Raza e Igualdad denuncia asedio del Gobierno cubano en contra de la periodista independiente María Matienzo y de la activista Kirenia Yalit Núñez Pérez y exige respeto a la libertad de expresión en medio de la campaña por la liberación del activista Denis Solís

Raza e Igualdad denuncia asedio del Gobierno cubano en contra de la periodista independiente María Matienzo y de la activista Kirenia Yalit Núñez Pérez y exige respeto a la libertad de expresión en medio de la campaña por la liberación del activista Denis Solís

Washington D.C., 19 de noviembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y denuncia ante la comunidad internacional el asedio que mantiene la Policía y la Seguridad del Estado de Cuba en contra de la periodista independiente y escritora María Matienzo y de su pareja, la activista Kirenia Yalit Núñez Pérez. Desde el martes 17 de noviembre, al menos cuatro oficiales con una patrulla se mantienen afuera de su casa en La Habana y las amenazan con llevarlas a la cárcel cuando hacen intentos de salir.

En comunicación con Raza e Igualdad, Matienzo señaló que esta acción de represión se debe a la participación que tanto ella como Núñez Pérez han tenido en la campaña del Movimiento San Isidro para exigir la liberación del activista y músico Denis Solís, quien fue arrestado el pasado nueve de noviembre en la capital cubana y condenado dos días después a ocho meses de prisión en un juicio sumario por el supuesto delito de “desacato”.

Matienzo apuntó que el primer día de asedio intentaron salir de su casa, pero al acercarse a la calle, los oficiales encendieron la patrulla buscando acercase a ellas y arrestarlas. Además, su pareja estuvo sin datos de internet en su celular durante medio día, hecho que atribuyen a una acción deliberada desde la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA), pues es muy común que activistas y opositores experimenten la suspensión del servicio.

La también periodista de CubaNet afirmó que este tipo de asedio es una práctica habitual. “A veces nos dejan salir y nos apresan a mitad de camino; en marzo, a Kirenia la dejaron llegar a las cercanías del lugar donde iba a tener una reunión y la apresaron, la montaron a una patrulla bajo el sol y la interrogaron”, dijo Matienzo, quien agregó que el pasado diez de octubre su pareja enfrentó algo muy similar: mientras caminaba hacia la sede del Movimiento San Isidro fue arrestada y llevada a una estación policial donde la mantuvieron más de cinco horas.

A ello se suma que en marzo pasado Núñez Pérez, quien es psicóloga y coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, recibió una multa de 100 pesos tras ser acusada falsamente de saltar un dispositivo de seguridad. En enero le entregaron una carta de advertencia en la que la amenazaron con arrestarla y procesarla por “introducir material contrarrevolucionario” al país.

Jornada de represión

La periodista y escritora María Matienzo hizo hincapié en que ella y su pareja no son las únicas víctimas de esta jornada de asedio y persecución, sino que hay decenas de personas que han sido golpeadas, amenazadas y arrestadas desde la semana pasada, luego de que el Movimiento San Isidro decidiera emprender una serie de acciones para protestar por la detención arbitraria del activista Denis Solís y exigir su liberación.

“Creo que Denis Solís forma parte de un perfil racial sobre el que se ensañan más teniendo en cuenta que vivimos en una dictadura machista, homofóbica y racista (…) es insostenible la situación de falta de libertad de expresión en la Isla, pero hemos decidido no callarnos, la gente tiene que ir despertando porque este es un mal que nos aqueja a todos por igual”, expresó.

Ante esta jornada de represión, al menos nueves activistas de un grupo que se encuentra en la sede del Movimiento San Isidro decidieron iniciar la tarde del miércoles una huelga de hambre. Según Matienzo, en total son 14 personas las que permanecen en las instalaciones del Movimiento, pues se reunieron ahí hace tres días para hacer una peregrinación poética por la liberación de Denis Solís, pero un grupo de alrededor de 100 hombres entre civiles, policías y agentes de la Seguridad del Estado llegaron a rodearlos para impedir su salida, y después incautaron la comida que les estaba compartiendo una vecina.

Desde Raza e Igualdad condenamos estas acciones que son violatorias de derechos humanos y requerimos al Gobierno cubano adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección inmediata de María Matienzo y Kirenia Yalit Núñez Pérez. Recordamos que a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la libertad de expresión es un derecho que debe ser garantizado por todos los Estados.

 

La imagen que acompaña este artículo corresponde a dos fotografías de la patrulla que asedia la casa de María Matienzo y Kirenia Yalit Núñez Pérez. 

Raza e Igualdad exige al Gobierno de Cuba que cese la persecución en contra de activistas de la sociedad civil independiente tras detención arbitraria del líder afrocubano Juan Antonio Madrazo

Washington D.C., 13 de noviembre de 2020.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia y condena la detención arbitraria de la cual fue objeto el activista cubano y coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Juan Antonio Madrazo, quien permaneció privado de libertad por más de dieciocho horas y cuyo paradero durante ese tiempo fue desconocido por sus familiares y colegas. Raza e Igualdad exige al Gobierno que cese la persecución en contra de las y los ciudadanos que integran organizaciones de la sociedad civil independiente en la Isla.

Según información brindada a Raza e Igualdad por la activista Marthadela Tamayo, también integrante del CIR, el señor Madrazo fue detenido de forma violenta por agentes de la Seguridad del Estado a eso de las cuatro de la tarde del jueves 12 de noviembre en su casa en La Habana. Los oficiales además sustrajeron bienes personales del activista y su hermana Jacqueline Madrazo, quien se encontraba con él al momento de la detención. Entre los objetos ocupados están dos computadoras personales, una cámara, un proyector, una grabadora, una pantalla para proyecciones, libros y documentos del CIR.

