Activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela denuncian ante la CIDH la represión transnacional que enfrentan en el exilio

Activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela denuncian ante la CIDH la represión transnacional que enfrentan en el exilio

Ciudad de Guatemala, 16 de marzo de 2025. La represión transnacional ejercida por las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela es una realidad. Así quedó evidenciado durante la audiencia regional ‘Situación de represión transnacional’, celebrada el pasado jueves 12 de marzo en el Hotel Intercontinental de Ciudad de Guatemala, en el marco del 195° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Cubalex, la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua, la Organización Mundial contra la Tortura y el Museo Virtual contra la Violencia de Género en Cuba, participaron en este espacio de diálogo acompañando a tres activistas de estos países que han enfrentado actos de represión transnacional en el exilio: la cubana Kirenia Yalit Núñez, directora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana; la nicaragüense Claudia Vargas, viuda del activista Roberto Samcam e integrante de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano; y el venezolano Luis Peche, director de la organización Sala 58. Durante la audiencia denunciaron asesinatos, intentos de homicidio, persecución y asedio en los países de acogida, donde se han exiliado tras ser víctimas de represión por parte de los regímenes autoritarios de sus países de origen.

Claudia Vargas advirtió que el régimen nicaragüense continúa persiguiendo a personas opositoras incluso fuera de su territorio. “La persecución del régimen no termina cuando cruzamos la frontera. Al contrario, se transforma, se extiende y nos alcanza hasta donde buscamos refugio”, señaló. También denunció la privación arbitraria de la nacionalidad a más de 450 personas, lo que ha implicado la anulación de documentos, registros académicos, pensiones y propiedades.

Asimismo, recordó que ya se han documentado al menos cinco asesinatos de opositores nicaragüenses en el exilio, entre ellos el del campesino Jaime Luis Ortega en Costa Rica en 2024 y el de su esposo, Roberto Samcam, exmayor del Ejército de Nicaragua y analista político asesinado en San José en junio de 2025. “Su asesinato representó un mensaje dirigido al exilio: un intento de silenciamiento y una demostración de poder más allá de las fronteras”, afirmó.

“Frente a este grave problema, es urgente que los Estados de la región, especialmente los receptores, reconozcan la lucha contra esta forma de persecución como parte de sus obligaciones internacionales de protección”, agregó Vargas.

Por su parte, Luis Peche explicó que debió salir de Venezuela en 2025 tras el aumento de la persecución política posterior al proceso electoral. El activista denunció que fue víctima de un intento de asesinato en Bogotá en octubre del año pasado, cuando hombres armados dispararon contra él y contra el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez. Peche recibió seis impactos de bala y Velásquez ocho. Ambos sobrevivieron al ataque y actualmente se encuentran fuera de peligro. “Este temor no es abstracto; es concreto y persistente. Forma parte de un patrón regional de represión transnacional que busca silenciar a quienes denunciamos”, afirmó.

Desde Cuba, Kirenia Yalit Núñez denunció que el régimen cubano ha desarrollado mecanismos de persecución extraterritorial contra activistas y periodistas en el exilio. La activista relató que ha enfrentado numerosos incidentes de hostigamiento en distintos países, incluidos actos de intimidación, vigilancia y obstáculos migratorios. “El régimen cubano proyecta su intimidación más allá de sus fronteras para silenciar a quienes continuamos denunciando violaciones de derechos humanos desde el exilio”, señaló.

Durante la audiencia también participó la abogada cubana Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex, quien advirtió que la represión transnacional busca silenciar a las voces críticas incluso fuera de sus países de origen. Diversent instó a la CIDH a reconocer y monitorear este fenómeno de manera sistemática, fortalecer los mecanismos de protección para personas exiliadas, especialmente en países de acogida como Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, y promover respuestas regionales coordinadas frente a la expansión extraterritorial de la persecución política. Asimismo, pidió que la Comisión, como ya lo ha hecho en otros países de la región, establezca un mecanismo específico para monitorear la crisis humanitaria y las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba, con el fin de documentar estos patrones y fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

Durante la audiencia participaron por primera vez de manera conjunta el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Estos organismos señalaron que la represión transnacional es un fenómeno real que afecta a personas opositoras y defensoras de derechos humanos provenientes de Nicaragua y Venezuela, y subrayaron la importancia de continuar investigando y documentando estos patrones de persecución más allá de las fronteras nacionales.

Desde Raza e Igualdad continuaremos monitoreando y denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufren activistas y personas defensoras provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Reiteramos la necesidad de que los Estados de la región fortalezcan las medidas de protección para personas exiliadas y garanticen investigaciones efectivas frente a los actos de persecución transnacional, así como respuestas regionales coordinadas frente a este fenómeno.

