Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial: Llamado a los Estados para enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas inclusivas y eficaces

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial: Llamado a los Estados para enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas inclusivas y eficaces

Washington D.C., 19 de marzo de 2021.– A un año de que el COVID-19 llegara por primera vez a las Américas, esta pandemia sigue afectando de manera desproporcionada y diferenciada a las poblaciones afrodescendientes de la región, por lo que en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial –que se conmemora cada 21 de marzo—el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado a los Estados a enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas que tengan un enfoque diferenciado y garanticen la recuperación económica para todos y todas.

Como organización que trabaja en América Latina y el Caribe en la protección y defensa de los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas, como es la población afrodescendiente, hemos venido siguiendo con atención las condiciones en que esta comunidad ha enfrentado la pandemia de COVID-19 y cuáles han sido las respuestas de los Estados. Cabe recordar que las y los afrodescendientes en las Américas suman 130 millones de personas, equivales al 21% de la población total en la región, según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Diferentes condiciones, diferente impacto

El impacto desproporcionado y diferenciado de la COVID-19 sobre la población afrodescendiente está determinado por el racismo estructural, la discriminación racial y la exclusión que esta población ha enfrentado por la acción u omisión de los Estados y sus sociedades, lo cual, en medio de la pandemia, se tradujo en falta de información adecuada para prevenir el contagio del virus y serias dificultades para acceder a los sistemas de salud en casos positivos. A esto debe añadirse el recrudecimiento de la violencia, tanto de parte de grupos criminales como de la policía, siendo ejemplo de ello Brasil y Colombia.

A excepción de Brasil, no se cuenta con cifras oficiales sobre cuántas personas afrodescendientes de los países de la región han resultado contagiadas y cuántas han fallecido por COVID-19; sin embargo, información recopilada por organizaciones de la sociedad civil da cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en que estas han enfrentado la pandemia. En agosto de 2020, Raza e Igualdad publicó un análisis que fue una primera aproximación a las condiciones en que la población afrodescendiente de la región enfrentó el COVID-19, y en él se destaca una frase de Paola Yáñez, lideresa afroboliviana y coordinadora regional de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD): “El virus de COVID-19 no discrimina, pero vivimos sus efectos de forma diferenciada porque no vivimos en iguales condiciones”.

Panorama

Gracias a la comunicación con organizaciones aliadas y con líderes y lideresas afrodescendientes de los países donde Raza e Igualdad tiene incidencia, podemos hacer referencia a condiciones particulares que pusieron en una posición de desventaja a la población afrodescendiente al momento de hacer frente a la pandemia de COVID-19, debido principalmente a la discriminación y exclusión que experimentan y a que la respuesta de los Estados no fue adecuada o no tomó en cuenta su realidades y necesidades específicas.

En Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha mantenido una actitud negacionista sobre el COVID-19, el 67% de los brasileños que dependen exclusivamente del sistema de salud pública son personas afrodescendientes, que además son la mayoría de los pacientes con diabetes, tuberculosis, hipertensión y enfermedades renales crónicas, todas consideradas agravantes para el coronavirus, de acuerdo a estadísticas de la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por COVID-19 y, de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Población, la tasa de mortalidad por este virus entre la población afrodescendiente fue de 92 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que entre la población blanca fue de 88.

En tanto, en Colombia, las organizaciones afrodescendientes alertaron sobre la vulnerabilidad de esta población en medio de la pandemia, primero porque la mayoría no goza de un seguro social, y segundo, por la condición del sector salud en sus comunidades, tanto rurales como urbanas. Por ejemplo, en ciudades como Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó), los hospitales deben atender entre 400 y 500 mil personas –la mayoría afrodescendientes e indígenas— y no disponen ni con el personal, ni con la infraestructura necesaria para atender casos de alta complejidad.

En Cuba, el Gobierno usó la excusa de las medidas impuestas para prevenir el contagio de COVID-19 para realizar detenciones arbitrarias e impedir la labor de las personas defensoras de derechos humanos en el país, incluidos representantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), quienes fueron objeto de agresiones, detenciones arbitrarias y allanamientos en el contexto de una campaña para exigir una respuesta del Gobierno sobre la implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

En el caso de Nicaragua, el secretismo del Gobierno sobre las estadísticas de salud no permite conocer el impacto real de la pandemia, pero tanto la población afrodescendiente como la indígena de la Costa Caribe del país enfrentó esta emergencia sanitaria en condiciones de precariedad. Dicha zona se encuentra bajo el constante y violento acecho de colonos y se caracteriza por tener un deficiente acceso a servicios de salud y educación, situación que se vio agravada por el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020.

En México y Perú, que son de los países que tanto a nivel mundial como regional presentan más casos y fallecimientos por COVID-19, también hubo condiciones particulares para la población afrodescendiente. En México, la aplicación del Censo 2020 –que por primera vez incluyó una pregunta de autoidentificación para el pueblo afrodescendiente— coincidió con la pandemia. En Perú, la respuesta del Estado a la emergencia sanitaria se vio trastocada por la crisis política a raíz de la destitución del presidente Martín Vizcarra.

La importancia de la Convención contra el Racismo

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y en el marco del Decenio de los Afrodescendientes 2015-2024, Raza e Igualdad recuerda a los Estados la necesidad de adoptar medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que enfrentan las y los afrodescendientes.

En ese sentido, Raza e Igualdad invita, una vez más, a la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, en tanto esta representa un marco de acción eficaz e integral para avanzar hacia la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas afrodescendientes.

