Raza e Igualdad, Somos Identidad, Caribe Afirmativo Y La Fundación Afrocolombiana Arcoiris publican el primer informe sobre el impacto del conflicto armado colombiano en la población Afro-LGBT

Raza e Igualdad, Somos Identidad, Caribe Afirmativo Y La Fundación Afrocolombiana Arcoiris publican el primer informe sobre el impacto del conflicto armado colombiano en la población Afro-LGBT

Colombia, 27 de septiembre de 2021. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) junto con Caribe Afirmativo, la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) y la Fundación Afrocolombiana Arco Iris de Tumaco publican el informe “Nos decían: tras de negras, maricas”: Informe sobre las experiencias e impactos del conflicto armado en personas LGBT del sur de Bolívar y el sur del Pacífico” en el que resaltan la oportunidad ineludible que tiene la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), de aportar a la visibilidad y al reconocimiento de las víctimas Afro-LGBT en el informe final que elabore esta entidad.

Este informe sostiene, a partir de los testimonios y las voces de personas que se autoidentifican como lesbianas, gais, bisexuales y trans y que se autoreconocen como afrodescendientes, negras, palenqueras y/o raizales víctimas del conflicto armado, que los grupos armados legales e ilegales persiguieron y ejercieron formas diferenciadas de violencias por prejuicios contra las personas Afro-LGBT, en razón de su pertenencia étnica afrodescendiente y su orientación sexual, identidad y/o expresión de género (OSIGEG) real o percibida, de forma sistemática y con fines estratégicos.

La principal motivación para la presentación de este documento es brindarle elementos a la Comisión, a las instituciones estatales y a la sociedad en general, para el reconocimiento de las formas agravadas de violencia, discriminación y exclusión que las personas Afro-LGBT afrontaron en razón de la intersección de vulnerabilidades asociadas a lo étnico-racial, a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas y a las condiciones de marginalidad socioeconómica en medio del conflicto armado colombiano en el Sur de Bolívar y en el Pacífico Sur Colombiano.

De igual forma, busca aportar a la construcción y definición del concepto de enfoque interseccional, como categoría de análisis, enfoque teórico y herramienta clave que debe ser aplicada de forma transversal en función de los componentes de los estándares internacionales en materia de transiciones de conflicto armado a tiempos de paz (esto es, los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición) para materializar realmente una paz estable y duradera.

De acuerdo con los hallazgos y análisis presentados en este informe, puede concluirse que existió un patrón de conductas criminales perpetradas por los grupos armados legales e ilegales en razón de la pertenencia étnica afrodescendiente y su orientación sexual, identidad y/o expresión de género (OSIGEG), que incluyó desplazamiento forzado, violencia sexual, agresiones verbales y físicas, amenazas, asesinato  y su tentativa, siempre atendiendo a particularidades entre los grupos y particularidades de acuerdo al territorio.

En el informe se sostiene que este patrón se basó en prejuicios racistas, misóginos y LGBTfóbicos preexistentes en las sociedades en las que estas agrupaciones centraron su actuar, los cuales se exacerbaron atendiendo a las dinámicas de la guerra y las condiciones de pobreza que se vivía en las regiones.

Por último, resalta que esta agudización de los efectos en los cuerpos y vidas de las víctimas Afro-LGBT se vio marcada, también, por la baja o nula atención que se le ha dado a la interseccionalidad en las políticas públicas en Colombia, en especial aquellas relacionadas con víctimas del conflicto armado y, de paso, por la falta de visibilización de la situación de derechos humanos de las personas Afro-LGBT, lo que conlleva a la falta de medidas para la garantía de sus derechos y la eventual impunidad cuando estos son vulnerados.

La organización “Somos Identidad” dialoga con las autoridades locales en Cali sobre los retos para la atención Y reparación de Las victimas Afro-LGBT del conflicto armado

Colombia, 14 de septiembre de 2021. La Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) sostuvo el pasado 27 de agosto de 2021 un encuentro con representantes de diferentes instituciones estatales de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, con el objetivo de discutir sobre la necesidad y urgencia de implementar y fortalecer políticas de atención y reparación a víctimas del conflicto armado desde un enfoque interseccional, que tenga en cuenta la orientación sexual e identidad de género y la pertenencia étnica de las personas beneficiarias.

El encuentro se dio en el marco de un proyecto liderado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el apoyo del Gobierno de Canadá, cuyo objetivo es visibilizar a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado y las causas e impactos diferenciales que este tuvo en las personas con identidades y expresiones sexuales diversas. “Este tipo de espacios resultan de gran importancia para garantizar y fortalecer la participación de las organizaciones Afro-LGBT en la construcción de estrategias de incidencia local y la implementación de planes de trabajo en los territorios, en especial con las instituciones que tienen a su cargo la promoción de derechos y la atención de las víctimas del conflicto armado”, señaló Laura Poveda, abogada consultora para Colombia de Raza e Igualdad.

A través de un diálogo interactivo, los y las participantes ahondaron sobre cómo el racismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género se entrecruzaron a lo largo del conflicto armado, y conversaron sobre las principales barreras y retos que hay para implementar medidas integrales de atención y reparación a las víctimas Afro-LGBT en la ciudad de Cali.

Sandra “Sami” Arizabaleta, directora de la organización Somos Identidad, señaló que la pertenencia a un grupo étnico de personas diversas sexualmente conllevó un escalamiento de la violencia sobre sus cuerpos, con el fin de eliminar el rastro de su historia como personas afro y LGBTI en los territorios. La participante señaló que el despojo, el desplazamiento, la violencia sexual y la desaparición forzada fueron formas de violencia contra las personas Afro-LGBT para desarraigarlas de su territorio y su comunidad.

En este sentido, Carmen Aguirre, quien funge como enlace con las víctimas del conflicto armado de la Secretaría de Paz de Cali, rescató los esfuerzos de la administración municipal para construir un relato sobre la memoria histórica que incluya todas las voces, y señaló que se están adelantando esfuerzos conjuntos con la mesa municipal de víctimas y los consejeros territoriales de paz a fin de avanzar en la reparación simbólica y en la implementación de planes de atención en salud mental para las víctimas.

Por su parte, Junny Gonzalez, en representación de la iniciativa “Campus Diverso” de la Universidad del Valle, presentó el plan de trabajo que esta institución educativa viene adelantando para la protección y promoción de un campus universitario libre de prejuicios contra las personas afrodescendientes a razón de su orientación sexual e identidad de género en intersección con su pertenencia étnica.

Otras instancias municipales, como los representantes del programa CaliAfro y del programa CaliDiversidad ahondaron en las rutas de trabajo que estas entidades están poniendo en marcha para la atención de población afrodescendiente y la población LGBTI+ respectivamente, señalando que uno de sus propósitos a largo plazo es la articulación con otras iniciativas municipales.

Para cerrar el evento, la organización Somos Identidad subrayó la necesidad de que cualquier medida que tenga por objeto la atención de las víctimas Afro-LGBT en la ciudad de Cali debe partir de un enfoque interseccional que tenga presente los diferentes factores de opresión que recaen simultáneamente sobre esta población. De igual manera, la organización reiteró su disposición para la cooperación y articulación con las instituciones locales, en especial para la ejecución de iniciativas que permitan la integración al relato oficial de memoria histórica de las poblaciones más segregadas, como el caso de las víctimas negras diversas

Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y Codhes, publican actualización del informe “Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del Paro Nacional en Colombia”

Colombia, 8 septiembre de 2021. Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y Codhes en su reciente informe ‘Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del paro nacional en Colombia’, piden al Gobierno nacional y los organismos estatales realizar acciones contundentes en contra de la violencia policial racista, exacerbada en medio del Paro Nacional que se inició el pasado mes de abril y que ya completa más de cuatro meses. 

De acuerdo al informe de seguimiento al paro, la respuesta el Gobierno ha incluído la militarización de  los territorios y el uso desproporcionado de la Fuerza Pública, afectado de manera diferencial a la población afrodescendiente al estas acciones estar concentradas en ciudades como Cali, que tiene la mayor densidad de esta población en el país.

Entre las recomendaciones que las organizaciones le  hacen al Gobierno está la realización de la reforma policial, pero atendiendo a los criterios internacionales de respeto de los derechos humanos y las demandas sociales, que a la fecha se desconoce si están consignadas en su promocionado proyecto de reforma. 

Uno de los cambios  que las organizaciones consideran debe ser incluido es el traslado de  la institución como cuerpo de control civil armado al Ministerio del Interior, así como  adoptar la justicia procesal como guía de sus actuaciones internas y externas y apegarse estrictamente a los protocolos del uso legítimo de la fuerza en cumplimiento a los principios/criterios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. 

De igual forma, solicitan recolectar, almacenar y analizar datos demográficos desagregados por raza, etnia, sexo, género, de todas las detenciones, comparendos, registros y arrestos, pero también actualizar permanentemente la plataforma de consulta de procesos, establecer un mecanismo eficaz que permita a las personas consultar por el número de cédula si una persona se encuentra bajo custodia de la policía indicando el lugar exacto y el motivo, así como difundir masivamente el contenido de las normas sobre el uso de la fuerza, entrenamiento, investigaciones y enjuiciamientos. 

“La represión continuó (después de las grandes marchas), la persecución a lideresas y líderes. Tenemos ahora con mayor certeza de que hubo un ejercicio de inteligencia por parte de la Policía, del Ejército, de las autoridades militares, que está generando arrestos en diferentes zonas del país. Pero es muy complejo diferenciar quienes pertenecen a la población afrodescendiente porque el sistema estatal no hace esa diferenciación”, señala  Charo Mina-Rojas, coordinadora Nacional de Cabildeo del Proceso de Comunidades Negras (PCN), frente a este aspecto. 

Y es que, de acuerdo al informe, el Gobierno aún no acata las recomendaciones de las entidades internacionales frente a la protección de personas indígenas y afrodescendientes contra la discriminación por parte de organismos estatales y funcionarios públicos, así como por cualquier persona, grupo u organización. 

En el texto se señala que el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y ha desconocido las recomendaciones formuladas, cuestionando  el contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas al no coincidir con las institucionales, condicionando con esto la calidad de víctima a la apertura de investigaciones, además,  de reprochar la legitimación de los cortes de ruta o bloqueos como mecanismo válido de protesta. 