 

El manifiesto colectivo de seis mujeres activistas de América Latina y el Caribe

Washington D.C., 6 de marzo de 2026 – El pasado 19 de febrero, seis mujeres activistas de Brasil, Colombia, Cuba, México y República Dominicana se reunieron en un encuentro virtual que, desde Raza e Igualdad, llamamos ‘Cuando las mujeres crean, la memoria resiste’. Durante una hora y treinta minutos compartieron quiénes eran, desde dónde luchan y qué realidades atraviesan sus territorios. De ese intercambio nació un manifiesto colectivo que hoy cobra especial sentido en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En este espacio participaron Eva Rafaela Calça, de la Rede Trans Assis de Sao Paulo, Brasil; Andrea Ceballos, de la Organización Indígena del Territorio Pasto, en Colombia; María Camila Zúñiga, del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (Mude), también de Colombia; Lourdes Esquivel, integrante de la organización Damas de Blanco de Cuba; Daniela Islas, del colectivo Afrocaracolas de México; y Estefany Feliz Pérez, del movimiento de jóvenes Reconoci.Do de República Dominicana. Para muchas de ellas, fue la primera vez que compartían un espacio común entre luchas tan diversas, pero atravesadas por una misma urgencia: la dignidad.

El ejercicio culminó con la escritura de un manifiesto que recoge su voz colectiva y sus principales demandas:

“Nosotras las mujeres de América Latina y el Caribe nos unimos en un grito poderoso para exigir igualdad y justicia. El amor y la fuerza es lo que nos sostiene en esta lucha diaria.
Desde el ayer y el hoy reconocemos la fuerza y determinación de nuestra historia. Somos motor. Somos tesoros del mundo.
Luchamos por sentirnos seguras y en igualdad, siendo reconocidas y tratadas con dignidad, desde una mirada antirracista y decolonial.
¡Hoy y siempre exigimos respeto y libertad en todos los espacios!”

Ese llamado no surge en el vacío. América Latina y el Caribe continúa marcada por una violencia estructural contra las mujeres. En los últimos cinco años, al menos 19.254 feminicidios han sido registrados en la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL. En la mayoría de los casos, las muertes violentas son perpetradas por parejas o exparejas, lo que demuestra que la violencia de género sigue instalada en los espacios más cotidianos.

Violencia feminicida en la región

Brasil encabeza las cifras más alarmantes. En 2025 registró 1.470 feminicidios, el número más alto de la última década, un promedio de cuatro mujeres asesinadas por día, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia. En ese contexto, Eva Rafaela Calça insistió en que la violencia no se limita al asesinato: también se expresa en la exclusión y la sobrecarga. Para ella, es urgente “un espacio público que valore a la niñez como una responsabilidad de toda la sociedad, y no solo de la madre”, porque muchas veces “la madre queda sobrecargada”, y también políticas que amplíen oportunidades de trabajo para mujeres trans “más allá de la informalidad y la prostitución”. Su reflexión conecta la violencia feminicida con la falta de políticas de cuidado y con la marginación estructural de las mujeres trans.

En Colombia, donde el Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 973 casos en 2025, la impunidad sigue siendo una herida abierta. María Camila Zúñiga recordó que, además de exigir justicia frente a los asesinatos, es fundamental que “reconozcan el trabajo que hacen las mujeres con las infancias, desde los territorios”, y que se dignifiquen sus vidas. “Sabemos que, cuando una mujer es asesinada, la justicia no siempre llega”, agregó.

En México, donde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 721 feminicidios en 2025, la violencia se entrelaza con el racismo estructural. Daniela Islas advirtió que para las mujeres afromexicanas la urgencia pasa también por el reconocimiento: “lo que más nos urge es el reconocimiento de nuestros derechos, que haya más políticas públicas para las mujeres afromexicanas, donde se nos garantice la atención médica”. Ella también se refirió a lo que más anhela: “Imaginamos un mundo sin racismo, sin discriminación, donde nuestros derechos como mujeres afromexicanas se reconozcan y se protejan”. La violencia de género, en su territorio, no puede separarse de la discriminación racial.

En Cuba, organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) registraron 48 feminicidios en 2025 y advierten que estos crímenes son el desenlace de violencias prolongadas. Lourdes Esquivel lo expresó desde la crudeza de su realidad: “En Cuba a las mujeres nos violan todos los derechos. Nos encarcelan a los hijos, nos los matan, nos golpean. Pasamos hambre. Hay niños que no tienen nada que comer”. Su testimonio recordó que la violencia también se manifiesta en el hambre, la represión y el dolor cotidiano.

En República Dominicana, donde se registraron 59 asesinatos de mujeres el año pasado (de acuerdo con la Fundación Vida Sin Violencia), las cifras conviven con políticas y prácticas que afectan especialmente a mujeres migrantes y de ascendencia haitiana. Estefany Feliz Pérez denunció que, si no cuentan con documentos de identidad, “no reciben asistencia a la salud, y tampoco pueden estudiar”, y que existe “una persecución contra las mujeres haitianas y las dominicanas de ascendencia haitiana” que incluso implica detenciones arbitrarias y pagos indebidos. 

