En América Latina y el Caribe, las desapariciones forzadas entorpecen la democracia

En América Latina y el Caribe, las desapariciones forzadas entorpecen la democracia

Washington D.C., 30 de agosto de 2024 – En Venezuela, luego de que se cumpliera un mes de las cuestionadas elecciones presidenciales en este país, más de dos mil personas han sido víctimas de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, de acuerdo con las organizaciones Provea y Foro Penal.  En México, “son alrededor de 110 mil las personas que a la fecha se encuentran desaparecidas”, según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés). Mientras, en Cuba se registran casos de activistas “víctimas de desapariciones forzadas que no se prolongan en el tiempo”, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. 

La situación en estos tres países evidencia parte de las graves violaciones a los derechos humanos en América Latina y el Caribe, según el miembro del Comité contra la Desaparición Forzada, el abogado ecuatoriano Juan Pablo Albán, con quien dialogamos a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este viernes 30 de agosto. 

Las desapariciones forzadas ocurren “siempre que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas, o a reconocer que están privadas de la libertad”, de acuerdo con Naciones Unidas. 

Esto es, precisamente, lo que ocurre de manera constante en América Latina y el Caribe, donde, según Albán, se registra el número más elevado de desapariciones forzadas en el mundo, siendo México el país en el que más se han documentado este tipo de violaciones a los derechos humanos. 

“Las tendencias más notables que se registran en la región y en el mundo, tienen que ver con las desapariciones cometidas por actores no estatales, las desapariciones en el entorno migratorio, las desapariciones en contextos de represión de la protesta o bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo, o contra la delincuencia organizada; y las desapariciones de personas que son etiquetadas como potenciales miembros de pandillas, de bandas de delincuencia organizada o grupos terroristas”, afirma el integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. 

Albán asegura que cuando en un país se registran casos de desaparición forzada, se pierde la calidad de la democracia porque no hay debate social. “Los Estados pierden mucho cuando no responden, no afrontan este fenómeno y peor todavía, cuando practican la desaparición forzada como una política estatal”, agrega.

Colombia

El fenómeno de las desapariciones forzadas en Colombia ha sido un problema persistente durante más de seis décadas, estrechamente vinculado al conflicto armado que ha asolado el país. Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2016 se reportaron aproximadamente 121,768 casos de desapariciones forzadas, aunque se estima que la cifra podría alcanzar las 210,000 víctimas. Esta problemática también ha afectado a la población migrante, especialmente a las y los venezolanos. De acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello, de 2015 a 2020 se reportaron 836 personas venezolanas desaparecidas en Colombia. Sin embargo, la ausencia de datos precisos ha dificultado una evaluación completa de la magnitud de estas violaciones a los derechos humanos.

En el marco del Paro Nacional de 2021, se documentaron 4,846 traslados por protección temporal, una figura legal que ha sido cuestionada por su uso arbitrario y su impacto en los derechos de las y los manifestantes. A pesar de la resolución de la Corte Constitucional de exigir reportes detallados y el derecho a solicitar la cesación del traslado, estas prácticas continúan en la actualidad y siguen siendo problemáticas, con numerosos casos de abuso reportados, incluyendo tortura y violencia sexual.

El manejo de las desapariciones forzadas en Colombia enfrenta varios desafíos críticos, como la falta de activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) por parte de la Fiscalía; la falta de cumplimiento de recomendaciones internacionales y el uso de eufemismos por parte del Gobierno para minimizar la gravedad del problema. Además, el subregistro de casos y la discrepancia entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones de la sociedad civil complican la evaluación precisa del fenómeno. Estas cuestiones subrayan la necesidad de una reforma integral en las prácticas policiales, y una mejora en la transparencia y eficacia en la respuesta del Estado ante las desapariciones forzadas.

Cuba

En la Isla, entre enero de 2022 y julio de 2024, se registraron “93 incidentes violatorios de derechos humanos, que incluyeron condiciones de desaparición forzada durante varias horas, días, e incluso por más de una semana”, de acuerdo con la organización Cubalex. El movimiento Damas de Blanco, por su parte, ha denunciado que entre 2013 y junio de 2024, se han documentado 3,904 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra mujeres integrantes de este colectivo. La mayoría han sido víctimas en repetidas ocasiones, y por periodos que van de las 24 a las 72 horas.  

Este tipo de desapariciones forzadas, que no se prolongan en el tiempo como sí ocurre en Colombia, afectan principalmente a activistas, periodistas independientes, artistas y, en general, a todas las personas que discrepan del discurso oficial.

Un informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de julio de 2024, también ha expresado su preocupación por las detenciones y el uso excesivo de la fuerza ejercida por la Policía durante las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J. De acuerdo con este Procedimiento Especial de Naciones Unidas, la mayoría de las personas detenidas en ese contexto no comparecieron ante una autoridad judicial hasta muchos días, semanas o meses después, y antes de eso se desconocía la suerte y el paradero de los detenidos, lo que constituyó un acto de desaparición forzada.

Nicaragua 

En Nicaragua nueve personas se encuentran en situación de desaparición forzada, según la Unidad de Registro (UDR).  Entre estas personas se encuentran el líder indígena Brooklyn Rivera, y la periodista y gestora cultural Fabiola Tercero. 

