Organizaciones afrocolombianas solicitan a la CIDH urgir al Gobierno adoptar una ruta de reparación colectiva étnica con enfoque de género para mujeres negras víctimas del conflicto armado e implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz

Organizaciones afrocolombianas solicitan a la CIDH urgir al Gobierno adoptar una ruta de reparación colectiva étnica con enfoque de género para mujeres negras víctimas del conflicto armado e implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz

Colombia, 17 de diciembre de 2021. Las organizaciones sociales defensoras de los derechos de la población afrodescendiente Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (LA COMADRE), Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) e Ilex Acción Jurídica, en compañía del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acciones inmediatas para abordar la grave situación de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas, haciendo énfasis en los derechos de las mujeres negras víctimas de violencia sexual y desplazamiento forzado.

La petición, que también hacen organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la  Pastoral Afrocolombiana y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), siendo más de 18 organizaciones, se hizo en el marco del 182° Período de Sesiones Virtual de la Comisión. Las organizaciones buscan que  se  implementen estrategias para poner fin a la grave situación de violación a los derechos humanos de las comunidades negras del Pacífico y se garantice el acceso a la reparación colectiva étnica con enfoque de género para mujeres negras víctimas del conflicto armado en Colombia. 

De acuerdo con las organizaciones solicitantes, la situación de derechos humanos de las comunidades afrodescendientes han devenido en una crisis humanitaria sin precedentes y en la negación del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por ello, solicitan una atención integral urgente e impostergable. “Se trata de una violación masiva, sistemática y persistente de los derechos humanos de impacto desproporcionado en la población afrocolombiana, que no tiene precedentes continentales y que representa uno de los contextos de violencia más críticos a nivel mundial. De allí la relevancia de que la CIDH pueda conocer de primera mano, desde la voz de nuestras organizaciones, la situación actual y la identificación de los patrones y dinámicas conflictivas generalizadas”, expresaron las organizaciones. 

De igual forma, las peticionarias señalaron que pese a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales que han exhortado al Gobierno colombiano a diseñar y adoptar medidas que contemplen las particularidades y necesidades específicas de las mujeres negras, las barreras continúan acentuándose debido a que las autoridades judiciales no le dan una dimensión adecuada a la problemática de la violencia contra las mujeres.

En este sentido, el contexto de negación de derechos ha traído como consecuencia una crisis humanitaria generalizada para la  población negra, provocada por la ocurrencia, aumento y proliferación de patrones de violencia en sus territorios, que incluyen actos de amenazas, hostigamiento e intimidaciones, masivos desplazamientos forzados, confinamientos prolongados, asesinatos de líderes y lideresas sociales, entre otros, por parte de actores armados involucrados en el conflicto armado interno.

La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFR), el Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF) y el Comité Cívico por la Dignidad del Departamento del Chocó, junto a las demás organizaciones solicitantes, señalaron que  todo esto ha ocurrido como consecuencia de la no implementación por parte del Estado del Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito por el Gobierno nacional y la antigua  guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las organizaciones solicitantes instaron al Estado a garantizar la reparación colectiva de La COMADRE– organización que agrupa a mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado– y con ello, sus derechos a la autodeterminación y a la consulta previa; con enfoques diferenciales étnico y de género para lograr la transformación progresiva de las condiciones de desigualdad y de despojo del territorio en que se encuentran.

Día de los Derechos Humanos: Redoblar esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos humanos en tiempos de autoritarismos y discursos de odio

Washington D.C., 10 de diciembre de 2021.– Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de derechos humanos. El ejercicio arbitrario del poder y el discurso de odio que se cuela en diferentes esferas de la sociedad, han dado paso a un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, donde grupos poblaciones como las personas afrodescendientes, indígenas, LGBTI+, mujeres, defensoras de derechos humanos y aquellas que disienten con el poder, enfrentan consecuencias y riesgos particulares.

Este 10 de diciembre, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de la comunidad internacional y de la sociedad en general sobre situaciones que persisten y se exacerban en varios países de América Latina y el Caribe, y sobre las cuales urge emprender acciones conjuntas para detener las acciones represivas que menoscaban los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida.

Racismo sistémico

En Colombia, la respuesta de la Fuerza Pública a las manifestaciones del Paro Nacional—iniciado el 28 de abril—ha impactado de forma diferencial a la población afrodescendiente y Afro-LGBTI+. Raza e Igualdad y las organizaciones CODHES, Comisión por la Vida y Mesa Humanitaria, registraron 108 homicidios hasta el 8 de julio de 2021, de los cuales 39 fueron contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%.

Luego de su visita el pasado 8 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de Observaciones y Recomendaciones, en el cual expresa su preocupación por el perfilamiento racial, discursos estigmatizantes y la violencia policial, y se refirió a la violencia de género que viven diferencialmente las mujeres afrodescendientes.

Sin embargo, el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y no ha reconocido las recomendaciones formuladas por la CIDH, cuestionando la procedencia del contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas porque no coinciden con las institucionales. Respecto al racismo sistémico y la violencia racista, las autoridades han argumentado que el Estado cuenta con normatividad contra actos discriminatorios, desconociendo que el marco normativo existente es insuficiente para combatir de manera efectiva esta problemática en Colombia.

Violencia política

Brasil vive un momento de intensificación de las tensiones políticas, con una amenaza constante e intensa contra las candidaturas de las mujeres negras y LBTI+, que son blanco de la violencia política que se ha extendido por todo el país. La violencia política es un fenómeno que compromete y elimina no solo la vida e integridad de las personas, sino también el ejercicio de los derechos políticos de comunidades enteras, que están representadas por estas mujeres que, en general, tienen vastas trayectorias como defensoras de los derechos humanos.

En 2021, Raza e Igualdad con las organizaciones Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), Criola, Tierra de Derechos, Instituto Marielle Franco, Justicia Global y la Red Nacional de Negros y Negros LBGT (Rede Afro LGBT), tuvieron una Audiencia ante la CIDH para denunciar la situación de los derechos políticos de las concejalas negras (cis y trans) en Brasil.  En la audiencia, celebrada en abril de 2021, se entregaron recomendaciones a la CIDH para garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del ámbito político del país.

Prisión por motivos políticos

En las cárceles de Nicaragua, ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se encuentran privados de libertad por ejercer su derecho a defender derechos humanos, participar en protestas sociales, hacer público su deseo de candidatearse a la Presidencia de Nicaragua y/o manifestar su descontento hacia el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en redes sociales u otras plataformas.

Según el más reciente boletín del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, publicado en octubre de 2021, desde el inicio de las crisis sociopolítica en abril de 2018, el Estado de Nicaragua ha detenido arbitrariamente a más de 1614 personas y 149 de estas continúan bajo arresto. Lamentablemente, esta cifra ascendió en los días previos, durante y posteriores a las votaciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre, sin garantías de libertad, justicia, transparencia, ni legitimidad democrática.