A la fecha, los únicos países que han ratificado esta Convención son Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Brasil, que recién lo hizo en febrero de 2021, por lo que organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil brasileña esperan que el gobierno de Jair Bolsonaro la convierta en ley.

Desde Raza e Igualdad también recomendamos a los Estados:

  • Generar políticas públicas, programas y proyectos que combatan efectivamente el racismo estructural y la discriminación racial contra los y las afrodescendientes.
  • Mejorar los sistemas de salud, empleo y educación, incluyendo la eliminación de la brecha entre el sector rural y urbano.
  • Garantizar que las poblaciones afrodescendientes e indígenas sean una prioridad en los programas de recuperación económica de la pandemia de COVID-19.
  • Incluir en los planes de emergencia acciones dirigidas a las y los afrodescendientes, respetando el derecho de consulta y consentimiento previo, así como sus diferentes interseccionalidades, especialmente niños, mujeres, desplazados, migrantes y población LGBTI.
  • Asegurar la recolección permanente de datos estadísticos confiables y desagregados por etnia/raza con enfoques interseccionales en las áreas de salud, educación, empleo y justicia.

Raza e Igualdad se une a Relatora Especial de la ONU en su llamado al Gobierno de Cuba para poner fin a la intimidación y detención contra los integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)

Washington D.C., 11 de marzo de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra y se une al pronunciamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, en el que llama al Gobierno de Cuba a poner fin a la intimidación y detención en contra de las y los integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR).

«Los arrestos periódicos contra las personas defensoras de los derechos humanos en la Isla, la falta de acceso a representación legal durante las detenciones y la vigilancia ejercida por agentes del Departamento de Seguridad del Estado son contrarias al derecho internacional y deben cesar», dijo Lawlor, quien precisó que esta situación en contra de las personas que integran el CIR se repite desde el año 2017. Además, resaltó que se les ha impedido viajar a eventos internacionales relacionados con su trabajo de defensa de derechos humanos, sin ninguna explicación.

La Relatora Especial señaló que las personas defensoras en Cuba son objeto de ataques y frecuentemente «sufren limitaciones a su libertad de movimiento debido a lo que parece ser un entramado de inteligencia que comienza con el uso indebido del derecho penal y termina con el acoso diario de las autoridades.» Agregó que «los defensores de los derechos humanos no deben ser objeto de represalias por su legítima labor para contribuir a crear una sociedad civil y justa».

El llamamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos fue respaldado por cinco integrantes del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana, entre ellos su presidenta, Dominique Day, así como por  el Relator Especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule.

Relevancia

Raza e Igualdad destaca y celebra el hecho que este pronunciamiento surja en un momento en que el Gobierno cubano ha intensificado la persecución y criminalización en contra de activistas y representantes de la sociedad civil independiente en la Isla, entre quienes se encuentran las y los integrantes del CIR, los cuales aparte de enfrentar represión por su trabajo a favor de la justicia racial, han sido objeto de ataques con un discurso estigmatizante difundido por funcionarios y personas afines al Gobierno.

En una entrevistada brindada en días recientes a Cubavisión Internacional, el vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y presidente de la Comisión Aponte, Pedro de la Hoz, descalificó la labor del CIR y de la organización independiente Cofradía de la Negritud. Calificó a sus representantes como “infames” y “mercenarios”, tras hacer alusión al trabajo de incidencia que han realizado ante los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para denunciar las violaciones de derechos humanos de la población afrocubana.

Recordamos también que el coordinador nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo Luna, fue detenido arbitrariamente el 12 de noviembre de 2020, luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana y se llevaran varios objetos de trabajo y personales, tanto de él como de su hermana. En tanto, los también representantes del CIR, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, fueron detenidos el 22 de noviembre de 2020, durante una manifestación en el Parque Central de La Habana.

Desde Raza e Igualdad rechazamos toda declaración que estigmatice la labor de defensa de los derechos humanos y que expone a las personas que la ejercen a represalias de parte de funcionarios o personas afines al Gobierno. Demandamos que el Estado de Cuba respete los derechos a la libertad de expresión y de asociación de integrantes de la sociedad civil independiente, y recordamos que—en el caso del CIR—sus dirigentes Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el próximo 21 de marzo, llamamos a las autoridades a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población afrocubana, acorde a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La foto corresponde a una audiencia ante la CIDH en marzo de 2017, en la que participaron los representantes del CIR Marthadela Tamayo y Juan Antonio Madrazo(en el centro), en su calidad de integrantes de la sociedad civil independiente en Cuba. Crédito: CIDH/Flickr. 

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad reconoce a las mujeres que luchan por la igualdad y por un mundo mejor en medio del Covid-19

Washington D.C., 8 de marzo de 2021.– En este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a las mujeres que durante el último año se mantuvieron firmes en la lucha por la igualdad, a pesar de que sus derechos se vieron particularmente vulnerados en medio de la pandemia de Covid-19. De esta forma, Raza e Igualdad se une al tema definido este 2021 por Naciones Unidas para conmemorar este 8 de marzo, el cual se titula, “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

Raza e Igualdad conversó con mujeres de seis países de América Latina y el Caribe que participan en espacios de incidencia para la promoción y defensa de sus derechos. Les pedimos que nos compartieran su llamado a las autoridades como principales responsables del bienestar de la sociedad, pero también un mensaje de esperanza y resistencia para todas las mujeres de la región.

