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

Por otro lado, en una resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

¿Qué estamos haciendo?

Raza e Igualdad trabaja con organizaciones aliadas en América Latina y el Caribe en la defensa y protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes y Afro-LGBTI+, a través del fortalecimiento de capacidades para impulsar procesos de visibilización, documentación y litigio estratégico antes el Sistema Interamericano y el Sistema de Naciones Unidas. Todo ello con el fin de contribuir vivir en una sociedad más justa y equitativa.

En julio, en Brasil, el Instituto organizó una visita de la Relatora para los Pueblos Afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, para que la Comisionada escuchara las denuncias más recientes de la población negra, especialmente las relacionadas con brutalidad policial y racismo religioso. Además, en mayo lanzó la Escuela de Formación Política Kátia Tapety para mujeres Afro BLTI, con el objetivo de fortalecer la participación civil en los espacios de decisión colectiva, con especial énfasis en reducir las brechas de género y raza en la participación política a nivel regional, nacional y global.

En este país suramericano, Raza e Igualdad ha venido trabajando en proyectos que denuncian el cierre de espacios de participación ciudadana para los movimientos negros e indígenas; en la lucha contra el racismo religioso; en la protección y defensa de la población Afro-LGBTI+; en el fortalecimiento político de las mujeres negras, indígenas LBTI, y en la lucha contra la violencia policial. Asimismo, se da seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), que fue ratificada a finales de 2021 en Brasil.

En Colombia, el Instituto realizó en articulación con organizaciones de Cali actividades de documentación y elaboración de un informe sobre las afectaciones e impactos diferenciales de las violencias contra personas afrodescendientes en esta ciudad en el marco del Paro Nacional 2021, con énfasis en las violencias ejercidas por parte de la Fuerza Pública. En los próximos días, junto a las organizaciones Ilex-Acción Jurídica, Temblores ONG y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) Raza e Igualdad publicará un informe nacional sobre la violencia policial racista.

En relación con procesos de incidencia ante Naciones Unidas sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, el Instituto recientemente presentó un informe para el Mecanismo de personas Expertas para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley. Así mismo, presentó un informe de aportaciones para la preparación del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en virtud de la resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos; esto en coalición con Ilex-Acción Jurídica, CODHES, Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad ICESI, de Cali.

En México, en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y con miras a contribuir a un mundo más equitativo, Raza e Igualdad lanzó el pasado 25 de julio el proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual está siendo implementado gracias al apoyo de la Fundación W.K. Kellogg.

Una de las primeras actividades de este proyecto consistió en un ciclo de conferencias dictadas entre el 25 y el 26 de agosto recién pasados por el Dr. Pastor Murillo, integrante del Foro Permanente sobre las Personas Afrodescendientes de la ONU. Las conferencias, que se realizaron tanto en la Ciudad de México como en Mérida, Estado de Yucatán, giraron en torno a las herramientas internacionales para combatir el racismo y la discriminación racial, y el papel de las universidades en esa lucha.

A nivel regional, Raza e Igualdad mantiene la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, para la promoción de la firma, ratificación e implementación de Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). En el marco de esta campaña, el Instituto se ha planteado trabajar de la mano con organizaciones locales para fortalecer sus capacidades de seguimiento en aquellos países donde se ha ratificado esta Convención, así como de incidencia en aquellos donde solo se ha firmado.

El Instituto también ha venido visibilizando el problema de la discriminación desde una perspectiva interseccional, por medio del Foro Interamericano contra la Discriminación, evento que se realizada cada año con la participación de personas expertas internacionales y activistas de la región. Sus objetivos principales son promover la efectiva participación de las organizaciones no gubernamentales en el marco de las Asambleas Generales y Cumbres de las Américas de la OEA y mejorar su incidencia en el marco del sistema, así como visibilizar las diferentes discriminaciones que se enfrenta en las Américas y las principales demandas de los diferentes sectores poblacionales víctimas de discriminación, especialmente afrodescendientes y población LGBTI.

Para Raza e Igualdad es importante hacer hincapié en las herramientas de promoción y protección que ofrecen mecanismos internacionales, como la CIRDI, a favor de la población afrodescendiente. Creemos firmemente que es a través de estos instrumentos que los Estados pueden adoptar e implementar políticas claras y eficaces para garantizar los derechos humanos y el bienestar social de las y los afrodescendientes. Para ello, es fundamental el trabajo con organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de esta población, pues son garantes de la visibilización de sus realidades, y el seguimiento a los compromisos nacionales e internacionales.

Este 31 de agosto, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de defender y proteger los derechos de las personas afrodescendientes en las Américas, y llama a los Estados a adoptar medidas y fortalecer aquellas ya existentes en términos de población afrodescendiente, partiendo del reconocimiento de las desigualdades históricas que ha enfrentado este grupo étnico. A dos años de que finalice el Decenio Internacional de los Afrodescendientes esta tarea no solo es urgente, sino que representa un verdadero compromiso con la democracia y la inclusión social.

Raza e Igualdad condena el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre y urge al Gobierno a implementar una reforma policial integral

Colombia, 22 de agosto de 2022.-El Instituto Raza e Igualdad rechaza enfáticamente el asesinato de tres jóvenes, el 25 de julio en Chochó, Sucre, por parte de un agente de la Policía Nacional, e insta al Gobierno colombiano a reformar de forma integral a la Policía. Las víctimas fueron identificadas como Jesús David Díaz, de 22 años; Carlos Alberto Ibáñez, de 26 años, y José Carlos Arévalo, de 18 años[1].