Cabe destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado de Nicaragua en desacato, tras el incumplimiento de la orden de liberación de 21 personas identificadas como opositoras, así como otras medidas indispensables para salvaguardar derechos humanos en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros.

Represión contra la sociedad civil y prensa independiente

El 2021 ha sido determinante en la situación de represión que enfrenta la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba, sobre todo a raíz de las históricas protestas del 11 de julio. El 8 de diciembre recién pasado, la organización Cubalex publicó un reporte sobre detenciones arbitrarias en el marco de dichas manifestaciones, el cual señala que 1,306 personas fueron privadas de libertad ese día y posteriormente, y de esas, 703 continúan en prisión. Entre las personas detenidas se encuentran activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

A ello se suma la intensa represión que desató el Gobierno desde el pasado 20 de septiembre, cuando la sociedad civil convocó a la Marcha Cívica por el Cambio. Desde esa fecha se registraron interrogatorios, allanamientos, detenciones arbitrarias, asedio policial, agresiones y campañas de difamación, entre otras acciones por las que finalmente no se llevó a cabo la manifestación el 15 de noviembre. Ese día, además, las autoridades recurrieron a la retención domiciliar para evitar que las personas se sumaran a la Marcha y, en muchos casos, hubo cortes en el servicio de Internet.

Pese a que el Gobierno de Cuba ha recibido numerosos llamados de la comunidad internacional para garantizar y respetar los derechos humanos de la población, como los derechos de reunión y asociación pacíficas y de libertad de expresión, las autoridades no han adoptado ninguna medida en ese sentido y, al contrario, el contexto parece empeorar cada vez más, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica.

Discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género

El no reconocimiento de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, genera en la región un preocupante ambiente de discriminación y violencia contra las personas LGBTI+. Este 2021, Latinoamérica continuó siendo la región con más asesinatos de personas trans en el mundo, pues de 375 registrados a nivel global, 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. La plataforma Sin Violencia LGBTI, un sistema de información sobre violencia contra la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe, documentó más de 600 personas LGBTI fueron asesinada entre 2019 y 2020.

A pesar de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones LGBTI+ mantienen su lucha por el respeto y garantía de sus derechos. En Perú, por ejemplo, la comunidad de personas trans se mantiene firme en su demanda de una Ley de Identidad de Género que contribuya, en primer lugar, al reconocimiento de sus identidades y, por consiguiente, a garantizarles acceso e igualdad en las diferentes esferas de la sociedad.

En República Dominicana, organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI+ han intensificado su incidencia, luego de que la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobara el pasado 30 de junio una reforma al Código Penal que excluye la orientación sexual como causal de discriminación. De hecho, la lucha también es para que la identidad de género sea incluida entre las causales de discriminación.

Promoción de la igualdad

El 2 de septiembre, lanzó la campaña “Hacia una región libre de discriminación racial”, la cual se extenderá hasta el año 2024 y busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Raza e Igualdad considera que la ratificación e implementación de la CIRDI es esencial para el avance en la visibilización y reconocimiento de las opresiones sistémicas que existen en el hemisferio en contra de las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos y minorías raciales. Asimismo, cree que esta Convención representa un eje clave para que los Estados de la región cumplan su obligación de promover condiciones equitativas, igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.

Hasta la fecha, la campaña ha sido presentada en Colombia y Uruguay, y este 10 de diciembre le toca el turno a Brasil. En el caso de Colombia, se está haciendo incidencia ante el Estado para promover la ratificación de la CIRDI, mientras que en Uruguay y Brasil se están elaborando y ejecutando acciones para garantizar la efectiva implementación de la Convención.

Raza e Igualdad espera que este Día de los Derechos Humanos contribuya a visibilizar estas y otras situaciones preocupantes existentes en la región, y que, a partir de ahí, se junten voluntades de diferentes sectores para impulsar cambios por una sociedad más democrática, justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con activistas y organizaciones locales en la promoción y defensa de estos derechos fundamentales.

5 años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia

Este 24 de noviembre se conmemora el quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP). Aunque el Acuerdo ha permitido algunos avances importantes para el reconocimiento y la participación de las víctimas, y la inclusión de un enfoque diferencial para el acceso a la justicia, verdad, reparación y no repetición, la falta de compromiso en su implementación y el recrudecimiento de la violencia generada por los grupos armados ilegales, han puesto al país en un terrible momento en términos de violencia a nivel nacional.  

Recrudecimiento de la violencia  

Según cifras del Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y Paz, del Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante 2021 han sido asesinados 155 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos asesinados y 1,270 desde la firma del Acuerdo. Esto sumado a las 88 masacres que se han presentado en el país en lo que va del presente año.  

Mecanismos de protección en el Acuerdo de Paz 

Debe resaltarse que en el marco de las acciones establecidas en el Acuerdo Final se acordaron mecanismos para proteger a los líderes y lideresas, tanto en el Punto 2 (Participación Política: apertura democrática para construir la paz), Punto 3 (Fin del Conflicto), así como en el Punto 5 del Acuerdo, dedicado al tema de Víctimas del Conflicto. 

En el Punto 2, se estableció el deber de adoptar “medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad”. Sin embargo, en el plan marco de implementación, así como en las medidas que ha ido adoptando el Gobierno Nacional, no se evidencian medidas que permitan la protección en clave de seguridad. 

Este componente de garantías de seguridad se vuelve un aspecto muy importante, sobre todo cuando el conflicto se mantiene en los territorios que fueron abandonados por las FARC – EP y en los que no se logró presencia por parte del Estado. Ahora más, cuando las 16 curules de las circunscripciones especiales de paz se encuentran en campaña, lo que exacerba los riesgos en los territorios priorizados para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que históricamente han sido escenarios de conflicto y fuerte presencia de grupos armados ilegales. 

Según las cifras de la Agencia Nacional de Renovación del Territorio, (encargada de materializar los PDET), el 25% de las zonas focalizadas para dichos planes tienen presencia de grupos étnicos, lo que representa un interés importante en la garantía de seguridad para la participación política en estos territorios, puesto que esa actividad puede generar riesgos en los líderes y lideresas miembros de comunidades negras que iniciarán la campaña electoral. 

Por otra parte, en el Punto 3 del Acuerdo se instituyeron las “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos (…)” y el Gobierno Nacional se comprometió a crear la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad mediante el Decreto Ley 154 de 2017; no obstante, en dicha conformación no se ha evidenciado la manera en la que se incluirá el enfoque étnico/diferencial, acorde a las necesidades específicas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

La falta de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz ha generado un incremento en patrones de violencia como el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes y lideresas sociales y violencia sexual contra las mujeres afrocolombianas, principalmente en los territorios con mayor existencia de comunidades afrodescendientes, como el Pacifico colombiano. Según el informe de Masacres en Colombia  de Indepaz, entre enero del 2020 y septiembre del 2021 se ejecutaron 27 masacres en la región pacífica.  

