Menstruación y derechos humanos, un debate necesario para avanzar hacia la plena garantía de derechos humanos en la región

Washington D.C., 28 de mayo de 2021.– Con el objetivo de visibilizar y ampliar el entendimiento sobre la menstruación y su relación con los derechos humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó un conversatorio virtual con la participación de activistas de América Latina y expertas internacionales que compartieron conocimientos y experiencias en torno a esta temática. Ello, en ocasión del Día de la Higiene Menstrual, que se celebra cada 28 de mayo, y del lanzamiento del informe “Menstruación y Derechos Humanos en Cuba”, elaborado por la organización cubana Plataforma Femenina.

A partir del informe “Menstruación y Derechos Humanos en Cuba”, que devela los obstáculos que enfrentan las mujeres, adolescentes, niñas y personas menstruantes en la Isla para acceder a productos de higiene menstrual y realiza recomendaciones al Estado y a la comunidad internacional para garantizar una menstruación digna, este espacio propició un debate sobre cómo la atención y la comprensión del periodo menstrual es necesaria para que las personas que lo viven gocen de todos sus derechos, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Al brindar las palabras de bienvenida al evento, la Directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, aclaró que se decidió usar el término higiene menstrual en este espacio porque es el que usan varias agencias de las Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, UNICEF y el Fondo de Población. Sin embargo, invitó a las, los y les panelistas a usar el término que consideraran más adecuado y les diera mayor comodidad al momento de intervenir.

Situación en Cuba

Eroises González, coordinadora nacional de la Plataforma Femenina, señaló que la situación de las personas menstruantes en Cuba es preocupante, debido, principalmente, a la disposición estatal de vender solamente un paquete de 10 almohadillas sanitarias por mujer al mes, las cuales, además, son de mala calidad y por tanto resultan insuficientes para cubrir su periodo menstrual.

La activista expuso que esta situación se agrava en al caso de aquellas mujeres que tienen discapacidad o se encuentran bajo régimen penitencia­rio, pues ellas dependen de lo que sus familiares, batallando con la es­casez económica existente en el país, pue­dan encontrar para llevarles. González describió como un “calvario” la situación que enfrentan estas mujeres al no tener acceso a las almohadillas sanitarias ni a productos de aseo.

En el informe se reconoce que el embargo o bloqueo de los Estados Unidas a Cuba afecta la libre circulación de productos, incluidos los de higiene menstrual. No obstante, al mismo tiempo refiere que el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado que: “la imposición de sanciones no anula ni atenúa en modo alguno las obligaciones pertinentes de un Estado Parte. Como en otras situaciones comparables, esas obligaciones adquieren una importancia práctica mayor en tiempos particularmente difíciles”.

Entre las ocho recomendaciones realizadas al Estado cubano para garantizar una menstruación digna, la Plataforma Femenina incluye la creación de una ley o leyes para el acceso igualitario y gratuito a productos de aseo y de gestión menstrual, y vincular su compromiso de la Agenda 2030 con la problemática de la higiene menstrual, principalmente con los objetivos de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, y agua limpia y saneamiento.

Un asunto de igualdad

La comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó en su ponencia que la higiene menstrual es un asunto de equidad de género y que factores como los estereotipos de roles de género, la pobreza extrema y los contextos de emergencia convierten a la menstruación en un determinante de estigma contra las personas menstruantes, y contra su derecho a la igualdad y no discriminación.

“Estudios han demostrado que cuando las niñas no pueden manejar adecuadamente su periodo menstrual en las escuelas, el desempeño y asistencia escolar se ven afectados, lo cual a su vez afecta su participación en la sociedad y genera inequidad”, dijo Macaulay, quien indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF definen el adecuado manejo de la higiene menstrual como aquel que permite usar productos limpios de higiene menstrual que pueden ser cambiados en privado durante el periodo menstrual usando jabón y agua para limpiar el cuerpo, así como tener las facilidades para desechar el material usado.

La comisionada también se refirió a la obligación que tienen los Estados para garantizar acceso a agua limpia, productos de higiene menstrual y espacios seguros para el cuido durante el periodo menstrual.