Brooklyn Rivera, 72 años, es indígena miskitu, diputado regional (2022-2026) y líder máximo del pueblo misquito (Ta Upla), y del partido idígena YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, “Hijos de la madre tierra unidos”). Su familia no tiene conocimiento de su paradero desde el 29 de septiembre de 2023. En enero de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que Rivera se encuentra en “desaparición forzada” y abogó por su liberación.

Fabiola Tercero es periodista, activista y fundadora de “El rincón de Fabi”, un proyecto que tiene como objetivo promover la lectura entre jóvenes nicaragüenses. Su vivienda fue allanada el pasado 12 de julio y desde entonces se desconoce su paradero, al igual que el de su madre y su hermana. 

En una entrevista con el periódico español El País, la directora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Alexandra Salazar, afirmó que las autoridades se niegan a proporcionar información sobre el paradero de estas personas. “De tal manera que no se tiene certeza de sus condiciones de detención, ni constatación de su estado de salud y vida”, añadió. Además, la UDJ identificó casos en los que las autoridades penitenciarias recomendaron a los familiares buscar a las personas detenidas políticas “en las morgues”, lo cual incrementa la angustia y constituye una forma adicional de tortura.

Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en su informe de julio de 2024, afirmó que las desapariciones forzadas “de corta duración” están siendo utilizadas como “instrumento para reprimir a opositores y críticos del Gobierno” desde el año 2018. Asimismo, el Grupo puso en relieve que el Estado debe proporcionar rápidamente información exacta sobre la detención de las personas privadas de libertad y el lugar o lugares a los miembros de su familia y a cualquier otra persona que tenga interés legítimo (art. 10, párr. 2, de la Declaración), y que el hecho de no hacerlo constituye una desaparición forzada. 

Perú 

En el caso de Perú, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre los años 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno, hubo 21,918 personas desaparecidas, de las cuales aún falta determinar el paradero de 19,200 casos. A la fecha, solo se ha concluido con la búsqueda de 2,718 personas desaparecidas, en las que 39 fueron halladas con vida. Además, se pudo identificar y restituir 682 restos óseos que fueron entregados a las familias. A inicios de julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la restitución de restos del caso Putis, alentando al Estado a continuar la búsqueda, identificación, restitución digna y juzgamiento de los responsables.

Lamentablemente, el país ha retrocedido en el acceso de justicia, derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Recientemente, el Congreso de la República aprobó la Ley 32107 que prescribe los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes de 1 de julio de 2002, es decir, antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Con esta ley, nadie podrá ser procesado, condenado o castigado por desapariciones forzadas, genocidio, esclavitud, terrorismo, tortura sistemática y generalizada, y otros crímenes de lesa humanidad. 

“Todo esto para darle impunidad a Fujimori y otras personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos”, enfatiza Albán. De hecho, los actos cometidos por el expresidente Alberto Fujimori dieron paso a la declaratoria de responsabilidad internacional de Perú dentro de  los casos Barrios Altos y La Cantuta, que fueron resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y en los cuales varias de estas acciones han sido calificadas como crímenes de lesa humanidad.

En junio pasado, a través de un comunicado, la CIDH expresó que la propuesta de ley es contraria al derecho internacional y alertó que «desobedece abiertamente las sentencias de la Corte IDH”. En la misma línea, Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo en una reciente declaración que estos delitos no deben ser objeto de amnistías ni prescripción. Sin embargo, nada de eso impidió que el Congreso aprobara la norma.

Los casos de desapariciones forzadas que se describen en Colombia, Cuba, Nicaragua y Perú, evidencian las graves violaciones a los derechos humanos que también se registran en toda América Latina y el Caribe, y que, al mismo tiempo, entorpecen la democracia en la región. 

De acuerdo con el miembro del CED, Juan Pablo Albán, es necesario que en cada uno de estos países se promueva una cultura de denuncia, se documenten los casos, se utilicen las vías de protección, y más Estados que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas se comprometan a luchar contra este fenómeno, para reducir las cifras de desapariciones forzadas en todo el mundo. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y enfatizamos que este tipo de violencia afecta a miles de seres humanos incluidos activistas, personas defensoras de derechos humanos, indígenas, artistas de la región, personas opositoras o percibidas como tales, así como a sus familias, entre las que se encuentran niños y niñas que sufren por esta violencia institucional, o por parte de otros actores. Condenamos este fenómeno y hacemos un llamado a las autoridades de América Latina y el Caribe, para que se comprometan a buscar a las personas que aún siguen desaparecidas, y protejan a las voces críticas y disidentes. También instamos a la sociedad civil independiente a que siga denunciando estas violencias ante los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. 



En los tres años del 11J, diez activistas de Cuba denuncian violaciones de DDHH en este país

Washington D.C., 10 de julio de 2024 – En Cuba, este jueves se conmemoran tres años de las históricas y multitudinarias protestas del 11 y 12 de julio de 2021, también conocidas como 11J. Miles de personas se tomaron las calles y más de 1400 habitantes de este país, fueron detenidos de forma arbitraria, de acuerdo con cifras de Justicia 11J, organización que ha documentado que actualmente hay más de 600 personas condenadas por haber participado en estas manifestaciones.