Violencia hacia población Afro-LGBT 

Los grupos armados legales e ilegales persiguieron y ejercieron formas diferenciadas de violencias por prejuicios contra las personas Afro-LGBT, en razón de su pertenencia étnica afrodescendiente y su orientación sexual, identidad y/o expresión de género (OSIGEG) real o percibida. Esta violencia se dio de forma sistemática y con fines estratégicos y se basó en prejuicios racistas, misóginos y LGBTfóbicos preexistentes en las sociedades en las que estas agrupaciones centraron su actuar, los cuales se exacerbaron atendiendo a las dinámicas de la guerra y las condiciones de pobreza que se vivía en las regiones. 

Lamentablemente, estos hechos de violencia continúan hasta el día de hoy. Sumado al recrudecimiento de la violencia después de la firma del Acuerdo en territorios en su mayoría afrodescendientes, la invisibilidad de las personas Afro-LGBT y la impunidad en los hechos de discriminación y agresión en su contra limitan su acceso a garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. Las víctimas Afro-LGBT se encuentran en medio de un continuum de violencias que persiste en el posconflicto.  

Para septiembre de 2021, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, había 4,251[1] víctimas únicas autorreconocidas como LGBT[2] siendo los departamentos en donde han ocurrido el mayor número de eventos asociados a afectaciones de población LGBT Antioquia, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Chocó, departamentos en los que más presencia de personas afro se reporta en el país[3]. Si bien en la página puede hacerse el cruce de datos de las víctimas de cada departamento con respecto a su pertenencia étnico-racial y su autoreconocimiento como una persona LGBTI, teniendo como resultado un total de 660 víctimas Afro-LGBT en todo el país[4], la metodología de recopilación y presentación de datos abiertos no es clara frente al manejo de algunas variables de análisis, como la inclusión de una categoría adicional a LGBTI que se refiere a víctima “intersexual”. Además, en el caso de las personas LGBT hay un enorme subregistro de la violencia, motivado por prejuicios y la implementación de metodologías que no facilitan en terreno el autorreconocimiento[5].  

La implementación de los Acuerdos de Paz posibilita la oportunidad de que garanticen integralmente los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas desde una perspectiva interseccional y para aportar a la visibilidad y al reconocimiento de las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado colombiano. 

Frente a este panorama, la interseccionalidad, como categoría de análisis y enfoque teórico, es una herramienta clave que debe ser aplicada de forma transversal a los componentes de estándares internacionales en materia de transiciones de conflicto armado a tiempos de paz (es decir, verdad, justicia, reparación y no repetición), para así materializar realmente una paz estable y duradera. 

Raza e Igualdad recomienda al Estado Colombiano reforzar sus esfuerzos para la implementación del Acuerdo de Paz, en especial frente a las problemáticas aquí señaladas. A mecanismos nacionales e internacionales, así como a iniciativas estatales y de la sociedad civil para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, recomendamos la recopilación de datos y cifras desagregadas por orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnico-racial, entre otros factores que permitan contar con información más precisa sobre el acceso a derechos de las víctimas desde un enfoque interseccional, en especial víctimas Afro-LGBT. De igual manera, celebra y reconoce los esfuerzos adelantados por el Sistema Integral para la Paz para garantizar los derechos de las víctimas desde un enfoque diferencial y recomienda a las instituciones que lo conforman seguir articulando acciones conjuntas para brindar una reparación integral a las víctimas, en especial las víctimas Afro y Afro-LGBT.  

[1] Al respecto ver la base de datos del RUV: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 con corte al 30 de septiembre de 2021 

[2] Estas cifras siguen reflejando también las debilidades y omisiones del Estado para contar con información real sobre los impactos del conflicto armado en la vida de las personas LGBTI, teniendo en cuenta que asumirse como LGBTI ante el Registro Único de Víctimas significó un gran número de retos y dificultades para las personas, como riesgos para su vida y prejuicios ejercidos por parte de funcionariado público. Sobre el tema puede verse Caribe Afirmativo (2015). Des-amar sexualidades. Aplicación de la Ley de Víctimas en el Caribe colombiano. Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/docs/Des-armar-Sexualidades–Personas-LGBTI-y-Aplicacion-de-la-Ley-de-Victimas-en-el-Caribe-Colombiano.pdf      

[3] De acuerdo a cifras de distribución geográfica de la población afrodescendiente del DANE en el 2018, disponibles en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-poblacion-NARP-2019.pdf   

[4] Al respecto ver la base de datos del RUV: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 con corte al 30 de septiembre de 2021 

[5] Caribe Afirmativo (2015). Des-armar sexualidades. Personas LGBTI y aplicación de la Ley de Víctimas en el Caribe colombiano. Barranquilla: Caribe Afirmativo. https://caribeafirmativo.lgbt/docs/Des-armar-Sexualidades–Personas-LGBTI-y-Aplicacion-de-la-Ley-de-Victimas-en-el-Caribe-Colombiano.pdf 

 

Día Internacional de la Memorias Trans: Llamado urgente a combatir la transfobia en Latinoamérica

Washington D.C., 20 de noviembre de 2021.– Al conmemorar un año más el Día Internacional de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de los Estados y la comunidad internacional hacia las escalofriantes cifras de asesinatos de personas trans en las Américas, una realidad que—una vez más—coloca a la región en las listas más desafortunadas sobre homicidios a nivel mundial. Al mismo tiempo, Raza e Igualdad quiere exhortar a los Gobiernos para que la situación de violencia y discriminación en contra de las personas género-diversas sea puesta entre sus prioridades y adopten acciones urgentes y efectivas para combatir la transfobia.

El pasado 11 de noviembre, el proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), de TGEU, publicó un informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés), el cual es dado a conocer cada año en vísperas del 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans. Según los datos, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 hubo 375 asesinatos de personas trans en todo el mundo, de los cuales 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. A nivel global, el total representa un incremento del 7% respecto al informe anterior (Octubre 2019 – Septiembre 2020).

Tragedia transfóbica

En Latinoamérica, Brasil sigue siendo el país donde se registran más asesinatos de personas trans, seguido por México (65), Honduras (53) y Colombia (25)*. Respecto a las cifras mundiales, el informe del TMM destaca que el 96% de las personas asesinadas eran mujeres trans o personas trans femeninas, y que el 58% de las personas trans asesinadas cuya profesión se conocía eran trabajadoras sexuales. Este es un patrón muy fácil de corroborar en la región a través de las denuncias que hacen organizaciones LGBTI+.

