Violencia policial racista: ¿Qué es y de qué se trata?

Violencia policial racista: ¿Qué es y de qué se trata?

Colombia, 4 de abril de 2022.-El estallido social de los últimos años en Colombia ha develado una problemática que debe ser reconocida y afrontada con urgencia por las autoridades del país: la violencia policial racista.

Durante el Paro Nacional del 2021, cientos de colombianos que salieron a las calles para exigir al Estado la garantía de sus derechos fundamentales ante la crisis socio-económica del país, profundizada por la pandemia por el COVID-19, fueron víctimas de abusos, detenciones, requisas e investigaciones arbitrarias por parte de la Fuerza Pública.

En este contexto, la población afrodescendiente que se manifestó a lo largo del país, afectada diferencialmente durante la pandemia debido a un sinnúmero de desventajas acumuladas y carencias en acceso a servicios de salud y de agua potable, también fue víctima de perfilamientos y actos racistas por parte de las autoridades.

El panorama es alarmante. De acuerdo con la organización Temblores, entre 2017 y 2019 la Policía Nacional asesinó a 33 personas afrodescendientes en territorios como Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Antioquia, Atlántico, Bogotá y Santander. En el marco del Paro Nacional 2021, la Comisión por la Vida y la Mesa Humanitaria Social, La Consultoría para el Desplazamiento y Derechos Humanos- CODHES con el apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad, han registrado 488 violaciones de derechos humanos, de las cuales el 13,3% han sido contra personas afrodescendientes. Así mismo, de los 110 casos de homicidios, 40 han sido hacia personas afrodescendientes, lo que representa el 36,4% de los homicidios[1].

No obstante, los casos de persecución, estigmatización y “perfilamientos raciales” contra las personas afrodescendientes no solo han sido evidenciados durante las  manifestaciones. ILEX Acción Jurídica pudo determinar que en Bogotá una persona afro tiene aproximadamente 14 veces más posibilidades de ser multada por las autoridades que una persona blanco mestiza, y 2,57 más probabilidades de ser detenida, requisada o llevada a un área restringida por la Policía.

Para ayudar a entender mejor las intersecciones de esta problemática, desde Raza e Igualdad, e Ilex Acción Jurídica, presentamos este Glosario Pedagógico que ayudará a los y las ciudadanas a identificar cuándo están presenciando un caso de violencia policial racista. La campaña también brindará información básica sobre temas como discriminación y justicia racial.

 

 

[1]  CODHES, La Comisión por la Vida, La Mesa Humanitaria y Social, apoyo técnico del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), 2021

Especialistas y activistas llaman a la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia

Washington D.C., 24 de marzo de 2022.– Especialistas y activistas de América Latina y el Caribe hicieron un llamado para la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, para lo cual es necesario que al menos 10 Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Tal planteamiento tuvo lugar en un webinar organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)—con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El evento contó con la participación de la comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH; Dayana Blanco, Directora Ejecutiva de Ilex Acción Jurídica, de Colombia; Anielle Franco, Diectora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco, de Brasil, y Manuel de Jesús Dandre, Director Ejecutivo de la Red Jacques Viau, de República Dominicana.

De parte de Raza e Igualdad participó el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, y la Oficial del Programa Brasil, Nathaly Calixto, quien fungió como moderadora de este espacio. En sus palabras de bienvenida, Quesada destacó el hecho que las Américas cuente con una herramienta como la CIRDI para combatir el racismo y la discriminación racial, aunque también recordó que hasta la fecha esta Convención solo ha sido ratificada por 6 países de la OEA y que, según su artículo 15, es necesario que la ratifiquen 10 países para que pueda crearse el Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

Asimismo, llamó la atención sobre la situación de violencia y discriminación que enfrentan personas Afro-LGBT en países como Brasil, Colombia y República Dominicana. En el caso de Brasil, detalló que la organización ANTRA documentó que en 2019 hubo 124 asesinatos de personas trans, de las cuales el 75% era afrodescendientes. Quesada enfatizó que se deben aprovechar los mecanismos establecidos desde hacer varios años, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), y los mecanismos creados recientemente, como el Foro Permanente de Afrodescendientes de Naciones Unidas.

Transformación estructural

La Directora Ejecutiva de Ilex Acción Jurídica, Dayana Blanco, se refirió a la necesidad de que el contenido y los alcances de la CIRDI sean socializados entre la sociedad y las organizaciones colombianas, con el fin de conocer cómo este instrumento puede contribuir a la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y en qué se diferencia de las normas en dicha materia que ya forman parte de la legislación de Colombia. La activista enfatizó que el Derecho no es la única vía de transformación de las sociedades, por lo que también destacó la importancia de implementar estrategias educativas dirigidas a los diversos sectores que las conforman.

Reconocimiento e identidad

Desde República Dominicana, el Director Ejecutivo de la Red Jacques Viau, Manuel de Jesús Dandre, exaltó la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo y del Comité para el desarrollo de procesos educativos sobre etnia y raza, pues dijo que en este país eminentemente afrodescendiente, solo el 8% de la población se reconoce como tal. Además, manifestó su preocupación porque el Estado no reconoce el racismo y la discriminación racial como problemas latentes en la sociedad dominicana.

Lucha contra la violencia policial racista

Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco, de Brasil, se refirió al problema de violencia policial racista en este país, haciendo alusión al caso de la joven Kathlen Romeu, quien con 13 semanas de embarazo murió en junio de 2021 producto de una bala perdida en un operativo de la Policía Militar en una favela de Río de Janeiro. “La violencia policial ha cortado nuestros sueños. Desde pequeños experimentamos en nuestra piel la sensación de querer huir siempre de la presencia de la policía, de las balas perdidas”, expresó la activista, señalando la necesidad de articular acciones para lograr la activación del Comité y otros espacios para combatir el racismo y la discriminación racial.

Compromiso para este 2022

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH, también reconoció el impacto que tienen el racismo y la discriminación racial en la integridad y calidad de vida de las personas afrodescendientes, al punto que aseguró que en Brasil existe un “genocidio racial”. Por eso apuntó que es urgente que este 2022 se logren las 10 ratificaciones que permitirían la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

Raza e Igualdad reconoce y agradece los aportes de las y los especialistas y activistas que participaron en este evento, y se suma al llamado de unir esfuerzos para lograr la creación del Comité antes mencionado, como un mecanismo regional para combatir el racismo y la discriminación racial en las Américas. Creemos firmemente en los principios y mandatos de la Convención Interamericana contra el Racismo, por lo que desde nuestra campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial” continuaremos trabajando de la mano con la sociedad civil para presionar a los Estados para su firma, ratificación y efectiva implementación.

BOLETÍN: Colombia, Reconfiguración del Congreso

Colombia, 28 de marzo de 2022.- El domingo 13 de marzo el país se volvió a dar una cita en las urnas para elegir el nuevo Congreso 2022-2026, que se posesionará el 20 de julio. Estas elecciones trajeron consigo la reconfiguración del Congreso y se podrían considerar como históricas. Por primera vez en el país, un partido de izquierda se convierte en el más votado para unas elecciones legislativas y el Pacto Histórico, partido político de naturaleza progresista, se quedó con al menos 16 curules en el Senado y 25 en la Cámara1, convirtiéndose en la principal fuerza política del país, seguido de los partidos tradicionales Liberal (con 47 curules en total) y Conservador (con 41 curules en total).

Sin embargo, luego del escrutinio y ante las múltiples denuncias de fraude, el Pacto Histórico recuperó cerca de 400.000 votos y, con eso, se suman al menos otros tres curules al Senado. Por su parte, con estos resultados, Fuerza Ciudadana no perdería su personería jurídica y llegaría al Senado con al menos 3 senadores. Hasta el momento, no se cuentan con cifras oficiales sobre la reconfiguración del Congreso y el país está a la expectativa de lo que podría suceder luego de que el registrador Alexander Vega hiciese un llamado a un reconteo general de votos sin garantías para la oposición, el cual, fue rechazado por la Comisión de Garantías Electorales.

Al comparar el Congreso 2018 vs. el actual, es posible observar un profundo cambio en las preferencias electorales del país. Para el 2018, el partido con mayor número de votos fue el Centro Democrático, seguido de Cambio Radical y el Conservador (todos de derecha o extrema derecha).

Al igual que las anteriores elecciones, fueron electas diez curules para el partido de los Comunes, conformado por excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), pues según el Acuerdo de Paz, durante dos periodos serían elegidas cinco personas para Cámara y cinco para Senado. Además, por primera vez fueron electas 16 nuevas curules para las Circunscripciones Especiales de Paz, las cuales fueron definidas en el Acuerdo de Paz para dar reconocimiento y reparación a las víctimas de las zonas con mayor afectación del conflicto armado.

