Las huellas del racismo: voces de las personas excluidas y violencia estructural dentro y fuera del estallido social en Cali

Bogotá, 28 de abril de 2022.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), la Asociación de Líderes El Perfil, la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Valle del Cauca (ASOAGROVALLE), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes (FUNVIMUFROIN), el Movimiento Ciudadano ORIENTADOS y la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (SOMOS IDENTIDAD) presentan este 28 de abril el informe Las Huellas del Racismo: voces de las personas excluidas dentro y fuera del Estallido Social en Cali, en conmemoración del primer aniversario del estallido social.

El informe presenta los patrones e impactos diferenciales de las violencias ejercidas contra personas afrodescendientes durante el Paro Nacional de 2021, principalmente por parte de la Fuerza Pública en Cali, ciudad que fue el epicentro de las violaciones de derechos humanos a nivel nacional en el marco de las movilizaciones. El informe se realiza con el fin de visibilizar la violencia racista que ejerce la Fuerza Pública y que ha afectado diferencialmente a personas afrodescendientes.

El análisis que presenta el informe se desarrolló a partir de procesos de documentación de 26 casos de personas afrodescendientes que fueron víctimas de estas violencias. Así mismo, el análisis de las violencias registradas en la base de datos de CODHES, la Comisión por la Vida y la Mesa Humanitaria y Social con el apoyo técnico de Raza e Igualdad, en la cual se sistematizaron 488 casos, de los cuales, el 53,1% fueron cometidos por la policía. De igual manera, del total de los casos, el 13,3% fueron contra personas afrodescendientes.

A partir de este proceso de investigación, los patrones de violencias contra personas afrodescendientes que se identifican corresponden a prácticas que históricamente ha reproducido la Fuerza Pública contra personas afrodescendientes y que, en el marco del Paro Nacional, se han exacerbado: perfilamiento racial, lenguaje racista, agresiones físicas, homicidios, violencias basadas en género contra mujeres y personas Afro-LGBTI, territorialización del uso desproporcionado de la violencia donde residen principalmente personas afrodescendientes y en barrios con estratificaciones socioeconómicas uno y dos.

El informe permite identificar los impactos diferenciales sufridos por personas afrodescendientes: Impactos psicosociales, físico, económico, colectivo, desplazamiento intraurbano y patrones de barreras para el acceso a justicia en el marco de la violencia estatal reproducida por agentes de la Fuerza Pública y civiles.

Considerando las reiteradas violaciones de DDHH contra participantes del Paro Nacional, y las pocas garantías para ejercer el derecho a la protesta, las organizaciones solicitan al Estado Colombiano generar acciones para erradicar todas las formas de violencia policial racista, garantizar investigaciones transparentes sobre denuncias contra la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional e implementar medidas que promuevan una reparación integral de las personas afrodescendientes que han sido víctimas.

Para ello es importante que las acciones implementadas por el Estado cumplan con estándares internacionales, tales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Interamericana contra el racismo, la Discriminación y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)4 y el Programa de Acción de Durban. Así mismo, el Estado debe implementar las Resoluciones y Mecanismos en contra de la violencia policial racista como la Resolución 43/15, 47/216 y La Agenda hacia un cambio Transformador para la Justicia e Igualdad Racial del informe Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por agentes del orden desarrollado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

El informe podrá consultarlo en el siguiente link:

http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-Huellas-del-Racismo-.pdf

Raza e Igualdad rechaza “operativo militar” en Colombia en el que murieron personas civiles

Colombia, 13 de abril del 2022- El 28 de marzo de 2022 el Ejército de Colombia realizó un operativo militar en la vereda Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo). El operativo estaba dirigido presuntamente contra el “Comando de Frontera” de las disidencias de las FARC-EP.[1] De acuerdo con informe del Ejército, el operativo resultó de actividades de inteligencia donde se identificaron 11 personas armadas. En dicho informe, el Ejército Nacional realizó el perfilamiento de las personas que fueron asesinadas en el operativo indicando su presunta pertenencia a las disidencias de las FARC-EP, incluyendo un menor de edad indígena de 16 años, perteneciente al Cabildo Kichwa de Bajo Remanso, quien presuntamente según la versión del Ejército, habría estado apuntando a uniformados con un arma larga.[2] Sin embargo, este operativo fue denunciado por la comunidad como un “falso positivo” en el que murieron personas civiles.

