Raza e Igualdad y #NicasLibresYa dialogan con familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos: Revelan sus deseos para esta época del año

Raza e Igualdad y #NicasLibresYa dialogan con familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos: Revelan sus deseos para esta época del año

Washington D.C., 18 de diciembre de 2024 – En esta época del año, desde Raza e Igualdad y la campaña #NicasLibresYa, queremos destacar los deseos de las familias que están sufriendo la prisión arbitraria de sus seres queridos por motivaciones políticas que los regímenes autoritarios de Cuba y Nicaragua ejercen contra quienes se identifican como personas opositoras, o hacia quienes perciben como tales.

Los deseos y sentimientos de estas familias claman por la libertad de sus madres, padres, hijos, hijas, esposos, esposas o amigos, personas que fueron detenidas arbitrariamente por exigir respeto a sus derechos humanos en regímenes totalitarios que reprimen con violencia a cualquiera que piense diferente. 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua se ha valido de las detenciones arbitrarias por motivos políticos desde el año 2011. La cifra sólo ha ido aumentando y, a pesar de la excarcelación y destierro de 222 personas en febrero de 2023 y 135 más en septiembre de 2024, en las cárceles todavía hay más de 70 inocentes pagando por crímenes que no cometieron, al menos una decena de ellos en condición de desaparición forzada. 

Este año, el líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera no podrá visitar la tumba de su madre, como solía hacerlo todos los años, ya que desde el 29 de septiembre de 2023 se encuentra en situación de desaparición forzada luego de desafiar a la dictadura que le había prohibido ingresar a su propio país, tras haber participado en una actividad de pueblos indígenas en el extranjero. 

Tininiska Rivera, su hija, recuerda que cada año, durante las festividades de diciembre su padre organizaba una comida con las personas de algunas comunidades del norte de la Costa Caribe de Nicaragua. “Si estuviera libre mi padre haría reuniones con las comunidades para avisarles sobre toda su gestión del año y con ellos compartiríamos una comida tradicional”. 

A finales de noviembre, el régimen realizó redadas que culminaron con la captura de más de 38 personas, aunque la mayoría fueron enviadas a sus casas el 11 de diciembre, periodistas, líderes políticos y médicos continúan detenidos. 

La situación es similar para los familiares de Steadman Fagot, otro líder indígena miskito quien se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 14 de septiembre de 2024. Su familia lo recuerda por preparar paquetes de comida durante las fiestas de fin de año. 

“Él elaboraba pequeñas canastas básicas para compartir con ancianos, viudas, madres solteras y comunidades aledañas, y organizaba cultos con pastores de esas comunidades como agradecimiento a Dios por tenerlo con nosotros. Quisiera recuperar el tiempo perdido con mi papá, es triste que hasta el momento no sepamos nada de él”, lamenta Ingni Fagot, hija de Steadman Fagot. 

Más represión 

En Cuba, por su parte, el régimen autoritario de este país no para de reprimir y hostigar a activistas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes y artistas, quienes sufren detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. 

Lizandra Góngora es parte de las 554 personas (de acuerdo con Justicia 11J) que están presas en Cuba por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, las cuales exigían el respeto a los derechos humanos, y fueron reprimidas con violencia por el régimen cubano. Su esposo Ángel Delgado afirma que el regalo más grande que pudiera darle en esta época del año, es que ella “recuperara su libertad”.

Desde La Habana, Norma Pérez, madre de la activista Sulmira Martínez, quien permanece en prisión desde el 10 de enero de 2023 tras haber sido acusada falsamente de incitar a la violencia, afirma:  “Extraño mucho verla entusiasmada por las fiestecitas que armaba con sus amistades de la danza”. 

En Cuba, la crisis social, política y económica ha empeorado en los últimos cuatro años, debido a los extensos cortes de energía eléctrica, a la falta de agua potable, y a la escasez de alimentos y medicamentos, que sumado a la represión que sufren las voces críticas al régimen autoritario de este país, forman un ‘cóctel’ nocivo para la población cubana. 

Ángel Cuza Alfonso, de 36 años, es un activista y periodista independiente cubano, que permanece privado de libertad por motivos políticos en la Isla. A él lo detuvieron el 1 de diciembre de 2022, cuando intentaba comprar alimentos en una tienda de La Habana; y fue condenado el 6 de noviembre de 2023 a un año y seis meses de prisión, por el supuesto delito de “desórdenes públicos”.

Su esposa Ana Castillo afirma que lo extraña mucho, principalmente en esta época del año. “Lo que más quisiera, y le pido a Dios, es que pueda estar en libertad porque sé que lo que está pasando ahí es algo que no puede ni explicar”, agrega. 

Las personas presas políticas de Cuba y Nicaragua sufren torturas, aislamiento, incomunicación y, en ocasiones, se les impide recibir visitas familiares por períodos prolongados de tiempo. Además, se les niega el acceso a médicos y medicinas para tratar sus padecimientos oportunamente, y en el caso de las mujeres su condición es más grave porque se les limita el acceso a productos higiénicos de primera necesidad. Incluso, respecto de algunos, el Estado ni siquiera informa a las familias donde están detenidos y cuál es su situación.

Por todo esto, desde Raza e Igualdad y #NicasLibresYa, exigimos que los regímenes de ambos países liberen a todas las personas que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, se brinde información de quiénes se encuentran en desaparición forzada, y se permita que sus familiares puedan tenerles en casa durante estas fiestas de fin de año.



Cuatro años del 27N: El día en que artistas de Cuba hicieron un plantón

Washington D.C., 27 de noviembre de 2024 – Hoy hace cuatro años, un grupo de artistas se tomó desde muy temprano las afueras del Ministerio de Cultura de Cuba, en La Habana, y animaron a cerca de 300 personas, entre jóvenes, periodistas independientes y activistas, a unirse a esta manifestación pública, que fue la primera gran protesta pacífica que se realizó en la Isla, tras la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel en 2019.

Las personas que se unieron a este plantón rechazaron el desalojo y la violencia que sufrieron el día anterior un grupo de integrantes del Movimiento San Isidro (MSI), que se habían acuartelado en la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, para exigir la liberación del rapero Denis Solís, quien se encontraba detenido desde el 9 de noviembre de 2020.