Abordaje inclusivo y comprensivo

Santiago Balvin, activista transmasculino e integrante de la colectiva Rosa Rabiosa, de Perú, participó en el evento para contribuir al abordaje de la menstruación desde la perspectiva de las personas transmasculinas y no binares asignades mujeres al nacer. En ese sentido, comenzó afirmando que para este grupo poblacional “no existen los derechos sexuales y reproductivos” porque se abordan solamente con una mirada cisgénero.

“No todas las personas que menstrúan son mujeres y, por ende, es necesario entender que para las personas trans no binaries menstruar significa no solamente una incomodidad con el cuerpo, sino una no reafirmación de su identidad”, compartió Balvin. También expuso que el simple hecho de comprar una toalla sanitaria, para una persona transmasculina puede provocar una serie de vulneraciones en su estado sicológico y emocional, ya que no son tratadas en correspondencia con su identidad de género.

La terapeuta menstrual Andrea Marín, de Colombia, también compartió conocimientos y experiencias para contribuir a un abordaje comprensivo de la menstruación. “Estos espacios se hacen necesarios ya que se configuran como encuentros en los que podemos nombrar, reflexionar, cuestionar y crear alternativas encaminadas al buen vivir, con la confianza plena que podemos vivir de una manera distinta las relaciones con nuestro cuerpo, con nuestro ciclo menstrual y con nuestro entorno”, expresó.

Marín afirmó que un primer paso es nombrar el ciclo menstrual, ampliar los conocimientos al respecto y compartirlos tanto en espacios privados como en espacios públicos “para que exista, para que tenga un lugar, para que se explore, para que se visibilice y se generen garantías a través de las políticas públicas”. La experta resumió su intervención apuntando que la menstruación debe ser consciente, segura y libre, en términos de acceso a información, a productos para gestionar el periodo menstrual y de libertad para decidir cómo vivirlo, respectivamente.

En tanto, Anahí Rodríguez, fundadora de la iniciativa MenstruaciónDignaMéxico, señaló que es increíble que un proceso fisiológico por el que atraviesan las personas menstruantes durante aproximadamente cuatro décadas, no sea mencionado en políticas públicas, por lo que aseguró que la menstruación para muchas personas representa un obstáculo al ejercicio de derechos humanos tan básicos como la salud, la educación y la no discriminación.

“Se debe hablar fuerte y claro y enfrentar estos desafíos y dificultades que enfrentamos las mujeres y otras personas menstruantes durante nuestro periodo, debe ser imperativo que los Estados garanticen a cada persona la posibilidad de vivir una menstruación de forma higiénica, íntima, cómoda, segura, saludable y digna”, afirmó Rodríguez, quien indicó que en México, 4 de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza, el 36% de la población mexicana no tiene suministro de agua diario y el 10% no cuenta con un sanitario propio.

Raza e Igualdad reconoce que los obstáculos que enfrentan muchas mujeres, adolescentes, niñas y personas menstruantes a lo largo de América Latina y el Caribe para gestionar su periodo menstrual de forma digna, constituyen a su vez un enorme reto para la plena garantía y ejercicio de sus derechos humanos. Por tal razón, se une a las demandas y recomendaciones de la sociedad civil relacionadas a la creación de leyes, políticas públicas y acceso a productos y servicios de higiene menstrual, y llama a la comunidad internacional a realizar un monitoreo sobre la situación en cada uno de los países, así como a extender recomendaciones a los Estados.

Derechos humanos, los grandes ausentes en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba

Washington D.C., 28 de abril de 2021.– El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba—que se desarrolló del 16 al 19 de abril de 2021—transcurrió sin que se definieran acciones que den respuesta a los grandes problemas de derechos humanos que existen en la Isla. Para la sociedad cubana, y especialmente para la sociedad civil independiente y las organizaciones que dan seguimiento a la situación en el país, este octavo congreso fue “más de lo mismo”, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de medios de comunicación oficiales para proyectarlo como un hito.

Este evento político se realiza cada cinco años y siempre despierta diversas expectativas sobre la forma en que será conducido el país en el próximo quinquenio, ya que el PCC es el máximo órgano de poder en el país. El primer día del Congreso, el presidente Miguel Díaz-Canel y ahora máxima autoridad del partido, expresó a través de Twitter: “Aquí se afianzan las ideas, se reconoce la historia y se habla de futuro”.

