Dirigentes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial de Cuba reciben medidas cautelares de parte de la CIDH a solicitud de Raza e Igualdad

Dirigentes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial de Cuba reciben medidas cautelares de parte de la CIDH a solicitud de Raza e Igualdad

Washington D.C., 22 de enero de 2021.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, todos defensores de derechos humanos e integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.

La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, así como para que puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores, incluyendo medidas para que puedan ejercer su libertad de expresión.

La Comisión también solicitó al Estado que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes e informe, en un plazo de 15 días, sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.

Raza e Igualdad solicitó las medidas cautelares detallando la situación de amenazas, hostigamientos, vigilancias, persecuciones, detenciones y actos de violencia que enfrentan Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González, Osvaldo Navarro Veloz y otros miembros del CIR, quienes han sido detenidos de manera arbitraria en varias ocasiones.

Hechos de persecución

Entre los hechos de persecución que han enfrentado los tres integrantes del CIR que fueron beneficiados con las medidas cautelares, está la detención de su Coordinador Nacional, Juan Antonio Madrazo Luna, el 12 de noviembre de 2020, luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana y se llevaran varios objetos de trabajo y personales, tanto de él como de su hermana. En esa ocasión, el líder afrocubano estuvo en paradero desconocido por más de 18 horas.

Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz también han enfrentado varios actos de represión, como la detención de la que fueron objeto el 22 de noviembre de 2020, durante una manifestación en el Parque Central de La Habana para exigir la liberación del músico y miembro del Movimiento San Isidro, Denis Solís. Antes de ser detenidos, ambos fueron asediados y fuertemente golpeados por simpatizantes del Gobierno.

Raza e Igualdad espera que, atendiendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, el Estado de Cuba atienda las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y garantice la integridad personal de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz. Además, que les permita realizar su labor de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de persecución, asedio y actos de violencia de parte de la Policía, la Seguridad del Estado o personas afines al Gobierno.

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

Lideresas afrodescendientes de la región llaman a incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas sobre la participación de las mujeres en cargos públicos y de elección popular

Bogotá, 27 de noviembre de 2020.– En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reunió en un evento virtual a seis lideresas de América Latina y el Caribe, para conversar sobre los retos y oportunidades de la participación política de las mujeres afrodescendientes en la región. Las panelistas coincidieron en que ha habido un aumento en la participación de mujeres en puestos de poder y/o elección popular, pero es necesario incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas sobre la participación de las mujeres en dichos espacios.

El webinar “Participación política de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Retos y Oportunidades” se llevó a cabo el martes 24 de noviembre y contó con la participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; la diputada del Congreso de Honduras, Johana Bermúdez; la activista y precandidata a la Presidencia de Colombia, Francia Márquez; la secretaria LGBTI del Partido de los Trabajadores de Brasil, Yanaina Oliveira; la activista cubana e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Marthadela Tamayo González, y la coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Paola Yáñez, quien estuvo a cargo de moderar el evento.

La Vicepresidenta de Costa Rica señaló que la participación de mujeres en general en los Congresos de la región se ubica actualmente en un 30%, cuando antes era de entre 10% y 15%; sin embargo, dijo que en el caso de los pueblos y mujeres afrodescendientes esa participación es mucho más limitada. En ese sentido, planteó la necesidad incluir el enfoque étnico-racial en las leyes sobre participación política de las mujeres, así como trabajar con los partidos políticos para que asuman dicha perspectiva. “Promover la participación y desconocer la diversidad de mujeres que hay en una sociedad genera más brechas de desigualdad”, expresó.

Violencia política

Francia Márquez, activista por los derechos humanos y precandidata a la Presidencia de Colombia, indicó que como potencial aspirante a dicho cargo se enfrenta a muchos retos, entre ellos el racismo estructural y el conflicto armado que persisten en el país. “Ya dije que quiero ser candidata a la Presidencia y ya comenzaron los ‘peros’, acusaciones, excusas, ‘no sabe’, ‘no puede’, ‘no conoce’; eso es una estrategia para que no ocupemos espacios de poder, y si no hay una decisión nuestra para participar y hacer entender a nuestra gente que el voto es importante, difícilmente vamos a cerrar esas brechas de igualdad e inequidad”, apuntó.

La congresista hondureña Johana Bermúdez señaló en ese sentido que la violencia contra las mujeres en cualquier escenario es terrible, pero cuando ocupan cargos en espacios públicos es peor. Refirió que actualmente la violencia digital es una de las principales expresiones de dicha violencia y que, por tanto, hay mujeres que no se animan a participar en la política, pues tienen miedo de ser víctimas del escarnio público. La congresista resaltó además que en medio de la pandemia de Covid-19 ha quedado demostrada la capacidad de gestión y liderazgo de las mujeres, ya que los países con mayor transparencia y mejor comunicación en el manejo de la emergencia sanitaria son aquellos que están liderados por mujeres.