Unidas y seguras

Desde Colombia, Alicia Quiñónez, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), pidió a las autoridades fijar sus ojos en los territorios afrocolombianos, raizales y palenqueros, así como cuidar la vida y garantizar a las lideresas sociales el derecho a una vida digna y a poder ejercer su trabajo social, empresarial y político en sus territorios.

En su mensaje a las mujeres, dijo: “las invito a imaginarnos y trabajar por espacios políticos, empresariales y sociales que nos permitan seguir unidas, seguras y alzando nuestras voces cada día más alto con procesos organizativos que aporten y les permitan a los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros exigir sus derechos, vivir en paz, porque juntas podemos más”.

Garantía de derechos

Jessenia Casani, directora de DEMUS-Perú, expresó que las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en lograr la igualdad de género. “Necesitamos enfrentar la pandemia, pero con igualdad de género, necesitamos, por ejemplo, desplegar estrategias preventivas frente a las múltiples violencias machistas, necesitamos en este contexto garantizar derechos sexuales y reproductivos, con educación sexual integral, con anticoncepción oral de emergencia disponible, con servicios de aborto legal y seguro, con salud materna y que todos estos servicios se brinden sin discriminación y violencia”, manifestó.

Participación política

Por su parte, Rosa Castro, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, de México, señaló que es fundamental que las mujeres mantengan la denuncia de todos los tipos de violencia que enfrentan, así como la exigencia de su participación en espacios de poder. “Que ejerzamos nuestros derechos políticos y sigamos organizadas, empoderándonos y consolidando nuestra participación política en todos los espacios de toma de decisión, las mujeres debemos tener un lugar en la mesa de gobernanza para poder estar representadas en las discusiones”, refirió.

Resistir en medio de la crisis

Juanita Jiménez, directora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de Nicaragua, expuso que en medio de la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018 y de la pandemia de Covid-19, se agudizaron las vulnerabilidades de las mujeres y aumentó los riesgos para enfrentar la violencia y el femicidio. No obstante, aseguró que “la lucha por la igualdad sigue vigente porque las discriminaciones históricas y presentes continúan y se modernizan”.

“Seguimos luchando por el retorno de la democracia y el retorno de todos los derechos, queremos vivir en democracia para que se reconozca nuestra condición de humanas, que nuestros cuerpos no sean castigados por atrevernos a decidir, a pensar diferente o por criticar y fiscalizar a las autoridades; la lucha por la igualdad sigue vigente para que las niñas puedan crecer seguras, valoradas desde que nacen, que tengan acceso a las tecnologías, a la ciencia, a la educación y su desarrollo integral y lo principal, que puedan vivir libres de todas las violencias”, indicó.

Perseverancia

Lisandra Orraca, ciudadana cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), hizo un especial llamado a las autoridades para que en Cuba el delito de feminicidio sea tipificado y penado como tal. “Quisiera decirles a las mujeres de mi país que nos mantengamos unidas en la lucha por la igualdad y por el respeto hacia nuestros derechos, solo así podremos lograr un futuro mejor, libre de maltrato y de discriminación, juntas podremos lograrlo, no nos demos por vencidas jamás, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”, compartió Orraca.

Para Agatha Brooks, de la organización TRANSSA, de República Dominicana, es importante que las autoridades respondan de forma adecuada y eficiente a las violencias que enfrentan las mujeres trans, pues en medio de la pandemia de Covid-19 estas se vieron exacerbadas por la falta de una ley de identidad de género, la falta de acceso a servicios de salud y la drástica disminución de ingresos económicos. “A las mujeres, tanto cis como trans, les digo que no dejen de luchar, que nuestra lucha es constante y que, si mujeres en el pasado hubiesen dejado de luchar, no estaríamos donde estamos hoy; aunque se crea que no se ha avanzado, se ha avanzado mucho y nos falta mucho por avanzar, entonces ánimo, fuerza, nosotras podemos seguir adelante”, señaló.

Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad

La emergencia sanitaria generada por el Covid-19 no solamente sobrepasó las capacidades de la mayoría de los sistemas de salud en todo el mundo, sino que también desnudó la desigualdad, la violencia y la pobreza preexistentes en nuestras sociedades, por lo que grupos históricamente marginados como la población afrodescendiente, personas LGBTI y las mujeres, sufrieron los impactos de esta pandemia de forma extrema y diferenciada. La falta de acceso a servicios de salud, la exclusión de medidas sanitarias y la exacerbación de la violencia de género y el aumento en la carga de cuido que asumen las mujeres en los hogares, son algunas de las situaciones que se pusieron de manifiesto.

Sin embargo, a la par de todo ello, vimos cómo las mujeres que luchan por el reconocimiento y garantía de sus derechos se mantuvieron firmes y, además, aquellas en cargos públicos, personal de salud y cabezas de familia, demostraron una gran capacidad de gestión, valentía y cuidado, respectivamente. Por eso y muchos más, desde Raza e Igualdad deseamos que en este Día Internacional de la Mujer se renueven las fuerzas de todas las mujeres para seguir adelante en sus tareas y activismos, pues su aporte es esencial para contar con sociedades más justas y equitativas.

A lo largo de esta semana, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales videos con los mensajes de estas mujeres, bajo el lema “Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad”. Invitamos a unirse a esta campaña para que sus voces puedan llegar a más espacios de reflexión e incidencia.