De acuerdo con las denuncias y la verificación que han realizado organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación[3], se trató de ejecuciones extrajudiciales en las que fueron asesinadas personas civiles. En esta operación, fue asesinado Didier Hernandes, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, su esposa Ana María Sarría, el gobernador indígena Pablo Panduro Cochinche y un menor de edad.[4] Ese día, el 28 de marzo de 2022, llegaron militares vestidos de negro y empezaron a disparar armas de fuego contra las personas civiles que se encontraban celebrando un bazar comunitario para recolectar fondos destinados a construir una vía de acceso a la Vereda. Posteriormente, obligaron a la comunidad a mantenerse de espalda bajo amenaza mientras manipulaban los cuerpos.[5] Así, se evidencian diferentes irregularidades y violaciones al derecho internacional humanitario en  lo ocurrido durante el operativo militar.

Ante los cuestionamientos, el general Eduardo Zapateiro, jefe del Ejército Nacional, indicó que “no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad combatientes”, afirmando que se trataba de personas perteneciente a las disidencias de las FARC-EP y que se había actuado de acuerdo con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Asimismo, el presidente Iván Duque señaló que se trataba de un operativo planificado y correspondiente con los protocolos existentes.[6]

En relación con estas declaraciones y la masacre ocurrida en Putumayo el pasado 28 de marzo de 2022, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos resalta la necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos que dé cuenta de los impactos diferenciales sufridos por la comunidad, especialmente en relación con los asesinatos del gobernador y el menor de edad pertenecientes al Cabildo Kichwa de Bajo Remanso. Así mismo, es fundamental resaltar que el “operativo militar” no cumple con los estándares de derecho internacional humanitario y derechos humanos. En particular, no existe evidencia de que las 4 personas aquí mencionadas se encontraran ejerciendo funciones continuas de combate como parte de un grupo armado organizado o que se tratara de civiles participando directamente en las hostilidades. Por el contrario, las personas se encontraban celebrando un bazar. Por lo cual, el Ejército no podía atentar contra sus vidas.

Así las cosas, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a que se investiguen estos hechos con total independencia y debida diligencia, con el propósito de juzgar y sancionar a los responsables del operativo militar en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, donde murieron 11 personas, respondiendo a la cadena de mando del Ejército. Además, reiteramos la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas con enfoque étnico-diferencial, de género y etario, procurando la no repetición de este tipo de ataques contra la población civil.

[1] El Espectador. Senado prepara debate de control político a Mindefensa por operativo en Putumayo. 11 de abril de 2022.

[2] Caracol Radio. Así perfiló el Ejército a los 11 muertos en la operación del Putumayo. 12 de abril de 2022.

[3] https://raceandequality.org/1406

[4] El Espectador. Senado prepara debate de control político a Mindefensa por operativo en Putumayo. 11 de abril de 2022.

[5] Molano, Alfredo. Putumayo: anatomía de una matanza. Cambio. 9 de abril de 2022.

[6] Oquendo, Catalina. El jefe del Ejército de Colombia justifica la muerte de una mujer embarazada y un menor en la masacre en Putumayo. El País. 11 de abril de 2022.

La necesidad de un enfoque interseccional en la búsqueda de una reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia

Colombia, 8 de abril del 2022.-En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, hacemos un llamado al Estado colombiano para que refuerce su compromiso en la búsqueda de una reparación integral, desde un enfoque interseccional, donde se reconozca la existencia de las diferentes realidades identitarias o contextuales de las víctimas, quienes a su vez son sometidas a múltiples formas de discriminación.  

De cara a un escenario transicional en el que se pretende superar un conflicto armado de más de 50 años, no solo se requiere de un pacto y de una presencia institucional más fuerte que dé cumplimiento a los compromisos asumidos por las partes de un diálogo. Es necesario también dar una mirada integral a la complejidad de los problemas que  han derivado o se han fortalecido con la guerra en Colombia.  

En materia de las víctimas del conflicto, esa mirada debe apelar por ser integral y generar efectos realmente transformadores, no solamente en aras de lograr unos mínimos de reparación que garanticen la superación del conflicto, sino también atacar de raíz las situaciones estructurales de opresión y discriminación que subyacen a este conflicto.  

Debe entenderse, primero, que no todas las víctimas del conflicto armado son iguales entre sí y, segundo, que todas las víctimas han forjado su identidad de diferentes maneras y en contextos distintos, por lo que las categorías universales de víctima afro, víctima LGBT, víctima mujer, etc., debe ser comprendidas en su contexto. Esta situación consolida la idea de que la construcción efectiva y real de la paz no solo se limita al proceso de dejación de armas y cese bilateral del fuego, sino que, principalmente, debe preocuparse por reparar las condiciones que, antes del conflicto, ya creaban situaciones de desigualdad y discriminación en la sociedad, por ejemplo, el racismo, la violencia hacia las personas LGBT, entre otras. 