Sin embargo, la trascendencia de este evento a nivel internacional estuvo marcada por el anuncio del traspaso de la Primera Secretaría del PCC de Raúl Castro a Díaz-Canel. En tanto, para la sociedad cubana este Congreso dio la espalda a sus principales demandas, que en su mayoría se relacionan a la carencia de la vida e imposibilidad de acceder a insumos de sobrevivencia básica, la falta de medicinas y la propagación del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las graves restricciones al ejercicio de derechos como la libertad de expresión y de asociación, entre otras.

En palabras del líder afrocubano y coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Juan Antonio Madrazo, “el Congreso del PCC se enfocó más en cómo reforzar la construcción de un frente ideológico, que hace mucho tiempo tiene grietas, que en asomarse a los problemas inmediatos de la sociedad”. “El PCC como vanguardia no identificó cómo ellos van a modernizar la Política Social ni cuáles son los instrumentos de Protección Social que van a utilizar para empujar el enfrentamiento a la pobreza y la desigualdad”, asegura.

Nuevamente vimos cómo Cuba se aleja de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Ya lo hizo en 2019, con la modificación del Proyecto de Constitución de la República, que originalmente establecía que “los derechos y deberes reconocidos en esta Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanosratificados por Cuba»; no obstante, ese texto fue excluido y al artículo 8 se le añadió que la Constitución prima sobre tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos.

La batalla contra el racismo

Para activistas y organizaciones que luchan contra el racismo y la discriminación racial, el hecho que en el VIII Congreso del PCC no se haya abordado esta temática significa que la problemática racial continúa siendo una asignatura pendiente y postergada, siendo entonces el Programa Nacional de Gobierno contra el Racismo una hoja de ruta desconocida por las y los cubanos. “No se definieron líneas de trabajo contra el racismo, la homofobia y la violencia de género porque para el Estado esto forma parte de la ´agenda enemiga´”, sostiene Madrazo.

Las demandas de una respuesta del Gobierno sobre la aplicación del Programa de Gobierno contra el Racismo le han valido a activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) persecución, agresiones y detenciones arbitrarias, situación que desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hemos venido denunciando y visibilizando ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas.

En enero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, todos defensores de derechos humanos e integrantes del CIR, y en marzo de 2021 la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, se pronunció y llamó al Gobierno de Cuba a poner fin a la intimidación y detención en contra de las y los integrantes de dicha organización.

“Lo acordado durante el Congreso deja un sabor amargo, desesperanza en un amplio sector poblacional y la opinión general interpreta que la represión, la vigilancia ideológica y la violación permanente de los derechos humanos serán los elementos clave para reforzar el ambiente de control sobre las diversidades”, afirma Madrazo.

Violencia contra las mujeres, desoída una vez más

Si de hablar de futuro se trata, era necesario que en este VIII Congreso del PCC se asumieran compromisos para trabajar, a corto plazo, por un futuro libre de violencia contra las mujeres, entre ellos la discusión y aprobación de una ley integral contra la violencia basada en género. Sin embargo, la problemática de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres no formó parte de la agenda de este evento.

Hasta el pasado 23 de abril, en la Isla se registraban 16 feminicidios, además que la persecución, privación de libertad y amenazas contra mujeres activistas es una constante. La demanda de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres es un clamor que se oficializó el 21 de noviembre de 2019, día en que 40 mujeres entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el documento Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba.

La escritora María Matienzo coincide en que la finalidad de este Congreso fue estrictamente ideológica, por lo que no le extraña que no se tuvieran en cuenta la situación de las mujeres, ni ninguna otra agenda que represente a grupos minoritarios. Aunque el pasado 8 de marzo—Día Internacional de la Mujer—el Gobierno publicó el decreto presidencial 198/2021, que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), Matienzo señala que este “es solo la respuesta ideológica desde el partido a lo que venimos reclamando desde hace dos años”.