Es así como se sugiere que el Gobierno debe propender por realizar diálogos amplios con representación plural y diversa en los  que participen personas  afrodescendientes, cesar todo acto de violencia policial y vulneración a los derechos humanos, reconocer la legitimidad de los bloqueos como mecanismo de protesta y desistir de su criminalización, así como realizar campañas pedagógicas sobre aspectos relevantes del derecho a la protesta y demás derecho humanos. 

Entre el 28 de abril y  el 8 de julio, las organizaciones reportaron 466 situaciones de violencia registradas en medio de las manifestaciones en Cali. Un 13,7% ha sido hacia personas afrodescendientes. Asimismo, registran 108 homicidios, de los cuales 39 se habían identificado contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%

En este sentido, Altagracia Jean Joseph,  directora de la Fundación Código Humano de República Dominicana, señala que el Gobierno colombiano prometió que iba a garantizar seguridad, desarrollo, libertades y está haciendo todo lo contrario, incluso se está quitando la vida a la población afro. 

“Deberíamos empezar por cumplir las leyes de la Constitución colombiana y todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. El Estado debe empezar a cumplir, pero protegiendo y garantizando la vida. Que se pueda ver inversión que garantice vida, salud, seguridad de los jóvenes”, indica Altagracia Jean Joseph,  directora de la Fundación Código Humano de República Dominicana, frente a la posición del Gobierno”, agrega  Joseph.

Conozca el documento  “Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del paro nacional en Colombia”  en is.gd/sz7uIc 

 

3 meses del Paro Nacional en Colombia

Colombia, 29 de julio de 2021. El 28 de julio el país cumplió 3 meses desde el inicio del Paro Nacional. Durante este tiempo, muchas vidas se han perdido, jóvenes han sido desaparecidos y las lesiones personales de algunos y algunas serán irreversibles. Sin embargo, también han sido tres meses de esperanza; en los cuales la juventud colombiana se ha empoderado de las calles para exigir sus derechos. Pese el miedo, las amenazas y los ataques, los y las jóvenes del país han permanecido en las calles para que el gobierno les escuche.

El 28 de abril de 2021 en Colombia se convocó una gran marcha nacional para rechazar la reforma tributaria que el Gobierno de Iván Duque había presentado ante el Congreso. Como resultado del descontento generalizado y ante la aguda crisis económica, social y política que atraviesa el país, a partir de esta fecha se desataron una serie de manifestaciones, marchas y plantones que se vieron opacados desde el primer momento por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública y por la estigmatización de la protesta, la falta de disposición al diálogo y la negativa a realizar reformas de fondo a políticas económicas, de salud, educación, entre otras, por parte del Gobierno Nacional.

Para el primer día de manifestaciones, la cifra oficial era de al menos una persona muerta en las protestas y decenas de manifestantes heridos[1]. En contraste, organizaciones no gubernamentales como Temblores[2] y la Campaña Defender la Libertad[3], reportaban más de 100 heridos por el accionar de la Policía Nacional, al menos 4 muertos en las protestas y cientos de detenciones arbitrarias[4].  En Cali, lugar que rápidamente se convirtió en epicentro de las protestas y donde la situación de orden público era complicada, el Gobierno desplegó al menos 4.000 soldados y policías para custodiar la ciudad para las manifestaciones del 01 de mayo[5], decisión que fue replicada en varios ocasiones posteriores y que evidencio su intención de dar de guerra a la protesta social[6]. A pesar del toque de queda que existe en varias ciudades a causa de la pandemia, durante las noches se registraron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes con grandes brotes de violencia a nivel nacional, en ocasiones exacerbadas por la presencia de civiles armados que atacaban a las personas en las concentraciones.

El 2 de mayo, el presidente Iván Duque le pidió al Congreso que retirara la reforma tributaria y le solicitó al Ministerio de Hacienda concertar un nuevo proyecto con los diferentes sectores del país, pero las manifestaciones continuaron debido al descontento social que ya había quedado en evidencia en las marchas de noviembre de 2019 y de septiembre de 2020, y que ahora se sumaba a la insatisfacción general de la población frente al nivel de violencia ejercido por agentes estatales y el alto número de casos de violaciones a los derechos humanos de los y las manifestantes. Al 22 de julio, la Campaña Defender la Libertad, reportó 87 homicidios ocurridos en el contexto de protestas, de los cuales 28 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 1.905 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y el ESMAD, 3.365  personas detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria y con serias denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos, 346 personas desaparecidas, entre otros numerosos episodios[7].

Las cifras totales de víctimas durante los tres meses del paro no son unánimes. Según el informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se encuentra que “Entre el 28 de abril y el 16 de junio registramos denuncias de 56 muertes, incluidas 54 de civiles y dos de policías, en el contexto de las protestas -principalmente en la ciudad de Cali-, así como de 49 presuntas víctimas de violencia sexual” [8]. Cifra que el gobierno nacional, en cabeza de su embajadora ante Naciones Unidas, Alicia Arango, no aceptó.

La ONU[8], la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[9] (en adelante CIDH), Amnistía Internacional[10], Human Rights Watch[11], la Unión Europea[12], el Vaticano[13] y el Gobierno de EEUU[14], entre otros, han rechazado la violencia policial en Colombia y han pedido acciones al Gobierno colombiano para que cesen las agresiones.

Frente a las evidencias de abuso policial durante el paro hace casi un mes, y tras la campaña de varias organizaciones civiles colombianas, el 7 de mayo la CIDH anunció su intención de visitar Colombia para documentar y verificar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas. En principio, el Gobierno colombiano negó temporalmente la solicitud, hasta que los organismos internos de control (Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo) terminaran las labores de investigación. Tras un encuentro en Washington el 25 de mayo, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, informaron que se permitiría la visita de trabajo a Colombia después de que se entregaran los informes por parte de las autoridades nacionales y se surtiera la audiencia convocada por la Comisión para el 29 de junio. La Presidencia, no obstante, revirtió su decisión y en la mañana del lunes 31 de mayo le propuso a la CIDH una agenda de trabajo en territorio entre el 7 y el 11 de junio.

La visita de la CIDH se dio entre el 8 y el 10 de junio, es necesario resaltar en este análisis el importante rol que ha jugado la sociedad civil y las organizaciones sociales que impulsaron y participaron activamente en la presentación de informes y casos ante la CIDH, esfuerzo conjunto del cual Raza e Igualdad nos sentimos profundamente agradecides con todas las organizaciones y colectivos con quienes pudimos participar de este momento histórico de construcción colectiva. Durante este tiempo, la Comisión visitó las ciudades de Bogotá y Cali, siendo estas el epicentro de las protestas nacionales. En esta visita, los y las delegadas de la CIDH se reunieron con el Estado y con representantes de la sociedad civil, quienes le ofrecieron diferentes informes sobre temas como violencia policial, abusos sexuales, discriminación racial, desapariciones forzosas y otros aspectos que se han dado en medio del paro nacional[16].

Luego de esta visita, la CIDH presentó una lista de observaciones y recomendaciones para el Estado colombiano. En esta lista, basada en los estándares internacionales, se señala la importancia de que se inicie un dialogo social con representación de los diferentes sectores que han parado en el país. Para esto, “la Comisión Interamericana destaca que recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas; además, dichos testimonios fueron debidamente registrados, sistematizados y analizados” [17].

Hasta la fecha, ese diálogo no sea materializado de forma efectiva y el descontento generalizado permanece presente. La criminalización de la protesta por parte de las autoridades nacionales y la presencia de civiles armados que, impunemente, han atacado a los y las marchantes han sido una constante a lo largo de los últimos tres meses en el país. Según información de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Colombia se ha convertido en el segundo país del mundo con más muertes violentas por día de protesta, con un estimado de un muerto por cada 36 horas, además, se encontró que al menos en 27 ciudades del país se dio el surgimiento de grupos de civiles armados. Lo cual, deja en evidencia la gravedad de la situación actual del país[18].

Desde Raza e Igualdad realizamos un llamado al diálogo y al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH. Un país respetuoso de las diferencias es la vía para la construcción de una paz estable. Lamentamos profundamente los actos de violencia que han sido realizados por parte de la Fuerza Pública y esperamos que la justicia actúe de forma imparcial para procesar a todas las personas que han vulnerado la integridad física y mental de los y las participantes del paro nacional.

En esta, nuestra primera editorial 3 meses de Paro Nacional en Colombia reflexionaremos sobre algunos aspectos que han sido parte de la agenda de país durante los últimos tres meses. Los temas que tratamos son: violencia basada en género contra las mujeres; civiles armados y militarización; población LGBTI y la violencia diferencial contra este grupo poblacional; y otras formas de violencia que se han dado en el marco del paro nacional, estas reflexiones son producto del dialogo, análisis y construcción conjunta con nuestras copartes y aliades Asociación Casa Cultural El Chontaduro; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES; Ilex Acción Jurídica; Forest People Programme; Francia Márquez; ACONC; Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM; Lila Mujer; Palenque El Congal, Buenaventura; Caribe Afirmativo, GAAT, la Comisión Colombiana de Juristas, Women’s Link. Desde Raza e Igualdad en Colombia, esta editorial  aporte al diálogo y a la reflexión. Nuestro compromiso siempre será con los derechos.

Las mujeres también paramos: Violencia basada en género dentro de las protestas.

Los motivos por lo que las mujeres han salido a parar son muchos: violencia basada en género, inequidad, inseguridad, entre otros, son algunas de las afectaciones que sufren las mujeres desde su cotidianidad. Las violencias directas, indirectas, estructurales y simbólicas contra las mujeres se manifiestan de diferentes formas. Entre enero y noviembre de 2020, fueron identificados, al menos 209, feminicidios[19], además, según las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la pandemia por el Covid-19, las violencias contra las mujeres aumentó en el país[20]. En adición, se debe mencionar que, a lo largo de más de 50 años de conflicto armado, los cuerpos de las mujeres fueron vistos como territorio de guerra por los bandos armados; según el Registro Único de Víctimas, desde 1985, en el país se han registrado 29.189 crímenes contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres[21].