“Los datos indican una tendencia preocupante en lo referente a las intersecciones entre misoginia, racismo, xenofobia y el odio hacia las trabajadoras sexuales, siendo la mayoría de las víctimas mujeres trans negras y de color, migrantes y trabajadoras sexuales”, alerta el TMM, que además advierte que estos números son sólo una pequeña muestra de la realidad, puesto que muchos asesinatos siguen sin reportarse, o son erróneamente identificados.

Vidas arrebatadas

Brasil, que tiene el 41% de los asesinatos de personas trans en el mundo, conmemora junto al Día Internacional de la Memoria Trans el Día Nacional de la Conciencia Negra. Por tanto, el 20 de noviembre representa entre las organizaciones de derechos humanos en el país, especialmente las que trabajan en la defensa de la población trans y de la población negra, una fecha para homenajear y visibilizar a ambas poblaciones, que coinciden en la intersección de sus vulnerabilidades en medio de una sociedad transfóbica y racista.

El país inició el 2021 con el brutal asesinato de una adolescente trans. La madrugada del 4 de enero, Keron Ravach fue asesinada a cuchilladas y golpes por un joven de 17 años que fue identificado como el autor del crimen de odio y fue detenido. La joven, que atravesaba un proceso de transición de género, fue definida por sus amigos como una persona tímida, pero que al mismo tiempo soñaba con ser una influencer digital. De acuerdo con el informe del TMM, la edad promedio de las personas trans asesinadas en el último año es de 30 años, siendo Keron la más joven de todas las víctimas, con solo 13 años.

Indolencia e impunidad

En la mayoría de los casos de personas trans asesinadas existen antecedentes de violencia y amenazas, pero estos son ignorados por las autoridades o no son atendidos oportunamente; por tanto, cuando ocurre el asesinato, no se cuenta con insumos suficientes para identificar a la persona o personas responsables. Esta es una denuncia que frecuentemente realizan organizaciones que promueven y defienden los derechos de la población LGBTI+ y que se vio manifestada en el asesinato de Gina Rodríguez Sinuiri el pasado 21 de septiembre, en el Callao, Perú.

Gina, de 28 años, recibió varias puñaladas en una habitación que rentaba en un hotel de la ciudad, y aunque fue trasladada a un hospital, falleció 18 horas después. El sospechoso es un hombre que solicitaba regularmente servicios de trabajadoras sexuales trans y las contactaba a través de sus redes sociales haciendo uso de distintos nombres. Según sus compañeras, no era la primera vez que el hombre contactaba a Gina. Además, la Agencia Presentes—que se encarga de visibilizar la situación de la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe—recogió declaraciones de compañeras de Gina, en las que señalaron que en varias ocasiones se han acercado a la Policía Nacional del Perú para denunciar actos de violencia en contra de ellas, pero siempre las ignoran.

A la indolencia de las autoridades, se suma el hecho que Perú no cuenta con una Ley de Identidad de Género, por lo que las personas trans no pueden realizar gestiones con su nombre identitario, y esto las expone a discriminación y burlas en varios sectores de la sociedad. “Nosotras denunciamos ante las autoridades y policías pero no nos hacen caso, y eso es lo que más frustración y cólera nos da. Nosotras tenemos familia, somos seres humanos que tenemos sentimientos. Cada vez que hacemos una denuncia, al darnos la media vuelta, lo archivan. Lo peor es que se ríen y nos botan”, dijo en esa ocasión una compañera de Gina.

Morir en la invisibilidad

Aunque los asesinatos de personas trans son invisibilizados en general, al abordar esta problemática se suele hacer referencia solamente en mujeres trans, debido a que las estadísticas muestran que son las principales víctimas, lo cual, sin duda, es una realidad. Sin embargo, los hombres trans también están en el foco de la violencia y discriminación por transfobia y, al igual que en el caso de las mujeres trans, esta se puede tornar mortal para ellos. Un ejemplo de ello es el caso de Samuel Edmund Damian Valentin, un joven transgénero que fue asesinado a tiros el 9 de enero en Trujillo Alto, Puerto Rico.

Samuel Edmund era estudiante en el Atlantic University College, en Guaynabo, y el primero de enero había escrito en su página de Facebook: “un nuevo año por venir, agradecido por todas las experiencias que [me enseñaron] lo fuertes que somos realmente, a la vida, al bien y al mal y por toda la justicia que está por venir”.

“Sobre los hombres trans y la invisibilización en la esfera pública, la verdad es que es la violencia que más sufrimos. La vida cotidiana está pensada para los hombres cis género; no se nos puede garantizar temas de salud pública de manera digna y eficiente para nosotros. Es importante que nombren nuestras identidades, que hombres trans o personas transmasculinas se embarazan. Lo que no se nombra no existe. Si existimos en los espacios, existamos en la palabra”, refiere al respecto Danilo Donato, activista transmasculino e integrante de la Fundación GAAT, de Colombia. Según el registro de esta organización sobre muerte de personas trans, en lo que va de este 2021 en el país han sido asesinadas 32 hasta la fecha, mientras que 8 han fallecido por complicaciones derivadas por cirugías e intervenciones artesanales y de barreras de acceso a derechos.

Odio en su máxima expresión

Kendra Contreras, conocida como “Lala”, era una mujer transgénero de 22 años que habitaba en la localidad de Somotillo, en el occidente de Nicaragua. Quienes conocían a Lala aseguran que era una joven soñadora, esforzada, con anhelos de superación y que deseaba que su identidad de género fuera respetada. Lamentablemente, el 3 de marzo de 2021, dos hombres acabaron con su vida de una forma atroz: la amarraron a un caballo dejando que la arrastrara en dos ocasiones por al menos 400 metros y luego la lapidaron. Esta es la máxima expresión del odio hacia las mujeres, cuerpos e identidades diversas en una sociedad altamente machista, como es la nicaragüense.

Desafortunadamente, esa no fue la única vez que mataron a Lala, pues lo hacen cada vez que irrespetan su identidad de género y la llaman por su “nombre de pila”, cuando se refieren a ella como “hombre” en reportes de espacios informativos. Muchos medios de comunicación siguen haciendo un mal abordaje de estos casos al centrarse en información y prejuicios que generan morbo y revictimizan a las víctimas de transfobia y violencia de género.

Llamado urgente

Como cada año, Raza e Igualdad aprovecha esta fecha para recordarle a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en lo concerniente a la situación de violencia y asesinatos contra personas trans, realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Monitorear y sancionar públicamente los discursos transfóbicos que muchas veces se cuelan en medios de comunicación y que incurren en llamados a la discriminación y violencia contra la población trans.
  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusiónde las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Recolectar datos sobre hechos de violencia y asesinatos contra personas trans, desagregados por identidad de género específica e identidad étnico-racial.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar a la población sobre la orientación sexual e identidad de género, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBI y trans.

