Historia de Aymara Nieto, prisionera política del Estado Cubano

Historia de Aymara Nieto, prisionera política del Estado Cubano

En los actos escolares las niñas bailan y preparan pequeñas obras de teatro, ansiosas por exhibir sus talentos al público. Pero las hijas menores de Aymara Nieto, de 7 y 12 años, no se sienten del todo contentas cuando se organizan estas actividades. Su madre no puede llegar a verlas bailar o actuar, porque desde 2018 que fue apresada por ejercer su derecho a la protesta y exigir la libertad de los presos políticos cubanos.

“Ellas quieren tener a su madre al lado el día que tienen actividad en la escuela, y ahora están privadas de eso, ellas son bastante fuertes para estar pasando lo que están pasando”, cuenta la madre de Aymara, Griselda Muñoz.

Cada mes, las niñas iban a visitar a su madre a la prisión de El Guatao, en la capital, y allí le contaban lo que no había podido ver personalmente, la abrazaban, y se llevaban las cartas que les escribía Aymara para que la recordaran en casa. Pero a mediados de marzo, Aymara fue trasladada a la prisión provincial de mujeres “El manatí”, en la Provincia de Las Tunas, casi a 700 kilómetros de distancia de La Habana, donde viven sus hijas. El cambio no fue explicado por las autoridades y la distancia hará sumamente complicado que ahora la madre de Aymara y sus hijas puedan visitarla frecuentemente.

Detención

Aymara, actualmente de 43 años, es miembro de las Damas de Blanco, un grupo de activistas, en su mayoría familiares o esposas de presos políticos del Gobierno de Cuba, que protestan para que los prisioneros de conciencia sean liberados. Aunque había pertenecido a otros grupos de la sociedad civil, se había unido a ese grupo de mujeres desde que su esposo, Ismael Bori Reñí, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), un grupo opositor cubano, fuera detenido en abril de 2018.

En mayo de 2018, Aymara se disponía a salir de su casa en horas del mediodía, para dirigirse a protestar como parte de la campaña “Todos Marchamos”, dirigida a presionar a las autoridades por la liberación de los prisioneros políticos. Pero ese domingo 6 de mayo no fue como lo había planeado.

“La detuvieron saliendo de la casa, le mandaron unas policías mujeres y desde que ella salió de la casa la cogieron por el pelo y sin preguntar nada, empezaron a darle golpes. Después la llevaron para la prisión de Santiago de Las Vegas, allí la tuvieron varios días como para que se le curaran los moretones”, cuenta Griselda.

Tras quince días de haber sido detenida, le permitieron a Aymara ver a sus familiares. “Mami, eso fue una patraña de ellos, lo hicieron para callarme”, le dijo la activista a su madre.

Casi un año después, en marzo de 2019, Aymara fue condenada a 4 años de prisión bajo los cargos de atentado y daños. En el juicio, la Fiscalía indicó que la Dama de Blanco “protagonizaba una manifestación contraria al proceso revolucionario”, y que mientras estaba siendo arrestada “rompió la camisa de uniforme de una oficial de la Policía, le lanzó varios manotazos y le ocasionó rasguños en el cuello”.

Durante el juicio no le permitieron tener un abogado de confianza, no se respetaron los plazos procesales, no se permitió que el proceso fuera público y la jueza se mantuvo parcializada.

Dentro de El Guatao

La vida dentro de prisión en Cuba es compleja, y aún más para una presa política. A Aymara no le han garantizado su derecho a la salud, a la alimentación o al trato digno: si se enferma, no hay medicamentos para tratarla, la comida a veces es servida en mal estado, y es maltratada por las agentes.

Las visitas que su familia le hacía en la prisión de El Guateo eran monitoreadas por agentes penitenciarias, y si denunciaba un abuso para alguna de sus compañeras, es sancionada en celdas de castigo. Las Damas de Blanco reportaron que tras el cambio de prisión de Aymara, la activista se encontraba en una celda de castigo, aunque se desconocen más detalles.

“Mi hija donde está no tiene condiciones, le violan los derechos, le están pasando los años por arriba. Yo sufro porque es mi única hija”, dice Griselda Muñoz, la madre de la activista.

El esposo de Aymara, Ismael, continúa en prisión, y desde hace 4 meses que les niegan la visita conyugal, el único espacio que tienen ambos para encontrarse. Se espera que a finales de marzo sea liberado.

En 2016, ambos ya habían sido detenidos por repartir material informativo, acusados de desorden público y condenados a un año de cárcel. Fueron liberados en julio de 2017. No obstante, Ismael fue detenido y liberado intermitentemente hasta noviembre de 2018, cuando fue acusado por tres delitos de desacato. En agosto de 2019 fue sentenciado a dos años de cárcel.

Cambio de vida

A Griselda, de 63 años, le ha tocado mudarse a la casa de Aymara y asumir la crianza de sus dos nietas. También se ha convertido en el único sustento económico de su hija y su yerno. Su nieta mayor, la primogénita de Aymara, tiene 24 años y vive de forma independiente.

“Es una tarea bastante dura. Ahora a esta edad yo ya no tengo fuerzas, pero estoy trabajando para que mis nietas no dejen de comer”, cuenta Griselda, quien ha buscado trabajo como ayudante de cocina y recepcionista. Los domingos, asiste a una iglesia con sus nietas en busca de fuerzas para seguir adelante mientras su hija sea liberada. Ese es su mayor anhelo.

“Ella (Aymara) siempre ha sido aguerrida y por eso le tienen tanta saña, que la meten presa y le hacen lo que le hacen, porque saben que ella es leal a sus principios, a las Damas (de Blanco)”, asegura.

La historia de Maritza no es única: porqué urge una Ley Contra la Violencia de Género en Cuba

Foto portada: CirberCuba

Once años de maltratos físicos y verbales se acumularon aquel día. Era el tiempo que Maritza llevaba casada con Osvaldo, un hombre machista y dedicado a la bebida. Esa tarde de 1999, Osvaldo llegó borracho, demandando atención a gritos. Maritza preparaba la comida para una familia de nueve.

“En ese momento no supe qué hacer, me sentía perdida entre tanta gritería, entre tantas ofensas. Estaba turbada, ya que no era la primera vez que él me gritaba y me decía hasta ‘puta, mala madre’. Pudiera decirse que en ese momento me cansé de aguantar durante once años todo lo malo que me había pasado con Osvaldo. No vacilé en ofenderle de igual manera: le dije que había sido infiel, que no había valorado mi presencia durante todos los años de casados”, recuerda Maritza.