Otro hecho significativo fue la participación política de personas LGBTI en el Congreso; pues pasó de dos en el periodo 2018-2022 a seis en el periodo actual. Este es un avance significativo en materia de reconocimiento de las diversidades sexuales y de género y se espera que, con este aumento, se logre un compromiso mayor con la agenda política de los sectores LGTBI en el país.

En cuanto a la participación de las y los colombianos en las urnas, la abstención volvió a aumentar. Según los datos de la Registraduría, la abstención fue del 54.2%, mayor a la de las elecciones del 2018, cuando fue del 51%. Por ende, más de la mitad del país continúa sin participar electoralmente.[1]

LAS CONSULTAS INTERNAS

En la jornada electoral también se definieron los candidatos presidenciales de tres agrupaciones políticas: Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Centro Esperanza. El escrutinio posicionó como partido ganador al Pacto Histórico. Gustavo Petro, quien obtuvo una votación histórica con al menos 4.487.551 votos, se convirtió en el candidato presidencial de dicha agrupación. Los otros candidatos electos fueron Sergio Fajardo, por la coalición Centro Esperanza, con un total de 723.084 voto, y Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, con 2.160.329 votos. Por tanto, estos tres candidatos se enfrentarán a Ingrid Betancourt y a Rodolfo Hernández el 29 de mayo por la Presidencia de la República.

Sin embargo, también hubo una gran ganadora en dicha jornada electoral: Francia Márquez, lideresa afrodescendiente y medioambiental, quien sin maquinarías políticas, obtuvo la tercera votación más alta entre las consultas (solo precedida por Gustavo Petro y Federico Gutiérrez), con un aproximado de 783.160 votos. Con dicha votación, Márquez se impuso ante candidatos con un amplio historial político como Alex Char, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Jorge Robledo.[2]

MUJERES EN EL CONGRESO

La participación de mujeres congresistas en las pasadas elecciones, es la más alta en la historia del país, hasta la fecha.  Para este nuevo Congreso fueron electas 83 mujeres, 29 más que en el anterior periodo legislativo. De estas, 32 harán parte del Senado y 46 estarán en la Cámara de Representantes. Además, por primera vez una mujer indígena, Aida Quilcué, fue electa como Senadora por una curul especial étnica, mientras que Dorina Hernández se convirtió en la primera mujer palenquera en llegar al Congreso. Además, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, fue la segunda votación más alta del país, y Katherine Miranda, de la Alianza Verde, la más alta a la Cámara de Representantes. A esto se le suma la aparición de “Estamos Listas”, el primer movimiento político de mujeres en Latinoamérica, quienes se presentaron con lista cerrada al Senado integrada solo por mujeres; y aunque no obtuvieron la votación necesaria para obtener ni una sola curul, su aparición en el panorama electoral marca un precedente en la participación política de las mujeres en el país.

Con esta composición del Congreso, Colombia supera la media mundial del 25.5% de representación de mujeres en la rama legislativa. El mayor número de mujeres congresistas hacen parte del Pacto Histórico (17), seguidas por Liberales (15) y el partido Conservador (10)4, lo cual continua la tendencia general de las votaciones a nivel partidista. Una presencia del 30% en el legislativo es la muestra de que el camino es largo para la paridad, ya que en los últimos 30 años se ha aumentado solo un 20%, pero al mismo tiempo es un mensaje esperanzador sobre los cambios sociales que se experimentan en el país por una feminización de la política.

CURULES ÉTNICAS

En Colombia, se crearon las circunscripciones electorales especiales étnicas como medida afirmativa para mejorar la representatividad de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el Congreso de la República, reconociendo la diversidad étnica y cultural en el país. La circunscripción especial indígena tiene 2 curules al Senado y 1 representante a la Cámara. Las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras tienen 2 curules a la Cámara y la comunidad raizal 1 representante. Cada una de estas circunscripciones han tenido diferente reglamentación y participación. En este sentido, se han ido generando cuestionamiento relacionados con el alcance de la representatividad al interior de estas curules étnicas por diferentes razones. Por ejemplo, históricamente las votaciones no han representado el porcentaje de la población indígena o afrodescendiente en el país, la poca representatividad de los líderes que se candidatizan en las circunscripciones especiales y la preferencia por partidos tradicionales.

En este contexto de participación y representatividad, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras han adquirido mayor visibilidad política en años recientes a partir de la consolidación de liderazgos y del movimiento social afrodescendiente en el país. De esta manera, se han fortalecido movimientos ciudadanos de personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para promover mayor participación política. A partir de la Ley 70 de 1993, la circunscripción especial para comunidades negras garantiza la representación del pueblo negro en el Congreso y permite la creación de un partido político. Por eso, para estas elecciones se observó mayor candidatización de líderes y lideresas afrocolombianas, así como consolidados Consejos Comunitarios y movimientos como Soy porque Somos.

Para estas elecciones de 2022, se inscribieron 48 listas para un total de 127 candidatos, de los cuales en un principio fueron elegidos Ana Rogelia Monsalve del Palenque de las Vereda Las Trecientas, del municipio de Galapa, y Miguel Polo Polo de la Organización Fernando Ríos Hidalgo. La elección de Polo fue ampliamente criticada al considerarse que no ha realizado activismo alguno a favor de las comunidades afrodescendientes y por estar inscrito a nivel nacional como indígena. Sin embargo, durante los escrutinios Polo Polo perdió su curul, la cual fue entregada a Lina Martínez, quien se presentó  por el Consejo Comunitario Los Limones. Al igual que lo sucedido con la elección de Polo, la de Martínez no ha pasado sin crear controversia, ya que es la hija del exsenador Juan Carlos Martínez, quien fue condenado por parapolítica.

Por otra parte, la curul específica para la comunidad raizal, creada por el acto legislativo 2 de 2015, no ha sido reglamentada desde su creación. Han pasado alrededor de 7 años sin que esta curul especial haya sido reglamentada. Por esta razón, a pesar de que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuentan con 2 representantes por circunscripción territorial departamental, donde fueron electas dos personas raizales, aún no cuentan con un espacio especial en el Congreso que garantice la representatividad y participación del pueblo raizal.

CURULES DE PAZ

La apuesta por la participación política directa de las víctimas como uno de los pilares del Acuerdo de Paz resultó ser una propuesta sin precedentes en los procesos de justicia transicional en el mundo[3]. Estas curules resultan ser un mecanismo para dar solución a los problemas históricos de representación, bajo la idea de lograr una sociedad más incluyente, pluralista, participativa, facilitando la creación de fuerzas políticas que tradicionalmente no han tenido representación en el Congreso y dándole voz a las víctimas que habitan los territorios más afectados por la violencia.

A pesar de lo anterior, su implementación no ha estado exenta de tropiezos. En las ocasiones en las que se instó al Congreso para que legislara al respecto y se le diera operatividad a la ley, se alegó la falta de mayoría de votos requeridos por el Artículo 375 de la Constitución Política[4]. Los proyectos de ley fueron archivados debido a las estrategias dilatorias para la votación llevadas a cabo por congresistas que se declararon en contra, pues alegaban que estas curules le brindarían mayorías automáticas a las FARC dentro del Congreso y que se trataban de curules que “no son para las víctimas, son para los victimarios[5]”.

Luego de que se presentaran dos tutelas para garantizar el derecho a la implementación de las Curules de la Paz, la Corte Constitucional respondió aprobando el proyecto de Acto Legislativo 05 de 2017 y ordenando desarchivar y ensamblar el documento final para darles representación política en la Cámara de Representantes[6]. Con esto, el presidente Iván Duque firmó el Decreto 1207 de 2021, “por el cual se adoptan las disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030”. La jornada de elecciones del pasado 13 de marzo, entre muchos otros motivos, resultó ser también histórica por ser la primera vez que se implementaba esta novedosa política.

Lamentablemente, las predicciones de los detractores de las Curules parecen haberse hecho realidad. Si bien la normativa no permitía que los partidos y movimientos políticos que cuentan con representación en el Congreso o con personería jurídica, incluido el partido que surgió de las FARC, inscribieran listas ni candidaturas para estos espacios, los resultados de las elecciones evidencian su cooptación por parte de clanes políticos tradicionales y sus maquinarias electorales[7], incluyendo familiares cercanos y fichas políticas de miembros de grupos paramilitares[8]. De igual manera, diversas organizaciones denunciaron obstáculos para la participación efectiva de las víctimas, como el cobro de millonarias pólizas[9], las amenazas de grupos ilegales[10] y el desconocimiento y limitada pedagogía sobre las Curules de Paz[11].