Otero Alcántara, quien cumple actualmente una condena de cinco años en prisión, llevaba a cabo en aquel entonces una huelga de hambre, mientras un grupo de artistas del MSI recitaba poemas en señal de protesta, cuando las autoridades cubanas irrumpieron la manifestación pacífica.

A raíz de esto, se realizó el plantón en frente del Ministerio de Cultura, que posteriormente se convirtió en un movimiento conocido como 27N. “(Ese día) Se generó una sinergia que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, porque todo el mundo en Cuba, que sea oposición y disidencia, se sentía aislado, se sentía rechazado, se sentía apestado porque la represión y la narrativa del régimen está enfocada a presentarnos como mercenarios, como personas que no les importa Cuba”, afirma Luz Escobar, periodista independiente cubana que participó en la manifestación e hizo parte del 27N.

El plantón, que inició a las 11 de la mañana y terminó pasada la medianoche, permitió que un grupo de 30 artistas se reuniera con el exviceministro de Cultura, Fernando Rojas, y llegaran a una serie de acuerdos, entre los que se encontraba abrir un canal de diálogo, en el que participarían las autoridades cubanas y las personas integrantes del 27N. Sin embargo, dichas negociaciones solo se mantuvieron escasamente por una semana. Para el 4 de diciembre de 2020 ya las autoridades habían cancelado el diálogo.

“Esta manifestación ha terminado en que Luis Manuel y Maykel Osorbo (rapero cubano ganador de dos premios Grammy Latinos) están en la cárcel, y prácticamente más de esas 30 personas que estuvieron ahí, artistas visuales, gente de teatro, gente de cine, periodistas independientes y activistas, hemos acabado saliendo de Cuba porque la presión, con más o con menos violencia, acaba quebrándonos psicológicamente y terminamos en el exilio”, dice Julio Llópiz, artista visual que participó en la reunión con el exviceministro, quien sostiene además que Denis Solís tuvo que exiliarse en Serbia en noviembre de 2021, luego ser constantemente acosado por las autoridades cubanas.

Hoy, cuando se cumplen cuatro años del plantón del 27N, en Cuba se celebra la 15ª Bienal de La Habana, que ha recibido críticas por llevarse a cabo en medio de la grave crisis social, política y económica que se registra en la Isla. De hecho, una de sus instalaciones, la del escultor alemán Martin Steinert, llamada ‘Nube de madera’, ha sido utilizada por los y las habitantes de la capital cubana, para escribir mensajes y denunciar el hambre, la represión y la falta de libertades que viven a diario.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos conmemoramos esta fecha, para denunciar la represión y el hostigamiento que sufren constantemente artistas independientes en Cuba, y para exigir la liberación inmediata y sin condiciones de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. También solicitamos que se derogue el Decreto 349, que reprime la producción artística de quienes se dedican al arte en este país.

En Cuba, la pobreza extrema afecta principalmente a las personas afrodescendientes de la Isla

Bogotá, 29 de octubre de 2024 – “Cuba no es como te la cuentan”, advierte Yaxys Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la organización de la sociedad civil independiente cubana, que publicó en julio de 2024 el séptimo informe sobre los derechos sociales en este país, en el que se reveló que la pobreza extrema en la Isla  había escalado al 89%.

El abogado oriundo de la provincia cubana de Pinar del Río explica cada uno de los hallazgos que evidencian cómo la falta de recursos afecta principalmente a las personas afrodescendientes de Cuba. “Del total de la muestra (1,148 encuestas), el 61% dijo tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir, mientras que en la población afrocubana la cifra se ubica en el 68%”, dice.

El 12% aseguró que estaba en situación de desempleo, una realidad que afecta al 15% de las personas afrocubanas encuestadas. También se conoció que ocho de cada 10 afrodescendientes que hicieron parte de este estudio, afirmaron que habían dejado de desayunar, almorzar o cenar, situación que afectó a siete de cada 10 personas blancas o mestizas de este informe.

Por otro lado, el 92% de las personas afrocubanas desaprobaron el servicio de salud pública; y el 81% dijo que no recibía remesas, una cifra mayor al 71% de las personas blancas que señaló que tampoco obtenía este tipo de ingresos de familiares viviendo fuera de la Isla. “Sin duda, tienen menos apoyo para enfrentar la dura realidad que se vive en Cuba”, agrega Cires.

Los hallazgos que evidencian cómo la pobreza extrema afecta principalmente a las personas afrodescendientes de Cuba, ya se habían registrado en 2023, en el sexto informe del OCDH sobre los derechos sociales en este país. En aquel entonces, el 21% de las personas afrocubanas dijo que residía en viviendas en peligro de derrumbe, una cifra que contrasta con el 15% del total de las personas consultadas (1,353), que afirmó que estaba en igual situación.

Esta encuesta también reveló que el 23% de las personas afrodescendientes carecía permanentemente del servicio de agua potable, una realidad que afectó al 17% del total de quienes participaron en el estudio del año pasado.

Los hallazgos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos demuestran que las personas afro en Cuba tienen mayores dificultades para encontrar un empleo, alimentarse, acceder a agua potable, y poseer una vivienda digna, en comparación con otros grupos poblacionales de este mismo país. “La situación de las personas afrocubanas es muy precaria, viven en zonas insalubres, tienen los salarios más bajos, y poca escolaridad”, dice Eroises González, una mujer afro de La Habana que coordina la organización Plataforma Femenina.

Otra habanera afrodescendiente de Cuba, Laritza Diversent, quien dirige la ONG Cubalex, afirma que estas violaciones a los derechos humanos son, la gran mayoría de ocasiones, naturalizadas por la misma sociedad civil. “La discriminación racial, por ejemplo, no es un tema prioritario, por tanto, no se entra ahí a hacer estos estudios, a identificar estos comportamientos”, agrega.

Censo poblacional

De acuerdo con la experta en los derechos de las personas afrodescendientes, la afrouruguaya Noelia Maciel, las cifras del OCDH evidencian el racismo sistémico que existe en Cuba, “y ha estado presente en todo el proceso socialista”.

