Yolanda Carmenate lleva 30 años de ser activista política, profesante religiosa y defensora de los derechos humanos en Cuba, y la misma cantidad de tiempo siendo acosada, maltratada y perseguida por las autoridades de la isla. “Son tantos actos de repudio que ya no puedo precisar las fechas”, asegura la activista, de 63 años, cuando se le pide detalles sobre ciertos incidentes.

Pero las notas de prensa, las actas judiciales y las multas recurrentes son el recordatorio más fehaciente de la persecución de Carmenate, oriunda de Las Tunas, quien actualmente es miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), promotora de la iniciativa Cuba Decide, que busca la participacion Cubana democratica por medio de un plebiscito, y de la Iglesia católica San Jerónimo. Ha sido procesada judicialmente en dos ocasiones y las amenazas de una próxima detención continúan llegando.

“Lo que me motiva a ser opositora es que no puedo aceptar este sistema, que por el solo hecho de pensar, opinar y asociarse de forma diferente a ellos equivale a ser inferior”, señala Carmenate, quien es técnico medio en Contabilidad, pero debió dejar de ejercer su oficio en instituciones estatales por “no ser confiable políticamente”.

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A Leonor Reyno Borges le tocó ver partir a su hijo desde La Habana. Llevaba años siendo activista y miembro del grupo Laura Pollán: su Legado, y había sido maltratada, hostigada y reprimida por las autoridades cubanas. Pero ningún dolor se comparaba con la separación de su hijo. “Cientos de miles de madres cubanas guardan dentro de sí el dolor de ver partir a sus hijos y no saber cuándo los volverán a abrazar, porque son miles los que han tenido que emigrar a cualquier parte del mundo” huyendo de la represión, dice apesarada la activista de 55 años.

Su hijo, un informático de actualmente 34 años, fue víctima de abusos por parte de la policía en Cuba: iban a su centro de trabajo, lo hostigaban alegando que su madre era una contrarrevolucionaria, lo detenían arbitrariamente. Hasta que un día decidió emigrar. Por eso Leonor asegura que el Gobierno cubano ha dividido a las familias.

19 años de activismo

Un evento que impulsó la vida de Leonor hacia el activismo ocurrió en el año 1994 y también se relaciona con el éxodo cubano: mientras trabajaba en el Hotel Nacional se dio cuenta de que cuatro barcos estatales habían hundido un viejo remolcador conocido como el Remolcador ‘13 de marzo’, que intentaba escapar del país con 72 tripulantes, de los cuales 41 murieron. Una de las compañeras de trabajo de Leonor, parte del sindicato de trabajadores del hotel, aprobó la acción gubernamental. Pero Leonor le expresó: “Si tú te consideras revolucionaria y dices esas cosas, entonces yo no quiero ser revolucionaria, porque eso significa ser asesina”. Poco tiempo después, a causa de ese pleito, Leonor fue despedida del Hotel sin mayores explicaciones.

A principios del 2000, Leonor se fue integrando a diversos grupos de oposición y de defensa de los derechos humanos. En 2007 se incorporó a las Damas de Blanco, bajo el liderazgo de Laura Pollán. Allí realizaban diversas acciones: además de manifestaciones afuera de iglesias para exigir la liberación de los presos políticos, también hacían recolectas para juntar víveres y apoyar a las familias de los prisioneros, y se reunían en sus comunidades para hablarle al pueblo sobre los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que pudieran defenderlos.

A lo largo de los años, Leonor también ha formado parte del grupo 24 de febrero, del Partido Nacionalista Cubano y del grupo Mujer Nacionalista Cubana. Dentro de esos grupos participó de innumerables protestas públicas “para dar al pueblo un mensaje de libertad, buscando elecciones libres, para reconocer los derechos humanos, para denunciar a las violaciones de la constitución nacional”, como ella misma describe.

Pero esas manifestaciones conllevaron también a innumerables detenciones, amenazas de muerte y de prisión. “Me pasaba más tiempo en los calabozos que en mi propio hogar”, relata Leonor.

Detención y condena

Si bien la mayoría de veces las detenciones de Leonor duraban entre 12 y 72 horas, llegó un día en que no fue así. El 5 de diciembre de 2017, Leonor y Rosario Morales presenciaron cómo oficiales de la Seguridad del Estado querían extorsionar a otros vendedores, aunque estos tenían licencia. Ellas decidieron interceder con consignas como “Vivan los derechos humanos”, “abajo la corrupción”, “libertad para los presos políticos”. En respuesta, los policías las metieron violentamente en una patrulla y las trasladaron a un centro de detención.

Ambas activistas fueron llevadas a El Vivac. Después de 12 días en huelga de hambre, las autoridades las liberaron en un estado grave de salud, pero les advirtieron que su causa continuaría abierta. Con ayuda de desconocidos, lograron llegar a sus casas durante la noche del 16 de diciembre.

Pasaron 15 meses hasta que Leonor volvió a escuchar de los jueces, hasta en octubre de 2019, cuando recibió una citación del Tribunal de La Habana del Este. En un juicio exprés, fue sentenciada el dia 23 de ese mes a tres años de prisión sustituido por trabajo correccional sin internamiento por los delitos de actividad económica ilícita, desacato y desobediencia. “No me permitieron testigos, me defendí todo lo que pude, los policías mintieron, eran como robots porque los tres dijeron lo mismo”, recuerda Leonor.

Aunque la activista ejerció su derecho a la apelación, el tribunal no le dio la oportunidad de tener otro juicio que fuera justo. Más bien, las autoridades le asignaron el trabajo de limpiar pisos, a pesar de que Leonor es profesional de Contabilidad y Finanzas, especialista en Auditorías. Desde que hace activismo, no ha logrado desempeñar su oficio, porque asegura que los empleadores tienen miedo de darle trabajo, pues les mandarían a hacer revisiones frecuentes e inspecciones injustificadas.

“Soy amenazada con que si no cumplo con el trabajo que ellos me ofertan de limpiar pisos, entonces seré enviada a prisión”, asegura.

Actualidad

Actualmente, Leonor se encuentra en casa para protegerse de la actual pandemia de la COVID-19. Aunque recibió una notificación a finales de febrero para integrarse al trabajo correccional, eso no se concretó por las medidas de aislamiento que se concertaron días después.

“Si paramos y bajamos nuestro perfil, la Seguridad del Estado nos pasa por encima como una aplanadora. No nos vamos a parar nunca, simplemente nos ha parado la pandemia”, dice Leonor, quien finaliza: “Yo decidí un día defender los derechos de mi pueblo y aunque me cueste años de prisión y aunque me cueste la vida, seguiré levantando la voz a favor de los derechos en Cuba”.

A su puesto llegaron las primeras veces a hostigarla. Nieves Matamoros, de 55 años, tenía un puesto de viandas en La Habana, en donde vendía todo tipo de productos agrícolas junto con su hijo, de 34 años. En varias ocasiones oficiales de policía la multaron arbitrariamente, pero la situación empeoró cuando Nieves se unió a las Damas de Blanco en 2014. “Allí fue cuando más me atosigaron y me presionaban con mi familia”, recuerda.

Nieves salía vestida toda de blanco a pedir la liberación de los presos políticos en Cuba, y en varias ocasiones la detuvieron por 24 o 48 horas. Ella sabía que el riesgo de quedarse detenida era inminente, pero no dejó de asistir a las manifestaciones.

Los impuestos por altas cantidades, a ella y a su hijo, y las multas por escándalo público que le asignaban cada domingo que salía a protestar, se fueron acumulando. Para abril de 2018, Nieves le debía al Estado 18 mil pesos cubanos y su hijo les debía 13 mil. “Eran multas que yo no podía pagar”, aclara la activista. Nieves fue a la oficina de multas a pedir una prórroga o comodidades de pago, pero el oficial se negó argumentando que debía pagarlo todo de una vez.

Una citatoria judicial llegó a la casa de Nieves para el lunes 9 de abril de 2018, pero la Seguridad del Estado se encargó de detenerla un día antes, cuando la activista se unió a una nueva caminata de las Damas de Blanco: la tiraron al piso, le dieron golpes y la trasladaron a la estación policial.

Al siguiente día, Nieves fue llevada a juicio junto con su hijo. Uno de los testigos en el juicio fue el oficial al que Nieves fue a pedirle una prórroga, pero este testificó que la activista nunca había ido a su oficina. Así, arbitrariamente y de forma exprés, los condenaron a ambos a un año y seis meses por el incumplimiento de pago de multas, conviertiéndoles en dos víctimas más de la estrategia del Estado cubano de imponer multas arbitrarias a las personas que participan en protestas y luego encarcelarlas por no pagar las mismas. Actualmente, hay por lo menos siete presos políticos cumpliendo condenas así.

“Yo les dije a los esbirros: lograron lo que ustedes querían, pero voy a hacerles oposición desde allá adentro”, fue lo último que pudo decir Nieves en la sala judicial.

Tiempo en prisión

Durante dos meses, Nieves estuvo recluida en la Prisión de Mujeres de Occidente “El Guatao”, donde por una semana estuvo detenida en un calabozo, sin derecho a visitas ni contacto con otras reclusas. Después la trasladaron a la Prisión de Mujeres “La Bellote”, en la provincia de Matanzas, en donde estuvo durante once meses.

En ambas cárceles, Nieves asegura que las condiciones eran “malísimas”. En Matanzas en varias ocasiones le quitaron el acceso a comunicaciones y a sus familiares les negaban la entrada sin razón válida. Allí en prisión, a Nieves le detectaron un quiste en el riñón izquierdo. Ella cree que es por los golpes que recibió al momento de su detención y otros que recibió en el costado durante el tiempo que estuvo encarcelada.

“Mi familia sufrió muchísimo, a mi esposo le afectó bastante, mi hija nunca pudo llegar a prisión”, cuenta Nieves.

Finalmente, después de un nuevo traslado a El Guatao, Nieves fue liberada el 5 de octubre de 2019.

En libertad

Pero sus problemas médicos salieron a luz. A finales de 2019 fue operada de dos fibromas. “Creo que era el agua contaminada, la mala alimentación, se fueron agrandado hasta que reventaron”, conjetura.

Actualmente, Nieves vive con su esposo, su hijo, que también fue liberado el año pasado, y sus tres nietecitos, todos menores de 12 años.

Aunque no ha recibido amenazas directas de las autoridades cubanas, aún sufre las consecuencias de su detención irregular: sigue enferma de los riñones, de los nervios, se recupera de sus recientes cirugías, por lo que no ha logrado abrir nuevamente su puesto de viandas ni se ha reincorporado a sus labores de activismo.

Espera que al mejorar su salud, pueda retomar la vida que antes tenía.

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