PROTOCOLO DE VOTO TRANS

El 13 de noviembre del año 2020 el Consejo Nacional Electoral emitió la Resolución 3480 de 2020, por medio de la cual se adoptó el protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre de discriminación. Este protocolo fue diseñado por la Misión de Observación electoral –MOE-, la Fundación GAAT y Caribe Afirmativo, con el propósito de eliminar aquellas barreras y conductas de discriminación y violencia que impiden el ejercicio del derecho al voto en condiciones de igualdad durante las jornadas de elección popular y de mecanismos de participación ciudadana.

El pasado 13 de marzo se implementó el Protocolo del Voto Trans por primera vez en el país, durante las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas populares. En consecuencia, la MOE, con apoyo de la Fundación GAAT y Caribe Afirmativo, implementó una estrategia de observación electoral con enfoque diferencial, en la cual, 40 personas con experiencia de vida trans observaron el cumplimiento de dicho protocolo y monitorearon la situación en 19 municipios del país.

Las actividades de observación electoral permitieron registrar casos en donde se identificaron restricciones de distinta índole al derecho al voto de personas Trans. En términos generales, se resalta la existencia de filas separadas por sexo o género en donde a las personas trans se les impidió ubicarse libremente; la práctica de requisas por parte de la policía que no fueron desarrolladas por un agente de su mismo género; casos de discriminación ejercida por jurados y juradas de votación, y barreras asociadas al no reconocimiento del nombre y género corregido en los documentos de identidad de las personas trans.

Las barreras identificadas permiten a las organizaciones resaltar la importancia de contar con este protocolo y de intensificar las acciones de veeduría y pedagogía para el desarrollo de estas jornadas. En este sentido, se insta a la Registraduría Nacional del Estado civil (RNEC) a desplegar acciones pedagógicas dirigidas a personas jurados de votación, personal de la fuerza pública y demás autoridades públicas competentes. A su vez, se resalta la necesidad de actualizar todos los datos e información de las personas que realizan los procesos de corrección de nombre y componente sexo/ género en sus documentos en todas las bases de datos de la RNEC.

 VIOLENCIA DURANTE LAS ELECCIONES

 Tres fueron las alarmas establecidas por Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el marco de las elecciones a Congreso y consulta del 13 de marzo: confusión en el uso de los tarjetones, violencia y delitos electores[12]. En relación con las dinámicas de la violencia en las elecciones, la MOE indicó que el Mapa de Riesgos Electorales elecciones 2022 asociado a la violencia en el país, registró 121 municipios en riesgo medio, 130 en riesgo alto y 68 en riesgo extremo.[13]

En la matriz de riesgos electorales, la MOE ha establecido en los factores indicativos, los siguientes elementos : la violencia contra líderes, presencia y acciones de grupos armados ilegales, economías ilegales, violaciones a la libertad de prensa, desplazamiento forzado, principalmente en los municipios con Circunscripciones Transitorias para la Paz y los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Durante las elecciones, la Fundación Paz y Reconciliación reportó situaciones como: la desactivación de una moto bomba en Santander de Quilichao, bloqueos de vías y el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el traslado de mesas de Ituango por cuestiones de seguridad, atentados con explosivos en la Macarena, Meta y San Vicente del Caguán con dos personas heridas y tres militares muertos[14]. Así mismo, en la Costa Pacífica Caucana el constreñimiento electoral por parte del Comando Coordinador de Occidente con la advertencia de no votar por dos candidatos de Cambio Radical.

Teniendo un panorama general sobre el desarrollo y resultado de las recientes elecciones legislativas en Colombia, Raza e Igualdad reconoce y celebra la realización de estos comicios, así como la puesta en práctica de protocolos para la participación de grupos históricamente marginados y víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, llamamos la atención sobre varios aspectos que son preocupantes y que deben ser monitoreados y mejorados por las autoridades. Por un lado, condenamos la falta de garantías por parte del Gobierno Nacional para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el país por medio de las Curules de Paz. Instamos a que se adelanten las investigaciones pertinentes y se precisen las regulaciones necesarias para garantizar que estos escaños sean otorgados acorde al espíritu y fundamento de representación de las víctimas que se recoge en el Acuerdo de Paz.

Por otro lado, celebramos la elaboración e implementación de este protocolo de voto trans y reconocemos la importante labor de incidencia y construcción colectiva de las organizaciones sociales que impulsaron esta tarea pendiente para avanzar en la garantía de los derechos de las personas con experiencia de vida Trans en el país.

Así mismo llamamos al nuevo Congreso para que se comprometa con la implementación integral de lo estipulado en el Capítulo Étnico, y con la ratificación de la Convención Interamericana para la eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). Se espera que, durante esta vigencia legislativa, los y las congresistas aliadas de las causas sociales pongan como prioridad en sus agendas el reconocimiento de los grupos socialmente marginalizados y vulnerables.

Exhortamos a la comunidad internacional, para que continúen con su trabajo de veeduría y seguimiento sobre los próximos escenarios electorales en Colombia, y que se continue haciendo vigilancia al comportamiento del recién configurado Congreso de la República.

Desde Raza e Igualdad realizamos un llamado a la ciudadanía para salir a votar masivamente en las elecciones presidenciales que se realizarán el 29 de mayo. La abstención no puede continuar siendo un factor decisivo para determinar el futuro del país.

Por último, solicitamos al Estado colombiano, brindar  las garantías necesarias para que todas las jornadas electorales se desarrollen con veracidad y transparencia, y prevenir escenarios de fraude. Lo sucedido en el marco de las elecciones legislativas no puede repetirse, la sospecha de un fraude y la posterior solicitud de reconteo por parte del Registrador aumenta la desconfianza ciudadana. Ante estas situaciones, recalcamos la necesidad de veedurías ciudadanas e internacionales para la garantía de elecciones limpias y libres.

 

 

[1]  Registraduría Nacional del Estado Civil (2022). Revisado en: www.registraduria.gov.co

[2] Registraduría Nacional del Estado Civil (2022). Revisado en: www.registraduria.gov.co

[3] En el panorama internacional, en palabras del embajador de Países Bajos en Colombia, Ernst Noorman, “tras el final de un conflicto armado nunca se ha visto algo del mismo nivel de las curules de paz para la participación en política de las víctimas”. Ver al respecto: https://twitter.com/enoorman/status/1499785332945993735

[4] Un primer intento de legislación se dio el 30 de noviembre de 2017, con el Acto Legislativo 05 de 2017. Un segundo intento se dio a través del proyecto Acto Legislativo 001 de 2018. El proyecto era muy similar al presentado en 2017, pero tenía algunos cambios como requisitos para inscribirse y ser candidato a las curules, y el título de las Circunscripciones, que tendrían el carácter de Territoriales y Especiales.

[5] https://www.semana.com/nacion/articulo/las-criticas-de-uribe-y-el-centro-democratico-a-las-curules-de-paz/202149/

[6] Corte Constitucional. Sentencia SU-150 de 2021

[7] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/en-vivo-asi-avanza-el-preconteo-para-las-16-curules-de-paz/

[8] https://www.elespectador.com/colombia-20/circunscripciones-de-paz-2022/

[9] https://www.ideaspaz.org/publications/posts/2129

[10] https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/curules-de-paz-tres-de-cada-cuatro-candidatos-tienen-algun-tipo-de-riesgo/

[11] https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/939-asi-funcionara-la-eleccion-a-las-curules-para-las-victimas.html

[12] 1 Radio Nacional de Colombia. (2022). Las advertencias de la MOE de cara a las elecciones del 13 de marzo. Consultado en: https://www.radionacional.co/actualidad/politica/elecciones-2022-moe-advierte-riesgos-13-marzo

[13] Misión de Observación Electoral (MOE). Mapas y factores de riesgo electoral Elecciones nacionales Colombia 2022. (2022). https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2022/02/Mapas-de-Riesgo-Electoral-2022_DIGITAL-1.pdf

[14] 6 Fundación Paz y Reconciliación. Seguimiento electoral 13 de marzo. (2022). Consultado en: https://www.pares.com.co/eleccione

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: Los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y justicia racial, y la Convención Interamericana contra el Racismo

Washington D.C., 21 de marzo de 2022.– A partir de hechos como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, los problemas de racismo y discriminación racial se han posicionado en la agenda mundial, generando reacciones y medidas de protección y reparación para personas afrodescendientes. Es innegable, por ejemplo, el esfuerzo que ha habido a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos para crear y fortalecer mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de esta población y de justicia racial.