“Esas desigualdades se ven reflejadas en la falta de acceso al empleo, las inequidades en los niveles educativos, la no recepción de remesas, que es lo que permite sostener la vida cotidiana en la Isla; y también en los procesos migratorios. Las poblaciones afro son las que tienen más barreras para salir del país”, dice Maciel, quien afirma además que en el último censo poblacional de la Isla (en 2012), no se evidenciaban estas inequidades porque se desconocía la existencia de ascendencias étnico-raciales diferenciadas, “negando de alguna forma como el componente racial es un factor de vulnerabilidad y de obstáculos para el ejercicio de los derechos”.

En 2022, el Estado de Cuba debió realizar un nuevo censo de población y vivienda, sin embargo, este proceso fue aplazado para el año 2025. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el retraso se originó por la grave crisis económica que sufre este país.

“Cuba por autodefinición está en un momento de economía de guerra, y realizar censos es muy costoso, y más en este momento donde hay ciertos estándares que se imponen a nivel regional, como hacer estos procesos en formatos más electrónicos. Pero igualmente por parte del Estado cubano no hay interés de que se pueda realizar un censo y se empiecen a visibilizar estas desigualdades, sobre todo incorporando las recomendaciones que los organismos internacionales hacen, como la incorporación del término afrodescendiente (que representa a las personas pertenecientes a diversas culturas descendientes de población africana que sobrevivió al sistema esclavista, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas)”, afirma Maciel.

En el último censo poblacional de la Isla se conoció que en 2012 este país tenía 11,167,325 habitantes, entre personas blancas, negras y mestizas. Sin embargo, en este recuento estadístico no se hizo una distinción entre quienes eran negras, mestizas y mulatas, por lo que no se pudo establecer quiénes eran los y las afrodescendientes de Cuba, ni cuáles eran sus condiciones reales de vivienda.

Perfilamiento racial

Los hallazgos de los dos últimos informes sobre los derechos sociales en Cuba evidencian cómo la pobreza extrema afecta a la mayoría de la población cubana, principalmente a las personas afrodescendientes de este país, que además de no contar con lo esencial para sobrevivir, también son víctimas de prejuicios por parte de las autoridades cubanas, que los y las persiguen, reprimen, hostigan y detienen, “por el simple hecho de ser personas negras”, de acuerdo con Diversent.

“La represión también está vinculada a la persecución de las personas afrodescendientes por lo que se conoce como perfilamiento racial”, agrega Diversent, quien sostiene que un análisis de la organización Cubalex, reveló que los y las afrocubanas condenadas por haber participado en las históricas y multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, habían recibido sentencias más severas en comparación con las personas blancas que aquel día salieron a las calles a exigir sus derechos.

De acuerdo con este documento, las personas negras “que el Estado clasifica con una ‘conducta desfavorable’ reciben sanciones con una duración promedio de 13.02 años, mientras que las personas no afrodescendientes, bajo la misma clasificación, tienen sanciones promedio de 12.0 años”. Este hallazgo se suma a las cifras antes mencionadas, evidenciando cómo esta población sobrevive en la Isla.

“En 2009, yo fui víctima del perfilamiento racial. En una ocasión trabajaba en un centro de turismo y unos huéspedes canadienses querían conocer donde ver y disfrutar jazz cubano, entonces yo les indiqué ‘La zorra y el cuervo’ (club ubicado en El Vedado, zona comercial de La Habana), pero ellos me pidieron que los acompañara. Pasamos por el malecón, seguimos caminando y luego llegaron unos policías a pedirme mi identificación. Ahí mismo me cargaron, me subieron a una patrulla, y me llevaron a una estación hasta que les dio la gana. No pude acompañar a los turistas”, cuenta Norberto Mesa, un activista afrocubano que fundó en 1998 la organización Cofradía de la Negritud, un proyecto ciudadano que surgió con el propósito de luchar contra la discriminación y el racismo estructural en este país.

El pinareño (de la provincia de Pinar del Río) y defensor de los derechos humanos afirma que este tipo de situaciones siguen ocurriendo en Cuba, y agrega que la población afrocubana en los centros penitenciarios es mucho mayor en comparación con otros grupos poblacionales. También dice que hay discriminación racial en los espacios laborales, y muy poca representación de personas negras en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Recomendaciones incumplidas

En 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD o el Comité), aprobó sus observaciones finales luego de examinar el informe nacional que entregó en aquel entonces el Estado de Cuba, sobre las personas afrocubanas. El Comité señaló, entre otras cosas, que la población afrodescendiente continuaba “siendo víctima de racismo y discriminación estructural, como producto del legado histórico de la esclavitud”, lo cual se manifestaba “en la brecha de desigualdad” relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales de esta población, en comparación con el resto.

El CERD registró varias preocupaciones acerca del censo, la situación de las personas defensoras de los derechos de la población afrocubana, la discriminación racial, el acceso a la justicia, el uso excesivo de la fuerza, los estereotipos raciales, y el no reconocimiento de este tipo de violencias por parte del Estado. Estas problemáticas aún siguen latentes en Cuba, y se ven reflejadas en los hallazgos divulgados por el OCDH, y en el análisis realizado por Cubalex.

El órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, también hizo  una serie de recomendaciones al Estado que apuntan a que más personas puedan autorreconocerse como afrodescendientes, que permiten conocer cómo realmente viven las personas negras en la Isla, y que combaten la desigualdad, que, tras seis años de este documento, sigue imperante.

De acuerdo con Maciel, el Estado de Cuba debería presentar un informe oficial sobre la implementación de las recomendaciones del CERD en 2025, debido al retraso del calendario de revisión por países, que causó la pandemia del Covid-19.

Los hallazgos encontrados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el análisis realizado por Cubalex, también evidencian que las autoridades de este país no han cumplido los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), que se centran en el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de esta población.

“Cuba, al igual que la mayoría de los países de América Latina, los países de la diáspora, han hecho muy poco durante el decenio. No han habido planes que permitan crear políticas públicas diferenciadas. En el caso de la Isla, hay un problema particular, y es que ellos niegan la discriminación racial. Entonces el gobierno al negar la discriminación racial, evidentemente no plantea la necesidad de tener políticas públicas diferenciadas”, dice Carlos Quesada, director del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quien agrega que el decenio proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, terminará el próximo 31 de diciembre de 2024.