Ante la noticia de su arresto, Raza e Igualdad se unió a las voces que denunciaron la desaparición forzada del señor Madrazo, pues, aunque fue liberado la mañana de este viernes, durante las más de doce horas de su detención sus familiares y colegas no recibieron información sobre su paradero, aun cuando acudieron a al menos seis estaciones policiales para conocer dónde y cómo se encontraba el líder afrocubano.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, el activista señaló que el allanamiento arbitrario a su casa duró casi una hora y posteriormente lo trasladaron a la unidad de Zapata y C, donde lo mantuvieron en un calabozo durante una hora antes de someterlo a un interrogatorio en el que los oficiales lo amenazaron con procesarlo penalmente. Después, fue llevado a la unidad de 7ma y 62, en Miramar, que es la unidad de Investigaciones Criminales, y ahí estuvo privado de libertad hasta su liberación la mañana de este viernes.

Cabe señalar que estas acciones ocurren luego de que el CIR realizara acciones de difusión del informe Negación, exclusión y discriminación, que aborda la situación de derechos humanos de las y los afrocubanos y mestizos, y de otro informe sobre la discriminación racial en el mercado laboral cubano. Ambos documentos han sido difundidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y en 2017 fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otras detenciones

El Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) también informó a Raza e Igualdad sobre la detención este jueves en Antilla, provincia de Holguín, de los activistas Esber Rafael y Braulio Hastié, a quienes el mayor de la Seguridad del Estado Henry Borrero Peña les “robó” una cámara fotográfica, denunció la organización. El mismo día también fueron detenidos y liberados horas después el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la periodista independiente Iliana Hernández.

Las acciones de asedio y hostigamiento, así como las detenciones arbitrarias por varias horas o días, son una constante del Gobierno en contra de activistas de la sociedad civil independiente en Cuba. Como organización que vela por los derechos humanos, Raza e Igualdad exige a las autoridades que cese esta persecución y que respete el derecho fundamental a la libertad de expresión, a la libertad de movilización y a la libertad de organización, de acuerdo con los estándares internacionales que son de obligatorio cumplimiento.

Raza e Igualdad denuncia la detención arbitraria del activista cubano Yandier García Labrada y expresa preocupación por su deteriorado estado de salud tras un mes en prisión

Washington D.C., 6 de noviembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia la detención arbitraria del activista cubano e integrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Sr. Yandier García Labrada, quien se encuentra privado de libertad desde el pasado seis de octubre en la prisión “El Típico”, en la provincia de Las Tunas, y presenta un considerable deterioro en su estado de salud, ya que fue severamente golpeado y no ha recibido atención médica.

La familia del Sr. García Labrada supo de su detención y paradero el pasado 27 de octubre, día en que su hermano Irán Almaguer Labrada fue a la unidad policial de Las Tunas para solicitar información. Sin embargo, el instructor a cargo del caso, quien se rehusó a proporcionar su nombre, se limitó a decirle que el Sr. García Labrada se encontraba detenido en la prisión “El Típico” acusado por los delitos de “desacato” y “desorden público”, y que no había fecha para su juicio.

Fue hasta el 3 de noviembre que su hermano Yoanny Almaguer Labrada pudo verlo y hablar con él alrededor de 20 minutos, logrando constatar que el Sr. García Labrada presenta varios golpes en las costillas, hombros y brazos, y que no puede mover su brazo izquierdo. A esto se suma que no ha recibido ningún tipo de atención médica y que sus familiares no han podido enviarle el respirador spray (aerosol) que necesita para controlar las crisis de asma que sufre con bastante frecuencia.

Antes de que su hermano Yoanny Almaguer Labrada tuviera contacto con él, el Sr. García Labrada estuvo incomunicado en prisión, sin derecho a recibir visitas ni realizar llamadas telefónicas. Su familia también denunció que el pasado 4 de noviembre, su hermano Irán Almaguer Labrada fue detenido por cinco horas en la localidad de Buenaventura, mientras regresaba de Manatí a San Andrés. El oficial de la Seguridad del Estado que lo retuvo todo ese tiempo se presentó solamente como Alberto y le exigió “abandonar su oposición” a cambio de liberar a su hermano Yandier.

Los hechos

Según información brindada por representantes del MCL y su hermano Irán Almaguer Labrada, el Sr. Yandier García Labrada fue apresado a eso de las 3:00 pm del martes seis de octubre, en las afueras de un lugar de abastecimiento de alimentos en la ciudad de Manatí, en Las Tunas, donde reside. El señor García Labrada se encontraba haciendo fila para comprar en dicho supermercado y al ver la desorganización e irregularidades en el suministro, reclamó públicamente, logrando que más personas se sumaran a la protesta.

Ante tal iniciativa, los encargados del local llamaron a la Policía, que al llegar al sitio procedió al arresto del Sr. García Labrada y tres personas más, aunque estas últimas fueron liberadas horas más tarde ese mismo día. Testigos señalaron a la familia del integrante del MCL que la aprehensión fue “brusca”, ya que estuvo a cargo de entre cuatro y cinco agentes policiales que lo “lanzaron de cabeza conta la patrulla para arrestarlo”.

El Dr. Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, compartió con Raza e Igualdad que “el injusto encarcelamiento y el tratamiento arbitrario recibido por el Sr. Yandier García Labrada responde a una campaña sistemática de represión contra los miembros del MCL con el propósito de anular el activismo en defensa de los derechos del pueblo”. Y es que las acciones de hostigamiento y amenazas en contra de integrantes de este movimiento opositor son muy frecuentes, tal cual lo denunció Raza e Igualdad en agosto pasado.