La respuesta de Osvaldo fue muy violenta: la empezó a golpear con los puños, la empujó y en el piso, comenzó a darle patadas a Maritza.

“Mi impotencia era tanta en ese momento, que me levanté del suelo, cogí el cuchillo y le propicié cuatro puñaladas. Me quedé en shock. No sabía si ayudarle o dejarlo desangrándose en el piso. Nadie de los que vivían en la casa vinieron a mi ayuda cuando él me maltrataba, pero en cuanto pasó eso, enseguida lo vinieron a ayudar a él”, cuenta.

Osvaldo fue llevado al hospital, en donde lo operaron. Le sacaron el recto y estuvo varias semanas en el hospital, pero logró recuperarse. La familia de Osvaldo denunció a Maritza, y poco tiempo después la apresaron. Tras un juicio fue declarada culpable y sentenciada a 6 años de prisión. La violencia que Osvaldo había ejercido sobre ella durante su matrimonio no fue tomada en cuenta en el proceso.

“Fue como si todos los hechos apuntaran a que yo era la culpable de haberle dado puñaladas a él. Y sé muy bien que fui la culpable por lo que hice, sé que no tenía que haber llegado a ese punto, pero cuando estas sometida a tantos maltratos durante tantos años, llega un momento en que te cansas y haces lo primero que te pase por la cabeza”, reflexiona Maritza.

“Yo no estaba dispuesta a seguir aguantando los abusos de mi marido”, agrega.

En prisión, Maritza conoció a muchas mujeres que habían pasado por experiencias similares a la suya. Se reunía con ellas a escondidas y hablaban sobre sus vidas, sobre los maltratos que recibían de sus parejas.

Después de cuatro años de prisión, fue puesta en libertad por buena conducta. Durante ese tiempo, los hijos de Maritza vivieron con su abuela materna, pues Osvaldo nunca pidió la custodia de los niños.

“En verdad lo que hicieron conmigo fue una injusticia. El tribunal nunca tuvo en cuenta que yo fui una mujer maltratada verbalmente, golpeada, violada, por el simple hecho de que nunca hice ninguna denuncia frente a las autoridades”, asegura Maritza.

Cada vez que pensaba denunciar a Osvaldo, Maritza reflexionaba que las autoridades no serían diligentes en atenderle. “Como casi siempre pasa en Cuba, si vas a la Policía a denunciar un abuso te dicen: entre marido y mujer nadie se puede meter”.

Maritza ahora lo tiene claro: “vivimos en un país gobernado por hombres, administrado por hombres. Los principales cargos de gobierno lo tienen hombres y a las mujeres nos tienen denigradas”.

Urge una ley

Actualmente, en Cuba no existe una Ley contra la Violencia de Género. Pero un grupo de mujeres activistas creó recientemente una propuesta de ley que fue enviada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en noviembre del año pasado.

El 10 de enero, las activistas se reunieron con miembros de la ANPP, para plantearles la situación de desigualdad de las mujeres cubanas y la necesidad de aprobar la ley. La propuesta de ley sugiere que se tipifiquen nuevos delitos y se sancionen como tales, para garantizar el acceso a la justicia, pero sobre todo que se cree un sistema integral de prevención de violencia y atención a víctimas, además que se eduque a la ciudadanía en temas de género.

En la reunión se propuso también un calendario para discutir y consultar la ley, aunque en el cronograma legislativo 2020-2028 no hay en agenda ninguna ley sobre los derechos de las mujeres.

Llamados internacionales

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en las Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Cuba, llamó al Estado cubano que prestara atención prioritaria a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y a que adoptara medidas amplias para hacer frente a este tipo de violencia.

Además, instó a preparar un plan de acción estratégico nacional para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer, la protección de las víctimas y el castigo de los autores y velando por su plena aplicación, debido a que en Cuba ese plan de acción, al día de hoy, no existe.

Otra de las preocupaciones de la CEDAW es la vulnerabilidad existente frente a la sociedad de las mujeres afrodescendientes, campesinas, de la tercera edad y mujeres con discapacidad. Por ello, el Comité exhortó al gobierno cubano a adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las medidas especiales de carácter temporal, para mejorar la situación de los grupos desfavorecidos de mujeres, eliminando así su vulnerabilidad a la explotación y mejorando su acceso a los servicios de atención sanitaria, las prestaciones sociales y la participación en la vida política y pública, independientemente de su condición

Si bien en la isla existe una organización gubernamental para apoyar a las mujeres, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), misma que cada año realiza un plan de acciones para defender los derechos de las féminas, lo cierto es que la mayoría de estas acciones no se llevan a cabo como deberían o no cumplen con sus objetivos principales, ya que solo responden a los intereses de un gobierno que vela solo por los de las altas esferas, suponiendo en las mujeres desinformación y falta de esperanzas.

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad honra el trabajo de las defensoras de derechos humanos

To mark March 8, International Women’s Day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) wishes to highlight the fundamental role played by women human rights defenders in Latin America and the Caribbean. In a region where rates of sexual and gender-based violence against women are extremely high and multiple forms of discrimination are entrenched, women human rights defenders are key in the fight for the defense of women’s human rights. Likewise, they are at the vanguard of promoting and protecting the rights of others.

Although the vast majority of countries in Latin America and the Caribbean have ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW),[1] women in the region continue to suffer inequalities that negatively impact their full enjoyment of human rights. According to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), more than 3,800 women in 33 countries in the region were murdered because of their gender in 2019.[2] This violence stems from structural inequalities which profoundly affect all women, but especially women members of historically marginalized groups like Afro-descendants and the LGBTI community. For example, according to the Network of Afro-Latin American, Afro-Caribbean, and Diaspora Women, Afro-descendant women are victims of multiple forms of violence, which is often racialized. Likewise, the current discourse on gender ideology in the region, driven by in large part by conservative religious groups, has led to more discrimination against lesbian, bi-sexual, and trans women, as well as more hate crimes and murders. Finally, poverty in Latin America and the Caribbean, as in other regions in the world, has a feminine face, as women are less likely to have access to higher education and work outside of the home than their male counterparts. When women do work outside of the home, they are paid, on average, 17% less than men.[3] All of these factors make the work of women human rights defenders of utmost importance. But, they are also facing some grave challenges.