Las cifras de los dos últimos informes del OCDH también revelan, de acuerdo con Quesada, cómo el racismo estructural en este país ha impedido que la población afrocubana pueda ascender o acceder a una escala social un poco más alta, incluyendo, por ejemplo, el motor de la economía nacional, que es el turismo. “Cuba, en materia de lucha contra la discriminación racial se encuentra por lo menos 70 años atrás de todos los países de América Latina, incluyendo Estados Unidos”, agrega el abogado y periodista costarricense.

Como lo mencionó Cires al inicio de este artículo, la realidad de las personas afrodescencientes en Cuba no es como lo cuentan las autoridades cubanas; en su día a día ellas enfrentan discriminación y violencia en diversas formas.

El último censo no reconoce a las personas afrodescendientes en su totalidad, y como está documentado en las recomendaciones del CERD, en la Isla se niega la existencia de discriminación racial; aun cuando hay activistas y personas defensoras de los derechos humanos denunciando las condiciones precarias en las que vive la población afrocubana, y pese a que se publiquen informes, como los del OCDH, y análisis, como el realizado por Cubalex, que evidencian una realidad opuesta a la descrita por el Estado. 

Desde Raza e Igualdad hacemos eco a los hallazgos que revelan el racismo y la discriminación estructural en Cuba, y solicitamos que el Estado cubano reconozca estas desigualdades, impulse acciones que permitan el autorreconocimiento de las personas afrodescendientes, y cree políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población, y a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginación, que afectan de manera desproporcionada a las personas afrocubanas.

Cuba: organizaciones independientes comparten preocupación por agravamiento de la crisis humanitaria tras colapso energético

Washington D.C., 21 de octubre de 2024 – En las últimas 72 horas, las organizaciones firmantes hemos visto en Cuba el desplome total de los servicios imprescindibles para la subsistencia humana. Tras semanas de un déficit de más del 50% de la generación energética en el país, con provincias que reciben solo 3 horas de corriente eléctrica al día, el 18 de octubre se llegó al límite de provisión de combustible, quedando la isla a oscuras completamente, con excepción de hospitales, hoteles e institutos relacionados con la defensa nacional. Este escenario había sido advertido por expertos y sociedad civil ante la irresponsabilidad e ineficacia del Estado. Hasta el momento de redacción de esta nota, más de dos tercios del país aún se encontraba sin suministro eléctrico. Muchas zonas llevan más de 70 horas continuas sin electricidad y prácticamente sin comunicación.

Frente a este serio colapso, las organizaciones firmantes advertimos sobre la transversalidad en el deterioro de servicios básicos y su impacto devastador en la población, principalmente en grupos en condiciones de vulnerabilidad. La falta de energía eléctrica imposibilita tanto la refrigeración de medicamentos y alimentos que así lo requieran, como la cocción de los últimos. En un escenario de desconexión total en el país y sin haber creado las condiciones necesarias, la población se ha visto impedida tanto de cocinar como de acceder a alimentación elaborada, ya que panaderías, cafeterías y otros centros se encuentran cerrados. Sin corriente eléctrica, el sistema de acueducto nacional tampoco llega a conectar la distribución de agua en el sector residencial, previamente sujeto a regímenes de dos y tres días sin abasto. A la ausencia de electricidad, gas y agua se le une el corte en las comunicaciones digitales, dada la desconexión de las torres repetidoras encargadas de emitir la señal. 

Frente al descalabro total de servicios básicos y en medio de una crisis alimentaria severa, advertimos las serias consecuencias que provoca sobre la sostenibilidad de la vida esta situación en el corto y mediano plazos. Estas condiciones, unidas a la vigilancia, al control y criminalización del Gobierno de cualquier iniciativa independiente que pudiera articular y asistir a los más desfavorecidos, hacen ya imposible las condiciones de supervivencia que los cubanos han estado enfrentando en los últimos años. Advertimos que estas condiciones tienen un impacto diferenciado de mayor peso en grupos poblacionales en condiciones de mayor vulnerabilidad tales como personas mayores, infantes, mujeres, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, población privada de libertad, entre otros.Atendiendo a la gravedad y el carácter estructural y sistémico de esta crisis,

  • Denunciamos las responsabilidades políticas del Estado cubano en la generación de esta crisis, especialmente agravadas tras la puesta en marcha de la Tarea Ordenamiento, y la falta de un plan que brinde una solución efectiva y sostenible a esta crisis generalizada.
  • Exigimos al Estado cubano el levantamiento de información sobre los impactos diferenciados de esta crisis y el desarrollo de un plan de medidas a corto y mediano plazo para la compensación y asistencia a las poblaciones más afectadas.
  • Exigimos al Estado cubano que permita la participación de la sociedad civil independiente, sin ser criminalizada, en el levantamiento de esta información, así como en el desarrollo de acciones de emergencia y ayuda a las comunidades y grupos más afectados.
  • Exigimos al Estado cubano respetar sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos en medio de esta crisis, garantizando los derechos fundamentales a la ciudadanía, especialmente el derecho a la protesta pacífica.

Firman esta declaración, con fecha 21 de octubre de 2024, las siguientes organizaciones:

Food Monitor Program

Cuido60-Observatorio de Envejecimiento, cuidados y derechos

Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) 

Cubalex

Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia basada en Género

Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana

Ciudadanía y Libertad 

Fundación 4Métrica

Red Femenina de Cuba

Justicia 11J

Centro de Documentación de Prisiones Cubanas

Civil Rights Defenders

Museo de la Disidencia en Cuba

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Este viernes 18 de octubre, el Comité de la CEDAW evaluará al Estado de Cuba

Ginebra, 16 de octubre de 2024 – La última vez que el Estado de Cuba fue evaluado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante el Comité), fue en julio de 2013. En aquel entonces, este órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), presentó una serie de recomendaciones para hacerle frente a la violencia de género, a la ausencia de una legislación que proteja a las cubanas, y a la falta de documentación y de mecanismos que faciliten la denuncia de este tipo de agresiones.  