La interseccionalidad, como categoría de análisis y enfoque teórico, es una herramienta clave que debe ser aplicada de forma transversal en el reconocimiento y atención de las víctimas del conflicto. Esbozamos a continuación los principales factores para comprender por qué y hacia dónde podría dirigirse el ejercicio de integración de este enfoque interseccional: 

• Es partir de la autoidentificación y el autorreconocimiento de las víctimas que se pueden comprender las maneras en que operan las vulneraciones de derechos en su contra. Desde allí, se entiende cómo las mismas víctimas entienden sus vidas: no pueden asumir sus experiencias separando las diferentes categorías que les atraviesan, por ejemplo, su sexualidad, su identidad de género y su pertenencia étnico racial.   
• En el escenario bélico, los círculos familiares, de amistad y de cercanía dentro de la comunidad pueden confluir e interactuar de diferentes maneras con los actores armados. Este contexto exige una mirada multidimensional, interseccional y no esencialista del conflicto, en la que se confrontan dos bandos: el victimario como ajeno y contrapuesto por completo a la víctima y a su experiencia 
• Al identificar la multidimensionalidad de la identidad de los sujetos, los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición se conectan de diversas maneras y en diferentes niveles (por ejemplo, derechos individuales y colectivos). El análisis interseccional permite promover una interpretación indivisible e interconectada de los derechos humanos de las víctimas. 

• La importancia del territorio es equiparable a la diversidad de las comunidades que lo habitan y, en consecuencia, del reconocimiento de dicha diversidad depende la eficacia de las medidas de transformación que allí se propongan o implementen. No basta con que el Estado se preocupe por caracterizar la pluralidad que habita el territorio, sino que es imprescindible que comprenda cómo la forma en que se crean y se recrean estas pluralidades hace parte de la constitución de la identidad de las víctimas. 

En el marco de esta conmemoración, Raza e Igualdad insta al Estado colombiano para que se incluya el enfoque interseccional en la búsqueda de una reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, y que posibilite la construcción de espacios de reparación donde se tenga en cuenta las necesidades específicas de las víctimas y lograr así un reconocimiento progresivo de esta población y sean garantizados todos sus derechos. 

Comunicado conjunto: La participación política de la población afrodescendiente y la necesaria lucha contra el racismo

Colombia, 5 de abril del 2022.-La población afrodescendiente y las comunidades negras han liderado luchas y construido procesos organizativos por la igualdad y la garantía de sus derechos fundamentales, haciendo visibles las inequidades históricas a las que se han enfrentado. Así, han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos, de su identidad cultural y de su relación con el territorio. El reconocimiento de la diversidad étnica del país que profiere la Constitución de 1991, así como la Ley 70 de 1993 y otras normas, son fruto de esas batallas. La participación de personas de esta población en los comicios actuales a Congreso y presidencia son el resultado de esas luchas y es importante que el país lo valore como tal.

Sin embargo, Colombia debe reconocer que han existido barreras estructurales para que las personas afrodescendientes y miembros de las comunidades negras, ocupen lugares representativos al interior de las instituciones públicas, sobre todo si se trata de cargos de elección popular. Estas barreras hacen parte de una estructura social racista sustentada en desigualdades como: desproporcionada concentración de la pobreza, falta de acceso a la vivienda, limitadas oportunidades de empleo y educación de calidad e impacto diferenciado de la violencia. Según el DANE (2018), el 37% de la población que se auto reconoce como afro se encuentra en condición de pobreza, 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Sumado a lo anterior, el racismo también se expresa de formas cotidianas: las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras enfrentan imaginarios, estereotipos y expresiones racistas, las cuales se han naturalizado, pero que impactan de maneras concretas en aspectos de sus vidas. Esto es lo que se ha hecho visible en las elecciones del 2022 en nuestro país.