Por lo anterior, y mucho más, las mujeres en el país han salido a protestar para mayores garantías de vida digna. Sin embargo, han sido registrados casos de violencia sistematizada contra las mujeres por parte de la fuerza pública. En un informe presentado por Temblores, Indepaz y Paiis, entre el 28 de abril y 31 de mayo, fueron registrados al menos 25 casos de violencia sexual y 6 casos de violencia basada en género[22]. Estas organizaciones lograron sistematizar estos hechos basándose en las siguientes categorías: i) hechos ocurridos en lugares cerrados de la Fuerza Pública; ii) las víctimas son separadas de su grupo; iii) las violencias se ejercen en grupo; iv) estas violencias se suman a otras; v) las víctimas suelen ser mujeres o personas feminizadas; vi) las víctimas tienen entre 17 y 30 años; vii) estos hechos suelen ocurrir entre las 4:00 pm y 10:00 pm[23].

Según los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, en su informe presentando ante la CIDH en el marco de su visita al país, entre abril y junio del presente año se presentaron 113 casos de VBG, de los cuales 112 fueron ejercidos por parte del Estado y uno por parte de los manifestantes contra una mujer policía. De las víctimas, 99 fueron mujeres y 13 personas LGBTI. Entre las formas de violencia ejercida, 27 personas denunciaron ser víctimas de violencia sexual[24].

Luego de la visita realizada por la CIDH el llamado común de la sociedad civil ha sido por el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, especialmente aquellas relacionadas al enfoque de género. En el documento que realizó la Comisión, resaltó como una de las motivaciones que tiene la ciudadanía para protestar es la discriminación de género. Además, consideró que una de sus principales preocupaciones es la violencia basada en género en el marco de la protesta.

El apartado 3.2 del informe que entregó la CIDH se denomina “Violencia basada en género en el marco de la protesta” (p. 15 del informe). En este, resalta los múltiples tipos de violencia que han experimentado las mujeres durante el paro, resaltado el caso de la adolescente que se suicidó en la ciudad de Popayán luego de ser abusada sexualmente por agentes de la fuerza pública; la estigmatización que sufren las mujeres que protestan; los casos de abuso hacia mujeres indígenas; los 15 casos de violencia sexual interpuestas por mujeres afrodescendientes; la violencia sexual ejercida contra la población LGBTI; entre otros[25].

Ante estas denuncias, la Comisión le recordó al Estado de Colombia que debe investigar estos hechos y garantizar que las víctimas accedan a justicia y reparación. Además, en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes, la CIDH recuerda las repercusiones negativas que puede conllevar el no accionar de la justicia, enviando un mensaje de que esta violencia es tolerada y “favorece su perpetuación” (p. 17). Además, en estos grupos poblacionales históricamente vulnerados, estas violencias no solo afectan a la víctima de forma individual, sino también a sus pueblos de origen. Lo cual, puede producir impactos negativos en su tejido social y aumentando la sensación de indefensión e impunidad[26].

Estos hechos violan una serie de estándares internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés), la cual compromete a los Estados Parte a velar por la protección y equidad de las mujeres. También, se está violando la Convención de Belem Do Para, convención interamericana para erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, podemos mencionar que el Estado colombiano, al permitir que la Fuerza Pública utilice la violencia sexual como forma de castigo a las manifestantes, se está incumpliendo la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en el país desde 1986. Lo cual, deja en evidencia que el Estado Colombiano está incumpliendo tratados internacionales para defender los derechos específicos de las mujeres.

Militarización y civiles armados ¿Hasta cuándo?

Una de las postales del paro nacional que más ha impactado a nivel nacional es internacional es, posiblemente, las imágenes de civiles armados disparando contra los manifestantes ante la mirada inerte de la Fuerza Pública. Estas imágenes han traído a colación los recuerdos del paramilitarismo en el país. Un ejemplo de lo anterior se observó el 28 de mayo en Cali, cuando civiles armados atacaron a manifestantes en Cali. Gracias a las redes sociales, estos actos criminales quedaron registrados. En dicha fecha, se estima que, según datos de la CIDH, al menos 13 personas perdieron la vida y 36 fueron heridas[27]. Por lo anterior, las Naciones Unidas han solicitado que se investigue a los policías que escoltaron a dichos civiles armados[28]. Asimismo, en esa misma fecha, en Cali, un policía de civil (CTI) asesinó a dos manifestantes y luego fue linchado.

Lo anterior, sumado a los llamados del gobierno a militarizar las ciudades donde el paro ha tenido gran impacto, dejan en evidencia un uso desproporcionado de la Fuerza Pública. En lugar de abrir espacios para el diálogo y la escucha activa de las demandas de la ciudadanía, la respuesta del gobierno ha sido catalogada como “inconstitucional y políticamente equivocado e inconveniente”[29]. El argumento que se da para justificar la militarización del país es evitar los bloqueos. Sin embargo, expertos en el tema han realizado llamados al diálogo en lugar a darle prioridad al uso de la violencia[30]. En momentos de alta tensión, como la que vive en la actualidad el país, donde se ha acusado a que la policía ha tomado posiciones politizadas (tal como se observa en sus redes sociales, ante los diferentes discursos que se manejan cuando hay protestas a favor o en contra del gobierno), es necesario que el gobierno se siente a hablar con los manifestantes. El discurso del enemigo interno no tiene cabida en estos momentos en que los jóvenes salen a manifestarse para reclamar un mejor futuro.

Según el informe presentado por la JEP el 1 de julio del presente año, se encontró que en al menos 27 ciudades se presentaron grupos de civiles armados que atacaron o intimidaron a los y las manifestantes. Estos grupos, además realizaron actos de vandalismo al plasmar siglas de grupos paramilitares en paredes y difundieron videos en redes sociales atacando a los y las participantes del paro [31].

Este uso desproporcionado de la fuerza pública no solo es inconstitucional, como se mencionó anteriormente, sino que viola una serie de tratados internacionales que el país ha pactado. En primer lugar, se está desconociendo la declaración universal de los derechos humanos, al Estado violentar a su ciudadanía y proteger a civiles armados. En segundo lugar, está siendo desconocida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual reafirma la protección de los Derechos Humanos en el marco de la protesta pacífica. Además, se está violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al imposibilitar y coartar la posibilidad de dar a conocer el descontento popular ante el gobierno. El Estado colombiano no puede continuar masacrando a la juventud por salir a luchar por un mejor país.

Durante las últimas semanas, y en el marco de la conmemoración del día de la independencia (20 de julio), el Estado se ha encargado de criminalizar a los marchantes, especialmente a los miembros de la primera línea. Muchos de estos han aparecido en medios de comunicación y redes sociales, siendo capturados por el simple hecho de portar elementos de autoprotección como cascos. Se estima que al menos 134 personas de la primera línea han sido capturadas [32]. Sin embargo, la justicia ha actuado de forma paquidérmica al momento de judicializar a los civiles armados.

LAS VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTI+ EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL DE COLOMBIA

Además de las reclamaciones mayoritarias que congregan a diversos sectores sociales en el Paro Nacional de Colombia, existen peticiones específicas de las personas LGBTI+ que se refieren al estado actual de garantía de sus derechos, por lo que es usual que esta población se haga presente en protestas y plantones. El constante abuso policial hacia personas trans trabajadoras sexuales, el retraso en la implementación de políticas públicas diseñadas para las personas LGBTI+, las altas cifras de impunidad en los casos de asesinato y violencia por prejuicio, entre otras muchas exigencias, se han convertido en reivindicaciones específicas de la población LGBTI en Colombia. Como consecuencia de ello, las personas LGBTI+ también ha sufrido violencia por parte de la Fuerza Pública, tanto de manera general, como las demás personas manifestantes, como de manera particular, por prejuicio en contra de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

De acuerdo a la Corporación Caribe Afirmativo, se han reportado cinco (5) casos de agresiones e intimidaciones por parte de la Policía hacia personas y colectivas LGBT que participan en las movilizaciones nacionales[33]. También se han registrado casos de acosos e intimidaciones a mujeres LBT durante marchas en Barranquilla, Popayán, Buga[34], por parte de funcionarios públicos en Cajicá[35] y en Cali, se han registrado casos de discriminación y ataques contra personas Afro-LGBT por parte de particulares que participan en las manifestaciones[36].

Sobre los casos de violencia y desatención institucional por prejuicio en el marco de las movilizaciones, el pasado 21 de mayo un grupo de Policías detuvo arbitrariamente a tres jóvenes que hacían parte de las manifestaciones en Barranquilla. Ingresaron a una casa sin autorización, los capturaron, los trasladaron a una Estación de Policía, y estando ahí uno de ellos fue víctima de abuso sexual con motivo de su orientación sexual. Estos hechos ocurrieron con complicidad y aprobación de los uniformados, e incluso testimonios afirman que fueron los agentes de policía quienes alentaron a los agresores a que violentaran sexualmente al joven[37]. A pesar de interponer la denuncia penal y de los anuncios sobre la apertura de investigaciones disciplinarias, no se ha suspendido a ningún uniformado[38].

Si bien la violencia policial y las detenciones arbitrarias han sido el mayor escenario de alerta por parte de personas LGBTI+, ha habido otras formas de victimización. El día 15 de mayo de 2021, el ministro de defensa, hizo una declaración pública en el que señaló a diferentes líderes/as sociales del Cauca como responsables de la comisión de varios delitos en el marco de las protestas, incluyendo en sus declaraciones a un líder estudiantil que hace parte de la mesa de diversidad sexual de Popayán y de varios colectivos de derechos humanos[39]. Estas estigmatizaciones conllevan al señalamiento y puesta en riesgo de líderes LGBTI+ en los territorios, como en el caso de Buga, donde una organización LGBTI fue amenazada por ser parte de las manifestaciones[40]. En medio de las denuncias de asociación entre civiles armados y Fuerza Pública, también es preocupante la complicidad de la Policía con los actos de violencia por prejuicio cometidos por particulares, como en el caso ocurrido el pasado 29 de mayo, cuando, aún con la presencia de varios agentes de Policía, un hombre propinó una patada y varios golpes en el rostro a una mujer trans sin ser detenido en ningún momento y sin recibir amonestación alguna[41]. Si bien esta conducta no está relacionada directamente con las actividades del Paro Nacional, si caracteriza la alta tolerancia y la reiterada complacencia de los agentes de Fuerza Pública en este tipo de situaciones en los que se violenta a las personas LGBTI+, en especial a las personas trans.