“Es muy preocupante que la familia no haya podido tener contacto con él y saber su estado real. El MCL reclama la liberación inmediata de Yandier García”, agregó el Dr. Cardet. Cabe aclarar que el coordinador nacional del MCL hizo estas declaraciones antes de que el Sr. García Labrada finalmente tuviera comunicación con su hermano Yoanny Almaguer Labrada, el pasado 3 de noviembre.

Raza e Igualdad comparte la preocupación de los familiares del señor Yandier García Labrada por su deteriorado estado de salud e insta al Gobierno cubano a que asegure sus derechos a la vida, integridad personal, salud y bienestar, incluido el acceso a atención médica adecuada y oportuna; además, solicita que facilite la comunicación regular del Sr. García Labrada con sus familiares. Todo ello está respaldado en instrumentos internacionales de derechos humanos como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y las Reglas Nelson Mandela. 

 

Fotografía cortesía del Dr. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL). El señor Yandier García Labrada es la persona que aparece vistiendo una gorra. 

Representantes de la sociedad civil independiente en Cuba y la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH llaman al Estado a cesar represión en contra de mujeres activistas

Washington D.C., 28 de octubre de 2020.– Representantes de la sociedad civil independiente en Cuba y la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionada Margarette May Macaulay, demandaron al gobierno de Cuba cesar la persecución y criminalización de mujeres activistas en la Isla, a la vez que mostraron su disposición a seguir registrando y denunciando las violaciones a derechos humanos en el país.

La Relatora Macaulay y tres integrantes de la organización Damas de Blanco participaron este martes 27 de octubre en el evento virtual ¡Cubanas Libres Ya! Situación de las prisioneras políticas en Cuba, organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), como parte de la campaña #CubanasLibresYa, la cual se viene ejecutando desde marzo pasado y busca visibilizar la situación de violencia, persecución y criminalización que enfrentan las mujeres cubanas que se organizan para denunciar violaciones de derechos humanos en la Isla y exigir condiciones de vida digna para todas y todos.

Contexto

En sus palabras de bienvenida, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, recordó que el Estado cubano ocupe el Código Penal para criminalizar a las personas que expresan opiniones en contra del Gobierno, violando así sus obligaciones internacionales para el respeto y la garantía de los derechos humanos. “Específicamente, las autoridades recurren a la imputación de delitos que no están claramente definidos en dicho Código, como el desacato, el atentado o figuras como la peligrosidad social”, dijo.

En tanto, la directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, señaló que entre enero y septiembre de este año el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró 1,249 detenciones arbitraria, incluidas 367 detenciones de mujeres, además que actualmente hay al menos 10 prisioneras políticas, ya sea en las cárceles cubanas, bajo arresto domiciliar u obligadas a realizar trabajos correccionales.

Por su parte, la oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, Caitlin Kelly, apuntó que, a pesar de los obstáculos para acceder a información confiable, la organización ha tenido acceso a datos que dan cuenta de la situación de marginalización y pobreza que enfrentan las mujeres en Cuba, por lo que tienen muchas razones para alzar sus voces, protestar y exigir cambios al Gobierno. “Sin embargo, como ha reconocido la CIDH, la libertad de expresión en Cuba no existe. La Seguridad del Estado, la Policía, las Brigadas de Respuesta Rápida y otras autoridades interrumpen violentamente estas manifestaciones y buscan razones para meter a las y los participantes a prisión”, enfatizó Kelly.

Exposición de casos

En el evento se presentó un video documental que resume la situación de las prisioneras políticas en Cuba, y se contó con la participación de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y de las exprisioneras políticas Yolanda Santana y Xiomara Cruz, quienes también forman parte de dicha agrupación. Aunque el objetivo fue sostener un conversatorio con las activistas, hubo problemas en la conexión a Internet en el caso de Soler y Santana. No obstante, ambas pudieron compartir sus testimonios a través de videos grabados con anterioridad.

Soler expuso que en los últimos cinco años ha sido detenida más de 200 veces, llegando a ser aprehendida de forma arbitraria hasta tres veces en una sola semana. “Recuerdo en una de las detenciones, dos policías uniformadas me aplicaron la técnica de asfixia, una llave en el cuello para estrangularme, y al mismo tiempo (una de ellas) introduciendo sus dedos dentro de mis ojos, provocándome un derrame ocular. No conformes con esto, me confinaron en una celda por más de 24 horas sin agua para tomar y ni para uso sanitario, y no recibí alimento en todo ese tiempo”, relató la líder de las Damas de Blanco, cuya última detención ocurrió el pasado 8 de septiembre, en el marco de las celebraciones de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.

Yolanda Santana, cuyo caso es uno de los diez reconstruidos por Raza e Igualdad para la campaña #CubanasLibresYa, señaló que desde que forma parte de las Damas de Blanco ha sido objeto de decenas de multas arbitrarias que, para ella son imposibles de pagar, por lo que en julio de 2018 fue detenida bajo el cargo de “impago de multas” y sometida a un juicio irregular en el que no le permitieron el derecho a la defensa. Santana permaneció un año en el Centro Penitenciario de Mujeres “El Guatao”, donde sufrió tratos inhumanos y degradantes.

La también Dama de Blanco, Xiomara Cruz, participó en el evento desde Miami, donde se encuentra desde inicios de este año gracias a una visa humanitaria que le concedieron para viajar y acceder a un tratamiento adecuado para tratar una enfermedad grave que adquirió estando en prisión. La activista denunció que su delicado estado de salud es producto del mal trato que recibió en la cárcel y la falta de atención adecuada en hospitales cubanos.

Cruz ha sido presa política dos veces. En abril de 2016, fue arrestada en un parque en La Habana junto a tres otras activistas, y detenida en “El Guatao” por un año y ocho meses antes de ser enjuiciada. Recibió la libertad condicional casi dos años después de esa detención inicial, pero en septiembre de 2018 fue detenida nuevamente y condenada a un año y cuatro meses de privación de libertad por “amenazas” luego de sostener una discusión con un vecino que lanzó piedras a su casa.