In Colombia, where the post-Peace Accord reality for human rights defenders is startlingly alarming due to the high rate of murders of defenders and impunity for those murders, women human rights defenders are among the most vulnerable. As the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights recently documented, the number of women human rights defenders killed in Colombia in 2019 increased by 50% over the 2018 number.[4] Afro-descendant and rural women defenders are at generally greater risk, just as they suffer greater vulnerabilities in terms of overall enjoyment of their human rights.

In Cuba, independent women activists are facing an increase in repression and de facto house arrests, as well as reprisals and threats against themselves and their family members. Travel restrictions arbitrarily imposed by the Cuban government routinely prevent independent activists from participating in advocacy activities outside of the island and the application of these against women continues to grow. Furthermore, Cuban women are clamoring for an Integral Law against Gender Violence – a proposal which has been rejected by the National Assembly – and they continue to face difficulties in accessing decent, well-paying jobs.

In Nicaragua, the crisis that began in April 2018 has had a profound impact on women. Women human rights defenders, such as the Mothers of April, have played an important role in the opposition movement, as many have lost their children to the violence of the crisis. There has also been an overall increase in violence against women and femicides, as a result of the crisis. Furthermore, women in Nicaragua also face disproportionate economic consequences due to the crisis, as many have been left as heads of households, with male family members killed, imprisoned, or fired from their jobs because of their political ties.

In Brazil, the situation of violence against women is extremely concerning, especially against Afro-descendant and trans women. Our partners have documented that in the first two months of the year 38 trans women have been killed in the country.[5] This high level of violence makes the work of women human rights defenders – especially those working on behalf of diverse communities of women – all the more difficult and important.

Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to honor the human rights commitments they have made under CEDAW and other applicable international human rights treaties, to respect and protect the rights of women. We likewise reiterate our support for women human rights defenders, especially those of our partner organizations and in the countries where we work, who so courageously and tirelessly fight to promote and defend the rights of women and others in the region on a daily basis. We thank you and assure you that you are not alone in your work towards a safer, more just, and equitable society for all.

[1] OHCHR. Status of Ratification Interactive Dashboard: CEDAW, https://indicators.ohchr.org/ (last accessed Mar. 4, 2020).

[2] ECLAC. Measuring femicide: challenges and efforts to bolster the process in Latin America and the Caribbean, Nov. 2019, available at: https://oig.cepal.org/sites/default/files/femicide_web.pdf.

[3] UN News. More women in Latin America are working, but gender gap persists, new UN figures show, Oct. 28, 2019, available at: https://news.un.org/en/story/2019/10/1050121.

[4] UN News. Colombia: ‘Staggering number’ of human rights defenders killed in 2019, Jan. 14, 2020, available at: https://news.un.org/en/story/2020/01/1055272.

[5] See www.antrabrasil.org.

Raza e Igualdad impulsa campaña por los derechos de las prisioneras políticas en Cuba

Washington, D.C. 6 de marzo de 2020. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), emprende la campaña #CubanasLibresYA, espacio que busca visibilizar la situación de derechos de las mujeres en Cuba, especialmente de aquellas que debido a su activismo político por la defensa de los derechos humanos en la isla cumplen arbitrarias e injustas condenas en las prisiones del Estado Cubano.  

La campaña que se extenderá a lo largo del primer semestre del año, busca relatar la historia de 10 mujeres que son prisioneras políticas del Estado Cubano y actualmente cumplen sentencia en diferentes centros penitencerias de Cuba, que han sido víctimas de detención domiciliaria o fueron presas políticas del gobierno a causa de su activismo.

Las historias serán recogidas en el microsite CubanasLibresYA

“Si bien la represión contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros activistas políticos es común en Cuba, su impacto particular en las mujeres no se discute con frecuencia, aun cuando las cifras de detenciones arbitrarias igualan, o en algunos casos, superan la cifra de detenciones en los varones” señala Christina Fetterhoff, Oficial Senior del Programa Legal para Raza e Igualdad. 

https://www.youtube.com/watch?v=YAVpSnWMnFk

Así mismo, Fetterhoff explica que existen violencias diferenciadas en las mujeres activistas que se encuentran en estado de detención, pues existe una brecha significativa en temas de paridad de género, igualdad, reconocimiento e inclusión de derechos que impacta la vida del conjunto social al que pertenece una mujer defensora de derechos humanos cuando es detenida.  “La realidad de las mujeres cubanas es escalofriante, el pleno goce de los derechos económicos, sociales y políticos es muy limitado, razón por la cual cuando una mujer cabeza de familia es encarcelada no sólo tiene un impacto social evidente, sino que impacta desproporcionalmente la vida de la familia y comunidad del que esa mujer depende”, añade la representante de Raza e Igualdad.

La campaña pretende además poner en la agenda pública e internacional la falta de información que existe del estado de las mujeres prisioneras políticas y de las violaciones sistemáticas que al interior de los centros penitenciarios son perpetrados. “Sabemos por algunas conversaciones con ex prisioneras políticas y familiares de las aún en estado de detención que las condiciones son inhumanas, no cuentan con acceso a productos de higiene femenina, atención médica básica y condiciones seguras para dormir. Además, las llamadas telefónicas y las posibilidades de tener visitas de familiares son impedidas muchas veces. No existe información real de lo que sucede con estas mujeres, pues tampoco, ningún organismo internacional ha podido constatar su estado. Situaciones como las de Xiomara Cruz son las que se están presentando en las cárceles de Cuba muy probablemente”, infirió Christina Fetterhoff de Raza e Igualdad.

El lanzamiento de la campaña #CubanasLibresYA se lleva a cabo hoy, 6 de marzo, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres a través de las redes sociales de Raza e Igualdad. 

La campaña dará apertura con la historia de Martha Sánchez, una de las mujeres pertenecientes a la organización de las Damas de Blanco que hoy cumple una sentencia de cárcel de 4 años y 6 meses por portar carteles mientras se dirigia a una misa dominical.

Pueden leer la historia de Martha aquí

La invitación de Raza e Igualdad es a multiplicar el mensaje para poner en evidencia la situación de represión de los derechos humanos de defensores y defensoras de derechos humanos, que son especialmente perseguidos a causa de su filiación políticas y para evidenciar aún más la situación de derechos humanos de las mujeres que siguen siendo víctimas de lógicas machistas que persisten en el país. 

El Instituto Cubano de Radio y Televisión censura escena de besos entre pareja del mismo sexo

El 29 de febrero el programa televisivo cubano, Pensando en 3D, proyectó el largometraje Love, Simon, o en español “Yo soy Simon”, de origen estadounidense, que relata la historia de un adolescente gay que se enamora de otro joven adolescente. La película relata como Simon se acepta a él mismo y le dice a su familia y amigos que es gay. La película contiene una escena en la que, Nick Robinson, que encarna a Simon, besa a Bram (Josh Duhamel), pero la televisión cubana censuró esa parte de la película causando la indignación en gran parte del colectivo LGBTI cubano.