*En el caso de Colombia, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans (GAAT) registra 32 asesinatos de personas trans en lo que va de 2021.

RAZA E IGUALDAD Y LA FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA ARCO IRIS CONVOCAN A UN DIÁLOGO INSTITUCIONAL SOBRE LOS DESAFÍOS PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS AFRO-LGBT DEL CONFLICTO ARMADO EN TUMACO, NARIÑO

La Fundación Afrocolombiana Arco Iris y diferentes instituciones estatales del municipio de Tumaco, Nariño, tuvieron un encuentro virtual el 01 de septiembre de 2021 cuyo objetivo fue un diálogo sobre la implementación y el fortalecimiento de las políticas de atención y reparación a las víctimas, a fin de que se integre un enfoque interseccional que permita la concepción de medidas integrales para las personas afrodescendientes que además se reconocen como gais, lesbianas, bisexuales o trans.

Este diálogo se dio en el marco de un proyecto liderado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el apoyo del Gobierno de Canadá, cuyo objetivo es visibilizar a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado y las causas e impactos diferenciales que estas violencias tienen en las personas con identidades y expresiones sexuales diversas.

A través de la presentación de un contexto actual de la situación de derechos humanos de las personas Afro-LGBT en el municipio de Tumaco y sus alrededores, los y las participantes ahondaron sobre cómo el racismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género (OSIG) se entrecruzaron en el desarrollo del conflicto armado.

Posterior a ello, la Fundación Afrocolombiana Arco Iris, presentó ante las entidades los principales hallazgos y recomendaciones del informe  “Nos decían: Tras de negras, maricas” Experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del Sur de Bolívar y el Pacífico Sur colombiano”, presentado en marzo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la Convivencia (CEV) y que integra un análisis específico sobre la situación de derechos humanos de las víctimas Afro-LGBT en Tumaco.

Justo Arévalo, presidente de la Fundación Arcoíris de Tumaco, describió el contexto que se vive en su región, y denunció la naturalización de múltiples violencias hacia las personas Afro-LGBT en su territorio. “Ser gay, lesbiana, bisexual o trans y ser negros y negras sumado a ser rurales y en algunos casos discapacitados, pobres, con o sin poca educación y en un territorio sin acceso a derechos fundamentales, históricamente olvidado, es una realidad”, apuntó, y aseguró que solo hasta ahora y luego de superar el miedo, muchas personas alzaron la voz y compartieron su testimonio, pero que aún falta mucho por contar.

Desde las instituciones locales, José Estancio, referente de diversidad sexual de la Alcaldía de Tumaco, señaló los esfuerzos de la administración municipal por implementar acciones encaminadas al reconocimiento de las personas Afro-LGBT. Para el 2021, se está trabajando en la realización de un diagnóstico LGBT en el municipio, iniciativa a la que invitó a la sociedad civil para articular esfuerzos en pro del reconocimiento de los derechos de esta población.

Por su parte, el patrullero Salazar, referente de derechos humanos de la Policía en Tumaco, destacó que esta institución viene formándose en temas de género y resaltó la

importancia del informe presentado para contextualizar a esta institución frente a las problemáticas de discriminación y violencia que las personas Afro-LGBT viven a diario.

Otras entidades, como la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de la Mujer de Tumaco, señalaron que adelantan acciones tendientes a garantizar los derechos de las víctimas de manera diferencial, resaltando la inclusión de un enfoque de diversidad sexual en sus políticas.

“La construcción de estrategias de incidencia local y el trabajo articulado con las instancias locales resulta imprescindible para garantizar y fortalecer el reconocimiento de las personas Afro-LGBTI, en especial en los territorios más golpeados por el conflicto armado”, señaló Laura Poveda, abogada consultora para Colombia de Raza e Igualdad.

Para cerrar el evento, la Fundación Afrocolombiana Arco Iris subrayó la necesidad de que cualquier plan para promover el acceso a derechos de las personas LGBT requiere necesariamente contemplar el factor de pertenencia étnica, en especial en territorios racializados como lo es el municipio de Tumaco. De igual manera, resaltó la importancia de que la Alcaldía de Tumaco reactivara la Mesa de Trabajo para asuntos LGBT y fortaleciera las acciones para la prevención y atención de casos de violencia a razón de la OSIG de las víctimas, así como para la implementación de rutas diferenciales de salud y de que la Gobernación implementara la Política Pública para la Diversidad Sexual y de Género del Departamento de Nariño.

Colombia en su camino a la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo

Colombia, 08 de noviembre de 2021. Con la realización del evento semipresencial “Colombia en su camino a la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo”, se dio inicio oficial en Colombia a la campaña Hacia una región libre de discriminación racial, la cual es una iniciativa del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para promover la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

El evento tuvo lugar el pasado 19 de octubre y contó con la participación de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la senadora Victoria Sandino, el representante a la Cámara Jhon Arley Murillo, la Concejala y lideresa indígena Ati Quigua, la Directora de ILEX -Acción Jurídica Dayana Blanco, El Mayor Armando Wouriyu, Ex-Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, Angela Carabalí integrante de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas – CNOA, Dalila Gómez, Representante del pueblo Rrom Gitano, y Marco Romero, Director de la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento – CODHES.  

Este espacio tuvo como objetivo generar mayor conocimiento al interior de la sociedad civil colombiana sobre la CIRDI, en aras de fortalecer sus capacidades de seguimiento al proceso de ratificación de la Convención. El Estado colombiano firmó la Convención en el año 2014, pero, hasta la fecha no la ha ratificado. La relevancia de este instrumento del derecho internacional radica en que responde a las dinámicas del racismo histórico y estructural den la región y, entre otros aspectos, contempla que la carga probatoria en casos de discriminación racial debe recaer sobre el Estado. 

El evento estuvo marcado por cuatro momentos. Un primer momento en el que, desde Raza e Igualdad, se explicó qué es la CIRDI y su relevancia para las poblaciones racializadas del país. Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, destacó que uno de los objetivos en el marco del Decenio de las Personas Afrodescendientes es “adoptar y fortalecer los marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales y asegurar su implementación plena y efectiva, por lo que Raza e Igualdad decidió crear e impulsar esta campaña. En tanto, María Fernanda Escobar, representante de Raza e Igualdad en Colombia, hizo énfasis en la importancia de crear puentes de diálogo y fortalecer capacidades del Estado y de la sociedad civil para la ratificación de la CIRDI en el país.  