Raza e Igualdad presenta el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional” de la mano de expertas internacionales y representantes de la sociedad civil de la región

Washington D.C., 5 de marzo de 2021.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó este jueves 4 de marzo el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional”, en un evento virtual que contó con la participación de la presidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Gladys Acosta, y representantes de organizaciones civiles regionales e internacionales que trabajan en la protección y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes y LBT (lesbianas, bisexuales y trans).

De parte de la sociedad civil, participaron Marisa Hutchinson, oficial de programa de la organización International Wome’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific); Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; Laritza Diversent, directora de la organización no gubernamental Cubalex; María Vélez, coordinadora de la iniciativa Casa Afirmativa de la organización colombiana Caribe Afirmativo; Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, y Cecilia Ramírez, activista afroperuana e integrante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), quien fue la moderadora del evento.

El director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, brindó las palabras de bienvenida en esta actividad, mientras que Melissa Monroy, autora principal del informe y asesora de Raza e Igualdad sobre Derechos de la Mujer, hizo una breve presentación del informe, cuyo análisis se enfoca en las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

El informe

Monroy explicó que este informe representa un gran esfuerzo para entender la forma en que se lleva a cabo el diálogo entre los Estados, la sociedad civil y el Comité CEDAW al momento de brindar informes y recomendaciones, respectivamente, con la particularidad de centrarse en analizar la participación y representación de las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans en esa dinámica.

Para ello, se realizó una revisión documental de los informes presentados tanto por los Estados como por la sociedad civil al Comité CEDAW entre 2010 y 2020, así como de las respuestas y recomendaciones del Comité CEDAW. Además, dijo Monroy, se entrevistó a activistas y lideresas sociales afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de cada país de estudio, para poder tener una aproximación real a sus experiencias y percepciones en torno a cómo la CEDAW impacta en sus vidas.

“Las acciones tanto del Comité CEDAW, la sociedad civil y los Estados se interrelacionan, por lo que es importante y necesario poder contar con la participación de más mujeres afrodescendientes diversas en estos escenarios, para que su voz se escuche”, señaló Monroy, quien agregó que, en ese sentido, el informe contiene recomendaciones dirigidas a los Estados, el Comité CEDAW y la sociedad civil.

CEDAW evoluciona junto a la conciencia social

La presidenta del Comité CEDAW, Gladys Acosta, reconoció que el problema planteado en el informe –que es la falta de participación y representación de las mujeres afrodescendientes diversas en la dinámica de intercambio con el  Comité CEDAW para que este formule recomendaciones a los Estados—es absolutamente real, pero aseguró que desde la adopción de la CEDAW en el año 1979, esta ha venido experimentando una serie de modificaciones para ampliar el significado de sus artículos y de sus recomendaciones, en la medida en que la lucha y la conciencia social han evolucionado. En ese sentido, recordó que dicho tratado pasó de hablar de violencia contra las mujeres, a hablar de violencia de género, que es un concepto mucho más integral.

“Ha habido una evolución que no es meramente conceptual, sino que es una evolución histórica de las luchas (…) las luchas están delante de los avances de las leyes, primero se lucha y luego viene la etapa del reconocimiento tanto a nivel nacional e internacional. Estos estándares son elásticos, por decirlo de una forma, se van ampliando conforme va creciendo la conciencia social y, por tanto, lo que dijimos en el año 1980 hoy en día es otra cosa y se han ampliado, se ha ampliado la compresión de lo que es la violación a un derecho”, dijo.

En el caso de la interseccionalidad, la experta refirió que este es un concepto que comenzó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos por cuanto esta, en su primer artículo, plantea que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. “Pone en un terreno de igualdad a todas las personas en todos los niveles, lo que pasa es que por miles de razones que no vamos a abordar aquí, se ha demorado que esto empiece a llegar a donde tiene que estar”, añadió.

“Esto está en movimiento, no es nada estático y la visibilidad de la lucha que ustedes traen está tomada en cuenta, y no solamente en el comité CEDAW, he visto este proceso en todos los Comités. Nosotros tratamos de que se construya una doctrina de los derechos humanos en su conjunto, y mientras más específico, más protector”, indicó Acosta en relación al trabajo que hacen los Comités de expertos sobre los distintos tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Debate sobre discriminación desde la interseccionalidad

Las representantes de la sociedad civil plantearon desde sus experiencias de trabajo con mujeres afrodescendientes diversas, las distintas formas en que se manifiesta la discriminación y la violencia en contra de este grupo poblacional.

“Cuando yo pienso en la interseccionalidad yo pienso especialmente en el hecho de ser una mujer negra. Nosotras vivimos discriminación a nivel de raza o de preferencia sexual, porque eres una mujer negra lesbiana o una trabajadora trans negra, entonces todas estas experiencias múltiples llegan a una razón, a una raíz, y es ser diferente a nivel racial o étnico, y esto tiene un impacto mucho más grande en cuanto a la discriminación que nosotras sufrimos”, expresó Marisa Hutchinson, oficial de programa de IWRAW Asia Pacific.

Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del PT de Brasil, señaló que es importante entender que no toda política pública desarrollada por el Estado a favor de los derechos de las mujeres puede ser alcanzada de manera diversa, principalmente en un país como Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro niega el racismo. “La prueba de esto es cuando tenemos campañas de lucha contra la violencia hacia las mujeres y tenemos una reducción de la violencia contra las mujeres no negras, pero tenemos poca atención para las mujeres, no significa que esa política del Estado vaya a alcanzar al grupo más vulnerable”, explicó.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, compartió por su parte que en Cuba las mujeres afrodescendientes sufren de forma constante discriminación y violencia de parte de las autoridades, pues existe un perfil racial que las asocia al trabajo sexual, lo cual está prohibido en la Isla. “Nos asocian a que somos mujeres más ´calientes´, que los turistas nos van a seguir, entonces somo objetivo constante de los órganos policiales y en medio de la pandemia de Covid-19 se ha exacerbado la violencia institucional contra las mujeres afrodescendientes”, detalló Diversent, quien reconoció en entre la sociedad civil cubana aún no hay una total compresión del término interseccionalidad, por lo que resulta difícil denunciar las violaciones que se dan bajo ese concepto.

