Raza e Igualdad lanza guía práctica para solicitar Medidas Cautelares ante la CIDH

Raza e Igualdad lanza guía práctica para solicitar Medidas Cautelares ante la CIDH

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad pone a disposición la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” un manual que pretende orientar a activistas, defensores y defensoras de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“El documento es una herramienta pedagógica que intenta acompañar el proceso de construcción de solicitudes de medidas cautelares de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en peligro de sufrir vulneraciones graves a sus derechos humanos”, señala Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

La guía está compuesta por dos documentos, uno pensado para ser utilizado por abogados, abogadas o personas con conocimientos jurídicos en la materia; y otra para activistas de derecho humanos de la región donde se propone un recorrido por la información a través del acompañamiento de cuatro personajes que desde sus experiencias como solicitantes y beneficiarios de Medidas Cautelares explican y detallan los pasos a seguir para solicitar una medida cautelar.

“Hemos construido esta guía para facilitar el proceso de solicitud para activistas de derechos humanos que no tienen experiencia en el sistema interamericano.  Entonces, por cada paso el lector se encontrará con un acápite denominado “Síntesis teórica” donde los personajes nos explican en qué consiste el desarrollo del paso; y otro acápite denominado “Síntesis práctica” donde el lector podrá ver efectivamente cómo redactar, describir y completar dicho requisito.  Todos los casos que encontrarán en la guía han sido construidos con propósitos pedagógicos y bajo ninguna circunstancia corresponden a la realidad”, explica Christina Fetherhoff Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material que ya está disponible para ser descargado en el portal web de Raza e Igualdad http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/ busca además fortalecer las capacidades de los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a través de ellos, también del Sistema en sí mismo.

“Las medidas cautelares son una herramienta importante para proteger los derechos humanos y para emprender acciones concretas en favor de los derechos de las personas más vulnerables y en situaciones de riesgo frente a una posible violación de sus derechos fundamentales.  Raza e Igualdad trabaja justamente para llevar a las organizaciones de base esta herramienta que el Sistema Interamericano ofrece a la región como parte de un ejercicio consciente de la importancia de que las organizaciones sean protagonistas de los procesos de exigibilidad de sus derechos.  Esperamos sea de gran utilidad” menciona Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización no gubernamental para la defensa y la protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina promoviendo y protegiendo los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o su identidad de género. Fortalece a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países en los que trabaja.

Crisis por COVID – 19 devela preocupante estado de precariedad en el que se encuentran mujeres afrodescendientes de América Latina

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  En compañía de lideresas de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), se llevó a cabo el pasado jueves 7 de mayo el conversatorio virtual “Mujeres Afrolatinas frente al COVID-19” un espacio propuesto para visibilizar los impactos diferenciados que viven las mujeres Afrolatinas, representadas en niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, producto del brote epidémico conocido como COVID-19.

A lo largo del espacio de diálogo se abordaron análisis sobre la preocupante situación que enfrentan las mujeres alrededor del mundo debido a las estrategias de contención utilizadas por los Estados para evitar la propagación del virus, dichas propuestas ha obligado a la mayoría de las poblaciones en América Latina a permanecer en sus casas sin discriminar ni analizar los impactos que esto tiene en la vida de las poblaciones que históricamente han vivido en la marginalidad de las políticas públicas y en situaciones de extrema pobreza e inacceso a servicios básicos como el agua.

Elvia Duque, Oficial encargada del Programa para América Latina de Raza e Igualdad advirtió sobre un indiscriminado incremento en las violencias de género y violencias domésticas que las políticas gubernamentales de aislamiento han generado, y efectos múltiples que estos tienen en la de las mujeres afrodescendientes.  “Los efectos de COVID 19 han sacado a la luz una realidad que ha estado latente en nuestras sociedades a lo largo de la historia de la región.  Las mujeres han sido y son hoy un grupo vulnerable, así como los grupos afrodescendientes, ahora es una preocupación doble cuando estas dos realidades se intersectan y se agravan como está sucediendo ahora mismo” enfatizó Duque.

Por su parte, Paola Yañez presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) resaltó el estado de precariedad en el que se encuentran las mujeres afrodescendientes.  En este sentido, Yañez mencionó las múltiples afectaciones que enfrenta esta población en cuanto a accesos que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos de esta población. “Durante este tiempo se ha hecho evidente el estado de abandono Estatal en el que se encuentran los territorios donde habitan mayoritariamente poblaciones afrodescendientes; en muchas de estas comunidades no hay acceso al agua, vital para estos días.  En Latinoamérica cerca del 63% de las mujeres afrodescendientes y se dedican a trabajos del hogar y domésticos y por esta situación no están recibiendo ingresos, aspecto que no sólo la perjudica a ella sino a su grupo familiar, porque además estamos hablando de que en su mayoría son hogares monoparentales”.

En este sentido también se discutió sobre los preocupantes problemas de acceso a la salud en América Latina y del incremento del uso excesivo y violento de la fuerza por parte de esquemas de seguridad y la policía especialmente hacía cuerpos racializados.  “Hemos podido comprobar que el uso desmedido de la fuerza es diferente cuando se trata de personas Afro y personas LGBTI” añade la presidenta de la RMMAD.

“Desde Colombia estamos enviando mensajes de auxilio por la situación de líderes y lideresas sociales que hoy son perseguidos en los territorios en medio de la crisis por la pandemia del #COVID-19” enfatizó Audes Jímenez enlace para Colombia del Red de Mujeres Afrolatinas.   Durante las últimas semanas de confinamiento más de 10 líderes y lideresas étnicos han sido asesinados en Colombia sin que esto haya sido motivo de alerta en el país.  Los esfuerzos estatales están orientados a contener la propagación del virus sin pensar en los impactos que esto refiere para un país tan desigual.  “Las estrategias de contención que están abordando los Estados parten de un supuesto de igualdad y equidad de una población que históricamente ha vivido en la desigualdad, siendo la población afrodescendiente preocupantemente afectada por esta miopía social” añadió activista colombiana.