La Comisionada Margarette May Macauley aseguró por su parte que la ratificación va a ayudar a Colombia a ser fiel a las disposiciones y normas de la convención y lidiar con todas las formas de discriminación racial y violencia. (Este párrafo no dice mucho y se trata de la figura más importante del evento. “Esta convención es el primer tratado en el sistema Interamericano que aborda el racismo, la discriminación racial, y otras formas de intolerancia junto con los crímenes de odio basados en la identidad étnico-racial. También incluye el deber estatal de adoptar medidas necesarias o acciones afirmativas en favor de los grupos que sufren estas violaciones de derechos humanos. La ratificación universal de este instrumento Interamericano es un paso indispensable hacia el respeto y la garantía de los derechos de todos y todas, y especialmente hacia la prevención y erradicación de la discriminación racial”.  

 En el segundo momento, los y las representantes de la institucionalidad expusieron qué acciones pueden ser realizadas para incidir en la ratificación de la CIRDI. El Representante a la Cámara Jhon Murillo y la senadora Victoria Sandino se comprometieron en realizar un debate de control político al Ministerio del Interior para dar a conocer en qué va el proceso de ratificación de la Convención.  

“En Colombia, en el Censo de 2018 se generó un genocidio estadístico, [porque] más de 1.3 millones de Afrocolombianos fueron borrados del mapa; esto tuvo incidencia directa en los recursos que se tienen para la comunidad”, aseguró Murillo. 

Mientras, la senadora Victoria Sandino apuntó: “El Gobierno y el Estado tienen la obligación de articular las acciones de CIRDI con las de Durban, como las del Decenio de los Afrodescendientes, que va hasta el 2024. Y en Colombia se ha hecho poco o nada”. 

 En el tercer momento intervinieron representantes de la sociedad civil y de diferentes grupos poblacionales, quienes expresaron la necesidad de ratificar la Convención para la garantía de derechos de sus poblaciones. Finalmente se abrió un espacio de diálogo entre los y las participantes presenciales y virtuales.  

 En su intervención, Ati Quigua, Concejala de Bogotá, dijo: “Se necesita un esfuerzo sostenido para garantizar mecanismos de exigibilidad de cumplimiento de todos estos avances formales, pero también el de implementación de políticas públicas”. 

Dayana Blanco, Directora de ILEX -Acción Jurídica, resaltó la importancia de discutir los temas relacionados a la Convención, con un enfoque interseccional. “Las personas y población afrodescendiente no solo somos personas afro, también tenemos orientaciones sexuales e identidades de género diversas, también es importante que la Convención nos ayude a discutir esto de manera amplia”. 

 El Mayor Armando Wouriyu, Ex-Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, mencionó la importancia del trabajo colectivo para la ratificación de la Convención en el país. “Es necesario hacer alianzas con sociedad civil, medios de comunicaciones, organizaciones internacionales y un llamado al congreso de EE.UU. para apoyar y lograr la ratificación de la CIRDI”. A esto, María Medina, defensora de Derechos Humanos, agregó: “La discriminación racial se manifiesta en que a pesar de que existe la política pública, hoy no se cumple. En el territorio nos asesinan y en la ciudad nos revictimizan”.  

El evento también contó con la participación de Dalila Gómez, Representante del pueblo Rrom Gitano. Ella puso sobre la mesa la grave situación que enfrentan integrantes del pueblo Rrom en el país. “Nosotros, el pueblo Rrom Gitano tenemos personas que nunca han ido al colegio o a la universidad, y vemos que la CIRDI trae muchos beneficios para combatir la discriminación”. 

Por otro lado, Marco Romero, Director de CODHES, hizo énfasis en la importancia de poner discusión la ratificación de la convención en las futuras elecciones presidenciales en el país. “Debemos poner esta discusión de cara a las candidaturas presidenciales y a la Comisión de la Verdad, porque nos deja en evidencia la necesidad de visibilizar los compromisos de Colombia ante la comunidad internacional”. 

Este evento hace parte de la campaña del Instituto sobre Raza e Igualdad denominada CIRDI 2024. Esta campaña busca promover la ratificación de la Convención en los diferentes países de las Américas. Hasta la fecha, solo 6 Estados miembros de la OEA han firmado y ratificado la CIRDI, mientras que 7 solo la han firmado la CIRDI. 

Para más información da click aquí. 

Estado colombiano no presenta respuesta a las recomendaciones de la CIDH, desconoce sus hallazgos y los de otras misiones internacionales

Washington – Bogotá D.C., 26 de octubre de 2021. En la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a la visita de trabajo a Colombia realizada en el marco de las jornadas de protesta que se desarrollaron durante el primer semestre del año, 25 organizaciones colombianas y regionales expresaron colectivamente que la visita de la CIDH al país fue un importante paso para evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del paro nacional. Sin embargo, han constatado que durante los meses de agosto, septiembre y octubre las dinámicas de violencia policial en contra de manifestaciones pacíficas se han mantenido. De igual manera, el Estado mantuvo la criminalización y judicialización de liderazgos sociales y comunitarios, la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos y las agresiones desproporcionadas por parte del ESMAD.

Como la CIDH, otras misiones internacionales independientes han verificado que la situación en Colombia continúa siendo de extrema gravedad, la violación a los derechos humanos es sistemática y se siguen presentando serias obstrucciones para el acceso de la ciudadanía a la justicia. Ante esto, consideramos necesaria la puesta en marcha del Mecanismo de Seguimiento propuesto por la CIDH para que el Estado colombiano cumpla con las obligaciones internacionales establecidas en los instrumentos interamericanos para la protección de los derechos humanos.  

Desafortunadamente, durante la audiencia, Carlos Arturo Morales, representante del Estado, dijo que “un mecanismo de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado colombiano”, desconociendo los datos presentados por la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta y aduciendo que estos no coinciden con las cifras oficiales. Si bien esta postura no es nueva, a pesar de que la CIDH anunció la creación del mecanismo en el párrafo 187 del informe presentado en julio de este año, resulta contradictorio que el Estado afirme estar comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones en la garantía de derechos humanos de acuerdo con el Sistema Interamericano, pero no permita la asistencia técnica que la CIDH puede darle.

Tras las presentaciones de los diversos representantes estatales, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Estado no presentó respuesta a las recomendaciones de la CIDH y que desconoció nuevamente los hallazgos de esta y otras misiones internacionales.  Por ejemplo, sobre la recomendación #16 acerca del uso excesivo de la fuerza, en la que la CIDH aconseja crear un registro y publicar los datos sobre violaciones a derechos humanos en el marco de la protesta y los estándares para su tratamiento, el Estado dijo en julio que iba a presentar información, pero no lo ha hecho.  