Este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos hacer un reconocimiento de los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y de justicia racial, pero también un llamado para que estos mecanismos pasen del papel a la realidad y podamos evidenciar una plena garantía de derechos para las y los afrodescendientes en todo el mundo.

Los mecanismos y sus mandatos

El mencionado contexto de conciencia y acciones a favor de los derechos de las personas afrodescendientes también ha estado impulsado por el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024). Uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva.

En 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

La resolución determina que el Foro se compondrá de diez miembros. Cinco de estos integrantes—entre los que actualmente se encuentra la ex vicepresidente de Costa Rica, Epsy Campbell, y el abogado Justin Hansford de Estados Unidos—son designados por los gobiernos y elegidos por la Asamblea General sobre una base de distribución geográfica equitativa, y cinco más designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos en consulta con organizaciones de afrodescendientes. Otro de sus mandatos es evaluar una posible declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción, la protección y el respeto pleno de los derechos humanos de los afrodescendientes, además de identificar las mejores prácticas, retos y oportunidades e iniciativas para abordar las cuestiones relacionadas con los afrodescendientes.

Por otro lado, en su resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

El mandato de este mecanismo internacional de expertas y expertos independientes es de tres años, y está claramente definido en nueve tareas entre las que destaca la de “formular recomendaciones sobre la manera en que los regímenes jurídicos nacionales sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden pueden ajustarse a las normas de derechos humanos aplicables”. Además, entre sus medios de acción están contempladas visitas a los países y actividades de divulgación y consultas inclusivas con los Estados, las personas y comunidades directamente afectadas y otras partes interesadas.

En diciembre pasado, se conoció que el mecanismo quedó conformado por la jueza Yvonne Mokgoro de Sudáfrica, Tracie L. Keesee de Estados Unidos y Juan Méndez de Argentina. Una de sus próximas misiones, según la resolución del Consejo de Derechos Humanos, es que, junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, redacten anualmente sendos informes y los presenten al Consejo de Derechos a partir de su 51 período de sesiones, previsto a desarrollarse entre septiembre y octubre de este año. Ello en el marco de un diálogo interactivo en el que se dé prioridad a la participación de las personas y las comunidades directamente afectadas, incluidas las víctimas y sus familiares.

Situación en Latinoamérica

En Latinoamérica, el racismo y discriminación racial son problemas estructurales y persistentes, con manifestaciones y consecuencias diversas que tienen sus raíces en la esclavitud impuesta por el colonialismo europeo. La reciente visibilización de la brutalidad policial, de episodios de perfilamiento racial, de la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, y su impunidad, son muestra de que estos males siguen latentes en la sociedad en pleno Siglo XXI.

Ante esa realidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) se configura como una poderosa herramienta para combatir esos problemas. Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, convirtiéndose así en la convención homóloga de la Convención Internacional sobre la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial (CERD) de 1965, el primer instrumento internacional de alcance universal a partir del cual fue priorizado el combate al racismo y la discriminación racial, y de la cual los 35 Estados miembros de la OEA son parte.

Hasta la fecha, solo seis países de las Américas (Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) se han adherido completamente a la CIRDI, es decir que la han firmado y ratificado. En tanto, otros siete países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Panamá y Perú) solo la han firmado, por lo que el instrumento aun no es vinculante para esos Estados. Raza e Igualdad, a través de la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, se ha propuesto promover la ratificación e implementación de la CIRDI en la mayoría de los países que conforman la OEA.

Respecto a la CERD, la CIRDI contiene disposiciones novedosas, como colocar la definición del término “racismo” en un instrumento jurídico, así como establecer que los hechos de discriminación racial se pueden dar tanto en el ámbito público como en el privado, mientras que la CERD circunscribe estos hechos únicamente al ámbito privado. La CIRDI, además, contempla la creación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Este Comité tiene como cometido monitorear los compromisos asumidos en la Convención, servir como foro para el intercambio de ideas y experiencias, formular recomendaciones a los Estados Parte, y recibir los informes de los Estados sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. Sin embargo, el establecimiento de este Comité está sujeto a que 10 países ratifiquen la Convención, lo que aún no ha sucedido.

Relevancia de la CIRDI para Colombia y Brasil

En Colombia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia inició su proceso de ratificación a través de la presentación del Proyecto de Ley para su aprobación el 16 de diciembre de 2021. Esta Convención podrá significar un aporte sustancial a la construcción de paz en Colombia con su ratificación. En particular, la CIRDI sería un instrumento jurídico vivo que brindaría apoyo y fortalecimiento al marco jurídico existente, especialmente en el reconocimiento del racismo y la discriminación racial como fenómenos estructurales que han sustentado las afectaciones desproporcionadas y diferenciadas contra la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Las personas afrodescendientes han sufrido los impactos desproporcionados del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), 1.177.120 personas afrocolombianas han sido registradas como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) hasta la fecha. El Acuerdo Final de Paz reconoció los impactos desproporcionados contra las comunidades afrocolombianas especialmente a través de la inclusión del Capítulo Étnico, cuyo propósito es generar garantías máximas para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades étnicas en el país. En este sentido, señala que el Acuerdo de Paz debe ser interpretado a la luz del marco jurídico internacional, constitucional, jurisprudencia y legal existente, incluyendo, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

La ratificación de la CIRDI implica que los países realicen modificaciones en sus legislaciones para acoplarse a los principios y mandatos de la Convención, por lo que su ratificación en Brasil en febrero de 2021 abrió un nuevo escenario para el discurso y activismo antirracista en este país, donde el 55% de la población es afrodescendiente. Sin embargo, al mismo tiempo, se configura un reto importante, que es el de garantizar su implementación efectiva. En Raza e Igualdad, hemos adquirido el compromiso de brindar asistencia técnica tanto a la sociedad civil como al Estado para que la CIRDI sea una realidad en Brasil.

Cabe destacar que la brutalidad policial representa una gran proporción de los asesinatos de hombres y mujeres afrobrasileños, incluidas las mujeres afro transgénero. El Foro Brasileño de Seguridad Pública documentó que “la tasa de mortalidad en 2019 por intervenciones policiales fue un 183,2% más alta para los afrodescendientes que para los blancos”. En la misma línea, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública documentó que los afrodescendientes son las mayores víctimas de la letalidad policial; en 2019, el 79,1% de las víctimas de intervenciones policiales eran afrodescendientes, mientras que el 20,8% eran blancos.

Vemos entonces que, tanto a nivel universal como a nivel interamericano, existen mecanismos fortalecidos y novedosos en materia de defensa y protección de derechos de la población afrodescendiente. Esto es, sin duda, un gran paso hacia la eliminación del racismo y discriminación racial, pues para ello ha habido un proceso de reflexión y evidencia de la causas, manifestaciones y consecuencias de estos males en diferentes ámbitos de la sociedad. Estamos ahora ante la tarea de apropiar e implementar de forma efectiva esos instrumentos. Tal misión no solamente corresponde a los Estados como responsables de la adhesión y puesta en práctica de los mecanismos, sino que desde la sociedad civil y desde la comunidad internacional debe existir la responsabilidad de dar seguimiento a esos procesos.

En Raza e Igualdad creemos firmemente que estos nuevos mecanismos, sumados a los existentes desde hace varios años, representan una oportunidad para visibilizar y mejorar la situación de derechos humanos en la región, a corto y mediano plazo. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que emprendan procesos de incidencia y monitoreo en la adopción e implementación de estos instrumentos. En el caso particular de la CIRDI, hacemos un llamado a los Estados para ratificar e implementar esta Convención tan importante en términos de derechos humanos, así como a activistas y organizaciones para que establezcan rutas estratégicas para incidir en la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en sus respectivos países.

Raza e Igualdad lanza cartillas pedagógicas para la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI migrante y refugiada de Venezuela en Colombia

Bogotá, 15 de marzo de 2022.- Colombia es el primer país receptor de personas retornadas, migrantes y solicitantes de refugio provenientes de Venezuela, por lo que enfrenta numerosos retos para responder a las necesidades en materia de acceso a derechos que tiene esta población, conformada por más de 5 millones de personas que se han visto obligadas a salir del territorio venezolano.

El riesgo de que las personas LGBTI+ sufran algún tipo de violencia y discriminación se intensifica tanto en Venezuela como en Colombia. Además de estar expuestas a los riesgos del contexto específico de movilidad humana, deben enfrentar numerosas situaciones en las que se niega su acceso a derechos como consecuencia de prejuicios, estigmas y violencias asociadas con las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. 