En este sentido, Milene Molina coordinadora de la Región Cono Sur de la RMAAD alertó sobre los incrementos desmedidos en las cifras de violencia intrafamiliar en toda la región.  “Es tremendamente paradójico porque países como Chile están completamente militarizados, las calles están llenas de cuerpos armados, pero al interior de los hogares las mujeres, niñas, adolescentes están encerradas con sus agresores y nadie sabe qué está pasando.  Dentro de los hogares existen todo tipo de violencias físicas, sexuales psicológicas y las calles completamente militarizadas, pero ¿cuidando a quién?” cuestiona Molina activista chilena.

El espacio de encuentro y diálogo virtual finalizó con la socialización de una serie de recomendaciones por parte de las activistas hacía los Estados que entre otras cosas propone estrategias concretas a favor de las poblaciones que se han visto afectadas de diversas maneras a causa de la crisis humanitaria, esto como alternativa para hablar de las desigualdades en las que viven los grupos étnicos en América Latina.

 

“Historia de Nieves Matamoros: Otra activista de las Damas de Blanco víctima del Estado Cubano”

A su puesto llegaron las primeras veces a hostigarla. Nieves Matamoros, de 55 años, tenía un puesto de viandas en La Habana, en donde vendía todo tipo de productos agrícolas junto con su hijo, de 34 años. En varias ocasiones oficiales de policía la multaron arbitrariamente, pero la situación empeoró cuando Nieves se unió a las Damas de Blanco en 2014. “Allí fue cuando más me atosigaron y me presionaban con mi familia”, recuerda.

Nieves salía vestida toda de blanco a pedir la liberación de los presos políticos en Cuba, y en varias ocasiones la detuvieron por 24 o 48 horas. Ella sabía que el riesgo de quedarse detenida era inminente, pero no dejó de asistir a las manifestaciones.

Los impuestos por altas cantidades, a ella y a su hijo, y las multas por escándalo público que le asignaban cada domingo que salía a protestar, se fueron acumulando. Para abril de 2018, Nieves le debía al Estado 18 mil pesos cubanos y su hijo les debía 13 mil. “Eran multas que yo no podía pagar”, aclara la activista. Nieves fue a la oficina de multas a pedir una prórroga o comodidades de pago, pero el oficial se negó argumentando que debía pagarlo todo de una vez.

Una citatoria judicial llegó a la casa de Nieves para el lunes 9 de abril de 2018, pero la Seguridad del Estado se encargó de detenerla un día antes, cuando la activista se unió a una nueva caminata de las Damas de Blanco: la tiraron al piso, le dieron golpes y la trasladaron a la estación policial.

Al siguiente día, Nieves fue llevada a juicio junto con su hijo. Uno de los testigos en el juicio fue el oficial al que Nieves fue a pedirle una prórroga, pero este testificó que la activista nunca había ido a su oficina. Así, arbitrariamente y de forma exprés, los condenaron a ambos a un año y seis meses por el incumplimiento de pago de multas, conviertiéndoles en dos víctimas más de la estrategia del Estado cubano de imponer multas arbitrarias a las personas que participan en protestas y luego encarcelarlas por no pagar las mismas. Actualmente, hay por lo menos siete presos políticos cumpliendo condenas así.

“Yo les dije a los esbirros: lograron lo que ustedes querían, pero voy a hacerles oposición desde allá adentro”, fue lo último que pudo decir Nieves en la sala judicial.

Tiempo en prisión

Durante dos meses, Nieves estuvo recluida en la Prisión de Mujeres de Occidente “El Guatao”, donde por una semana estuvo detenida en un calabozo, sin derecho a visitas ni contacto con otras reclusas. Después la trasladaron a la Prisión de Mujeres “La Bellote”, en la provincia de Matanzas, en donde estuvo durante once meses.

En ambas cárceles, Nieves asegura que las condiciones eran “malísimas”. En Matanzas en varias ocasiones le quitaron el acceso a comunicaciones y a sus familiares les negaban la entrada sin razón válida. Allí en prisión, a Nieves le detectaron un quiste en el riñón izquierdo. Ella cree que es por los golpes que recibió al momento de su detención y otros que recibió en el costado durante el tiempo que estuvo encarcelada.

“Mi familia sufrió muchísimo, a mi esposo le afectó bastante, mi hija nunca pudo llegar a prisión”, cuenta Nieves.

Finalmente, después de un nuevo traslado a El Guatao, Nieves fue liberada el 5 de octubre de 2019.

En libertad

Pero sus problemas médicos salieron a luz. A finales de 2019 fue operada de dos fibromas. “Creo que era el agua contaminada, la mala alimentación, se fueron agrandado hasta que reventaron”, conjetura.

Actualmente, Nieves vive con su esposo, su hijo, que también fue liberado el año pasado, y sus tres nietecitos, todos menores de 12 años.

Aunque no ha recibido amenazas directas de las autoridades cubanas, aún sufre las consecuencias de su detención irregular: sigue enferma de los riñones, de los nervios, se recupera de sus recientes cirugías, por lo que no ha logrado abrir nuevamente su puesto de viandas ni se ha reincorporado a sus labores de activismo.

Espera que al mejorar su salud, pueda retomar la vida que antes tenía.

