Raza e Igualdad denuncia hostigamiento contra miembros del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba y exige respeto a la libertad de expresión en la isla

Raza e Igualdad denuncia hostigamiento contra miembros del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba y exige respeto a la libertad de expresión en la isla

Washington, D.C. 3 de agosto de 2020.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia los actos de hostigamiento y amenazas cometidos este fin de semana por la Seguridad del Estado de Cuba en contra de una familia integrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), con la intención de callar a líderes y lideresas de esta organización de la sociedad civil independiente en la isla.

Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del MCL y exprisionero político, denunció que el 31 de julio y el 2 de agosto agentes de la Seguridad del Estado se acercaron a diferentes miembros de su familia, que forman parte del Movimienton para exigirles que abandonen la organización y amenazarlos con mayor persecución y multas sin continúan participando en acciones de apoyo al MCL o a Cardet Concepción.

El primero de estos hechos se registró el 31 de julio, día en que un agente de la Seguridad del Estado que se identificó únicamente como “Elio”, llegó al puesto de trabajo del papá de Yaimaris Vecino, esposa de Cardet Concepción, y le dijo que le pidiera a su hija alejarse del MCL, pues de lo contrario su esposo regresaría a la cárcel.

Esta no es la primera vez que se registran acciones de asedio en contra de Vecino. En el pasado, incluyendo los meses en que Cardet Concepción estuvo en prisión, ha sido citada e interrogada en reiteradas ocasiones por la Seguridad del Estado, que incluso ha llegado hasta la policlínica donde trabaja para pedir que la llamen e interrogarla ahí mismo.

El otro acto de represión ocurrió el domingo, a eso de la una de la tarde, cuando dos oficiales de la policía política se presentaron en el domicilio de Yordán Mariño Fernández, coordinador del MCL para Holguín y Las Tunas, y primo de Vecino. Los policías lo obligaron a presentarse urgentemente en la estación de Velasco, localidad donde reside. Una vez allí, el activista fue interrogado por dos agentes de la Seguridad del Estado, quienes amenazaron con fabricarle una causa común.

De acuerdo con la denuncia, los agentes le dijeron que no van a permitir que ningún miembro del MCL salga del país y que asfixiarán económicamente a la organización hasta desaparecerla. También amenazaron con multar a la esposa de Yordán Mariño Fernández y amenazaron a su hijo, quien padece una discapacidad. Antes de dejarlo salir de la estación, lo conminaron a no seguir involucrado en el MCL y a no apoyar la causa del activista Eduardo Cardet Concepción, si no, ambos irían a prisión.

Las amenazas en contra de Yaimaris Vecino y Mariño Fernández son especialmente preocupantes porque se asemejan a las amenazas que agentes de la Seguridad del Estado hicieron a Eduardo Cardet Concepción antes de que fuera brutalmente atacado y condenado por un delito fabricado en noviembre de 2016. El coordinador nacional del MCL cumplió una condena de tres años que, hasta mayo de 2019, cumplió en condiciones infrahumanas en prisión, donde fue apuñalado, y hasta octubre pasado lo mantuvo en régimen de libertad condicional.

El MCL fue fundado en 1988 y a pesar de su creencia en el cambio pacífico, ha sido una de las organizaciones más perseguidas por el Estado cubano y sus órganos de seguridad. De los 75 prisioneros políticos durante la Primavera Negra en 2003, 17 eran miembros del MCL. El 22 de julio de 2012, su fundador, Oswaldo Payá, murió bajo circunstancias no aclaradas, después de que su carro fue embestido por un vehículo de la Seguridad del Estado.

Raza e Igualdad expresa su preocupación por la seguridad de Yaimaris Vecino, Yordán Mariño Fernández y demás miembros del MCL, y urge al Estado cubano a dejar de hostigarlos y permitir que puedan ejercer sus labores como partido político sin intervención estatal. También instamos a la comunidad internacional a monitorear la situación de los integrantes del MCL, pidiendo también el respeto y la protección de la libertad de expresión y asamblea en la isla.

CIDH otorga medidas cautelares solicitadas por Raza e Igualdad a favor del preso político cubano Silverio Portal Contreras

Washington, D.C. 23 de julio de 2020.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado nuestra solicitud de medidas cautelares a favor del preso político cubano Silverio Portal Contreras. La solicitud fue enviada el 5 de junio de 2020 y la notificación de su aceptación fue recibida este miércoles. Portal Contreras enfrenta una situación de riesgo grave y el gobierno cubano debe seguir las recomendaciones de la CIDH para proteger su vida e integridad personal.

Silverio Portal Contreras es un preso político cubano que fue detenido en julio de 2018 mientras participaba en una manifestación pública. Portal Contreras es un activista independiente que ha apoyado a varios movimientos en Cuba, tales como las Damas de Blanco y el Movimiento Opositor Nueva República. Durante su tiempo en prisión, su salud se ha deteriorado severamente; ha sufrido trombosis y consecutivos ataques isquémicos y ataques isquémicos transitorios (AIT) que lo han dejado parcialmente paralizado, además que está perdiendo la visión por no recibir el tratamiento que necesita por una afectación cardíaca y por las golpizas que ha recibido de parte de autoridades penitenciarias.

En una resolución de octubre de 2019 en la que el Tribunal Provincial de La Habana negó una solicitud de licencia extrapenal a favor de Portal Contreras, se reconoce que este padece enfermedades que ponen en grave riesgo su salud y su vida, como hipertensión arterial sistodiastólica complicada, enfermedad cardiovascular isquémica, hiperglicemia para estudio e hiperlipidemia y que, por tanto, requiere “llevar seguimiento especializado para mantener compensadas sus enfermedades”. Sin embargo, los jueces resolvieron en esa ocasión que su estado de salud es compatible con el régimen penitenciario.

Raza e Igualdad solicitó medidas cautelares a favor de Portal Contreras después de que su esposa, Lucinda González Gómez, informó que no estaba recibiendo las llamadas telefónicas programadas aún después de que él reportó haber sufrido otro AIT. González Gómez también recibió varias llamadas de otros reclusos informándole que Portal Contreras había sido golpeado brutalmente por autoridades penitenciarias y colocado en una celda de aislamiento, y que esto –sumado a la falta de atención médica—lo estaba haciendo perder la vista. Al momento que la solicitud para la medida cautelar fue enviada, a inicios de junio pasado, González Gómez no había tenido comunicación con Portal Contreras por varias semanas y temía por su vida.

