La pandemia de la violencia hacia las mujeres en Cuba: con decreto, pero sin ley contra la violencia basada en género

La pandemia de la violencia hacia las mujeres en Cuba: con decreto, pero sin ley contra la violencia basada en género

Washington D.C., 12 de abril de 2021.– El 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Cuba publicó el decreto presidencial 198/2021, que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM). Esta política, según su contenido, “constituye la piedra angular en el desarrollo de políticas a favor de las mujeres, al tiempo que da continuidad al avance y desarrollo de la igualdad de género en el país, en tanto institucionaliza este derecho”.

La aprobación de este decreto se da en un contexto en que activistas y organizaciones civiles reclaman la aprobación de una ley integral contra la violencia basada en género y en el que, además, se registran preocupantes cifras de violencia contra mujeres y niñas en la Isla. En lo que va del 2021, se han registrado al menos 10 feminicidios, mientras que el 2020 cerró con la dramática cifra de 32 mujeres asesinadas, incluidas dos menores de edad, según el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil.

Un clamor en el aire

La solicitud formal de esta ley se realizó el 21 de noviembre de 2019, ocasión en la que 40 mujeres entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el documento Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, en la cual expusieron, entre otras, las siguientes razones:

  • La nueva Constitución de la República de Cuba establece, en su artículo 43, la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello.
  • La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG), realizada en todo el país en 2016, reveló que la violencia de género en las relaciones de pareja es un problema a nivel nacional y que la mayoría de las víctimas no buscan justicia o ayuda institucional.
  • Cuba presentó en 2019 su Primer Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030 que incluyó el primer dato oficial público sobre feminicidios en el país, de tal modo que se reconoció la existencia de esos crímenes específicos.

Las mujeres solicitaron que se incluyera en el cronograma legislativo la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, un mes después, el 10 de enero de 2020, cuatro de las mujeres firmantes de la solicitud fueron informadas por representantes del Poder Legislativo que sus demandas no forman parte del cronograma legislativo hasta 2028.

Reclamo latente

A pesar de que el Gobierno puso una lápida sobre la solicitud de una ley integral contra la violencia basada en género en Cuba, el clamor sigue presente. En el último año, diversas organizaciones de mujeres lo han mantenido vivo haciendo uso de medios alternativos, principalmente a través de redes sociales como Twitter y Facebook.

La apertura al servicio de Internet para datos móviles en la Isla ha permitido que los reclamos y denuncias por derechos que no se garantizan y se violan en el país, trascienda en el día a día a agendas sectoriales o regionales de mayor audiencia. En ese contexto ha tenido mayor visibilidad la denuncia de la violencia machista como la otra pandemia que azota a la Isla, así como la solicitud de una ley que proteja la integridad y la vida de las mujeres.

El hecho que Cuba sea uno de los dos países de la región donde no está tipificado el delito de feminicidio –el otro es Haití—, es uno de los principales señalamientos que se hace desde la sociedad civil independiente. Precisamente el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y día en que el Gobierno publicó el decreto de aprobación del PAM, activistas y organizaciones de mujeres lanzaron la declaración “La violencia de género: la pandemia silenciosa”, en la que ponen de manifiesto los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres diariamente.

“Entender la violencia como un asunto personal fuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre, e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status-quo de la dominación.  Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad”, indican en la declaración.

Necesidad de una ley integral

La violencia basada en género tiene su raíz en las desigualdades de género, las cuales afectan a mujeres y a personas con identidades feminizadas. Estas desigualdades residen en las estructuras culturales, sociales e históricas y tienden a relegar a todos los cuerpos e identidades no relacionadas con la supremacía masculina y heterosexual. Estas violencias pueden ser directas, simbólicas y estructurales, por lo cual, no solo se limitan a los ataques físicos, sino también verbales, psicológicos y de limitación de oportunidades. La diferencia entre un homicidio y un feminicidio, es que la motivación de los feminicidios se debe a razones de género, debido al machismo y misoginia del agresor.

Es necesario que el Gobierno cubano trascienda en sus esfuerzos y apruebe con la mayor prontitud posible una ley integral contra la violencia de género. Cabe recordar que Cuba firmó y ratificó la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), con lo cual se comprometió en el avance legislativo a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, aspecto que, ante la ausencia de esta ley, no estaría cumpliendo a cabalidad.

La ley integral contra la violencia basada en género debería ser un aspecto de suma relevancia en el calendario legislativo cubano. Aparte de agregar el feminicidio como delito al Código Penal Vigente, esta ley debe promover esfuerzos para la equidad y garantizar que las mujeres tengan pleno goce de sus derechos en todos los ámbitos.

La Ley Integral contra la Violencia Basada en Género para Cuba es una necesidad que diferentes instancias internacionales le han recomendado a la Isla. Durante la última sesión en que Cuba se presentó ante el Comité CEDAW, este se mostró preocupado por la violencia contra las mujeres y recomendó la creación de una ley general contra la violencia de género, la cual tipifique estos delitos de forma diferencial. Lo anterior, entendiendo que las violencias contra las mujeres significan una forma de discriminación.

Asimismo, la CIDH, en su último informe de país, recomendó al Estado cubano la adopción de un marco legal para abordar las violencias contra las mujeres, al tiempo de la necesidad de adoptar una definición jurídica sobre las discriminaciones contra las mujeres, además de la firma y ratificación de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer «Convención De Belem Do Para«.

Desde Raza e Igualdad esperamos que la aprobación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres signifique un primer paso para la creación de una ley integral y que, en ese transcurso, este programa permita acceder a estadísticas creíbles y segregadas desde la perspectiva interseccional, para avanzar en la definición de políticas adecuadas a las realidades y necesidades de todas las mujeres, diversas en su conjunto. En momentos de crisis, como la actual pandemia de feminicidios y violencia, una ley de este tipo podría salvar la vida de muchas mujeres.

Es necesario que el Estado cubano reconozca jurídicamente las violencias que pesan sobre los cuerpos femeninos y feminizados. La tipificación de estas violencias y discriminaciones, acompañados de sanciones a los perpetuadores de estos crímenes puede tener un impacto positivo en la vida de las mujeres cubanas. Gracias al trabajo de las activistas de Cuba, estas violencias han logrado ser visibilizadas a nivel nacional e internacional, es por esto que nos unimos a sus voces para solicitar una Ley Integral contra las Violencias Basadas en Género.

CIDH da trámite a petición de declarar la responsabilidad del Estado de Cuba por violaciones de derechos humanos registradas entre 2019 y 2020 en contra de integrantes de la UNPACU

Washington D.C., 8 de abril de 2021.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó dar trámite a la petición presentada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para que dicho organismo declare la responsabilidad del Estado de Cuba por la violación de derechos humanos de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), tras ser detenidos, torturados y enjuiciados arbitrariamente entre octubre de 2019 y abril de 2020.