Resaltamos la participación de miembros de la población afrodescendiente en los actuales comicios y rechazamos las manifestaciones degradantes y discursos racistas que han recibido en este período. En el caso de la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez Mina, mujer afrodescendiente, lideresa social, abogada y ambientalista, además de las expresiones racistas a las que se está enfrentando, resultan preocupantes las amenazas que ha recibido, ya que son un intento por silenciar, desconocer derechos e inferiorizar a las personas negras y afrocolombianas. De esa manera, se mantiene y se reproduce aquel orden de jerarquías raciales en el que vivimos. Además, se le suma la misoginia y el sistema patriarcal en el que nos encontramos, donde las mujeres enfrentan violencias diferenciadas cuando intentan asumir espacios y roles activos en la vida política y pública, en especial cuando se trata de una mujer afrodescendiente.

Que el país siga hablando de la población afrodescendiente para despreciar su identidad étnica racial, minimizarla, animalizarla, exotizarla y quitarle capacidad y agencia, solo refuerza la urgencia de luchar contra el racismo y la discriminación racial en Colombia, como un fenómeno que existe. Así pues, nos urge articular, promover y exigir a los diferentes actores que conforman el Estado y la sociedad, acciones contundentes para erradicarlo.

Violencia policial racista: ¿Qué es y de qué se trata?

Colombia, 4 de abril de 2022.-El estallido social de los últimos años en Colombia ha develado una problemática que debe ser reconocida y afrontada con urgencia por las autoridades del país: la violencia policial racista.

Durante el Paro Nacional del 2021, cientos de colombianos que salieron a las calles para exigir al Estado la garantía de sus derechos fundamentales ante la crisis socio-económica del país, profundizada por la pandemia por el COVID-19, fueron víctimas de abusos, detenciones, requisas e investigaciones arbitrarias por parte de la Fuerza Pública.

En este contexto, la población afrodescendiente que se manifestó a lo largo del país, afectada diferencialmente durante la pandemia debido a un sinnúmero de desventajas acumuladas y carencias en acceso a servicios de salud y de agua potable, también fue víctima de perfilamientos y actos racistas por parte de las autoridades.

El panorama es alarmante. De acuerdo con la organización Temblores, entre 2017 y 2019 la Policía Nacional asesinó a 33 personas afrodescendientes en territorios como Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Antioquia, Atlántico, Bogotá y Santander. En el marco del Paro Nacional 2021, la Comisión por la Vida y la Mesa Humanitaria Social, La Consultoría para el Desplazamiento y Derechos Humanos- CODHES con el apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad, han registrado 488 violaciones de derechos humanos, de las cuales el 13,3% han sido contra personas afrodescendientes. Así mismo, de los 110 casos de homicidios, 40 han sido hacia personas afrodescendientes, lo que representa el 36,4% de los homicidios[1].

No obstante, los casos de persecución, estigmatización y “perfilamientos raciales” contra las personas afrodescendientes no solo han sido evidenciados durante las  manifestaciones. ILEX Acción Jurídica pudo determinar que en Bogotá una persona afro tiene aproximadamente 14 veces más posibilidades de ser multada por las autoridades que una persona blanco mestiza, y 2,57 más probabilidades de ser detenida, requisada o llevada a un área restringida por la Policía.

Para ayudar a entender mejor las intersecciones de esta problemática, desde Raza e Igualdad, e Ilex Acción Jurídica, presentamos este Glosario Pedagógico que ayudará a los y las ciudadanas a identificar cuándo están presenciando un caso de violencia policial racista. La campaña también brindará información básica sobre temas como discriminación y justicia racial.

[1]  CODHES, La Comisión por la Vida, La Mesa Humanitaria y Social, apoyo técnico del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), 2021

BOLETÍN: Colombia, Reconfiguración del Congreso

Colombia, 28 de marzo de 2022.- El domingo 13 de marzo el país se volvió a dar una cita en las urnas para elegir el nuevo Congreso 2022-2026, que se posesionará el 20 de julio. Estas elecciones trajeron consigo la reconfiguración del Congreso y se podrían considerar como históricas. Por primera vez en el país, un partido de izquierda se convierte en el más votado para unas elecciones legislativas y el Pacto Histórico, partido político de naturaleza progresista, se quedó con al menos 16 curules en el Senado y 25 en la Cámara1, convirtiéndose en la principal fuerza política del país, seguido de los partidos tradicionales Liberal (con 47 curules en total) y Conservador (con 41 curules en total).

Sin embargo, luego del escrutinio y ante las múltiples denuncias de fraude, el Pacto Histórico recuperó cerca de 400.000 votos y, con eso, se suman al menos otros tres curules al Senado. Por su parte, con estos resultados, Fuerza Ciudadana no perdería su personería jurídica y llegaría al Senado con al menos 3 senadores. Hasta el momento, no se cuentan con cifras oficiales sobre la reconfiguración del Congreso y el país está a la expectativa de lo que podría suceder luego de que el registrador Alexander Vega hiciese un llamado a un reconteo general de votos sin garantías para la oposición, el cual, fue rechazado por la Comisión de Garantías Electorales.