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Historia de Yolanda Santana. Dama de Blanco ex prisionera política del Estado Cubano pero víctima de represión

Tantas veces la han detenido, que Yolanda ya no recuerda cuántas veces han sido. Cree que fueron unas 200 veces, pero la cifra podría ser más alta. Los arrestos casi siempre sucedían después de ir a la iglesia, cuando las Damas de Blanco, el grupo al que pertenecía desde el 2013, protestaban por la libertad y la democracia del pueblo cubano.

Algunas veces ocurría en plena calle: la Seguridad del Estado las atacaba a golpes, las esposaba y las llevaba a la comisaría; otras veces, los agentes esperaban a que abordaran el transporte público después de la protesta: detenían el bus, localizaban a las mujeres vestidas de blanco y las bajaban para golpearlas y escupirlas; y en varias ocasiones las tuvieron retenidas en una patrulla policial, con los vidrios arriba y bajo el sol abrasivo de La Habana en pleno verano.

Casi siempre las liberaban muy tarde por la noche, pero en algunas ocasiones las retenían por más de 24 horas, sin poder comunicarse con sus familiares, sin acceso a comida ni a servicios higiénicos. Lo seguro era que les impusieran multas de 150 pesos, bajo la excusa de que habían violado dispositivos de la Seguridad del Estado.

“Yo no puedo entender de que haya violado dispositivos de la Seguridad del Estado al salir yo de mi vivienda y tratar de llegar a una iglesia, yo no he cometido ningún delito”, reflexiona Yolanda Santana, de 55 años.

Juicio

Y fue precisamente por esas multas que se iban acumulando, que un 6 de julio de 2018 la citaron al Tribunal de Arroyo Naranjo. Ese mismo día, las autoridades judiciales le montaron un juicio exprés y la condenaron a un año de prisión por incumplimiento de pago de 12 multas de 150 pesos. En las multas que le impusieron, la acusaban de venta ilícita y trámites de licencia de venta, una acusación que además de ser ilegal, Yolanda desconocía. La deuda, según el Estado cubano, ascendía a 18 mil pesos.

“No me pusieron abogado y yo no puse tampoco. No pude presentar pruebas ni testigos a mi favor porque la Seguridad del Estado no lo permitió”, cuenta la activista. Ella se rehusaba a pagar las multas porque las detenciones habían sido arbitrarias, y por lo tanto, las multas también lo eran.

Prisión

Poco después la trasladaron a la Prisión de Mujeres de Occidente, “El Guatao”, una cárcel que alberga a mujeres que han sido víctimas de las arbitrariedades del sistema de justicia penal de Cuba, incluyendo a las presas políticas. Yolanda, como muchas otras mujeres, denunció que las condiciones en El Guatao eran deplorables: “La comida era podrida, causaba vómitos, no te la podías comer”, cuenta. Además de que había hacinamiento en las celdas, pues en cada una dormían 28 reclusas, los policías golpeaban a las mujeres, les quitaban el derecho a recibir visita conyugal y de hacer llamadas a sus familiares.

Esto último le pasó a Yolanda: por tres meses no tuvo derecho a usar el teléfono, en represalia por haber denunciado las condiciones de la prisión. En un par de ocasiones, también fue hostigada por otras mujeres internas, quienes Yolanda cree fueron enviadas por la Seguridad del Estado.

“Mis hijos, mi madre y mis nietos sufrieron mucho por esta condena, pero se mantuvieron fuertes apoyándome”, asegura Yolanda.

Cada vez que se despedía de sus familiares, quienes la visitaban en El Guatao, era una prueba de fuego para la activista cubana: “tener que levantar la cabeza y tragarme mis lágrimas para que ellos no me vieran mal. Es muy triste estar en prisión”, relata.

Finalmente, el 6 de julio de 2019 Yolanda cumplió su condena y salió de prisión.

En casa, pero sin libertades

Yolanda comparte su hogar con su hijo, de 31 años, su nuera y su nieto de 12 años. Su otra hija, de 35 años, y sus otros tres nietos, todos menores de edad, viven muy cerca de ella. La activista fue “madre y padre para sus hijos” y también es fuente de apoyo para sus nietos, quienes le llaman “Mima”.

Poco tiempo después de salir de prisión, Yolanda se reintegró a su activismo dentro de las Damas de Blanco. Desde 2013 se había unido al grupo porque su propio hermano había sido un preso político del Gobierno de Cuba. Sintió que era un deber unirse nuevamente a sus compañeras para seguir haciendo incidencia por las personas apresadas por motivos políticos.

Hasta la fecha, la represión en su contra y las amenazas continúan por parte de los oficiales cubanos. Sus hijos también han sido detenidos en varias ocasiones. El pasado 15 de marzo, mientras salía de la sede nacional de las Damas de Blanco, unos agentes se acercaron a Yolanda para amenazarla con que la llevarían nuevamente a prisión, pero esta vez por una condena de 4 a 8 años. En menos de un año que lleva en libertad, ya le han asignado nuevas multas como forma de amedrentarla.

Pero la convicción de Yolanda es difícil de tumbar. “Si me toca nuevamente por mi activismo político pues estoy lista, siempre estamos listas y mi familia preparada, si ellos pensaron que con eso iban a doblegar se equivocaron porque lo que hicieron fue fortalecerme”.

Presa política en huelga de hambre: Raza e Igualdad exige al Gobierno cubano que libere de inmediato a las mujeres presas políticas en medio de la crisis del COVID-19

Washington, D.C. 16 abril 2020. Con la llegada del coronavirus a Cuba, y en el marco de la campaña #CubanasLibresYa , el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) insta al Gobierno cubano a liberar a todas las mujeres presas políticas. Hasta el 15 de abril, 766 casos de infecciones y 21 muertes por COVID-19 han sido reportadas en Cuba. El virus se está extendiendo rápidamente en la isla y el gobierno está implementando medidas de distanciamiento social para proteger a los cubanos.  Sin embargo, las personas privadas de libertad en las prisiones en Cuba no pueden distanciarse socialmente y enfrentan riesgos extremos. Las condiciones deplorables que estas mujeres están enfrentando actualmente han causado que Martha Sánchez González, una presa política en la Prisión Provincial para Mujeres El Guatao, se declare en huelga de hambre.