Yanaina Oliveira, secretaria LGBTI del Partido de los Trabajadores de Brasil, agregó que las mujeres negras que corren como candidatas a puestos de elección popular, son víctimas de ofensas racistas y sexistas, un discurso que está principalmente promovido por el presidente Jair Bolsonaro, quien insiste en que en el país no hay racismo y se caracteriza por hacer comentarios misóginos, dijo. “Nuestros cuerpos son víctima de violencia de parte de los representantes del Estado”, enfatizó. La lideresa afrobrasileña recordó sin embargo que, en las últimas elecciones de legisladores e intendentes, quedaron electas 25 personas trans, algo histórico es Brasil, donde la política ha estado dominada por personas blancas y hombres.

En tanto, la activista cubana e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, se refirió a la persecución y criminalización que enfrentan las personas que intentan promover prácticas electorales democráticas en Cuba, sobre todo si se trata de mujeres racializadas. Mencionó en particular la agresión que sufrieron ella y otros miembros del CIR, así como periodistas independientes, de parte de oficiales de la Seguridad del Estado, la Policía y simpatizantes del Gobierno, el domingo 22 de noviembre en el Parque Central de La Habana, a donde se habían congregado para manifestarse contra la detención del músico y activista Denis Solís.

Desde Raza e Igualdad acompañamos las demandas de las mujeres afrodescendientes para hacer efectiva su participación en espacios de poder, y hacemos eco del llamado a incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas que promueven su participación política.

Puede mirar nuevamente el evento virtual por medio de este enlace: https://fb.watch/20S-Qux7zv/ 

Raza e Igualdad condena represión del Gobierno cubano en contra de la sociedad civil y prensa independiente y exige respeto a la libertad de expresión y reunión pacífica

Washington D.C., 25 de noviembre de 2020.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena las acciones de represión que mantiene el Gobierno de Cuba en contra de la sociedad civil independiente en la Isla, a raíz de las protestas por la detención y enjuiciamiento del músico y activista Denis Solís. El domingo pasado estas acciones escalaron a un nivel más alto con la agresión y detención de más de una decena de activistas, además del asedio y censura a la prensa independiente local y extranjera.

Hasta el lunes, se supo de al menos 16 detenciones arbitrarias realizadas el domingo, la mayoría en el Parque Central de La Habana, a donde activistas y periodistas independientes habían acudido para realizar una manifestación pacífica para exigir la liberación del integrante del Movimiento San Isidro, Denís Solís. Solís fue detenido el pasado nueve de noviembre y condenado a ocho meses de prisión en un juicio sumario por el supuesto delito de “desacato”.

Las personas detenidas fueron liberadas poco tiempo después, pero mientras estuvieron retenidas fueron interrogadas, amenazadas y muchas fueron golpeadas. Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), están entre las personas que estuvieron privadas de libertad, así como la Dama de Blanco Berta Soler, el activista Ángel Moya, la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, y el periodista independiente Héctor Luis Valdés. En otras provincias también se reportaron incidentes. Por ejemplo, en Antilla, provincia de Holguín, fue detenido el colaborador del CIR, Esber Rafael Ramírez Argota, mientras que en la provincia de Matanzas las Damas de Blanco Leticia Ramos Herrería y Marisol Fernández Socorro también fueron arrestadas.

Según información proporcionada a Raza e Igualdad, la jornada se tornó violenta no sólo por el gran número de oficiales de la Policía Revolucionaria y de la Seguridad del Estado que se dispersaron por el Parque Central en busca de los manifestantes, sino también por la aglomeración de grupos de civiles afines al Gobierno que frente a la omisión de las autoridades cubanas, gritaban ofensas y propinaban golpizas a los activistas y a los periodistas, tanto de la prensa local como internacional. En el caso de las y los activistas afrodescendientes, hubo insultos racistas.

Persecución al CIR

Cabe destacar que esta es la segunda ocasión en que integrantes del CIR son detenidos de forma arbitraria en lo que va de noviembre. Por un lado, el coordinador nacional de la organización, Juan Antonio Madrazo Luna, fue detenido luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana el pasado 12 de noviembre. El líder afrocubano estuvo en paradero desconocido por más de 18 horas y tanto a él como a su hermana Jacqueline Madrazo Luna, les incautaron sus computadoras personales, cinco cámaras de video, tres discos duros, un proyector, una grabadora de periodismo, una impresora, documentos del CIR, dinero en efectivo y otros bienes personales.