Por tal motivo activistas de la isla convocaron para el domingo 1 de marzo de 2020, a una Besada pública frente al edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), ubicado en el Vedado. El objetivo de la acción era reclamarle al ICRT la censura de la escena, que se disculpara y que mostrara la película sin censura.

El activista cubano, Yadiel Cepero, radicado en la provincia de Matanzas, lanzó una convocatoria para una besada al frente de la ICRT. Esto conllevó a un debate en las redes sociales entre personas que defendian la postura de la ICRT y otras que le hacían echo al llamado de Cepero.

Llegado el día 1 de marzo, varios activistas denunciaron intentos de silenciarlos o amenazas a que no llegaran a Vedado. A pesar de eso y aun sabiendo que la Seguridad del Estado estaría allí o en cualquier punto para impedir que activistas y defensores de derechos humanos fueran al lugar convocado, activistas LGBTI se autoconvocaron frente al ICRT.

Tal es el caso del activista Jancel Moreno, quien se encontraba en Matanzas en casa de su novio y en la mañana se dispuso para salir hacia La Habana para reportar en vivo la Besada. Moreno se encontraba en el Viaducto de Matanzas donde esperaba para trasladarse a la capital y fue cuando un auto lo interceptó. Moreno relata que “salieron los tenientes Alejandro y David, según dijeron, y me dijeron que tenía que acompañarles. Llegamos a una casa entre Matanzas y el puente de Bacunayagua y me retuvieron ahí por varias horas con el fin de que no pudiera desplazarme hacia La Habana”.

El domingo también fue sitiado en su casa por la policía cubana el activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien estaba preparándose para ir a la besada pública: “Estoy sitiado por la policía política para impedirme ir a la besada fuera del ICRT. Nos vemos ahí”. La activista, Claudia Genlui Hidalgo, novia de Luis Manuel Otero, fue golpeada por la policía en medio del Barrio San Isidro, porque ella, quería impedir que se llevaran preso a Luis Manuel.

Ese mismo día, el ICRT, hizo pública una declaración en su página web diciendo que pedía disculpas por la mutilación de la escena del beso:

“Ante este error informamos que se realiza el correspondiente análisis (con las personas que quitaron la escena) pues la omisión no responde a posturas homofóbicas del ICRT y sus directos de la Televisión Cubana, como algunos han referido en las redes sociales”.

Ante esta declaración el ICRT decidió retrasmitir la película el próximo sábado con la escena del beso entre los dos adolescentes. Después de las disculpas, la convocatoria se cayó pero una descena de activistas LGBTI vocalizaron que la besada era más que por una censura en la televisión.

El director de la revista independiente Tremenda Nota y activista por los derechos LGBT, Maykel González Vivero, también fue amenazado en las redes sociales por el usuario Elpidio Valdés, quien le dijo a este que: Veremos si puedes salir (a la besada) de tu alquiler barato en el Vedado.

González Vivero, periodista independiente que cubrió la besada frente al ICRT, informó en su perfil de Facebook que el evento se habría cancelado tras la disculpa del ICRT. Muchas están de acuerdo con que la TV cubana debería hacer pública esa disculpa por algún espacio televisivo.

Cuentan varios activistas que pudieron llegar al Vedado, que la zona donde se ubica el ICRT estaba sitiada por miembros de la Seguridad del Estado y por la policía. Al igual había edificios que tenían banderas cubanas y carteles alegóricos a la Revolución cubana y a Fidel y Raúl Castro, pero pudieron llegar al menos una veintena de personas que hicieron acto de presencia frente a las oficinas del ICRT.

La Comunidad LGBTI cubana siente indignación por el hecho y recuerda varios acontecimientos ocurridos en dicho instituto, en programas televisivos donde se han propiciado ofensas hacia la comunidad gay y se han permitido, al igual, cometarios racistas. Hacemos un llamado al Estado cubano a que respete sus obligaciones internacionales, cese la discriminación contra la población LGBTI por parte de funcionarios públicos y trabaje para sensibilizar a la población y funcionarios sobre los derechos LGBTI.

¿Quién garantiza los derechos en Cuba? – En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) alerta sobre la grave crisis de derechos que continúa lacerando la vida del pueblo cubano, especialmente de activistas, defensores y defensoras de derechos y periodistas independientes quienes constantemente se ven sometidos a toda clase de violencias, actos de hostigamiento, represión y amenazas a causa de su activismo.


A pesar de que el Estado cubano es signatario de múltiples tratados internacionales en el que se compromete a velar, proteger y garantizar la vida del pueblo cubano, diariamente activistas, artistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes son sometidos a toda clase de vejámenes por el régimen cubano para impedir la promoción de derechos y la visibilización de la realidad en Cuba.   Para estos efectos, el Código Penal cubano está construido a partir de una serie de artículos que fácilmente son aplicados a una persona en detrimento de sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad de expresión, asociación, prensa, entre otros.

Resulta especialmente preocupante la situación de presas y presos políticos del Estado cubano, privados de su libertad a causa de su activismo político, víctimas de un proceso judicial que no cumplió con las garantías del debido proceso y sometidos a malos tratos en prisión. En este sentido, llamamos especialmente la atención del caso del activista político José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba-UNPACU, quien hace más de 3 meses fue detenido y llevado a prisión por un delito no cometido, y que, según declaraciones de su esposa en medios independientes nacionales, ha sido sometido a todo tipo de maltratos.

Así mismo, en el marco de este día, alertamos sobre un aumento indiscriminado de detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos, detenciones domiciliarias de facto y actos de hostigamiento.  Según el último informe producido por el Observatorio Cubano de Cuba, sólo durante el mes de noviembre se registraron 218 detenciones arbitrarias, en medio de lo que la organización ha denominado “una campaña de difamación del gobierno para perseguir a la disidencia”. Dicha situación, atenta de manera diferenciada a mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, quienes en los últimos meses han reportado constantes actos de represión por parte de autoridades policiales, entre los cuales podemos mencionar el caso de Nancy Alfaya activista afrocubana y la periodista Luz Escobar.  Además de los históricos casos de violencia contra las Damas de Blanco.