En la resolución otorgando las medidas cautelares, la CIDH reconoce la situación de riesgo extremo que enfrenta Portal Contreras y señala la “especial seriedad” de los hechos dado que los perpetradores de los hechos denunciados son las mismas autoridades responsables por su custodia como prisionero, y advierte sobre los efectos debilitantes y permanentes que puede sufrir Portal Contreras debido a la falta de atención médica. La Comisión también resalta el contexto que enfrentan defensores de derechos humanos en Cuba, el cual describe como “caracterizado generalmente por un clima de hostilidad, persecución y hostigamiento, particularmente respecto de aquellos que habrían manifestado su oposición al gobierno”.

Aunque el otorgamiento de las medidas cautelares es un paso importante para llamar la atención internacional sobre el caso de Portal Contreras, él todavía está en riesgo. Las autoridades penitenciarias siguen negándole la atención médica que necesita. Este miércoles, su esposa Lucinda González Gómez sostuvo una llamada telefónica con Portal Contreras y este le informó no está recibiendo los medicamentos que necesita para su condición del corazón, y como resultado está perdiendo la vista. El médico de la prisión niega que Portal Contreras tiene una condición del corazón.

Raza e Igualdad hace una llamada al gobierno cubano a implementar las recomendaciones que la CIDH hizo en la resolución con la que otorga las medidas cautelares a Portal Contreras, entre las que incluso le solicita que investigue los hechos denunciados para “evitar su repetición”. Raza e Igualdad está dispuesta a dialogar con el gobierno cubano para ayudarlos a implementar estas medidas. También urgimos a la comunidad internacional a seguir el caso del prisionero político Silverio Portal Contreras y presionar al gobierno cubano para proveerle la atención médica que necesita y dejarlo en libertad.

Lea la resolución de la CIDH aquí

“En Santiago estuve 100 días en una celda de castigo”: Historia de Lisandra Rivera, víctima de la represión del Estado cubano

La primera vez que supo de grupos de oposición en su natal Santiago de Cuba fue cuando tenía 25 años. Un domingo de agosto de 2013, Lisandra Rivera iba a la playa con sus amigas y vio que un grupo de mujeres vestidas de blanco empezaron a manifestarse en plena calle. La joven y sus amigas se detuvieron a ver qué hacían y preguntar quiénes eran estas mujeres. Al rato presenciaron la llegada de policías que las reprimieron injustificadamente.

Un par de meses después, Lisandra y su madre se unieron a las Damas de Blanco. “Con las Damas asistíamos a misa todos los domingos, a pedir la libertad de los presos políticos, del pueblo de Cuba, hacíamos actividades con los niños, llevábamos ayuda a personas mayores y enfermas”, recuerda la activista, de actualmente 32 años.

Ese mismo año Lisandra entró también a formar parte de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en donde conoció a su esposo Yordanis Chávez, también miembro de este grupo opositor al Gobierno.

Familia

La familia de Lisandra es de activistas. En su infancia, sus padres fueron arrestados y procesados por expresar su crítica al sistema político cubano, aunque no fueran miembros de una organización opositora. A mediados de los años noventa, a su padre lo condenaron a 7 años y medio, y a su madre a 3 años y medio de arresto domiciliar. “Yo tenía 4 o 5 años, pero no tenía conciencia bien de qué era lo que pasaba”.

En su adultez, su familia también se enfrentó a los riesgos que implica ser activista en Cuba. “Una vez a mi mamá la empujaron de una guagua que estaba andando, a mi marido estando en prisión le sacaron los dientes en una represión, y yo perdí una barriga (embarazo) en el 2014 en una golpiza que ellos (la Seguridad del Estado) me dieron”, relata.

Detención

El 10 de febrero de 2016, Lisandra presenció un hecho arbitrario de parte de inspectores y policías: estaban golpeando a su tío y decomisando la mercancía de su negocio como cuentapropista.

“Yo llegué, comencé a preguntar por mi tío, les dije que ningún ciudadano podía ser detenido arbitrariamente, y mucho menos golpeado. Ellos me empezaron a tratar de mala forma y como el pueblo me apoyó [al protestar publicamente], un jefe de sector mandó a un oficial a que me detuviera”, cuenta Lisandra.

Ese día la llevaron detenida a la tercera unidad de policía de Santiago y después de 9 días la dejaron en libertad, aunque le impusieron una multa. No volvió a saber de las autoridades hasta el 18 de diciembre de ese mismo año.

“A las 5:30 de la mañana vinieron a mi casa, se llevaron a mi esposo detenido y a mi mamá. Buscaron testigos del barrio vecino e hicieron un registro. Se llevaron unas cuantas cosas y a las 2 o 3 horas me llevaron detenida”, cuenta la activista. Ese día era domingo, y tanto ella como su esposo, su mamá y otros activistas iban a participar de la campaña “Todos Marchamos”. Si bien dejaron en libertad a sus familiares, ella quedó detenida por un par de días, en prisión preventiva.

El 17 de enero de 2017, Lisandra fue llevada a juicio, acusada por el delito de atentado por la supuesta agresión a un policía durante su detención en febrero del año anterior, tras el decomiso a su tío. En el proceso, no le permitieron tener testigos, porque el juez desestimó los testimonios del esposo y una prima de Lisandra, mientras que la Fiscalía puso a testificar a dos policías que no habían estado en los hechos ni sabían detalles del caso. Finalmente, la condena impuesta fue de dos años de privación de libertad.

Prisión

Inicialmente, Lisandra estuvo detenida por once meses en la penitenciaría de mujeres de Santiago de Cuba, mientras que el resto de la condena la pasó en una prisión de alta seguridad en Camagüey.

“En Santiago estuve 100 días en una celda de castigo”, cuenta, como reprimenda porque ella se negaba a ir a actos políticos dentro de la prisión o ponerse en firme ante los oficiales penitenciarios.

“Nunca hay medicamentos, nunca hay médicos, las condiciones de las celdas son pésimas, las camas son de mampostería, no hay agua, no hay corriente, no hay buena iluminación. Una sola bombilla chiquita para la celda completa. La policía es represora principalmente con los opositores. En Camagüey las camas están partidas, no hay agua potable, no hay iluminación”, describe Lisandra.