Es por eso que el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó dos cartillas pedagógicas con el objetivo de brindar herramientas para la protección de los derechos de las personas LGBTI+ migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela, dirigidas a organizaciones de la sociedad civil e instituciones y funcionariado público. El contenido de las cartillas fue diseñado a partir del desarrollo de espacios de diálogo con la Fundación GAAT y Caribe Afirmativo, organizaciones que cuentan con amplia trayectoria en la atención de casos de personas LGTBI+, migrantes, refugiadas y retornadas provenientes de Venezuela. 

Con esta iniciativa, tenemos el propósito de aportar elementos a la consolidación de estrategias de atención para la respuesta a la situación de vulneración de derechos humanos que suceden en el contexto de movilidad humana en la frontera entre Venezuela y Colombia. Lo anterior, teniendo en cuenta un enfoque interseccional que tome en consideración los riesgos e impactos diferenciales que pueden ocasionarse en dichos contextos.  

Estas cartillas se realizaron en el marco del proyecto “Litigio estratégico para incrementar el acceso a los servicios de justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto migratorio”, del programa Conectando Caminos por los Derechos, el cual promueve la justicia y los derechos humanos para migrantes de Venezuela, colombianos retornados y población receptora en Colombia. Este es un programa financiado por USAID e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA ROLI, Freedom House e Internews.  

CARTILLA PEDAGÓGICA PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL “Litigio estratégico internacional para la defensa de los derechos humanos de la población migrante y refugiada de Venezuela” 

 CARTILLA PEDAGÓGICA PARA INSTITUCIONES Y FUNCIONARIADO PÚBLICO “Litigio estratégico internacional para la defensa de los derechos humanos de la población migrante y refugiada de Venezuela” 

Raza e Igualdad celebra la decisión tomada por la Corte Constitucional de Colombia y hace un llamado a los demás Estados de la región a implementar políticas y programas con enfoque de diversidad, interseccionalidad y de género

Colombia, 9 de marzo de 2022.– El pasado lunes 28 de febrero, a través de la sentencia T-033 de 2022, la Corte Constitucional de Colombia ordenó incluir el marcador no binario en los documentos de identidad. La decisión se dio a conocer luego de que la Corte Constitucional colombiana revisará una acción de tutela presentada por Dani García, una persona que no se reconoce en las categorías binarias tradicionales de hombre o mujer, quien solicitó al juez constitucional que se modificara el componente ‘sexo’ de sus documentos de identidad con la finalidad de que estos tuvieran en cuenta su identidad de género no binaria, y en esa medida se prescindiera del componente de ‘sexo’ o se registrara una categoría neutra o indeterminada representada en una X.     

Gracias a esta tutela, la Corte Constitucional le ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Gobierno Nacional y al Ministerio de Justicia y Derecho adelantar los procesos necesarios para la inclusión efectiva de un marcador de género no binario en los documentos de identidad en los próximos 6 meses. No obstante, si la RNEC no diera cumplimiento a esta orden en el plazo establecido, las personas podrán exigir a la entidad que el componente de género en sus documentos de identidad sea corregido, aun sin la reglamentación correspondiente. 

Así mismo, la Corte exhortó al Congreso a que, en un plazo de 2 años, “regule todos aquellos derechos, obligaciones y servicios que encuentran en el sexo o en el género, un criterio de asignación”. 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con Dani García, quien nos presentó algunos puntos relevantes en relación con su decisión de presentar la tutela y lo que podría implicar esta decisión histórica para el país.  

¿Qué situación te llevó a presentar la tutela? 

Diría que el detonante fue mi paso por la Maestría en Educación y Derechos Humanos aquí en la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín. Para el proceso de investigación había considerado inicialmente hacer un trabajo con varias travestis. Y bueno, por el tema de la pandemia no pude, y entonces, conversando con mi asesor, llegamos a la conclusión entonces de poder construir mi autobiografía, teniendo presente que no he sido como una de las primeras travestis de acá en Medellín, que empiezo como a movilizarme en términos de los derechos para las personas trans y travestis.  

¿Cuáles fueron los principales argumentos que señalaste? 

Dentro de los principales argumentos que señalo, todos están relacionados, y así lo conecto con el tema de la maestría, de la tesis. Específicamente mi autobiografía, porque allí recojo gran parte de lo que ha sido mi experiencia de vida y también relaciono muchas cosas que tienen que ver con el orden de lo teórico, sin argumentos de, por ejemplo, Fausto Sterling que tenía un trabajo llamado “Cuerpos Sexuados”, donde ella explica cómo en nuestra sociedad el sexo aparece como algo natural, pero en realidad ha sido una construcción social. En la construcción de mi tesis recojo esos elementos teóricos que aportan estas personas y los complemento con una historia de vida y, digamos, un desarrollo en la parte argumentativa, que es lo que se presentó a la Corte. Y argumentar, porque para mí ha sido violento no solamente la asignación de lo masculino, sino también la asignación de lo femenino.  

Otra de las cosas que menciono es, por ejemplo, la violencia policial cuando encuentran tus documentos de identidad y no coincide tal vez mi apariencia con lo que hay en el documento. Entonces, cómo se nos violenta y cómo muchas veces nos hacen pasar como si hubiésemos falsificado los documentos de identidad. Es como una serie de cosas que aparecen allí y que voy dejando plasmadas en la tutela. La tutela la elaboré yo misma. 

¿Qué opinas del fallo final de la Corte? 

La solicitud que hay en mi tutela es para que el componente sexo sea retirado de mi documento de identidad, argumentando que es un dato que solamente es importante para mí, que es irrelevante para cualquier persona y que, además, a partir de este dato que hay en mi cédula, se me habría limitado constantemente. Por eso pedía que lo retiraran y si no se podía retirar, que colocaran otra categoría como la X, la que siempre fue la opción para que fuese asignada en mi documento identidad. Entonces, en ese sentido, pues no estoy conforme con la respuesta, porque la Corte dice que en los documentos se debe colocar no binario. Ahí hay un reproche, porque se supone que parte de la libre autodeterminación y los argumentos que utiliza, que si bien son parte de la de la opinión que la Corte recoge a partir de las preguntas consultas que se les hace a instituciones y organizaciones en el país, no tiene en cuenta mi lugar, y como en esos argumentos las personas expresan que la X es una tachadura, que la X es una negación de derechos, que la X es una negación a la identidad. Con lo que no estoy de acuerdo, porque para mí la X era eso, una tercera posibilidad de marcación de género. Sin embargo, entiendo que esto que dice es algo mucho más grande que yo misma.  

Y bueno, por un lado, entonces diría que estaríamos conformes en que se haya dado este paso al reconocimiento primero de una ciudadanía no binaria en términos de las personas que nos podemos reconocer ahí e identificar con esto. Y segundo, había una fuerte necesidad, en mi tutela, de que el sistema se abriera a reconocer que no solamente somos hombres y mujeres, que no solamente estamos en el lugar de lo femenino, en el lugar de lo masculino. Para mí era importante como es apertura. Y bueno, esto se logró. 

¿Cómo crees que la sociedad civil podría apoyar la implementación de la sentencia? 

Simplemente, considerar que quienes se sientan acogidos en la idea reconocida es que consideren que esa pueda ser una opción para ellos, pues que lo hagan porque ya está. Pues como esa sentencia que nos da la posibilidad y se consideran que se acogen a ellas, pues está bien, pues porque también ha sido recurrente, como ha sido como con el tema del aborto y otras cosas. Entonces ya asumir que todas las personas lo tienen que hacer, obvio no lo van a hacer simplemente personas que se sientan identificados con mi caso. 

*** 

Esta histórica sentencia está en línea con los llamados de la CIDH y la ONU a los Estados para que reconozcan la diversidad de género basado en la autodeterminación [1], la Corte Constitucional de Colombia reconoció en esta sentencia que la identidad binaria de la sociedad obedece a construcciones sociales y jurídicas y que el Estado tiene el deber de abstenerse de crear escenarios que conlleven al desconocimiento los derechos de personas con orientación sexual y/o identidades de género diversas[2].   

El amparo de los derechos a la igualdad, a la dignidad humana, a la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad en relación con la posibilidad de que las personas puedan hacer uso del marcador no binario (NB) en sus documentos de identificación, se constituye como un gran avance en el replanteamiento del binarismo institucionalizado y en la garantía de los derechos y la protección de las diversas identidades de género. 