A nivel global, las mujeres tienen solo el 64% de los derechos legales que tienen los hombres, según ONU Mujeres. De mantenerse el ritmo actual, cerrar las brechas podría tomar siglos. Frente a este panorama, el encuentro virtual del 19 de febrero fue más que un espacio simbólico: fue una apuesta por la articulación regional.

Este manifiesto también es la prueba de que es posible construir acuerdos en la diversidad. Seis mujeres de contextos distintos, con historias y luchas propias, lograron encontrarse sin haberse conocido antes, escucharse con atención y reconocerse en sus diferencias. En este ejercicio de diálogo honesto y respetuoso identificaron necesidades comunes y tejieron una voz colectiva. Este espacio virtual no solo permitió compartir denuncias, sino también demostrar que la articulación regional es una herramienta poderosa cuando se basa en la escucha, el respeto y la conciencia de que ninguna lucha está aislada.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de dar voz a quienes resisten desde los territorios y de acompañar sus demandas. Porque cuando las mujeres crean juntas, la memoria resiste; y cuando la memoria resiste, también se construye futuro.



La sociedad civil independiente de Cuba, lista para la transición democrática

Hace más de una década, hemos tenido la suerte de trabajar con la sociedad civil independiente de Cuba. Hemos sido testigos de su compromiso con los derechos humanos, su dedicación a documentar las violaciones que se producen en el país y su valentía al denunciarlas. Hemos sido testigos, a través de mensajes urgentes y llamadas que han dado lugar a la intervención de nuestro equipo jurídico, de detenciones arbitrarias, juicios sumarios, vigilancia, acoso, redadas, exilio forzoso y, más recientemente, apagones y escasez de alimentos y medicamentos. También hemos sufrido los efectos negativos de este trabajo: ataques personales e institucionales, así como el escepticismo de antiguos aliados que han cuestionado nuestra labor en materia de derechos humanos, debido a nuestro trabajo de sacar a la luz la realidad cubana.

Como organización dedicada al desarrollo de capacidades, hemos formado a activistas independientes dentro y fuera de la isla sobre la participación de la sociedad civil en los mecanismos de protección de los derechos humanos. Mediante la documentación sistemática de las violaciones de los derechos humanos —analizadas de acuerdo con las normas jurídicas internacionales a las que se ha adherido el Estado cubano—, les hemos ayudado a denunciar casos de tortura, desapariciones forzadas, censura y discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Al abogar por el cumplimiento por parte de Cuba de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, nuestros socios llevan años sentando las bases para la transición democrática. Su trabajo no es meramente de oposición, sino de preparación para la gobernanza.

Mientras Washington y La Habana negocian el futuro de la nación insular, no debe pasarse por alto el trabajo, la dedicación y la perseverancia de los activistas, periodistas y artistas independientes que, tanto en la isla como en el exilio, luchan por los derechos humanos y promueven los ideales democráticos. Son ellos quienes han recopilado y difundido las pruebas de las atrocidades cometidas por el régimen cubano, y esta documentación debería constituir un elemento clave de cualquier futura transición gubernamental. Mientras el Gobierno cubano ha mantenido una fachada monolítica, una sociedad civil independiente, diversa y resistente ha ido construyendo silenciosamente desde cero la arquitectura de una sociedad libre. El futuro de Cuba no puede concebirse sin ellos.

La comunidad internacional ha reconocido que en cualquier proceso de justicia transicional deben tenerse en cuenta cinco elementos: la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición. No es posible lograr ninguno de ellos sin registros de lo que ocurrió durante la era antidemocrática, y los defensores de los derechos humanos cubanos ya se han estado preparando para ello: periodistas independientes rompen el monopolio estatal de la información (verdad); abogados independientes presentan recursos de hábeas corpus ante los tribunales cubanos y casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (justicia); activistas documentan los patrones de abusos cometidos por agentes estatales (memoria); los grupos comunitarios prestan ayuda donde el Estado falla (reparación), y organizaciones como la nuestra proporcionan las herramientas para fomentar el diálogo cívico y las normas democráticas (no repetición).

La preparación más profunda radica en el compromiso con el registro histórico. Al crear bases de datos sobre violaciones de los derechos humanos y preservar el testimonio de las víctimas, los grupos independientes están evitando el «borrado» que suele producirse tras los regímenes autoritarios. Entienden que no se puede haber justicia sin un registro del delito, y que no se puede garantizar que no se repita si se permite que la historia del pasado desaparezca en los archivos estatales. No se trata solo de una protesta, sino del trabajo administrativo fundamental necesario para restaurar el estado de derecho.

La comunidad internacional debe dejar de ver a Cuba como un receptor pasivo de la historia. Las bases para una transición democrática —el capital humano, las teorías jurídicas y el coraje cívico— ya están sentadas. La transición no será un regalo impuesto desde arriba, sino el reconocimiento formal de una realidad que la sociedad civil independiente lleva décadas viviendo. Los cubanos no están esperando a que les entreguen la democracia, sino que la han estado construyendo, ladrillo a ladrillo, frente a una inmensa adversidad. Es hora de que el mundo empiece a prestar atención a los cimientos que han sentado.