Debido al frío y por dormir en una plancha de cemento sin colchón, a la activista le dio artrosis generalizada. Aunque su familia le llevaba medicamentos, vitaminas y alimentación, los oficiales no permitían que se les hiciera llegar. Solo cuando le detectaron faringitis y laringitis crónica recibió asistencia médica dentro del penal.

Actualidad

El día que salió de prisión, a Lisandra la estaba esperando “el barrio completico”. Al siguiente día se incorporó nuevamente a la sede nacional de UNPACU. Su activismo solo se vio pausado por 9 meses, porque salió embarazada y debió guardar reposo estricto.

Actualmente, y debido a la pandemia, sigue su activismo “publicando en redes sociales, denunciando, siempre he estado firme”, asegura.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos celebra que activista cubano Ariel Ruiz Urquiola pueda dirigirse al pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y aclara sobre asistencia ofrecida en Ginebra

Washington D.C., 26 de junio de 2020 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se complace del anuncio, el día de hoy 26 de junio, que el científico y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola haya depuesto su huelga de hambre y sed pues podrá dirigirse sin intermediarios al pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para exponer su denuncia contra el Gobierno de Cuba. Sin embargo, en relación al artículo publicado por Cubanet, queremos reafirmar y aclara los siguientes puntos:

  • Raza e Igualdad tiene un firme compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos de la sociedad cubana.
  • Celebramos que Ruiz Urquiola pueda finalmente dirigirse sin intermediarios al pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para exponer su denuncia contra el Gobierno de Cuba, al cual acusa de inocularle el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
  • Nuestra asesora legal en Ginebra, Tania Agosti, se acercó en su momento a Ruiz Urquiola y su entorno con el único objetivo de interesarse por su estado de salud debido a la huelga de hambre y sed que mantenía desde el lunes 22 de junio afuera de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para lo cual contaban con el aval institucional de Raza e Igualdad.
  • Agosti en ningún momento habló con Ruiz Urquiola para convencerlo de desistir de la huelga de hambre y sed.
  • Fue el servicio social de Ginebra la entidad que acudió a examinar el estado de salud de Ruiz Urquiola, haciéndole saber de antemano la obligación de las autoridades suizas de atender y reportar su estado de salud mental y física.
  • Lamentamos la publicación del artículo periodístico publicado el día hoy en la página de Cubanet, sus redes sociales y replicado en la página de Facebook de Cubanos por el Mundo, en el que se señala a nuestra colega de querer boicotear la huelga de hambre y sed de Ruiz Urquiola, sin tomar en cuenta nuestra declaración previo a la publicación del artículo.
  • Señalamos que el equipo de Raza e Igualdad siempre está abierto a brindar declaraciones a los medios de comunicación para expresar su posición ante violaciones a derechos humanos y para contrastar hechos.

Raza e Igualdad respalda el trabajo profesional y comprometido de Tania Agosti en la defensa y protección de derechos humanos. El acercamiento de Agosti y su equipo a Ruiz Urquiola respondió al interés genuino de conocer su estado de salud y apoyarlo en su demanda.

Como organización, reiteramos nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos de activistas y organizaciones de la sociedad civil cubana.  Continuaremos brindando acompañamiento y asistencia técnica para denunciar violaciones a derechos humanos y exigir justicia ante organismos como la Organización de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

 

“Duele mucho pensar cuando estuve en esa cárcel» Historia de Jacqueline Heredia ex prisionera política del Estado cubano

Las prisioneras cubanas se enfrentan a condiciones adversas durante su detención, y pocas veces sus derechos básicos son respetados. Jacqueline Heredia lo sabe bien. Pero en su caso, además, dos factores fueron determinantes para que los niveles de violencia y discriminación aumentaran estas condiciones: ser opositora y vivir con VIH.

Jacqueline, una activista de 40 años, estuvo por 16 meses en la prisión San José, una cárcel ubicada en las afueras de La Habana donde son remitidos reclusos hombres y mujeres que viven con el VIH. “(Esa prisión) no deja de ser severa ni tiene ninguna prioridad… el trato allí es discriminatorio, los mismos guardias y doctores tratan a los presos como si tuvieron la peste”, relata.

A pesar de estar en una prisión para personas con VIH, Jacqueline no recibió sus medicamentos antirretrovirales durante el tiempo que estuvo apresada. Tampoco tuvo acceso a una alimentación sana ni a un trato digno. Fue golpeada por otras prisioneras. Le quitaban el derecho a llamadas, le suspendían las visitas de sus hijos y su esposo. Vivía en condiciones de hacinamiento en una celda con poca ventilación.

“Duele mucho pensar cuando estuve allí”, refiere.

Activismo

Desde hace seis años, Jacqueline es miembro de la Unión Nacional Patriótica de Cuba (UNPACU), y desde hace cinco, de las Damas de Blanco. En este tiempo, ha asistido activamente a manifestaciones y actos de protesta por la libertad de las y los prisioneros políticos cubanos y las violaciones de derechos humanos en la isla.

“Decido volverme opositora por las muchas injusticias que ocurren en el país, veía a muchos gobernantes de este país que vivían mejor y el pueblo era más pobre y reprimido”, comenta la activista, quien vivió en carne propia la falta de oportunidades y la violencia policial.

Cuando tenía 6 años, su padre Ulises Heredia Yovi fue asesinado por la policía dentro su propia casa. Aunque no pertenecía a ningún grupo opositor, el padre de Jacqueline siempre había expresado públicamente su posición ideológica. “Todo fue por pensar diferente, más en ese tiempo (a mediados de los 80s)”, asegura.

A cargo de su madre, Jacqueline y su hermano pasaron tiempos difíciles mientras crecían, a veces el dinero no alcanzaba ni para la comida. Ella tampoco tuvo la oportunidad de estudiar una carrera, y empezó a trabajar desde muy temprana edad para ayudar con el sustento económico.

Para Jacqueline, los ciudadanos cubanos deben tener la oportunidad de trabajar, de tener acceso a insumos básicos, de “vivir tranquilos”. Por esos ideales se unió en 2014 a grupos opositores, pero desde entonces la represión se intensificó. En varias ocasiones fue detenida por lapsos de 24 a 48 horas, y en una ocasión fue golpeada violentamente con mangueras por parte de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria.

Detención

Pero la detención del 15 de abril de 2016 marcaría otro escenario.