El Comité recomendó que se elaborara una Ley integral contra la violencia basada en género, se creara un plan de acción nacional para prevenir y mejorar la atención de estas violencias, se proporcionaran refugios, se mejorara la recopilación de datos, y se sensibilizara y capacitara a la población cubana. 

Sin embargo, el Estado de Cuba no ha cumplido con estas recomendaciones. Al contrario, su falta de compromiso con sus obligaciones internacionales se evidencia en la presentación tardía de su noveno informe periódico, el cual debió entregar en 2017. Ese documento solo se compartió al Comité en octubre de 2022, cinco años después de lo establecido, y sin que se hayan incorporado varias de las peticiones de este órgano de expertos independientes. 

“En Cuba, por ejemplo, aún no se ha sancionado una Ley contra la violencia doméstica, ni se ha tipificado el feminicidio, dos de las recomendaciones de 2013”, afirma Catalina Ledebur, consultora en Derechos de la Mujer del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). 

Este viernes 18 de octubre, tras 12 años de su última revisión, el Estado cubano volverá a ser evaluado por el Comité y deberá explicar qué ha realizado para garantizar los derechos de las mujeres en la Isla, y para eliminar todo tipo de discriminación contra ellas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creencia religiosa, etnia, edad, y posición política y socioeconómica. 

Como parte de este proceso de evaluación, un grupo de mujeres activistas y exiliadas de la Isla, participaron el pasado 14 de octubre en una reunión informal con el Comité, donde denunciaron que 247 cubanas han sido víctimas de feminicidio entre 2019 y lo que va de 2024, y cientos de defensoras de los derechos humanos, artistas y periodistas independientes han sido detenidas, reprimidas y violentadas, por cuestionar y criticar a las autoridades de este país. 

Desde Raza e Igualdad damos seguimiento a la evaluación del Estado de Cuba ante el Comité de la CEDAW y a los informes alternativos presentados por organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, que revelan las violencias y la discriminación que sufren las mujeres de este país. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que cumplan cada una de las recomendaciones, que surjan de esta nueva evaluación, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer en Cuba.

 

En Bélgica, activistas de Cuba denuncian violaciones a los DDHH en la Isla

Bruselas, 25 de septiembre de 2024 – La directora de la revista feminista Alas tensas, Ileana Álvarez; y el periodista independiente Mario Luis reyes, se reunieron en Bruselas, Bélgica, con representantes de la Unión Europea, y de organizaciones de derechos humanos localizada en esta ciudad. El 24 y 25 de septiembre cumplieron un itinerario lleno de encuentros, donde denunciaron la crisis social, política y económica en Cuba, que ha llevado a que miles de personas abandonen la Isla.

Álvarez ha alzado la voz para referirse a la violencia de género que diariamente sufren mujeres y personas LGBTI+ cubanas. La también escritora aseguró que el Estado de Cuba se ha negado a reconocer y legislar sobre el feminicidio y la violencia de género, lo que ha perpetrado una cultura de impunidad en este país.

“Ante la ausencia de datos oficiales confiables, organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba han documentado feminicidios y producido análisis y estadísticas. Entre 2019 y agosto de 2024 se registraron un total de 243 feminicidios. Solo en 2023, se verificaron 89 casos, con la mayoría cometidos por parejas o exparejas”, denunció en una de las reuniones a puerta cerrada.

Álvarez reiteró la importancia de que el Estado de Cuba incorpore el feminicidio como delito en el Código Penal, impulse una Ley para prevenir la violencia de género, y cree una red de refugios y centros de atención integral.

Por su parte, el periodista independiente Mario Luis Reyes aprovechó su visita a la capital de Bélgica para denunciar la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial de Cuba, lo que ha permitido a las autoridades cubanas, reprimir, hostigar, amenazar, detener y violentar, a quienes ejercen el periodismo de forma independiente, y a quienes “emiten opiniones contrarias al régimen autoritario de este país”.

El escritor afirmó también que el monopolio estatal de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), ha facilitado la censura de casi todos los medios independientes en línea de la Isla.

“Estas políticas han provocado que aproximadamente un centenar de periodistas hayan salido al exilio en los últimos cinco años, quienes, en muchos casos, consideran que esta es la única opción para escapar de la represión sin ser encarcelados, o sufrir peores consecuencias”, apuntó Reyes, quien solicitó a las personas representantes de la Unión Europea, que se gestione un diálogo con miembros de la sociedad civil y periodistas independientes, que en los acuerdos de cooperación con Cuba prime el respeto por los derechos humanos, y que se implementen medidas de protección y reinserción laboral para periodistas viviendo en el exilio.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se une a los pedidos formulados por Álvarez y Reyes, y hace también un llamado a las organizaciones internacionales y a la Unión Europea, para que hagan seguimiento y monitoreen la grave crisis social, política y económica en este país, que ha puesto en evidencia la violencia de género y la represión que sufren activistas, periodistas independientes, personas defensoras de los derechos humanos, artistas, y familiares de quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos. Del mismo modo, pedimos a las autoridades de Cuba que garanticen los derechos fundamentales de quienes residen en la Isla, y cumplan de buena fe los acuerdos e instrumentos internacionales que brindan protección a los cubanos y a las cubanas.

¡Libertad para el activista cubano José Daniel Ferrer García!

Washington D.C., 19 de septiembre de 2024 – El Parlamento Europeo votó hoy una resolución de urgencia en la que se solicita la liberación inmediata e incondicional del activista cubano José Daniel Ferrer García (53 años), líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), quien permanece en prisión desde el 11 de julio de 2021, día en que se llevaron a cabo en la Isla multitudinarias protestas, también conocidas como 11J.  

En el documento, el órgano legislativo de la Unión Europea (UE) insta al Estado de Cuba para que libere también a quienes se encuentran privados de libertad por motivos políticos en este país; que, de acuerdo con la organización Justicia 11J, son más de 600 personas en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. En la resolución de igual manera se solicita al Consejo de la UE que “aplique el régimen de sanciones en materia de derechos humanos, contra los y las responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos” en este país. 