Factores como el amplio despliegue militar contra los y las manifestantes en diferentes partes del país, la impunidad en los procesos disciplinarios y penales en contra de agentes de policía por vulneraciones a los derechos de las personas LGBTI+ así como la persistencia de discursos de discriminación en la sociedad civil alentados y respaldados por agentes estatales, constituyen factores de riesgo adicional para la comisión de actos violentos en contra de personas LGBTI+ en medio de las manifestaciones. En este sentido Raza Igualdad, en conjunto con GAAT, Caribe Afirmativo y Colombia Diversa entrego un informe especifico a la CIDH en el marco de su visita.

Estos escenarios de violencia reabren el debate sobre la necesidad de ampliar las discusiones sobre la brutalidad policial para incluir el impacto y el alcance de la violencia institucional contra las personas históricamente discriminadas que sufren de estos abusos dentro y fuera de la movilización social, como es el caso de las personas LGBTI+.  De igual manera, abren el debate sobre la necesidad de incorporar a los escenarios de discusión política las reivindicaciones de las personas LGBTI+ en el marco del paro nacional y la necesidad de que se abran espacios de discusión interna dentro de las movilizaciones para el replanteamiento de actitudes LGBTIfóbicas de la sociedad colombiana.

Ante estos casos denunciados, la CIDH resalta las violencias basadas en género que han sufrido las personas LGBTI, registrando al menos 13 hechos; incluyendo la denuncia interpuesta por un hombre gay en Barranquilla y las agresiones físicas y sexuales que han sufrido mujeres trans en Tunja y Pasto por la fuerza pública. Ante lo cual, recomienda que los diálogos que se implementen sean amplios e incluyan a diferentes sectores sociales, incluyendo a las personas LGBTI.

Si bien, la CIDH reconoce que es difícil determinar si la violencia contra población LGBTI está basada en prejuicio de género, exhorta al Estado colombiano que realice las averiguaciones concernientes para esclarecer estos actos. Por lo cual, recomienda al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar que la población LGBTI pueda acceder a justicia y reparación.

OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA Y VIOLENCIA POLICIAL RACISTA EJERCIDAS POR LA FUERZA PÚBLICA EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL

Además de las muertes que ha ocasionado el uso indiscriminado del cargamento armamentístico de la Fuerza Pública, se han identificado otras formas de agresión y ataques derivados de su actuar, que han ocasionado graves lesiones a los y las manifestantes, resultando en una práctica sistemática y estructural de violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD.

En lo que respecta al debido cuidado y garantía del derecho a la salud y la integridad personal, se ha reportado el lanzamiento indiscriminado de aturdidoras y gases lacrimógenos por parte del ESMAD en barrios residenciales y dentro de viviendas. En algunos casos, los cartuchos de gas caen dentro de las edificaciones y vehículos, inundándolos y generando riesgo de incendio. En otros, los cartuchos caen afuera, pero en entornos cerrados y con poca ventilación, causando que el gas se concentre, no se disipe del ambiente y entre a los espacios[42]. A lo largo de estos días se ha evidenciado cómo estos lanzamientos han tenido efectos nefastos y han afectado diferencialmente a grupos etarios vulnerables, como las personas de la tercera edad y menores de edad[43]. De igual manera, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó su máxima preocupación por los más de 140 altercados que habían sufrido para ese momento los trabajadores sanitarios y las ambulancias en el marco de las protestas en Colombia[44], esto luego de las acusaciones hechas sobre su uso por parte de la Fuerza Pública para el transporte de armamento[45].

Las retenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional a personas que se encuentran en contextos de protesta, ya sea protestando o transitando cerca de una marcha, se han vuelto una constante. El 14 de mayo de 2021, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU y la OEA condenaron la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia, y pidieron al Gobierno que llevara a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre, entre otras cosas, las alegaciones de tortura, los casos de presuntas detenciones arbitrarias y los de desaparición forzada registrados[46]. En dicho comunicado, también instaron al gobierno a revelar el paradero de todas las personas detenidas. Se ha registrado que, en medio de estos procedimientos de retención a manifestantes, se han aplicado una serie de medidas paralegales como golpizas y torturas, con la intención de que quienes sufren estos ataques se autoincriminen y admitan delitos que no cometieron[47]. Finalmente, es preocupante la utilización de infraestructuras no creadas para ser centros de retención, como coliseos deportivos, bodegas y estaciones de transporte público, para retener allí masivamente a personas que estaban protestando[48].

Mientras la Fiscalía colombiana anuncia que las autoridades siguen buscando a 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas[49], la información sistematizada desde distintas organizaciones de la sociedad civil, liderazgos sociales y de comunidades, así como periodistas y activistas señalan que hay un listado de 346 nombres de personas que han sido reportadas como desaparecidas[50]. Este mismo 26 de mayo, la vicepresidenta y canciller de Colombia, señaló que en Colombia solo habría una persona reportada formalmente como desaparecida en el marco del Paro Nacional, y que no era claro si los otros debían ser clasificados como desaparecidos[51], lo que encendió las alarmas frente a la posibilidad de que el Estado no esté realizando los esfuerzos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas.

En adición, en el marco del paro, la Fuerza Pública ha realizado violencias direccionadas contra las poblaciones afrodescendientes. Según el informe realizado por organizaciones afrocolombianas liderado por PCN, AFRODES, Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos, CODHES, Ilex Acción Jurídica, la Casa Cultural El Chontaduro, ASOM, ACONC, Lila Mujer, Comité del Paro Cívico Buenaventura, Somos Identidad, y la lideresa Francia Márquez; se estima que al menos el 39% de víctimas de violaciones a los derechos humanos en medio del paro son afrodescendientes. En este informe, que fue presentado a la CIDH se encontró que desde el 28 de abril hasta el 6 de junio se registran 107 homicidios en Cali. De ellos, 39 de las víctimas eran personas visiblemente afrodescendientes, 21 mestizos, 3 personas indígenas y 44 personas cuya identidad étnica racial aún no determinada. Esto significa que al menos el 62% de las víctimas con identidad racial identificada son afrodescendientes. Por lo cual, se observa un racismo estructurado en el accionar de la fuerza pública contra la población afrodescendiente en el país[52].

En el informe presentado por la CIDH, la Comisión se muestra preocupada por las violencias ejercidas contra la población afrodescendiente del país y realiza un llamado a promover un diálogo amplio donde se incluyan estos sectores sociales y a promover el respeto y la no estigmatización. El apartado 3.3 del informe se centra en las violencias basadas en discriminación étnico racial. En este, muestra su preocupación sobre el tema y señala que, debido a la discriminación histórica y estructural, las poblaciones afrodescendientes e indígenas se encuentran más expuestas a prácticas de perfilamiento, a ser detenidas y a sufrir abusos por parte de la fuerza pública.

La Comisión realizó una recomendación específica, centrada en la violencia basada en la discriminación étnico racial, según la cual, le recomienda al Estado adoptar todas las medidas necesarias para eliminar las discriminaciones y estigmatizaciones que todavía pesen sobre grupos poblacionales a razón de su origen étnico racial.

En este sentido nos gustaría resaltar para concluir la necesidad de abordar el análisis de la violencia policial en Colombia ocurrida en el marco del Paro Nacional, teniendo en cuenta las afectaciones particulares contra mujeres, personas LGBT y población afrodescendientes desde una lectura interseccional de este uso de fuerza policial excesiva contra los y las manifestantes, durante la elaboración de informes en el marco de la visita de la CIDH a Colombia, las organizaciones de la sociedad civil encontramos  y nos genera preocupación:

  1. El riesgo especifico que enfrentan las mujeres en el marco de la protesta social, así como los casos de abuso y VBG por parte de fuerza publica.
  2. La falta de información estadísticas, casos e información oficial donde se incluyan variables de diversidad sexual, genero o étnico racial;

3.El perfilamiento racial contra personas afrodescendientes e indígenas y la reproducción de discursos discriminatorios por parte del Estado que reproducen estereotipos negativos que significan además una limitación adicional en términos de acceso a la justicia para dichos grupos poblaciones.

Reiteramos nuestra recomendación al Gobierno:

1 Para garantizar el ejercicio de la protesta social;

2.Garantizar espacios de dialogo seguro que incluyan a todos los sectores que se encuentran haciendo parte del Paro Nacional.

  1. Cumplir con sus obligaciones de protección a la vida, derecho a la protesta y acceso a la justicia cumpliendo con estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
  2. Disponer y asignar recursos para la recolección y análisis de datos estadísticos desagregados respecto de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, así como por factores como la raza, la etnia, la edad, la condición migratoria, entre otras categorías sobre los casos de violencia que se registren en el marco del Paro Nacional.

Notas al píe de página

[1] Noticias Pulzo, “Paro nacional del 28 de abril dejó al menos 2 muertos, 26 detenidos y decenas de heridos”, 29 de abril de 2021, Disponible en:https://www.pulzo.com/nacion/paro-nacional-28-abril-saldo-muertos-heridos-detenidos-PP1047549

[2] Temblores ONG es una organización que en el marco del paro nacional ha elaborado varios reportes de los hechos de violencia policial documentados a través de una plataforma denominada GRITA, que tiene alcance nacional.

[3] La Campaña Defender la Libertad: asunto de tod@s es una red de organizaciones que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.