Marcharon para denunciar la crisis social, política y económica que se registra en la Isla, donde escasean alimentos y medicamentos. Como resultado de esto, existe una cifra superior a 340 mil personas, que migraron fuera de Cuba en 2022, según el informe 2024 sobre Migración Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A raíz de los tres años de estas manifestaciones, dialogamos con 10 activistas de la Isla, dos residiendo en este país, una desterrada y siete viviendo en el exilio, quienes denunciaron que las violaciones de derechos humanos registradas en 2021 continúan ocurriendo, y han empeorado. 

Los apagones, las detenciones de forma arbitraria, las condenas injustas, la violencia de género, y la imposibilidad de expresarse libremente y cuestionar las acciones del régimen autoritario de este país, son parte de las denuncias que hizo el grupo de personas que, desde Cuba, España, Estados Unidos, México y Panamá, confirmaron la grave crisis social, política y económica en este país.

Dunia Medina, Dairon Hernández, Anamely Ramos, Manuel Cuesta, Yanelys Núñez, Raúl Soublett, Camila Rodríguez, Mario Luis Reyes, Alicia Fernández y Carolina Barrero, son los nombres de las 10 personas activistas que, a punta de un papel y marcadores, hicieron estas denuncias en forma de protesta pacífica a través de las redes sociales.

Con esta iniciativa, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda el estallido social de 2021 en Cuba, condena la represión, y exige que sean liberadas las más de 600 personas que todavía permanecen privadas de libertad por haber participado en las marchas del 11J. También recuerda que continúan vigentes los reclamos que hizo la sociedad civil independiente en aquel entonces, los cuales han ocasionado nuevas protestas, como las ocurridas en agosto de 2022 en Nuevitas (provincia de Camagüey), en mayo de 2023 en La Caimanera (Guantánamo), y en marzo de este año en Santiago de Cuba, Granma y Matanzas.

Audiencia ante la CIDH

Este jueves 11 de julio, a partir de las 11:00 a.m. (hora Washington D.C.), se realizará la audiencia temática ‘Violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional en Cuba’. Este espacio, que se hará en el marco del 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevará a cabo el mismo día en que se conmemoran tres años de las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021. Para ver y escuchar la audiencia, es necesario registrarse en este enlace.

Durante este espacio que otorga la CIDH a la sociedad civil independiente, se abordarán varios temas como las muertes en custodia, la represión de las protestas pacíficas, y la violencia contra personas afrodescendientes, defensoras de derechos humanos, mujeres y personas LGBTI+.

En esta audiencia intervendrán La Coalición que está compuesta por las organizaciones Cubalex, Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género (Museo V) y el Museo de la Disidencia en Cuba, en conjunto con Raza e Igualdad, el Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (CELIDE), el Observatorio de Género de Alas Tensas y las Damas de Blanco.

Tres años del 11J: Más de 600 personas permanecen privadas de libertad por protestar pacíficamente en Cuba

Washington D.C., 10 de julio de 2024 – Las organizaciones firmantes realizan la siguiente declaración en conmemoración del tercer aniversario de las manifestaciones realizadas el 11 de julio de 2021 (11J -en adelante) y los días siguientes en Cuba, y demandan al Estado cubano el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos sus habitantes, sin discriminación de ningún tipo.

Las protestas del 11J surgieron como una respuesta de la población a la crisis social, económica y de derechos en Cuba. Pese a que han transcurrido tres años de estas históricas manifestaciones, la situación en la isla no ha mejorado, resultando, por el contrario, en el incremento de violaciones de derechos. Tan solo entre enero y febrero de 2024, las organizaciones de la sociedad civil independiente reportaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “cerca de 300 acciones represivas contra personas activistas y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos”.

Estos hechos surgen en medio del incremento de restricciones ilegítimas a la libertad de expresión, de reunión, asociación y de otros derechos humanos. En palabras de la CIDH, en Cuba existe un patrón de “violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos”, lo que se corrobora en datos documentados por organizaciones de la sociedad civil independiente como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Cubalex.

En este contexto, los y las cubanas continúan alzando sus voces. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, en junio de 2024 se registraron al menos 671 protestas. A la par, el gobierno cubano continúa reprimiendo y asediando a quienes deciden manifestarse pacíficamente. La organización Justicia 11J ha documentado que más de 650 personas permanecen privadas de libertad por su participación en diferentes protestas que se han realizado desde julio de 2021. A esto se suma la cifra de personas exiliadas forzosamente quienes se vieron obligadas a abandonar la isla en búsqueda de protección. El informe 2024 sobre Migración Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que más de 340 mil personas cubanas salieron de su país en 2022, uno de los mayores éxodos que se hayan registrado en la historia de la Isla.

Los hechos descritos evidencian un panorama preocupante en materia de derechos humanos en Cuba. Los efectos del 11J persisten hasta la actualidad afectando a miles de familias cubanas. Para limitar el ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión, se han intensificado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración, la vigilancia, las citaciones ilegales y las amenazas, entre otras prácticas sistemáticas. Además, el gobierno cubano ha amenazado con aplicar severas sanciones, e incluso la pena de muerte, a las personas manifestantes. La política estatal, basada en la represión y el amedrentamiento constante a la población, requiere acciones urgentes para cesar estas violaciones a sus derechos humanos. Por ello, con motivo del tercer aniversario del 11J hacemos un llamado al Estado de Cuba para que respete, proteja y garantice los derechos humanos de todos sus habitantes sin discriminación de ningún tipo; además, exigimos la liberación de las personas privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos.