En tanto, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, fueron detenidos el pasado 19 de noviembre, a eso de las 10:30 de la mañana, en las afueras de su vivienda, ubicada en la capital cubana, mientras intentaban trasladarse a la sede del CIR, donde se iba a realizar una conferencia de prensa para abordar la falta de respuesta del Gobierno un año después del lanzamiento del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

Según información compartida por el CIR a Raza e Igualdad, los activistas fueron trasladados en una patrulla a una unidad policial ubicada en Alta Habana, donde estuvieron detenidos por aproximadamente 48 minutos. Fueron obligados a permanecer durante todo ese tiempo en la patrulla encerrados y bajo sol. Luego de este tiempo fueron interrogados por dos oficiales identificados como “Osvaldo” y “Ricardo”; éste último es misma persona que dirigió la detención de Madrazo Luna.

Durante el interrogatorio, “Ricardo” los amenazó para que cesen su activismo con el CIR advirtiéndoles que no “les va a permitir ridiculizar la figura del presidente Díaz-Canel en las redes sociales”. Esto en clara alusión a la campaña que el CIR ha mantenido en el último mes en sus diferentes canales de comunicación para demandar una respuesta del Gobierno un año después del lanzamiento del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Aproximadamente a las 12:30 pm fueron conducidos a la Unidad de Santiago de Las Vegas, donde finalmente fueron liberados a eso de las 2:50 pm.

En esa ocasión, la conferencia de prensa convocada por el CIR no pudo desarrollarse porque ninguno de los periodistas independientes invitados pudo acceder al lugar del evento. Su coordinador nacional, Juan Antonio Madrazo, dijo que su casa y también sede del CIR amaneció sitiada por agentes de la Seguridad del Estado, quienes permanecieron discretamente escondidos en las esquinas y vestidos de civil atentos a la concurrencia de las personas invitadas.

Represión en aumento

Tras la detención del músico y activista Denis Solís el pasado nueve de noviembre, el Gobierno cubano ha recrudecido las acciones violatorias de la libertad de expresión y ha aumentado las detenciones arbitrarias y ataques contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes y artistas, pues estos se han unido para sobreponerse al asedio y censura y exigir a través de diferentes formas la liberación de Solís.

En la sede del Movimiento San Isidro permanecen atrincheradas 14 personas que se reunieron ahí el pasado 18 de noviembre para realizar una peregrinación a modo de protesta, pero fueron sitiadas por oficiales de la Seguridad del Estado, por lo que algunas decidieron iniciar huelga de hambre y/o sed. Hasta el momento se conoce que dos mantienen huelga de hambre y sed, y cinco están en huelga de hambre.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al gobierno cubano para que cesen los hechos de hostigamiento y persecución en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluidos los miembros del CIR. Creemos oportuno recordar la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos que exhortan a los Estados a desistir de la intimidación y suspensión de labores de defensa de los activistas y prohíben su discriminación incluso por motivos políticos. Además, nos unimos al llamado realizado este lunes 23 de noviembre  por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se exhorta al Estado cubano “a poner fin en el más breve plazo a la práctica de acoso y hostigamiento de activistas, artistas y periodistas independientes que ejercen su derecho a la libertad de expresión”.

Mire aquí imágenes sobre la represión del domingo 22 de noviembre en el Parque Central de La Habana:

Foto de los activistas Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz tras ser liberados el pasado 19 de noviembre. 

Raza e Igualdad invita al webinar Participación Política de Mujeres Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Retos y Oportunidades

Washington D.C., 20 de noviembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), junto a la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, invita al webinar Participación Política de Mujeres Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Retos y Oportunidades. Este evento virtual se realizará en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, y busca ser un espacio de diálogo sur-sur entre mujeres afrodescendientes que han participado en espacios políticos-electorales.

El evento se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre a las 5:00 pm (hora de Colombia) y contará con la participación de Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de Costa Rica; Francia Márquez, activista y precandidata presidencial colombiana; Johana Bermúdez, diputada del Congreso Nacional de Honduras; Janaina Oliveira, secretaria nacional LBGT del Partido de los Trabajadores de Brasil, y una representante de la sociedad civil independiente de Cuba. En tanto, a conducción estará a cargo de Paola Yañez, coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.

A lo largo del evento, las panelistas expondrán su experiencia participando en espacios políticos-electorales en diferentes países de la región, y ofrecerán recomendaciones para otras mujeres en situaciones similares. A través de este webinar, se busca promover un dialogo sur-sur entre mujeres afrodescendientes que han participado en espacios políticos.

El evento se desarrollará en la plataforma Zoom. Para inscribirse acceda a este enlace https://bit.ly/3faBSqy, o bien, se puede seguir la transmisión en vivo en la página de Raza e Igualdad en Facebook: https://www.facebook.com/raceandequality. Cabe destacar que en Zoom habrá interpretación simultánea español / portugués.

Raza e Igualdad invita a seguir las actualizaciones previas al evento, las cuales se estarán publicando en las redes sociales de la organización y de Caribe Afirmativo y la Misión de Observación Electoral, organizaciones colombianas que apoyan en la convocatoria.