Pronunciamiento escrito por:

Carlos Quesada, Director Ejecutivo

Christina M. Fetterhoff, Directora de Programas

  • Conozca más sobre nuestro trabajo en Cuba durante más de una década aquí. 

Régimen autoritario de Cuba destierra a la activista cubana Leticia Ramos, integrante de las Damas de Blanco

Washington D.C., 10 de febrero de 2025 – Este lunes 9 de febrero, el régimen autoritario de Cuba impidió el ingreso al país de la activista cubana Leticia Ramos, integrante del movimiento Damas de Blanco, forzándola al destierro. Ramos viajó desde Estados Unidos a Cuba, pero una vez en el país las autoridades le negaron reunirse con su familia, retuvieron su equipaje y le ordenaron regresar, viéndose obligada a volver a Miami.

El pasado mes de enero, durante una entrevista concedida a Raza e Igualdad, Ramos expresó su temor de que el régimen cubano le negara el retorno a la Isla tras viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico, una práctica sistemática utilizada para silenciar, castigar y forzar al exilio a personas activistas. Ese temor se hizo realidad el día de ayer. Desde el Instituto la acompañamos y asumimos su representación en este proceso, del mismo modo que hemos brindado acompañamiento a las integrantes de las Damas de Blanco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que desde octubre de 2013 otorgó medidas cautelares “para preservar la vida y la integridad personal” de las mujeres que conforman el colectivo.

Entre la resistencia y la represión

Leticia Ramos forma parte de las Damas de Blanco desde 2004, cuando se incorporó como Dama de apoyo, acompañando a mujeres cuyos familiares fueron encarcelados durante la Primavera Negra de 2003. Desde entonces, ha participado de manera sostenida en acciones pacíficas, como la asistencia a misa vestidas de blanco y con flores, para exigir la liberación de personas privadas de la libertad por motivos políticos en Cuba.

Tras la muerte en “extrañas condiciones” de Laura Pollán, fundadora del movimiento, en 2011, Leticia fue elegida coordinadora del grupo de Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. A partir de ese momento, el hostigamiento estatal se intensificó, incluyendo golpizas, amenazas, vigilancia permanente, detenciones arbitrarias y restricciones a su derecho a la libre circulación. Durante casi nueve años permaneció regulada, sin poder salir del país.

Las represalias también alcanzaron a su entorno familiar. Ramos es madre de dos hijos: uno que reside en Estados Unidos y otro, Randy Montes de Oca Ramos, que vive en Cuba y ha sido víctima de persecución, detenciones y procesos penales basados en acusaciones falsas, como mecanismo de presión para forzar a su madre a abandonar el activismo. En 2018, Randy cumplió una condena de seis meses de prisión domiciliaria tras protestas públicas realizadas por Leticia.

Entre 2013 y 2018, Ramos fue detenida en múltiples ocasiones, llegando a ser privada de la libertad hasta cuatro veces en una misma semana. Intentó documentar estos hechos, pero la información se perdió tras allanamientos a su vivienda en 2016, 2018 y 2019, durante los cuales agentes estatales confiscaron materiales de trabajo, dispositivos electrónicos y objetos vinculados a su activismo.

Durante las protestas del 11 de julio de 2021, Leticia decidió manifestarse en Cárdenas pese a atravesar, junto a su familia, un grave cuadro de COVID-19. En ese contexto, recordó que fue posible percibir “el miedo del régimen frente a un pueblo desarmado, pero decidido a alcanzar su libertad”.

El destierro de Leticia Ramos se inscribe en un patrón de prácticas represivas utilizadas por el régimen cubano para castigar a quienes defienden los derechos humanos, mediante el exilio forzado, la separación familiar y la intimidación constante.

Desde Raza e Igualdad reconocemos la trayectoria, la valentía y la resistencia de Leticia Ramos, y reiteramos nuestro compromiso de acompañarla y denunciar esta grave violación a sus derechos humanos, así como la estrategia de silenciamiento ejercida contra activistas en Cuba.



Museo V: memoria, arte y resistencia contra la violencia basada en género en Cuba

Washington D. C., 27 de enero de 2026 — En un contexto marcado por la represión y el silenciamiento de las violencias basadas en género en Cuba, en 2022 nació el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, conocido como Museo V. Impulsado por la periodista y escritora cubana María Matienzo, hoy exiliada en Madrid, este proyecto trasciende el formato museístico tradicional para consolidarse como una plataforma virtual de denuncia, reflexión y creación colectiva con una clara mirada feminista, antirracista e interseccional.

El Museo V surgió inicialmente como una propuesta para visibilizar la violencia política dentro de Cuba, especialmente aquella ejercida contra mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Con el tiempo, el proyecto amplió su alcance, incorporando la participación de creadoras y activistas de otros países de la región, así como el análisis de contextos internacionales en distintos talleres sobre derechos humanos.