Una situación que no se puede aceptar

La Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, comisionada Margarette May Macaulay, mostró su preocupación por la situación de persecución y criminalización con las activistas cubanas. Dijo que, aunque el número de mujeres prisioneras es relativamente pequeño comparado con el de hombres, el efecto del encarcelamiento de mujeres es extremadamente perjudicial no solo para ellas, sino para sus familias y sus comunidades.

Macaulay expresó que esta situación es inaceptable y “debe parar”, a la vez que señaló varios derechos humanos y estándares internacionales para personas privadas de libertad que el Estado cubano viola en estas circunstancias, como por ejemplo el principio de igualdad y no discriminación, y el acceso a un techo digno y a la higiene.

Enfatizó que, desde su Relatoría y la CIDH misma, mantienen un monitoreo constante sobre la situación de derechos humanos en Cuba, por lo que invitó a las organizaciones de la sociedad civil local e internacional a apoyar las acciones de documentación y denuncia para enriquecer los comunicados e informes que realizan. Macaulay expresó que esperan que el Gobierno detenga las detenciones arbitrarias y garantice los derechos a la libertad de expresión y al acceso a información.

En tanto, desde Raza e Igualdad seguiremos atentos a la situación de las prisioneras políticas en Cuba para denunciarla y exigir que el país cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Les invitamos a conocer más sobre la campana #CubanasLibresYa, en su sitio web en español https://www.cubanaslibresya.com y en su sitio web en inglés https://www.cubanaslibresyaeng.com

Puede acceder aquí al video documental ¡Cubanas Libres Ya! https://youtu.be/gTQcFGute4g 

Raza e Igualdad: El prisionero político José Rolando Casares Soto debe obtener libertad definitiva

Washington D.C., August 20, 2020.– Este miércoles se conoció que el prisionero político José Rolando Casares Soto fue puesto en libertad condicional, noticia que él mismo comunicó vía telefónica al Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Como organización que promueve y defiende los derechos humanos, celebramos que el activista e integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana no permanezca más en prisión y pueda convivir nuevamente con su familia, pero mantenemos nuestra demanda para que el Gobierno le otorgue la libertad definitiva y se le retiren los cargos que le fueron impuestos a él y a su esposa Yamilka Abascal Sánchez en un proceso viciado en el año 2017.

Casares Soto fue uno de los activistas destacados en nuestro informe Condenas Premeditadas, como ejemplo de la estrategia empleada por el Gobierno cubano para criminalizar a las personas que lo critican. En julio de 2016, Casares Soto fue detenido por una semana cuando él y su esposa, Yamilka Abascal Sánchez, salieron a la defensa de un amigo que estaba siendo detenido por un oficial de la Policia. En la delegación policial, fue obligado a desnudarse para registrarlo y lo sometieron a un interrogatorio. Las autoridades le informaron que estaba acusado de “atentado” y “resistencia”, pero no escuchó nada más del asunto hasta casi seis meses después cuando Casares Soto y Abascal Sánchez recibieron citaciones para juicio oral.

La sentencia

La pareja fue enjuiciada al mismo tiempo durante un juicio cerrado al público que no respetó las normas del debido proceso. Abascal Sanchez fue condenada por “desacato” y cumplió una condena de dos años de limitación de libertad desde su casa, mientras que Casares Soto fue condenado por “atentado” y “ultraje sexual”. El Gobierno lo acusó de “ultraje sexual” porque se desnudó en la estación de Policía durante su arresto en julio de 2016, pero su versión indica que fue obligado a desnudarse para buscar una memoria flash que contenía información sobre las actividades de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

En el caso de Casares Soto la pena fue de cinco años de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento y el 24 de mayo de 2017 le notificaron que debía cumplirla en la empresa de Construcción Civil del municipio, pero no se presentó. Por eso, su condena luego fue cambiada a cinco años de privación de libertad. Cabe destacar que después de la citación del 24 de mayo, Casares Soto no volvió a recibir ninguna otra comunicación del Tribunal o del Ministerio del Interior y luego solo se conoció de su detención el 3 de agosto de 2017 en plena calle, cuando iba a comprar medicinas para sus hijos. También se debe mencionar que cinco años de privación de libertad es una condena más larga de lo normal. Los presos políticos en Cuba frecuentemente reciben condenas entre uno y tres años.

Tres años de sufrimiento

Caseres Soto permaneció en la Prisión Kilo 5 de Pinar del Río hasta agosto de 2019, cuando fue trasladado al Centro Penitenciario de mínima seguridad “Kilo 4”. Durante su tiempo en la cárcel, presentó problemas de salud relacionados con una prótesis dental que se le rompió al momento de ser detenido, y a una prótesis en el intestino que tiene desde que era niño. Además, el 11 de mayo de 2020 fue trasladado a un hospital después de varios días con un fuerte dolor de estómago. En el centro asistencial le encontraron que tenía un cálculo renal que fue tratado con una inyección para el dolor sin que se le prescribiera ningún otro tratamiento curativo.

Casares Soto perdió tres años de su vida en prisión solo por sus creencias políticas y sufrió mucho por no poder estar con su esposa e hijos todo ese tiempo, pues cuando lo arrestaron en agosto de 2017 para cumplir su condena en la cárcel, su hija tenía un año y su hijo menor había nacido en abril pasado. “Al fin nuestros hijos disfrutarán del amor que se perdieron de su papá por tres años lucha contra el régimen totalitario (…) seguiré apoyando y exigiendo la liberación de los demás presos políticos que aún continúan encarcelados injustamente”, escribió en la red social Facebook su esposa Yamilka Abascal Sánchez, quien llegó a ser amenazada por la Seguridad del Estado con quitarle a sus hijos si continuaba con su demanda.