[4] Noticias Pulzo, “Paro nacional del 28 de abril dejó al menos 2 muertos, 26 detenidos y decenas de heridos”, 29 de abril de 2021, Disponible en:https://www.pulzo.com/nacion/paro-nacional-28-abril-saldo-muertos-heridos-detenidos-PP1047549

[5] CNN Español, “Cronología de las protestas de 2021 en Colombia”, 10 de mayo de 2021, Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/10/cronologia-protestas-de-2021-en-colombia-orix/

[6] RTVE, “Duque anuncia “el máximo despliegue” de la asistencia militar en Cali, epicentro de las protestas y la violencia en Colombia, 29 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20210529/duque-anuncia-maximo-despliegue-asistencia-militar-cali-epicentro-protestas-violencia-colombia/2095700.shtml

[7] Campaña Defender la Libertad, “Boletín Informativo #21 del Paro Nacional”, 22 de julio de 2021, Disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-nacional-21-paronacional/

[8] OHCHR. “Colombia: Bachelet llama al diálogo y al respeto de los derechos humanos tras nuevas informaciones sobre muertos y heridos en Cali”, 22 de julio de 2021. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27128&LangID=S

[9] Oficina de Naciones Unidas en Colombia, “La ONU en Colombia llama a garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica, la protesta y el acceso a los alimentos”, 07 de mayo de 2021, Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1491762

[10] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales”, 25 de mayo de 2021, Disponible en: http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp

[11]Amnistía Internacional, “Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones”, 04 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-amnistia-denuncia-respuesta-militarizada-represion-policial/

[12] France24, “HRW repudia los “gravísimos abusos” de la Policía durante las protestas en Colombia”, 09 de junio de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210609-human-rights-watch-informe-protestas-colombia-abusos-policia

[13] France24, “Naciones Unidas y la Unión Europea condenan el uso excesivo de la fuerza en Colombia”, 04 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210504-colombia-uso-excesivo-fuerza-cali-violencia-protestas

[14] Deutsche Welle, “Francisco llama al diálogo en Colombia y defiende el derecho a manifestarse”, 23 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.dw.com/es/francisco-llama-al-di%C3%A1logo-en-colombia-y-defiende-el-derecho-a-manifestarse/a-57635124

[15] La W, “EEUU pide a Colombia garantizar protesta e investigar violencia y abuso de fuerza” 11 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/eeuu-pide-a-colombia-garantizar-protesta-e-investigar-violencia-y-abuso-de-fuerza/20210511/nota/4134036.aspx

[16] France24, “La lupa puesta sobre las protestas en Colombia: concluyó la visita de la CIDH”, 22 de julio de 2021. Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210611-colombia-visita-cidh-control-violaciones-derechos-humanos

[17] CIDH, “CIDH culmina visita de trabajo a Colombia y presenta sus observaciones y recomendaciones”, julio 22 de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp#:~:text=Washington%2C%20D.C.%20%2D%20La%20Comisi%C3%B3n%20Interamericana,para%20la%20superaci%C3%B3n%20de%20la

[18]RTVC, “Colombia, segundo país con más muertes en protestas: JEP”, julio 22 de 2021. Disponible en: https://www.radionacional.co/actualidad/jep-paro-nacional-segundo-pais-muertes-violentas-protestas

[19] El Tiempo, “#NoEsHoraDeCallar El Feminicidio”, junio 22 de 2021. Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/violencia-contra-la-mujer-ninas-y-mujeres-asesinadas-en-colombia-en-el-2020-550683

[20] Defensoría del Pueblo. “Pandemia agudizó violencia contra mujeres y población OSIGD”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9800/Pandemia-agudiz%C3%B3-violencia-contra-mujeres-y—poblaci%C3%B3n-OSIGD.htm

[21] Sisma Mujer. “Boletín No. 21”, mayo 21 de 2021. Disponible en: https://www.sismamujer.org/2021/02/03/boletin-no-21-en-tiempos-de-pandemia-tampoco-es-hora-de-callar-las-violencias-contra-las-mujeres/

[22] Temblores ONG, Indepaz y PAIIS. “Informe de Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021”, 8 de junio de 2021. Disponible en: https://4ed5c6d6-a3c0-4a68-8191-92ab5d1ca365.filesusr.com/ugd/7bbd97_fcdb5e676fd3458fb10a78e49a63c985.pdf

[23] Ibíd.

[24] El Espectador. “Colombia debe priorizar las recomendaciones de la CIDH con enfoque de género”, julio 14 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/columnista-invitado-ee/colombia-debe-priorizar-las-recomendaciones-de-la-cidh-con-enfoque-de-genero/

[25] CIDH. “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021”, julio 21 de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf

[26]Ibíd.

[27] France24. “Colombia: preocupación por ataques de civiles armados contra manifestantes”, mayo 21 de 2021. Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210531-colombia-protestas-civiles-armados-sompra-paramilitarismo

[28] El País. “La ONU pide a Colombia que se investigue a los policías que escoltaron a civiles armados mientras disparaban a manifestantes”, julio 21 de 2021. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-05-31/la-onu-pide-a-colombia-investigar-a-los-10-policias-que-escoltaron-a-civiles-armados-mientras-disparaban-a-manifestantes.html

[29] DW, par. 4. “Militarización: Colombia se autobloquea”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://www.dw.com/es/militarizaci%C3%B3n-colombia-se-autobloquea/a-57748124

[30] CNN. “La arriesgada táctica por la que optó el Gobierno de Colombia ante las protestas”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/02/colombia-arriesgada-tactica-gobierno-militarizacion-protestas-trax/

[31] El Espectador. “Las incógnitas que dejaron los civiles armados del Paro Nacional”, junio 21. Disponible en: https://www.elespectador.com/politica/las-incognitas-que-dejaron-los-civiles-armados-del-paro-nacional/

[32] Infobae. “Autoridades han capturado a 134 integrantes de la primera línea por actos de violencia y vandalismo”, julio 20 de 2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/25/autoridades-han-capturado-a-134-integrantes-de-la-primera-linea-por-actos-de-violencia-y-vandalismo/

[33] Caribe Afirmativo, “Entre luchas y resistencias: Abuso policial y violencia desmedida contra personas LGBT a un mes de paro nacional”, 29 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/entre-luchas-y-resistencias-abuso-policial-y-violencia-desmedida-contra-personas-lgbt-a-un-mes-de-paro-nacional/

[34] Ibíd.

[35] Mesa Comunitaria LGBTIQ de Cajicá, Denuncia Pública del 01 de junio de 2021, Disponible en: https://www.facebook.com/MesaComunitariaLGBTIQcajica/posts/3866741016780981

[36] Información proporcionada por la “Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad”, en los que relatan intentos de abuso sexual hacia mujeres afro-lesbianas, hostigamientos y ataques a mujeres afro-trans y expulsión de hombres afro-trans de los puntos de concentración.

[37] Caribe Afirmativo, “Durante una detención arbitraría la Policía promovió acciones violentas contra la integridad sexual de un joven gay en el marco de la protesta social en Soledad (Atlántico)”, 28 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/durante-una-detencion-arbitraria-la-policia-promovio-acciones-violentas-contra-la-integridad-sexual-de-un-joven-gay-en-el-marco-de-la-protesta-social-en-soledad-atlantico/

[38] Informe de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/1-Informe-CIDH-Versio%CC%81n-Conjunta.final_.pdf

[39] RCN Noticias, “Rechazan señalamientos del Ministro de Defensa contra líderes del Cauca”, 15 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/sur/rechazan-senalamientos-del-ministro-de-defensa-contra-lideres-del-cauca

[40] Caribe Afirmativo, “Amenazas a organización Buga LGBTI en el marco de su participación del paro nacional”, 13 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/amenazas-a-organizacion-buga-lgbti-en-el-marco-de-su-participacion-del-paro-nacional/

[41] Infobae, “Denuncian brutal golpiza a dos mujeres en la avenida Primero de Mayo, en Bogotá”, 30 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/30/denuncian-brutal-golpiza-a-dos-mujeres-en-la-avenida-primero-de-mayo-en-bogota/

[42] Informe de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/1-Informe-CIDH-Versio%CC%81n-Conjunta.final_.pdf

[43] El Universal, “Denuncian agresiones del ESMAD en barrio residencial de Buga” 15 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia/cali/denuncian-agresiones-del-esmad-en-barrio-residencial-de-buga-article/

[44] Noticias ONU, “Es inaceptable que los trabajadores sanitarios sufran violencia durante las protestas en Colombia” 19 de mayo de 2021. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1492232

[45] RCN Radio, “Procuraduría investigará a concejal de Bogotá, por trinos que motivaron ataques contra ambulancias”, 25 de mayo de 2021, disponible en: https://www.rcnradio.com/judicial/procuraduria-investigara-concejal-de-bogota-por-trinos-que-motivaron-ataques-contra

[46] Noticias ONU, “Expertos de la ONU, preocupados por el uso de los militares en la represión de las protestas en Colombia”, 14 de mayo de 2021, Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1491962

[47] El País, “Un músico, la imagen de las detenciones en las protestas de Colombia”, 08 de junio de 2021, Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-06-08/un-musico-la-imagen-de-las-detenciones-en-las-protestas-de-colombia.html

[48] El Tiempo, “Polémica por jóvenes llevados por la Policía a coliseo en Pasto”, 30 de abril de 2021, Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/polemica-por-jovenes-llevados-por-la-policia-a-coliseo-en-pasto-585197

[49] France 24, “Colombia: Fiscalía reporta 129 desaparecidos tras un mes de protestas”, 25 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210525-colombia-fiscalia-129-desaparecidos-protestas

[50] Deutsche Welle, “Desaparecidos durante Paro Nacional en Colombia: las cifras no cuadran porque el Estado no las busca”, 27 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.dw.com/es/desaparecidos-durante-paro-nacional-en-colombia-las-cifras-no-cuadran-porque-el-estado-no-las-busca/a-57689925

[51] Blu Radio, “Colombia no puede ser visto como un país que desaparece manifestantes: Marta Lucía Ramírez”, 28 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.bluradio.com/nacion/colombia-no-puede-ser-visto-como-un-pais-que-desaparece-manifestantes-marta-lucia-ramirez

[52] Informe Afectaciones al pueblo negro afrodescendiente en Colombia en el marco del Paro Nacional 2021. Revisado en: http://oldrace.wp/es/colombia-es/violencia-personas-afrodescendientes-paro-nacional-colombia/

 

Raza e Igualdad lanza informe para visibilizar a la población Afro-LGBT en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana y contribuir al reconocimiento de sus derechos

Washington D.C., 30 de junio de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó este 30 de junio de 2021 el informe La deuda pendiente con la población Afro-LGBT en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, con el objetivo de contribuir a visibilizar la violencia y discriminación que enfrenta esta comunidad por su raza, pertenencia étnica, orientación sexual e identidad o expresión de género, así como para contribuir en la adopción de políticas públicas para el reconocimiento y garantía de sus derechos.

Este informe es el resultado de la sistematización de información realizada por Raza e Igualdad con base en reportes presentados por seis organizaciones aliadas: Instituto Transformar Shelida Ayana y Rede Afro LGBT, de Brasil; Somos Identidad, Fundación Arco Iris de Tumaco y Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A.), de Colombia; Ashanti, de Perú, y Trans Siempre Amigas (TRANSSA), de República Dominicana.