“Para nosotros, como familiares de José Daniel, es muy importante que mi padre tenga este apoyo visible, para así salvaguardar su vida y la dictadura deje de torturarlo. También es importante que sean visibles los casos de todos estos hombres y mujeres que están presos injustamente, solamente por pedir la libertad de Cuba, y por defender sus derechos”, afirma Martha Beatriz Ferrer, hija del activista, quien vive exiliada en Estados Unidos. 

El líder de Unpacu, que hizo parte del grupo de los 75 prisioneros de conciencia condenados en la primavera negra de 2003, permanece en prisión tras la revocación de una condena de 4 años y 6 meses que había sido “subsidiada” en 2020; es decir, luego de su detención, la sentencia que antes cumplía en casa fue modificada por reclusión en el Centro Penitenciario de Mar Verde, ubicado en la provincia de Santiago de Cuba, la misma región donde ha vivido toda su vida y fue capturado.

Dentro de la cárcel, Ferrer García lleva más de un año y seis meses sin recibir visitas familiares ni poder comunicarse vía telefónica con sus seres queridos. El pasado 17 de septiembre de 2024 se conoció una carta en la que el defensor de derechos humanos denunciaba que “la dictadura” lo ha sepultado vivo. “Quieren silenciarme a toda costa, por eso no escuchan mi voz, por eso no reciben mis opiniones, mis razones, mis denuncias sobre lo que ocurre en este infierno…”, agregó. 

La familia del activista ha exigido en múltiples ocasiones que las autoridades de este país entreguen información sobre su estado de salud. También han denunciado que él y las personas privadas de libertad por motivos políticos, son torturados en prisión y carecen de una atención médica adecuada. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hacemos eco a la resolución expedida por el Parlamento Europeo, y exigimos que José Daniel Ferrer García y las más de 600 personas privadas de libertad por motivos políticos, sean liberadas de forma inmediata, sin condiciones ni represalias. También solicitamos al Estado de Cuba que se abstenga de reprimir, hostigar, amenazar y violentar a activistas, defensoras y defensores de los derechos humanos, artistas, periodistas independientes y todo aquel que se exprese de manera crítica sobre las políticas implementadas por las autoridades cubanas.



En América Latina y el Caribe, las desapariciones forzadas entorpecen la democracia

Washington D.C., 30 de agosto de 2024 – En Venezuela, luego de que se cumpliera un mes de las cuestionadas elecciones presidenciales en este país, más de dos mil personas han sido víctimas de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, de acuerdo con las organizaciones Provea y Foro Penal.  En México, “son alrededor de 110 mil las personas que a la fecha se encuentran desaparecidas”, según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés). Mientras, en Cuba se registran casos de activistas “víctimas de desapariciones forzadas que no se prolongan en el tiempo”, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. 

La situación en estos tres países evidencia parte de las graves violaciones a los derechos humanos en América Latina y el Caribe, según el miembro del Comité contra la Desaparición Forzada, el abogado ecuatoriano Juan Pablo Albán, con quien dialogamos a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este viernes 30 de agosto. 

Las desapariciones forzadas ocurren “siempre que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas, o a reconocer que están privadas de la libertad”, de acuerdo con Naciones Unidas. 

Esto es, precisamente, lo que ocurre de manera constante en América Latina y el Caribe, donde, según Albán, se registra el número más elevado de desapariciones forzadas en el mundo, siendo México el país en el que más se han documentado este tipo de violaciones a los derechos humanos. 

“Las tendencias más notables que se registran en la región y en el mundo, tienen que ver con las desapariciones cometidas por actores no estatales, las desapariciones en el entorno migratorio, las desapariciones en contextos de represión de la protesta o bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo, o contra la delincuencia organizada; y las desapariciones de personas que son etiquetadas como potenciales miembros de pandillas, de bandas de delincuencia organizada o grupos terroristas”, afirma el integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. 

Albán asegura que cuando en un país se registran casos de desaparición forzada, se pierde la calidad de la democracia porque no hay debate social. “Los Estados pierden mucho cuando no responden, no afrontan este fenómeno y peor todavía, cuando practican la desaparición forzada como una política estatal”, agrega.

Colombia

El fenómeno de las desapariciones forzadas en Colombia ha sido un problema persistente durante más de seis décadas, estrechamente vinculado al conflicto armado que ha asolado el país. Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2016 se reportaron aproximadamente 121,768 casos de desapariciones forzadas, aunque se estima que la cifra podría alcanzar las 210,000 víctimas. Esta problemática también ha afectado a la población migrante, especialmente a las y los venezolanos. De acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello, de 2015 a 2020 se reportaron 836 personas venezolanas desaparecidas en Colombia. Sin embargo, la ausencia de datos precisos ha dificultado una evaluación completa de la magnitud de estas violaciones a los derechos humanos.

En el marco del Paro Nacional de 2021, se documentaron 4,846 traslados por protección temporal, una figura legal que ha sido cuestionada por su uso arbitrario y su impacto en los derechos de las y los manifestantes. A pesar de la resolución de la Corte Constitucional de exigir reportes detallados y el derecho a solicitar la cesación del traslado, estas prácticas continúan en la actualidad y siguen siendo problemáticas, con numerosos casos de abuso reportados, incluyendo tortura y violencia sexual.

El manejo de las desapariciones forzadas en Colombia enfrenta varios desafíos críticos, como la falta de activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) por parte de la Fiscalía; la falta de cumplimiento de recomendaciones internacionales y el uso de eufemismos por parte del Gobierno para minimizar la gravedad del problema. Además, el subregistro de casos y la discrepancia entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones de la sociedad civil complican la evaluación precisa del fenómeno. Estas cuestiones subrayan la necesidad de una reforma integral en las prácticas policiales, y una mejora en la transparencia y eficacia en la respuesta del Estado ante las desapariciones forzadas.