Para más información sobre este webinar, puede contactarse con Melissa Monroy por medio del correo monroy@oldrace.wp

Raza e Igualdad denuncia asedio del Gobierno cubano en contra de la periodista independiente María Matienzo y de la activista Kirenia Yalit Núñez Pérez y exige respeto a la libertad de expresión en medio de la campaña por la liberación del activista Denis Solís

Washington D.C., 19 de noviembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y denuncia ante la comunidad internacional el asedio que mantiene la Policía y la Seguridad del Estado de Cuba en contra de la periodista independiente y escritora María Matienzo y de su pareja, la activista Kirenia Yalit Núñez Pérez. Desde el martes 17 de noviembre, al menos cuatro oficiales con una patrulla se mantienen afuera de su casa en La Habana y las amenazan con llevarlas a la cárcel cuando hacen intentos de salir.

En comunicación con Raza e Igualdad, Matienzo señaló que esta acción de represión se debe a la participación que tanto ella como Núñez Pérez han tenido en la campaña del Movimiento San Isidro para exigir la liberación del activista y músico Denis Solís, quien fue arrestado el pasado nueve de noviembre en la capital cubana y condenado dos días después a ocho meses de prisión en un juicio sumario por el supuesto delito de “desacato”.

Matienzo apuntó que el primer día de asedio intentaron salir de su casa, pero al acercarse a la calle, los oficiales encendieron la patrulla buscando acercase a ellas y arrestarlas. Además, su pareja estuvo sin datos de internet en su celular durante medio día, hecho que atribuyen a una acción deliberada desde la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA), pues es muy común que activistas y opositores experimenten la suspensión del servicio.

La también periodista de CubaNet afirmó que este tipo de asedio es una práctica habitual. “A veces nos dejan salir y nos apresan a mitad de camino; en marzo, a Kirenia la dejaron llegar a las cercanías del lugar donde iba a tener una reunión y la apresaron, la montaron a una patrulla bajo el sol y la interrogaron”, dijo Matienzo, quien agregó que el pasado diez de octubre su pareja enfrentó algo muy similar: mientras caminaba hacia la sede del Movimiento San Isidro fue arrestada y llevada a una estación policial donde la mantuvieron más de cinco horas.

A ello se suma que en marzo pasado Núñez Pérez, quien es psicóloga y coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, recibió una multa de 100 pesos tras ser acusada falsamente de saltar un dispositivo de seguridad. En enero le entregaron una carta de advertencia en la que la amenazaron con arrestarla y procesarla por “introducir material contrarrevolucionario” al país.

Jornada de represión

La periodista y escritora María Matienzo hizo hincapié en que ella y su pareja no son las únicas víctimas de esta jornada de asedio y persecución, sino que hay decenas de personas que han sido golpeadas, amenazadas y arrestadas desde la semana pasada, luego de que el Movimiento San Isidro decidiera emprender una serie de acciones para protestar por la detención arbitraria del activista Denis Solís y exigir su liberación.

“Creo que Denis Solís forma parte de un perfil racial sobre el que se ensañan más teniendo en cuenta que vivimos en una dictadura machista, homofóbica y racista (…) es insostenible la situación de falta de libertad de expresión en la Isla, pero hemos decidido no callarnos, la gente tiene que ir despertando porque este es un mal que nos aqueja a todos por igual”, expresó.

Ante esta jornada de represión, al menos nueves activistas de un grupo que se encuentra en la sede del Movimiento San Isidro decidieron iniciar la tarde del miércoles una huelga de hambre. Según Matienzo, en total son 14 personas las que permanecen en las instalaciones del Movimiento, pues se reunieron ahí hace tres días para hacer una peregrinación poética por la liberación de Denis Solís, pero un grupo de alrededor de 100 hombres entre civiles, policías y agentes de la Seguridad del Estado llegaron a rodearlos para impedir su salida, y después incautaron la comida que les estaba compartiendo una vecina.

Desde Raza e Igualdad condenamos estas acciones que son violatorias de derechos humanos y requerimos al Gobierno cubano adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección inmediata de María Matienzo y Kirenia Yalit Núñez Pérez. Recordamos que a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la libertad de expresión es un derecho que debe ser garantizado por todos los Estados.

 

La imagen que acompaña este artículo corresponde a dos fotografías de la patrulla que asedia la casa de María Matienzo y Kirenia Yalit Núñez Pérez. 

Raza e Igualdad exige al Gobierno de Cuba que cese la persecución en contra de activistas de la sociedad civil independiente tras detención arbitraria del líder afrocubano Juan Antonio Madrazo

Washington D.C., 13 de noviembre de 2020.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia y condena la detención arbitraria de la cual fue objeto el activista cubano y coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Juan Antonio Madrazo, quien permaneció privado de libertad por más de dieciocho horas y cuyo paradero durante ese tiempo fue desconocido por sus familiares y colegas. Raza e Igualdad exige al Gobierno que cese la persecución en contra de las y los ciudadanos que integran organizaciones de la sociedad civil independiente en la Isla.