Raza e Igualdad celebra la decisión tomada por la Corte Constitucional de Colombia y extiende un reconocimiento tanto a Dani como a las organizaciones LGBTI+ y otras organizaciones aliadas que participaron del proceso. Hacemos, además, un llamado a los demás Estados de la región a implementar políticas y programas con enfoque de diversidad, interseccionalidad y de género para promover la garantía de los derechos de las personas no binarias, su aceptación e inclusión social. 

De igual manera, hacemos un llamado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio de Justicia y del Derecho, y al Gobierno Nacional Colombiano, a acatar el fallo de la mano con la sociedad civil, las personas no binarias, grupos y personas expertas en el tema, a fin de buscar alternativas para la implementación concertada y efectiva de las medidas ordenadas por el Alto Tribunal. Al Congreso de la República y a las demás entidades administrativas competentes, recomendamos regular con celeridad los demás ámbitos en los que repercutirá la ampliación de las categorías de identificación, en especial, aquellos relacionados con el acceso a la pensión de vejez, de la prestación del servicio militar, el acceso a servicios médicos y de la asignación de cupos carcelarios, así como a regular el derecho de las infancias y adolescencias no binarias al reconocimiento de su identidad y expresión de género. 

8M – Día Internacional de la Mujer: Reconocer y proteger los liderazgos de las mujeres desde una perspectiva interseccional

Washington D.C., 8 de marzo de 2022.– La lucha de las mujeres por sus derechos ha sido incansable. Aunque Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de democracia, derechos humanos y seguridad, las mujeres se mantienen firmes en el proceso de denunciar las violencias que enfrentan e incidir para lograr cambios estructurales. Este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere llamar la atención sobre la importancia de reconocer y proteger los liderazgos de las mujeres, y que ello se haga a todos los niveles de la sociedad desde una perspectiva interseccional.

Reconocemos que las experiencias de vida de las mujeres están directamente influenciadas por su género, y también por otras características como su raza o etnia, su expresión e identidad de género y el rol que juegan en la sociedad. De esta forma, mujeres defensoras de derechos humanos, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, trans y mujeres periodistas, por mencionar algunas, se enfrentan a situaciones particulares a la hora de ejercer sus liderazgos o sus profesiones, las cuales muchas veces atentan contra su integridad y ponen en riesgo sus vidas.

A continuación, brindamos un panorama sobre los problemas específicos que enfrentan diferentes grupos de mujeres en la región. Al mismo tiempo, mujeres de Nicaragua, Brasil, Colombia, Cuba, Perú y República Dominicana brindan sus perspectivas sobre cómo su activismo y su trabajo profesional se ven marcados por los contextos adversos que prevalecen en sus países.

Defendiendo derechos en una dictadura

Las mujeres han sido sujetas activas y protagónicas en la defensa de los derechos humanos y en la resistencia cívica desde antes del estallido social de Nicaragua, en abril de 2018. En el contexto actual, caracterizado por la violencia sistemática estatal y parapolicial, las mujeres defensoras, activistas y periodistas son blanco de persecución, hostigamiento, asedio, amenazas y privación de libertad. Estos ataques les exponen a riesgos aún mayores por razón de género.

Según registros de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND) y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), desde el inicio de la crisis en abril 2018, al menos 109 mujeres defensoras y activistas han sido detenidas arbitrariamente, y ha habido más de 4,000 agresiones hacia defensoras. Por otro lado, al menos 12 mujeres excarceladas han denunciado haber sido víctimas de algún tipo de violación sexual, entre otras agresiones; y 13 mujeres (5 de ellas adultas mayores) continúan privadas de libertad por motivos políticos y sin atención médica adecuada en los centros de detención.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia, afirma que, históricamente, las mujeres presas políticas han sufrido graves agresiones diferenciadas dentro de los centros de detención. Recuerda que, como presa política de la dictadura somocista, su mayor miedo era que la “trasladaran a la Dirección de Seguridad del Estado de Somoza, donde había un historial de violación sexual a las presas políticas”. Ahora, denuncia que el régimen de Ortega y Murillo a través de “policías perversos” somete a aislamientos, incomunicación, interrogatorios prolongados y otras formas de tortura psicológica y física a las mujeres presas políticas. Cita los casos de Suyén Barahona, Tamara Dávila, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, que tienen casi 9 meses en celdas de aislamiento.

Ana Lucía Álvarez, quien es defensora de derechos humanos y familiar de tres presas políticas, explica que las mujeres defensoras son víctimas de agresiones sexualizadas como tocamientos, desnudos, tortura sexual, desmantelamiento de redes, entre otras. Asimismo, denuncia que “en uno de los juicios de una presa política, la narrativa del fiscal estuvo relacionada a si tenía una pareja, si había tenido relaciones sexuales con tal o cual persona. Estas son narrativas que no aparecen en juicios de hombres presos políticos, pero sí aparecen en juicios de mujeres que están siendo enjuiciadas y criminalizadas”, finaliza.

Luchando y sobreviviendo ante la transfobia

En Brasil, donde las organizaciones de la sociedad civil denuncian constantemente la ola de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, además de ser el país con más asesinatos de personas trans en el mundo, las mujeres trans que ejercen funciones públicas se enfrentan cada día al discurso de odio y a la desprotección del Estado. “En las elecciones de 2020, unas 30 mujeres trans/travestis fueron elegidas y en el ejercicio de sus mandatos sus vidas son amenazadas, lo cual demuestra y justifica que estamos (…) en la disputa del proyecto social”, asegura Ariela Nascimento, mujer trans y asesora parlamentaria de la concejala y también mujer trans, Benny Briolly (Niterói-RJ).

Ludymilla Santiago, lideresa trans desde hace más de 13 años y quien alza su voz por los derechos de las mujeres desde una perspectiva no binaria y de inclusión, señala que el tema de la identidad es muy importante para las mujeres trans y que el discurso sobre ser mujer va mucho más allá de las imposiciones sociales vigentes. “Debemos evolucionar y hacer que esta diversidad esté cada vez más representada para romper la hegemonía patriarcal”, afirma.

Haciendo frente a la violencia y al racismo

El conflicto armado en Colombia—cuyo mayor impacto ha sido en las zonas de poblaciones afrodescendientes—ha afectado de forma diferencial a las mujeres afrodescendientes en el país. Entre las principales afectaciones se encuentra la violencia sexual. De acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas, el 20% del total de mujeres víctimas de violencia sexual, son afrodescendientes. Luz Marina Becerra, representante de La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia La COMADRE, hace énfasis en las brechas de desigualdad, racismo y discriminación a las que se tienen que enfrentar las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, imposibilitando así el goce efectivo de sus derechos.

La COMADRE lleva 5 años solicitando al Estado el cumplimiento de la Resolución No. 2016-244846, por medio de la cual se ordenó su inscripción en el RUV y se reconoció como sujeta étnica de reparación colectiva en los términos del Decreto Ley 4635 de 2011. Sin embargo, luego de 5 años y numerosas solicitudes de comenzar con esta ruta a través de la consulta previa, han recibido la negativa de diferentes instancias del Estado, desconociendo sus derechos fundamentales.

Ejerciendo el periodismo para resistir la censura

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión, Cuba es el país de Latinoamérica con menos garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y, por tanto, de la libertad de prensa. La prensa independiente en la Isla enfrenta constantemente la censura, el hostigamiento y la represión de parte del Gobierno y, en medio de esta realidad, las mujeres periodistas sufren impactos diferenciados.

En el informe “Democracia de papel”, la organización Artículo 19 da cuenta de “agresiones sistemáticas y generalizadas que son implementadas para asfixiar al periodismo”. Detalla que, durante 2019, documentaron que un periodista en promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año, pero en 2020 el promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó hasta ocho veces. Y en el caso de las mujeres, esta situación se agrava, ya que en promedio una periodista fue agredida en ocho ocasiones al año en 2020 y hasta 11 en el primer semestre de 2021.

En reiteradas ocasiones, la periodista María Matienzo ha sido blanco de interrogatorios, asedio y campañas de desprestigio en redes sociales en las que su género y expresión de género son focos de ataque. Ella considera que ejercer el periodismo en un contexto tan adverso no la convierte en una activista, pero está clara de que esta profesión la obliga a cruzar las fronteras de la escritura y termina acompañando a otras mujeres violentadas. “Ojalá decir lo que una piensa en medio de tantas adversidades sea algún tipo de liderazgo porque a veces no nos queda más remedio que disentir si queremos vivir con algo de dignidad”, afirma.