Este martes 18 de agosto, el Gobierno por fin aprobó una de sus varias solicitudes para libertad condicional y Casares Soto regresó a su casa. Sin embargo, todavía está sujeto a varias condiciones. Tras obtener la libertad condicional, Casares Soto denunció que en la cárcel hay personas que no han cometido ningún delito y expresó que está dispuesto a denunciar las condiciones infrahumanas en que se encuentran otros pesos políticos.

Irregularidades

Raza e Igualdad presentó peticiones ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en nombre de Casares Soto y Abascal Sánchez, considerando que ambos han sido sometidos a detenciones arbitrarias en violación de las obligaciones internacionales de Cuba en materia de derechos humanos.

Encontramos en su caso una serie de irregularidades como la falta de un fundamento jurídico par su detención, la violación de sus derechos al mantenerlo en prisión sin una orden judicial y sin informarle sobre los motivos, así como la falta de supervisión judicial en los siete días que permaneció detenido en régimen de incomunicación en 2016. Las autoridades cubanas violaron su derecho a la libertad de opinión y de expresión consagrados en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

Todo ello motivado por su participación en la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, desde donde se manejan posiciones críticas al Gobierno y se aboga por una reforma al sistema electoral cubano. Por tanto, Raza e Igualdad demanda que a Casares Soto se le otorgue la libertad definitiva y se le respeten sus derechos a la libertad de opinión y expresión.

Raza e Igualdad denuncia hostigamiento contra miembros del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba y exige respeto a la libertad de expresión en la isla

Washington, D.C. 3 de agosto de 2020.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia los actos de hostigamiento y amenazas cometidos este fin de semana por la Seguridad del Estado de Cuba en contra de una familia integrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), con la intención de callar a líderes y lideresas de esta organización de la sociedad civil independiente en la isla.

Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del MCL y exprisionero político, denunció que el 31 de julio y el 2 de agosto agentes de la Seguridad del Estado se acercaron a diferentes miembros de su familia, que forman parte del Movimienton para exigirles que abandonen la organización y amenazarlos con mayor persecución y multas sin continúan participando en acciones de apoyo al MCL o a Cardet Concepción.

El primero de estos hechos se registró el 31 de julio, día en que un agente de la Seguridad del Estado que se identificó únicamente como “Elio”, llegó al puesto de trabajo del papá de Yaimaris Vecino, esposa de Cardet Concepción, y le dijo que le pidiera a su hija alejarse del MCL, pues de lo contrario su esposo regresaría a la cárcel.

Esta no es la primera vez que se registran acciones de asedio en contra de Vecino. En el pasado, incluyendo los meses en que Cardet Concepción estuvo en prisión, ha sido citada e interrogada en reiteradas ocasiones por la Seguridad del Estado, que incluso ha llegado hasta la policlínica donde trabaja para pedir que la llamen e interrogarla ahí mismo.

El otro acto de represión ocurrió el domingo, a eso de la una de la tarde, cuando dos oficiales de la policía política se presentaron en el domicilio de Yordán Mariño Fernández, coordinador del MCL para Holguín y Las Tunas, y primo de Vecino. Los policías lo obligaron a presentarse urgentemente en la estación de Velasco, localidad donde reside. Una vez allí, el activista fue interrogado por dos agentes de la Seguridad del Estado, quienes amenazaron con fabricarle una causa común.

De acuerdo con la denuncia, los agentes le dijeron que no van a permitir que ningún miembro del MCL salga del país y que asfixiarán económicamente a la organización hasta desaparecerla. También amenazaron con multar a la esposa de Yordán Mariño Fernández y amenazaron a su hijo, quien padece una discapacidad. Antes de dejarlo salir de la estación, lo conminaron a no seguir involucrado en el MCL y a no apoyar la causa del activista Eduardo Cardet Concepción, si no, ambos irían a prisión.

Las amenazas en contra de Yaimaris Vecino y Mariño Fernández son especialmente preocupantes porque se asemejan a las amenazas que agentes de la Seguridad del Estado hicieron a Eduardo Cardet Concepción antes de que fuera brutalmente atacado y condenado por un delito fabricado en noviembre de 2016. El coordinador nacional del MCL cumplió una condena de tres años que, hasta mayo de 2019, cumplió en condiciones infrahumanas en prisión, donde fue apuñalado, y hasta octubre pasado lo mantuvo en régimen de libertad condicional.

El MCL fue fundado en 1988 y a pesar de su creencia en el cambio pacífico, ha sido una de las organizaciones más perseguidas por el Estado cubano y sus órganos de seguridad. De los 75 prisioneros políticos durante la Primavera Negra en 2003, 17 eran miembros del MCL. El 22 de julio de 2012, su fundador, Oswaldo Payá, murió bajo circunstancias no aclaradas, después de que su carro fue embestido por un vehículo de la Seguridad del Estado.

Raza e Igualdad expresa su preocupación por la seguridad de Yaimaris Vecino, Yordán Mariño Fernández y demás miembros del MCL, y urge al Estado cubano a dejar de hostigarlos y permitir que puedan ejercer sus labores como partido político sin intervención estatal. También instamos a la comunidad internacional a monitorear la situación de los integrantes del MCL, pidiendo también el respeto y la protección de la libertad de expresión y asamblea en la isla.

CIDH otorga medidas cautelares solicitadas por Raza e Igualdad a favor del preso político cubano Silverio Portal Contreras

Washington, D.C. 23 de julio de 2020.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado nuestra solicitud de medidas cautelares a favor del preso político cubano Silverio Portal Contreras. La solicitud fue enviada el 5 de junio de 2020 y la notificación de su aceptación fue recibida este miércoles. Portal Contreras enfrenta una situación de riesgo grave y el gobierno cubano debe seguir las recomendaciones de la CIDH para proteger su vida e integridad personal.