 

Firmamos,

  • ARTICLE 19 México y Centroamérica
  • Artists at Risk Connection (ARC)
  • Civil Rights Defenders
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Cubalex
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Justicia 11J
  • Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana
  • PEN Internacional
  • PEN de Escritores cubanos en el exilio

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema «Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región». Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: «El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región»; «Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros»; «Reparación en el contexto de género»; y, por último, la sección «La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA».

En su panel de apertura, el Foro contará con Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

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La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

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Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento «Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas» el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la «protección de los seres humanos».  

En su declaración, la OEA consideró que «la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio» y que es «responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables». 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

Tras amenazas y hostigamiento, CIDH amplía medidas cautelares a favor de la abogada cubana Marienys Pavó Oñate

Washington D.C., 20 de mayo de 2024 – El pasado 11 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución de Ampliación 29/2024, en la que ordena al Estado de Cuba garantizar la vida y la integridad personal de la abogada cubana Marienys Pavó Oñate, y le pide entregar información sobre las personas responsables de amenazar y hostigar a la jurista independiente, quien ha sido víctima de interrogatorios, represión y violencia psicológica, luego de que su pareja, el abogado de Cubalex, Julio Ferrer Tamayo, viajó fuera de la Isla. 

“La beneficiaria vendría recibiendo llamadas insistentes y amenazantes por parte de agentes estatales quienes se habrían apersonado a su lugar de trabajo para intimidarla y obtener información sobre su esposo, y buscar que él ya no retorne a Cuba o impedir su próxima salida del país”, dice el documento. 

La Resolución amplía las medidas cautelares que en abril de 2015 se otorgaron a favor de  12 miembros de Cubalex, y en noviembre de 2016, se extendieron a otras siete personas que formaban parte de esta organización defensora de los derechos humanos en Cuba, cuyos integrantes han sido forzados al exilio.

La CIDH también señala en este documento que, a lo largo de estos nueve años, el Estado de Cuba no ha presentado ningún tipo de respuesta a las medidas que han sido adoptadas, a raíz de las detenciones arbitrarias, las citaciones a interrogatorios, los cortes de internet, y las amenazas que han sufrido quienes han sido parte de Cubalex, cuya sede principal se encuentra actualmente en Washington D.C.

«Esta resolución para otorgar medidas cautelares actúa como un muro de contención contra futuras acciones represivas y hostigamientos por parte de los cuerpos represivos de la isla, tanto contra mi esposa como contra mí y nuestra familia. Aunque el Estado cubano suele no pronunciarse expresamente sobre resoluciones como esta, sabemos que estas medidas limitan y restringen significativamente la ejecución de actos represivos y de hostigamiento contra los beneficiarios. Agradecemos sinceramente a la CIDH por ampliar las medidas cautelares en nuestro favor”, afirma Julio Ferrer. 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y la organización Cubalex exigimos al Estado cubano que garantice la vida y la integridad personal, y respete la vida privada y familiar de la abogada Marienys Pavó Oñate. También solicitamos a las autoridades de este país que cesen las intimidaciones y amenazas contra la profesional en Derecho, y en general, contra todas las voces críticas al gobierno.

 

Firmantes:

  • Cubalex.
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Cinco años del 11M en Cuba: Activismo LGBTI+, historias de represión, cárcel y exilio forzado

Washington D.C., 10 de mayo de 2024 – Este sábado 11 de mayo se cumplen cinco años de una manifestación pública en La Habana, Cuba, que terminó con decenas de personas LGBTI+ detenidas y violentadas. 

Aquel día de 2019, también conocido como 11M, decenas de personas con orientación sexual e identidad de género diversas se alistaba para participar en una conga (baile cubano que se acompaña con tambores) por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora en todo el mundo cada 17 de mayo; pero este evento se canceló a última hora, generando indignación en esta población, que espontáneamente continuó con el plan de salir a las calles a exigir sus derechos, aunque para ello no tuvieran la aprobación del órgano oficial que coordina esta actividad, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

Lesbianas, gais, bisexuales, trans y personas no binarias se reunieron en el Parque Central de La Habana, y a partir de las 4 de la tarde empezaron a marchar sin un rumbo establecido. Se movilizaron de forma pacífica y realizaron una besatón (nombre que se le da al acto en el que varias personas LGBTI+ se besan en público en señal de protesta), hasta que las autoridades cubanas, incluidos miembros de la Seguridad del Estado bloquearon la manifestación, agredieron y detuvieron de forma arbitraria a decenas de manifestantes que habían asistido gracias a una convocatoria realizada a través de las redes sociales.

A propósito de esta fecha, dialogamos con activistas de este país sobre los retos que trae aparejado el  activismo y la lucha por los derechos LGBTI+.

“Lavar y guardar la ropa”

Esta frase la menciona Yennys Hernández, activista lesbiana y reportera del medio independiente Periodismo de Barrio, para explicar cómo el activismo de las personas LGBTI+ transcurre “entre la espada y la pared”. 