Según información brindada a Raza e Igualdad por la activista Marthadela Tamayo, también integrante del CIR, el señor Madrazo fue detenido de forma violenta por agentes de la Seguridad del Estado a eso de las cuatro de la tarde del jueves 12 de noviembre en su casa en La Habana. Los oficiales además sustrajeron bienes personales del activista y su hermana Jacqueline Madrazo, quien se encontraba con él al momento de la detención. Entre los objetos ocupados están dos computadoras personales, una cámara, un proyector, una grabadora, una pantalla para proyecciones, libros y documentos del CIR.

Ante la noticia de su arresto, Raza e Igualdad se unió a las voces que denunciaron la desaparición forzada del señor Madrazo, pues, aunque fue liberado la mañana de este viernes, durante las más de doce horas de su detención sus familiares y colegas no recibieron información sobre su paradero, aun cuando acudieron a al menos seis estaciones policiales para conocer dónde y cómo se encontraba el líder afrocubano.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, el activista señaló que el allanamiento arbitrario a su casa duró casi una hora y posteriormente lo trasladaron a la unidad de Zapata y C, donde lo mantuvieron en un calabozo durante una hora antes de someterlo a un interrogatorio en el que los oficiales lo amenazaron con procesarlo penalmente. Después, fue llevado a la unidad de 7ma y 62, en Miramar, que es la unidad de Investigaciones Criminales, y ahí estuvo privado de libertad hasta su liberación la mañana de este viernes.

Cabe señalar que estas acciones ocurren luego de que el CIR realizara acciones de difusión del informe Negación, exclusión y discriminación, que aborda la situación de derechos humanos de las y los afrocubanos y mestizos, y de otro informe sobre la discriminación racial en el mercado laboral cubano. Ambos documentos han sido difundidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y en 2017 fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otras detenciones

El Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) también informó a Raza e Igualdad sobre la detención este jueves en Antilla, provincia de Holguín, de los activistas Esber Rafael y Braulio Hastié, a quienes el mayor de la Seguridad del Estado Henry Borrero Peña les “robó” una cámara fotográfica, denunció la organización. El mismo día también fueron detenidos y liberados horas después el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la periodista independiente Iliana Hernández.

Las acciones de asedio y hostigamiento, así como las detenciones arbitrarias por varias horas o días, son una constante del Gobierno en contra de activistas de la sociedad civil independiente en Cuba. Como organización que vela por los derechos humanos, Raza e Igualdad exige a las autoridades que cese esta persecución y que respete el derecho fundamental a la libertad de expresión, a la libertad de movilización y a la libertad de organización, de acuerdo con los estándares internacionales que son de obligatorio cumplimiento.

Raza e Igualdad denuncia la detención arbitraria del activista cubano Yandier García Labrada y expresa preocupación por su deteriorado estado de salud tras un mes en prisión

Washington D.C., 6 de noviembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia la detención arbitraria del activista cubano e integrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Sr. Yandier García Labrada, quien se encuentra privado de libertad desde el pasado seis de octubre en la prisión “El Típico”, en la provincia de Las Tunas, y presenta un considerable deterioro en su estado de salud, ya que fue severamente golpeado y no ha recibido atención médica.

La familia del Sr. García Labrada supo de su detención y paradero el pasado 27 de octubre, día en que su hermano Irán Almaguer Labrada fue a la unidad policial de Las Tunas para solicitar información. Sin embargo, el instructor a cargo del caso, quien se rehusó a proporcionar su nombre, se limitó a decirle que el Sr. García Labrada se encontraba detenido en la prisión “El Típico” acusado por los delitos de “desacato” y “desorden público”, y que no había fecha para su juicio.

Fue hasta el 3 de noviembre que su hermano Yoanny Almaguer Labrada pudo verlo y hablar con él alrededor de 20 minutos, logrando constatar que el Sr. García Labrada presenta varios golpes en las costillas, hombros y brazos, y que no puede mover su brazo izquierdo. A esto se suma que no ha recibido ningún tipo de atención médica y que sus familiares no han podido enviarle el respirador spray (aerosol) que necesita para controlar las crisis de asma que sufre con bastante frecuencia.

Antes de que su hermano Yoanny Almaguer Labrada tuviera contacto con él, el Sr. García Labrada estuvo incomunicado en prisión, sin derecho a recibir visitas ni realizar llamadas telefónicas. Su familia también denunció que el pasado 4 de noviembre, su hermano Irán Almaguer Labrada fue detenido por cinco horas en la localidad de Buenaventura, mientras regresaba de Manatí a San Andrés. El oficial de la Seguridad del Estado que lo retuvo todo ese tiempo se presentó solamente como Alberto y le exigió “abandonar su oposición” a cambio de liberar a su hermano Yandier.