En tanto, María Vélez, de Caribe Afirmativo, apuntó: “Nosotras, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans negras nos enfrentamos a la realidad a través de nuestros cuerpos racializados, por ello la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género diversa no se vive de la misma manera en los cuerpos blancos que en los cuerpos racializados debido a que el racismo se ha instalado como una cultura de opresión validada social, política, económica e incluso religiosamente (…) la interseccionalidad es un enfoque que señala la necesidad de entender las opresiones como la raza, el género y la clase, y cómo estas se interrelacionan permitiendo comprender la profundidad de la desigualdad que una persona experimenta en un contexto dado”.

Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, brindó los comentarios finales destacando la grave situación de discriminación que enfrenta la población LGBTI en este país. “Somos la población que más muere por crímenes de odio como persecución y estrangulamiento. Estas situaciones brutales tienen que parar, tienen que ser combatidas, esta realidad tiene que transformarse”, expresó.

En Raza e Igualdad, la interseccionalidad comprende un enfoque transversal en nuestras intervenciones para la protección y defensa de los grupos poblaciones con los que trabajamos, como son las personas afrodescendientes y LGBTI. Esperamos que este informe contribuya a la comprensión de este concepto como determinante de violaciones de derechos humanos, pero también como una perspectiva imprescindible en las políticas que se trazan a nivel nacional, regional e internacional de cara al reconocimiento y garantía de los derechos de todas las personas.

Acceda al informe dando clic aquí. Las versiones en portugués e inglés del informe estarán disponibles próximamente.

La grabación del evento de presentación del informe se encuentra disponible aquí.

A seis años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cubanas demandan una ley integral contra la violencia hacia las mujeres

Washington D.C., 5 de febrero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó este miércoles tres de febrero un seminario virtual en el que representantes de la sociedad civil independiente en Cuba abordaron la situación de las mujeres y niñas en la Isla, y además se lanzó el informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”.

El evento se denominó “Cuba ante la Agenda 2030. Cumplimiento del ODS-5: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas” y contó con la participación de Damaris Rozo López, directora del Observatorio Regional sobre los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Universidad de Los Andes de Colombia; María Matienzo, periodista, escritora y autora del informe; Marthadela Tamayo, defensora de derechos humanos en la Isla e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), y Eroisis González, coordinadora de la organización cubana Plataforma Femenina.

Como moderadora del webinar estuvo Johanna Villegas, oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, y las palabras de bienvenida y cierre estuvieron a cargo del Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, quien recordó que entre las metas del ODS-5 están poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas, valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, velar por la participación plena de las mujeres, garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva y los derechos de las mujeres a recursos económicos en condiciones de igualdad.

“No dejar a nadie atrás”

La directora del Observatorio Regional sobre los ODS de la Universidad de Los Andes, Damaris Rozo López, señaló que uno de los principios universales que promueve la Agenda 2030 – de la cual se desprenden los ODS—es el de “no dejar a nadie atrás” y, en ese sentido incluye, una mirada interseccional, pues sugiere hacer frente a la pobreza y la desigualdad tomando en cuenta las necesidades y situación particular de los diferentes grupos de mujeres (indígenas, afrodescendientes, LBTI, etc.).

La experta advirtió que América Latina y el Caribe enfrentan varios retos y dificultades para el alcance de la Agenda 2030. Las estimaciones indican que no se lograrán cumplir los objetivos trazados para el 2030 y, de seguir la tendencia reflejada, ni siquiera en 50 años se podrán cumplir los objetivos.

Rozo López apuntó que la pandemia de Covid-19 ha significado un gran rezago en el proceso de implementación de la Agenda; sin embargo, dijo: «Si bien estamos rezagados, no podemos quedarnos ahí; invito a la sociedad civil a presionar a los Estados para que cumplan estos Objetivos de Desarrollo Sostenible».

Situación en Cuba

Para conocer cómo avanza la implementación del ODS-5 en Cuba, la periodista y escritora María Matienzo presentó un resumen de su informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”, en el que, con base en registros propios y testimonios de mujeres, analiza cuál es la situación en la Isla. “En Cuba existe un patrón de violencia contra las mujeres que se repite a lo largo de los años, demostrando el incumplimiento del ODS-5”, refirió.

Matienzo se centró en dos aspectos: la falta de un ordenamiento jurídico para la protección y equidad de las mujeres, específicamente de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres y la tipificación del delito de feminicidio, y la criminalización del activismo por los derechos humanos. “En noviembre del año 2019 un grupo de 40 mujeres presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley integral, pero fueron desoídas”, dijo sobre el primer punto.

Respecto a la persecución y criminalización de mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, la periodista y escritora indicó que las agresiones, arrestos y actos de asedio registrados durante el 2020 son un ejemplo del nivel de violencia que enfrentan las mujeres que realizan ese tipo de labor. Como ejemplo puso el caso de la periodista Camila Acosta, quien en varias ocasiones ha sido desalojada de las casas que alquila por presión de la Seguridad del Estado y el pasado 27 de enero fue arrestada al intentar participar en una manifestación en las afueras del Ministerio de Cultura.