El museo funciona como un espacio de intercambio y construcción colectiva. “Es un espacio donde la gente va a dar, va a aportar y va a recibir información”, explica su directora. Este trabajo se sostiene desde una postura política clara: el enfoque interseccional y antirracista atraviesa todas sus acciones. “No hay una mirada dentro del museo que no sea antirracista. Es una de las grandes batallas que tenemos que librar el pueblo de Cuba y el resto del mundo”.

En el Museo V convergen artistas y creadoras que trabajan desde las periferias —geográficas, políticas y simbólicas—, aportando miradas diversas y críticas. Uno de los ejes centrales del proyecto es insertar a Cuba en el mundo, rompiendo los silencios impuestos sobre las violencias políticas y de género que históricamente han sido negadas o invisibilizadas.

Ante la imposibilidad de contar con un espacio físico en la Isla, el museo existe exclusivamente en formato virtual. Sin embargo, su vocación es profundamente cubana. “No nos consideramos un museo virtual para la migración o para el exilio. Nos consideramos un museo virtual para Cuba. Una Cuba que necesita volver a hacer lo que fue en algún momento desde el punto de vista cultural, que era vanguardista”, afirma.

El taller sobre violencia política en razón de género, a cargo de la abogada Laritza Diversent, de la organización Cubalex, ocupa un lugar central dentro del Museo V y es uno de los contenidos más destacados por su directora. “Este taller es importante porque es, prácticamente, la razón de ser del museo”, sostiene Matienzo, resaltando el valor de las voces expertas que hoy trabajan desde el exilio tras ser perseguidas por el régimen cubano.

Desde Raza e Igualdad damos visibilidad a este tipo de iniciativas que documentan y narran las experiencias de mujeres y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Exigimos al régimen autoritario de Cuba que garantice su protección y respete sus derechos, poniendo fin a la represión y a las múltiples violencias que enfrentan, especialmente cuando cuestionan sus políticas.

Para conocer más sobre este espacio, visita su página web museov.org y sigue sus contenidos en redes sociales a través de @museovbg.

“Seguimos vivos en un abismo sin fin”: tres activistas cubanos a un mes del huracán Melissa

Washington D.C., 29 de noviembre de 2025 – Hoy hace un mes, el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba dejó destrucción, angustia y un panorama agravado para los habitantes de esta región. Dialogamos con tres activistas que, además de enfrentar el impacto del ciclón, sobreviven al abandono estatal, el hostigamiento político y el colapso de los servicios básicos. Desde la provincia de Holguín, Ronald Mendoza (50 años), Eduardo Cardet (57) y Geydis Jaime (24) relatan cómo vivieron el desastre y cómo la emergencia humanitaria se profundiza en una isla sumida en una crisis social, política, económica, y sanitaria.  

El pasado 29 de octubre, el huracán Melissa tocó territorio cubano como uno de los fenómenos más fuertes de la temporada de huracanes de 2025 (de junio a noviembre), provocando inundaciones severas, daños estructurales y el colapso de servicios esenciales. Aunque no se registraron fallecidos en Cuba, las afectaciones profundizaron la vulnerabilidad de comunidades ya sumidas en la escasez. De acuerdo con la misión de Naciones Unidas en Cuba, Melissa dejó más de 3,5 millones de damnificados, 90,000 viviendas afectadas o destruidas, y alrededor de 10,000 hectáreas de cultivos dañados.

El impacto del ciclón y la ausencia de ayudas

En Levisa, localidad del municipio de Mayarí (perteneciente a Holguín), Ronald Mendoza relata: “la mayoría de las cosas las perdimos (durante el paso del fenómeno natural)”. Afirma que, cuando el ciclón alcanzó su fuerza máxima, él “estaba metido debajo del fregadero”. El techo de su vivienda voló y el río desbordado inundó su casa: “El agua me llegó hasta el ombligo”. Un mes después, asegura que “la ayuda es mínima” y que solo han recibido algunos víveres básicos. “Seguimos en pie gracias a la ayuda de los vecinos”, agrega.

En Velasco, otra localidad de Holguín, el médico y activista Eduardo Cardet vivió una noche sin precedentes. “Nunca había llegado el agua a esos niveles. El río Paneque creció bastante. En mi casa alcanzó los dos metros”, señala. Él y su familia lo perdieron casi todo. “Uno siempre lamenta las pérdidas materiales porque es bien difícil recuperarlas”, dice, mientras afirma que la poca ayuda que ha recibido ha llegado por parte de la comunidad y de la iglesia católica. 

En la ciudad de Holguín, Geydis Jaime cuenta que “era la primera vez” que veía algo así (la fuerza del huracán Melissa). “El agua entró a la casa y perdí colchones, ropa, televisor, nevera y hasta mi teléfono”, agrega. Durante la emergencia, los cables eléctricos se desplomaron y “habitantes del barrio tuvieron que arreglarlo” porque ninguna autoridad respondió. “Aquí cada seis horas se va la luz y nadie nos ha brindado ayuda”, sostiene. 