Esa mañana en que Jacqueline se encontraba en el Parque de la Fraternidad conversando con otras tres Damas de Blanco (Xiomara Cruz, Marieta Martínez y Yunet Cairo), varios agentes de la Seguridad del Estado las detuvieron, las llevaron a la estación de policía para ficharlas, y por la tarde las enviaron al centro de detenciones El Vivac, en donde estuvieron detenidas por 17 días.

Mientras a sus otras tres compañeras las enviaron a la cárcel de mujeres El Guatao, Jacqueline fue trasladada a la prisión de San José.

Un año después de su detención, en mayo de 2017, las autoridades remitieron a la activista a un juicio en el Tribunal de Centro Habana, acusada de los supuestos delitos de desacato y atentado en contra de la policía. En junio, Jacqueline enfrentó junto a sus tres compañeras otro juicio en el Tribunal de San José. Por ambas causas fue condenada a 3 años de privación de libertad.

Después de un par de meses de haber recibido su condena, Jacqueline se enfermó de un catarro que no fue atendido por las autoridades penitenciarias. Más bien, la activista fue enviada a otra celda con personas que tenían tuberculosis, enfermedad de la cual se contagió. Si bien recibió tratamiento en prisión, su salud desmejoró rápidamente, por lo cual fue enviada a su casa bajo una licencia extrapenal.

“Estaba muriendo en prisión. Me mandaron para la casa, como si fuera a morir, (pero) Dios mediante logré recuperarme y cumplí en casa el tiempo que me quedaba de condena”, relata Jacqueline, quien para abril de 2019 ya había culminado su sentencia.

Actualidad

Desde entonces, ha sido detenida en “incontables” ocasiones. “Me detienen en una actividad o en la esquina de la bodega, en un parque, donde ellos quieran detenerme y hacerme pasar el mal rato, es a cualquier día y en cualquier hora”, asegura. Una de las últimas veces ocurrió un par de días antes del Día de las Madres.

Para sus dos hijos, de 9 y 12 años, ha sido una situación compleja. Su padre, el esposo de Jacqueline, Carlos Alberto Alvares, también es miembro de UNPACU y ha enfrentado varias detenciones. Los niños tienen miedo a la policía, porque en alguna ocasión incluso los detuvieron junto a su madre.

“Eso es más que una tortura para esos niños, que no entienden por qué motivo, si su mamá no comete ningún delito (es detenida), si solamente piensa diferente”, reflexiona Jacqueline.

“No hay nada más cruel y devastador que las prisiones de Cuba”: Historia de Yolanda Carmenate ex prisionera política del Estado Cubano

Yolanda Carmenate lleva 30 años de ser activista política, profesante religiosa y defensora de los derechos humanos en Cuba, y la misma cantidad de tiempo siendo acosada, maltratada y perseguida por las autoridades de la isla. “Son tantos actos de repudio que ya no puedo precisar las fechas”, asegura la activista, de 63 años, cuando se le pide detalles sobre ciertos incidentes.

Pero las notas de prensa, las actas judiciales y las multas recurrentes son el recordatorio más fehaciente de la persecución de Carmenate, oriunda de Las Tunas, quien actualmente es miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), promotora de la iniciativa Cuba Decide, que busca la participacion Cubana democratica por medio de un plebiscito, y de la Iglesia católica San Jerónimo. Ha sido procesada judicialmente en dos ocasiones y las amenazas de una próxima detención continúan llegando.

“Lo que me motiva a ser opositora es que no puedo aceptar este sistema, que por el solo hecho de pensar, opinar y asociarse de forma diferente a ellos equivale a ser inferior”, señala Carmenate, quien es técnico medio en Contabilidad, pero debió dejar de ejercer su oficio en instituciones estatales por “no ser confiable políticamente”.

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Primera detención

En 2006 Yolanda inició a trabajar por cuenta propia en la venta de artesanías, agobiada por no conseguir trabajo. Aunque había sido una de las primeras mujeres en instalar su pequeño negocio, las autoridades siempre le asignaban los espacios más alejados del centro de las plazas, en un intento por disminuir sus ventas y por alejarla de los turistas que además preguntaban sobre la situación en Cuba. “Por mi opinión en contra del sistema, a ellos no les convenía mantenerme donde estaban los turistas”, explica.

En abril de 2016, tras la decisión de las autoridades de retirar a los vendedores del monumento y boulevard del centro de la ciudad, Yolanda y otros cuentapropistas se organizaron para protestar frente a la sede provincial del Partido Comunista en Las Tunas. Tras la protesta, Yolanda recibió a una inspectora oculta que le causó problemas y la reportó con la policía.

“Me llevaron a la fuerza y a empujones a la policía. Me metieron a un calabozo junto con dos hombres. No me brindaron ni agua”, recuerda Yolanda. Por la noche, los oficiales la liberaron, pero siete meses después fue citada a un juicio en el que la acusaban por el delito de instigación a delinquir, y desacato.

En un juicio amañado y sin garantías, la condenaron a 2 años y 6 meses de prisión por instigación a delinquir y desacato. La condena fue subsidiada por limitación de libertad, una especie de arresto domiciliario.  Le indicaron que debía reportarse al Tribunal cada cierto tiempo, pero ella se rehusó a hacerlo. Apeló la sentencia poco después, pero perdió el caso.

Segunda detención

Como tenía que cumplir condena dentro de su vivienda y no podía salir a protestar, en marzo de 2018, Yolanda colgó unos letreros en las ventanas de su casa que decían: “Abajo los hermanos castro”, “Vivan los derechos humanos”, “Arriba UNPACU”. Recibió amenazas de muerte e incluso, uno de sus vecinos, entró a su casa ilegalmente y descolgó los carteles. Esa misma noche la policía la detuvo y al siguiente día la llevaron a la prisión de mujeres La Veguita. Le retiraron el beneficio de limitación de libertad y le asignaron 14 meses de prisión.