En la petición se identifican como víctimas a los integrantes de UNPACU: José Daniel Ferrer García (fundador y líder de la organización), Fernando González Vaillant, Roilan Zarraga Ferrer y José Pupo Chaveco*, y se denuncia que los cuatro ciudadanos fueron detenidos el 1 de octubre de 2019 sin orden de arresto, al margen de las garantías judiciales contenidas en la legislación cubana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Raza e Igualdad solicita expresamente a la CIDH que, previo el trámite reglamentario, declare la responsabilidad del Estado de Cuba con base en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por la violación de los derechos a la libertad, seguridad, integridad personal, libertad de expresión, protección a la honra y reputación personal, protección familiar, salud, protección contra la detención arbitraria y proceso regular en contra de los integrantes de la UNPACU antes mencionados. También solicita que, a partir del análisis de este caso, establezca un estándar de caracterización de “personas presas políticas”.

La CIDH notificó que la petición ya fue enviada al Estado cubano para que presente sus observaciones, para lo cual le dio un plazo de tres meses que cuentan a partir del 15 de marzo de 2021.

Con el inicio a trámite de este caso, la CIDH recibirá información del Estado y de Raza e Igualdad para determinar, en un informe que hará público, si la petición es admisible o no, con base en un análisis sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento y el Estatuto de la propia Comisión. Una vez declarada la admisibilidad, la CIDH examinará los hechos, argumentos y pruebas que se hayan presentado, con lo cual estará en posibilidad, en su caso, de declarar al Estado de Cuba responsable de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de los miembros de la UNPACU y formulará al Estado recomendaciones dirigidas a brindarles justicia y reparación.

Los hechos

Tras ser detenidos el 1 de octubre de 2019, los integrantes de UNPACU estuvieron sometidos a prisión preventiva y condiciones de prisión inadecuadas durante seis meses y dos días, hasta el 03 de abril de 2020, fecha en la que fueron liberados para cumplir condenas en régimen de limitación de libertad o prisión domiciliaria. Mientras estuvieron en prisión, fueron sometidos a malos tratos, amenazas, incomunicación y condiciones que afectaron su integridad personal.

Continuum de violaciones

Las violaciones de derechos humanos que han enfrentado los integrantes de la UNPACU van más allá de los hechos alegados en la petición, pues han sido reprimidos por el Gobierno cubano en múltiples ocasiones debido a su labor de defensa y promoción de la democracia y derechos humanos en la Isla.

El fundador y líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, inició el pasado 20 de marzo una huelga de hambre a la cual se han sumado varias decenas de personas que también forman parte de UNPACU, como una forma de protestar por la represión del Gobierno que, desde hace tres semanas, mantiene cercada la sede de la organización y ha realizado varias detenciones arbitrarias de integrantes y sus familiares.

Este miércoles 7 de abril, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que expresa su “mayor alerta” ante la delicada situación de las personas que se encuentran en huelga de hambre, y responsabiliza al Gobierno por llevar a dicho extremo la represión en contra de UNPACU y sus integrantes.

Además, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón, Relator de la CIDH para Cuba, se ha pronunciado sobre esta situación, solidarizándose con los miembros de la organización y exhortando al Estado cubano a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos a fin de evitar “el riesgo a la vida e integridad de las personas que sufren ya un deterioro físico visible”.

Desde Raza e Igualdad exhortamos al Gobierno cubano a cesar las acciones de represión en contra de UNPACU y sus integrantes, y a escuchar las demandas de la sociedad civil independiente referidas a garantías de democracia y respeto de derechos humanos en la Isla.

 

*En la petición enviada a la CIDH por Raza e Igualdad en octubre de 2020, se incluyó entre las víctimas al entonces integrante de UNPACU José Pupo Chaveco; sin embargo, posteriormente se notificó formalmente a la Comisión la imposibilidad de continuar la representación del mismo, a partir de la información recibida de que ya no forma parte de la organización y se ha perdido contacto con él.

 

Cuba: La comunidad internacional debe exigir responsabilidad al Gobierno cubano por sus acciones y frenar de inmediato las detenciones arbitrarias ilegales de corta duración, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra voces disidentes

En respuesta a los actos agresivos cometidos por las autoridades policiales en las últimas semanas contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en huelga de hambre; las golpizas y los arrestos a integrantes del Movimiento San Isidro; el exilio forzado impuesto a los ciudadanos cubanos, convirtiéndolos en apátridas; los arrestos domiciliarios permanentes; y las campañas de desprestigio contra periodistas, artistas y disidentes, las 7 organizaciones abajo firmantes emiten la siguiente declaración:

“Estamos profundamente preocupados por el patrón continuo de represión contra las voces críticas que se expresan libremente sobre el actual status quo del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a poner foco con urgencia en la Isla. Las organizaciones internacionales, la prensa extranjera, los gobiernos democráticos y las embajadas presentes en La Habana deben monitorear rigurosamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos, brindar asistencia a las y los defensores de derechos humanos que sufren abusos, y exigir respuestas fehacientes al Gobierno de Cuba. Existe una necesidad urgente de solidaridad con las víctimas y una posición internacional común frente a los abusos perpetrados por la Seguridad del Estado. Estos actos no pueden normalizarse ante los ojos de la opinión pública mundial.

El Gobierno cubano debe actuar de inmediato con responsabilidad y poner fin al asedio policial y a los ataques físicos dirigidos contra miembros de la UNPACU, quienes en respuesta han estado en huelga de hambre durante más de 20 días. Deben cesar las golpizas contra integrantes del Movimiento San Isidro y las aprehensiones de corta duración ejecutadas por agentes vestidos de civil contra estos y otros artistas, periodistas y disidentes. Es inaceptable que el Gobierno cubano haya convertido las casas de los activistas en cárceles permanentes y que continúe intimidando a sus emigrados con la condena a la apatridia. Las campañas de manipulación mediática desplegadas por los medios oficiales de prensa, que constituyen una incitación al odio y la violencia contra quienes disienten del sistema político, deben ser denunciadas con urgencia.”

Antecedentes

El 20 de marzo, después de años de buscar una respuesta internacional a las graves violaciones de derechos humanos, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer[1], y casi 50 de sus miembros iniciaron una huelga de hambre como última súplica a la Seguridad del Estado para poner fin al asedio contra la organización. A pesar del delicado estado físico y mental de los 31 activistas que llevaban 15 días de huelga, turbas organizadas por las autoridades cubanas apedrearon a Ferrer y su esposa, Nelva Ortega Tamayo, el 3 de abril. Las autoridades también cortaron el acceso a internet y a las telecomunicaciones e incluso han detenido a los hijos de quienes permanecen en huelga. A medida que el país enfrenta una crisis económica y humanitaria cada vez mayor, la UNPACU se ha convertido en un elemento básico en la comunidad, proporcionando alimentos y medicamentos difíciles de encontrar.

Durante el primer trimestre de 2021, la ola de represión también afectó a miembros del Movimiento San Isidro (MSI), un grupo de artistas que iniciaron su propia huelga de hambre en noviembre de 2020 y que se han manifestado abiertamente contra las restricciones a la libertad de expresión. En los últimos meses, la Seguridad del Estado ha utilizado tácticas que esencialmente han transformado las casas de los activistas en cárceles improvisadas, impidiéndoles abandonar las viviendas. Las detenciones arbitrarias a corto plazo, que implican violencia física y abuso mental, se han utilizado de manera desproporcionada como táctica para silenciar la disidencia. Luis Manuel Otero y Maykel Obsorbo, dos de los principales objetivos, frecuentemente han regresado a casa con hematomas, heridas en la piel y ropa rota.