Silverio Portal Contreras es un preso político cubano que fue detenido en julio de 2018 mientras participaba en una manifestación pública. Portal Contreras es un activista independiente que ha apoyado a varios movimientos en Cuba, tales como las Damas de Blanco y el Movimiento Opositor Nueva República. Durante su tiempo en prisión, su salud se ha deteriorado severamente; ha sufrido trombosis y consecutivos ataques isquémicos y ataques isquémicos transitorios (AIT) que lo han dejado parcialmente paralizado, además que está perdiendo la visión por no recibir el tratamiento que necesita por una afectación cardíaca y por las golpizas que ha recibido de parte de autoridades penitenciarias.

En una resolución de octubre de 2019 en la que el Tribunal Provincial de La Habana negó una solicitud de licencia extrapenal a favor de Portal Contreras, se reconoce que este padece enfermedades que ponen en grave riesgo su salud y su vida, como hipertensión arterial sistodiastólica complicada, enfermedad cardiovascular isquémica, hiperglicemia para estudio e hiperlipidemia y que, por tanto, requiere “llevar seguimiento especializado para mantener compensadas sus enfermedades”. Sin embargo, los jueces resolvieron en esa ocasión que su estado de salud es compatible con el régimen penitenciario.

Raza e Igualdad solicitó medidas cautelares a favor de Portal Contreras después de que su esposa, Lucinda González Gómez, informó que no estaba recibiendo las llamadas telefónicas programadas aún después de que él reportó haber sufrido otro AIT. González Gómez también recibió varias llamadas de otros reclusos informándole que Portal Contreras había sido golpeado brutalmente por autoridades penitenciarias y colocado en una celda de aislamiento, y que esto –sumado a la falta de atención médica—lo estaba haciendo perder la vista. Al momento que la solicitud para la medida cautelar fue enviada, a inicios de junio pasado, González Gómez no había tenido comunicación con Portal Contreras por varias semanas y temía por su vida.

En la resolución otorgando las medidas cautelares, la CIDH reconoce la situación de riesgo extremo que enfrenta Portal Contreras y señala la “especial seriedad” de los hechos dado que los perpetradores de los hechos denunciados son las mismas autoridades responsables por su custodia como prisionero, y advierte sobre los efectos debilitantes y permanentes que puede sufrir Portal Contreras debido a la falta de atención médica. La Comisión también resalta el contexto que enfrentan defensores de derechos humanos en Cuba, el cual describe como “caracterizado generalmente por un clima de hostilidad, persecución y hostigamiento, particularmente respecto de aquellos que habrían manifestado su oposición al gobierno”.

Aunque el otorgamiento de las medidas cautelares es un paso importante para llamar la atención internacional sobre el caso de Portal Contreras, él todavía está en riesgo. Las autoridades penitenciarias siguen negándole la atención médica que necesita. Este miércoles, su esposa Lucinda González Gómez sostuvo una llamada telefónica con Portal Contreras y este le informó no está recibiendo los medicamentos que necesita para su condición del corazón, y como resultado está perdiendo la vista. El médico de la prisión niega que Portal Contreras tiene una condición del corazón.

Raza e Igualdad hace una llamada al gobierno cubano a implementar las recomendaciones que la CIDH hizo en la resolución con la que otorga las medidas cautelares a Portal Contreras, entre las que incluso le solicita que investigue los hechos denunciados para “evitar su repetición”. Raza e Igualdad está dispuesta a dialogar con el gobierno cubano para ayudarlos a implementar estas medidas. También urgimos a la comunidad internacional a seguir el caso del prisionero político Silverio Portal Contreras y presionar al gobierno cubano para proveerle la atención médica que necesita y dejarlo en libertad.

Lea la resolución de la CIDH aquí

“En Santiago estuve 100 días en una celda de castigo”: Historia de Lisandra Rivera, víctima de la represión del Estado cubano

La primera vez que supo de grupos de oposición en su natal Santiago de Cuba fue cuando tenía 25 años. Un domingo de agosto de 2013, Lisandra Rivera iba a la playa con sus amigas y vio que un grupo de mujeres vestidas de blanco empezaron a manifestarse en plena calle. La joven y sus amigas se detuvieron a ver qué hacían y preguntar quiénes eran estas mujeres. Al rato presenciaron la llegada de policías que las reprimieron injustificadamente.

Un par de meses después, Lisandra y su madre se unieron a las Damas de Blanco. “Con las Damas asistíamos a misa todos los domingos, a pedir la libertad de los presos políticos, del pueblo de Cuba, hacíamos actividades con los niños, llevábamos ayuda a personas mayores y enfermas”, recuerda la activista, de actualmente 32 años.

Ese mismo año Lisandra entró también a formar parte de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en donde conoció a su esposo Yordanis Chávez, también miembro de este grupo opositor al Gobierno.

Familia

La familia de Lisandra es de activistas. En su infancia, sus padres fueron arrestados y procesados por expresar su crítica al sistema político cubano, aunque no fueran miembros de una organización opositora. A mediados de los años noventa, a su padre lo condenaron a 7 años y medio, y a su madre a 3 años y medio de arresto domiciliar. “Yo tenía 4 o 5 años, pero no tenía conciencia bien de qué era lo que pasaba”.

En su adultez, su familia también se enfrentó a los riesgos que implica ser activista en Cuba. “Una vez a mi mamá la empujaron de una guagua que estaba andando, a mi marido estando en prisión le sacaron los dientes en una represión, y yo perdí una barriga (embarazo) en el 2014 en una golpiza que ellos (la Seguridad del Estado) me dieron”, relata.