Matrimonio igualitario en la Constitución, pero fuera de agenda

Otro tema que era pertinente abordar en este VIII Congreso del PCC, es la aprobación del matrimonio igualitario, ya que es una demanda de la sociedad civil y está en correspondencia con las obligaciones que el Estado de Cuba tiene en materia de derechos humanos.

Cabe recordar que, con la Constitución aprobada en 2019, se abrieron las puertas para el matrimonio igualitario, al conceptualizar el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre personas, dando así la posibilidad al matrimonio no heteronormativo. En esa ocasión se habló de hacer realidad el matrimonio igualitario incluyéndolo en un nuevo Código de Familia que debía presentarse y someterse a referendo en un plazo de dos años, es decir, en este 2021. Estamos casi a mitad de año y hasta el momento no se sabe cómo y cuándo el Gobierno cumplirá con esta promesa.

COVID-19

En medio de la promesa de iniciar pronto una vacunación masiva con los dos candidatos vacunales desarrollados en la Isla (Soberna 2 y Abdala), la situación de COVID-19 en Cuba no deja de ser preocupante. Al 26 de abril, las autoridades de salud contabilizaban 23,056 pacientes ingresados, de los cuales 3,302 eran sospechosos, 14,288 se encontraban en vigilancia y 5,466 eran casos confirmados.

Pero esta emergencia sanitaria tampoco fue punto de agenda del VIII Congreso del PCC, ni siquiera en lo referido al desarrollo y prueba de las vacunas Soberana 2 y Abdala, hecho que la misma Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha elogiado.

Represión no se detuvo

Mientras en el VIII Congreso del PCC se movían piezas para proyectar aires de renovación en la dirigencia del partido, en diferentes puntos del país se llevaron a cabo una serie de acciones de represión en contra de activistas, artistas y periodistas independientes. Entre el 19 y el 25 de abril, la organización Cubalex registró 25 reclusiones domiciliares a activistas y periodistas, y más de 15 detenciones, principalmente contra miembros del Movimiento San Isidro y la Unión Patriótica de Cuba. Acceda al informe completo aquí.

“El Congreso del PCC ha sido una maquinaria de terror, todos nos estamos preguntando cuál es el próximo paso represivo, si vamos a pasar de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones forzadas por horas a condenas carcelarias desmedidas, injustas y arbitrarias. A partir del anuncio del VIII Congreso se ha generado mucha violencia y discurso de odio”, refiere la escritora María Matienzo.

Como máximo órgano de poder en el país, es preocupante y lamentable que el VIII Congreso del PCC no haya retomado y dado respuesta a las grandes demandas de la población cubana. Ante la difícil situación socioeconómica y la falta de garantías para el ejercicio de derechos humanos, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al Gobierno para priorizar políticas públicas que atiendan las necesidades básicas de la población y cese las acciones de represión contra activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y artistas independientes.

También expresamos nuestra preocupación por el hecho que en este Congreso se haya decidido nombrar al conductor y director del programa de la televisión cubana “Hacemos Cuba”, Humberto López, como miembro del Comité Central del PCC, pues a través de su programa, difunde un discurso de odio en contra de personas y colectivos que critican al Gobierno y exigen el respeto de derechos humanos.

Como organización que trabajo en la protección y defensa de los derechos humanos, creemos que el respeto y promoción de los mismos es la base para el desarrollo de las sociedades y, por tanto, para una vida digna y próspera para todos y todas. Seguiremos apoyando a las organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba en su lucha a favor de los derechos humanos y para que las obligaciones asumidas en la materia por el Estado cubano formen parte de la agenda política y social del país.

La pandemia de la violencia hacia las mujeres en Cuba: con decreto, pero sin ley contra la violencia basada en género

Washington D.C., 12 de abril de 2021.– El 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Cuba publicó el decreto presidencial 198/2021, que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM). Esta política, según su contenido, “constituye la piedra angular en el desarrollo de políticas a favor de las mujeres, al tiempo que da continuidad al avance y desarrollo de la igualdad de género en el país, en tanto institucionaliza este derecho”.

La aprobación de este decreto se da en un contexto en que activistas y organizaciones civiles reclaman la aprobación de una ley integral contra la violencia basada en género y en el que, además, se registran preocupantes cifras de violencia contra mujeres y niñas en la Isla. En lo que va del 2021, se han registrado al menos 10 feminicidios, mientras que el 2020 cerró con la dramática cifra de 32 mujeres asesinadas, incluidas dos menores de edad, según el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil.

Un clamor en el aire

La solicitud formal de esta ley se realizó el 21 de noviembre de 2019, ocasión en la que 40 mujeres entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el documento Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, en la cual expusieron, entre otras, las siguientes razones:

• La nueva Constitución de la República de Cuba establece, en su artículo 43, la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello.
• La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG), realizada en todo el país en 2016, reveló que la violencia de género en las relaciones de pareja es un problema a nivel nacional y que la mayoría de las víctimas no buscan justicia o ayuda institucional.
• Cuba presentó en 2019 su Primer Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030 que incluyó el primer dato oficial público sobre feminicidios en el país, de tal modo que se reconoció la existencia de esos crímenes específicos.

Las mujeres solicitaron que se incluyera en el cronograma legislativo la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, un mes después, el 10 de enero de 2020, cuatro de las mujeres firmantes de la solicitud fueron informadas por representantes del Poder Legislativo que sus demandas no forman parte del cronograma legislativo hasta 2028.

Reclamo latente

A pesar de que el Gobierno puso una lápida sobre la solicitud de una ley integral contra la violencia basada en género en Cuba, el clamor sigue presente. En el último año, diversas organizaciones de mujeres lo han mantenido vivo haciendo uso de medios alternativos, principalmente a través de redes sociales como Twitter y Facebook.

La apertura al servicio de Internet para datos móviles en la Isla ha permitido que los reclamos y denuncias por derechos que no se garantizan y se violan en el país, trascienda en el día a día a agendas sectoriales o regionales de mayor audiencia. En ese contexto ha tenido mayor visibilidad la denuncia de la violencia machista como la otra pandemia que azota a la Isla, así como la solicitud de una ley que proteja la integridad y la vida de las mujeres.

El hecho que Cuba sea uno de los dos países de la región donde no está tipificado el delito de feminicidio –el otro es Haití—, es uno de los principales señalamientos que se hace desde la sociedad civil independiente. Precisamente el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y día en que el Gobierno publicó el decreto de aprobación del PAM, activistas y organizaciones de mujeres lanzaron la declaración “La violencia de género: la pandemia silenciosa”, en la que ponen de manifiesto los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres diariamente.

“Entender la violencia como un asunto personal fuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre, e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status-quo de la dominación.  Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad”, indican en la declaración.

Necesidad de una ley integral

La violencia basada en género tiene su raíz en las desigualdades de género, las cuales afectan a mujeres y a personas con identidades feminizadas. Estas desigualdades residen en las estructuras culturales, sociales e históricas y tienden a relegar a todos los cuerpos e identidades no relacionadas con la supremacía masculina y heterosexual. Estas violencias pueden ser directas, simbólicas y estructurales, por lo cual, no solo se limitan a los ataques físicos, sino también verbales, psicológicos y de limitación de oportunidades. La diferencia entre un homicidio y un feminicidio, es que la motivación de los feminicidios se debe a razones de género, debido al machismo y misoginia del agresor.

Es necesario que el Gobierno cubano trascienda en sus esfuerzos y apruebe con la mayor prontitud posible una ley integral contra la violencia de género. Cabe recordar que Cuba firmó y ratificó la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), con lo cual se comprometió en el avance legislativo a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, aspecto que, ante la ausencia de esta ley, no estaría cumpliendo a cabalidad.

La ley integral contra la violencia basada en género debería ser un aspecto de suma relevancia en el calendario legislativo cubano. Aparte de agregar el feminicidio como delito al Código Penal Vigente, esta ley debe promover esfuerzos para la equidad y garantizar que las mujeres tengan pleno goce de sus derechos en todos los ámbitos.

La Ley Integral contra la Violencia Basada en Género para Cuba es una necesidad que diferentes instancias internacionales le han recomendado a la Isla. Durante la última sesión en que Cuba se presentó ante el Comité CEDAW, este se mostró preocupado por la violencia contra las mujeres y recomendó la creación de una ley general contra la violencia de género, la cual tipifique estos delitos de forma diferencial. Lo anterior, entendiendo que las violencias contra las mujeres significan una forma de discriminación.