“Con este informe buscamos generar una conversación dentro de los movimientos LGBTI+ y Afro y visibilizar las problemáticas que enfrentan las personas Afro-LGBT. Tenemos que hablar del racismo dentro de la comunidad LGBTI+ y de la LGBTIfobia dentro del movimiento Afro. No solo se puede hablar de ser inclusivos, tenemos que demostrarlo y eso empieza teniendo estas conversaciones”, señaló la Oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera.

Para Narciso Torres, coordinador de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la C.N.O.A., un aspecto importante de este informe es que brinda un panorama detallado sobre la violencia y discriminación que sufre la población Afro-LGBT, lo cual conlleva a la toma de conciencia de esta situación y a que, tanto los Estados como la sociedad civil, tomen acciones para combatir y prevenir estos atropellos. “Además, (ayuda) a mantener una esperanza en la transformación de la convivencia entre todas, todos y todes”, dijo.

Sandra Milena Arizabaleta “Sami”, directora de la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad), afirmó que además de la visibilización de la realidad que viven las personas Afro-LGBT, el informe apunta a la creación y aplicación de políticas públicas que respondan a sus demandas. “Esperamos que este informe sea conocido y apropiado por los gobiernos, y se convierta en políticas de Estado”, expresó.

“Este informe nos permite, a partir de sus datos, crear un diálogo con los sectores gubernamentales, legislativo y jurídico sobre la condición de la población Afro LGBTI+ brasileña, provocar en las comisiones de derechos humanos del Congreso la necesidad de actuar ante los factores planteados y presentar solicitudes a organismos internacionales cuando no obtengamos respuesta del Estado a nuestras demandas”, compartió por su parte Janaina Oliveira, de la Rede Afro LGBT.

Sobre la experiencia de realizar el reporte de Brasil para este informe, Eduardo Castro, del Instituto Transformar, indicó que desde su organización pudieron conocer y acercarse a diferentes realidades de mujeres trans afro y cariocas (personas nacidas en Río de Janeiro). “Si bien el núcleo de integrantes está formado en su mayoría por personas trans y travestis afro, la singularidad de cada experiencia, las especificidades regionales, las negociaciones narradas por los sujetos y que involucraron a actores como el tráfico, la policía, agentes de salud o incluso los compañeros universitarios, marcaron la diversidad de estas experiencias”, señaló.

El informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados, a la sociedad civil y a los mecanismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, todas encaminadas a proteger y promover los derechos de la población Afro-LGBT de la región. Entre las recomendaciones realizadas a los Estados, están:

  • Firmar y ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia.
  • Adoptar medidas para la recopilación desagregada de datos sobre la población de acuerdo a su pertenencia étnica y a su orientación sexual e identidad de género.
  • Crear nuevos mecanismos de participación y fortalecer los ya existentes, para que las personas Afro-LGBT participen activamente en el diseño e implementación de las políticas públicas que les conciernen directamente.

A partir de hoy, el informe puede ser consultado y descargado del sitio web de Raza e Igualdad en el siguiente enlace: http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Afro-LGBT_May2021.pdf 

“Amando y resistiendo desde la diversidad”: Raza e Igualdad celebra el Día del Orgullo LGBTI+

Washington D.C., 28 de junio de 2021.– Para conmemorar este Día del Orgullo LGBTI+, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) escogió el lema “Amando y Resistiendo desde la Diversidad”, para rendir homenaje a organizaciones y activistas LGBTI+ que día a día libran una intensa lucha para combatir la discriminación y la violencia, y avanzan hacia el reconocimiento de sus derechos a pesar de vivir en un contexto tan adverso como el que prevalece en América Latina y el Caribe en materia de derechos humanos.

A pesar de que los avances en la región en cuanto a reconocimiento y garantía de derechos para las personas LGBTI+ son pocos, queremos exaltar la gran capacidad de amar y resistir que han tenido y siguen teniendo las personas con una orientación sexual y expresión o identidad de género diversas, ante una sociedad que les agrede, les excluye y humilla, y en la que, además, aumentan los ataques y se intensifica el discurso de odio.

Este día no podemos dejar de recordar los disturbios de Stonewall, que se realizaron en rechazo a la redada policial ocurrida la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en el cual solían reunirse personas LGBTI+. Años después, se declararía esa fecha como el Día del Orgullo LGBTI+, como una forma de reivindicar y celebrar la lucha por la libertad y el respeto a los derechos de esta comunidad.

Avances y desafíos

A inicios de este mes de junio, la Fiscalía de Salta, Argentina, confirmó que los restos óseos encontrados por un jornalero y su hijo en una zona desolada al norte de la ciudad, correspondían a Santiago Cancinos, un joven trans que desapareció en mayo de 2017 y había denunciado en redes sociales que sufría bullying de parte del colegio y de sus compañeros.

Este es uno de los hechos más recientes e impactantes. Pero, si de violencia y discriminación se trata, América Latina y el Caribe acumula una larga lista de hechos que van desde amenazas y agresiones verbales hasta brutalidad policial y asesinatos. Crímenes de odio que en la mayoría de los casos quedan en total impunidad, pues la falta de voluntad y de mecanismos judiciales no permite que las autoridades tengan como prioridad hacer justicia por los cuerpos disidentes.

Organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos siguen con atención el desarrollo del caso Vicky Hernández vs Honduras, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinará la responsabilidad del Estado por la alegada ejecución extrajudicial cometida en contra de Hernández en junio de 2009, en medio del tenso contexto socio-político generado por el Golpe de Estado ese año, pues esto marcaría un importante precedente a nivel regional para la aplicación de justicia en casos de violencia contra personas LGBTI+.

En el caso específico de la pandemia de COVID-19, vemos cómo se exacerba la situación de vulnerabilidad de esta población, pues la emergencia sanitaria profundiza condiciones de desigualdad en los campos de salud, asistencia social, educación, trabajo, entre otros, además que los Estados no han tomado en cuenta sus realidades para definir e implementar las medidas de contención del virus, por lo que en países como Colombia las personas con identidad o expresión de género diversa quedaron en el limbo ante políticas como la denominada “pico y género”.

No obstante, el compromiso de lucha por una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, también ha tenido resultados y en el último año pudimos celebrar, por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica, y somos testigos de cómo avanzan campañas y proyectos de ley para el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTI+. En Argentina, por mencionar un caso, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 11 de junio el proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones.

¡Celebremos!

Raza e Igualdad conversó con activistas LGBTI+ de diferentes países de la región y les preguntó cuál es la importancia de celebrar el Orgullo LGBTI+. Estas fueron sus respuestas.

Christian King, activista trans no binarie e integrante de Trans Siempre Amigas (TRANSSA) – de República Dominicana: Para mí, celebrar el mes del Orgullo LGBTIQ+ no es más que reivindicarme como persona, pero al mismo tiempo reivindicar a todas esas personas que han luchado, que han perdido la vida visibilizándose, esas personas que nos han impulsado a incursionar en este movimiento de lucha para reconocernos como miembres de la comunidad LGBTIQ+ y demandar al Estado el reconocimiento a nuestros derechos.

Agatha Brooks, activista trans e integrante de Trans Siempre Amigas (TRANSSA) – República Dominicana: celebrar el Mes de Orgullo, es visibilizarnos como esa bandera arcoíris que nos representa a cada uno de nosotres, somos una marca que cada día crece más y más. Nos hacemos más visibles para que la igualdad se haga presente en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo entero.

Darlah Farias, mujer lesbiana y activista del Colectivo Sapato Preto – Brasil : celebrar el Orgullo LGBTI+ es celebrar la vida de esta población. No solo las vidas que están en la lucha hoy, sino todas las vidas que cayeron para que pudiéramos estar aquí. Principalmente, yo como mujer afro y lesbiana, llevo toda mi ascendencia conmigo y entiendo que nuestra lucha se forja en revolución y reinvención.

Thiffany Odara, activista del Foro Nacional de Travestis e Transexuais Negras y Negros (FONATRANS) – Brasil: celebrar el Orgullo LGBTI+ es celebrar el derecho a la vida, mi existencia, el derecho a ser quien soy, es celebrar la memoria de mis antepasados. Celebrar quien soy es el mayor desafío de la sociedad brasileña. El desafío de resistir para garantizar políticas de equidad social. ¡Viva el orgullo del movimiento LGBTI+! ¡Orgullosos de ser quienes somos!

Gael Jardim, hombre trans activista del Trascendendo – Brasil: celebrar el Día del Orgullo LGBTI+ se trata de marcar una gran diferencia. Recordar que este día nació de una revuelta para que las personas puedan tener derecho a existir en sociedad, ya no en guetos, armarios o exclusión. Celebrar el Día del Orgullo es dar visibilidad a nuestra causa y nuestra lucha, que no es un día sino todo un año para la ciudadanía.

Santiago Balvin, activista transmasculine no binarie e integrante de Rosa Rabiosa – Perú: el orgullo para mí es importante porque la sociedad nos ha impuesto sentimientos de culpa y de vergüenza sobre quiénes somos, pero nosotros nos levantamos contra ellos mostrando orgullo de quiénes somos y mostrándonos de manera auténtica. También es muy importante saber que hemos estado en la clandestinidad y que la visibilidad ha sido importante para poder mostrarnos y mostrar nuestras problemáticas.

Leyla Huerta, fundadora y directora de Féminas – Perú: Celebrar el Día del Orgullo para mí es muy importante. Es aquel día en el cual nos reconocemos valientes, fuertes y resilientes, es una fecha también de conmemoración de todas aquellas personas que ya no están con nosotros y que por su orientación sexual y/o identidad de género fueron exterminadas, porque esa es la palabra que mejor calza a nuestras desapariciones. Una sociedad que no nos reconoce, una sociedad que nos limita en el desarrollo de nuestras vidas, hace eso: exterminarnos. El Día del Orgullo, como bien lo dice la palabra, es un día en el cual debemos sentirnos orgullosos porque estamos aquí, resistiendo, avanzando y educando.

Roberto Lechado, comediante independiente – Nicaragua: celebrar el Orgullo Gay es celebrar la vida, pero también reconocerme parte de una comunidad y recordarme que no estoy solo, y eso es un sentimiento súper bonito. También es recordarme que está bien ser la persona que quiero ser, que mi amor es válido y valioso, mi existencia es magnífica e importante. Celebrar el Orgullo es también visibilizar estos colores que muchas veces en el día a día quieren opacarse, y decir a la sociedad “¡oye, aquí estamos, existimos, o sea, merecemos, valemos!”.