Los hechos

Según información brindada por representantes del MCL y su hermano Irán Almaguer Labrada, el Sr. Yandier García Labrada fue apresado a eso de las 3:00 pm del martes seis de octubre, en las afueras de un lugar de abastecimiento de alimentos en la ciudad de Manatí, en Las Tunas, donde reside. El señor García Labrada se encontraba haciendo fila para comprar en dicho supermercado y al ver la desorganización e irregularidades en el suministro, reclamó públicamente, logrando que más personas se sumaran a la protesta.

Ante tal iniciativa, los encargados del local llamaron a la Policía, que al llegar al sitio procedió al arresto del Sr. García Labrada y tres personas más, aunque estas últimas fueron liberadas horas más tarde ese mismo día. Testigos señalaron a la familia del integrante del MCL que la aprehensión fue “brusca”, ya que estuvo a cargo de entre cuatro y cinco agentes policiales que lo “lanzaron de cabeza conta la patrulla para arrestarlo”.

El Dr. Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, compartió con Raza e Igualdad que “el injusto encarcelamiento y el tratamiento arbitrario recibido por el Sr. Yandier García Labrada responde a una campaña sistemática de represión contra los miembros del MCL con el propósito de anular el activismo en defensa de los derechos del pueblo”. Y es que las acciones de hostigamiento y amenazas en contra de integrantes de este movimiento opositor son muy frecuentes, tal cual lo denunció Raza e Igualdad en agosto pasado.

“Es muy preocupante que la familia no haya podido tener contacto con él y saber su estado real. El MCL reclama la liberación inmediata de Yandier García”, agregó el Dr. Cardet. Cabe aclarar que el coordinador nacional del MCL hizo estas declaraciones antes de que el Sr. García Labrada finalmente tuviera comunicación con su hermano Yoanny Almaguer Labrada, el pasado 3 de noviembre.

Raza e Igualdad comparte la preocupación de los familiares del señor Yandier García Labrada por su deteriorado estado de salud e insta al Gobierno cubano a que asegure sus derechos a la vida, integridad personal, salud y bienestar, incluido el acceso a atención médica adecuada y oportuna; además, solicita que facilite la comunicación regular del Sr. García Labrada con sus familiares. Todo ello está respaldado en instrumentos internacionales de derechos humanos como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y las Reglas Nelson Mandela. 

 

Fotografía cortesía del Dr. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL). El señor Yandier García Labrada es la persona que aparece vistiendo una gorra. 

Representantes de la sociedad civil independiente en Cuba y la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH llaman al Estado a cesar represión en contra de mujeres activistas

Washington D.C., 28 de octubre de 2020.– Representantes de la sociedad civil independiente en Cuba y la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionada Margarette May Macaulay, demandaron al gobierno de Cuba cesar la persecución y criminalización de mujeres activistas en la Isla, a la vez que mostraron su disposición a seguir registrando y denunciando las violaciones a derechos humanos en el país.

La Relatora Macaulay y tres integrantes de la organización Damas de Blanco participaron este martes 27 de octubre en el evento virtual ¡Cubanas Libres Ya! Situación de las prisioneras políticas en Cuba, organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), como parte de la campaña #CubanasLibresYa, la cual se viene ejecutando desde marzo pasado y busca visibilizar la situación de violencia, persecución y criminalización que enfrentan las mujeres cubanas que se organizan para denunciar violaciones de derechos humanos en la Isla y exigir condiciones de vida digna para todas y todos.

Contexto

En sus palabras de bienvenida, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, recordó que el Estado cubano ocupe el Código Penal para criminalizar a las personas que expresan opiniones en contra del Gobierno, violando así sus obligaciones internacionales para el respeto y la garantía de los derechos humanos. “Específicamente, las autoridades recurren a la imputación de delitos que no están claramente definidos en dicho Código, como el desacato, el atentado o figuras como la peligrosidad social”, dijo.

En tanto, la directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, señaló que entre enero y septiembre de este año el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró 1,249 detenciones arbitraria, incluidas 367 detenciones de mujeres, además que actualmente hay al menos 10 prisioneras políticas, ya sea en las cárceles cubanas, bajo arresto domiciliar u obligadas a realizar trabajos correccionales.

Por su parte, la oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, Caitlin Kelly, apuntó que, a pesar de los obstáculos para acceder a información confiable, la organización ha tenido acceso a datos que dan cuenta de la situación de marginalización y pobreza que enfrentan las mujeres en Cuba, por lo que tienen muchas razones para alzar sus voces, protestar y exigir cambios al Gobierno. “Sin embargo, como ha reconocido la CIDH, la libertad de expresión en Cuba no existe. La Seguridad del Estado, la Policía, las Brigadas de Respuesta Rápida y otras autoridades interrumpen violentamente estas manifestaciones y buscan razones para meter a las y los participantes a prisión”, enfatizó Kelly.