Teniendo en cuenta que en esta audiencia el Estado ha dejado en evidencia que no tiene interés en reconocer las graves vulneraciones que ocurrieron durante el paro nacional, y que  su falta de debida diligencia afecta de manera especial a las poblaciones históricamente discriminadas como las mujeres y las niñas, las personas LGBTI, la población indígena y afrocolombiana, hacemos un llamado a la implementación del Mecanismo de Seguimiento de manera urgente, ya que, como lo señala el Estado, las lecturas de la realidad no coinciden, y se necesita urgentemente mayor claridad sobre cifras de violencia y el avance de las investigaciones penales y disciplinarias. El Estado en su exposición hizo referencia a una política pública para las personas LGBTI que no ha comenzado a implementar, a pesar de una orden judicial y de la existencia de una Mesa de Casos Urgentes para prevenir la violencia por prejuicio, que está inactiva.

Las cifras de violaciones a los derechos humanos identificadas por la propia CIDH, misiones internacionales y sociedad civil dan cuenta de que sí han existido intervenciones desproporcionadas, con diferentes abusos y métodos de victimización. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación ha sido vehemente en investigar a manifestantes o particulares y no ha actuado con igual rigor en casos que involucran a funcionarios de la fuerza pública que cometieron delitos en las protestas.

Con preocupación observamos que las entidades de Estado no mencionaron la aplicación de enfoques diferenciales étnico, de género y curso vital; esto está alineado con lo que expresó la Comisionada Flavia Piovesan, quien preguntó si el Estado está generando datos desagregados sobre la violencia ocurrida en el marco de las protestas contra mujeres, indígenas, personas afro y población LGBTI, y si ha adoptado una respuesta para combatir esos patrones discriminatorios.

Entre tanto, el Comisionado Joél Hernández preguntó a la representación del Estado ¿Cuáles son las medidas que desde el más alto nivel del Estado se están dando para atender a las demandas históricas que se visibilizaron en las protestas?  

Finalmente, las organizaciones de la sociedad reiteraron la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento y manifestaron su disposición para apoyar a la CIDH en la concreción de dicho mecanismo y lo que se requiera para su garantizar su efectividad.

Organizaciones peticionarias:

Asociación Para la Promoción social Alternativa (MINGA)

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ)

Caribe Afirmativo

Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas (CDLAT)

Casa de la Mujer

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)

Colombia Diversa

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)

Corporación Humanas

Corporación ILEX Acción Jurídica

Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad

Corporación Reiniciar

Corporación SISMA Mujer

Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

Colombia Human Rights Committee

Fundación Creciendo Unidos

Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT)

Fundación Karisma

Fundación Nydia Erika Bautista

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Ruta Pacífica de las Mujeres

Women’s Link Worldwide

LA IMPORTANCIA DE DAR VISIBILIDAD A LAS VÍCTIMAS AFRO-LGBT DEL CONFLICTO ARMADO EN EL SUR DE BOLÍVAR

Colombia, 21 de octubre de 2021.- Este artículo fue elaborado por Caribe Afirmativo, en el marco de la difusión del informe “Nos decían: tras de negras, maricas”: Informe sobre las experiencias e impactos del conflicto armado en personas LGBT del sur de Bolívar y el sur del Pacífico. En él responden a la pregunta:

 

¿Por qué es importante dar visibilidad a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en el Sur de Bolívar y cómo este informe contribuye al reconocimiento de estas víctimas?

 

Las personas Afro-LGBT en el Sur de Bolívar han sido una de las más afectadas por la violencia armada que se inscribió en los territorios y los cuerpos que lo habitan, en razón de la intersección de vulnerabilidades en lo étnico-racial, las orientaciones sexuales y las identidades y expresiones de género diversas de estas personas.

La violencia estatal y de grupos armados hacia esta población es histórica y se ha sabido mantener en el tiempo, conservando aún sus raíces en nuestros días a través de expresiones de prejuicio, discriminación y exclusión a costa de un Estado que muestra su presencia diferenciada en los territorios mayoritariamente habitados por personas afro.

El rezago del Estado y la competencia por los recursos naturales por parte de los diferentes actores armados que se disputan el poder en estas zonas a través de las armas ha dejado en un segundo plano la vida. Esto demuestra que los intereses económicos que carcomen las raíces de las plantas y contaminan los ríos importan más que preservar la diversidad. Su objetivo no es solamente acabar con lo que crece de la tierra, sino también con lo que transita sobre ella. Por tal razón, el conflicto armado fue el escenario que utilizaron estos actores como el ELN, FARC-EP, AUC y el Ejército para disparar contra aquellos que escapaban de sus proyectos de nación en el Sur de Bolívar. Su odio por la diferencia no sólo empobreció y marginalizó a las personas Afro-LGBT, sino que también los llevó a aniquilar la diferencia en esta subregión en un marco temporal que va desde 1998 hasta el año 2014.

A lo largo del tiempo, la condición interseccional de estas personas fue un factor de doble victimización para la memoria y el registro de sus muertes, pues el racismo estructural en el que se cimenta el proyecto de nación de Colombia se encargó de marginalizar sus muertes a las cifras y al olvido encarnado en la impunidad que caracteriza los procesos judiciales de nuestro país. Las condiciones de vulnerabilidad, violencia y abandono estatal de estas regiones han llevado a que su población constantemente se enfrente a las limitaciones de sus derechos individuales y colectivos, a su vez, tienen que enfrentar la ausencia de vías de comunicación con el resto del país.

Estas particularidades dejaron a estos territorios a merced del olvido de una sociedad que no tenía forma de ver ni saber lo que ahí pasaba. Ni los medios de comunicación, ni la academia se adentraban al espesor de la selva para ver entre las ramas cómo transcurría la cotidianidad de estas personas, y así, entre el silencio ruidoso de las armas las vidas desaparecían entre la maleza.

De tal modo, es imperante que a estos territorios les pueda llegar una luz de verdad entre tanto olvido para darle visibilidad a una realidad que por años nos fue ajena y que afectó a muchas personas que por razones de su etnia u orientación sexual fueron despojadas de todo lo que tenían, su vida. Parafraseando a José Saramago, tenemos la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Por tal razón, es importante que estos territorios sean parte del trabajo del SIVJRNR para que se mitiguen los factores de riesgo que históricamente han sufrido las personas y los procesos organizativos que ahí se desarrollan, y sus voces sean amplificadas y escuchadas por todo un país.

La violencia armada que golpeo el sur del departamento debe ser una invitación para que el Estado genere las garantías de vida, salud, dignidad y derechos humanos en la población, especialmente, en las personas Afro-LGBT que día a día se enfrentan a la violencia de una sociedad que los sigue condenando a la desigualdad y pobreza.

‘Nos decían: “tras de negras, maricas”’ es un informe que examina los contextos y las vivencias de estas víctimas, dando cuenta de las acciones sistemáticas que perpetraron los grupos armados legales e ilegales contra las personas Afro-LGBT en los territorios anteriormente mencionados. De ese modo, el informe reconoce que estas personas fueron violentadas por ser afros, negras, palanqueras, raizales y disidentes del sistema sexo/género hegemónico, y las violencias fueron motivadas por prejuicios estructurales que facilitaron que los grupos armados ejercieran formas diferenciadas de la violencia para eliminar sus cuerpos del territorio.