Ella ha sido víctima del hostigamiento ejercido por las autoridades cubanas. Hace más de un año, vio asombrada cómo la Seguridad del Estado apareció en la celebración de su matrimonio, para anotar los nombres de las personas defensoras de derechos humanos que asistieron a la boda, y así ejercer presión a los voces disidentes que se habían reunido en ese evento. 

Hernández dice que, como lo hicieron ella y su esposa, en Cuba las parejas del mismo sexo pueden casarse, y adoptar; también es legal la reproducción asistida, está prohibida la discriminación en espacios laborales y de educación, y las personas con identidades de género diversas pueden cambiar su nombre en los documentos. Sin embargo, en este país no hay una Ley de identidad de género, y la violencia machista que existe en todas las esferas públicas y privadas, castiga, reprime y violenta a lesbianas, gais, bisexuales, trans y personas no binarias. 

Las personas LGBTI+ que luchan por los derechos de esta población también son víctimas de la represión y el hostigamiento ejercido por las autoridades cubanas, así como ocurre con artistas, periodistas independientes y, en general, las voces disidentes al gobierno de Cuba. La mayoría de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, de acuerdo con Hernández, evitan denunciar que han sido citadas a interrogatorios para evitar ser excluidas de los diálogos y de los procesos que buscan avanzar en el reconocimiento de los derechos de esta población en Cuba. 

Las personas LGBTI+ “lavan y guardan la ropa”, es decir, se autocensuran para sobrevivir en este país, donde no hay registros oficiales que aborden la violencia de género que sufren a diario lesbianas, gais, bisexuales, trans y personas no binarias.

Tras las rejas 

La historia de Brenda Díaz García, una mujer trans que permanece en un centro penitenciario masculino por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 (conocidas como 11J) en el municipio de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, evidencia la discriminación y, en general, la violencia que sufren las personas trans en Cuba. 

A ella la detuvieron porque, según las autoridades de la Isla, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones. Y apenas llegó a la cárcel, le cortaron su cabello y no le reconocieron su nombre identitario, dos agresiones simbólicas que anularon sus derechos. 

Brenda Díaz fue condenada inicialmente a más de 14 años de prisión, pero hace ocho meses le rebajaron la pena a 7 años y nueve meses de cárcel, de acuerdo con Ana María García, su mamá, quien ha denunciado en repetidas ocasiones que su hija ha sido golpeada y víctima violencia sexual dentro del centro penitenciario, donde permanece por exigir cambios en Cuba. 

Vivir con miedo

“Hacer activismo en Cuba y ser una persona LGBTI+ es complicado porque se sabe muy bien lo que pasa dentro de la Isla, y el miedo que hay es un miedo que te meten dentro del cuerpo; entonces, desde aquí es más fácil hacerlo porque te sientes en libertad de poder hacerlo, porque no estás vigilado”, dice Nornardo Perea, un artivista cubano exiliado en España desde 2019. 

El escritor, fotógrafo y documentalista participó en la 00 Bienal de La Habana en mayo de 2018, que fue organizada por el Movimiento San Isidro (del que aún forma parte). A raíz de este evento donde expuso abiertamente su posición política y orientación sexual, Perea fue amenazado e interrogado tres veces por las autoridades cubanas.

“En la tercera entrevista me hicieron firmar un papel con varias consignas. Al final, ellos (las autoridades) hacen contigo lo que quieran. Fueron cinco horas de interrogatorio en Marianao (municipio de La Habana). Me forzaron a colaborar con ellos”, cuenta el artivista, quien luego de participar en marzo de 2019 en un taller de periodismo en Praga, República Checa, se exilió en Madrid, España, y aún, cuenta, sigue adaptándose a esa ciudad y a ese país.  

Las historias que revelan Hernández, García y Perea muestran lo complejo que es hacer activismo y luchar por los derechos LGBTI+ en Cuba, un país donde han ocurrido avances como el matrimonio igualitario o la adopción entre parejas del mismo sexo, y al mismo tiempo se prohíbe que lesbianas, gais, bisexuales, trans y personas no binarias, participen en marchas de forma independiente y exijan sus derechos sin participar en las acciones organizadas por el Cenesex. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conmemoramos el 11M reconociendo la labor que desempeñan activistas que trabajan por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, e identidades de género diversas en este país. También hacemos un llamado al Estado de Cuba para que impulsen las leyes de identidad de género y contra la violencia de género, y se abstenga de reprimir y hostigar a las personas defensoras de los derechos de esta población.

Cuba y Nicaragua: países donde el periodismo independiente es un crimen

Washington D.C., 3 de mayo de 2024.- En los regímenes autoritarios  de Cuba y Nicaragua el periodismo independiente es castigado con cárcel, exilio, despojo arbitrario de la nacionalidad, confiscaciones de propiedades personales y medios de comunicación. A propósito del Día de la Libertad de Prensa, que se conmemora hoy en todo el mundo, y reconociendo que la libertad es un pilar esencial para la rendición de cuentas y el funcionamiento adecuado de las instituciones públicas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) destaca la labor de las y los periodistas cubanos y nicaragüenses, que trabajan incansablemente por visibilizar las crisis democráticas y de derechos humanos de sus países, y luchan por el derecho de sus pueblos a acceder a información veraz y diversa.