En detrimento del derecho a la libertad de circulación de activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, autoridades estatales utilizan una modalidad de “regulación” para indiscriminadamente impedir la salida de defensores y defensoras de derechos humanos.  Este modo de proceder es utilizada por el Estado para impedir que activistas denuncien internacionalmente la situación de derechos de su país. Estos actos no sólo laceran el legítimo derecho de cualquier ciudadano de entrar y salir de su nación, sino el principio de la libertad de expresión y opinión de cualquier ser humano.

Además, está utilizando más las detenciones domiciliarias de facto, donde las autoridades no permiten ni que los activistas salgan de sus casas ya sea para ejercer su derecho a la protesta o para salir a reuniones o al médico. Esta es una forma del Estado silenciar las voces de su población y afecta el derecho a la vida de su población, muchas veces los y las activistas de derechos humanos están días sin poder salir de sus casas. Este 10 de diciembre la Seguridad del Estado le ha advertido a varios activistas que no salgan de sus casas ya que tendrán consecuencias graves, no se les ha dado ninguna razón por esta medida, solo que estan bajo arresto domiciliario hasta nuevo aviso.

Con extrema preocupación observamos un indiscriminado y acelerado deterioro de los derechos humanos en Cuba, especialmente de aquellos activistas que en contraposición con las políticas o filosofías del gobierno insisten en denunciar lo que afecta, violenta y agrede al pueblo; siendo así, objeto de múltiples actos de violencia que ponen en peligro su integridad y vida.

Durante este día, recordamos al Estado cubano que bajo ninguna circunstancia la labor del defensor o defensora de derechos humanos puede ser condenada o reprimida por no comulgar con los principios políticos del país; por esta razón, es su deber como garantista de derechos velar porque todas las formas de violencia a las que hoy se ven sometidos este grupo de disidentes cese. Así mismo, recordamos al Estado sus compromisos internacionales en materia del respeto, reconocimiento y promoción sin distinción de los derechos humanos del pueblo cubano.

Raza e Igualdad continuará monitoreando y trabajando por la denuncia y promoción de los derechos humanos en Cuba, especialmente porque la labor de activistas, defensores y defensoras de derechos humanos no sea motivo de represión y amenaza.

Día de los Derechos Humanos: seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en América Latina

Washington, D.C. 10 de diciembre de 2019. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hoy se une a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemora la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Setenta y un años después de aprobado ese documento que marcó un hito en el reconocimiento de los derechos inherentes a cada ser humano, estableciendo que debían respetarse sin distinción de la raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas, origen, ni ninguna otra condición, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad – continúa abogando por el cumplimiento y la defensa de dicha Declaración.

Durante este día, recordamos que la situación de derechos humanos en América Latina es crítica y por lo tanto se necesita un urgente accionar de los Estados para velar y garantizar efectivamente los derechos de sus ciudadanos, especialmente de aquellas poblaciones que históricamente han sido marginadas.

En Cuba, nos preocupa la situación de los prisioneros políticos y del hostigamiento y represión en contra de activistas y periodistas independientes. El caso del preso político José Daniel Ferrer García, coordinador general y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es alarmante, pues han pasado tres meses desde su detención, no ha tenido un proceso judicial y sufre malos tratos en los calabozos de la prisión en que se encuentra detenido. Su situación es especialmente preocupante porque podría correr la misma suerte de varias otras activistas independientes que han sido condenadas por delitos comunes después de expresar su opiniones. Por ejemplo, la Dama de Blanco Martha Sánchez está en prisión actualmente bajo una condena de 4 años y medio. De la misma manera, es alarmante la situación de activistas y periodistas independientes que sufren de restricciones de viajes sin razón legal alguna, lo que viola el derecho a la libre circulación de todo ciudadano cubano. En relación con esta situación, apoyamos la propuesta de una demostración pacífica y simbólica a favor de los derechos de libre circulación que se llevará a cabo este martes en la terminal del Aeropuerto Internacional José Martí. Recordamos que toda demostración o expresión pacifica de un individuo constituye un derecho inalienable bajo las leyes internacionales.

En Nicaragua, la grave crisis política y de derechos humanos que el país atraviesa desde hace casi 20 meses no parece mejorar, pues las autoridades se rehúsan a respetar las voces disidentes y continúan violando los derechos humanos de los nicaragüenses, incluyendo el derecho a la manifestación, a la libre movilización y a la libertad de expresión y de prensa. Hasta la fecha, se contabilizan alrededor de 150 presos y presas políticas, quienes atraviesan juicios viciados y carentes de garantías constitucionales. Tampoco se ha permitido el retorno al país de organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que las organizaciones locales se enfrentan a la persecución y el asedio permanente por parte de policías y grupos afines al Gobierno.

En Colombia, las múltiples violencias que se viven tras la firma del Acuerdo de Paz no permiten pensar en la superación real de las desigualdades, marginación, terror y violencia que aún se vive en los territorios colombianos. El asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales es uno de los fenómenos que hoy por hoy más laceran la integridad de quienes defienden los derechos humanos. Según cifras oficiales, entre enero del 2016 y agosto de 2018 se reportaron aproximadamente 343 asesinatos de líderes sociales, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil reportan más de 400, de los cuales alrededor del 40% fueron asesinatos contra líderes afrodescendientes e indígenas. A esto se le suma el “genocidio estadístico” que representan los últimos resultados de la encuesta poblacional: las cifras oficiales reportaron 2,9 millones de personas que se auto-reconocían como afrodescendientes en el Censo de 2018, al menos un millón menos de las reportadas en el Censo de 2005.  En este mes, después de dos semanas de paros nacionales y movilizaciones sociales del pueblo colombiano que demanda al Estado respuestas inmediatas y urgentes frente a las graves violaciones a los derechos fundamentales, el incumplimiento en la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, y los compromisos asumidos en materia de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición representantes de las organizaciones de sociedad civil siguen apostando a la construcción de la paz por una vía pacífica que posibilite el encuentro en la diferencia.

Parte del equipo de Raza e Igualdad con defensores de derechos humanos de América Latina.

Durante el año de 2019, la persistencia de la violencia y discriminación contra la población afro-LGBTI ha sido una problemática que ha venido siendo estudiada de manera más cercana por los Sistemas Internacionales de protección de Derechos Humanos. Durante este año se celebró la Audiencia sobre la situación de la población Afro-LGBTI de las Américas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con presencia de representantes de Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú; por su parte, el Experto Independiente sobre OSIG de la ONU, Victor Madrigal,  se reunió en Colombia con organizaciones afro LGBTI en Cartagena y la Comisionada Margarette Macaulay visitó activistas Afro-LGBTI de la Favela de Maré en Río de Janeiro en Brasil.