Como Raza e Igualdad documentó en su informe Condenas premeditadas: Análisis de la Situación de la Administración de Justicia en Cuba, las prisiones en Cuba son conocidas por sus condiciones inhumanas, tales como el hacinamiento, mala circulación de aire y falta de acceso al aire fresco. Se ha reportado que estas condiciones han causado bronquitis y otras infecciones respiratorias, creando el entorno perfecto para que el COVID-19 se propague y agrave la enfermedad. Aunque el Gobierno cubano recientemente anunció que en las prisiones ya no se recibirán más visitantes , los prisioneros y las prisioneras todavía enfrentan el riesgo de contagiarse de las autoridades penitenciarias, quienes todavía circulan en la comunidad. En los Estados Unidos, esto ha causado la propagación del virus en los reclusos de las cárceles y prisiones con efectos devastadores.

En reconocimiento del riesgo extremo que enfrentan las personas privadas de libertad, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet hizo un llamado a los gobiernos a tomar medidas para proteger a los reclusos, entre ellos la reducción del número de las personas en detención. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la  “gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región… frente a los efectos de la pandemia del COVID-19” y ha instado a los Estados a “reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia”.

El riesgo que el COVID-19 plantea a las mujeres presas políticas es especialmente preocupante dado que las autoridades cubanas han negado atención médica a las presas políticas en el pasado o han brindado atención inadecuada. Por ejemplo, Xiomara Cruz Miranda, una Dama de Blanco condenada por “amenazas”, se enfermó gravemente en la prisión. Finalmente, fue trasladada a un hospital, pero su condición empeoró mientras los médicos cubanos ocultaron información a sus familiares y no pudieron proporcionar un tratamiento efectivo. Más tarde, Xiomara se fue del país para buscar atención médica en los Estados Unidos. Dado este mal precedente en el manejo de las necesidades médicas de las presas políticas, es dudoso que el Gobierno brinde la atención suficiente a las presas políticas que contraigan el COVID-19.

Las autoridades penitenciarias en Cuba también dejaron de permitir a los familiares de los presos llevar comida, como una manera de detener la propagación del COVID-19. Sin embargo, no han proporcionado un reemplazo para esta comida, de la cual dependen los prisioneros para sobrevivir dado que la comida provista por la prisión a menudo se pudre y carece de nutrientes. De acuerdo con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), “todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”. Esta semana, a Martha Sánchez González y Aymara Nieto Muñoz se les negó la entrada de comida que con mucho trabajo sus familiares les hicieron llegar, lo cual es especialmente difícil porque estas mujeres se encuentran en centros de detención alejados de sus hogares y el transporte en el país ha sido drásticamente limitado debido al virus. A la familia de Aymara Nieto Muñoz le dijeron que la comida fue rechazada no por la crisis del coronavirus, sino porque fue pagada con “dinero del imperio”.

Dado el riesgo extremo que los reclusos enfrentan, Raza e Igualdad hace un llamado al Estado cubano para que libere a todas las presas políticas en su territorio, incluidas Melkis Faure Hechavarria, Maite Hernández Guerra, Aymara Nieto Muñoz y Martha Sánchez González. Estas mujeres fueron condenadas por delitos que no cometieron después de protestar pacíficamente contra el gobierno cubano. No son delincuentes, no son violentas y no deberían estar tras las rejas en ningún momento, pero especialmente durante la crisis causada por la pandemia de COVID-19.

Mantener a estas mujeres en prisión es una violación continua de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Cuba, por lo que Cuba debe liberar a estas mujeres inmediatamente. Raza e Igualdad pide a la comunidad internacional que continúe monitoreando la situación en Cuba y exigiendo el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres presas políticas. Invitamos al público a unirse a nuestra campaña #CubanasLibresYa, para proteger el derecho a la vida y la salud de las mujeres presas políticas. Conozca la campaña aquí.

“En Cuba no podemos contrarrestar los efectos del coronavirus de la misma manera que lo hacen otros países” Activista de derechos humanos relata cómo vive el país la llegada del virus.

Los impactos que ha enfrentado el mundo a causa del COVID 19 han sido múltiples, sus efectos no solo han cobrado la vida de más de 60.000 personas alrededor del mundo, según datos publicados recientemente por BBC News[1]; sino que sus efectos ha tenido considerables consecuencias en escenarios sociales, económicos y políticos de todos los continentes.  

En Latinoamérica los impactos son diferenciados, las tasas de pobreza, desempleo y violencia representan un precedente importante a tener en cuenta por los Estados para establecer estrategias de contención de la crisis sin que esto vulnere la realidad de los derechos de muchos sectores sociales de la región históricamente marginados.

Países como Cuba hoy se ven amenazados, por lo que varios medios han denominado “la peor catástrofe humanitaria” no sólo por las deficiencias en el sistema de salud que hoy enfrenta el país, sino por las situaciones de pobreza, desempleo y desabastecimiento general que desde hace varias décadas vive la isla.

Aunque el Estado cubano ya empezó a tomar medidas para enfrentar el virus, y desde el 21 de marzo tiene cerrado el aeropuerto para entrada de turistas y ha puesto en marcha protocolos de contención por expansión del coronavirus, varios días pasaron antes de que el Estado tomara dicha decisiones y por el contrario declarara al país, el pasado 14 de marzo,  como lugar “seguro” para recibir extranjeros[2], aun cuando la Organización Mundial de la Salud, el 12 de marzo, había declarado el COVID-19 como una pandemia y recomendaba a los Estados tomar medidas al respecto.