Incidiendo para lograr la igualdad

En Perú, las mujeres lesbianas están uniendo esfuerzos para lograr la adopción de políticas a favor de sus derechos a la igualdad y no discriminación. En la reciente revisión del Comité CEDAW al Estado, una coalición que denominaron #LesbianasCEDAW incidió para que este órgano haga recomendaciones específicas sobre sus derechos, a partir de los principales problemas que enfrentan. Una de sus demandas es fortalecer e implementar la política de educación sexual integral que reconoce a las infancias y adolescencias lesbianas como sujetos de derecho, a fin de prevenir y atender todas las formas de violencia.

Asimismo, exigen que el Congreso de la República modifique el artículo 234 del Código Civil a través de la aprobación de la iniciativa legislativa 525/2021-CR, proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, y que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) aplique el artículo 2050 del Código Civil, que establece el reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero; esto último ante el no reconocimiento de los matrimonios de mujeres lesbianas que se casan fuera del país y de sus hijos.

“En el caso peruano, las lesbianas feministas han contribuido a ampliar el contenido esencial del derecho a la igualdad y no discriminación para incorporar la prohibición de discriminar por orientación sexual e identidad de género. Asimismo, para comprender que las lesbianas y mujeres en general no queremos igualarnos a los hombres, sino que pensamos la igualdad tomando en cuenta las diferencias y el acceso a libertades, derechos, bienes y poder”, asegura María Ysabel Cedano García, lesbiana quechua feminista socialista.

Acompañando a mujeres migrantes discriminadas

En los últimos meses, el Gobierno de República Dominicana ha sido criticado por la aplicación de una medida que consiste en deportar a mujeres haitianas embarazadas. A la fecha, algunos medios de comunicación reportan la deportación de entre 200 y 300 mujeres en esa condición. Esta situación se ha convertido en una nueva causa de lucha para el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA).

En ese sentido, Jenny Morón, del Departamento Legal de dicha organización, comparte que se siente privilegiada por tener la oportunidad de alzar su voz en nombre de otras mujeres migrantes que sufren esta y otros tipos de violencia. “Cuando hablo por las mujeres hablo por mi generación, por mi descendencia, pienso que estoy construyendo una base para que mi hija y nietas vivan en un mundo menos discriminador y más igualitario”, afirma.

Este Día Internacional de la Mujer, desde Raza e Igualdad expresamos nuestra máxima admiración y respeto al trabajo que realizan miles de mujeres por el reconocimiento y garantía de sus derechos. Las seguiremos acompañando. También llamamos a los Estados a adoptar leyes y políticas que protejan su activismo y profesiones en línea con los estándares internacional de los derechos humanos y, además, den respuesta a sus demandas; todo ello teniendo en cuenta que las mujeres son diversas y que sus experiencias de vida están marcadas por sus características y los roles que desempeñan en la sociedad. A los sistemas de derechos humanos, les solicitamos ser protagonistas en el desarrollo de estándares nacionales y regionales de protección de las mujeres, ofrecer asistencia técnica a los Estados para la adopción e implementación de estos, y reconocer las identidades diversas e interseccionales de las mujeres.

Raza e Igualdad celebra el falló de La Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto y hace un llamado a implementar la medida con un enfoque interseccional

Colombia, 23 de Febrero de 2022.- Desde El Instituto Raza e Igualdad, celebramos la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), durante las primeras 24 semanas de gestación, manteniendo las tres causales determinadas en la sentencia C-355 de 2006 para las siguientes semanas. Lo anterior, representa una decisión sin precedentes en la región, pues convierte a Colombia en el país con el mayor número de semanas con la IVE despenalizada en Latinoamérica. Este es un triunfo del movimiento de mujeres, hombres trans, transmasculinidades y personas no binarias asignadas femeninas al nacer (AFAN) en el país, quienes durante más de una década hicieron de forma reiterativa el llamado a la Corte para que tomara una decisión sobre el tema. El fallo fue conocido tras más de 500 días de que la demanda presentada por el movimiento Causa Justa llegara a la Sala Plena y fuera admitida por la Corte.

Esta decisión no ha estado exenta del debate y las críticas, principalmente por los grupos ultraconservadores que aseguraron oponerse a la IVE bajo cualquier causal, así como de integrantes del Gobierno Nacional, incluidos el Presidente de la República Iván Duque, quien rechazó la decisión de la Corte. En su fallo, la Corte señala que esta medida va dirigida principalmente a mujeres y personas gestantes que descubren de forma tardía que se encuentran en estado de gestación, así como para quienes viven en regiones apartadas y se les dificulta acceder a servicios de salud; quienes desconocen el procedimiento y/o aquellas que se encuentran con barreras económicas, sociales y culturales para acceder al procedimiento. 

 En el año 2020, Raza e Igualdad, Afrodes e ILEX, enviaron un Amicus a la Corte Constitucional dando su valoración jurídica sobre el tema e invitando a la Corte a incluir una perspectiva interseccional a la hora de contemplar medidas de acceso a la IVE. 

La discusión sobre el aborto y el acceso a derechos sexuales y reproductivos (DSR) en Colombia, evidencia un significativo vacío en el conocimiento y la comprensión de los impactos del racismo, el cisexismo, heterosexismo y otros sistemas de discriminación, en torno a la conceptualización y abordaje de estos temas. Este ejercicio castiga de manera desproporcionada a las personas más vulnerables y ayuda a la perpetuación de imaginarios normativos acerca de las capacidades y deseos reproductivos de personas trans y no binarias y de mujeres afro. 

Las metáforas del cuerpo equivocado, la disforia de género, la renuncia “voluntaria” a la capacidad de procrear para acceder a otros derechos y la “cisheterosexualidad”, reducen a las personas trans a una población estéril, sin la capacidad o la voluntad de reproducirse. Por otro lado, la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres afro, a quienes se les representa como fértiles, dotadas de sexo, vinculadas a la apropiación y al relacionamiento plenamente sexual para satisfacer los deseos del hombre, ha conllevado a que sean coartadas del control de sus cuerpos y a que la IVE y los DSR se conviertan en un tabú dentro de las comunidades afro.  

Estos vacíos en el análisis conllevan a que tanto personas trans y personas no binarias como las mujeres afro enfrenten barreras adicionales al momento de optar por un aborto o al hablar de DSR. En Buenaventura (Valle del Cauca), se encontró que entre 2017 y 2018, las mujeres afro se enfrentaron a: pensar que cometían un delito, rechazo social, barreras socio económicas, objeción de conciencia, estigma y desconocimiento por parte del personal médico. En un estudio de 2021, se concluyó que el desconocimiento que existe entre las personas trans y no binarias sobre las causales en las que se encuentra despenalizado el aborto, las rutas de acceso y los lugares en los que se prestan servicios de aborto seguro, les exponen a procedimientos inseguros para sus vidas. 

Adicionalmente, la falta de cifras oficiales y la desconfianza que existe hacia los servicios de salud profundizan este desconocimiento y generan dificultades en el acceso a la información para ambos grupos poblacionales. 

Por otro lado, la atención destinada de manera prioritaria a iniciativas por la despenalización del aborto, que entienden la identidad “mujer” como único factor relevante para la definición de los sujetos y sujetas de estos derechos, así como la falta de espacios para el intercambio de experiencias y reflexiones acerca de estas problemáticas, refuerza estas dificultades. 

Raza e Igualdad invita al Estado Colombiano y a la sociedad civil a pensarse en espacios de diálogo e implementación integral de la medida, con una perspectiva interseccional que tenga en cuenta las experiencias de vida de mujeres afro, hombres trans, transmasculinidades y personas no binarias AFAN. De igual manera, invita a la sociedad civil a reforzar el monitoreo de la implementación de esta sentencia con el propósito de que se garantice el acceso oportuno y seguro a la IVE en todas las situaciones y territorios del Estado. 