Cuba: detenciones arbitrarias y represión

En Cuba “los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidarlos o como forma de inhibir el ejercicio periodístico independiente y crítico”, de acuerdo con el Capítulo IV.B del informe anual 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1].

Según el informe ‘Cuba: la resistencia frente a la censura’, elaborado por la organización Artículo 19, el año pasado se registraron un total de 274 agresiones contra periodistas y activistas en la Isla[2]. Al menos cinco comunicadores y reporteros permanecen privados de libertad por motivos políticos, enfrentando cargos injustos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Estas personas son: Lázaro Yuri Valle Roca, Jorge Armando Bello, José Antonio López Piña, Jorge Fernández Era y Luis Ángel Cuza[3].

El régimen autoritario cubano también ha incrementado las restricciones y obstáculos para el ingreso y salida del territorio de periodistas independientes. Hasta abril de 2024, las y los periodistas Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Anais Remón y Henry Constantín tenían prohibición para salir del país[4].

Además, las autoridades cubanas han impuesto una serie de regulaciones que coartan severamente el ejercicio de la libertad de prensa y la labor periodística en Cuba. Entre estas medidas se encuentran el servicio militar obligatorio para las mujeres que deseen estudiar periodismo, el Decreto 370 que reprime la libre expresión en Internet[5]; y la Ley de Comunicación Social[6], que regula los contenidos de los medios en la Isla y desconoce a la prensa independiente como figura jurídica.

Este panorama sombrío de Cuba obliga a que las y los periodistas independientes trabajen en condiciones precarias, enfrentando constantes amenazas y represalias; sin embargo, su determinación por visibilizar las injusticias y defender los derechos humanos de este país, es inquebrantable.

Nicaragua: entre la clandestinidad, el exilio  y la autocensura

En el Informe Anual 2023 de la CIDH, este organismo y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también advirtieron que “la censura y la represión alcanzaron niveles alarmantes” en Nicaragua[7].

Desde el inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en abril del año 2018, más de 250 periodistas han sido obligados al exilio[8], 56 medios de comunicación han sido cerrados y sus edificios confiscados, 22 periodistas han sido despojados de su nacionalidad y sus propiedades confiscadas; y el asesinato del periodista Angel Gahona, quien hace 6 años cubría el inicio de las manifestaciones pacíficas, sigue en la impunidad.

En el último año, el régimen Ortega Murillo ha extendido la detención arbitraria por motivos políticos a periodistas que ni siquiera realizaban coberturas de temas políticos. Tal es el caso de Víctor Ticay[9], arrestado mientras cubría una procesión religiosa y condenado a 8 años de cárcel por los delitos no probados de “propagación de noticias falsas y conspiración y menoscabo a la integridad nacional”.

También se conoce de los casos de cinco personas periodistas que fueron  acusadas por los mismos falsos delitos y apresadas durante unas horas; además de los casos de 22 mujeres periodistas víctimas de acoso sexual por parte de las fuerzas policiales.

Cabe destacar que agentes de la Policía Nacional, uniformados y vestidos de civil, son los principales agresores de la libertad de prensa en el país. Además, el régimen utiliza la Dirección de Migración y Extranjería, y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones con fines coercitivos. La aprobación de leyes represivas, como la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía, ha exacerbado la situación al otorgar al régimen poderes para perseguir y castigar a cualquier persona que critique al gobierno.

Todo este contexto represivo ha causado que en 5 de los 17 departamentos de Nicaragua, el periodismo independiente haya sido completamente silenciado[10]. Sin embargo, las y los periodistas nicaragüenses trabajan desde la clandestinidad y el exilio, venciendo la censura y divulgando la verdad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.

Para Raza e Igualdad, el Día de la Libertad de Prensa recuerda la importancia de los derechos  a la libertad de prensa y expresión en el funcionamiento de una sociedad democrática. Aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a  la comunidad internacional a defender estos derechos, y trabajar coordinadamente  para garantizar que las voces de periodistas independientes no sean más silenciadas por los regímenes autoritarios de Cuba y Nicaragua. Exigimos que las autoridades de ambos Estados garanticen este derecho, y permitan el desarrollo del ejercicio periodístico independiente, sin violentar y reprimir a quienes ejercen esta profesión.

 

***

 

[1] Capítulo IV.B Cuba. Informe anual 2023 de la CIDH. Publicado el 25 de abril de 2024. Disponible: https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2023/capitulos/IA2023_Cap_4B_Cuba_SPA.PDF

[2] Informe Cuba: la resistencia frente a la censura. Publicado el 19 de marzo de 2024. Disponible en: https://articulo19.org/cuba-la-resistencia-frente-a-la-censura/

[3] Balance parcial 2023. Hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa en Cuba, recopilados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). Disponible en: https://iclep.org/informes-por-indicador/6/2023/

[4] Resolución – Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Publicado el 19 de abril de 2024. Disponible en: https://www.sipiapa.org/notas/1216479-cuba

[5]  Resolución – Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Publicado el 19 de abril de 2024. Disponible en: https://www.sipiapa.org/notas/1216479-cuba