Hemos visto arrestos que no duran más de unas pocas horas, los cuales son ejecutados por agentes encubiertos que no informan a sus víctimas ni documentan sus acciones en registros oficiales. El 5 de abril fueron detenidos en La Habana los activistas y periodistas Luis Manuel Otero, Héctor Luis Valdés, Esteban Rodríguez, María Matienzo, Kirenia Yailit y Manuel Cruz. En Camagüey, Bárbaro de Céspedes permaneció desaparecido durante varios días, luego de ser detenido en la puerta de una iglesia. Llevaba una cruz de madera con la inscripción «61 años de comunismo» como símbolo de protesta.

En otra instancia en la que el Gobierno cubano dio marcha atrás en sus compromisos de derechos humanos, a la periodista Karla Pérez González se le prohibió el ingreso al país el 18 de marzo. Al graduarse de la Universidad de Costa Rica, Pérez González había solicitado y recibido legalmente la documentación necesaria para regresar a Cuba. Sin embargo, al aterrizar en el aeropuerto de Panamá para realizar su vuelvo de conexión en el  los funcionarios estatales informaron a los representantes de las aerolíneas que ella tenía prohibido ingresar a Cuba. Pérez González se vio obligada a retornar a Costa Rica, donde finalmente recibió refugio político. El gobierno cubano continúa intimidando a sus emigrados con la amenaza de prohibir el regreso a casa si ellos se pronuncian en contra de las políticas gubernamentales en el extranjero.

Además de los hechos antes mencionados, el Gobierno cubano ha renovado su estrategia de difamación mediática, la cual es desplegada por los medios estatales contra artistas, periodistas y activistas independientes. Este mecanismo busca frenar las posiciones críticas e intimidar a las víctimas y sus familias, al mismo tiempo que condena el apoyo internacional a las voces de la sociedad civil nacional, que son etiquetadas como «mercenarias» o «enemigas de la patria«.

A nivel internacional, Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, el Gobierno cubano no ha extendido una invitación al Relator Especial de la ONU Sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos políticos, no ha podido ingresar a Cuba desde 1989. Cuba es también el único país de las Américas que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990, y es el único país con un espacio cívico cerrado en las Américas según CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que registra violaciones de derechos cívicos a nivel mundial. Por último, en el recién publicado informe de 2021 “Libertad en el Mundo” de Freedom House, Cuba recibió la calificación de No libre, obteniendo 13 de 100 puntos posibles, la puntuación más baja de América Latina.

Lista de firmantes:

CADAL

CIVICUS

Civil Rights Defenders

Freedom House

People in Need

Race and Equality

Robert F. Kennedy Human Rights

[1] Ferrer es uno de los líderes opositores más destacados de la isla. Sufrió un arduo período en las cárceles cubanas en 2019. Amnistía Internacional también reconoció con anterioridad a Ferrer como preso de conciencia mientras estuvo encarcelado de 2003 a 2011, cuando fue víctima de una ola de represión gubernamental contra los disidentes conocida como la «Primavera Negra»; 75 personas fueron condenadas a largas penas de prisión en virtud de la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.

Día Internacional de la Visibilidad Trans: Un reconocimiento a la lucha por la defensa y protección de derechos de la población trans en la región

Washington D.C., 29 de marzo de 2021.– De cara al Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a quienes día a día luchan por la defensa y protección de los derechos de las personas trans en América Latina y el Caribe, y reitera su llamado a los Estados para desarrollar y garantizar la aplicación efectiva de políticas y leyes que aseguren el respeto, reconocimiento y pleno goce de derechos a esta comunidad en la región.

El 2021 es otro año en que la conmemoración de esta fecha está marcada por la falta de reconocimiento y protección de las personas trans, lo cual se traduce en amenazas, agresiones físicas y verbales, persecución, exclusión y, en el peor de los casos, en la muerte de personas con diversas expresiones e identidades de género. En la región latinoamericana se registró el 82% de los 350 asesinatos de personas trans ocurridos en todo el mundo entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, según la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia.

Dicha situación se vio acentuada en el 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. Por un lado, la identidad de género de las personas trans no fue tomada en cuenta entre las medidas que adoptaron algunos países para contener los contagios, por lo que quedaron excluidas y expuestas a sanciones por la falta de cumplimiento de las mismas. Por otro lado, hubo un aumento de la violencia policial y de grupos irregulares en contra de personas trans, especialmente en contra de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.

Sin embargo, a la par de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones de la sociedad civil se mantienen firmes y con la total disposición a reforzar su lucha por el reconocimiento y garantía de derechos de las personas trans. Por ello, en Raza e Igualdad esta es una oportunidad para reconocer y aplaudir la labor de defensa y protección de la comunidad trans de la región, así como reafirmar nuestro compromiso de apoyarles en sus procesos de fortalecimiento de capacidades y de incidencia ante el Sistema Interamericano y Naciones Unidas.

Como una forma de conmemorar esta fecha, conversamos con activistas de diferentes países de América Latina y el Caribe sobre cuál es su deseo en este Día Internacional de la Visibilidad Trans. También ofrecemos un breve recuento sobre la situación que enfrentan las personas trans en aquellos países donde Raza e Igualdad trabaja de la mano con organizaciones de la sociedad civil. Los retos son muy grandes, pero los sueños y las ganas de seguir luchando, también.

Reconocimiento y apoyo

Como hombre trans, el periodista brasileño Caê Vas concelos pide que los hombres trans sean vistos en su totalidad por la sociedad. “Para que podamos traer nuestras narrativas de vida, de lucha, de amor, de cariño, de todo el poder que tienen los cuerpos trans”, afirma. Vas concelos señala en particular que la falta de información conduce a la falta de preparación de los profesionales de la salud, ya que el campo ginecológico está totalmente enfocado a las mujeres. Para Caê, reconocer que los hombres transmasculinos pueden quedar embarazados y que necesitan un tratamiento específico es hacer visible su existencia, reconocer sus derechos y ciudadanía.

En Brasil, la falta de información sobre las personas trans conduce a su invisibilización y, en consecuencia, a la transfobia, ya que la negación de las existencias más allá de la cis-heteronormatividad estimula una cultura de odio y violencia. Esta triste realidad es fomentada por ideologías conservadoras y algunos sectores políticos de la sociedad, y hace a Brasil el país que más mata a personas trans, según el Dossier sobre los homicidios y la violencia contra travestis y transexuales en Brasil 2020, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

“Dejen de asesinarnos”, expresa desde Nicaragua la activista por los derechos humanos y exprisionera política, Victoria Obando. Y es que recientemente, en este país centroamericano ocurrió el asesinato atroz de Anahís Contreras, mujer trans de 22 años que era conocida como Lala y murió tras ser brutalmente golpeada por dos hombres, quienes la ataron a un caballo que la arrastró alrededor de 400 metros. Este hecho, a criterio de activistas y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, revela el nivel de violencia y exclusión que enfrentan las personas trans en Nicaragua.