Exposición de casos

En el evento se presentó un video documental que resume la situación de las prisioneras políticas en Cuba, y se contó con la participación de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y de las exprisioneras políticas Yolanda Santana y Xiomara Cruz, quienes también forman parte de dicha agrupación. Aunque el objetivo fue sostener un conversatorio con las activistas, hubo problemas en la conexión a Internet en el caso de Soler y Santana. No obstante, ambas pudieron compartir sus testimonios a través de videos grabados con anterioridad.

Soler expuso que en los últimos cinco años ha sido detenida más de 200 veces, llegando a ser aprehendida de forma arbitraria hasta tres veces en una sola semana. “Recuerdo en una de las detenciones, dos policías uniformadas me aplicaron la técnica de asfixia, una llave en el cuello para estrangularme, y al mismo tiempo (una de ellas) introduciendo sus dedos dentro de mis ojos, provocándome un derrame ocular. No conformes con esto, me confinaron en una celda por más de 24 horas sin agua para tomar y ni para uso sanitario, y no recibí alimento en todo ese tiempo”, relató la líder de las Damas de Blanco, cuya última detención ocurrió el pasado 8 de septiembre, en el marco de las celebraciones de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.

Yolanda Santana, cuyo caso es uno de los diez reconstruidos por Raza e Igualdad para la campaña #CubanasLibresYa, señaló que desde que forma parte de las Damas de Blanco ha sido objeto de decenas de multas arbitrarias que, para ella son imposibles de pagar, por lo que en julio de 2018 fue detenida bajo el cargo de “impago de multas” y sometida a un juicio irregular en el que no le permitieron el derecho a la defensa. Santana permaneció un año en el Centro Penitenciario de Mujeres “El Guatao”, donde sufrió tratos inhumanos y degradantes.

La también Dama de Blanco, Xiomara Cruz, participó en el evento desde Miami, donde se encuentra desde inicios de este año gracias a una visa humanitaria que le concedieron para viajar y acceder a un tratamiento adecuado para tratar una enfermedad grave que adquirió estando en prisión. La activista denunció que su delicado estado de salud es producto del mal trato que recibió en la cárcel y la falta de atención adecuada en hospitales cubanos.

Cruz ha sido presa política dos veces. En abril de 2016, fue arrestada en un parque en La Habana junto a tres otras activistas, y detenida en “El Guatao” por un año y ocho meses antes de ser enjuiciada. Recibió la libertad condicional casi dos años después de esa detención inicial, pero en septiembre de 2018 fue detenida nuevamente y condenada a un año y cuatro meses de privación de libertad por “amenazas” luego de sostener una discusión con un vecino que lanzó piedras a su casa.

Una situación que no se puede aceptar

La Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, comisionada Margarette May Macaulay, mostró su preocupación por la situación de persecución y criminalización con las activistas cubanas. Dijo que, aunque el número de mujeres prisioneras es relativamente pequeño comparado con el de hombres, el efecto del encarcelamiento de mujeres es extremadamente perjudicial no solo para ellas, sino para sus familias y sus comunidades.

Macaulay expresó que esta situación es inaceptable y “debe parar”, a la vez que señaló varios derechos humanos y estándares internacionales para personas privadas de libertad que el Estado cubano viola en estas circunstancias, como por ejemplo el principio de igualdad y no discriminación, y el acceso a un techo digno y a la higiene.

Enfatizó que, desde su Relatoría y la CIDH misma, mantienen un monitoreo constante sobre la situación de derechos humanos en Cuba, por lo que invitó a las organizaciones de la sociedad civil local e internacional a apoyar las acciones de documentación y denuncia para enriquecer los comunicados e informes que realizan. Macaulay expresó que esperan que el Gobierno detenga las detenciones arbitrarias y garantice los derechos a la libertad de expresión y al acceso a información.

En tanto, desde Raza e Igualdad seguiremos atentos a la situación de las prisioneras políticas en Cuba para denunciarla y exigir que el país cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Les invitamos a conocer más sobre la campana #CubanasLibresYa, en su sitio web en español https://www.cubanaslibresya.com y en su sitio web en inglés https://www.cubanaslibresyaeng.com

Puede acceder aquí al video documental ¡Cubanas Libres Ya! https://youtu.be/gTQcFGute4g 

Raza e Igualdad: El prisionero político José Rolando Casares Soto debe obtener libertad definitiva

Washington D.C., August 20, 2020.– Este miércoles se conoció que el prisionero político José Rolando Casares Soto fue puesto en libertad condicional, noticia que él mismo comunicó vía telefónica al Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Como organización que promueve y defiende los derechos humanos, celebramos que el activista e integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana no permanezca más en prisión y pueda convivir nuevamente con su familia, pero mantenemos nuestra demanda para que el Gobierno le otorgue la libertad definitiva y se le retiren los cargos que le fueron impuestos a él y a su esposa Yamilka Abascal Sánchez en un proceso viciado en el año 2017.