Detención

El 10 de febrero de 2016, Lisandra presenció un hecho arbitrario de parte de inspectores y policías: estaban golpeando a su tío y decomisando la mercancía de su negocio como cuentapropista.

“Yo llegué, comencé a preguntar por mi tío, les dije que ningún ciudadano podía ser detenido arbitrariamente, y mucho menos golpeado. Ellos me empezaron a tratar de mala forma y como el pueblo me apoyó [al protestar publicamente], un jefe de sector mandó a un oficial a que me detuviera”, cuenta Lisandra.

Ese día la llevaron detenida a la tercera unidad de policía de Santiago y después de 9 días la dejaron en libertad, aunque le impusieron una multa. No volvió a saber de las autoridades hasta el 18 de diciembre de ese mismo año.

“A las 5:30 de la mañana vinieron a mi casa, se llevaron a mi esposo detenido y a mi mamá. Buscaron testigos del barrio vecino e hicieron un registro. Se llevaron unas cuantas cosas y a las 2 o 3 horas me llevaron detenida”, cuenta la activista. Ese día era domingo, y tanto ella como su esposo, su mamá y otros activistas iban a participar de la campaña “Todos Marchamos”. Si bien dejaron en libertad a sus familiares, ella quedó detenida por un par de días, en prisión preventiva.

El 17 de enero de 2017, Lisandra fue llevada a juicio, acusada por el delito de atentado por la supuesta agresión a un policía durante su detención en febrero del año anterior, tras el decomiso a su tío. En el proceso, no le permitieron tener testigos, porque el juez desestimó los testimonios del esposo y una prima de Lisandra, mientras que la Fiscalía puso a testificar a dos policías que no habían estado en los hechos ni sabían detalles del caso. Finalmente, la condena impuesta fue de dos años de privación de libertad.

Prisión

Inicialmente, Lisandra estuvo detenida por once meses en la penitenciaría de mujeres de Santiago de Cuba, mientras que el resto de la condena la pasó en una prisión de alta seguridad en Camagüey.

“En Santiago estuve 100 días en una celda de castigo”, cuenta, como reprimenda porque ella se negaba a ir a actos políticos dentro de la prisión o ponerse en firme ante los oficiales penitenciarios.

“Nunca hay medicamentos, nunca hay médicos, las condiciones de las celdas son pésimas, las camas son de mampostería, no hay agua, no hay corriente, no hay buena iluminación. Una sola bombilla chiquita para la celda completa. La policía es represora principalmente con los opositores. En Camagüey las camas están partidas, no hay agua potable, no hay iluminación”, describe Lisandra.

Debido al frío y por dormir en una plancha de cemento sin colchón, a la activista le dio artrosis generalizada. Aunque su familia le llevaba medicamentos, vitaminas y alimentación, los oficiales no permitían que se les hiciera llegar. Solo cuando le detectaron faringitis y laringitis crónica recibió asistencia médica dentro del penal.

Actualidad

El día que salió de prisión, a Lisandra la estaba esperando “el barrio completico”. Al siguiente día se incorporó nuevamente a la sede nacional de UNPACU. Su activismo solo se vio pausado por 9 meses, porque salió embarazada y debió guardar reposo estricto.

Actualmente, y debido a la pandemia, sigue su activismo “publicando en redes sociales, denunciando, siempre he estado firme”, asegura.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos celebra que activista cubano Ariel Ruiz Urquiola pueda dirigirse al pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y aclara sobre asistencia ofrecida en Ginebra

Washington D.C., 26 de junio de 2020 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se complace del anuncio, el día de hoy 26 de junio, que el científico y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola haya depuesto su huelga de hambre y sed pues podrá dirigirse sin intermediarios al pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para exponer su denuncia contra el Gobierno de Cuba. Sin embargo, en relación al artículo publicado por Cubanet, queremos reafirmar y aclara los siguientes puntos:

  • Raza e Igualdad tiene un firme compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos de la sociedad cubana.
  • Celebramos que Ruiz Urquiola pueda finalmente dirigirse sin intermediarios al pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para exponer su denuncia contra el Gobierno de Cuba, al cual acusa de inocularle el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
  • Nuestra asesora legal en Ginebra, Tania Agosti, se acercó en su momento a Ruiz Urquiola y su entorno con el único objetivo de interesarse por su estado de salud debido a la huelga de hambre y sed que mantenía desde el lunes 22 de junio afuera de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para lo cual contaban con el aval institucional de Raza e Igualdad.
  • Agosti en ningún momento habló con Ruiz Urquiola para convencerlo de desistir de la huelga de hambre y sed.
  • Fue el servicio social de Ginebra la entidad que acudió a examinar el estado de salud de Ruiz Urquiola, haciéndole saber de antemano la obligación de las autoridades suizas de atender y reportar su estado de salud mental y física.
  • Lamentamos la publicación del artículo periodístico publicado el día hoy en la página de Cubanet, sus redes sociales y replicado en la página de Facebook de Cubanos por el Mundo, en el que se señala a nuestra colega de querer boicotear la huelga de hambre y sed de Ruiz Urquiola, sin tomar en cuenta nuestra declaración previo a la publicación del artículo.
  • Señalamos que el equipo de Raza e Igualdad siempre está abierto a brindar declaraciones a los medios de comunicación para expresar su posición ante violaciones a derechos humanos y para contrastar hechos.

Raza e Igualdad respalda el trabajo profesional y comprometido de Tania Agosti en la defensa y protección de derechos humanos. El acercamiento de Agosti y su equipo a Ruiz Urquiola respondió al interés genuino de conocer su estado de salud y apoyarlo en su demanda.