Al comparar el Congreso 2018 vs. el actual, es posible observar un profundo cambio en las preferencias electorales del país. Para el 2018, el partido con mayor número de votos fue el Centro Democrático, seguido de Cambio Radical y el Conservador (todos de derecha o extrema derecha).

Al igual que las anteriores elecciones, fueron electas diez curules para el partido de los Comunes, conformado por excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), pues según el Acuerdo de Paz, durante dos periodos serían elegidas cinco personas para Cámara y cinco para Senado. Además, por primera vez fueron electas 16 nuevas curules para las Circunscripciones Especiales de Paz, las cuales fueron definidas en el Acuerdo de Paz para dar reconocimiento y reparación a las víctimas de las zonas con mayor afectación del conflicto armado.

Otro hecho significativo fue la participación política de personas LGBTI en el Congreso; pues pasó de dos en el periodo 2018-2022 a seis en el periodo actual. Este es un avance significativo en materia de reconocimiento de las diversidades sexuales y de género y se espera que, con este aumento, se logre un compromiso mayor con la agenda política de los sectores LGTBI en el país.

En cuanto a la participación de las y los colombianos en las urnas, la abstención volvió a aumentar. Según los datos de la Registraduría, la abstención fue del 54.2%, mayor a la de las elecciones del 2018, cuando fue del 51%. Por ende, más de la mitad del país continúa sin participar electoralmente.[1]

LAS CONSULTAS INTERNAS

En la jornada electoral también se definieron los candidatos presidenciales de tres agrupaciones políticas: Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Centro Esperanza. El escrutinio posicionó como partido ganador al Pacto Histórico. Gustavo Petro, quien obtuvo una votación histórica con al menos 4.487.551 votos, se convirtió en el candidato presidencial de dicha agrupación. Los otros candidatos electos fueron Sergio Fajardo, por la coalición Centro Esperanza, con un total de 723.084 voto, y Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, con 2.160.329 votos. Por tanto, estos tres candidatos se enfrentarán a Ingrid Betancourt y a Rodolfo Hernández el 29 de mayo por la Presidencia de la República.

Sin embargo, también hubo una gran ganadora en dicha jornada electoral: Francia Márquez, lideresa afrodescendiente y medioambiental, quien sin maquinarías políticas, obtuvo la tercera votación más alta entre las consultas (solo precedida por Gustavo Petro y Federico Gutiérrez), con un aproximado de 783.160 votos. Con dicha votación, Márquez se impuso ante candidatos con un amplio historial político como Alex Char, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Jorge Robledo.[2]

MUJERES EN EL CONGRESO

La participación de mujeres congresistas en las pasadas elecciones, es la más alta en la historia del país, hasta la fecha.  Para este nuevo Congreso fueron electas 83 mujeres, 29 más que en el anterior periodo legislativo. De estas, 32 harán parte del Senado y 46 estarán en la Cámara de Representantes. Además, por primera vez una mujer indígena, Aida Quilcué, fue electa como Senadora por una curul especial étnica, mientras que Dorina Hernández se convirtió en la primera mujer palenquera en llegar al Congreso. Además, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, fue la segunda votación más alta del país, y Katherine Miranda, de la Alianza Verde, la más alta a la Cámara de Representantes. A esto se le suma la aparición de “Estamos Listas”, el primer movimiento político de mujeres en Latinoamérica, quienes se presentaron con lista cerrada al Senado integrada solo por mujeres; y aunque no obtuvieron la votación necesaria para obtener ni una sola curul, su aparición en el panorama electoral marca un precedente en la participación política de las mujeres en el país.

Con esta composición del Congreso, Colombia supera la media mundial del 25.5% de representación de mujeres en la rama legislativa. El mayor número de mujeres congresistas hacen parte del Pacto Histórico (17), seguidas por Liberales (15) y el partido Conservador (10)4, lo cual continua la tendencia general de las votaciones a nivel partidista. Una presencia del 30% en el legislativo es la muestra de que el camino es largo para la paridad, ya que en los últimos 30 años se ha aumentado solo un 20%, pero al mismo tiempo es un mensaje esperanzador sobre los cambios sociales que se experimentan en el país por una feminización de la política.