Hostigamiento y vigilancia en medio del desastre

A la devastación se suma la represión. A Cardet, por ejemplo, dos días antes de esta entrevista (el 13 noviembre), un hombre se presentó en su casa para exigirle que dejara de denunciar la grave situación sanitaria en Cuba. El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), encarcelado por motivos políticos entre 2016 y 2019,  asegura que en varias ocasiones le han sugerido que abandone la Isla, propuestas que él ha rechazado.

Mendoza, coordinador regional del Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (CELIDE); y Jaime, integrante de la organización Plataforma Femenina, también reportan hostigamientos y amenazas constantes. “En el pasado he buscado trabajo y me lo han negado. Me dicen: solo hay trabajo para los revolucionarios”, denuncia Ronald, quien antes del huracán se dedicaba a vender miel y perdió la mayoría de sus colmenas tras la emergencia.

Una crisis epidemiológica fuera de control

La situación sanitaria se agrava con enfermedades transmitidas por mosquitos, agua contaminada y alimentos dañados por la falta de energía eléctrica. De acuerdo con el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán, 47 mil habitantes de Cuba han sido diagnosticados esta semana con un virus que acecha a la Isla, aunque médicos, activistas y comunidades señalan que el subregistro es mucho mayor y que hay más personas enfermas que no figuran en los datos oficiales.

Cardet advierte que hay dengue, zika, chikungunya, oropouche y otras enfermedades, y que “hay personas fallecidas y miles de enfermos”. Él mismo contó recientemente (el 24 de noviembre) que también está enfermo con uno de estos virus. Geydis y su madre (de 54 años), por su parte, han enfermado antes y después del ciclón, en un sector que, afirma, ha permanecido sin agua hasta por siete meses.

Los apagones son constantes y hay zonas que permanecen sin electricidad desde el paso del huracán. Las familias cocinan con carbón, guardan alimentos en casas de conocidos y viven pendientes de las pocas horas en que vuelve la corriente. 

Cardet dice una frase que tal vez resume mejor este momento: “Estamos sumidos en un abismo sin fin”. Y, pese a todo, los tres siguen en Cuba. Siguen denunciando. Siguen resistiendo. Siguen vivos.

Desde Raza e Igualdad continuamos monitoreando la situación en Cuba y acompañando a las personas activistas y defensoras de derechos humanos que enfrentan riesgos crecientes en este contexto. Llamamos a los organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil a mantener la atención sobre la Isla, exigir garantías para los derechos fundamentales y respaldar a quienes trabajan por la libertad, la justicia y la dignidad de Cuba.

Organización cubana Damas de Blanco denuncia ante la CIDH la violencia ejercida por el régimen autoritario de Cuba

Miami, 19 de noviembre de 2025 – “Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y amenazas”. Estas fueron algunas de las violencias denunciadas el pasado lunes 17 de noviembre por integrantes de la organización cubana Damas de Blanco durante una audiencia privada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en el marco del 194° Período de Sesiones celebrado en Miami, Estados Unidos.

La delegación estuvo conformada por las activistas Lourdes Esquivel, Blanca Reyes y María Elena Alpízar, quienes participaron como representantes de la organización en el exilio. Esquivel relató la represión estatal que sufrió hasta diciembre de 2022, cuando fue desterrada. El exilio forzado continúa siendo una de las prácticas empleadas por el régimen cubano para castigar y silenciar a las defensoras de derechos humanos, como ocurrió con la activista Aymara Nieto, también miembro de las Damas de Blanco, liberada en agosto de 2025 bajo la condición de abandonar la Isla.

La audiencia fue solicitada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Durante su intervención, el abogado Fernando Goldar recordó que dos integrantes de las Damas de Blanco siguen privadas de libertad: Sissi Abascal y Saylí Navarro, encarceladas por pertenecer a la organización y exigir el respeto de sus derechos fundamentales.

Ante la CIDH, la delegación integrada por las representantes de las Damas de Blanco y Raza e Igualdad expuso el patrón sistemático de violencia ejercido por el Estado cubano durante más de dos décadas. Entre ellas se encuentran miles de detenciones arbitrarias sin registro oficial, desapariciones forzadas, vigilancia constante, asedio y amenazas dirigidas tanto a las activistas como a sus familias. También denunciaron tratos diferenciados por razones de género y raza: entre otros, insultos sexualizados, represalias vinculadas a sus roles de cuidado y discriminación específica contra las integrantes afrodescendientes. Asimismo, señalaron la criminalización mediante figuras penales ambiguas, la imposibilidad de ejercer su libertad religiosa debido a detenciones sistemáticas los domingos y las restricciones impuestas desde 2021 para reunirse o acceder a la sede de la organización. Ninguno de estos hechos ha sido investigado, lo que perpetúa un escenario de absoluta impunidad.