Como organización, reiteramos nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos de activistas y organizaciones de la sociedad civil cubana.  Continuaremos brindando acompañamiento y asistencia técnica para denunciar violaciones a derechos humanos y exigir justicia ante organismos como la Organización de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

 

“Duele mucho pensar cuando estuve en esa cárcel» Historia de Jacqueline Heredia ex prisionera política del Estado cubano

Las prisioneras cubanas se enfrentan a condiciones adversas durante su detención, y pocas veces sus derechos básicos son respetados. Jacqueline Heredia lo sabe bien. Pero en su caso, además, dos factores fueron determinantes para que los niveles de violencia y discriminación aumentaran estas condiciones: ser opositora y vivir con VIH.

Jacqueline, una activista de 40 años, estuvo por 16 meses en la prisión San José, una cárcel ubicada en las afueras de La Habana donde son remitidos reclusos hombres y mujeres que viven con el VIH. “(Esa prisión) no deja de ser severa ni tiene ninguna prioridad… el trato allí es discriminatorio, los mismos guardias y doctores tratan a los presos como si tuvieron la peste”, relata.

A pesar de estar en una prisión para personas con VIH, Jacqueline no recibió sus medicamentos antirretrovirales durante el tiempo que estuvo apresada. Tampoco tuvo acceso a una alimentación sana ni a un trato digno. Fue golpeada por otras prisioneras. Le quitaban el derecho a llamadas, le suspendían las visitas de sus hijos y su esposo. Vivía en condiciones de hacinamiento en una celda con poca ventilación.

“Duele mucho pensar cuando estuve allí”, refiere.

Activismo

Desde hace seis años, Jacqueline es miembro de la Unión Nacional Patriótica de Cuba (UNPACU), y desde hace cinco, de las Damas de Blanco. En este tiempo, ha asistido activamente a manifestaciones y actos de protesta por la libertad de las y los prisioneros políticos cubanos y las violaciones de derechos humanos en la isla.

“Decido volverme opositora por las muchas injusticias que ocurren en el país, veía a muchos gobernantes de este país que vivían mejor y el pueblo era más pobre y reprimido”, comenta la activista, quien vivió en carne propia la falta de oportunidades y la violencia policial.

Cuando tenía 6 años, su padre Ulises Heredia Yovi fue asesinado por la policía dentro su propia casa. Aunque no pertenecía a ningún grupo opositor, el padre de Jacqueline siempre había expresado públicamente su posición ideológica. “Todo fue por pensar diferente, más en ese tiempo (a mediados de los 80s)”, asegura.

A cargo de su madre, Jacqueline y su hermano pasaron tiempos difíciles mientras crecían, a veces el dinero no alcanzaba ni para la comida. Ella tampoco tuvo la oportunidad de estudiar una carrera, y empezó a trabajar desde muy temprana edad para ayudar con el sustento económico.

Para Jacqueline, los ciudadanos cubanos deben tener la oportunidad de trabajar, de tener acceso a insumos básicos, de “vivir tranquilos”. Por esos ideales se unió en 2014 a grupos opositores, pero desde entonces la represión se intensificó. En varias ocasiones fue detenida por lapsos de 24 a 48 horas, y en una ocasión fue golpeada violentamente con mangueras por parte de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria.

Detención

Pero la detención del 15 de abril de 2016 marcaría otro escenario.

Esa mañana en que Jacqueline se encontraba en el Parque de la Fraternidad conversando con otras tres Damas de Blanco (Xiomara Cruz, Marieta Martínez y Yunet Cairo), varios agentes de la Seguridad del Estado las detuvieron, las llevaron a la estación de policía para ficharlas, y por la tarde las enviaron al centro de detenciones El Vivac, en donde estuvieron detenidas por 17 días.

Mientras a sus otras tres compañeras las enviaron a la cárcel de mujeres El Guatao, Jacqueline fue trasladada a la prisión de San José.

Un año después de su detención, en mayo de 2017, las autoridades remitieron a la activista a un juicio en el Tribunal de Centro Habana, acusada de los supuestos delitos de desacato y atentado en contra de la policía. En junio, Jacqueline enfrentó junto a sus tres compañeras otro juicio en el Tribunal de San José. Por ambas causas fue condenada a 3 años de privación de libertad.

Después de un par de meses de haber recibido su condena, Jacqueline se enfermó de un catarro que no fue atendido por las autoridades penitenciarias. Más bien, la activista fue enviada a otra celda con personas que tenían tuberculosis, enfermedad de la cual se contagió. Si bien recibió tratamiento en prisión, su salud desmejoró rápidamente, por lo cual fue enviada a su casa bajo una licencia extrapenal.

“Estaba muriendo en prisión. Me mandaron para la casa, como si fuera a morir, (pero) Dios mediante logré recuperarme y cumplí en casa el tiempo que me quedaba de condena”, relata Jacqueline, quien para abril de 2019 ya había culminado su sentencia.

Actualidad

Desde entonces, ha sido detenida en “incontables” ocasiones. “Me detienen en una actividad o en la esquina de la bodega, en un parque, donde ellos quieran detenerme y hacerme pasar el mal rato, es a cualquier día y en cualquier hora”, asegura. Una de las últimas veces ocurrió un par de días antes del Día de las Madres.

Para sus dos hijos, de 9 y 12 años, ha sido una situación compleja. Su padre, el esposo de Jacqueline, Carlos Alberto Alvares, también es miembro de UNPACU y ha enfrentado varias detenciones. Los niños tienen miedo a la policía, porque en alguna ocasión incluso los detuvieron junto a su madre.

“Eso es más que una tortura para esos niños, que no entienden por qué motivo, si su mamá no comete ningún delito (es detenida), si solamente piensa diferente”, reflexiona Jacqueline.

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