CURULES ÉTNICAS

En Colombia, se crearon las circunscripciones electorales especiales étnicas como medida afirmativa para mejorar la representatividad de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el Congreso de la República, reconociendo la diversidad étnica y cultural en el país. La circunscripción especial indígena tiene 2 curules al Senado y 1 representante a la Cámara. Las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras tienen 2 curules a la Cámara y la comunidad raizal 1 representante. Cada una de estas circunscripciones han tenido diferente reglamentación y participación. En este sentido, se han ido generando cuestionamiento relacionados con el alcance de la representatividad al interior de estas curules étnicas por diferentes razones. Por ejemplo, históricamente las votaciones no han representado el porcentaje de la población indígena o afrodescendiente en el país, la poca representatividad de los líderes que se candidatizan en las circunscripciones especiales y la preferencia por partidos tradicionales.

En este contexto de participación y representatividad, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras han adquirido mayor visibilidad política en años recientes a partir de la consolidación de liderazgos y del movimiento social afrodescendiente en el país. De esta manera, se han fortalecido movimientos ciudadanos de personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para promover mayor participación política. A partir de la Ley 70 de 1993, la circunscripción especial para comunidades negras garantiza la representación del pueblo negro en el Congreso y permite la creación de un partido político. Por eso, para estas elecciones se observó mayor candidatización de líderes y lideresas afrocolombianas, así como consolidados Consejos Comunitarios y movimientos como Soy porque Somos.

Para estas elecciones de 2022, se inscribieron 48 listas para un total de 127 candidatos, de los cuales en un principio fueron elegidos Ana Rogelia Monsalve del Palenque de las Vereda Las Trecientas, del municipio de Galapa, y Miguel Polo Polo de la Organización Fernando Ríos Hidalgo. La elección de Polo fue ampliamente criticada al considerarse que no ha realizado activismo alguno a favor de las comunidades afrodescendientes y por estar inscrito a nivel nacional como indígena. Sin embargo, durante los escrutinios Polo Polo perdió su curul, la cual fue entregada a Lina Martínez, quien se presentó  por el Consejo Comunitario Los Limones. Al igual que lo sucedido con la elección de Polo, la de Martínez no ha pasado sin crear controversia, ya que es la hija del exsenador Juan Carlos Martínez, quien fue condenado por parapolítica.

Por otra parte, la curul específica para la comunidad raizal, creada por el acto legislativo 2 de 2015, no ha sido reglamentada desde su creación. Han pasado alrededor de 7 años sin que esta curul especial haya sido reglamentada. Por esta razón, a pesar de que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuentan con 2 representantes por circunscripción territorial departamental, donde fueron electas dos personas raizales, aún no cuentan con un espacio especial en el Congreso que garantice la representatividad y participación del pueblo raizal.

CURULES DE PAZ

La apuesta por la participación política directa de las víctimas como uno de los pilares del Acuerdo de Paz resultó ser una propuesta sin precedentes en los procesos de justicia transicional en el mundo[3]. Estas curules resultan ser un mecanismo para dar solución a los problemas históricos de representación, bajo la idea de lograr una sociedad más incluyente, pluralista, participativa, facilitando la creación de fuerzas políticas que tradicionalmente no han tenido representación en el Congreso y dándole voz a las víctimas que habitan los territorios más afectados por la violencia.

A pesar de lo anterior, su implementación no ha estado exenta de tropiezos. En las ocasiones en las que se instó al Congreso para que legislara al respecto y se le diera operatividad a la ley, se alegó la falta de mayoría de votos requeridos por el Artículo 375 de la Constitución Política[4]. Los proyectos de ley fueron archivados debido a las estrategias dilatorias para la votación llevadas a cabo por congresistas que se declararon en contra, pues alegaban que estas curules le brindarían mayorías automáticas a las FARC dentro del Congreso y que se trataban de curules que “no son para las víctimas, son para los victimarios[5]”.

Luego de que se presentaran dos tutelas para garantizar el derecho a la implementación de las Curules de la Paz, la Corte Constitucional respondió aprobando el proyecto de Acto Legislativo 05 de 2017 y ordenando desarchivar y ensamblar el documento final para darles representación política en la Cámara de Representantes[6]. Con esto, el presidente Iván Duque firmó el Decreto 1207 de 2021, “por el cual se adoptan las disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030”. La jornada de elecciones del pasado 13 de marzo, entre muchos otros motivos, resultó ser también histórica por ser la primera vez que se implementaba esta novedosa política.