Hoy el número de casos en el país por contagio de coronavirus asciende alrededor de los 300, siendo un 10% de los casos perteneciente a niños y niñas[3]; esto según lo reportado recientemente por Diario de Cuba.  Así mismo, este medio de comunicación notificó que en la Habana se concentra el epicentro de la epidemia con 108 casos[4].  En relación a esta realidad, activistas de derechos humanos y medios de comunicación han expresado preocupación por las condiciones en que la isla recibe al virus. 

“La verdad se vive mucha incertidumbre, no tenemos la información completa porque el Estado a través de las cadenas nacionales, que son las que tenemos, no transmite la información completa, además no hay medicamentos, la infraestructura de los hospitales no tiene la capacidad de enfrentar una situación como está y además desde hace varias semanas estamos desabastecidos, no tenemos qué comer” señala activista cubana sobre la situación que hoy se vive en la isla a causa del virus.

Las estrategias de contención que el Estado Cubano ha tomado para mitigar los efectos del virus son muy parecidas a las que otros países de la región han aplicado, sin embargo, la realidad de Cuba no permite que estas estrategias sean efectivas en la isla, pues según lo explicado por activistas de derechos humanos “la situación del país no permite que podamos quedarnos en nuestras casas para contrarrestar los efectos del virus, los cubanos viven del diario” expresan activistas cubanos a través de video enviados a Raza e Igualdad.

“Entre las recomendaciones que el Estado está haciendo se anunciaron medidas como la atención a los ancianos que están en los asilos, los que viven solos y los que pernoctan en las calles que no son pocos. Se repite mucho que estas personas no deben salir a las calles.  Las aglomeraciones se mantienen porque llevamos meses desabastecidos. Los niños de hogares y los ancianos son los únicos que tienen atención especial, el resto de la población tiene igualdad de trato en cuanto a las medidas tomadas”

Activistas de derechos humanos han denunciado a través de redes sociales sin número de situaciones que atentan contra la integridad de la persona y sus derechos fundamentales, entre las denuncias recurrentes se encuentra la de falta de alimentos en la isla, situación que impide a las personas del país permanecer en casa y salir a buscar sustento diario.

Así mismo, El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en sus redes sociales un incremento de las violaciones de derechos de los cubanos en medio de la pandemia.  Según la organización durante el último mes se registraron 251 acciones represivas por parte de autoridades del Estado cubano, de las cuales 192 fueron detenciones arbitrarias y 27 citaciones policiales contra activistas y miembros de la sociedad civil independiente; cifras que enmarcan al mes de marzo como el más represivo en lo que va del 2020.

Por otra parte, organizaciones cubanas han manifestado preocupación por la vida de las mujeres que sufren violencia en sus hogares. “Un grupo preocupante son las mujeres maltratadas. No se habla desde las instituciones de los peligros que se pueden intensificar al convivir con el maltratador porque están expuestas a más tiempo con ellos. Por esta razón, plataformas de activistas como “Yo si te creo en Cuba” están divulgando contenido de acompañamiento y denuncias” expresa activista cubana Lidia Romero.

Las afectaciones a causa del virus tienden a tener mayor impacto en los grupos sociales que carecen de reconocimiento y garantía de sus derechos.   En este sentido, las personas LGBTI, especialmente las mujeres trans, trabajadoras sexuales se han visto preocupantemente afectadas por la situación del COVID-19, pues el estado de aislamiento no ha permitido que puedan salir a trabajar lo que las pone en grave estado de indefensión y precariedad económica. Según Lidia Romero, para contrarrestar los efectos, activistas LGBTI se han coordinado a través de un grupo de whatsapp para coordinar ayuda con recursos propios. Se han priorizado aproximadamente 17 casos de personas LGBTI necesitadas, de las cuales 10 son mujeres trans.

Preocupa especialmente a Raza e Igualdad los impactos en materia de derechos y garantías que la implementación de protocolos de contención propuestos por el Estado Cubano pueda tener en grupos menos favorecidos, como lo son las mujeres, las personas afrodescendientes y las personas LGBTI.   Especialmente de este último grupo, expresamos especial preocupación por las condiciones en que mujeres trans trabajadoras sexuales puedan estar debido a las limitaciones para llevar a cabo su trabajo, además de la poca información diferenciada que se pueda conocer al respecto de su situación.

Por tal razón, recordamos al Estado cubano que las estrategias de contención para contrarrestar los efectos del virus deben contemplar la situación de derechos que vive el país, además, se deben implementar protocolos con enfoques diferenciales de derechos que garantice que aquellos grupos sociales que históricamente han sido víctimas de marginación, pobreza y violación a sus derechos fundamentales, como las mujeres, personas adultas mayores, personas LGBTI no sean re-victimizadas a causa de los planes indiscriminados que implemente el Estado.  Así mismo urgimos al Estado garantizar el acceso a la salud, alimentación y bienestar de su pueblo, derechos fundamentales para respetar la integridad de cualquier ser humano.

Urgimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas instar al Estado cubano la atención de todo su pueblo sin discriminación alguna.  Solicitamos a los organismos internacionales monitorear la situación para garantizar el bienestar de la población cubana.