En sus comentarios al informe, la defensora de derechos humanos e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, y la coordinadora de la organización cubana Plataforma Femenina, Eroisis González, destacaron la particular situación de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan doble discriminación.

Al ser detenidas e interrogadas por su labor, las activistas afrocubanas escuchan de parte de oficiales de la Seguridad del Estado o de la Policía frases discriminatorias como “deberían estar agradecidas porque la Revolución las hizo personas”, refirió Tamayo. En tanto, González apuntó que en medio de la pandemia de Covid-19 las cubanas afrodescendientes han experimentado de forma más marcada el impacto de esta emergencia sanitaria, especialmente aquellas que están fuera de La Habana.

Sus demandas

Las tres activistas cubanas coincidieron en que es necesario que el Gobierno genere estadísticas reales y accesibles sobre la situación de las mujeres y niñas, además que apruebe un marco legal para la igualdad de género y la protección de las mujeres, incluyendo la tipificación del delito de feminicidio. En la Isla, el 2020 cerró con el asesinato de 32 mujeres, dos de ellas menores de edad, mientras que el primero mes del 2021 terminó con 4 feminicidios registrados, según la iniciativa Yo Sí Te Creo Cuba y la Red Femenina de Cuba, respectivamente.

Desde Raza e Igualdad, apoyamos las demandas de la sociedad civil independiente en Cuba, incluyendo las que abogan por la equidad y protección de todas las mujeres, sin ningún tipo de discriminación. Llamamos al Gobierno a escuchar las voces de las activistas y defensoras de derechos humanos para que, en correspondencia a sus obligaciones en materia de derechos humanos, diseñe e implemente políticas y leyes que garanticen una sociedad libre y equitativa.

Para consultar y descargar el informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”, acceda a este enlace.

Puede ver nuevamente el webinar aquí.

Dirigentes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial de Cuba reciben medidas cautelares de parte de la CIDH a solicitud de Raza e Igualdad

Washington D.C., 22 de enero de 2021.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, todos defensores de derechos humanos e integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.

La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, así como para que puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores, incluyendo medidas para que puedan ejercer su libertad de expresión.

La Comisión también solicitó al Estado que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes e informe, en un plazo de 15 días, sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.

Raza e Igualdad solicitó las medidas cautelares detallando la situación de amenazas, hostigamientos, vigilancias, persecuciones, detenciones y actos de violencia que enfrentan Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González, Osvaldo Navarro Veloz y otros miembros del CIR, quienes han sido detenidos de manera arbitraria en varias ocasiones.

Hechos de persecución

Entre los hechos de persecución que han enfrentado los tres integrantes del CIR que fueron beneficiados con las medidas cautelares, está la detención de su Coordinador Nacional, Juan Antonio Madrazo Luna, el 12 de noviembre de 2020, luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana y se llevaran varios objetos de trabajo y personales, tanto de él como de su hermana. En esa ocasión, el líder afrocubano estuvo en paradero desconocido por más de 18 horas.

Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz también han enfrentado varios actos de represión, como la detención de la que fueron objeto el 22 de noviembre de 2020, durante una manifestación en el Parque Central de La Habana para exigir la liberación del músico y miembro del Movimiento San Isidro, Denis Solís. Antes de ser detenidos, ambos fueron asediados y fuertemente golpeados por simpatizantes del Gobierno.

Raza e Igualdad espera que, atendiendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, el Estado de Cuba atienda las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y garantice la integridad personal de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz. Además, que les permita realizar su labor de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de persecución, asedio y actos de violencia de parte de la Policía, la Seguridad del Estado o personas afines al Gobierno.

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

Lideresas afrodescendientes de la región llaman a incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas sobre la participación de las mujeres en cargos públicos y de elección popular

Bogotá, 27 de noviembre de 2020.– En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reunió en un evento virtual a seis lideresas de América Latina y el Caribe, para conversar sobre los retos y oportunidades de la participación política de las mujeres afrodescendientes en la región. Las panelistas coincidieron en que ha habido un aumento en la participación de mujeres en puestos de poder y/o elección popular, pero es necesario incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas sobre la participación de las mujeres en dichos espacios.

El webinar “Participación política de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Retos y Oportunidades” se llevó a cabo el martes 24 de noviembre y contó con la participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; la diputada del Congreso de Honduras, Johana Bermúdez; la activista y precandidata a la Presidencia de Colombia, Francia Márquez; la secretaria LGBTI del Partido de los Trabajadores de Brasil, Yanaina Oliveira; la activista cubana e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Marthadela Tamayo González, y la coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Paola Yáñez, quien estuvo a cargo de moderar el evento.

La Vicepresidenta de Costa Rica señaló que la participación de mujeres en general en los Congresos de la región se ubica actualmente en un 30%, cuando antes era de entre 10% y 15%; sin embargo, dijo que en el caso de los pueblos y mujeres afrodescendientes esa participación es mucho más limitada. En ese sentido, planteó la necesidad incluir el enfoque étnico-racial en las leyes sobre participación política de las mujeres, así como trabajar con los partidos políticos para que asuman dicha perspectiva. “Promover la participación y desconocer la diversidad de mujeres que hay en una sociedad genera más brechas de desigualdad”, expresó.