Los testimonios presentados reflejan cómo un grupo de mujeres, inicialmente movilizadas para exigir la liberación de sus familiares presos por motivos políticos (en 2003), se ha consolidado como un referente en la defensa de los derechos humanos en Cuba, en la región y en el ámbito internacional. Sin embargo, las agresiones y represalias que enfrentan buscan apartarlas de la vida pública y desarticular su labor.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos reiteramos nuestro compromiso con el acompañamiento a las Damas de Blanco y con la denuncia permanente de las violaciones cometidas contra mujeres activistas en Cuba. Hacemos un llamado a la CIDH  para que condene estos hechos y a la comunidad internacional para que respalde y acompañe el legítimo reclamo de respeto y protección hacia las integrantes de esta organización. 



Libertad con destierro: el caso de la activista cubana Aymara Nieto

Washington D.C., 11 de noviembre de 2025 – Hoy hace tres meses, Aymara Nieto Muñoz comenzó a reconstruir su vida en Santo Domingo, República Dominicana, donde reside desde el 11 de agosto de 2025, tras ser liberada y desterrada junto a su esposo, Ismael Boris, y dos de sus hijas. Luego de más de siete años privada de libertad por motivos políticos en Cuba, la activista de 49 años, integrante de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), intenta adaptarse a una nueva realidad lejos de la Isla.

“Nos han recibido muy bien en Santo Domingo. Estoy muy agradecida. Ya hicimos (Aymara y su familia) una serie de entrevistas para regularizar nuestra situación migratoria y poder trabajar. Mis hijas ya están en la escuela, gracias al apoyo de la Asociación Cubana en la República Dominicana, y del gobierno de este país”, cuenta Nieto, quien conserva el optimismo y la fe que la acompañaron durante los años más duros de su encierro. “Mi mayor tesoro en prisión fue una Biblia que me regaló mi hija mayor. Me dio fuerza para resistir”, confiesa.

Aymara fue detenida el 6 de mayo de 2018, cuando salía de su casa para participar en una manifestación pacífica de la campaña ‘Todos Marchamos’, que exigía la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba. Fue condenada por los supuestos delitos de atentado y daños a cuatro años de prisión, que comenzó a cumplir en la cárcel de mujeres de El Guatao, en La Habana.

Sin embargo, mientras cumplía esa condena, el régimen autoritario cubano volvió a procesarla, esta vez por presuntamente haber liderado un motín dentro de la prisión. El nuevo proceso terminó con una segunda sentencia de cinco años y cuatro meses, impuesta sin garantías judiciales ni derecho a una defensa efectiva. Así, Aymara pasó más de siete años consecutivos en prisión, entre castigos, traslados y condiciones degradantes.

Desde 2013, Aymara Nieto es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Raza e Igualdad hemos denunciado de forma sostenida las violaciones a sus derechos y las condiciones inhumanas de su encarcelamiento. Su historia forma parte del informe ‘Voces en libertad: Mujeres presas políticas en Cuba’, de la campaña #CubanasLibresYa, y del documental ‘Dos Patrias’, producido junto a Producciones La Tiorba, que retrata la represión, el encarcelamiento y silenciamiento de tres activistas cubanos.

Desde su nuevo lugar de residencia, donde llegó sin poder despedirse de su hija mayor debido a que las autoridades le negaron la última visita, Aymara sueña con estudiar psicología. “Me gustaría ser psicóloga y ayudar a otras personas. También quiero que mis hijas sean mujeres de bien”, agrega. Aunque está lejos de la Isla, mantiene su compromiso con la lucha pacífica. “Me duele mucho la situación en mi país, pero seguiré trabajando y luchando por la libertad de Cuba, incluso en la distancia”, afirma. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos celebramos la libertad de Aymara Nieto y reconocemos su fortaleza y dignidad después de años de represión. Al mismo tiempo, condenamos su exilio forzado, una práctica sistemática del régimen cubano para castigar la disidencia y silenciar las voces que defienden los derechos humanos.

Exigimos al Estado cubano poner fin a estas prácticas violatorias del derecho internacional, y llamamos a los organismos internacionales y a los Estados democráticos a exigir el respeto a los derechos humanos en Cuba, incluyendo la libertad inmediata e incondicional de Sissi Abascal, Felix Navarro, Saylí Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Lisandra Góngora, Maykel Castillo, y todas las personas aún encarceladas por motivos políticos.



Denunciamos el desmonte de una valla en Santa Marta que exigía libertad de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela

Santa Marta, 8 de noviembre de 2025 — Desde Raza e Igualdad denunciamos la censura ejercida por las autoridades locales de Santa Marta, que este viernes 7 de noviembre ordenaron el desmonte de una valla instalada por nuestra organización a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. La pieza exigía la libertad de las personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en el marco de la IV Cumbre CELAC-UE.

La valla llevaba el mensaje: “Cada persona encarcelada por defender los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela representa una promesa incumplida de la democracia. ¿Hasta cuándo?”