[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060

[2] https://www.lavanguardia.com/vida/20200314/474142252815/cuba-se-declara-pais-seguro-para-recibir-turistas-pese-al-coronavirus.html

[3] https://diariodecuba.com/cuba/1586279874_15666.html

[4] https://diariodecuba.com/cuba/1586254554_15556.html

Historia de Melkis Faure Hechavarría, prisionera política del Estado Cubano

El día que la detuvieron, Melkis no sabía que estaba embarazada. Salió a protestar el 6 de agosto de 2016 con un grupo de activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ya no regresó a su hogar. Cargaba carteles de protesta en la calle Monte de La Habana Vieja cuando la policía se le acercó. Melkis se tiró al piso pacíficamente, al estilo de Mahatma Ghandi.

La trasladaron a la estación de policía de Sanja y posteriormente al centro de detención conocido como El Vivac, donde estuvo 46 días sin comunicarse con su familia, aislada y sin que se levantaran cargos en su contra. Fue allí que perdió el primer embarazo, según su esposo, Freddie Michel.

Después fue trasladada a la penitenciaría de El Guatao. Allí la visitaba Freddie y al cabo de unos meses Melkis sospechó que estaba embarazada nuevamente. Sería su sexto hijo.

“Cuando nos dimos cuenta de que estaba embarazada, pedimos que la mandaran al médico para revisarla, pero solamente la miraron por arribita y le dijeron que tenía un fibroma”

cuenta Freddie.

El médico le recetó unos medicamentos, pero esos más bien estaban contraindicados para mujeres gestantes. “Al cabo de un tiempo se fue en sangre y fue cuando perdió la barriga”, relata. La atención médica deficiente, la retardación de seguimiento y la falta de exámenes tuvieron resultados dañinos para la activista. 

Activismo

Melkis Faure Hechavarría, de 42 años, empezó su rol de activismo en 2013 como parte de las Damas de Blanco. Siendo una ama de casa, madre de cinco, tuvo durante mucho tiempo dificultades de vivienda y pobreza. Aunque pidió a las autoridades en reiteradas ocasiones que le garantizaran un albergue, nunca lo recibió. Después se unió a la UNPACU y empezó a protestar por otras leyes injustas del Gobierno cubano.

“Ella mantiene su posición como opositora, nunca cambia sus ideales”,

describe su esposo Freddie, de 36 años.

Después de su detención, a Melkis la acusaron de los delitos de desorden público, desacato y resistencia. “Se manifiesta de forma pública contra la revolución, por ello se reúne con personas antisociales y contrarrevolucionarias”, señaló la Fiscalía dentro de la acusación legal. Para las autoridades cubanas, el derecho a la protesta que ejercía Melkis, quien cargaba carteles como “Abajo Raúl Castro y los aduaneros ladrones”, es un delito que se paga con cárcel.

Un año después de su detención, Melkis fue declarada culpable por un juez afín al gobierno y condenada a 3 años de privación de libertad por desórdenes publicos y desacato. Meses despues, fue enjuiciada a 4 años de prision por otro incidente antes de su detención, esta vez por actividades economicas ilicitas, atentado y desacato, y finalmente tuvo ambas sentencias liquidadas, dictando una sanción conjunta por 5 años y cuatro meses, comenzando desde el 23 de octubre de 2017. En ninguno de los juicios tuvo derecho a una defensa imparcial ni a un juicio justo.

En prisión

“Esto es incontable, el sufrimiento que se pasa aquí adentro”, se oye decir a Melkis en un audio grabado en 2017 y publicado por la UNPACU. Pero hasta la fecha, las condiciones no han cambiado. “En el Guatao pasó hambre, necesidades y torturas por parte de los oficiales”, cuenta su esposo Freddie.

A finales del año pasado, Melkis fue trasladada al Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba Cuatro en la provincia de Artemisa. Allí las condiciones son mejores que en la prisión, pero no escapa del maltrato y la mala alimentación. Para que las reclusas no reclamen sus derechos, los oficiales las amenazan con quitarles el beneficio de visita al hogar o con enviarlas de nuevo a El Guatao.

Familia

Dos hijos de Melkis son mayores de edad y viven con su abuela materna. Pero los tres menores de 10, 12 y 15 años, son los más afectados por su condición penitenciaria. Actualmente viven bajo el cuidado del esposo de Melkis, Freddie Michel.

“Para mí hacerme cargo de los tres niños ha sido increíble, lo he hecho con amor porque los amo, yo decidí dar mi vida por ellos porque realmente ellos no tienen a más nadie”

relata Freddie, quien debe buscar diferentes fuentes de ingresos para mantener a los niños.

Recientemente, en el contexto de la pandemia del Covid-19, la situación económica para el esposo de Melkis ha empeorado debido a las restricciones de movilidad y los cierres de espacios de trabajo.

La condena de Melkis se acabaría en 2023, dentro de tres años que parecen interminables para sus hijos y esposo. “Nos hace falta que ella esté aquí en la casa para estar todos juntos en familia, para seguir luchando por un futuro mejor y por la libertad”, concluye Freddie.  

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Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados en Latinoamérica para que tomen medidas más inclusivas a favor de las personas trans

Washington D.C., March 31st 2020. Today we commemorate the International Transgender Visibility Day, a day to celebrate transgender lives and raise awareness about the discrimination this population faces. On this day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), wants to give visibility to the issues transgender people face throughout Latin America.

All over the world, racism and other forms of discrimination marginalize and ostracize the trans population. This makes access to health services, education, work, and housing extremely difficult.  Unfortunately, States limited disaggregated data on the situation of trans people rendering them invisible from groups targeted for public policies designated to support vulnerable situations, especially in Latin America. Combined, these factors place them in vulnerable situations where they are more susceptible to different illnesses, addictions, and violence.