Todas estas actividades se enmarcan en un año en el que ha persistido la violencia contra las personas Afro-LGBTI.  Brasil sigue siendo el país con mayor cantidad de asesinatos contra las personas trans del mundo. Según los datos actuales de la Asociación Nacional de Personas Trans en Brasil ANTRA, al menos 106 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil hasta noviembre de 2019, muchas de estas víctimas son mujeres trans afrodescendientes. Con otras dimensiones, la violencia contra la población Afro-LGBTI en países como Colombia y República Dominicana, persiste, con la ocurrencia de casos de homicidio. Otras expresiones de la violencia, como en el caso de Nicaragua, están fuertemente asociadas a un contexto represivo político y religioso que impacta en la vida de los y las activistas LGBTI, llegando incluso a situaciones como el exilio, para evitar detenciones arbitrarias y torturas.  

En México, Panamá y Perú, la incorporación de preguntas de auto-identificación racial y étnica en los censos de población y vivienda sigue siendo un gran desafío en la recolección de datos estadísticos reales y permanentes que reflejen las características de la población afrodescendiente e indígena de esos Estados. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en múltiples ocasiones que la falta de información estadística sobre pueblos étnicos se debe, entre otras cosas, a una falta de trabajo dialógico y participativo que procure la elaboración de preguntas de auto identificación racial en conjunto con las comunidades étnicas. Al contrario, los censos contienen preguntas que carecen de contexto, lo que conlleva a que los pueblos no las comprendan y esto se derive en datos estadísticos erróneos, incompletos o no abordados en los censos. Por tal razón, la creación de planes, programas o políticas de gobierno en beneficio de la superación de las realidades de desigualdad e injusticia social de esta población son tan complejos de materializar e implementar.

Al cumplirse cinco años de fundado el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en la región, especialmente en los países en los que trabajamos: Cuba, Nicaragua, Colombia, Brasil, República Dominicana, México, Panamá y Perú. Continuamos trabajando para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, por su orientación sexual o identidad de género; además de aquellos que piensan y muestran opiniones distintas. Este 10 de diciembre reafirmamos nuestros deseos de aportar a la construcción de una sociedad equitativa para todos y todas, sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Política de “regulación” del Estado atenta nuevamente contra el derecho a la libertad de circulación de las y los cubanos.

Fotografía tomada de: www.cubanet.org

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la prohibición de salida del país de varias activistas cubanas de los derechos de la mujer y las graves violaciones a sus derechos humanos.

El 5 de diciembre a varias activistas cubanas de varias organizaciones de derechos humanos le prohibieron la salida del país. Mientras algunas fueron explícitamente informadas que estaban “reguladas”, termino que usa la Seguridad del Estado para prohibirle la salida del país a los y las activistas y periodistas independientes, otras fueron remitidas a la Oficina de la Ciudadanía.  

La Seguridad del Estado fue a la casa de Madelyn Rodríguez Martin, abogada de la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica, y la amenazó. El capitán Otoniel le dijo que sabía que ella iba a viajar y que era mejor que no fuera, si intentaba salir de su casa la iban a detener por 72 horas.

En el caso de Irina León Valladares, activista del movimiento Dignidad, el mayor Oreste Ayala de la Seguridad del Estado, fue a la casa de su mamá, que padece de hipertensión, diabetes y otras enfermedades, y le indicaron que le informara a su hija que no podía salir del país, que estaba regulada y solo la dejarían salir si no regresaba. El 6 de diciembre la Sra. León Valladares se dirigió a la Oficina de Inmigración y allí le dijeron que está regulada.

En el caso de  Neurelina Cardo Brizo, activista del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), el mayor Alejandro fue a su casa a informarle que estaba regulada y citada para el 6 de diciembre a las 10 am. Tampoco le indicaron las razones por las que se encontraba regulada.

Otra activista llegó al aeropuerto y allí, autoridades aeroportuarias le indicaron  que tenía prohibida la salida del país; cuando trató de indagar más le dijeron que debía dirigirse a la Oficina de la Ciudadanía en Santiago de Cuba.

Ninguna de ellas fue informada de las razones por las que se encontraban reguladas o los motivos por los cuales les habían impedido salir del país. Estas acciones de la Seguridad del Estado se suman al incremento en prohibición de salidas del país en los últimos dos meses y vulnera los derechos de libre circulación de estas activistas.

Raza e Igualdad llama al Estado Cubano a cesar el hostigamiento contra los y las activistas de derechos humanos y sus familias, y le recuerda al Estado que la defensa de los derechos humanos no es un acto delictivo, sino es un derecho consagrado en varios de los tratados ratificados por Cuba. Le recordamos al Estado que los y las defensores de derechos humanos juegan un rol fundamental en el pleno desarrollo de una sociedad igualitaria y la defensa de los derechos de todo ser humano. Varios órganos internacionales han resaltado su rol fundamental y la necesidad del Estado cubano proteger y garantizar sus derechos.

A causa de su ejercicio a favor de la defensa de los derechos de las mujeres, Nancy Alfaya se ha convertido en blanco para el gobierno cubano

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) alerta sobre graves violaciones a los derechos y libertades fundamentales de la activista y defensora de derechos humanos Nancy Alfaya, mujer afrocubana y coordinadora de la Red de Mujeres por la Igualdad adscrita al Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR); promotora cultural del Club de Escritores y Artistas de Cuba (CEAC) y del proyecto cultural Puente a la Vista (PALV); defensora de los derechos de la mujer y co-fundadora de la organización de las Damas de Blanco.

Como activista que trabaja por la eliminación de las violencias contra la mujer, Alfaya se ha convertido en blanco para el gobierno cubano.  Después de ausentarse durante 21 meses del país por estudios que estaría realizando su esposo en Estados Unidos, Nancy Alfaya ha tenido que enfrentar fuertes agresiones, actos de hostigamiento y amenazas por parte de autoridades cubanas, todo debido al activismo que desde diversos colectivos ha sostenido por el respeto y reconocimiento de los derechos de la mujer en Cuba.

Recientemente, Nancy Alfaya ha sido objeto de continuos actos de hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de la policía política cubana. El pasado 22 de octubre Alfaya y su esposo fueron detenidos al salir de una actividad organizada en la Embajada Americana; mientras su esposo fue dejado en libertad en un municipio cercano a la Habana, Nancy permaneció arbitrariamente detenida durante 25 horas sin poder comunicar a su esposo donde se encontraba. 