Para Yolanda, “no hay nada más cruel y devastador que las prisiones de Cuba”. Ella describe su experiencia así:

“Me quitaron los espejuelos, aunque soy dependiente de ellos. No podía tener nada que leer ni dónde escribir. Me metieron a una celda aislada de la población penal. Cuando llovía, caía más agua del techo que del cielo. El baño era turco, que es un hoyo en el piso. Yo no me podía agachar para hacer mis necesidades y llegué a coger estreñimiento y hemorroides. La cama era un pedazo de loza frío sin una sábana. Aquello es un campo lleno de hierba y venían todo tipo de insectos: ranas, cucarachas, arañas, estabas durmiendo y se te tiraban arriba. Parecía que me iba a volver loca allí. La asistencia médica insuficiente y sin ningún tipo de medicamentos. Los alimentos poco nutritivos y la cantidad poca. El agua potable embalsada. Las instalaciones de la alcantarilla permanecían estancadas, una peste terrible. Había hacinamiento. Un calor excesivo, insoportable. Había muchos mosquitos”.

Yolanda logró salir de prisión en mayo de 2019, tras cumplir su condena.

Hijo activista

En agosto de 2019 Yolanda y su hijo, Cristian Pérez Carmenate, salieron de su casa a participar en protestas, aunque en diferentes localidades. A Yolanda, la policia le propinaron una golpiza que le provocó serios problemas musculares. A su hijo lo detuvieron violentamente, provocándole una fractura en el brazo derecho, donde tiene tatuado el nombre de UNPACU. Los oficiales lo llevaron a prisión y no lo atendieron por la fractura sino hasta 10 días después, colocándole una férula. Un mes más tarde, ante las complicaciones que presentaba el recluso, las autoridades lo trasladaron a un hospital, donde lo operaron para introducirle unas varillas.

“Cristian estando allí en la sala de penados ya no podía caminar, con muletas anduvo en prisión. Cuando se logra que lo saquen bajo licencia extrapenal (en enero de 2020), lo traen para la casa en silla de ruedas. Hoy mismo no se puede ni levantar de su cama”, cuenta Yolanda, quien se ha convertido en el único sustento y apoyo de su hijo, de 42 años.

En el actual contexto de pandemia, ambos se encuentran aislados dentro de su casa, lo que ha limitado la atención médica de Cristian, quien no tiene un médico de cabecera ni ha logrado que en los hospitales públicos le vuelvan a operar para retirar las varillas, que le han provocado supuración e inflamación severos.

El serio problema de salud de su hijo y una nueva multa que recién arribó para la activista son los más recientes actos de persecución de las autoridades. Ella asegura que se mantendrá firme en sus denuncias ante las arbitrariedades del sistema cubano.

“Por mi activismo mi hijo tuvo que abandonar el país”: La historia de Leonor Reyno Borge activista cubana víctima del Estado Cubano

A Leonor Reyno Borges le tocó ver partir a su hijo desde La Habana. Llevaba años siendo activista y miembro del grupo Laura Pollán: su Legado, y había sido maltratada, hostigada y reprimida por las autoridades cubanas. Pero ningún dolor se comparaba con la separación de su hijo. “Cientos de miles de madres cubanas guardan dentro de sí el dolor de ver partir a sus hijos y no saber cuándo los volverán a abrazar, porque son miles los que han tenido que emigrar a cualquier parte del mundo” huyendo de la represión, dice apesarada la activista de 55 años.

Su hijo, un informático de actualmente 34 años, fue víctima de abusos por parte de la policía en Cuba: iban a su centro de trabajo, lo hostigaban alegando que su madre era una contrarrevolucionaria, lo detenían arbitrariamente. Hasta que un día decidió emigrar. Por eso Leonor asegura que el Gobierno cubano ha dividido a las familias.

19 años de activismo

Un evento que impulsó la vida de Leonor hacia el activismo ocurrió en el año 1994 y también se relaciona con el éxodo cubano: mientras trabajaba en el Hotel Nacional se dio cuenta de que cuatro barcos estatales habían hundido un viejo remolcador conocido como el Remolcador ‘13 de marzo’, que intentaba escapar del país con 72 tripulantes, de los cuales 41 murieron. Una de las compañeras de trabajo de Leonor, parte del sindicato de trabajadores del hotel, aprobó la acción gubernamental. Pero Leonor le expresó: “Si tú te consideras revolucionaria y dices esas cosas, entonces yo no quiero ser revolucionaria, porque eso significa ser asesina”. Poco tiempo después, a causa de ese pleito, Leonor fue despedida del Hotel sin mayores explicaciones.

A principios del 2000, Leonor se fue integrando a diversos grupos de oposición y de defensa de los derechos humanos. En 2007 se incorporó a las Damas de Blanco, bajo el liderazgo de Laura Pollán. Allí realizaban diversas acciones: además de manifestaciones afuera de iglesias para exigir la liberación de los presos políticos, también hacían recolectas para juntar víveres y apoyar a las familias de los prisioneros, y se reunían en sus comunidades para hablarle al pueblo sobre los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que pudieran defenderlos.

A lo largo de los años, Leonor también ha formado parte del grupo 24 de febrero, del Partido Nacionalista Cubano y del grupo Mujer Nacionalista Cubana. Dentro de esos grupos participó de innumerables protestas públicas “para dar al pueblo un mensaje de libertad, buscando elecciones libres, para reconocer los derechos humanos, para denunciar a las violaciones de la constitución nacional”, como ella misma describe.

Pero esas manifestaciones conllevaron también a innumerables detenciones, amenazas de muerte y de prisión. “Me pasaba más tiempo en los calabozos que en mi propio hogar”, relata Leonor.

Detención y condena

Si bien la mayoría de veces las detenciones de Leonor duraban entre 12 y 72 horas, llegó un día en que no fue así. El 5 de diciembre de 2017, Leonor y Rosario Morales presenciaron cómo oficiales de la Seguridad del Estado querían extorsionar a otros vendedores, aunque estos tenían licencia. Ellas decidieron interceder con consignas como “Vivan los derechos humanos”, “abajo la corrupción”, “libertad para los presos políticos”. En respuesta, los policías las metieron violentamente en una patrulla y las trasladaron a un centro de detención.

Ambas activistas fueron llevadas a El Vivac. Después de 12 días en huelga de hambre, las autoridades las liberaron en un estado grave de salud, pero les advirtieron que su causa continuaría abierta. Con ayuda de desconocidos, lograron llegar a sus casas durante la noche del 16 de diciembre.

Pasaron 15 meses hasta que Leonor volvió a escuchar de los jueces, hasta en octubre de 2019, cuando recibió una citación del Tribunal de La Habana del Este. En un juicio exprés, fue sentenciada el dia 23 de ese mes a tres años de prisión sustituido por trabajo correccional sin internamiento por los delitos de actividad económica ilícita, desacato y desobediencia. “No me permitieron testigos, me defendí todo lo que pude, los policías mintieron, eran como robots porque los tres dijeron lo mismo”, recuerda Leonor.