Violence against the trans community in Latin America

The trans community continues to face severe incidents of violence. For example, Brazil remains the leading country in trans homicides around the world with 127 registered cases[1], closely followed by Colombia who ranks third, with 21 recorded crimes against this population[2].  According to data collected by the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA) in Brazil, there was a 90% increase in the first bimester of this year (38) compared to the same period last year (20).[3] According to these statistics, in some countries, to identify as trans is to sign a death sentence.

In Perú, the trans community continues to face large amounts of violence and discrimination. During the 2020 congressional elections, Gahela Cari, the first transgender candidate to run for Congress in Peru, tried to cast her vote when a member of the National Jury of Elections (JNE) refused to recognize her gender identity. Similarly, members of the polling station in Lambayeque harassed Fiorella Mimbela, an LGBTI+ activist, when her legal name and image were spread around social media networks.[4] These are not isolated acts but part of a wider pattern of rejection and violence the Peruvian trans community faces.

In the Dominican Republic, LGBTI organizations have recorded around 48 transgender homicides since 2006. Out of these 48 only 5 have verdicts, demonstrating the trans community not only faces high levels of violence but also faces barriers in access to justice. A more recent case shows that strangers are not always the perpetrators of these heinous acts. Willianny, a trans woman, had both her hair and breasts cut off by her own family members before her funeral, a repudiation of her identity. One LGBT activist, Yimbert Feliz Telemin, commented that «in the Dominican Republic being trans is worse than being a street dog.”[5]

Continual work must be done in order to combat the discrimination and violence against the trans population. Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to sign and ratify the Inter-American Convention Against all Forms of Discrimination and Intolerance[6] and, for States that have not done so, legally recognize the gender identity of trans and non-binary people in accordance with the Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion 24-17[7]. Additionally, we remind States that many members of the trans community are sex workers and depend on their profession to survive. We call on States to safeguard their rights and guarantee they will not be the object of cruel, inhumane or degrading treatment.

Gender Identity

Much of the discrimination against the trans population is also created from the lack of recognition of their identity.  As ANTRA describes it, it is not only the denial of their name, but their identity, “an appropriation by a society that frequently prefers to expose rather than welcome.”[8] Oftentimes, countries such as the Dominican Republic do not allow trans people to legally change their name while other countries place hurdles such as high costs, long bureaucratic processes, or as in Peru, require the process to be through the courts. Having the correct documentation is just the first step of many to demarginalize trans people from different public spaces. 

In countries where name recognition is legal, there continue to be issues with the lack of information regarding the process, both in relation to the necessary procedures and what to do in cases of discrimination. In rural areas all these issues are exacerbated. Bruna Benavides from ANTRA in Brazil notes that there is little investment in training or capacity building programs for trans leaders, so that they can provide the necessary assistance for people to complete the rectification of their documents.

Trans people during the pandemic

In collaboration with our partners we also ask for the inclusion of trans people in all public policies created due to COVID-19, not only at the local and state level, but also at a federal level, especially those developed to aid low-income, self-employed, and unemployed people. During this time, the stigma and discrimination against the trans population has become more visible. We call on States to guarantee their access to health and put in place protocols that will ensure they are treated humanely and not discriminated against because of their gender identity.

[1] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[2] https://www.rcnradio.com/colombia/colombia-tercer-pais-en-america-con-mayor-riesgo-para-personas-trans

[3]Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[4] https://larepublica.pe/genero/2020/01/27/elecciones-2020-gahela-cari-y-fiorella-mimbela-denunciaron-discriminacion-y-transfobia-en-lima-y-lambayeque-transgenero-atmp/?fbclid=IwAR19ssnwXobbu2OkKcjMSZGvPqvRDKc2nkP0N93Hky31Wcz-Smb6nBYdB8s

[5] https://plumasatomicas.com/lgbt/familia-mutilo-senos-cabello-mujer-trans/

[6] To date only Uruguay and Mexico have signed and ratified this Convention. Avaiable at: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

[7] https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

[8] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019” 2020.

21 de marzo: Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial

Message from Carlos Quesada, executive director of Race and Equality

Washington DC, 2020, May 21st. Today we commemorate once again the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, a day that we at the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), take as an opportunity to remember our universal rights to equality and non-discrimination. This message must be echoed in a context of growing intolerance, hate, and superiority speech that do not contribute to the development and well-being of our society.

We have been commemorating this day since 1966, in memory of the 1960 Sharpeville massacre in South Africa, when police opened fire and killed 69 people who were protesting peacefully against the Apartheid Pass Laws. Since then, racial discrimination has subsided considerably in Africa and also in Latin America.

This year, Mexico ratified the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination and Related Forms of Intolerance, thus joining Uruguay, Costa Rica, and Antigua and Barbuda; and also ratified the Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance, which entered into force with this ratification.

Also in Mexico, the inclusion of the Afro-descendant self-identification question was achieved for the first time in the 2020 Census. However, it was included late in the process, so Afro-Mexican organizations had to start their awareness campaigns just a few months before the census, which is being carried out this month. Currently, the campaign continues with great force led by the Collective to Eliminate Racism in Mexico (COPERA, for its initials in Spanish) along with Race and Equality and in alliance with some government agencies and Afro-Mexican organizations.

In Panama, we are concerned that the census scheduled for May 2020 was postponed until the first quarter of 2021, due to delays with the bidding process. This implied that all progress made on the 2020 Census was suspended, and adjustments to the next steps represent a great challenge. This is because there are several actions that must be carried out such as updating the budget, cartography, and identifying and hiring personnel, among many other duties. However, this period has allowed for the promotion of self-identification among Afro-descendants in both rural and urban communities.

In Colombia, the number of social leaders assassinated in 2019 was alarming: at least 253, of which 91 were Afro-descendant and indigenous leaders, according to the Institute for Development and Peace Studies (INDEPAZ, for its initials in Spanish). Patterns of structural racial discrimination continue to prevent Afro-Colombian and indigenous communities from having effective enjoyment of their economic, social, and cultural rights compared to the rest of the Colombian society. It is a matter of concern that given this situation, the Colombian government has not guaranteed an adequate statistical estimate of the Afro-Colombian population. This is reflected in the 2018 Census, where the black, palenquera and raizal population was reduced by 31% compared to the 2005 Census. The Government is also not offering the conditions needed for the implementation of the Peace Agreement with an ethnic-differential approach.

In Brazil, between January and February 2020, 38 trans women were killed, of whom 75% were Afro-Brazilian. This figure is particularly worrisome because it is 90% higher compared to last year’s figures. In general, most LGBT crimes are committed against Afro-descendants, according to data from the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA, for its initials in Portuguese).

In Cuba, there is still no implementation plan for the International Decade for People of African Descent. We have managed to document that the majority of the activists who are victims repression by the Cuban Government are Afro-descendants, such as Juan Antonio Madrazo, Marthadela Tamayo or Nancy Alfaya. From the State’s side, there is no opening to recognize the existence of racial discrimination on the island.

From Race and Equality, we will continue to make visible, fight, and denounce the marginalization and injustices that Afro-descendant populations face in the Americas. We will continue to work, especially in the company of our counterparts in the region, who, from their communities, contribute to tehe construction of a more equal society.

Aproximándose el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, el Estado cubano sigue sin abordar el racismo en la isla

“Exigimos por este medio que se cumpla el artículo 42 de la Constitución vigente que proscribe la discriminación por el color de la piel y otros tipos de discriminaciones. Para ello proponemos que se analicen estos comentarios discriminatorios y se ofrezca una disculpa pública mediante los medios de difusión masiva que tengan a su alcance”.

Así termina la carta que presentó el 30 de octubre del año 2019, Raúl Soublett, Coordinador general de Alianza Afrocubana, una de las organizaciones afrocubanas que defiende los derechos LGBT, al director del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Alfonso Noya Martínez.

La carta surgió después de que el martes 29 de octubre se televisara el programa Con 2 que se quieran, en el cual se transmitió una entrevista con el historiador del Ballet Nacional de Cuba, Miguel Cabrera, quien se refirió al reconocido bailarín Andrés William como “Azul”, burlándose de su color de piel y diciéndolo en tono despectivo.

Hasta el día de hoy, la Alianza Afrocubana no ha recibido respuesta alguna sobre este inconveniente que causó la indignación de una gran parte de la sociedad cubana. Pero este caso no solo se queda en la televisión, sino que se extrapola a la sociedad y las instituciones, en donde aún existen fuertes sesgos discriminatorios hacia los afrocubanos y miembros de la comunidad LGBTI.

Un caso que ejemplifica esta problemática es el de Luis Ángel, un chico afrodescendiente gay que vive en la provincia de Santa Clara, quien fue agredido verbalmente y luego físicamente por varios policías.

“Eran más o menos la una de la mañana de un sábado. Nos encontrábamos un grupo de amigos en Parque de Las Arcadas de Santa Clara y se acercaron dos policías a pedirnos los documentos de identidad, pero yo no tenía el mío debido a que hacía dos semanas los había perdido en una guagua (buseta)”, cuenta Luis Ángel.

Como no pudo mostrar sus documentos, los policías lo trasladaron a la estación más cercana. “Al llegar me sometieron a un interrogatorio como si yo fuera un criminal. Me sentí sucio, como si por ser homosexual y además negro fuera algo malo. Uno de esos oficiales me dijo que eso lo hacían porque nos vieron ‘mariconeando’ en el parque y que ellos no querían maricones en Santa Clara, que ya la ciudad tenia bastantes pájaros. Que nosotros éramos unos inmorales, cuando en realidad lo que estábamos haciendo era conversando y riéndonos y haciendo cuentos”.

Tras pedirle al oficial que lo respetara, uno de los oficiales le cayó a golpes a Luis Ángel. Posteriormente le pusieron una multa de 500 pesos, aunque no había cometido ningún delito. “Cuando iba saliendo de la estación, varios de los policías que estaban allí se empezaron a burlar de mí, a decirme, Margarita, amapola, maricona, negra pordiosera, entre otras ofensas”, recuerda el joven.

Varios organismos internacionales han emitido recomendaciones al Estado cubano en materia de discriminación racial.  Por ejemplo, a la luz de la resolución 68/237 de la Asamblea General proclamando el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) y de la resolución 69/16 sobre el programa de actividades del Decenio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) recomienda al Estado cubano que en su próximo informe incluya información precisa sobre la implementación de su Plan de Acción para el Año Internacional de los Afrodescendientes y de su programa nacional así como de las medidas concretas adoptadas en este marco, a la luz de su recomendación general núm. 34 (2011) sobre discriminación racial contra afrodescendientes.

La CIDH apoyó lo señalado por el CERD aduciendo que la población afrodescendiente cubana continúa siendo víctima de racismo y discriminación estructural, con una brecha de desigualdad para el ejercicio de los derechos económicos, sociales, cultuales con relación al resto de la población. Finalmente, la CIDH también reafirmó su preocupación con respecto a la falta de inclusión del enfoque de género en las políticas contra la discriminación.

No obstante, hasta el día de hoy Cuba no ha enviado a la CIDH ningún informe sobre medidas concretas para minimizar y acabar con el racismo en la isla.

Desde la sociedad civil cubana, y especialmente desde la Alianza Afrocubana, se realiza un amplio plan de acciones para llegar a los sectores más desfavorecidos, pero esta organización no es reconocida por el Gobierno cubano, por lo que muchas veces sus activistas son maltratados por las autoridades.

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