Violencia política

Francia Márquez, activista por los derechos humanos y precandidata a la Presidencia de Colombia, indicó que como potencial aspirante a dicho cargo se enfrenta a muchos retos, entre ellos el racismo estructural y el conflicto armado que persisten en el país. “Ya dije que quiero ser candidata a la Presidencia y ya comenzaron los ‘peros’, acusaciones, excusas, ‘no sabe’, ‘no puede’, ‘no conoce’; eso es una estrategia para que no ocupemos espacios de poder, y si no hay una decisión nuestra para participar y hacer entender a nuestra gente que el voto es importante, difícilmente vamos a cerrar esas brechas de igualdad e inequidad”, apuntó.

La congresista hondureña Johana Bermúdez señaló en ese sentido que la violencia contra las mujeres en cualquier escenario es terrible, pero cuando ocupan cargos en espacios públicos es peor. Refirió que actualmente la violencia digital es una de las principales expresiones de dicha violencia y que, por tanto, hay mujeres que no se animan a participar en la política, pues tienen miedo de ser víctimas del escarnio público. La congresista resaltó además que en medio de la pandemia de Covid-19 ha quedado demostrada la capacidad de gestión y liderazgo de las mujeres, ya que los países con mayor transparencia y mejor comunicación en el manejo de la emergencia sanitaria son aquellos que están liderados por mujeres.

Yanaina Oliveira, secretaria LGBTI del Partido de los Trabajadores de Brasil, agregó que las mujeres negras que corren como candidatas a puestos de elección popular, son víctimas de ofensas racistas y sexistas, un discurso que está principalmente promovido por el presidente Jair Bolsonaro, quien insiste en que en el país no hay racismo y se caracteriza por hacer comentarios misóginos, dijo. “Nuestros cuerpos son víctima de violencia de parte de los representantes del Estado”, enfatizó. La lideresa afrobrasileña recordó sin embargo que, en las últimas elecciones de legisladores e intendentes, quedaron electas 25 personas trans, algo histórico es Brasil, donde la política ha estado dominada por personas blancas y hombres.

En tanto, la activista cubana e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, se refirió a la persecución y criminalización que enfrentan las personas que intentan promover prácticas electorales democráticas en Cuba, sobre todo si se trata de mujeres racializadas. Mencionó en particular la agresión que sufrieron ella y otros miembros del CIR, así como periodistas independientes, de parte de oficiales de la Seguridad del Estado, la Policía y simpatizantes del Gobierno, el domingo 22 de noviembre en el Parque Central de La Habana, a donde se habían congregado para manifestarse contra la detención del músico y activista Denis Solís.

Desde Raza e Igualdad acompañamos las demandas de las mujeres afrodescendientes para hacer efectiva su participación en espacios de poder, y hacemos eco del llamado a incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas que promueven su participación política.

Puede mirar nuevamente el evento virtual por medio de este enlace: https://fb.watch/20S-Qux7zv/ 

Raza e Igualdad condena represión del Gobierno cubano en contra de la sociedad civil y prensa independiente y exige respeto a la libertad de expresión y reunión pacífica

Washington D.C., 25 de noviembre de 2020.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena las acciones de represión que mantiene el Gobierno de Cuba en contra de la sociedad civil independiente en la Isla, a raíz de las protestas por la detención y enjuiciamiento del músico y activista Denis Solís. El domingo pasado estas acciones escalaron a un nivel más alto con la agresión y detención de más de una decena de activistas, además del asedio y censura a la prensa independiente local y extranjera.

Hasta el lunes, se supo de al menos 16 detenciones arbitrarias realizadas el domingo, la mayoría en el Parque Central de La Habana, a donde activistas y periodistas independientes habían acudido para realizar una manifestación pacífica para exigir la liberación del integrante del Movimiento San Isidro, Denís Solís. Solís fue detenido el pasado nueve de noviembre y condenado a ocho meses de prisión en un juicio sumario por el supuesto delito de “desacato”.

Las personas detenidas fueron liberadas poco tiempo después, pero mientras estuvieron retenidas fueron interrogadas, amenazadas y muchas fueron golpeadas. Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), están entre las personas que estuvieron privadas de libertad, así como la Dama de Blanco Berta Soler, el activista Ángel Moya, la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, y el periodista independiente Héctor Luis Valdés. En otras provincias también se reportaron incidentes. Por ejemplo, en Antilla, provincia de Holguín, fue detenido el colaborador del CIR, Esber Rafael Ramírez Argota, mientras que en la provincia de Matanzas las Damas de Blanco Leticia Ramos Herrería y Marisol Fernández Socorro también fueron arrestadas.

Según información proporcionada a Raza e Igualdad, la jornada se tornó violenta no sólo por el gran número de oficiales de la Policía Revolucionaria y de la Seguridad del Estado que se dispersaron por el Parque Central en busca de los manifestantes, sino también por la aglomeración de grupos de civiles afines al Gobierno que frente a la omisión de las autoridades cubanas, gritaban ofensas y propinaban golpizas a los activistas y a los periodistas, tanto de la prensa local como internacional. En el caso de las y los activistas afrodescendientes, hubo insultos racistas.

Persecución al CIR

Cabe destacar que esta es la segunda ocasión en que integrantes del CIR son detenidos de forma arbitraria en lo que va de noviembre. Por un lado, el coordinador nacional de la organización, Juan Antonio Madrazo Luna, fue detenido luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana el pasado 12 de noviembre. El líder afrocubano estuvo en paradero desconocido por más de 18 horas y tanto a él como a su hermana Jacqueline Madrazo Luna, les incautaron sus computadoras personales, cinco cámaras de video, tres discos duros, un proyector, una grabadora de periodismo, una impresora, documentos del CIR, dinero en efectivo y otros bienes personales.