Cuba

En la Isla, entre enero de 2022 y julio de 2024, se registraron “93 incidentes violatorios de derechos humanos, que incluyeron condiciones de desaparición forzada durante varias horas, días, e incluso por más de una semana”, de acuerdo con la organización Cubalex. El movimiento Damas de Blanco, por su parte, ha denunciado que entre 2013 y junio de 2024, se han documentado 3,904 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra mujeres integrantes de este colectivo. La mayoría han sido víctimas en repetidas ocasiones, y por periodos que van de las 24 a las 72 horas.  

Este tipo de desapariciones forzadas, que no se prolongan en el tiempo como sí ocurre en Colombia, afectan principalmente a activistas, periodistas independientes, artistas y, en general, a todas las personas que discrepan del discurso oficial.

Un informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de julio de 2024, también ha expresado su preocupación por las detenciones y el uso excesivo de la fuerza ejercida por la Policía durante las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J. De acuerdo con este Procedimiento Especial de Naciones Unidas, la mayoría de las personas detenidas en ese contexto no comparecieron ante una autoridad judicial hasta muchos días, semanas o meses después, y antes de eso se desconocía la suerte y el paradero de los detenidos, lo que constituyó un acto de desaparición forzada.

Nicaragua 

En Nicaragua nueve personas se encuentran en situación de desaparición forzada, según la Unidad de Registro (UDR).  Entre estas personas se encuentran el líder indígena Brooklyn Rivera, y la periodista y gestora cultural Fabiola Tercero. 

Brooklyn Rivera, 72 años, es indígena miskitu, diputado regional (2022-2026) y líder máximo del pueblo misquito (Ta Upla), y del partido idígena YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, “Hijos de la madre tierra unidos”). Su familia no tiene conocimiento de su paradero desde el 29 de septiembre de 2023. En enero de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que Rivera se encuentra en “desaparición forzada” y abogó por su liberación.

Fabiola Tercero es periodista, activista y fundadora de “El rincón de Fabi”, un proyecto que tiene como objetivo promover la lectura entre jóvenes nicaragüenses. Su vivienda fue allanada el pasado 12 de julio y desde entonces se desconoce su paradero, al igual que el de su madre y su hermana. 

En una entrevista con el periódico español El País, la directora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Alexandra Salazar, afirmó que las autoridades se niegan a proporcionar información sobre el paradero de estas personas. “De tal manera que no se tiene certeza de sus condiciones de detención, ni constatación de su estado de salud y vida”, añadió. Además, la UDJ identificó casos en los que las autoridades penitenciarias recomendaron a los familiares buscar a las personas detenidas políticas “en las morgues”, lo cual incrementa la angustia y constituye una forma adicional de tortura.

Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en su informe de julio de 2024, afirmó que las desapariciones forzadas “de corta duración” están siendo utilizadas como “instrumento para reprimir a opositores y críticos del Gobierno” desde el año 2018. Asimismo, el Grupo puso en relieve que el Estado debe proporcionar rápidamente información exacta sobre la detención de las personas privadas de libertad y el lugar o lugares a los miembros de su familia y a cualquier otra persona que tenga interés legítimo (art. 10, párr. 2, de la Declaración), y que el hecho de no hacerlo constituye una desaparición forzada. 

Perú 

En el caso de Perú, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre los años 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno, hubo 21,918 personas desaparecidas, de las cuales aún falta determinar el paradero de 19,200 casos. A la fecha, solo se ha concluido con la búsqueda de 2,718 personas desaparecidas, en las que 39 fueron halladas con vida. Además, se pudo identificar y restituir 682 restos óseos que fueron entregados a las familias. A inicios de julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la restitución de restos del caso Putis, alentando al Estado a continuar la búsqueda, identificación, restitución digna y juzgamiento de los responsables.

Lamentablemente, el país ha retrocedido en el acceso de justicia, derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Recientemente, el Congreso de la República aprobó la Ley 32107 que prescribe los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes de 1 de julio de 2002, es decir, antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Con esta ley, nadie podrá ser procesado, condenado o castigado por desapariciones forzadas, genocidio, esclavitud, terrorismo, tortura sistemática y generalizada, y otros crímenes de lesa humanidad. 

“Todo esto para darle impunidad a Fujimori y otras personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos”, enfatiza Albán. De hecho, los actos cometidos por el expresidente Alberto Fujimori dieron paso a la declaratoria de responsabilidad internacional de Perú dentro de  los casos Barrios Altos y La Cantuta, que fueron resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y en los cuales varias de estas acciones han sido calificadas como crímenes de lesa humanidad.

En junio pasado, a través de un comunicado, la CIDH expresó que la propuesta de ley es contraria al derecho internacional y alertó que “desobedece abiertamente las sentencias de la Corte IDH”. En la misma línea, Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo en una reciente declaración que estos delitos no deben ser objeto de amnistías ni prescripción. Sin embargo, nada de eso impidió que el Congreso aprobara la norma.

Los casos de desapariciones forzadas que se describen en Colombia, Cuba, Nicaragua y Perú, evidencian las graves violaciones a los derechos humanos que también se registran en toda América Latina y el Caribe, y que, al mismo tiempo, entorpecen la democracia en la región. 

De acuerdo con el miembro del CED, Juan Pablo Albán, es necesario que en cada uno de estos países se promueva una cultura de denuncia, se documenten los casos, se utilicen las vías de protección, y más Estados que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas se comprometan a luchar contra este fenómeno, para reducir las cifras de desapariciones forzadas en todo el mundo. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y enfatizamos que este tipo de violencia afecta a miles de seres humanos incluidos activistas, personas defensoras de derechos humanos, indígenas, artistas de la región, personas opositoras o percibidas como tales, así como a sus familias, entre las que se encuentran niños y niñas que sufren por esta violencia institucional, o por parte de otros actores. Condenamos este fenómeno y hacemos un llamado a las autoridades de América Latina y el Caribe, para que se comprometan a buscar a las personas que aún siguen desaparecidas, y protejan a las voces críticas y disidentes. También instamos a la sociedad civil independiente a que siga denunciando estas violencias ante los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. 