Aunque la activista ejerció su derecho a la apelación, el tribunal no le dio la oportunidad de tener otro juicio que fuera justo. Más bien, las autoridades le asignaron el trabajo de limpiar pisos, a pesar de que Leonor es profesional de Contabilidad y Finanzas, especialista en Auditorías. Desde que hace activismo, no ha logrado desempeñar su oficio, porque asegura que los empleadores tienen miedo de darle trabajo, pues les mandarían a hacer revisiones frecuentes e inspecciones injustificadas.

“Soy amenazada con que si no cumplo con el trabajo que ellos me ofertan de limpiar pisos, entonces seré enviada a prisión”, asegura.

Actualidad

Actualmente, Leonor se encuentra en casa para protegerse de la actual pandemia de la COVID-19. Aunque recibió una notificación a finales de febrero para integrarse al trabajo correccional, eso no se concretó por las medidas de aislamiento que se concertaron días después.

“Si paramos y bajamos nuestro perfil, la Seguridad del Estado nos pasa por encima como una aplanadora. No nos vamos a parar nunca, simplemente nos ha parado la pandemia”, dice Leonor, quien finaliza: “Yo decidí un día defender los derechos de mi pueblo y aunque me cueste años de prisión y aunque me cueste la vida, seguiré levantando la voz a favor de los derechos en Cuba”.

Preso político cubano Silverio Portal Contreras se encuentra en situación crítica de salud

Washington, D.C. 18 de mayo de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) insta al gobierno cubano a divulgar información sobre la situación del preso político Silverio Portal Contreras, actualmente recluido en la prisión 1580 de San Miguel de Padrón, en La Habana. El Sr. Portal Contreras es un activista independiente quien ha apoyado a varios movimientos en Cuba, como las Damas de Blanco y el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR). La esposa del preso político, Lucinda González Gómez, teme por su vida y no ha logrado comunicarse con él desde hace casi un mes.

El Sr. Portal Contreras se encuentra privado de su libertad desde julio de 2018, cumpliendo una condena de cuatro años de cárcel por cargos de desorden público y desacato. Fue detenido después de participar en una protesta en contra del Gobierno cubano, en la que denunciaba la falta de arreglos a los edificios al borde de derrumbe por falta de atención, en particular de las viviendas. Al ser detenido, Silverio gritó “Abajo Fidel Castro, abajo Raúl”, lo cual contribuyó a la causa de “desacato”, que busca criminalizar los insultos a oficiales de la vía pública. Amnistía Internacional ha declarado a Silverio como prisionero de conciencia.

La salud del Sr. Portales Contreras, de 56 años de edad, ha decaído considerablemente durante su estancia en prisión. A comienzos de la condena, Silverio cayó inconsciente por una convulsión y no recibió la atención médica necesaria, aunque estuvo pidiendo ayuda por casi cuatro horas. Después, se descubrió que tenía un coágulo sanguíneo, y desde entonces ha sufrido varios accidentes cerebrovasculares isquémicos y ataques isquémicos transitorios (AIT) que le resultaron en una parálisis parcial al lado izquierdo de su cuerpo.

El Sr. Portal Contreras ha solicitado la licencia extrapenal, la cual es permitida bajo el Código Penal Cubano en ciertas circunstancias, y aunque se reconoció que el Sr. Portal Contreras sufre de un sinnúmero de condiciones serias de salud, como la enfermedad cerebrovascular isquémica, el Tribunal Provincial de La Habana dictó que “su estado de salud actual es compatible con el régimen penitenciario”, y notó que él requiere “llevar seguimiento especializado para mantener compensadas sus enfermedades”. La Sra. González Gómez también ha sometido al Tribunal Supremo la apelación a la condena del Sr. Portal Contreras, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta. Las solicitudes para transferirlo a un campamento de trabajo y para salir en libertad condicional también han sido denegadas, según la esposa.

El 23 de abril de 2020 el Sr. Portal Contreras sufrió otro AIT. La Sra. González Gómez logró hablar con él por teléfono ese día y notó que tenía mucha dificultad para hablar. Ella sospecha que él está necesitando ayuda médica urgente y teme por su vida, pues desde esa fecha no ha logrado comunicarse con él. El 12 de mayo, recibió una llamada por parte de otro prisionero que le informó que el Sr. Portal Contreras se encontraba vivo, pero no dio detalles sobre su condición actual. El Sr. Portal Contreras se encuentra en un estado de peligro a su salud dada su condición delicada, la cual empeoraría si contrae la COVID-19 en la prisión.

El 13 de mayo de 2020, un oficial de la Seguridad del Estado cubano llegó al hogar de la Sra. González Gómez para recoger la comida y medicinas para Silverio, las que normalmente ella le entrega en persona, pero por causa de la pandemia del COVID-19 no puede hacerlo. El oficial le comunicó a ella que el Sr. Portal Contreras le llamaría el día siguiente, pero la llamada nunca ocurrió, lo que lleva a la Sra. González Gómez a pensar que Silverio sufrió otra crisis de salud, o que se le están denegando los derechos de llamadas.

Según las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las Reglas Nelson Mandela), “la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica”. Además, “los reclusos estarán autorizados a comunicarse periódicamente… con sus familiares y amigos”.

Raza e Igualdad expresa su alta preocupación por la salud y el bienestar de Silverio Portal Contreras, y urge al Estado cubano a divulgar información sobre su estado actual y además de proveerle el cuidado a su salud, y permitirle la comunicación directa con su esposa, tal y como las Reglas Nelson Mandela estipulan. El Sr. Portal Contreras es un preso político cuya privación de libertad viola los acuerdos de derechos humanos y obligaciones adquiridos por parte del Estado cubano. Raza e Igualdad pide a la comunidad internacional que monitoree la situación del Sr. Portal Contreras y que pida el respeto y la protección a los derechos humanos de todos los prisioneros políticos.

No más silencio: Retomando nuestras voces en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Washington D.C., 15 de mayo. Este 17 de mayo se cumplen 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental, un hito global que logró acelerar los avances en materia del reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI).[1] Con ocasión de esa fecha, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un día en el que se llama la atención sobre la violencia y la discriminación que aún sufren las personas LGBTI en nuestras sociedades.