Lamentablemente, las predicciones de los detractores de las Curules parecen haberse hecho realidad. Si bien la normativa no permitía que los partidos y movimientos políticos que cuentan con representación en el Congreso o con personería jurídica, incluido el partido que surgió de las FARC, inscribieran listas ni candidaturas para estos espacios, los resultados de las elecciones evidencian su cooptación por parte de clanes políticos tradicionales y sus maquinarias electorales[7], incluyendo familiares cercanos y fichas políticas de miembros de grupos paramilitares[8]. De igual manera, diversas organizaciones denunciaron obstáculos para la participación efectiva de las víctimas, como el cobro de millonarias pólizas[9], las amenazas de grupos ilegales[10] y el desconocimiento y limitada pedagogía sobre las Curules de Paz[11].

PROTOCOLO DE VOTO TRANS

El 13 de noviembre del año 2020 el Consejo Nacional Electoral emitió la Resolución 3480 de 2020, por medio de la cual se adoptó el protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre de discriminación. Este protocolo fue diseñado por la Misión de Observación electoral –MOE-, la Fundación GAAT y Caribe Afirmativo, con el propósito de eliminar aquellas barreras y conductas de discriminación y violencia que impiden el ejercicio del derecho al voto en condiciones de igualdad durante las jornadas de elección popular y de mecanismos de participación ciudadana.

El pasado 13 de marzo se implementó el Protocolo del Voto Trans por primera vez en el país, durante las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas populares. En consecuencia, la MOE, con apoyo de la Fundación GAAT y Caribe Afirmativo, implementó una estrategia de observación electoral con enfoque diferencial, en la cual, 40 personas con experiencia de vida trans observaron el cumplimiento de dicho protocolo y monitorearon la situación en 19 municipios del país.

Las actividades de observación electoral permitieron registrar casos en donde se identificaron restricciones de distinta índole al derecho al voto de personas Trans. En términos generales, se resalta la existencia de filas separadas por sexo o género en donde a las personas trans se les impidió ubicarse libremente; la práctica de requisas por parte de la policía que no fueron desarrolladas por un agente de su mismo género; casos de discriminación ejercida por jurados y juradas de votación, y barreras asociadas al no reconocimiento del nombre y género corregido en los documentos de identidad de las personas trans.

Las barreras identificadas permiten a las organizaciones resaltar la importancia de contar con este protocolo y de intensificar las acciones de veeduría y pedagogía para el desarrollo de estas jornadas. En este sentido, se insta a la Registraduría Nacional del Estado civil (RNEC) a desplegar acciones pedagógicas dirigidas a personas jurados de votación, personal de la fuerza pública y demás autoridades públicas competentes. A su vez, se resalta la necesidad de actualizar todos los datos e información de las personas que realizan los procesos de corrección de nombre y componente sexo/ género en sus documentos en todas las bases de datos de la RNEC.

 VIOLENCIA DURANTE LAS ELECCIONES

 Tres fueron las alarmas establecidas por Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el marco de las elecciones a Congreso y consulta del 13 de marzo: confusión en el uso de los tarjetones, violencia y delitos electores[12]. En relación con las dinámicas de la violencia en las elecciones, la MOE indicó que el Mapa de Riesgos Electorales elecciones 2022 asociado a la violencia en el país, registró 121 municipios en riesgo medio, 130 en riesgo alto y 68 en riesgo extremo.[13]

En la matriz de riesgos electorales, la MOE ha establecido en los factores indicativos, los siguientes elementos : la violencia contra líderes, presencia y acciones de grupos armados ilegales, economías ilegales, violaciones a la libertad de prensa, desplazamiento forzado, principalmente en los municipios con Circunscripciones Transitorias para la Paz y los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Durante las elecciones, la Fundación Paz y Reconciliación reportó situaciones como: la desactivación de una moto bomba en Santander de Quilichao, bloqueos de vías y el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el traslado de mesas de Ituango por cuestiones de seguridad, atentados con explosivos en la Macarena, Meta y San Vicente del Caguán con dos personas heridas y tres militares muertos[14]. Así mismo, en la Costa Pacífica Caucana el constreñimiento electoral por parte del Comando Coordinador de Occidente con la advertencia de no votar por dos candidatos de Cambio Radical.