Hablar de población trans en Nicaragua es hablar de Celia Cruz, cuyo caso no solo representa la violencia con la que las autoridades actúan contra las personas trans, sino que muestra el nivel de arbitrariedad del Gobierno para perseguir y criminalizar a quienes se han manifestado en su contra desde abril de 2018. Cruz es una mujer trans que se encuentra recluida en la cárcel de hombres desde el 21 de abril de 2020 y fue condenada en agosto de ese año a diez años de prisión por los delitos de obstrucción de justicia en modo agravado y secuestro extorsivo agravado.

Tomás Anzola, coordinador general encargado del Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT), de Colombia, comparte que su deseo es “que las personas trans podamos construir nuestras identidades y corporalidades en contextos amorosos y seguros, en compañía de nuestras redes de apoyo». En Colombia, la pandemia de COVID-19 ha sido determinante en el aumento de la violencia hacia las personas con experiencia de vida trans. En el 2020 se registraron 28 personas trans asesinadas (27 mujeres y 1 hombre) y en lo que va de 2021 se registran 6 asesinatos.

Con la apertura de la discusión sobre la despenalización del aborto en Colombia, varias organizaciones trans han señalado la necesidad de que les sea reconocido el acceso a este derecho sin que ello implique una negación a su identidad. De igual manera, han abierto una discusión sobre la necesidad de una reforma a la Policía Nacional, tras el ataque perpetrado contra una mujer trans en Soacha en marzo de este año, en el que un policía abusó sexualmente de ella y otros más la insultaron, agredieron y hostigaron.

A pesar de esta situación, aún no se han establecido políticas públicas efectivas, que garanticen el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas trans. Esto es sumamente preocupante porque en el día a día, los prejuicios alimentados por el abandono por parte del Estado dejan a esta población en un escenario de alta vulnerabilidad.

Vivir sin miedo y a plenitud

Isabella Fernández, de la organización Féminas, de Perú, expresa que en este día su deseo es que las personas trans puedan crecer en hogares libres de violencia y discriminación. A nivel mundial, las personas trans o con expresión e identidad de género diversas, tienen más probabilidades de abandonar su hogar debido al rechazo de sus familias, lo cual les expone a mayor discriminación y violencia.

En Perú, las organizaciones que luchan por los derechos de las personas LGBT, demandan la aprobación de una ley de identidad de género, pues al no contar con un documento de identidad que les represente ante instituciones públicas y privadas, no pueden acceder a servicios básicos como salud y educación, y las opciones de trabajo y vivienda son muy reducidas.

En República Dominicana, la activista e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), Geisha Collins, comparte que su deseo es que las mujeres trans tengan derecho a una cédula que las represente como tal, por lo que solicitan al Estado la aprobación de una ley de identidad de género. Aparte de reconocer su identidad, demandan que su derecho a la salud sea respetado tomando en cuenta sus necesidades, y que se asegure su acceso a la educación, al trabajo y a la justicia sin discriminación.

En este país caribeño, TRANSSA lidera también una campaña para la aprobación de la Ley General de Igualdad y no Discriminación, con base en el principio de igualdad que establece el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana. En dicho proyecto de ley se incluye el ámbito de la orientación sexual y la identidad de género, el cual, entre otras cosas, señala que constituye discriminación “negar el derecho a disponer de la identidad de género de su elección, lo cual implica el derecho a la reasignación de género e imagen en los documentos de Estado/públicos (…)”.

Conscientes de que la falta de reconocimiento tanto del Estado como de la sociedad en general somete a la población trans a un continuum de violencia y atropellos a sus derechos, Raza e Igualdad respalda y apoya las demandas de esta comunidad en América Latina y el Caribe. También le recuerda a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de su orientación sexual y expresión e identidad de género, por lo que les recomienda aplicar o mejorar las siguientes acciones:

  • Aprobar leyes de identidad de género que permitan a las personas trans ejercer la ciudadanía bajo su identidad de género sin ningún tipo de obstáculos y dilaciones en concordancia con la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
  • Fortalecer los programas de capacitación a funcionarios públicos –incluidos Policía y operadores de justicia—para que incluyan un enfoque sobre la identidad de género y se generen protocoles de atención
  • Investigar y sancionar los actos de violencia en contra de personas trans, y garantizarles la debida protección y diligencia durante el proceso.
  • Realizar campañas de educación y sensibilización para promover el respeto hacia las personas con orientación sexual y expresión e identidad de género diversas.
  • Crear protocolos de salud específicos sobre atención a personas trans y personas con expresiones e identidad de género diversas.
  • Recolectar y publicar datos desagregados sobre violencia contra personas LGBTI con un enfoque interseccional.
  • Firmar y ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

 

Cuba: CIDH otorga medidas cautelares a la periodista independiente María Matienzo Puerto y a la defensora de derechos humanos Kirenia Núñez Pérez

Washington D.C., 23 de marzo de 2021.– A petición del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la periodista y escritora María Matienzo Puerto, y de la activista Kirenia Núñez Pérez, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad en Cuba.

En la resolución 21/2021, la CIDH señala que, en un lapso aproximado de siete años, la pareja ha enfrentado diversos eventos de riesgo como amenazas, seguimientos, intimidaciones y agresiones, acompañados de mensajes descalificativos. La Comisión indica también que solicitó información al Estado el 18 de junio de 2020, sin que hasta la fecha haya recibido alguna respuesta.

En su análisis sobre los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, la CIDH advierte con especial preocupación que uno de los mensajes descalificativos indicaba que Núñez Pérez debía “calmar” a su pareja Matienzo Puerto. Esto, según la Comisión, manifiesta un prejuicio existente de género en torno a la labor de mujeres defensores de derechos humanos y genera una “acentuada” situación de riesgo en torno a prejuicios relacionados a “los roles que deberían jugar en la sociedad”.

En virtud de tales circunstancias, la CIDH solicitó al Estado de Cuba que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Matienzo Puerto y Núñez Pérez; b) adopte las medidas necesarias para que las beneficiarias puedan desarrollar sus actividades de periodista independiente y defensora de derechos humanos, respectivamente, sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores; c) concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes; y, d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

Intimidación y persecución

Tanto la periodista y escritora María Matienzo Puerto como la activista Kirenia Núñez Pérez –quienes comparten la misma residencia porque son pareja—son constantemente víctimas de intimidación y persecución por parte de agentes del Estado o por civiles que se identifican a favor del Gobierno, situación que trasciende a las redes sociales.

Aunque no consta en los hechos referidos por la CIDH en su resolución, cabe destacar que el último hecho de represión ocurrió el pasado 12 de marzo, día en que oficiales no identificados interceptaron a Matienzo Puerto al salir de su casa, la obligaron a subirse a un vehículo y la retuvieron por varias horas en una estación de Policía, tiempo en el que su paradero fue desconocido. Ahí, los oficiales la interrogaron y la amenazaron por su labor de periodista y por tener contacto o amistad con otros activistas independientes.

Desde Raza e Igualdad exhortamos al Estado de Cuba a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de María Matienzo Puerto y Kirenia Núñez Pérez, en correspondencia con sus obligaciones en materia de derechos humanos y como integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También llamamos a las autoridades a garantizar y respetar la labor de las y los periodistas independientes en la Isla, y de personas defensoras de derechos humanos.