Este año el tema que se promueve es “Romper el silencio”, escenario que invita a las personas de la comunidad LGBTI a no tener miedo a expresar su orientación sexual o su identidad de género, ni en sus círculos íntimos ni en sus círculos sociales. Pero también la conmemoración se enmarca este año dentro de una crisis sanitaria mundial generada por COVID-19, que ha agudizado la discriminación estructural y evidenciado los prejuicios que persisten en nuestra sociedad.

Históricamente, la población LGBTI ha sido estigmatizada por una sociedad heteronormativa que no ha permitido su participación en espacios públicos. La conmemoración de este día es vital para visibilizar todos los actos de discriminación que permanecen en nuestras sociedades y denunciar la violencia contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas.

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“Romper el silencio es poner voz a quienes la hemos tenido silenciada por el estigma, la discriminación, exclusión social y constantes violaciones de derechos que quedan en la impunidad por falta de voluntad política de los Estados. Romper el silencio es gritar con evidencias una verdad que nuestros Estados, en la mayoría de los casos, no quieren mostrar o no toman en cuenta. Romper el silencio es decir somos, estamos, existimos y tenemos derechos”.

La lucha por la igualdad y justicia es un trabajo diario para muchas personas, no se trata de sólo conmemorar un día como este, es una lucha que persiste a lo largo de todos los días del año.

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“Romper el silencio ha generado que mi cuerpo hable, que mis entrañas hablen, que mis experiencias hablen y que no callen, porque mi vida y la vida de mis hermanes trans merecen que no calle más la injusticia, el dolor y la marginación por ser diferentes. Romper el silencio significa para mí, que todo sentimiento de opresión también se rompa y busque la libertad para todes, esa misma que empecé a sentir cuando elegí ser yo mismo”.

En las últimas semanas hemos sido testigos de una discriminación latente y estructural en la implementación de políticas públicas de los Estados y sus instituciones en respuesta a COVID-19 y como eso ha exacerbado las desigualdades. Igualmente, la ausencia de políticas públicas con un enfoque de género y la falta de capacitación y sensibilización a operadores de la justicia han reproducido patrones de violencia y actos de discriminación contra las personas LGBTI. Esta situación se comprueba con las múltiples estrategias de contención empleadas por los Estados que no sólo olvidaron considerar la situación de pobreza, marginalidad y violencia a la que diariamente se enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, sino que expusieron sus vidas al no proponer acciones con enfoques diferenciales de género.

La promulgación de pico y género en diferentes países causó graves violaciones de derechos humanos, especialmente para la población trans. Su situación de precariedad está en aumento, enfrentando no solo abuso de poder por parte de las fuerzas del orden, sino también pérdida de trabajo, regreso a círculos familiares violentos, la postergación de juicios de cambio de nombre y la abstención de acceder a centros médicos para recibir tratamientos regulares y necesarios, por miedo a ser discriminadas.

Hoy más que nunca, es necesario tomar acciones diferenciadas y específicas para la población LGBTI, con estrategias contundentes para frenar los casos de abuso y las violaciones sistemáticas de derechos humanos de todas las personas diversas.

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Romper el silencio implica “visibilizar y/o denunciar todo acto de discriminación y/o de violencia en contra de las personas con orientaciones sexuales diversas como lo es la población LGBTI”, lo que se puede lograr “apoyándonos en la utilización de todas las herramientas jurídicas, de protección de derechos humanos y de comunicación existentes”.

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Por su parte, Sandra Arizabaleta, de la organización Somos Identidad en Cali en Colombia, asegura que: “es urgente romper el silencio para que se utilicen todos los mecanismos comunitarios y legales posibiliten el libre desarrollo de las vidas de las personas LGBTI”. “Se puede (y se debería) amar más allá de una asignación de roles y genitalidad.”

La transgresión de los derechos fundamentales de las personas LGBTI se agudizan cuando las afectaciones se entrelazan con otros escenarios y/o realidades de igual o peor condición. Ejemplo de esto son las personas afrodescendientes con identidades y expresiones de género diversas que viven en contextos de extrema violencia, olvido estatal, pobreza y falta de acceso a servicios básicos de salud, educación, empleo.  “Regiones como el Pacífico colombiano, donde confluyen un mayor número de afrodescendientes, están lejos de ser amparadas con medidas que integren un enfoque interseccional” agrega Sandra de Somos Identidad.

La crisis sanitaria por COVID-19 ha mostrado que a pesar de los avances en materia de derechos humanos para la población LGBTI, todavía existen grandes vacíos y desafíos que sólo podrán ser superados con verdadera voluntad política de los estados para garantizar los derechos humanos con un enfoque diferencial. “En época de crisis es cuando se evidencia quiénes son líderes y quiénes no, y los malos liderazgos van a tender a exacerbar las dificultades para las poblaciones más vulnerables”, asegura Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

“Para miles de personas en todo el mundo, a menudo, romper el silencio significa permanecer en silencio. Los gritos ocurren cuando pequeños gestos pueden pasar desapercibidos, las miradas simples exigen luz o incluso una voz débil duda en hacer eco en ciertos espacios. Para ser escuchados, a veces necesitamos estar atentos, porque no tiene sentido romper el silencio si no hay nadie que nos escuche, si no hay espacios con oídos agudos para capturar los sonidos, sino gestos, miradas. El poder de romper el silencio solo es efectivo cuando hay poder para escuchar. De lo contrario, pasaremos toda una vida queriendo ‘significar’,”

Raza e Igualdad, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil LGBTI con las que trabaja, urge a los estados de Latinoamérica a:

  • Tomar medidas de prevención de la violencia desde una perspectiva diferenciada, que contemple la discriminación que históricamente ha existido contra las personas afro-LGBI y trans.
  • Urge tener un espacio de monitoreo específico junto con la sociedad civil para enfrentar el contexto de violencia por orientación sexual e identidad de género.
  • Urge la necesidad de capacitar a los órganos estatales sobre estos temas.
  • Las voces de la población LGBTI deben tener lugar y espacio en la planificación de emergencias de salud. Representantes LGBTI necesitan estar incluidos, así como las trabajadoras sexuales en los planes de protección social, especialmente en el acceso a los ingresos de emergencia.

Finalmente, es una obligación del Estado acompañarnos a romper el silencio contra la discriminación, la violencia y la indiferencia a través de acciones afirmativas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.