En los tres años del 11J, diez activistas de Cuba denuncian violaciones de DDHH en este país

Washington D.C., 10 de julio de 2024 – En Cuba, este jueves se conmemoran tres años de las históricas y multitudinarias protestas del 11 y 12 de julio de 2021, también conocidas como 11J. Miles de personas se tomaron las calles y más de 1400 habitantes de este país, fueron detenidos de forma arbitraria, de acuerdo con cifras de Justicia 11J, organización que ha documentado que actualmente hay más de 600 personas condenadas por haber participado en estas manifestaciones.

Marcharon para denunciar la crisis social, política y económica que se registra en la Isla, donde escasean alimentos y medicamentos. Como resultado de esto, existe una cifra superior a 340 mil personas, que migraron fuera de Cuba en 2022, según el informe 2024 sobre Migración Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A raíz de los tres años de estas manifestaciones, dialogamos con 10 activistas de la Isla, dos residiendo en este país, una desterrada y siete viviendo en el exilio, quienes denunciaron que las violaciones de derechos humanos registradas en 2021 continúan ocurriendo, y han empeorado. 

Los apagones, las detenciones de forma arbitraria, las condenas injustas, la violencia de género, y la imposibilidad de expresarse libremente y cuestionar las acciones del régimen autoritario de este país, son parte de las denuncias que hizo el grupo de personas que, desde Cuba, España, Estados Unidos, México y Panamá, confirmaron la grave crisis social, política y económica en este país.

Dunia Medina, Dairon Hernández, Anamely Ramos, Manuel Cuesta, Yanelys Núñez, Raúl Soublett, Camila Rodríguez, Mario Luis Reyes, Alicia Fernández y Carolina Barrero, son los nombres de las 10 personas activistas que, a punta de un papel y marcadores, hicieron estas denuncias en forma de protesta pacífica a través de las redes sociales.

Con esta iniciativa, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda el estallido social de 2021 en Cuba, condena la represión, y exige que sean liberadas las más de 600 personas que todavía permanecen privadas de libertad por haber participado en las marchas del 11J. También recuerda que continúan vigentes los reclamos que hizo la sociedad civil independiente en aquel entonces, los cuales han ocasionado nuevas protestas, como las ocurridas en agosto de 2022 en Nuevitas (provincia de Camagüey), en mayo de 2023 en La Caimanera (Guantánamo), y en marzo de este año en Santiago de Cuba, Granma y Matanzas.

Audiencia ante la CIDH

Este jueves 11 de julio, a partir de las 11:00 a.m. (hora Washington D.C.), se realizará la audiencia temática ‘Violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional en Cuba’. Este espacio, que se hará en el marco del 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevará a cabo el mismo día en que se conmemoran tres años de las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021. Para ver y escuchar la audiencia, es necesario registrarse en este enlace.

Durante este espacio que otorga la CIDH a la sociedad civil independiente, se abordarán varios temas como las muertes en custodia, la represión de las protestas pacíficas, y la violencia contra personas afrodescendientes, defensoras de derechos humanos, mujeres y personas LGBTI+.

En esta audiencia intervendrán La Coalición que está compuesta por las organizaciones Cubalex, Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género (Museo V) y el Museo de la Disidencia en Cuba, en conjunto con Raza e Igualdad, el Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (CELIDE), el Observatorio de Género de Alas Tensas y las Damas de Blanco.

Tres años del 11J: Más de 600 personas permanecen privadas de libertad por protestar pacíficamente en Cuba

Washington D.C., 10 de julio de 2024 – Las organizaciones firmantes realizan la siguiente declaración en conmemoración del tercer aniversario de las manifestaciones realizadas el 11 de julio de 2021 (11J -en adelante) y los días siguientes en Cuba, y demandan al Estado cubano el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos sus habitantes, sin discriminación de ningún tipo.

Las protestas del 11J surgieron como una respuesta de la población a la crisis social, económica y de derechos en Cuba. Pese a que han transcurrido tres años de estas históricas manifestaciones, la situación en la isla no ha mejorado, resultando, por el contrario, en el incremento de violaciones de derechos. Tan solo entre enero y febrero de 2024, las organizaciones de la sociedad civil independiente reportaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “cerca de 300 acciones represivas contra personas activistas y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos”.

Estos hechos surgen en medio del incremento de restricciones ilegítimas a la libertad de expresión, de reunión, asociación y de otros derechos humanos. En palabras de la CIDH, en Cuba existe un patrón de “violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos”, lo que se corrobora en datos documentados por organizaciones de la sociedad civil independiente como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Cubalex.

En este contexto, los y las cubanas continúan alzando sus voces. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, en junio de 2024 se registraron al menos 671 protestas. A la par, el gobierno cubano continúa reprimiendo y asediando a quienes deciden manifestarse pacíficamente. La organización Justicia 11J ha documentado que más de 650 personas permanecen privadas de libertad por su participación en diferentes protestas que se han realizado desde julio de 2021. A esto se suma la cifra de personas exiliadas forzosamente quienes se vieron obligadas a abandonar la isla en búsqueda de protección. El informe 2024 sobre Migración Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que más de 340 mil personas cubanas salieron de su país en 2022, uno de los mayores éxodos que se hayan registrado en la historia de la Isla.

Los hechos descritos evidencian un panorama preocupante en materia de derechos humanos en Cuba. Los efectos del 11J persisten hasta la actualidad afectando a miles de familias cubanas. Para limitar el ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión, se han intensificado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración, la vigilancia, las citaciones ilegales y las amenazas, entre otras prácticas sistemáticas. Además, el gobierno cubano ha amenazado con aplicar severas sanciones, e incluso la pena de muerte, a las personas manifestantes. La política estatal, basada en la represión y el amedrentamiento constante a la población, requiere acciones urgentes para cesar estas violaciones a sus derechos humanos. Por ello, con motivo del tercer aniversario del 11J hacemos un llamado al Estado de Cuba para que respete, proteja y garantice los derechos humanos de todos sus habitantes sin discriminación de ningún tipo; además, exigimos la liberación de las personas privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos.

 

Firmamos,

  • ARTICLE 19 México y Centroamérica
  • Artists at Risk Connection (ARC)
  • Civil Rights Defenders
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Cubalex
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Justicia 11J
  • Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana
  • PEN Internacional
  • PEN de Escritores cubanos en el exilio

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