Asimismo, la CIDH, en su último informe de país, recomendó al Estado cubano la adopción de un marco legal para abordar las violencias contra las mujeres, al tiempo de la necesidad de adoptar una definición jurídica sobre las discriminaciones contra las mujeres, además de la firma y ratificación de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer «Convención De Belem Do Para«.

Desde Raza e Igualdad esperamos que la aprobación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres signifique un primer paso para la creación de una ley integral y que, en ese transcurso, este programa permita acceder a estadísticas creíbles y segregadas desde la perspectiva interseccional, para avanzar en la definición de políticas adecuadas a las realidades y necesidades de todas las mujeres, diversas en su conjunto. En momentos de crisis, como la actual pandemia de feminicidios y violencia, una ley de este tipo podría salvar la vida de muchas mujeres.

Es necesario que el Estado cubano reconozca jurídicamente las violencias que pesan sobre los cuerpos femeninos y feminizados. La tipificación de estas violencias y discriminaciones, acompañados de sanciones a los perpetuadores de estos crímenes puede tener un impacto positivo en la vida de las mujeres cubanas. Gracias al trabajo de las activistas de Cuba, estas violencias han logrado ser visibilizadas a nivel nacional e internacional, es por esto que nos unimos a sus voces para solicitar una Ley Integral contra las Violencias Basadas en Género.

Cuba: La comunidad internacional debe exigir responsabilidad al Gobierno cubano por sus acciones y frenar de inmediato las detenciones arbitrarias ilegales de corta duración, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra voces disidentes

En respuesta a los actos agresivos cometidos por las autoridades policiales en las últimas semanas contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en huelga de hambre; las golpizas y los arrestos a integrantes del Movimiento San Isidro; el exilio forzado impuesto a los ciudadanos cubanos, convirtiéndolos en apátridas; los arrestos domiciliarios permanentes; y las campañas de desprestigio contra periodistas, artistas y disidentes, las 7 organizaciones abajo firmantes emiten la siguiente declaración:

“Estamos profundamente preocupados por el patrón continuo de represión contra las voces críticas que se expresan libremente sobre el actual status quo del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a poner foco con urgencia en la Isla. Las organizaciones internacionales, la prensa extranjera, los gobiernos democráticos y las embajadas presentes en La Habana deben monitorear rigurosamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos, brindar asistencia a las y los defensores de derechos humanos que sufren abusos, y exigir respuestas fehacientes al Gobierno de Cuba. Existe una necesidad urgente de solidaridad con las víctimas y una posición internacional común frente a los abusos perpetrados por la Seguridad del Estado. Estos actos no pueden normalizarse ante los ojos de la opinión pública mundial.

El Gobierno cubano debe actuar de inmediato con responsabilidad y poner fin al asedio policial y a los ataques físicos dirigidos contra miembros de la UNPACU, quienes en respuesta han estado en huelga de hambre durante más de 20 días. Deben cesar las golpizas contra integrantes del Movimiento San Isidro y las aprehensiones de corta duración ejecutadas por agentes vestidos de civil contra estos y otros artistas, periodistas y disidentes. Es inaceptable que el Gobierno cubano haya convertido las casas de los activistas en cárceles permanentes y que continúe intimidando a sus emigrados con la condena a la apatridia. Las campañas de manipulación mediática desplegadas por los medios oficiales de prensa, que constituyen una incitación al odio y la violencia contra quienes disienten del sistema político, deben ser denunciadas con urgencia.”

Antecedentes

El 20 de marzo, después de años de buscar una respuesta internacional a las graves violaciones de derechos humanos, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer[1], y casi 50 de sus miembros iniciaron una huelga de hambre como última súplica a la Seguridad del Estado para poner fin al asedio contra la organización. A pesar del delicado estado físico y mental de los 31 activistas que llevaban 15 días de huelga, turbas organizadas por las autoridades cubanas apedrearon a Ferrer y su esposa, Nelva Ortega Tamayo, el 3 de abril. Las autoridades también cortaron el acceso a internet y a las telecomunicaciones e incluso han detenido a los hijos de quienes permanecen en huelga. A medida que el país enfrenta una crisis económica y humanitaria cada vez mayor, la UNPACU se ha convertido en un elemento básico en la comunidad, proporcionando alimentos y medicamentos difíciles de encontrar.