Miguel Rueda Sáenz, director y fundador de Pink Consultores – Colombia: para mí, celebrar el orgullo gay significa un montón de cosas. Esto tiene una fuerza histórica importante, también tiene una fuerza de comunidad y de grupo y de aspectos sociales fundamentales, y tiene una situación personal enorme al reconocerme como un hombre gay desde hace mucho tiempo que me permite a mí ese día gritarlo más duro. Para mí es muy importante el 28 de junio poder celebrar quiénes somos y por qué existimos y para qué existimos.

Lesley Wolf, actor, bailarín, y  licenciado en Artes Escénicas – Colombia: la celebración del orgullo LGBTI es más que una celebración y se convierte en una reivindicación de la lucha. Digamos que un poco resignificar y dignificar una lucha que no solamente nos cuesta o nos lleva un mes, sino todo un año, es una actividad constante.

María Matienzo, activista y periodista independiente – Cuba: para mí celebrar el Día del Orgullo es celebrar de alguna manera la reivindicación de derechos que deberíamos tener todos los ciudadanos del mundo, aunque realmente no es una cuestión de un día, debería ser una cuestión de toda la vida.

Para Raza e Igualdad es un honor conocer y acompañar el trabajo que se realiza, de manera individual o colectiva, para defender y promover los derechos de la población LGBTI+, denunciando las violencias que enfrentan en los diferentes ámbitos de la sociedad, visibilizando y documentando sus realidades y demandas, y fortaleciendo sus capacidades para incidir ante los Estados y los mecanismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas.

Para nosotres, celebrar el Día del Orgullo LGBTI+ implica reforzar y renovar nuestro compromiso de trabajar por una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Además, representa una oportunidad para hacer recomendaciones a los Estados, dirigidas a proteger y promover los derechos de la población LGBTI+:

  • Implementar campañas educativas sobre orientación sexual e identidad de género, dirigidas a que las personas, en todos los ámbitos de la sociedad, conozcan y respeten la diversidad de la población.
  • Recopilar datos desagregados y con un enfoque interseccional sobre la población LGBTI+, incluyendo información sobre la violencia que enfrentan.
  • Capacitar a autoridades, principalmente operadores de justicia, proveedores de salud y del sector educación, para que las personas LGBTI+ puedan acceder a estos servicios básicos sin sufrir discriminación y sin limitantes basadas en prejuicios sobre orientación sexual e identidad de género.
  • Adoptar políticas y leyes que permitan que las personas LGBTI+ tengan un goce pleno de sus derechos, como la ley de identidad de género.
  • Firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra todas las formas de Discriminación e Intolerancia.

Organizaciones afrocolombianas denuncian ante la CIDH que al menos el 39% de las víctimas de violaciones a DDHH en medio del paro son afrodescendientes

Colombia, 10 de junio de 2021.- Ante la CIDH, un grupo de organizaciones afrocolombianas liderado por PCN, AFRODES, Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos, CODHES, Ilex Acción Jurídica, la Casa Cultural El Chontaduro, ASOM, ACONC, Lila Mujer, Comité del Paro Cívico Buenaventura, Somos Identidad, y la lideresa Francia Márquez, denunciaron que al menos el 39% de víctimas de violaciones a los derechos humanos en medio del paro son afrodescendientes.

En el encuentro realizado en Cali, las representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos del pueblo negro afrodescendiente en Colombia, presentó un informe en el que se recopila las distintas denuncias de abuso policial y uso excesivo de la fuerza hacia esta población.

De esta manera, le señalaron a la CIDH que según la base de datos de CODHES (2021), [1] cuya actualización se realiza de manera constante, desde el 28 de abril hasta el 6 de junio se registran 107 homicidios en Cali. De ellos, 39 de las víctimas eran personas visiblemente afrodescendientes, 21 mestizos, 3 personas indígenas y 44 personas cuya identidad étnica racial aún no determinada. Esto significa que al menos el 62% de las víctimas con identidad racial identificada son afrodescendientes.

Según datos de CODHES (2021), con corte de 06 de junio se registraba un total de 107 víctimas en Cali, de estas se destaca que, de los 93 asesinatos registrados con lugar de ocurrencia, la mayoría (37) sucedieron en comunas de alta densidad de población afrocolombiana, 30 en comunas de mediana densidad y 26 en barrios de baja densidad del pueblo negro / afrodescendiente. En cambio, la mayoría de las detenciones y desapariciones forzadas sucedieron en los puntos y lugares de mediana población.

En relación a las detenciones, las organizaciones señalan que tienen un registro de 266 detenciones en el marco del paro en Cali, de los cuales para 237, no se ha determinado la identidad étnica racial de las personas detenidas. Sin embargo, de las 29 personas identificadas, 18 son afrodescendientes y 8 son indígenas.

Entre las solicitudes elevadas a la CIDH se resalta la necesidad de manifestar de forma pública la preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de la protesta social en Colombia en contra de la población afrodescendiente, realizando reuniones de seguimiento a la actual visita de trabajo y del informe que emita, con la participación de la relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, así como de la relatora del país.

También solicitaron asignar una persona específica para realizar seguimiento / acompañamiento al equipo de trabajo de Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, así como de la Relatora del país para dar respuesta prioritaria, urgente y oportuna a las solicitudes de medidas cautelares.

El informe se encuentra disponible en las páginas y redes sociales de las organizaciones.

 

 

Un año del asesinato de George Floyd: llamado a fortalecer los mecanismos de derechos humanos para combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial

Washington D.C., 25 de mayo de 2021.– A un año del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de cuatro policías en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) renueva su llamado para que los organismos internacionales y los Estados redoblen sus esfuerzos para combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de derechos humanos que deben dar seguimiento a la Resolución 43/1 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y hace una especial exhortación a Estados Unidos para que escuche a las víctimas que piden justicia, reparación y garantías de no repetición.

El asesinato de Floyd fue grabado por un testigo y el video se hizo viral rápidamente en redes sociales, provocando manifestaciones de indignación y rechazo no solo en Estados Unidos, sino en ciudades de todo el mundo, bajo las consignas LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN y “No puedo respirar”, la frase que Floyd repitió incasablemente hasta morir. Ante tal nivel de conmoción, el 17 de junio de 2020 el Consejo de Derechos de la ONU llevó a cabo el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas.

Dos días después, el Consejo adoptó la Resolución 43/1 “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”, la cual llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

En marzo de este año, cuando la comisionada Michelle Bachelet brindó una actualización oral sobre la Resolución 43/1 ante el Consejo de Derechos Humanos, afirmó que el informe que tiene previsto presentar en junio próximo “recomendará un programa transformador que elimine el racismo sistémico y la brutalidad policial contra los africanos y los afrodescendientes, además de que promueva la rendición de cuentas y el resarcimiento de las víctimas”.

Cabe destacar que después del asesinato de George Floyd, las muertes a manos de policías han continuado en Estados Unidos, con un total de 6 en el 2020 y 3 en lo que va de 2021.

En Raza e Igualdad reconocemos y aplaudimos la voluntad del Consejo de Derechos Humanos, así como de los países ahí representados y de las organizaciones internacionales que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos, para tomar acciones en el combate a la situación de racismo y violencia policial que se manifiesta en todo el mundo, y que, en el caso de América Latina y el Caribe, tiene significativas repercusiones, sobre todo en Brasil con la reciente masacre de Jacarezinho, y en Colombia con la desmedida respuesta de las fuerzas públicas ante las manifestaciones que se registran en todo el país en el marco del Paro Nacional.

Según el informe preliminar de la organización colombiana Consultoría por los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), de las 39 personas asesinadas en medio de las manifestaciones entre el 28 de abril y el 18 de mayo de 2021 en los municipios de Cali y Yumbo, departamento de Valle del Cauca, 11 eran visiblemente afrodescendientes, 1 indígena, 9 mestizas y 18 cuya identidad étnico-racial no habían logrado identificar hasta la fecha de publicación del informe.

Esperamos que en medio de este esfuerzo por combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial, los Estados demuestren su voluntad de erradicar estos males que afectan el Estado de Derecho, y hagan realidad las obligaciones suscritas en materia de derechos humanos y justicia racial, incluyendo la firma y ratificación de Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Asimismo, confiamos en que desde el Sistema Universal de Derechos Humanos se puedan destinar más recursos para el fortalecimiento de los mecanismos de derechos humanos que dan seguimiento a las obligaciones de los países, y que desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se mantenga el seguimiento y denuncia de violaciones a derechos humanos.

Desde Raza e Igualdad seguiremos trabajando con organizaciones aliadas en América Latina en la defensa y protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes y otros sectores históricamente discriminado, incluyendo la labor de documentación y denuncia para visibilizar sus realidades y lograr cambios para una sociedad más justa y equitativa.

Raza e Igualdad Llama Al Gobierno Colombiano A Detener La Represión De Las Manifestaciones Ciudadanas Y Exige Que Cumpla Con Sus Obligaciones Internacionales En Materia De Derechos Humanos

Bogotá, 4 de mayo de 2021.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su máxima preocupación por las violaciones de derechos humanos derivadas de la respuesta del Estado Colombiano a las manifestaciones iniciadas en varios puntos del país el pasado miércoles 28 de abril y que persisten hasta el día de hoy.

Entre el 28 de abril y el 3 de mayo, la organización no gubernamental Temblores registró 1.181 actos de violación de derechos humanos atribuidos a las fuerzas policiales, especialmente a agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), desplegadas por todo el territorio nacional por orden del Gobierno Colombiano. Entre estos actos, se registran 26 víctimas de homicidio por parte de la Fuerza Pública y 988 denuncias de detenciones documentadas por la Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas; adicionalmente se conocen episodios de violencia sexual, agresiones oculares y desapariciones en el marco de las manifestaciones.

Raza e Igualdad también condena enérgicamente el ataque registrado la noche del lunes 3 de mayo en la ciudad de Cali en contra de una misión de verificación conformada por varias organizaciones locales y oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Procuraduría General de la Nación. Según la denuncia de la Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas—que es una de las organizaciones víctima—el ataque ocurrió cerca de las 8:40 de la noche cuando la misión llegó a la estación de Policía Fray Damián para realizar una verificación, y mientras procedían, unos oficiales les agredieron verbal y físicamente y dispararon sus armas.