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial: Llamado a los Estados para enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas inclusivas y eficaces

Washington D.C., 19 de marzo de 2021.– A un año de que el COVID-19 llegara por primera vez a las Américas, esta pandemia sigue afectando de manera desproporcionada y diferenciada a las poblaciones afrodescendientes de la región, por lo que en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial –que se conmemora cada 21 de marzo—el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado a los Estados a enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas que tengan un enfoque diferenciado y garanticen la recuperación económica para todos y todas.

Como organización que trabaja en América Latina y el Caribe en la protección y defensa de los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas, como es la población afrodescendiente, hemos venido siguiendo con atención las condiciones en que esta comunidad ha enfrentado la pandemia de COVID-19 y cuáles han sido las respuestas de los Estados. Cabe recordar que las y los afrodescendientes en las Américas suman 130 millones de personas, equivales al 21% de la población total en la región, según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Diferentes condiciones, diferente impacto

El impacto desproporcionado y diferenciado de la COVID-19 sobre la población afrodescendiente está determinado por el racismo estructural, la discriminación racial y la exclusión que esta población ha enfrentado por la acción u omisión de los Estados y sus sociedades, lo cual, en medio de la pandemia, se tradujo en falta de información adecuada para prevenir el contagio del virus y serias dificultades para acceder a los sistemas de salud en casos positivos. A esto debe añadirse el recrudecimiento de la violencia, tanto de parte de grupos criminales como de la policía, siendo ejemplo de ello Brasil y Colombia.

A excepción de Brasil, no se cuenta con cifras oficiales sobre cuántas personas afrodescendientes de los países de la región han resultado contagiadas y cuántas han fallecido por COVID-19; sin embargo, información recopilada por organizaciones de la sociedad civil da cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en que estas han enfrentado la pandemia. En agosto de 2020, Raza e Igualdad publicó un análisis que fue una primera aproximación a las condiciones en que la población afrodescendiente de la región enfrentó el COVID-19, y en él se destaca una frase de Paola Yáñez, lideresa afroboliviana y coordinadora regional de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD): “El virus de COVID-19 no discrimina, pero vivimos sus efectos de forma diferenciada porque no vivimos en iguales condiciones”.

Panorama

Gracias a la comunicación con organizaciones aliadas y con líderes y lideresas afrodescendientes de los países donde Raza e Igualdad tiene incidencia, podemos hacer referencia a condiciones particulares que pusieron en una posición de desventaja a la población afrodescendiente al momento de hacer frente a la pandemia de COVID-19, debido principalmente a la discriminación y exclusión que experimentan y a que la respuesta de los Estados no fue adecuada o no tomó en cuenta su realidades y necesidades específicas.

En Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha mantenido una actitud negacionista sobre el COVID-19, el 67% de los brasileños que dependen exclusivamente del sistema de salud pública son personas afrodescendientes, que además son la mayoría de los pacientes con diabetes, tuberculosis, hipertensión y enfermedades renales crónicas, todas consideradas agravantes para el coronavirus, de acuerdo a estadísticas de la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por COVID-19 y, de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Población, la tasa de mortalidad por este virus entre la población afrodescendiente fue de 92 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que entre la población blanca fue de 88.

En tanto, en Colombia, las organizaciones afrodescendientes alertaron sobre la vulnerabilidad de esta población en medio de la pandemia, primero porque la mayoría no goza de un seguro social, y segundo, por la condición del sector salud en sus comunidades, tanto rurales como urbanas. Por ejemplo, en ciudades como Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó), los hospitales deben atender entre 400 y 500 mil personas –la mayoría afrodescendientes e indígenas— y no disponen ni con el personal, ni con la infraestructura necesaria para atender casos de alta complejidad.

En Cuba, el Gobierno usó la excusa de las medidas impuestas para prevenir el contagio de COVID-19 para realizar detenciones arbitrarias e impedir la labor de las personas defensoras de derechos humanos en el país, incluidos representantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), quienes fueron objeto de agresiones, detenciones arbitrarias y allanamientos en el contexto de una campaña para exigir una respuesta del Gobierno sobre la implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

En el caso de Nicaragua, el secretismo del Gobierno sobre las estadísticas de salud no permite conocer el impacto real de la pandemia, pero tanto la población afrodescendiente como la indígena de la Costa Caribe del país enfrentó esta emergencia sanitaria en condiciones de precariedad. Dicha zona se encuentra bajo el constante y violento acecho de colonos y se caracteriza por tener un deficiente acceso a servicios de salud y educación, situación que se vio agravada por el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020.

En México y Perú, que son de los países que tanto a nivel mundial como regional presentan más casos y fallecimientos por COVID-19, también hubo condiciones particulares para la población afrodescendiente. En México, la aplicación del Censo 2020 –que por primera vez incluyó una pregunta de autoidentificación para el pueblo afrodescendiente— coincidió con la pandemia. En Perú, la respuesta del Estado a la emergencia sanitaria se vio trastocada por la crisis política a raíz de la destitución del presidente Martín Vizcarra.

La importancia de la Convención contra el Racismo

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y en el marco del Decenio de los Afrodescendientes 2015-2024, Raza e Igualdad recuerda a los Estados la necesidad de adoptar medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que enfrentan las y los afrodescendientes.

En ese sentido, Raza e Igualdad invita, una vez más, a la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, en tanto esta representa un marco de acción eficaz e integral para avanzar hacia la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas afrodescendientes.

A la fecha, los únicos países que han ratificado esta Convención son Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Brasil, que recién lo hizo en febrero de 2021, por lo que organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil brasileña esperan que el gobierno de Jair Bolsonaro la convierta en ley.

Desde Raza e Igualdad también recomendamos a los Estados:

  • Generar políticas públicas, programas y proyectos que combatan efectivamente el racismo estructural y la discriminación racial contra los y las afrodescendientes.
  • Mejorar los sistemas de salud, empleo y educación, incluyendo la eliminación de la brecha entre el sector rural y urbano.
  • Garantizar que las poblaciones afrodescendientes e indígenas sean una prioridad en los programas de recuperación económica de la pandemia de COVID-19.
  • Incluir en los planes de emergencia acciones dirigidas a las y los afrodescendientes, respetando el derecho de consulta y consentimiento previo, así como sus diferentes interseccionalidades, especialmente niños, mujeres, desplazados, migrantes y población LGBTI.
  • Asegurar la recolección permanente de datos estadísticos confiables y desagregados por etnia/raza con enfoques interseccionales en las áreas de salud, educación, empleo y justicia.

Raza e Igualdad se une a Relatora Especial de la ONU en su llamado al Gobierno de Cuba para poner fin a la intimidación y detención contra los integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)

Washington D.C., 11 de marzo de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra y se une al pronunciamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, en el que llama al Gobierno de Cuba a poner fin a la intimidación y detención en contra de las y los integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR).

«Los arrestos periódicos contra las personas defensoras de los derechos humanos en la Isla, la falta de acceso a representación legal durante las detenciones y la vigilancia ejercida por agentes del Departamento de Seguridad del Estado son contrarias al derecho internacional y deben cesar», dijo Lawlor, quien precisó que esta situación en contra de las personas que integran el CIR se repite desde el año 2017. Además, resaltó que se les ha impedido viajar a eventos internacionales relacionados con su trabajo de defensa de derechos humanos, sin ninguna explicación.