“Al llegar a la estación de policía me sentaron en una sala de espera; cuando le expresé al mayor Alejandro, que fue quien me llevó a la estación, que necesitaba ir al baño me agredió verbalmente y me gritó que me sentara de manera brusca y agresiva. Después de dos horas me llevaron a la estación de policía del Municipio de la Regla donde me sentaron en un pasillo que conducía a los calabozos. Estuve detenida por 25 horas en un celda donde solo había varones… cuando me dejaron salir me devolvieron el celular roto” añade Alfaya.

Desde su liberación, Nancy Alfaya no ha podido salir de su casa sin estar sujeta a estricta vigilancia. “Jorge (su esposo) puede salir con total libertad sin que la policía lo observe o lo detenga, pero tan pronto yo intento moverme de mi casa, agentes de la policía aparecen, me persiguen…” señala Alfaya señalando que siente miedo de salir de su casa.

Nancy ha sido objeto de detenciones arbitrarias múltiples veces durante una misma semana, sin ninguna justificación legal. El pasado 21 de noviembre de 2019, Nancy fue detenida a la 1:30 de la tarde al salir de su casa nuevamente por el Mayor Alejandro.  Fue liberada después de cuatro horas y multada por 150 pesos. Al día siguiente fue detenida nuevamente a las 9:30 am en la vía pública cuando se dirigía a la Embajada de los Estados Unidos para una reunión.

Actualmente la activista y defensora de derechos humanos se encuentra “regulada” por el Estado cubano. Dicha “figura” es utilizada frecuentemente por las autoridades para negar la salida a activistas de derechos humanos, especialmente, que requieran salir del país para participar de alguna actividad de denuncia de la situación de opresión que viven en el país.

“Me di cuenta que estaba regulada por primera vez el 7 de noviembre de 2018 cuando me disponía salir del país para participar de una actividad de mujeres convocada por una organización en Perú. En el aeropuerto no supieron darme ninguna explicación, por lo que me indicaron que me dirigiera a la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Inmigración y Extranjería, allí me dijeron que estaba en proceso investigativo y que por eso no podía salir del país…” relata Alfaya a Raza e Igualdad.

Alfaya también ha sido amenazada de ser judicializada por el delito de peligrosidad social en varias ocasiones, por parte de autoridades policiales.

“El 13 de agosto de este año me presenté ante la Oficina Nacional de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior con una solicitud de respuesta sobre mi situación legal, porque llevaba 9 meses procesada, en dicho encuentro me propusieron negociar mi status legal de regulación si cooperaba con el gobierno, prometiéndome levantar la medida regulación, propuestas a las que me negué. Dicha situación repercutió que, al día siguiente, el 14 de agosto, miembros de la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionara boicoteara un evento de poesía que teníamos en las oficinas del CIR. Este día el Mayor Alejandro me detuvo, porque no quise retirarme y me amenazó con procesarme bajo el delito de “peligrosidad social” por no tener un trabajo y no tener una licencia de “cuentapropista”.

Con extrema preocupación por la situación de vulnerabilidad y amenaza en que se encuentra la activista Nancy Alfaya, demandamos al Estado Cubano velar y garantizar los derechos fundamentales de la lideresa Alfaya. Recordamos que la defensa de los derechos humanos no constituye bajo ninguna circunstancia en un acto delictivo, pues hace parte de las legítimas libertades de cualquier ser humano según lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los diversos tratados ratificados por el Estado cubano. En este sentido, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado “que la defensa de los derechos humanos sólo puede ser libremente ejercida cuando personas defensoras no están sujetos a amenazas o cualquier tipo de agresión física, psicológica y moral u otras formas de hostigamiento”[1]. Igualmente, estos juegan un rol fundamental “en la sociedad puesto que las defensoras y defensores promueven denuncias, reclamos y reivindicaciones a nivel social y colectivo que contribuyen a la realización del Estado de derecho y la democracia”[2].

Desde Raza e Igualdad continuaremos denunciando todo acto de violación a los derechos fundamentales de activistas cubanos, así como, seguiremos apoyando el trabajo de promoción y protección de los derechos del pueblo cubano, que defensores y defensoras llevan a cabo a luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En los últimos años, la represión en Cuba ha tomado la forma de la criminalización de los y las defensores y defensoras de derechos humanos y principalmente se ha usado el Código Penal para enjuiciar a dichas personas, usando leyes ambiguas o aprovechando las leyes cubanas que niegan los derechos civiles y políticos fundamentales[3]. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), hubo por lo menos 2,525 casos de detenciones arbitrarias en el 2018 en Cuba, de la cuales, por lo menos 1,700 eran mujeres[4].  Así mismo, durante el 2019, hemos visto otro incremento en el uso de la detención arbitraria y el hostigamiento por parte de los agentes de seguridad del Estado hacia defensores y defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas independientes entre otros[5].

Por otro lado, las mujeres defensoras de derechos humanos han sido las más afectadas por esta nueva ola de represión. Por ejemplo, en el mes de septiembre de 2019, 14 personas fueron reguladas, de las cuales ocho de ellos eran mujeres[6]. En una entrevista con Diario de Cuba, la activista Sara Cuba Delgado, resalta que “somos el actor más vulnerable con respecto al tema de género, algo que se manifiesta en las detenciones” [7]. También se les impide la salida del país, son amenazadas o las califican como “malas madres” por defender los derechos humanos y no encajar dentro del rol tradicional de la mujer en la sociedad.

[1] CIDH, Informe Políticas Integrales de Protección de Personas Defensoras (2017), párr. 13. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf

[2] CIDH, Resolución 8/2016, Medidas Cautelares No. 112/16, Asunto miembros de COPINH y familiares de Berta Cáceres respecto de Honduras, 5 de marzo de 2016; CIDH, Resolución 46/2015, Medidas Cautelares No. 589/15, Asunto de Integrantes de la Asociación para una vida mejor, Honduras, 22 de enero de 2014, párr. 12; CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 49/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 227.