[6] La RELE manifiesta su preocupación por nueva ley de Comunicación Social en Cuba. Publicado el 16 de junio de 2023. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1278

[7] Capítulo IV.B Nicaragua. Informe anual 2023 de la CIDH. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2023/capitulos/IA2023_Cap_4B_Nicaragua_SPA.PDF

[8] Al menos 253 periodistas dejaron Nicaragua por persecución de Daniel Ortega. Publicado el 21 de abril de 2024. Disponible en: https://efectococuyo.com/internacionales/al-menos-253-periodistas-dejaron-nicaragua-por-persecucion-de-daniel-ortega/

[9] Víctor Ticay: detenido por transmitir un evento religioso durante Semana Santa. Disponible en: https://nicaslibresya.org/perfiles_pp/victor-ticay/

[10] Represión y problemas financieros provocan el abandono del periodismo en Nicaragua. Publicado el 10 de abril de 2024. Disponible en: https://fled.ong/represion-y-problemas-financieros-provocan-el-abandono-del-periodismo-en-nicaragua/

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria solicita “libertad plena” para el activista cubano Yandier García Labrada

Washington D.C., 5 de abril de 2024 – “El día 27 de febrero (de 2024) fue la última vez que vi a mi hermano. Estaba muy delgadito”, dice Irán Almaguer Labrada, hermano del activista cubano Yandier García Labrada (39 años), quien aparece en la Opinión número 68/2023[1] del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que se hizo pública a mediados del pasado mes de marzo. En el documento, este mecanismo de las Naciones Unidas solicita la “libertad plena” del defensor de derechos humanos, que también forma parte del Movimiento Cristiano Liberación (MCL).

En la Opinión, adoptada en el marco del 98 periodo de sesiones de este Grupo de Trabajo, también se le pide al Estado de Cuba que indemnice y repare a García Labrada; investigue y castigue a los responsables de su detención, y entregue información sobre el cumplimiento de esta “decisión” en un periodo de seis meses posterior a su publicación, el cual se cumple en octubre de 2024.

“El 6 de octubre de 2020 detuvieron a mi hermano por reclamar sus derechos en una cola (fila para obtener alimentos e insumos de primera necesidad). Un represor lo empujó y lo agredió, y luego llegaron más agentes de la Seguridad del Estado y llamaron a la policía. Él gritaba ‘Abajo la dictadura’”, cuenta Almaguer.

Yandier García Labrada cumple una pena de cinco años por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Desde el inicio de su encarcelamiento ha sido trasladado a diversos centros carcelarios y sufrido regímenes de aislamiento, traslados a celdas de castigo, denegación de la atención médica y restricciones a la comunicación con sus familiares. Desde el 19 de enero de 2023 se encuentra recluido en el centro de trabajo correccional Guabineyón 8, en la provincia Las Tunas. Las autoridades penitenciarias le han negado los beneficios de visitas al domicilio y libertad condicional, a pesar de cumplir con los requisitos reglamentarios.

Su hermano Irán Almaguer, quien sufre de una enfermedad llamada retinitis pigmentaria que lo ha llevado a la ceguera, cuenta que Yandier García vivía con su mamá en el municipio de Manatí, en Las Tunas; y desde que él permanece privado de la libertad, ella ha presentado graves quebrantos de salud. “Es hipertensa y tiene Alzheimer”.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), organización que remitió el caso de García Labrada al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, exigimos que el Estado de Cuba cumpla con la solicitud que hace este mecanismo de las Naciones Unidas, en su Opinión número 68/2023. Pedimos la liberación inmediata de este activista cubano, quien injustamente lleva más de tres años privado de la libertad, así como de todas las personas que permanecen encarceladas por exigir sus derechos en este país. Exigimos que Cuba respete, proteja y garantice los derechos humanos de todos sus habitantes, sin discriminación de ningún tipo.

También hacemos un llamado a la comunidad internacional para que dé seguimiento al cumplimiento de esta Opinión, y continúe condenando las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla.

[1] A/HRC/WGAD/2023/68

Cuba viola derechos humanos. ¡Exigimos el cese de la represión!

Washington D.C., 26 de marzo de 2024. – El 17 y 18 de marzo de 2024, las redes sociales de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil que monitorean la crisis social, política y económica en Cuba, se inundaron de imágenes de la Isla, en las que se mostraban personas de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Matanzas, gritando: “Corriente y comida”, “patria y vida”, “libertad”, “no a la violencia”, “abajo Díaz-Canel”, entre otras frases.

Las manifestaciones se originaron en respuesta a los apagones, la falta de alimentos y, en general, a la compleja situación que se registra en este país. A raíz de estos hechos, más de 10 personas fueron detenidas de forma arbitraria, de acuerdo con la organización Justicia 11J[1], que también documentó cortes de internet, y casos de violencia y represión ejercidas por las autoridades cubanas contra las personas que salieron a protestar.

Una semana después de que se hayan realizado estas protestas pacíficas, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reiteramos que el gobierno cubano viola de forma sistemática los derechos humanos de quienes residen en la Isla.