La Relatora Especial señaló que las personas defensoras en Cuba son objeto de ataques y frecuentemente «sufren limitaciones a su libertad de movimiento debido a lo que parece ser un entramado de inteligencia que comienza con el uso indebido del derecho penal y termina con el acoso diario de las autoridades.» Agregó que «los defensores de los derechos humanos no deben ser objeto de represalias por su legítima labor para contribuir a crear una sociedad civil y justa».

El llamamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos fue respaldado por cinco integrantes del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana, entre ellos su presidenta, Dominique Day, así como por  el Relator Especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule.

Relevancia

Raza e Igualdad destaca y celebra el hecho que este pronunciamiento surja en un momento en que el Gobierno cubano ha intensificado la persecución y criminalización en contra de activistas y representantes de la sociedad civil independiente en la Isla, entre quienes se encuentran las y los integrantes del CIR, los cuales aparte de enfrentar represión por su trabajo a favor de la justicia racial, han sido objeto de ataques con un discurso estigmatizante difundido por funcionarios y personas afines al Gobierno.

En una entrevistada brindada en días recientes a Cubavisión Internacional, el vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y presidente de la Comisión Aponte, Pedro de la Hoz, descalificó la labor del CIR y de la organización independiente Cofradía de la Negritud. Calificó a sus representantes como “infames” y “mercenarios”, tras hacer alusión al trabajo de incidencia que han realizado ante los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para denunciar las violaciones de derechos humanos de la población afrocubana.

Recordamos también que el coordinador nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo Luna, fue detenido arbitrariamente el 12 de noviembre de 2020, luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana y se llevaran varios objetos de trabajo y personales, tanto de él como de su hermana. En tanto, los también representantes del CIR, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, fueron detenidos el 22 de noviembre de 2020, durante una manifestación en el Parque Central de La Habana.

Desde Raza e Igualdad rechazamos toda declaración que estigmatice la labor de defensa de los derechos humanos y que expone a las personas que la ejercen a represalias de parte de funcionarios o personas afines al Gobierno. Demandamos que el Estado de Cuba respete los derechos a la libertad de expresión y de asociación de integrantes de la sociedad civil independiente, y recordamos que—en el caso del CIR—sus dirigentes Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el próximo 21 de marzo, llamamos a las autoridades a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población afrocubana, acorde a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La foto corresponde a una audiencia ante la CIDH en marzo de 2017, en la que participaron los representantes del CIR Marthadela Tamayo y Juan Antonio Madrazo(en el centro), en su calidad de integrantes de la sociedad civil independiente en Cuba. Crédito: CIDH/Flickr. 

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad reconoce a las mujeres que luchan por la igualdad y por un mundo mejor en medio del Covid-19

Washington D.C., 8 de marzo de 2021.– En este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a las mujeres que durante el último año se mantuvieron firmes en la lucha por la igualdad, a pesar de que sus derechos se vieron particularmente vulnerados en medio de la pandemia de Covid-19. De esta forma, Raza e Igualdad se une al tema definido este 2021 por Naciones Unidas para conmemorar este 8 de marzo, el cual se titula, “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

Raza e Igualdad conversó con mujeres de seis países de América Latina y el Caribe que participan en espacios de incidencia para la promoción y defensa de sus derechos. Les pedimos que nos compartieran su llamado a las autoridades como principales responsables del bienestar de la sociedad, pero también un mensaje de esperanza y resistencia para todas las mujeres de la región.

Unidas y seguras

Desde Colombia, Alicia Quiñónez, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), pidió a las autoridades fijar sus ojos en los territorios afrocolombianos, raizales y palenqueros, así como cuidar la vida y garantizar a las lideresas sociales el derecho a una vida digna y a poder ejercer su trabajo social, empresarial y político en sus territorios.

En su mensaje a las mujeres, dijo: “las invito a imaginarnos y trabajar por espacios políticos, empresariales y sociales que nos permitan seguir unidas, seguras y alzando nuestras voces cada día más alto con procesos organizativos que aporten y les permitan a los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros exigir sus derechos, vivir en paz, porque juntas podemos más”.

Garantía de derechos

Jessenia Casani, directora de DEMUS-Perú, expresó que las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en lograr la igualdad de género. “Necesitamos enfrentar la pandemia, pero con igualdad de género, necesitamos, por ejemplo, desplegar estrategias preventivas frente a las múltiples violencias machistas, necesitamos en este contexto garantizar derechos sexuales y reproductivos, con educación sexual integral, con anticoncepción oral de emergencia disponible, con servicios de aborto legal y seguro, con salud materna y que todos estos servicios se brinden sin discriminación y violencia”, manifestó.

Participación política

Por su parte, Rosa Castro, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, de México, señaló que es fundamental que las mujeres mantengan la denuncia de todos los tipos de violencia que enfrentan, así como la exigencia de su participación en espacios de poder. “Que ejerzamos nuestros derechos políticos y sigamos organizadas, empoderándonos y consolidando nuestra participación política en todos los espacios de toma de decisión, las mujeres debemos tener un lugar en la mesa de gobernanza para poder estar representadas en las discusiones”, refirió.

Resistir en medio de la crisis

Juanita Jiménez, directora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de Nicaragua, expuso que en medio de la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018 y de la pandemia de Covid-19, se agudizaron las vulnerabilidades de las mujeres y aumentó los riesgos para enfrentar la violencia y el femicidio. No obstante, aseguró que “la lucha por la igualdad sigue vigente porque las discriminaciones históricas y presentes continúan y se modernizan”.

“Seguimos luchando por el retorno de la democracia y el retorno de todos los derechos, queremos vivir en democracia para que se reconozca nuestra condición de humanas, que nuestros cuerpos no sean castigados por atrevernos a decidir, a pensar diferente o por criticar y fiscalizar a las autoridades; la lucha por la igualdad sigue vigente para que las niñas puedan crecer seguras, valoradas desde que nacen, que tengan acceso a las tecnologías, a la ciencia, a la educación y su desarrollo integral y lo principal, que puedan vivir libres de todas las violencias”, indicó.

Perseverancia

Lisandra Orraca, ciudadana cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), hizo un especial llamado a las autoridades para que en Cuba el delito de feminicidio sea tipificado y penado como tal. “Quisiera decirles a las mujeres de mi país que nos mantengamos unidas en la lucha por la igualdad y por el respeto hacia nuestros derechos, solo así podremos lograr un futuro mejor, libre de maltrato y de discriminación, juntas podremos lograrlo, no nos demos por vencidas jamás, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”, compartió Orraca.

Para Agatha Brooks, de la organización TRANSSA, de República Dominicana, es importante que las autoridades respondan de forma adecuada y eficiente a las violencias que enfrentan las mujeres trans, pues en medio de la pandemia de Covid-19 estas se vieron exacerbadas por la falta de una ley de identidad de género, la falta de acceso a servicios de salud y la drástica disminución de ingresos económicos. “A las mujeres, tanto cis como trans, les digo que no dejen de luchar, que nuestra lucha es constante y que, si mujeres en el pasado hubiesen dejado de luchar, no estaríamos donde estamos hoy; aunque se crea que no se ha avanzado, se ha avanzado mucho y nos falta mucho por avanzar, entonces ánimo, fuerza, nosotras podemos seguir adelante”, señaló.

Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad

La emergencia sanitaria generada por el Covid-19 no solamente sobrepasó las capacidades de la mayoría de los sistemas de salud en todo el mundo, sino que también desnudó la desigualdad, la violencia y la pobreza preexistentes en nuestras sociedades, por lo que grupos históricamente marginados como la población afrodescendiente, personas LGBTI y las mujeres, sufrieron los impactos de esta pandemia de forma extrema y diferenciada. La falta de acceso a servicios de salud, la exclusión de medidas sanitarias y la exacerbación de la violencia de género y el aumento en la carga de cuido que asumen las mujeres en los hogares, son algunas de las situaciones que se pusieron de manifiesto.

Sin embargo, a la par de todo ello, vimos cómo las mujeres que luchan por el reconocimiento y garantía de sus derechos se mantuvieron firmes y, además, aquellas en cargos públicos, personal de salud y cabezas de familia, demostraron una gran capacidad de gestión, valentía y cuidado, respectivamente. Por eso y muchos más, desde Raza e Igualdad deseamos que en este Día Internacional de la Mujer se renueven las fuerzas de todas las mujeres para seguir adelante en sus tareas y activismos, pues su aporte es esencial para contar con sociedades más justas y equitativas.

A lo largo de esta semana, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales videos con los mensajes de estas mujeres, bajo el lema “Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad”. Invitamos a unirse a esta campaña para que sus voces puedan llegar a más espacios de reflexión e incidencia.

Raza e Igualdad presenta el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional” de la mano de expertas internacionales y representantes de la sociedad civil de la región

Washington D.C., 5 de marzo de 2021.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó este jueves 4 de marzo el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional”, en un evento virtual que contó con la participación de la presidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Gladys Acosta, y representantes de organizaciones civiles regionales e internacionales que trabajan en la protección y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes y LBT (lesbianas, bisexuales y trans).

De parte de la sociedad civil, participaron Marisa Hutchinson, oficial de programa de la organización International Wome’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific); Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; Laritza Diversent, directora de la organización no gubernamental Cubalex; María Vélez, coordinadora de la iniciativa Casa Afirmativa de la organización colombiana Caribe Afirmativo; Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, y Cecilia Ramírez, activista afroperuana e integrante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), quien fue la moderadora del evento.

El director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, brindó las palabras de bienvenida en esta actividad, mientras que Melissa Monroy, autora principal del informe y asesora de Raza e Igualdad sobre Derechos de la Mujer, hizo una breve presentación del informe, cuyo análisis se enfoca en las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

El informe

Monroy explicó que este informe representa un gran esfuerzo para entender la forma en que se lleva a cabo el diálogo entre los Estados, la sociedad civil y el Comité CEDAW al momento de brindar informes y recomendaciones, respectivamente, con la particularidad de centrarse en analizar la participación y representación de las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans en esa dinámica.

Para ello, se realizó una revisión documental de los informes presentados tanto por los Estados como por la sociedad civil al Comité CEDAW entre 2010 y 2020, así como de las respuestas y recomendaciones del Comité CEDAW. Además, dijo Monroy, se entrevistó a activistas y lideresas sociales afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de cada país de estudio, para poder tener una aproximación real a sus experiencias y percepciones en torno a cómo la CEDAW impacta en sus vidas.

“Las acciones tanto del Comité CEDAW, la sociedad civil y los Estados se interrelacionan, por lo que es importante y necesario poder contar con la participación de más mujeres afrodescendientes diversas en estos escenarios, para que su voz se escuche”, señaló Monroy, quien agregó que, en ese sentido, el informe contiene recomendaciones dirigidas a los Estados, el Comité CEDAW y la sociedad civil.

CEDAW evoluciona junto a la conciencia social

La presidenta del Comité CEDAW, Gladys Acosta, reconoció que el problema planteado en el informe –que es la falta de participación y representación de las mujeres afrodescendientes diversas en la dinámica de intercambio con el  Comité CEDAW para que este formule recomendaciones a los Estados—es absolutamente real, pero aseguró que desde la adopción de la CEDAW en el año 1979, esta ha venido experimentando una serie de modificaciones para ampliar el significado de sus artículos y de sus recomendaciones, en la medida en que la lucha y la conciencia social han evolucionado. En ese sentido, recordó que dicho tratado pasó de hablar de violencia contra las mujeres, a hablar de violencia de género, que es un concepto mucho más integral.

“Ha habido una evolución que no es meramente conceptual, sino que es una evolución histórica de las luchas (…) las luchas están delante de los avances de las leyes, primero se lucha y luego viene la etapa del reconocimiento tanto a nivel nacional e internacional. Estos estándares son elásticos, por decirlo de una forma, se van ampliando conforme va creciendo la conciencia social y, por tanto, lo que dijimos en el año 1980 hoy en día es otra cosa y se han ampliado, se ha ampliado la compresión de lo que es la violación a un derecho”, dijo.

En el caso de la interseccionalidad, la experta refirió que este es un concepto que comenzó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos por cuanto esta, en su primer artículo, plantea que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. “Pone en un terreno de igualdad a todas las personas en todos los niveles, lo que pasa es que por miles de razones que no vamos a abordar aquí, se ha demorado que esto empiece a llegar a donde tiene que estar”, añadió.

“Esto está en movimiento, no es nada estático y la visibilidad de la lucha que ustedes traen está tomada en cuenta, y no solamente en el comité CEDAW, he visto este proceso en todos los Comités. Nosotros tratamos de que se construya una doctrina de los derechos humanos en su conjunto, y mientras más específico, más protector”, indicó Acosta en relación al trabajo que hacen los Comités de expertos sobre los distintos tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Debate sobre discriminación desde la interseccionalidad

Las representantes de la sociedad civil plantearon desde sus experiencias de trabajo con mujeres afrodescendientes diversas, las distintas formas en que se manifiesta la discriminación y la violencia en contra de este grupo poblacional.

“Cuando yo pienso en la interseccionalidad yo pienso especialmente en el hecho de ser una mujer negra. Nosotras vivimos discriminación a nivel de raza o de preferencia sexual, porque eres una mujer negra lesbiana o una trabajadora trans negra, entonces todas estas experiencias múltiples llegan a una razón, a una raíz, y es ser diferente a nivel racial o étnico, y esto tiene un impacto mucho más grande en cuanto a la discriminación que nosotras sufrimos”, expresó Marisa Hutchinson, oficial de programa de IWRAW Asia Pacific.

Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del PT de Brasil, señaló que es importante entender que no toda política pública desarrollada por el Estado a favor de los derechos de las mujeres puede ser alcanzada de manera diversa, principalmente en un país como Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro niega el racismo. “La prueba de esto es cuando tenemos campañas de lucha contra la violencia hacia las mujeres y tenemos una reducción de la violencia contra las mujeres no negras, pero tenemos poca atención para las mujeres, no significa que esa política del Estado vaya a alcanzar al grupo más vulnerable”, explicó.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, compartió por su parte que en Cuba las mujeres afrodescendientes sufren de forma constante discriminación y violencia de parte de las autoridades, pues existe un perfil racial que las asocia al trabajo sexual, lo cual está prohibido en la Isla. “Nos asocian a que somos mujeres más ´calientes´, que los turistas nos van a seguir, entonces somo objetivo constante de los órganos policiales y en medio de la pandemia de Covid-19 se ha exacerbado la violencia institucional contra las mujeres afrodescendientes”, detalló Diversent, quien reconoció en entre la sociedad civil cubana aún no hay una total compresión del término interseccionalidad, por lo que resulta difícil denunciar las violaciones que se dan bajo ese concepto.