Teniendo un panorama general sobre el desarrollo y resultado de las recientes elecciones legislativas en Colombia, Raza e Igualdad reconoce y celebra la realización de estos comicios, así como la puesta en práctica de protocolos para la participación de grupos históricamente marginados y víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, llamamos la atención sobre varios aspectos que son preocupantes y que deben ser monitoreados y mejorados por las autoridades. Por un lado, condenamos la falta de garantías por parte del Gobierno Nacional para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el país por medio de las Curules de Paz. Instamos a que se adelanten las investigaciones pertinentes y se precisen las regulaciones necesarias para garantizar que estos escaños sean otorgados acorde al espíritu y fundamento de representación de las víctimas que se recoge en el Acuerdo de Paz.

Por otro lado, celebramos la elaboración e implementación de este protocolo de voto trans y reconocemos la importante labor de incidencia y construcción colectiva de las organizaciones sociales que impulsaron esta tarea pendiente para avanzar en la garantía de los derechos de las personas con experiencia de vida Trans en el país.

Así mismo llamamos al nuevo Congreso para que se comprometa con la implementación integral de lo estipulado en el Capítulo Étnico, y con la ratificación de la Convención Interamericana para la eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). Se espera que, durante esta vigencia legislativa, los y las congresistas aliadas de las causas sociales pongan como prioridad en sus agendas el reconocimiento de los grupos socialmente marginalizados y vulnerables.

Exhortamos a la comunidad internacional, para que continúen con su trabajo de veeduría y seguimiento sobre los próximos escenarios electorales en Colombia, y que se continue haciendo vigilancia al comportamiento del recién configurado Congreso de la República.

Desde Raza e Igualdad realizamos un llamado a la ciudadanía para salir a votar masivamente en las elecciones presidenciales que se realizarán el 29 de mayo. La abstención no puede continuar siendo un factor decisivo para determinar el futuro del país.

Por último, solicitamos al Estado colombiano, brindar  las garantías necesarias para que todas las jornadas electorales se desarrollen con veracidad y transparencia, y prevenir escenarios de fraude. Lo sucedido en el marco de las elecciones legislativas no puede repetirse, la sospecha de un fraude y la posterior solicitud de reconteo por parte del Registrador aumenta la desconfianza ciudadana. Ante estas situaciones, recalcamos la necesidad de veedurías ciudadanas e internacionales para la garantía de elecciones limpias y libres.

[1]  Registraduría Nacional del Estado Civil (2022). Revisado en: www.registraduria.gov.co

[2] Registraduría Nacional del Estado Civil (2022). Revisado en: www.registraduria.gov.co

[3] En el panorama internacional, en palabras del embajador de Países Bajos en Colombia, Ernst Noorman, “tras el final de un conflicto armado nunca se ha visto algo del mismo nivel de las curules de paz para la participación en política de las víctimas”. Ver al respecto: https://twitter.com/enoorman/status/1499785332945993735

[4] Un primer intento de legislación se dio el 30 de noviembre de 2017, con el Acto Legislativo 05 de 2017. Un segundo intento se dio a través del proyecto Acto Legislativo 001 de 2018. El proyecto era muy similar al presentado en 2017, pero tenía algunos cambios como requisitos para inscribirse y ser candidato a las curules, y el título de las Circunscripciones, que tendrían el carácter de Territoriales y Especiales.

[5] https://www.semana.com/nacion/articulo/las-criticas-de-uribe-y-el-centro-democratico-a-las-curules-de-paz/202149/

[6] Corte Constitucional. Sentencia SU-150 de 2021

[7] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/en-vivo-asi-avanza-el-preconteo-para-las-16-curules-de-paz/

[8] https://www.elespectador.com/colombia-20/circunscripciones-de-paz-2022/

[9] https://www.ideaspaz.org/publications/posts/2129

[10] https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/curules-de-paz-tres-de-cada-cuatro-candidatos-tienen-algun-tipo-de-riesgo/

[11] https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/939-asi-funcionara-la-eleccion-a-las-curules-para-las-victimas.html

[12] 1 Radio Nacional de Colombia. (2022). Las advertencias de la MOE de cara a las elecciones del 13 de marzo. Consultado en: https://www.radionacional.co/actualidad/politica/elecciones-2022-moe-advierte-riesgos-13-marzo

[13] Misión de Observación Electoral (MOE). Mapas y factores de riesgo electoral Elecciones nacionales Colombia 2022. (2022). https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2022/02/Mapas-de-Riesgo-Electoral-2022_DIGITAL-1.pdf

[14] 6 Fundación Paz y Reconciliación. Seguimiento electoral 13 de marzo. (2022). Consultado en: https://www.pares.com.co/eleccione