Durante el primer trimestre de 2021, la ola de represión también afectó a miembros del Movimiento San Isidro (MSI), un grupo de artistas que iniciaron su propia huelga de hambre en noviembre de 2020 y que se han manifestado abiertamente contra las restricciones a la libertad de expresión. En los últimos meses, la Seguridad del Estado ha utilizado tácticas que esencialmente han transformado las casas de los activistas en cárceles improvisadas, impidiéndoles abandonar las viviendas. Las detenciones arbitrarias a corto plazo, que implican violencia física y abuso mental, se han utilizado de manera desproporcionada como táctica para silenciar la disidencia. Luis Manuel Otero y Maykel Obsorbo, dos de los principales objetivos, frecuentemente han regresado a casa con hematomas, heridas en la piel y ropa rota.

Hemos visto arrestos que no duran más de unas pocas horas, los cuales son ejecutados por agentes encubiertos que no informan a sus víctimas ni documentan sus acciones en registros oficiales. El 5 de abril fueron detenidos en La Habana los activistas y periodistas Luis Manuel Otero, Héctor Luis Valdés, Esteban Rodríguez, María Matienzo, Kirenia Yailit y Manuel Cruz. En Camagüey, Bárbaro de Céspedes permaneció desaparecido durante varios días, luego de ser detenido en la puerta de una iglesia. Llevaba una cruz de madera con la inscripción «61 años de comunismo» como símbolo de protesta.

En otra instancia en la que el Gobierno cubano dio marcha atrás en sus compromisos de derechos humanos, a la periodista Karla Pérez González se le prohibió el ingreso al país el 18 de marzo. Al graduarse de la Universidad de Costa Rica, Pérez González había solicitado y recibido legalmente la documentación necesaria para regresar a Cuba. Sin embargo, al aterrizar en el aeropuerto de Panamá para realizar su vuelvo de conexión en el  los funcionarios estatales informaron a los representantes de las aerolíneas que ella tenía prohibido ingresar a Cuba. Pérez González se vio obligada a retornar a Costa Rica, donde finalmente recibió refugio político. El gobierno cubano continúa intimidando a sus emigrados con la amenaza de prohibir el regreso a casa si ellos se pronuncian en contra de las políticas gubernamentales en el extranjero.

Además de los hechos antes mencionados, el Gobierno cubano ha renovado su estrategia de difamación mediática, la cual es desplegada por los medios estatales contra artistas, periodistas y activistas independientes. Este mecanismo busca frenar las posiciones críticas e intimidar a las víctimas y sus familias, al mismo tiempo que condena el apoyo internacional a las voces de la sociedad civil nacional, que son etiquetadas como «mercenarias» o «enemigas de la patria«.

A nivel internacional, Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, el Gobierno cubano no ha extendido una invitación al Relator Especial de la ONU Sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos políticos, no ha podido ingresar a Cuba desde 1989. Cuba es también el único país de las Américas que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990, y es el único país con un espacio cívico cerrado en las Américas según CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que registra violaciones de derechos cívicos a nivel mundial. Por último, en el recién publicado informe de 2021 “Libertad en el Mundo” de Freedom House, Cuba recibió la calificación de No libre, obteniendo 13 de 100 puntos posibles, la puntuación más baja de América Latina.

Lista de firmantes:

CADAL

CIVICUS

Civil Rights Defenders

Freedom House

People in Need

Race and Equality

Robert F. Kennedy Human Rights

[1] Ferrer es uno de los líderes opositores más destacados de la isla. Sufrió un arduo período en las cárceles cubanas en 2019. Amnistía Internacional también reconoció con anterioridad a Ferrer como preso de conciencia mientras estuvo encarcelado de 2003 a 2011, cuando fue víctima de una ola de represión gubernamental contra los disidentes conocida como la «Primavera Negra»; 75 personas fueron condenadas a largas penas de prisión en virtud de la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.