El asesinato fue cometido presuntamente por el coronel Benjamín Nuñez de la Policía Nacional. Según la denuncia de familiares y organizaciones, los jóvenes también golpeados y torturados física y psicológicamente por suboficiales y oficiales de la Policía[2]. Los jóvenes fueron falsamente incriminados de hacer parte del Clan de Golfo y del asesinato del policía Diego Felipe Ruiz, quien fue víctima homicida de esta organización en el marco del “Plan Pistola”, asesinatos sistemáticos contra integrantes de la Policía.

De igual forma, Juan Ibáñez, el hermano de Carlos Ibañez, fue víctima de secuestro, tortura, violencia sexual, violencia física y psicológica por parte de integrantes de la Policía.“Se lo llevaron para un callejón con alta vegetación, lo desnudaron, humillaron, lo amenazaron con violarlo, asesinarlo a él y a su familia y luego le dijeron que corriera, le dijeron ‘tienes 3 segundos’. Un disparo al lado y este muchacho literalmente corriendo por su vida (…)”[3], indicó el senador Alex Florez.

Es necesario que el Estado reconozca las condiciones estructurales que han propiciado la configuración de la violencia policial, prácticas que se han materializado en violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que afectan diferencialmente a jóvenes, personas afrodescendientes y personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

Desde el Instituto Raza e Igualdad hacemos un llamado a investigar los hechos con debida diligencia y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, teniendo en cuenta los estándares internacionales en materia de derechos humanos contra el uso desproporcionado de la fuerza y violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. Entre estos, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las naciones unidas adoptada en 1990, en el cual se desarrollan 25 principios relacionados principalmente con la legalidad, proporcionalidad y necesidad[4]; al igual que las Resoluciones 43/1 de 2020 y la 47/21 adoptada en 2021 de las Naciones Unidas. Estas resoluciones establecen las afectaciones diferenciales del uso de la fuerza hacia personas afrodescendientes por parte de la Fuerza Pública como un patrón del racismo estructural que históricamente ha impactado las vidas y territorios donde principalmente residen principalmente personas afrodescendientes.

Igualmente, como Instituto hacemos un llamado al desarrollo de una reforma policial que reconozca estas afectaciones e impactos diferenciales, la incorporación de estándares internacionales en su diseño e implementación y el desarrollo de medidas para reducir la impunidad estructural de los casos de violencia policial en Colombia. Finalmente, el Estado debe reconocer que las prácticas de “falsos positivos” han sido hechos institucionalizados que han impactado la vida de miles de jóvenes en el país por parte de integrantes de la Fuerza Pública y desarrollar acciones en su contra.

[1] El tiempo. (2022). Patrulleros señalan al coronel Nuñez como el asesino de tres jóvenes en Sucre. Consultado en: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/patrulleros-senalan-a-benjamin-nunez-por-muerte-de-3-jovenes-en-sucre-694845

[2] Noticias Caracol. (Agosto 16 de 2022). Twitter. Consultado en: https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNoticiasCaracol%2Fstatus%2F1559507865055928321&widget=Tweet

[3]Ibidem para 3.

[4] Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. (S.f). Tema tres: Los principios generales que rigen el uso de la fuerza en la aplicación de la ley. Consultado en: https://www.unodc.org/e4j/es/crime-prevention-criminal-justice/module-4/key-issues/3–the-general-principles-of-use-of-force-in-law-enforcement.html

GAAT Y RAZA E IGUALDAD URGEN A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES COLOMBIANAS A REGULAR EL PROCESO DE CAMBIO DE COMPONENTE SEXO EN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PARA GARANTIZAR A LAS PERSONAS NO BINARIAS EL ACCESO INTEGRAL A SUS DERECHOS

GAAT Y RAZA E IGUALDAD URGEN A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES COLOMBIANAS A REGULAR EL PROCESO DE CAMBIO DE COMPONENTE SEXO EN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PARA GARANTIZAR A LAS PERSONAS NO BINARIAS EL ACCESO INTEGRAL A SUS DERECHOS

COMUNICADO: Raza e Igualdad rechaza los hechos racistas, violencia sexual, física y psicológica cometidos en Paya, Boyacá.

SE PRESENTA EL PRIMER GRAN INFORME EN COLOMBIA SOBRE VIOLENCIA POLICIAL RACISTA

Organizaciones de DD. HH. presentan ante CIDH propuestas para garantizar la implementación de las medidas cautelares de personas defensoras en Colombia

COMUNICADO: La Red-LEM solicita a la CIDH realizar un llamamiento urgente a los Estados de la región y en particular al Estado colombiano, sobre la garantía del principio de no devolución y del derecho a buscar y recibir asilo, tanto en zonas de tránsito como en zonas internacionales.

Afrolatines Advocacy Week: Raza e Igualdad reúne a organizaciones de Brasil y Colombia en Washington, D.C.

Reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela: una oportunidad para la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana

Premios “Caminando hacia la Justicia” reconocen la labor de quienes trabajan por los derechos de la población migrante

Día Internacional de los Afrodescendientes: ¿Qué estamos haciendo para promover y defender sus derechos?

Raza e Igualdad condena el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre y urge al Gobierno a implementar una reforma policial integral

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