[3] Ibid. párr.3; CIDH, Informe Políticas Integrales de Protección de Personas Defensoras (2017), párr. 89. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf

[4] Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 2018- Detenciones arbitrarias. Disponible en https://observacuba.org/informes-ddhh/detenciones-arbitrarias/2018-detenciones-arbitrarias/

[5] Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Gobierno de Díaz-Canel casi duplica las detenciones arbitrarias en septiembre (2019). Disponible en: https://observacuba.org/gobierno-de-diaz-canel-casi-duplica-las-detenciones-arbitrarias-en-septiembre/; Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Aumentaron detenciones arbitrarias y actos represivos en Cuba en julio, denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (2019): Disponible en: https://observacuba.org/aumentaron-detenciones-arbitrarias-y-actos-represivos-en-cuba-en-julio-denuncia-el-observatorio-cubano-de-derechos-humanos/

[6] Cubanet, “Esperaba que me recibieran así,” (2019). Disponible en: https://www.cubanet.org/destacados/cuba-camila-acosta-esperaba-que-me-recibieran-asi/

[7] Diario de Cuba, Doble violencia y cero amparo gubernamental: activistas cubanas por los derechos de la mujer (2019). Disponible en: https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1570816620_936.html

Periodistas y defensoras de derechos humanos en Cuba reportan aumento de actos de violencia, represión y hostigamiento a causa de su activismo político

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llama la atención por aumento indiscriminado de actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias de mujeres activistas y defensoras de los derechos de la mujer, en Cuba.

Aunque el Estado cubano está obligado a velar por los derechos fundamentales de las mujeres en Cuba, garantizando la protección de su integridad y la eliminación de cualquier forma de violencia o discriminación, los derechos de las mujeres en la isla, especialmente de aquellas que ejercen algún activismo político, son constantemente violados.  Las activistas cubanas de derechos humanos siguen siendo amenazadas, hostigadas y criminalizadas por defender sus derechos y los de las mujeres cubanas.

En las últimas semanas un número preocupante de actos de represión a través de estrategias comunes como las detenciones arbitrarias, «secuestros», arrestos domiciliarios y operativos de vigilancia han sido constantes, especialmente hacía mujeres defensoras de derechos. 

Activista cubana Nancy Alfaya

Nancy Alfaya, activista afrocubana y coordinadora de la Red de Mujeres por la Igualdad Capítulo del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), promotora cultural del Club de Escritores y Artistas de Cuba (CEAC) y del proyecto cultural Puente a la Vista (PALV) y defensora de los derechos de la mujer, ha sido detenida dos veces en 24 horas.  Durante su detención fue amenazada por un agente de la Seguridad del Estado, el cual le dijo que podía ser procesada por el delito de peligrosidad.  Además la amenazó con impedir que la activista asistiera o planificara cualquier actividad o reunión en el marco de la conmemoración del 25N.  Así mismo, el agente amenazó a Alfaya con revocarle la licencia extrapenal a su esposo, uno de los activistas detenido durante la «Primavera Negra», cuando 75 opositores al gobierno de Fidel Castro fueron encarcelados en el 2003. En las semanas previas a estas detenciones, Nancy Alfaya fue objeto de varios operativos de vigilancia que no la dejaban salir de su casa.

Marthadela Tamayo, activista cubana

Por otro lado, Marthadela Tamayo, activista del CIR y del Club de Escritores, también fue detenida el 21 de noviembre y su paradero desconocido por varias horas. Durante su interrogatorio le dijeron que no iban a permitir que hiciera ninguna actividad relacionada con la violencia de género[1]. También fue amenazada de ser procesada bajo el delito de peligrosidad. En los días anteriores, la Seguridad del Estado impidió que Marthadela Tamayo saliera de su casa[2].

La periodista, Luz Escobar, ha sido puesta bajo arresto domiciliario tres veces en menos de diez días.

Iliana Hernández, periodista y activista, también reportó que el jueves pasado la multaron y le quitaron su licencia de cuentapropista.

También Micaela Roll, una Dama de Blanco, fue arrestada el viernes al salir de la sede de las Damas de Blanco y su paradero fue desconocido por 48 horas[3].

Aunque estos arrestos y detenciones se dieron previos a la conmemoración del 25 de noviembre, como estrategia de «control» del régimen cubano para evitar manifestaciones en contra de la violencia de género que interfirieran con la celebración del tercer aniversario de la muerte de Fidel Castro; las detenciones arbitrarias, la violencia, hostigamiento y represión contra las mujeres, especialmente de aquellas que ejercen algún activismo en el país es una constante en aumento.

Así mismo, las aprehensiones arbitrarias, los arrestos domiciliarios y operativos de vigilancia por parte de la policía política de activistas y periodistas opositores al régimen, son ejercidas con mayor frecuencia cuando se llevan a cabo eventos conmemorativos en el país, tales como el primero de mayo[4], los 500 años de la Habana o la visita de los Reyes de España recientemente.

Estos métodos de hostigamiento tienen como objetivo detener el activismo de estas mujeres e imposibilitar su libre circulación.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), recordamos la obligación del Estado cubano de velar y garantizar la vida de las mujeres, su integridad y desarrollo, libre de cualquier forma de violencias o discriminación que impida el pleno ejercicio de sus derechos.   Así  mismo, recordamos que el Estado cubano ha firmado y ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), razón por la cual, existen un compromiso internacional en materia de garantías, reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado cubano para proteger los derechos de las mujeres defensoras de derechos humanos y su libre circulación. Recordamos que el ejercicio de la libertad de expresión, opinión y prensa son derechos legítimos consagrados en los principales tratados internacionales de los cuales el Estado cubano es parte.  También exhortamos al Estado cubano, que como parte de sus obligaciones internacionales con la CEDAW, debe asegurar el pleno desarrollo y progreso de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

[1] Ciber Cuba, “Cero actividades este lunes”, advierte Seguridad del Estado a activistas cubanas (2019). Disponible en: https://www.cibercuba.com/noticias/2019-11-24-u199482-e199482-s27061-cero-actividad-este-lunes-advierte-seguridad-estado

[2] ADN Cuba, Activistas denuncian hostigamiento de la policía política (2019). Disponible en: https://adncuba.com/noticias-de-cuba/activistas-denuncian-hostigamiento-de-la-policia-politica

[3] Yolando Huerga, Restricciones y violencia política contra las mujeres crecen en Cuba, Radio Televisión Martí (2019). Disponible en: https://www.radiotelevisionmarti.com/a/las-restricciones-y-el-acoso-contra-las-mujeres-crecen-en-cuba/252864.html

[4] CiberCuba, A tonfa limpia terminó una detención policial durante las celebraciones por el 1r o de mayo en Moa, Holguín (2019). Disponible en: https://www.cibercuba.com/videos/sociedad/2019-05-06-u1-e199352-s27061-tonfa-limpia-termino-detencion-policial-durante

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