Luego de las multitudinarias manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, también conocidas como 11J, en las que miles de personas salieron a las calles y fueron detenidas de forma arbitraria (y más de 700 continúan privadas de libertad, de acuerdo con Justicia 11J), se han realizado otras protestas, como la ocurrida en agosto de 2022 en Nuevitas, en la provincia de Camagüey, que dejó 14 hombres y mujeres en prisión[2]; o la que se registró en Caimanera, en Guantánamo, que dejó un saldo de seis personas en la cárcel[3].

“En las protestas del 11J, en las de Nuevitas, Caimanera, y ahora en las del 17 y 18 de marzo de 2024, los habitantes de Cuba exigen lo mismo: que haya pleno respeto por los derechos civiles, se restablezca el servicio de energía, que haya alimentos y que, en general, mejore la situación política, social y económica de Cuba. Sin embargo, las autoridades de este país castigan con prisión a los y las manifestantes, reprimen a activistas, artistas y periodistas independientes, y limitan el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y asociación. Exigimos que cese la violencia contra quienes claman un cambio en Cuba”, afirma Christina Fetterhoff, directora de Programas de Raza e Igualdad.

Desde el Instituto hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que reconozcan los derechos humanos de quienes participan en las protestas pacíficas. Exigimos que cese la represión, y solicitamos a la comunidad internacional que dé seguimiento y continúe denunciando las violaciones a los derechos que se registran a diario en este país.

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[1] Nuevas detenciones por protestas pacíficas en marzo. Publicado el 25 de marzo de 2024. Disponible en: https://justicia11j.org/nuevas-detenciones-por-protestas-pacificas-en-marzo/

[2] Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para los protestantes de Nuevitas. Publicado el 26 de septiembre de 2023. Disponible en: https://eltoque.com/fiscalia-pide-hasta-3-lustros-de-prision-para-protestantes-de-nuevitas

[3] La fiscalía cubana pidió hasta nueve años de cárcel contra seis personas que manifestaron en contra del régimen. Publicado el 29 de enero de 2024. Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/01/30/la-fiscalia-cubana-pidio-hasta-9-anos-de-carcel-contra-seis-personas-que-manifestaron-en-contra-del-regimen/

Cuba: Sociedad civil independiente exige al Estado acatar recomendaciones del EPU

Washington DC, 26 de marzo de 2024.– Después de que el Estado de Cuba fuera evaluado en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) el 15 de noviembre de 2023, el día de hoy se aprobó el informe final del Grupo de Trabajo de este mecanismo del Consejo de Derechos de Humanos, en el que se recopilan las principales conclusiones de este proceso. Según el documento, el Estado aceptó 292 de las 361 recomendaciones, rechazó 28 y dijo que tomarán nota de 41.

Las organizaciones de la sociedad civil independiente, que hemos participado en las diferentes etapas de esta revisión, enviando informes alternativos que revelan las violaciones a los derechos humanos en este país, condenamos que el Estado de Cuba haya rechazado 28 recomendaciones, en las que se solicita la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, el cese de la represión y el hostigamiento contra las voces disidentes, el acceso de observadores independientes a los juicios y a las prisiones, y el desarrollo de elecciones “libres y limpias”.

Estos puntos que fueron rechazados adquieren especial relevancia considerando los recientes hechos en Cuba. El día 17 de marzo de 2024 habitantes de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Matanzas, salieron a las calles a exigir que se restableciera el servicio de energía eléctrica, y se pusiera fin a la crisis social, política y económica en la que está sumida la Isla. Aunque fueron menos mediáticas, días anteriores, también existieron protestas en distintas localidades del país. A raíz de las manifestaciones pacíficas, al menos 14 personas permanecen detenidas de forma arbitraria por exigir sus derechos[1].

Esta cifra se suma a las cerca de 700 personas que continúan privadas de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, de acuerdo con la organización Justicia 11J; y a las 3,830 acciones represivas ejercidas por las autoridades cubanas contra la población civil en 2023, que fueron documentadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos[2].

Rechazar 28 recomendaciones relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y de asociación evidencia la falta de compromiso de las autoridades cubanas con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en un proceso como el EPU, donde los Estados examinados pueden elegir entre aceptar o tomar nota de las recomendaciones[3].

Las organizaciones abajo firmantes exigimos al Estado cubano que acate las recomendaciones del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta al cumplimiento de las 292 recomendaciones que Cuba ha aceptado ante este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entre ellas se incluyen adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, incorporar una perspectiva de género en todas sus políticas, aplicar leyes para la eliminación contra la discriminación racial, establecer “protocolos que regulen la actuación de los agentes del orden durante las protestas sociales”, entre otras.

Exigimos que el Estado cubano reconozca y garantice los derechos fundamentales de las personas que residen en este país, independientemente de su posición política, creencia religiosa, profesión, raza, orientación sexual e identidad de género.

Firmantes:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Artists at Risk Connection (ARC)

Centro de Documentación de Prisiones Cubanas

Cubalex

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Justicia 11J

Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana

Museo V

PEN International

[1]  Nuevas detenciones por protestas pacíficas en marzo – Justicia 11J, Fecha de actualización: 25 de marzo de 2024.

[2] Cuba cerró el 2023 con miles de acciones represivas del régimen contra la población. Fecha de publicación: 4 de enero de 2024.

[3] Información básica sobre el EPU. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2024.

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