Uso de fuerza policial desproporcionada agrava situación

Observamos con preocupación que lejos de buscar una solución pacífica, pública y concertada con la sociedad civil, la respuesta estatal de desplegar fuerzas policiales del ESMAD en las principales ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Neiva, Ibagué, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Acacias, entre otras donde también se presentan el mayor número de casos de violaciones a los derechos humanos) representa una potencial amenaza contra la seguridad de los y las protestantes. Rechazamos las agresiones y uso de violencia por parte de la Policía Nacional contra Defensores de Derechos Humanos y Condenamos los incidentes ocurridos en la noche del 3 de mayo en contra de la Misión de Verificación de Derechos Humanos.

De acuerdo a los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al uso excesivo de la fuerza en el contexto de protestas sociales “(…) el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles”. La Corte también ha reiterado que el llamado a fuerzas armadas debe ser excepcional y debe además ser: “a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces[1]

La CIDH, por su parte, “ha establecido que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos[2]”.

Considerando lo anterior, y ante la situación que se vive en Colombia, Raza e Igualdad llama al Gobierno Colombiano a detener la represión de las manifestaciones y le recuerda—con base en su obligación de cumplimiento a estándares internacionales e interamericanos sobre seguridad interna—que la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser ante todo excepcional, y en caso de ser usada, debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.

Raza e Igualdad hace hincapié sobre la urgencia de abrir espacio a un diálogo nacional que involucre a todos los actores, y hace un llamado al Estado Colombiano y a los organismos internacionales de derechos humanos para:

  1. Que se adopten mecanismos para la observación del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos sobre la garantía del derecho al ejercicio de la protesta pacífica, de la mano de los poderes institucionales locales, la sociedad civil, las organizaciones y los organismos internacionales de derechos humanos.
  2. Que se brinden garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y la protección y acompañamiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil a quienes se manifiestan.
  3. Que se lleven a cabo las investigaciones disciplinarias y penales necesarias para el esclarecimiento de los episodios de abuso y violencia por parte de la Fuerza Pública en el marco de las protestas.
  4. Que tanto la CIDH, como los Comités de Tratados y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales de derechos humanos, se manifiesten y refuercen sus sistemas de monitoreo sobre la situación en Colombia y adelanten las acciones a las que haya lugar para instar al Estado Colombiano a cumplir su obligación de observar los parámetros internacionales de garantía a la protesta, de la mano de las organizaciones de derechos humanos que trabajan en Colombia.

[1] Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 177.

[2] CIDH. Comunicado de Prensa. Observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos. 8 de mayo 2020. Antecedentes.

 

Colombia: Raza e Igualdad y organizaciones aliadas presentan a la Comisión de la Verdad primer informe sobre impacto del conflicto armado en la población Afro-LGBT

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Corporación Caribe Afirmativo, la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) y la Fundación Arcoíris de Tumaco, con el apoyo del gobierno de Canadá, hicieron entrega formal a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la Convivencia (CEV) del informe Nos decían: Tras de Negras, Maricas. Experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano“. El evento se realizó de manera virtual  el pasado 30 de marzo y se transmitió en vivo por las redes sociales y el canal de YouTube de la Comisión.

El informe fue motivado por la necesidad de aportar al reconocimiento por parte de la Comisión de la Verdad, de las instituciones estatales y la sociedad en general de las formas agravadas de violencia, discriminación y exclusión que las personas Afro-LGBT afrontaron en razón de la intersección de vulnerabilidades asociadas a lo étnico-racial, a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas y a las condiciones de marginalidad socioeconómica en medio del conflicto armado colombiano en el Sur de Bolívar y en el Pacífico Sur Colombiano.

En el evento participaron Carlos Quesada, Director Ejecutivo; Zuleika Rivera, Oficial de Programa LGBTI, y Laura Poveda, consultora para temas LGBTI en Colombia. Por parte de organizaciones aliadas, participaron Cindy Paola Hawkins, abogada del Área de Paz y Conflicto Armado de Caribe Afirmativo; Justo Arévalo, presidente de la Fundación Arcoíris de Tumaco; Sandra Milena Arizabaleta, representante legal de la Fundación Somos Identidad, y Andrés Quiñonez, abogado de la Fundación Arcoíris de Tumaco.

Salomé Gómez Corrales, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad; Sonia Londoño, directora de Pueblos Étnicos, y Nikita Simonne, analista del Grupo de Trabajo de Género recibieron el informe por parte de la CEV.

Carlos Quesada comenzó el evento agradeciendo a los integrantes la entrega de este informe, en especial a las víctimas Afro-LGBT por su valentía al salir a la luz y contarnos sus historias. Resaltó el trabajo que se ha hecho desde Raza e Igualdad para servir de puente entre sus experiencias de vida y las instancias de justicia transicional creadas por el Acuerdo de Paz.

EL INFORME

El informe es el resultado de la labor de las tres organizaciones aliadas y está enfocado en las regiones de trabajo de cada organización: Sur de Bolívar, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Para el informe, las organizaciones se centraron en un periodo entre 1998 y 2014, lo cual permitió la construcción de una matriz de casos. Las organizaciones realizaron un monitoreo de noticias en medios de comunicación sobre el contexto del conflicto armado y la situación de derechos humanos de personas Afro-LGBT.

Cindy Paola Hawkins, de Caribe Afirmativo, hizo énfasis en la importancia del proceso de resistencia Afro en el sur del departamento de Bolívar, e indicó la conexión entre el desplazamiento que hicieron las comunidades Afro desde Cartagena al sur del departamento y el abandono Estatal, la pobreza y la mala gestión de recursos a la que se enfrentan, situación que posibilitó su victimización a mano de los grupos armados.

“Este contexto territorial sitúa a las personas afrodescendientes en condiciones de vulnerabilidad y precariedad, las cuales se exacerbaron y profundizaron en el marco del conflicto armado, contexto que además se encontraba lleno de hostilidad a las personas LGBT. El ser Afro y lesbiana, gay, bisexual o trans, puso a las víctimas en mayor situación de riesgo, vulnerabilidad, marginalidad y exclusión ante una carga de prejuicios e imaginarios racistas, sexistas, machistas y cisgeneristas heteronormativos”, señaló Hawkings haciendo referencia a cómo los grupos paramilitares y el ELN utilizaron estrategias de intimidación y violencia como amenazas, violencia sexual, desplazamiento forzado y feminicidios, para perseguir y atacar a personas Afro-LGBT.

LA NECESIDAD DE UNA MIRADA INTERSECCIONAL

“No se puede concebir una identidad dividida o fragmentada, se habita el territorio siendo Afro-LGBT en su conjunto”, señaló Laura Poveda, consultora para temas LGBTI de Raza e Igualdad en Colombia, haciendo alusión a la importancia del autorreconocimiento para entender la vida de las personas. Poveda destacó que el análisis de la intersección de discriminaciones múltiples y simultáneas permite el reconocimiento de la diversidad en los territorios, además, dijo que debe entenderse que las víctimas han forjado su identidad de maneras diferentes.

En su intervención, Justo Arévalo, presidente de la Fundación Arcoíris de Tumaco, describió el contexto que se vive en su región, y denunció la naturalización de múltiples violencias hacia las personas Afro-LGBT en su territorio. “Ser gay, lesbiana, bisexual o trans y ser negros y negras sumado a ser rurales y en algunos casos discapacitados, pobres, con o sin poca educación y en un territorio sin acceso a derechos fundamentales, históricamente olvidado, es una realidad”, apuntó, y aseguró que solo hasta ahora y luego de superar el miedo, muchas personas alzaron la voz y compartieron su testimonio, pero que aún falta mucho por contar.

Sandra Milena Arizabaleta, de la Fundación Somos Identidad, hizo un análisis de las particularidades de la violencia en su territorio (Cauca y Valle del Cauca), resaltando la importancia de reconocer que todos los actores armados han violentado a la comunidad negra y que esta violencia, acompañada de un constante abandono Estatal, ha llevo a estas comunidades al desplazamiento y desalojo de sus territorios.

El abogado de la Fundación Arcoíris de Tumaco, Andrés Quiñonez, se refirió a cuál debe ser el enfoque del ejercicio de búsqueda de verdad y no-repetición de las vulneraciones a los derechos de las personas víctimas Afro-LGBT. “El ejercicio debe dirigirse a que el Estado y la sociedad colombiana reconozcan el prejuicio y la discriminación por la orientación sexual e identidad de género diversa, como el principal patrón en el que se asientan las vulneraciones de derechos de las víctimas LGBT- Afro”, dijo.

Al cierre del evento, la Comisión de la Verdad compartió sus impresiones. Salomé Gómez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión, destacó el aporte del informe al análisis de las violencias por prejuicio, así como la importancia de incluir un enfoque interseccional. Sonia Londoño, directora de Pueblos Étnicos de la Comisión, señaló: “Este trabajo es fundamental para la Comisión, porque nos permite llenar de contenido el enfoque interseccional”. Mientras que Nikita Simonne, analista del Grupo de Trabajo de Género cerró diciendo que “invisibilizar las otras expresiones corporales, de género y de sexualidad es en sí mismo una acción colonial”, e he hizo un llamado a entender que las afectaciones del conflicto son sistemáticas y sistémicas y buscan aniquilar la diferencia.

Raza e Igualdad expresa su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron este informe, así como a la Comisión de la Verdad por permitir presentar el impacto del conflicto armado colombiano en la población Afro-LGBT, y espera que este informe contribuya al esclarecimiento de la verdad, y la búsqueda de justicia y no repetición de estas vulneraciones a los derechos humanos. En ese sentido, reiteramos las siguientes recomendaciones:

  1. Que en el informe final de la Comisión de la Verdad, se reconozca explícitamente a las personas Afro-LGBT como víctimas del conflicto armado.
  2. Que dicho reconocimiento indague cómo los prejuicios y la invisibilización de las personas Afro-LGBT exacerbaron las consecuencias del conflicto armado, destacando los impactos y afectaciones diferenciales.
  3. Que la Comisión integre recomendaciones específicas en su informe final para la superación de la invisibilidad de la población Afro-LGBT y para su debida atención.
  4. Que la Comisión integre un enfoque interseccional en los mecanismos de socialización del informe y en los mecanismos que se establezcan para dar seguimiento a sus recomendaciones.

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