#CubanasLibresYA: La historia de la activista cubana Rosario Morales, otra víctima de represión del Estado Cubano

Rosario tenía 43 años cuando escuchó por primera vez sobre las Damas de Blanco. Ella era una trabajadora de la empresa estatal Correos de Cuba, una “ciudadana de a pie”, que repartía cartas y periódicos, que escuchó en 2006 una entrevista por la radio y quiso saber más sobre las demandas de ese grupo de mujeres organizadas.

“Yo comencé a apoyarlas en Santa Rita, en la iglesia. Después que salíamos de misa se marchaba por toda la Quinta Avenida. Estuve apoyando seis meses hasta que la Seguridad del Estado comenzó a amenazarme y a reprimirme y a hostigarme”, recuerda la activista.

Las presiones comenzaron a llegar de parte de amigos y familiares, y fueron escalando con el paso de los años. En 2011, su hijo fue enviado a prisión injustamente.

Reinier Biscet Morales, único hijo de Rosario, y de entonces 27 años, estuvo detenido por las autoridades como una forma de presionar a la activista para que desistiera de sus actividades. “Hasta que no convenzas a tu mamá que se quite de allí, te vamos a procesar a ti”, le decían al joven, según su madre.

“Allí me lo torturaron, me lo golpearon”, cuenta Rosario, quien recuerda cómo una vez que le tocaba visita le impidieron verlo porque se encontraba en una celda de castigo. “Yo empecé a llorar y pregunté el motivo y allí me contaron esto, que mi hijo había hecho una protesta, que había gritado consignas”.

Durante 15 meses el hijo de Rosario estuvo en prisión, y durante ese tiempo la activista no dejó de exigir su libertad. Salía a protestar a la calle con fotos de él, se vestía con un uniforme de recluso y salía a manifestarse, daba entrevistas y pedía apoyo de sus compañeras.

Poco después de la liberación de su hijo, a Rosario la despidieron de su puesto de trabajo “por tener ideas en contra del proceso revolucionario”, después de 8 años al servicio del Correo. “De allí más nunca me dieron trabajo, fui perseguida todo el tiempo por ser Dama de Blanco, por ser defensora de los derechos humanos, por exigir democracia, por querer que todos seamos iguales”, señala.

En el año 2012, ante la carencia de empleo, Rosario montó un puesto de venta en la calle con artículos varios del hogar. A modo de protesta, decidió no optar por una licencia de venta. Así transcurrieron los años, con incidentes ocasionales y participando siempre con las Damas de Blanco.

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Detención

Hasta que, en diciembre de 2017, las autoridades la detuvieron. En la Villa Panamericana, de la Habana, Rosario y otra Dama presenciaron cómo oficiales de la Seguridad del Estado querían sobornar a otros vendedores, aunque estos sí tenían licencia para vender. Ellas decidieron interceder con consignas como “Vivan los derechos humanos”, “abajo la corrupción”, “libertad para los presos políticos”. En respuesta, los policías las metieron violentamente en una patrulla y las trasladaron a un centro de detención.

Durante 12 días Rosario estuvo detenida en El Vivac, y en ese mismo tiempo la activista estuvo en huelga de hambre, incluso sin ingerir líquido los primeros días. Por eso hasta perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladada a la enfermería. Entonces la dejaron en libertad, pero le alertaron de que su expediente ya estaba hecho y que tendría que enfrentar un juicio.

Rosario afirma que nunca hizo declaraciones, no se le informó de los cargos y el proceso fue completamente discrecional. Un año después de esa detención, Rosario fue llamada a comparecer a juicio. “Era un juicio que estaba amañado contra los opositores, a los días me dieron la sentencia de prisión domiciliar de 3 años”, recuerda la activista quien tampoco tuvo derecho a presentar testigos.

El 21 de marzo de 2019, se ratifica la sentencia de Rosario a tres años de privación de libertad por los cargos de Especulación y Acaparamiento, Desacato y Desobediencia. La sanción fue sustituida por Trabajo Correccional Sin Internamiento.

Un mes después de dictada la sentencia, Rosario fue citada por una jueza de ejecución que iba a asignarle un trabajo para justificar su tiempo de sentencia. La jueza le acotó: “los negros nacieron para barrer calle, así que te pondremos a barrer calle”. Tras ser víctima de racismo, la activista indicó que aceptaría el trabajo, pero les aseguró a las autoridades que lo haría “con la frente en alto porque no he cometido ningún delito, voy a estar vestida de blanco y voy a hacer mesas redondas en la calle para analizar la mal llamada constitución”.

Hasta la fecha, después de varios procesos burocráticos, la activista no ha sido ubicada en ningún puesto.

Actualidad

Actualmente, Rosario continúa su oposición y es miembro de un grupo paralelo de Damas de Blanco llamado Laura Pollán: Su Legado, en nombre a la difunta fundadora del grupo opositor. Este grupo busca apoyar a la comunidad a través de protestas pacíficas contra injusticias. Su hijo Reinier emigró de Cuba desde hace cuatro años.

La sentencia dictada en contra de Rosario efectúa muchas restricciones; en toda labor desempeñada recibirá “menor remuneración o calificación” y no podrá optar a “ascensos ni aumentos de salario”. Tampoco  podrá optar a un pasaporte, lo cual le impide salir del territorio nacional. La restricción más severa a la cual Rosario está sujeta es la libre circulación. No puede salir de su municipio sin pedir permiso a la Jueza de Ejecución del Tribunal Municipal de La Habana del Este. No puede visitar familiares que vivan en otros municipios sin este permiso, lo cual ha sido difícil para ella.

Rosario fue citada nuevamente a aparecer en frente de un juez de ejecución en el Consejo Popular de Cojimar en marzo de este año, pero no fue atendida, a pesar de que esperó por horas. Ella continua sin saber cuándo o si es que finalmente el gobierno le obligará a cumplir el trabajo bajo la sentencia a la que fue condenada, por lo que vive bajo gran incertidumbre.

En el contexto de la COVID-19, la activista se encuentra recluida en su casa, pero asegura que en cuanto esta crisis sanitaria pase, se reincorporará a sus actividades, a pesar de las consecuencias. Sigue apoyando a su comunidad como puede, recientemente hizo 35 cubrebocas desde su casa que fueron compartidos a personas sin recursos de la comunidad.

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