Casares Soto fue uno de los activistas destacados en nuestro informe Condenas Premeditadas, como ejemplo de la estrategia empleada por el Gobierno cubano para criminalizar a las personas que lo critican. En julio de 2016, Casares Soto fue detenido por una semana cuando él y su esposa, Yamilka Abascal Sánchez, salieron a la defensa de un amigo que estaba siendo detenido por un oficial de la Policia. En la delegación policial, fue obligado a desnudarse para registrarlo y lo sometieron a un interrogatorio. Las autoridades le informaron que estaba acusado de “atentado” y “resistencia”, pero no escuchó nada más del asunto hasta casi seis meses después cuando Casares Soto y Abascal Sánchez recibieron citaciones para juicio oral.

La sentencia

La pareja fue enjuiciada al mismo tiempo durante un juicio cerrado al público que no respetó las normas del debido proceso. Abascal Sanchez fue condenada por “desacato” y cumplió una condena de dos años de limitación de libertad desde su casa, mientras que Casares Soto fue condenado por “atentado” y “ultraje sexual”. El Gobierno lo acusó de “ultraje sexual” porque se desnudó en la estación de Policía durante su arresto en julio de 2016, pero su versión indica que fue obligado a desnudarse para buscar una memoria flash que contenía información sobre las actividades de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

En el caso de Casares Soto la pena fue de cinco años de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento y el 24 de mayo de 2017 le notificaron que debía cumplirla en la empresa de Construcción Civil del municipio, pero no se presentó. Por eso, su condena luego fue cambiada a cinco años de privación de libertad. Cabe destacar que después de la citación del 24 de mayo, Casares Soto no volvió a recibir ninguna otra comunicación del Tribunal o del Ministerio del Interior y luego solo se conoció de su detención el 3 de agosto de 2017 en plena calle, cuando iba a comprar medicinas para sus hijos. También se debe mencionar que cinco años de privación de libertad es una condena más larga de lo normal. Los presos políticos en Cuba frecuentemente reciben condenas entre uno y tres años.

Tres años de sufrimiento

Caseres Soto permaneció en la Prisión Kilo 5 de Pinar del Río hasta agosto de 2019, cuando fue trasladado al Centro Penitenciario de mínima seguridad “Kilo 4”. Durante su tiempo en la cárcel, presentó problemas de salud relacionados con una prótesis dental que se le rompió al momento de ser detenido, y a una prótesis en el intestino que tiene desde que era niño. Además, el 11 de mayo de 2020 fue trasladado a un hospital después de varios días con un fuerte dolor de estómago. En el centro asistencial le encontraron que tenía un cálculo renal que fue tratado con una inyección para el dolor sin que se le prescribiera ningún otro tratamiento curativo.

Casares Soto perdió tres años de su vida en prisión solo por sus creencias políticas y sufrió mucho por no poder estar con su esposa e hijos todo ese tiempo, pues cuando lo arrestaron en agosto de 2017 para cumplir su condena en la cárcel, su hija tenía un año y su hijo menor había nacido en abril pasado. “Al fin nuestros hijos disfrutarán del amor que se perdieron de su papá por tres años lucha contra el régimen totalitario (…) seguiré apoyando y exigiendo la liberación de los demás presos políticos que aún continúan encarcelados injustamente”, escribió en la red social Facebook su esposa Yamilka Abascal Sánchez, quien llegó a ser amenazada por la Seguridad del Estado con quitarle a sus hijos si continuaba con su demanda.

Este martes 18 de agosto, el Gobierno por fin aprobó una de sus varias solicitudes para libertad condicional y Casares Soto regresó a su casa. Sin embargo, todavía está sujeto a varias condiciones. Tras obtener la libertad condicional, Casares Soto denunció que en la cárcel hay personas que no han cometido ningún delito y expresó que está dispuesto a denunciar las condiciones infrahumanas en que se encuentran otros pesos políticos.

Irregularidades

Raza e Igualdad presentó peticiones ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en nombre de Casares Soto y Abascal Sánchez, considerando que ambos han sido sometidos a detenciones arbitrarias en violación de las obligaciones internacionales de Cuba en materia de derechos humanos.

Encontramos en su caso una serie de irregularidades como la falta de un fundamento jurídico par su detención, la violación de sus derechos al mantenerlo en prisión sin una orden judicial y sin informarle sobre los motivos, así como la falta de supervisión judicial en los siete días que permaneció detenido en régimen de incomunicación en 2016. Las autoridades cubanas violaron su derecho a la libertad de opinión y de expresión consagrados en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

Todo ello motivado por su participación en la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, desde donde se manejan posiciones críticas al Gobierno y se aboga por una reforma al sistema electoral cubano. Por tanto, Raza e Igualdad demanda que a Casares Soto se le otorgue la libertad definitiva y se le respeten sus derechos a la libertad de opinión y expresión.

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