Colombia: Raza e Igualdad alerta sobre el recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos al iniciar el 2022

Colombia, 21 de enero de 2022. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza los asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, así como el aumento de la violencia armada en los territorios de comunidades étnicas. Esta situación se ha visto exacerbada en las primeras semanas del 2022 y  le ha costado la vida a seis líderes sociales, incluido un niño indígena defensor del medio ambiente.[1]

Hasta este 19 de enero, organizaciones que monitorean y registran la situación en los territorios habían registrado graves violaciones a los derechos humanos en diferentes partes del país.[2] La violencia a manos de grupos armados se ha incrementado, dejando un impacto desproporcionado en las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, especialmente en territorios con gran presencia de comunidades afrocolombianas e indígenas. Por ejemplo, en Arauca—al Este del país—se están presentando fuertes enfrentamientos entre diferentes grupos armados[3], con un saldo preliminar de 27 personas asesinadas, 57 familias víctimas de desplazamiento, 50 personas desaparecidas y 2,000 personas en riesgo.[4] Además, durante el 2022 ya se han registrado 10 masacres en acciones de control territorial y “limpieza social”.[5]

En este contexto, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en Colombia se sigue exacerbando. Para la fecha, se reportan 9 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en el país. El 10 de enero fue asesinado Nilson Antonio Velasquez Gil, líder social, en Medio San Juan, Chocó,[6] el 14 de enero de 2022 fueron asesinados Guillermo Chicana[7] y Breiner David Cucuñame López,[8] lideres indígena y ambientalistas, en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Por otra parte, el 17 de enero de 2022 fueron asesinados 4 líderes sociales: Miguel Carrillo, líder social, cultor y artesano, en Arauquita, Arauca,[9]Luz Marina Arteaga Henao lideresa campesina, médica y reclamante de tierras, en Orocué, Casanare,[10]  Mario Jonathan Palomino Salcedo, profesor y líder social en El Carmen de Viboral, Antioquia[11],  y Wilson Costez Molano líder de Puerto Guzmán, Putumayo.[12] El 19 de enero del presente año fue asesinado José Avelino Pérez Ortiz, líder social en Arauca, Arauca; por último 20 de enero fue asesinado Libardo Castillo Ortiz, líder del consejo comunitario en la vereda San Miguel de Ñambi del municipio de Barbacoas, Nariño;[13] completando un total de 9 líderes y lideresas sociales asesinados en los primeros 20 días del 2022.[14]

Cabe resaltar que, según las cifras del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, el 2021 cerró con 168 líderes y lideresas sociales asesinados,[15] entre ellos el joven afrocolombiano Esnaider Javier Castillo Ortíz, quien era integrante de la Fundación Arcoíris. Esnaider fue asesinado el 27 de diciembre de 2021 en Barbacoas, Nariño, y era un reconocido líder cultural de la zona.[16]

En este 2022 vemos cómo se continúan agudizando los patrones de violencia sistemática contra personas defensoras y liderazgos sociales, que impactan de manera desproporcionada a las personas indígenas y afrocolombianas.

Raza e Igualdad expresa su preocupación por la situación escalonada de violencia y rechaza los asesinados de personas defensoras y liderazgos sociales. Ante este aumento de las violaciones de derechos humanos, resulta necesario adoptar medidas urgentes para garantizar la protección y seguridad en los territorios afectados por el conflicto armado. Desde el Instituto, llamamos la atención sobre el trabajo que realiza la Unidad Nacional de Protección, reiterando la necesidad de adoptar medidas de protección adecuadas, integrales, efectivas y con enfoques diferenciales que permitan responder a las situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras en los territorios del país.

En este sentido, el Estado colombiano debe responder a las necesidades de protección garantizando trámites ágiles y sin demoras injustificadas, con evaluaciones de riesgo que no sean revictimizantes y que respondan a la realidad de los territorios desde los enfoques diferenciales. Por consiguiente, instamos al Gobierno colombiano a que adopte medidas integrales para abordar la situación de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, y hacemos un llamado a las organizaciones internacionales para que realicen seguimiento y emitan recomendaciones para la verdadera garantía de los derechos humanos en Colombia.

 

 

[1] DIARIO VEA     http://diariovea.com.ve/horroroso-ya-son-6-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-en-2022/

[2] El Espectador (2022 20 de enero) https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/en-apenas-55-horas-asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-arauca/

[3] Mesa, Jesús (2022, 14 de enero). El Espectador le explica: la situación de orden público que se vive en Arauca. El Espectador.

[4] INDEPAZ (2022, 8 de enero). La violencia en Arauca es mucho más que choques entre grupos armados. Indepaz.org.co.

[5] INDEPAZ. Masacres ocurridas en Colombia en 2022. Cfr. Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz. Masacres en Colombia durante el 2020, 2021 y 2022.

[6] INFOBAE (2022, 18 de enero)  https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/18/alerta-en-choco-conflicto-entre-eln-y-clan-del-golfo-ha-desplazado-a-mas-de-1500-personas/

[7] El Colombiano (2022, 14 de enero). Denuncian el asesinato de líder indígena en Buenos Aires, Cauca.

[8] El Colombiano (2022, 15 de enero). Disidentes asesinan a Breiner David, joven de la guardia indígena en Cauca.

[9] INDEPAZ (2022, 17 de enero). Con Miguel Carrillo sería 03 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2022 y 1289 desde la firma del Acuerdo de Paz.

[10]El Tiempo (2022, 18 enero) https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hallan-cuerpo-de-luz-marina-arteaga-lider-social-asesinada-en-casanare-645615

[11] Caracol Radio /2022, 19 de enero) https://caracol.com.co/emisora/2022/01/19/medellin/1642563158_680218.html

[12]Tele sur (2022 20 de enero) https://www.telesurtv.net/news/colombia-putumayo-septimo-lider-social-asesinado-20220120-0002.html

[13] Indepaz https://twitter.com/Indepaz/status/1484319294825533442

[14]Indepaz   https://twitter.com/Indepaz/status/1484141878920552452

[15] INDEPAZ OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTIVIDADES

 https://indepaz.org.co/observatorio-de-derechos-humanos-y-conflictividades/

[16] El Tiempo (29 de diciembre 2021) https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/esnaider-javier-castillo-luto-en-el-pacifico-por-su-asesinato-641740

Raza e Igualdad y Organizaciones Aliadas entregaron a la JEP el informe “¡Contar para vivir!: Crímenes de persecución por prejuicio cometidos contra personas Afro-LGBT en el conflicto armado colombiano”

Colombia, 29 de diciembre de 2021. El Instituto  Raza e Igualdad, la Corporación Caribe Afirmativo, la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) y la Fundación Afrocolombiana Arco Iris de Tumaco hicieron entrega presencial el pasado martes 14 de diciembre de 2021 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de su informe “¡Contar para vivir!: Crímenes de persecución por prejuicio cometidos contra personas Afro-LGBT en el conflicto armado colombiano” que recopila las experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano.

Este informe presenta casos graves y representativos de violencias contra personas que se autoidentifican como lesbianas, gais, bisexuales y trans y que se autoreconocen como afrodescendientes, negras, palenqueras y/o raizales víctimas del conflicto armado que ilustran un patrón de criminalidad que configura el crimen de lesa humanidad de persecución por prejuicios relacionados con la OSIGEG de las víctimas y su pertenencia étnico-racial afrodescendiente perpetrados por las FARC-EP y los paramilitares en el Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano.

Este informe plantea que el patrón de criminalidad, que integra conductas asociadas a violencia sexual, homicidios/feminicidios y amenazas/desplazamientos forzados, se deriva de la “transgresión” que representaban las personas Afro-LGBT a los roles de género asociados a una “feminidad” y una “masculinidad” afrodescendientes hipersexualizadas, la cual fue percibida por los grupos armados como una afrenta a los proyectos territoriales de orden social y moral que buscaban imponer sobre las poblaciones afrodescendientes, fundamentado en prejuicios racistas, misóginos y LGBTIfóbicos que eran compartidos socialmente y permitieron a los grupos armados fortalecer su control territorial y ganar legitimidad social.

Ante la continuidad de un escenario de impunidad y la imposibilidad de las víctimas Afro-LGBT de acceder a la justicia por la poca o nula presencia de instancias de atención y acompañamiento estatal, el miedo a los perpetradores, el miedo a la revictimización, la presencia de prejuicios relacionados con la OSIGEG en funcionarios/as públicos/as, la naturalización y legitimación de las violencias en su contra, la complicidad social frente a las violencias en su contra, y las condiciones de vulnerabilidad que se encuentran, las organizaciones que conjuntamente trabajaron en este documento, solicitaron a la JEP continuar y redoblar sus esfuerzos por esclarecer los crímenes de persecución por prejuicios relacionados con las OSIGEG de las víctimas desde una perspectiva interseccional que tenga en cuenta también la clase social, la raza, etnia, entre otros factores.

Durante el evento, que contó con la participación de  Sandra “Sami” Arizabaleta, de Somos Identidad, Angie Hinestroza, abogada del equipo de Paz y Conflicto de Caribe Afirmativo, Johanna Calderón de Caribe Afirmativo y Laura Poveda, Consultora para temas LGBTI de Raza e Igualdad en Colombia, en entrega presencial, las organizaciones y las víctimas entregaron su informe en el que reconocieron la importancia de alzar su voz y reiteraron su compromiso con la paz de Colombia y la labor de la JEP.

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