Es vital para la memoria histórica de este país que se repliquen más informes como este que le apuestan a la construcción de paz desde un enfoque interseccional en función de reconocer que el conflicto afectó de forma diferenciada a las personas Afro-LGBT, para así materializar realmente una paz estable y duradera donde todos los cuerpos y cuerpas históricamente marginalizados quepan.

Por último, invitamos a los gobiernos locales del Sur de Bolívar a velar por la seguridad de las personas Afro-LGBT en los territorios, para que a través de ejercicios de participación ciudadana se piense con las organizaciones de base múltiples formas de abordar la autoprotección y la seguridad como elementos fundamentales para salvaguardar la vida y los derechos de todas las personas Afro-LGBT en los territorios donde están más expuestas a episodios de violencia.

A su vez, la lejanía de esta subregión con el resto del departamento ha facilitado la instalación de un orden moral y social por parte de los actores armados ilegales presentes en el territorio, por lo que impelimos al gobierno nacional a hacer presencia en estos municipios a través de programas sociales que asistan con capital semilla a proyectos productivos de la población, además, acompañen los procesos organizativos a través de la articulación intersectorial con empresas, organizaciones y entidades del Estado con el fin de dar visibilidad a las acciones que las personas Afro-LGBT y la ciudadanía en general desarrollan en sus territorios.

Colombia en su Camino por la Ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo

Colombia, 16 de octubre del 2021.El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevará a cabo un evento público semipresencial en la ciudad de Bogotá. Allí se buscará conversar sobre La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (en adelante “CIRDI”) y generar acciones para su visibilización y conocimiento. 

Este evento contará con la presencia de lideres y lideresas sociales indígenas, afrodescendientes y Rrom, la relatora de la CIDH, dra Margarette May Mcaulay, la senadora Victoria Sandino, el representante a la Cámara Jhon Arley Murillo y un representante del Ministerio de Interior.  

El evento presencial contará con un público de 20 personas y se transmitirá de forma virtual a través de zoom y el Facebook de Raza e Igualdad (@Raceandequality). 

El objetivo del evento será dar a conocer la CIRDI y reflexionar en torno a los retos y oportunidades que le ofrece a Colombia. Además, se buscará la creación de una agenda común para incidir hasta el 2024. 

La Convención Interamericana contra el Racismo busca fomentar los derechos humanos y la garantía de vida digna de las personas racializadas en el continente americano. Esta convención reconoce el fenómeno del racismo estructural como práctica que imposibilita el acceso a derechos de poblaciones como los pueblos afrodescendientes, indígenas, Rrom y otros grupos étnicos. Por ende, en sociedades pluralistas y democráticas se debe ahondar en esfuerzos para la eliminación de toda forma de racismo y discriminación racial.  

El Estado colombiano firmó la CIRDI en el año 2014, pero, hasta la fecha no la ha ratificado. Cabe mencionar que, si bien la ausencia de la ratificación no conlleva a la obligación, la firma deja en evidencia el compromiso del Estado a seguir lo instaurado en la convención. Así mismo, la firma obliga al Estado a ejecutar cualquier acción que vaya en contra de la CIRDI. 

La importancia de dar visibilidad a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Cali, Valle del Cauca

Colombia, 15 de octubre de 2021.- Este artículo fue elaborado por la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad, en el marco de la difusión del informe “Nos decían: tras de negras, maricas”: Informe sobre las experiencias e impactos del conflicto armado en personas LGBT del sur de Bolívar y el sur del Pacífico. En él responden a la pregunta:

 

¿Por qué es importante dar visibilidad a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Cali, Valle del Cauca y cómo este informe contribuye al reconocimiento de estas víctimas?

Las vidas y realidades de las personas Afro-LGBT, son valiosas e importantes, pero históricamente han sido invisibilizadas o silenciadas, obedeciendo a prácticas sociales racistas y homo/les/bi/transfóbicas, denunciadas muchas veces en múltiples escenarios.

Es por ello que llena de gratificación la realización, publicación y socialización del informe “Nos decían: tras de negras, maricas. Experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano” pues permiten que sean escuchadas las voces que se han querido suprimir. Aquí encontramos retratados los dolores, luchas y angustias de personas Afro-LGBT víctimas del conflicto armado y quienes de manera reiterativa han dicho que es necesario escucharlas teniendo en cuenta la interseccional que atraviesa esas vidas.

Para la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD, esta es una labor necesaria, y la importancia del mismo radica en el reconocer no solo enfoques diferenciales, que sirven, claro que sí, pero que son insuficientes a la hora del reconocimiento pleno de la otredad.

Santiago de Cali, distrito capital del departamento del Valle del Cauca, es una ciudad con altísima presencia de población que se autoreconoce como afro, además es centro de acogida de la población desplazada desde el Pacifico Sur, gracias a su cercanía, promesa de desarrollo y mejoramiento en la calidad de vida para la gente afro.

En Cali, existen algunas organizaciones afro que visibilizan realidades de población afro víctima, pero desde la mirada heteronormativa, dejando de lado a veces las violencias sexuales. Este es otro de los logros de este informe, denuncia las violencias sexuales que sufrieron también personas Afro-LGBT, y que se configuran como acciones reconocidas como crímenes de lesa humanidad.

Como parte del ejercicio de socialización, se recomendó a la institucionalidad en Cali plantear las estrategias de intervención en territorio teniendo en cuenta la interseccionalidad que atraviesa los cuerpos negros diversos. También visibilizar las voces de las victimas Afro-LGBT en los espacios creados, como por ejemplo la Casa de las Memorias, el Conflicto y la Reconciliación.

Implementar las políticas públicas ya promulgadas, CaliAfro y CaliDiversidad, fue otra de las recomendaciones para la institucionalidad. A la Academia, y a los liderazgos sociales, así como a organizaciones y expresiones organizativas se les recomendó también tener en cuenta la interseccionalidad como categoría de análisis, y a la hora de desarrollar trabajo comunitario.

La recomendación más importante y reiterativa fue la importancia de la búsqueda constante de la verdad para caminar hacia la reconciliación, pensado en la no repetición de los actos de violencia y las vulneraciones de derechos.

La institucionalidad, la academia, los liderazgos, organizaciones y expresiones organizativas de la ciudad recibieron de forma positiva la socialización del informe realizado y recomendaciones dadas.

Somos Identidad, agradece el importante papel jugado desde Raza e Igualdad como apoyo técnico, y a las organizaciones Fundación Caribe Afirmativo y Fundación Afrodescendiente Arco Iris.

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