Acompañada por la imagen de un hombre encarcelado y las banderas de los tres países, la valla buscaba recordar a los representantes de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE) reunidos en Santa Marta, la urgente necesidad de abordar la falta de democracia en la región. Sin embargo, fue desmontada en menos de 24 horas por orden de la Alcaldía de Santa Marta, en cumplimiento de supuestas directrices que prohíben la exhibición de mensajes “de contenido político” durante la cumbre.

Esta decisión vulnera nuestro derecho a la libertad de expresión y limita la posibilidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos en estos tres países, precisamente en un espacio que se presenta como un foro de diálogo sobre democracia, cooperación y derechos humanos.

En 2023 ocurrió un hecho similar en Buenos Aires (Argentina), cuando, en vísperas de la Cumbre de la CELAC, también fue retirada una valla instalada por nuestra organización que exigía el restablecimiento de la democracia en Cuba y Nicaragua.

En la IV Cumbre CELAC-UE, que se celebra del 7 al 10 de noviembre en Santa Marta, se abordan temas clave como la triple transición (energética, digital y ambiental), la equidad de género, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la cooperación birregional. Todo ello ocurre mientras Cuba, Nicaragua y Venezuela continúan marcadas por la represión y el encarcelamiento de quienes defienden los derechos humanos.

Solo hasta finales de octubre de 2025, las organizaciones de la sociedad civil documentaban 749 personas presas políticas en Cuba (de acuerdo con Justicia 11J), 77 personas en Nicaragua (Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas), y 875 en Venezuela (Foro Penal). Estas cifras reflejan la magnitud del cierre de los espacios democráticos y la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, el Parlamento Europeo, en una resolución reciente sobre la estrategia política de la Unión para América Latina y el Caribe, reafirmó la importancia de la cooperación birregional y condenó el debilitamiento democrático en estos tres países, a los que describió como algunos de los regímenes más autoritarios del mundo.

Desde Raza e Igualdad denunciamos esta censura y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión, la justicia y la democracia. Continuaremos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se denuncien las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y para que se garantice el restablecimiento de la democracia en estos países.



“La lucha continúa dentro y fuera de Cuba”: José Daniel Ferrer, tras su exilio forzado en EEUU

Washington D.C., 16 de octubre de 2025 – Esa fue una de las afirmaciones de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), tras llegar a Miami, Estados Unidos, junto con su esposa, la doctora y activista Nelva Ortega, y tres de sus hijos, luego de acogerse al exilio forzado. La salida de Ferrer fue notificada oficialmente por la Cancillería cubana, que precisó que su traslado, junto a su familia, fue resultado de una “solicitud formal” del gobierno estadounidense y de la “aceptación expresa” del activista cubano. 

El defensor de derechos humanos, quien recuperó su libertad el pasado lunes 13 de octubre, expresó tener “emociones encontradas”, al celebrar el reencuentro con parte de su familia, pero lamenta la situación de decenas de activistas que aún permanecen encarcelados en Cuba. “Es un momento muy duro y triste porque hay otros hermanos en Cuba que sobreviven en condiciones terribles en las peores cárceles del hemisferio occidental: Félix Navarro, Saylí Navarro, Sissi Abascal, Luis Manuel Otero, Maykel Castillo, Lisandra Góngora; son muchísimos a lo largo del país”, señaló.

Ferrer, de 55 años, es uno de los activistas más reconocidos de Cuba. Integró el grupo de los 75 prisioneros de conciencia condenados durante la Primavera Negra de 2003 y, desde entonces, ha sido objeto de reiteradas detenciones, torturas y procesos judiciales arbitrarios. Participó en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, tras las cuales fue detenido arbitrariamente y, en enero de este año, puesto en libertad condicional. Sin embargo, el 29 de abril de 2025 volvió a ser encarcelado en la prisión de Mar Verde, donde denunció golpizas, torturas y amenazas contra su familia.

En una carta escrita desde esa prisión y divulgada el 3 de octubre, Ferrer había advertido que se encontraba al límite de lo que podía resistir y que estaba dispuesto a aceptar el exilio forzado para proteger su vida y la de los suyos. Desde Raza e Igualdad hemos denunciado reiteradamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las graves violaciones a sus derechos humanos y las condiciones inhumanas de su reclusión, en nuestro papel como sus representantes legales, razón por la cual es beneficiario de medidas cautelares.

Celebramos que José Daniel Ferrer y su familia estén hoy a salvo, pero condenamos que su libertad haya dependido del destierro forzado, una práctica que vulnera derechos fundamentales y que el Estado cubano ha utilizado para silenciar voces críticas. Esta misma estrategia fue impuesta recientemente a la activista Aymara Nieto, integrante de las Damas de Blanco, liberada en agosto de 2025 bajo la condición de abandonar la Isla. Desde Raza e Igualdad reiteramos nuestro compromiso con la defensa de las personas perseguidas por motivos políticos en Cuba y hacemos un llamado a la comunidad internacional a exigir el fin de la represión, el encarcelamiento arbitrario y el exilio forzado de la disidencia cubana.



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