En tanto, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, fueron detenidos el pasado 19 de noviembre, a eso de las 10:30 de la mañana, en las afueras de su vivienda, ubicada en la capital cubana, mientras intentaban trasladarse a la sede del CIR, donde se iba a realizar una conferencia de prensa para abordar la falta de respuesta del Gobierno un año después del lanzamiento del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

Según información compartida por el CIR a Raza e Igualdad, los activistas fueron trasladados en una patrulla a una unidad policial ubicada en Alta Habana, donde estuvieron detenidos por aproximadamente 48 minutos. Fueron obligados a permanecer durante todo ese tiempo en la patrulla encerrados y bajo sol. Luego de este tiempo fueron interrogados por dos oficiales identificados como “Osvaldo” y “Ricardo”; éste último es misma persona que dirigió la detención de Madrazo Luna.

Durante el interrogatorio, “Ricardo” los amenazó para que cesen su activismo con el CIR advirtiéndoles que no “les va a permitir ridiculizar la figura del presidente Díaz-Canel en las redes sociales”. Esto en clara alusión a la campaña que el CIR ha mantenido en el último mes en sus diferentes canales de comunicación para demandar una respuesta del Gobierno un año después del lanzamiento del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Aproximadamente a las 12:30 pm fueron conducidos a la Unidad de Santiago de Las Vegas, donde finalmente fueron liberados a eso de las 2:50 pm.

En esa ocasión, la conferencia de prensa convocada por el CIR no pudo desarrollarse porque ninguno de los periodistas independientes invitados pudo acceder al lugar del evento. Su coordinador nacional, Juan Antonio Madrazo, dijo que su casa y también sede del CIR amaneció sitiada por agentes de la Seguridad del Estado, quienes permanecieron discretamente escondidos en las esquinas y vestidos de civil atentos a la concurrencia de las personas invitadas.

Represión en aumento

Tras la detención del músico y activista Denis Solís el pasado nueve de noviembre, el Gobierno cubano ha recrudecido las acciones violatorias de la libertad de expresión y ha aumentado las detenciones arbitrarias y ataques contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes y artistas, pues estos se han unido para sobreponerse al asedio y censura y exigir a través de diferentes formas la liberación de Solís.

En la sede del Movimiento San Isidro permanecen atrincheradas 14 personas que se reunieron ahí el pasado 18 de noviembre para realizar una peregrinación a modo de protesta, pero fueron sitiadas por oficiales de la Seguridad del Estado, por lo que algunas decidieron iniciar huelga de hambre y/o sed. Hasta el momento se conoce que dos mantienen huelga de hambre y sed, y cinco están en huelga de hambre.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al gobierno cubano para que cesen los hechos de hostigamiento y persecución en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluidos los miembros del CIR. Creemos oportuno recordar la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos que exhortan a los Estados a desistir de la intimidación y suspensión de labores de defensa de los activistas y prohíben su discriminación incluso por motivos políticos. Además, nos unimos al llamado realizado este lunes 23 de noviembre  por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se exhorta al Estado cubano “a poner fin en el más breve plazo a la práctica de acoso y hostigamiento de activistas, artistas y periodistas independientes que ejercen su derecho a la libertad de expresión”.

Mire aquí imágenes sobre la represión del domingo 22 de noviembre en el Parque Central de La Habana:

Foto de los activistas Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz tras ser liberados el pasado 19 de noviembre. 

Raza e Igualdad invita al webinar Participación Política de Mujeres Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Retos y Oportunidades

Washington D.C., 20 de noviembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), junto a la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, invita al webinar Participación Política de Mujeres Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Retos y Oportunidades. Este evento virtual se realizará en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, y busca ser un espacio de diálogo sur-sur entre mujeres afrodescendientes que han participado en espacios políticos-electorales.

El evento se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre a las 5:00 pm (hora de Colombia) y contará con la participación de Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de Costa Rica; Francia Márquez, activista y precandidata presidencial colombiana; Johana Bermúdez, diputada del Congreso Nacional de Honduras; Janaina Oliveira, secretaria nacional LBGT del Partido de los Trabajadores de Brasil, y una representante de la sociedad civil independiente de Cuba. En tanto, a conducción estará a cargo de Paola Yañez, coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.

A lo largo del evento, las panelistas expondrán su experiencia participando en espacios políticos-electorales en diferentes países de la región, y ofrecerán recomendaciones para otras mujeres en situaciones similares. A través de este webinar, se busca promover un dialogo sur-sur entre mujeres afrodescendientes que han participado en espacios políticos.

El evento se desarrollará en la plataforma Zoom. Para inscribirse acceda a este enlace https://bit.ly/3faBSqy, o bien, se puede seguir la transmisión en vivo en la página de Raza e Igualdad en Facebook: https://www.facebook.com/raceandequality. Cabe destacar que en Zoom habrá interpretación simultánea español / portugués.

Raza e Igualdad invita a seguir las actualizaciones previas al evento, las cuales se estarán publicando en las redes sociales de la organización y de Caribe Afirmativo y la Misión de Observación Electoral, organizaciones colombianas que apoyan en la convocatoria.

Para más información sobre este webinar, puede contactarse con Melissa Monroy por medio del correo monroy@oldrace.wp

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