En tanto, María Vélez, de Caribe Afirmativo, apuntó: “Nosotras, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans negras nos enfrentamos a la realidad a través de nuestros cuerpos racializados, por ello la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género diversa no se vive de la misma manera en los cuerpos blancos que en los cuerpos racializados debido a que el racismo se ha instalado como una cultura de opresión validada social, política, económica e incluso religiosamente (…) la interseccionalidad es un enfoque que señala la necesidad de entender las opresiones como la raza, el género y la clase, y cómo estas se interrelacionan permitiendo comprender la profundidad de la desigualdad que una persona experimenta en un contexto dado”.

Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, brindó los comentarios finales destacando la grave situación de discriminación que enfrenta la población LGBTI en este país. “Somos la población que más muere por crímenes de odio como persecución y estrangulamiento. Estas situaciones brutales tienen que parar, tienen que ser combatidas, esta realidad tiene que transformarse”, expresó.

En Raza e Igualdad, la interseccionalidad comprende un enfoque transversal en nuestras intervenciones para la protección y defensa de los grupos poblaciones con los que trabajamos, como son las personas afrodescendientes y LGBTI. Esperamos que este informe contribuya a la comprensión de este concepto como determinante de violaciones de derechos humanos, pero también como una perspectiva imprescindible en las políticas que se trazan a nivel nacional, regional e internacional de cara al reconocimiento y garantía de los derechos de todas las personas.

Acceda al informe dando clic aquí. Las versiones en portugués e inglés del informe estarán disponibles próximamente.

La grabación del evento de presentación del informe se encuentra disponible aquí.

A seis años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cubanas demandan una ley integral contra la violencia hacia las mujeres

Washington D.C., 5 de febrero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó este miércoles tres de febrero un seminario virtual en el que representantes de la sociedad civil independiente en Cuba abordaron la situación de las mujeres y niñas en la Isla, y además se lanzó el informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”.

El evento se denominó “Cuba ante la Agenda 2030. Cumplimiento del ODS-5: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas” y contó con la participación de Damaris Rozo López, directora del Observatorio Regional sobre los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Universidad de Los Andes de Colombia; María Matienzo, periodista, escritora y autora del informe; Marthadela Tamayo, defensora de derechos humanos en la Isla e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), y Eroisis González, coordinadora de la organización cubana Plataforma Femenina.

Como moderadora del webinar estuvo Johanna Villegas, oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, y las palabras de bienvenida y cierre estuvieron a cargo del Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, quien recordó que entre las metas del ODS-5 están poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas, valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, velar por la participación plena de las mujeres, garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva y los derechos de las mujeres a recursos económicos en condiciones de igualdad.

“No dejar a nadie atrás”

La directora del Observatorio Regional sobre los ODS de la Universidad de Los Andes, Damaris Rozo López, señaló que uno de los principios universales que promueve la Agenda 2030 – de la cual se desprenden los ODS—es el de “no dejar a nadie atrás” y, en ese sentido incluye, una mirada interseccional, pues sugiere hacer frente a la pobreza y la desigualdad tomando en cuenta las necesidades y situación particular de los diferentes grupos de mujeres (indígenas, afrodescendientes, LBTI, etc.).

La experta advirtió que América Latina y el Caribe enfrentan varios retos y dificultades para el alcance de la Agenda 2030. Las estimaciones indican que no se lograrán cumplir los objetivos trazados para el 2030 y, de seguir la tendencia reflejada, ni siquiera en 50 años se podrán cumplir los objetivos.

Rozo López apuntó que la pandemia de Covid-19 ha significado un gran rezago en el proceso de implementación de la Agenda; sin embargo, dijo: «Si bien estamos rezagados, no podemos quedarnos ahí; invito a la sociedad civil a presionar a los Estados para que cumplan estos Objetivos de Desarrollo Sostenible».

Situación en Cuba

Para conocer cómo avanza la implementación del ODS-5 en Cuba, la periodista y escritora María Matienzo presentó un resumen de su informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”, en el que, con base en registros propios y testimonios de mujeres, analiza cuál es la situación en la Isla. “En Cuba existe un patrón de violencia contra las mujeres que se repite a lo largo de los años, demostrando el incumplimiento del ODS-5”, refirió.

Matienzo se centró en dos aspectos: la falta de un ordenamiento jurídico para la protección y equidad de las mujeres, específicamente de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres y la tipificación del delito de feminicidio, y la criminalización del activismo por los derechos humanos. “En noviembre del año 2019 un grupo de 40 mujeres presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley integral, pero fueron desoídas”, dijo sobre el primer punto.

Respecto a la persecución y criminalización de mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, la periodista y escritora indicó que las agresiones, arrestos y actos de asedio registrados durante el 2020 son un ejemplo del nivel de violencia que enfrentan las mujeres que realizan ese tipo de labor. Como ejemplo puso el caso de la periodista Camila Acosta, quien en varias ocasiones ha sido desalojada de las casas que alquila por presión de la Seguridad del Estado y el pasado 27 de enero fue arrestada al intentar participar en una manifestación en las afueras del Ministerio de Cultura.

En sus comentarios al informe, la defensora de derechos humanos e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, y la coordinadora de la organización cubana Plataforma Femenina, Eroisis González, destacaron la particular situación de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan doble discriminación.

Al ser detenidas e interrogadas por su labor, las activistas afrocubanas escuchan de parte de oficiales de la Seguridad del Estado o de la Policía frases discriminatorias como “deberían estar agradecidas porque la Revolución las hizo personas”, refirió Tamayo. En tanto, González apuntó que en medio de la pandemia de Covid-19 las cubanas afrodescendientes han experimentado de forma más marcada el impacto de esta emergencia sanitaria, especialmente aquellas que están fuera de La Habana.

Sus demandas

Las tres activistas cubanas coincidieron en que es necesario que el Gobierno genere estadísticas reales y accesibles sobre la situación de las mujeres y niñas, además que apruebe un marco legal para la igualdad de género y la protección de las mujeres, incluyendo la tipificación del delito de feminicidio. En la Isla, el 2020 cerró con el asesinato de 32 mujeres, dos de ellas menores de edad, mientras que el primero mes del 2021 terminó con 4 feminicidios registrados, según la iniciativa Yo Sí Te Creo Cuba y la Red Femenina de Cuba, respectivamente.

Desde Raza e Igualdad, apoyamos las demandas de la sociedad civil independiente en Cuba, incluyendo las que abogan por la equidad y protección de todas las mujeres, sin ningún tipo de discriminación. Llamamos al Gobierno a escuchar las voces de las activistas y defensoras de derechos humanos para que, en correspondencia a sus obligaciones en materia de derechos humanos, diseñe e implemente políticas y leyes que garanticen una sociedad libre y equitativa.

Para consultar y descargar el informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”, acceda a este enlace.

Puede ver nuevamente el webinar aquí.

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos