“En Cuba no podemos contrarrestar los efectos del coronavirus de la misma manera que lo hacen otros países” Activista de derechos humanos relata cómo vive el país la llegada del virus.

“En Cuba no podemos contrarrestar los efectos del coronavirus de la misma manera que lo hacen otros países” Activista de derechos humanos relata cómo vive el país la llegada del virus.

Los impactos que ha enfrentado el mundo a causa del COVID 19 han sido múltiples, sus efectos no solo han cobrado la vida de más de 60.000 personas alrededor del mundo, según datos publicados recientemente por BBC News[1]; sino que sus efectos ha tenido considerables consecuencias en escenarios sociales, económicos y políticos de todos los continentes.  

En Latinoamérica los impactos son diferenciados, las tasas de pobreza, desempleo y violencia representan un precedente importante a tener en cuenta por los Estados para establecer estrategias de contención de la crisis sin que esto vulnere la realidad de los derechos de muchos sectores sociales de la región históricamente marginados.

Países como Cuba hoy se ven amenazados, por lo que varios medios han denominado “la peor catástrofe humanitaria” no sólo por las deficiencias en el sistema de salud que hoy enfrenta el país, sino por las situaciones de pobreza, desempleo y desabastecimiento general que desde hace varias décadas vive la isla.

Aunque el Estado cubano ya empezó a tomar medidas para enfrentar el virus, y desde el 21 de marzo tiene cerrado el aeropuerto para entrada de turistas y ha puesto en marcha protocolos de contención por expansión del coronavirus, varios días pasaron antes de que el Estado tomara dicha decisiones y por el contrario declarara al país, el pasado 14 de marzo,  como lugar “seguro” para recibir extranjeros[2], aun cuando la Organización Mundial de la Salud, el 12 de marzo, había declarado el COVID-19 como una pandemia y recomendaba a los Estados tomar medidas al respecto.

Hoy el número de casos en el país por contagio de coronavirus asciende alrededor de los 300, siendo un 10% de los casos perteneciente a niños y niñas[3]; esto según lo reportado recientemente por Diario de Cuba.  Así mismo, este medio de comunicación notificó que en la Habana se concentra el epicentro de la epidemia con 108 casos[4].  En relación a esta realidad, activistas de derechos humanos y medios de comunicación han expresado preocupación por las condiciones en que la isla recibe al virus. 

“La verdad se vive mucha incertidumbre, no tenemos la información completa porque el Estado a través de las cadenas nacionales, que son las que tenemos, no transmite la información completa, además no hay medicamentos, la infraestructura de los hospitales no tiene la capacidad de enfrentar una situación como está y además desde hace varias semanas estamos desabastecidos, no tenemos qué comer” señala activista cubana sobre la situación que hoy se vive en la isla a causa del virus.

Las estrategias de contención que el Estado Cubano ha tomado para mitigar los efectos del virus son muy parecidas a las que otros países de la región han aplicado, sin embargo, la realidad de Cuba no permite que estas estrategias sean efectivas en la isla, pues según lo explicado por activistas de derechos humanos “la situación del país no permite que podamos quedarnos en nuestras casas para contrarrestar los efectos del virus, los cubanos viven del diario” expresan activistas cubanos a través de video enviados a Raza e Igualdad.

“Entre las recomendaciones que el Estado está haciendo se anunciaron medidas como la atención a los ancianos que están en los asilos, los que viven solos y los que pernoctan en las calles que no son pocos. Se repite mucho que estas personas no deben salir a las calles.  Las aglomeraciones se mantienen porque llevamos meses desabastecidos. Los niños de hogares y los ancianos son los únicos que tienen atención especial, el resto de la población tiene igualdad de trato en cuanto a las medidas tomadas”

Activistas de derechos humanos han denunciado a través de redes sociales sin número de situaciones que atentan contra la integridad de la persona y sus derechos fundamentales, entre las denuncias recurrentes se encuentra la de falta de alimentos en la isla, situación que impide a las personas del país permanecer en casa y salir a buscar sustento diario.

Así mismo, El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en sus redes sociales un incremento de las violaciones de derechos de los cubanos en medio de la pandemia.  Según la organización durante el último mes se registraron 251 acciones represivas por parte de autoridades del Estado cubano, de las cuales 192 fueron detenciones arbitrarias y 27 citaciones policiales contra activistas y miembros de la sociedad civil independiente; cifras que enmarcan al mes de marzo como el más represivo en lo que va del 2020.

Por otra parte, organizaciones cubanas han manifestado preocupación por la vida de las mujeres que sufren violencia en sus hogares. “Un grupo preocupante son las mujeres maltratadas. No se habla desde las instituciones de los peligros que se pueden intensificar al convivir con el maltratador porque están expuestas a más tiempo con ellos. Por esta razón, plataformas de activistas como “Yo si te creo en Cuba” están divulgando contenido de acompañamiento y denuncias” expresa activista cubana Lidia Romero.

Las afectaciones a causa del virus tienden a tener mayor impacto en los grupos sociales que carecen de reconocimiento y garantía de sus derechos.   En este sentido, las personas LGBTI, especialmente las mujeres trans, trabajadoras sexuales se han visto preocupantemente afectadas por la situación del COVID-19, pues el estado de aislamiento no ha permitido que puedan salir a trabajar lo que las pone en grave estado de indefensión y precariedad económica. Según Lidia Romero, para contrarrestar los efectos, activistas LGBTI se han coordinado a través de un grupo de whatsapp para coordinar ayuda con recursos propios. Se han priorizado aproximadamente 17 casos de personas LGBTI necesitadas, de las cuales 10 son mujeres trans.

Preocupa especialmente a Raza e Igualdad los impactos en materia de derechos y garantías que la implementación de protocolos de contención propuestos por el Estado Cubano pueda tener en grupos menos favorecidos, como lo son las mujeres, las personas afrodescendientes y las personas LGBTI.   Especialmente de este último grupo, expresamos especial preocupación por las condiciones en que mujeres trans trabajadoras sexuales puedan estar debido a las limitaciones para llevar a cabo su trabajo, además de la poca información diferenciada que se pueda conocer al respecto de su situación.

Por tal razón, recordamos al Estado cubano que las estrategias de contención para contrarrestar los efectos del virus deben contemplar la situación de derechos que vive el país, además, se deben implementar protocolos con enfoques diferenciales de derechos que garantice que aquellos grupos sociales que históricamente han sido víctimas de marginación, pobreza y violación a sus derechos fundamentales, como las mujeres, personas adultas mayores, personas LGBTI no sean re-victimizadas a causa de los planes indiscriminados que implemente el Estado.  Así mismo urgimos al Estado garantizar el acceso a la salud, alimentación y bienestar de su pueblo, derechos fundamentales para respetar la integridad de cualquier ser humano.

Urgimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas instar al Estado cubano la atención de todo su pueblo sin discriminación alguna.  Solicitamos a los organismos internacionales monitorear la situación para garantizar el bienestar de la población cubana.

[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060

[2] https://www.lavanguardia.com/vida/20200314/474142252815/cuba-se-declara-pais-seguro-para-recibir-turistas-pese-al-coronavirus.html

[3] https://diariodecuba.com/cuba/1586279874_15666.html

[4] https://diariodecuba.com/cuba/1586254554_15556.html

Historia de Melkis Faure Hechavarría, prisionera política del Estado Cubano

El día que la detuvieron, Melkis no sabía que estaba embarazada. Salió a protestar el 6 de agosto de 2016 con un grupo de activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ya no regresó a su hogar. Cargaba carteles de protesta en la calle Monte de La Habana Vieja cuando la policía se le acercó. Melkis se tiró al piso pacíficamente, al estilo de Mahatma Ghandi.

La trasladaron a la estación de policía de Sanja y posteriormente al centro de detención conocido como El Vivac, donde estuvo 46 días sin comunicarse con su familia, aislada y sin que se levantaran cargos en su contra. Fue allí que perdió el primer embarazo, según su esposo, Freddie Michel.

Después fue trasladada a la penitenciaría de El Guatao. Allí la visitaba Freddie y al cabo de unos meses Melkis sospechó que estaba embarazada nuevamente. Sería su sexto hijo.

“Cuando nos dimos cuenta de que estaba embarazada, pedimos que la mandaran al médico para revisarla, pero solamente la miraron por arribita y le dijeron que tenía un fibroma”

cuenta Freddie.

El médico le recetó unos medicamentos, pero esos más bien estaban contraindicados para mujeres gestantes. “Al cabo de un tiempo se fue en sangre y fue cuando perdió la barriga”, relata. La atención médica deficiente, la retardación de seguimiento y la falta de exámenes tuvieron resultados dañinos para la activista. 

Activismo

Melkis Faure Hechavarría, de 42 años, empezó su rol de activismo en 2013 como parte de las Damas de Blanco. Siendo una ama de casa, madre de cinco, tuvo durante mucho tiempo dificultades de vivienda y pobreza. Aunque pidió a las autoridades en reiteradas ocasiones que le garantizaran un albergue, nunca lo recibió. Después se unió a la UNPACU y empezó a protestar por otras leyes injustas del Gobierno cubano.

“Ella mantiene su posición como opositora, nunca cambia sus ideales”,

describe su esposo Freddie, de 36 años.

Después de su detención, a Melkis la acusaron de los delitos de desorden público, desacato y resistencia. “Se manifiesta de forma pública contra la revolución, por ello se reúne con personas antisociales y contrarrevolucionarias”, señaló la Fiscalía dentro de la acusación legal. Para las autoridades cubanas, el derecho a la protesta que ejercía Melkis, quien cargaba carteles como “Abajo Raúl Castro y los aduaneros ladrones”, es un delito que se paga con cárcel.

Un año después de su detención, Melkis fue declarada culpable por un juez afín al gobierno y condenada a 3 años de privación de libertad por desórdenes publicos y desacato. Meses despues, fue enjuiciada a 4 años de prision por otro incidente antes de su detención, esta vez por actividades economicas ilicitas, atentado y desacato, y finalmente tuvo ambas sentencias liquidadas, dictando una sanción conjunta por 5 años y cuatro meses, comenzando desde el 23 de octubre de 2017. En ninguno de los juicios tuvo derecho a una defensa imparcial ni a un juicio justo.

En prisión

“Esto es incontable, el sufrimiento que se pasa aquí adentro”, se oye decir a Melkis en un audio grabado en 2017 y publicado por la UNPACU. Pero hasta la fecha, las condiciones no han cambiado. “En el Guatao pasó hambre, necesidades y torturas por parte de los oficiales”, cuenta su esposo Freddie.

A finales del año pasado, Melkis fue trasladada al Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba Cuatro en la provincia de Artemisa. Allí las condiciones son mejores que en la prisión, pero no escapa del maltrato y la mala alimentación. Para que las reclusas no reclamen sus derechos, los oficiales las amenazan con quitarles el beneficio de visita al hogar o con enviarlas de nuevo a El Guatao.

Familia

Dos hijos de Melkis son mayores de edad y viven con su abuela materna. Pero los tres menores de 10, 12 y 15 años, son los más afectados por su condición penitenciaria. Actualmente viven bajo el cuidado del esposo de Melkis, Freddie Michel.

“Para mí hacerme cargo de los tres niños ha sido increíble, lo he hecho con amor porque los amo, yo decidí dar mi vida por ellos porque realmente ellos no tienen a más nadie”

relata Freddie, quien debe buscar diferentes fuentes de ingresos para mantener a los niños.

Recientemente, en el contexto de la pandemia del Covid-19, la situación económica para el esposo de Melkis ha empeorado debido a las restricciones de movilidad y los cierres de espacios de trabajo.

La condena de Melkis se acabaría en 2023, dentro de tres años que parecen interminables para sus hijos y esposo. “Nos hace falta que ella esté aquí en la casa para estar todos juntos en familia, para seguir luchando por un futuro mejor y por la libertad”, concluye Freddie.  

Visite la página web de la campaña aquí

Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados en Latinoamérica para que tomen medidas más inclusivas a favor de las personas trans

Washington D.C., March 31st 2020. Today we commemorate the International Transgender Visibility Day, a day to celebrate transgender lives and raise awareness about the discrimination this population faces. On this day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), wants to give visibility to the issues transgender people face throughout Latin America.

All over the world, racism and other forms of discrimination marginalize and ostracize the trans population. This makes access to health services, education, work, and housing extremely difficult.  Unfortunately, States limited disaggregated data on the situation of trans people rendering them invisible from groups targeted for public policies designated to support vulnerable situations, especially in Latin America. Combined, these factors place them in vulnerable situations where they are more susceptible to different illnesses, addictions, and violence.

Violence against the trans community in Latin America

The trans community continues to face severe incidents of violence. For example, Brazil remains the leading country in trans homicides around the world with 127 registered cases[1], closely followed by Colombia who ranks third, with 21 recorded crimes against this population[2].  According to data collected by the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA) in Brazil, there was a 90% increase in the first bimester of this year (38) compared to the same period last year (20).[3] According to these statistics, in some countries, to identify as trans is to sign a death sentence.

In Perú, the trans community continues to face large amounts of violence and discrimination. During the 2020 congressional elections, Gahela Cari, the first transgender candidate to run for Congress in Peru, tried to cast her vote when a member of the National Jury of Elections (JNE) refused to recognize her gender identity. Similarly, members of the polling station in Lambayeque harassed Fiorella Mimbela, an LGBTI+ activist, when her legal name and image were spread around social media networks.[4] These are not isolated acts but part of a wider pattern of rejection and violence the Peruvian trans community faces.

In the Dominican Republic, LGBTI organizations have recorded around 48 transgender homicides since 2006. Out of these 48 only 5 have verdicts, demonstrating the trans community not only faces high levels of violence but also faces barriers in access to justice. A more recent case shows that strangers are not always the perpetrators of these heinous acts. Willianny, a trans woman, had both her hair and breasts cut off by her own family members before her funeral, a repudiation of her identity. One LGBT activist, Yimbert Feliz Telemin, commented that «in the Dominican Republic being trans is worse than being a street dog.”[5]

Continual work must be done in order to combat the discrimination and violence against the trans population. Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to sign and ratify the Inter-American Convention Against all Forms of Discrimination and Intolerance[6] and, for States that have not done so, legally recognize the gender identity of trans and non-binary people in accordance with the Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion 24-17[7]. Additionally, we remind States that many members of the trans community are sex workers and depend on their profession to survive. We call on States to safeguard their rights and guarantee they will not be the object of cruel, inhumane or degrading treatment.

Gender Identity

Much of the discrimination against the trans population is also created from the lack of recognition of their identity.  As ANTRA describes it, it is not only the denial of their name, but their identity, “an appropriation by a society that frequently prefers to expose rather than welcome.”[8] Oftentimes, countries such as the Dominican Republic do not allow trans people to legally change their name while other countries place hurdles such as high costs, long bureaucratic processes, or as in Peru, require the process to be through the courts. Having the correct documentation is just the first step of many to demarginalize trans people from different public spaces. 

In countries where name recognition is legal, there continue to be issues with the lack of information regarding the process, both in relation to the necessary procedures and what to do in cases of discrimination. In rural areas all these issues are exacerbated. Bruna Benavides from ANTRA in Brazil notes that there is little investment in training or capacity building programs for trans leaders, so that they can provide the necessary assistance for people to complete the rectification of their documents.

Trans people during the pandemic

In collaboration with our partners we also ask for the inclusion of trans people in all public policies created due to COVID-19, not only at the local and state level, but also at a federal level, especially those developed to aid low-income, self-employed, and unemployed people. During this time, the stigma and discrimination against the trans population has become more visible. We call on States to guarantee their access to health and put in place protocols that will ensure they are treated humanely and not discriminated against because of their gender identity.

[1] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[2] https://www.rcnradio.com/colombia/colombia-tercer-pais-en-america-con-mayor-riesgo-para-personas-trans

[3]Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[4] https://larepublica.pe/genero/2020/01/27/elecciones-2020-gahela-cari-y-fiorella-mimbela-denunciaron-discriminacion-y-transfobia-en-lima-y-lambayeque-transgenero-atmp/?fbclid=IwAR19ssnwXobbu2OkKcjMSZGvPqvRDKc2nkP0N93Hky31Wcz-Smb6nBYdB8s

[5] https://plumasatomicas.com/lgbt/familia-mutilo-senos-cabello-mujer-trans/

[6] To date only Uruguay and Mexico have signed and ratified this Convention. Avaiable at: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

[7] https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

[8] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019” 2020.

21 de marzo: Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial

Message from Carlos Quesada, executive director of Race and Equality

Washington DC, 2020, May 21st. Today we commemorate once again the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, a day that we at the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), take as an opportunity to remember our universal rights to equality and non-discrimination. This message must be echoed in a context of growing intolerance, hate, and superiority speech that do not contribute to the development and well-being of our society.

We have been commemorating this day since 1966, in memory of the 1960 Sharpeville massacre in South Africa, when police opened fire and killed 69 people who were protesting peacefully against the Apartheid Pass Laws. Since then, racial discrimination has subsided considerably in Africa and also in Latin America.

This year, Mexico ratified the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination and Related Forms of Intolerance, thus joining Uruguay, Costa Rica, and Antigua and Barbuda; and also ratified the Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance, which entered into force with this ratification.

Also in Mexico, the inclusion of the Afro-descendant self-identification question was achieved for the first time in the 2020 Census. However, it was included late in the process, so Afro-Mexican organizations had to start their awareness campaigns just a few months before the census, which is being carried out this month. Currently, the campaign continues with great force led by the Collective to Eliminate Racism in Mexico (COPERA, for its initials in Spanish) along with Race and Equality and in alliance with some government agencies and Afro-Mexican organizations.

In Panama, we are concerned that the census scheduled for May 2020 was postponed until the first quarter of 2021, due to delays with the bidding process. This implied that all progress made on the 2020 Census was suspended, and adjustments to the next steps represent a great challenge. This is because there are several actions that must be carried out such as updating the budget, cartography, and identifying and hiring personnel, among many other duties. However, this period has allowed for the promotion of self-identification among Afro-descendants in both rural and urban communities.

In Colombia, the number of social leaders assassinated in 2019 was alarming: at least 253, of which 91 were Afro-descendant and indigenous leaders, according to the Institute for Development and Peace Studies (INDEPAZ, for its initials in Spanish). Patterns of structural racial discrimination continue to prevent Afro-Colombian and indigenous communities from having effective enjoyment of their economic, social, and cultural rights compared to the rest of the Colombian society. It is a matter of concern that given this situation, the Colombian government has not guaranteed an adequate statistical estimate of the Afro-Colombian population. This is reflected in the 2018 Census, where the black, palenquera and raizal population was reduced by 31% compared to the 2005 Census. The Government is also not offering the conditions needed for the implementation of the Peace Agreement with an ethnic-differential approach.

In Brazil, between January and February 2020, 38 trans women were killed, of whom 75% were Afro-Brazilian. This figure is particularly worrisome because it is 90% higher compared to last year’s figures. In general, most LGBT crimes are committed against Afro-descendants, according to data from the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA, for its initials in Portuguese).

In Cuba, there is still no implementation plan for the International Decade for People of African Descent. We have managed to document that the majority of the activists who are victims repression by the Cuban Government are Afro-descendants, such as Juan Antonio Madrazo, Marthadela Tamayo or Nancy Alfaya. From the State’s side, there is no opening to recognize the existence of racial discrimination on the island.

From Race and Equality, we will continue to make visible, fight, and denounce the marginalization and injustices that Afro-descendant populations face in the Americas. We will continue to work, especially in the company of our counterparts in the region, who, from their communities, contribute to tehe construction of a more equal society.

Aproximándose el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, el Estado cubano sigue sin abordar el racismo en la isla

“Exigimos por este medio que se cumpla el artículo 42 de la Constitución vigente que proscribe la discriminación por el color de la piel y otros tipos de discriminaciones. Para ello proponemos que se analicen estos comentarios discriminatorios y se ofrezca una disculpa pública mediante los medios de difusión masiva que tengan a su alcance”.

Así termina la carta que presentó el 30 de octubre del año 2019, Raúl Soublett, Coordinador general de Alianza Afrocubana, una de las organizaciones afrocubanas que defiende los derechos LGBT, al director del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Alfonso Noya Martínez.

La carta surgió después de que el martes 29 de octubre se televisara el programa Con 2 que se quieran, en el cual se transmitió una entrevista con el historiador del Ballet Nacional de Cuba, Miguel Cabrera, quien se refirió al reconocido bailarín Andrés William como “Azul”, burlándose de su color de piel y diciéndolo en tono despectivo.

Hasta el día de hoy, la Alianza Afrocubana no ha recibido respuesta alguna sobre este inconveniente que causó la indignación de una gran parte de la sociedad cubana. Pero este caso no solo se queda en la televisión, sino que se extrapola a la sociedad y las instituciones, en donde aún existen fuertes sesgos discriminatorios hacia los afrocubanos y miembros de la comunidad LGBTI.

Un caso que ejemplifica esta problemática es el de Luis Ángel, un chico afrodescendiente gay que vive en la provincia de Santa Clara, quien fue agredido verbalmente y luego físicamente por varios policías.

“Eran más o menos la una de la mañana de un sábado. Nos encontrábamos un grupo de amigos en Parque de Las Arcadas de Santa Clara y se acercaron dos policías a pedirnos los documentos de identidad, pero yo no tenía el mío debido a que hacía dos semanas los había perdido en una guagua (buseta)”, cuenta Luis Ángel.

Como no pudo mostrar sus documentos, los policías lo trasladaron a la estación más cercana. “Al llegar me sometieron a un interrogatorio como si yo fuera un criminal. Me sentí sucio, como si por ser homosexual y además negro fuera algo malo. Uno de esos oficiales me dijo que eso lo hacían porque nos vieron ‘mariconeando’ en el parque y que ellos no querían maricones en Santa Clara, que ya la ciudad tenia bastantes pájaros. Que nosotros éramos unos inmorales, cuando en realidad lo que estábamos haciendo era conversando y riéndonos y haciendo cuentos”.

Tras pedirle al oficial que lo respetara, uno de los oficiales le cayó a golpes a Luis Ángel. Posteriormente le pusieron una multa de 500 pesos, aunque no había cometido ningún delito. “Cuando iba saliendo de la estación, varios de los policías que estaban allí se empezaron a burlar de mí, a decirme, Margarita, amapola, maricona, negra pordiosera, entre otras ofensas”, recuerda el joven.

Varios organismos internacionales han emitido recomendaciones al Estado cubano en materia de discriminación racial.  Por ejemplo, a la luz de la resolución 68/237 de la Asamblea General proclamando el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) y de la resolución 69/16 sobre el programa de actividades del Decenio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) recomienda al Estado cubano que en su próximo informe incluya información precisa sobre la implementación de su Plan de Acción para el Año Internacional de los Afrodescendientes y de su programa nacional así como de las medidas concretas adoptadas en este marco, a la luz de su recomendación general núm. 34 (2011) sobre discriminación racial contra afrodescendientes.

La CIDH apoyó lo señalado por el CERD aduciendo que la población afrodescendiente cubana continúa siendo víctima de racismo y discriminación estructural, con una brecha de desigualdad para el ejercicio de los derechos económicos, sociales, cultuales con relación al resto de la población. Finalmente, la CIDH también reafirmó su preocupación con respecto a la falta de inclusión del enfoque de género en las políticas contra la discriminación.

No obstante, hasta el día de hoy Cuba no ha enviado a la CIDH ningún informe sobre medidas concretas para minimizar y acabar con el racismo en la isla.

Desde la sociedad civil cubana, y especialmente desde la Alianza Afrocubana, se realiza un amplio plan de acciones para llegar a los sectores más desfavorecidos, pero esta organización no es reconocida por el Gobierno cubano, por lo que muchas veces sus activistas son maltratados por las autoridades.

Historia de Aymara Nieto, prisionera política del Estado Cubano

En los actos escolares las niñas bailan y preparan pequeñas obras de teatro, ansiosas por exhibir sus talentos al público. Pero las hijas menores de Aymara Nieto, de 7 y 12 años, no se sienten del todo contentas cuando se organizan estas actividades. Su madre no puede llegar a verlas bailar o actuar, porque desde 2018 que fue apresada por ejercer su derecho a la protesta y exigir la libertad de los presos políticos cubanos.

“Ellas quieren tener a su madre al lado el día que tienen actividad en la escuela, y ahora están privadas de eso, ellas son bastante fuertes para estar pasando lo que están pasando”, cuenta la madre de Aymara, Griselda Muñoz.

Cada mes, las niñas iban a visitar a su madre a la prisión de El Guatao, en la capital, y allí le contaban lo que no había podido ver personalmente, la abrazaban, y se llevaban las cartas que les escribía Aymara para que la recordaran en casa. Pero a mediados de marzo, Aymara fue trasladada a la prisión provincial de mujeres “El manatí”, en la Provincia de Las Tunas, casi a 700 kilómetros de distancia de La Habana, donde viven sus hijas. El cambio no fue explicado por las autoridades y la distancia hará sumamente complicado que ahora la madre de Aymara y sus hijas puedan visitarla frecuentemente.

Detención

Aymara, actualmente de 43 años, es miembro de las Damas de Blanco, un grupo de activistas, en su mayoría familiares o esposas de presos políticos del Gobierno de Cuba, que protestan para que los prisioneros de conciencia sean liberados. Aunque había pertenecido a otros grupos de la sociedad civil, se había unido a ese grupo de mujeres desde que su esposo, Ismael Bori Reñí, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), un grupo opositor cubano, fuera detenido en abril de 2018.

En mayo de 2018, Aymara se disponía a salir de su casa en horas del mediodía, para dirigirse a protestar como parte de la campaña “Todos Marchamos”, dirigida a presionar a las autoridades por la liberación de los prisioneros políticos. Pero ese domingo 6 de mayo no fue como lo había planeado.

“La detuvieron saliendo de la casa, le mandaron unas policías mujeres y desde que ella salió de la casa la cogieron por el pelo y sin preguntar nada, empezaron a darle golpes. Después la llevaron para la prisión de Santiago de Las Vegas, allí la tuvieron varios días como para que se le curaran los moretones”, cuenta Griselda.

Tras quince días de haber sido detenida, le permitieron a Aymara ver a sus familiares. “Mami, eso fue una patraña de ellos, lo hicieron para callarme”, le dijo la activista a su madre.

Casi un año después, en marzo de 2019, Aymara fue condenada a 4 años de prisión bajo los cargos de atentado y daños. En el juicio, la Fiscalía indicó que la Dama de Blanco “protagonizaba una manifestación contraria al proceso revolucionario”, y que mientras estaba siendo arrestada “rompió la camisa de uniforme de una oficial de la Policía, le lanzó varios manotazos y le ocasionó rasguños en el cuello”.

Durante el juicio no le permitieron tener un abogado de confianza, no se respetaron los plazos procesales, no se permitió que el proceso fuera público y la jueza se mantuvo parcializada.

Dentro de El Guatao

La vida dentro de prisión en Cuba es compleja, y aún más para una presa política. A Aymara no le han garantizado su derecho a la salud, a la alimentación o al trato digno: si se enferma, no hay medicamentos para tratarla, la comida a veces es servida en mal estado, y es maltratada por las agentes.

Las visitas que su familia le hacía en la prisión de El Guateo eran monitoreadas por agentes penitenciarias, y si denunciaba un abuso para alguna de sus compañeras, es sancionada en celdas de castigo. Las Damas de Blanco reportaron que tras el cambio de prisión de Aymara, la activista se encontraba en una celda de castigo, aunque se desconocen más detalles.

“Mi hija donde está no tiene condiciones, le violan los derechos, le están pasando los años por arriba. Yo sufro porque es mi única hija”, dice Griselda Muñoz, la madre de la activista.

El esposo de Aymara, Ismael, continúa en prisión, y desde hace 4 meses que les niegan la visita conyugal, el único espacio que tienen ambos para encontrarse. Se espera que a finales de marzo sea liberado.

En 2016, ambos ya habían sido detenidos por repartir material informativo, acusados de desorden público y condenados a un año de cárcel. Fueron liberados en julio de 2017. No obstante, Ismael fue detenido y liberado intermitentemente hasta noviembre de 2018, cuando fue acusado por tres delitos de desacato. En agosto de 2019 fue sentenciado a dos años de cárcel.

Cambio de vida

A Griselda, de 63 años, le ha tocado mudarse a la casa de Aymara y asumir la crianza de sus dos nietas. También se ha convertido en el único sustento económico de su hija y su yerno. Su nieta mayor, la primogénita de Aymara, tiene 24 años y vive de forma independiente.

“Es una tarea bastante dura. Ahora a esta edad yo ya no tengo fuerzas, pero estoy trabajando para que mis nietas no dejen de comer”, cuenta Griselda, quien ha buscado trabajo como ayudante de cocina y recepcionista. Los domingos, asiste a una iglesia con sus nietas en busca de fuerzas para seguir adelante mientras su hija sea liberada. Ese es su mayor anhelo.

“Ella (Aymara) siempre ha sido aguerrida y por eso le tienen tanta saña, que la meten presa y le hacen lo que le hacen, porque saben que ella es leal a sus principios, a las Damas (de Blanco)”, asegura.

La historia de Maritza no es única: porqué urge una Ley Contra la Violencia de Género en Cuba

Foto portada: CirberCuba

Once años de maltratos físicos y verbales se acumularon aquel día. Era el tiempo que Maritza llevaba casada con Osvaldo, un hombre machista y dedicado a la bebida. Esa tarde de 1999, Osvaldo llegó borracho, demandando atención a gritos. Maritza preparaba la comida para una familia de nueve.

“En ese momento no supe qué hacer, me sentía perdida entre tanta gritería, entre tantas ofensas. Estaba turbada, ya que no era la primera vez que él me gritaba y me decía hasta ‘puta, mala madre’. Pudiera decirse que en ese momento me cansé de aguantar durante once años todo lo malo que me había pasado con Osvaldo. No vacilé en ofenderle de igual manera: le dije que había sido infiel, que no había valorado mi presencia durante todos los años de casados”, recuerda Maritza.

La respuesta de Osvaldo fue muy violenta: la empezó a golpear con los puños, la empujó y en el piso, comenzó a darle patadas a Maritza.

“Mi impotencia era tanta en ese momento, que me levanté del suelo, cogí el cuchillo y le propicié cuatro puñaladas. Me quedé en shock. No sabía si ayudarle o dejarlo desangrándose en el piso. Nadie de los que vivían en la casa vinieron a mi ayuda cuando él me maltrataba, pero en cuanto pasó eso, enseguida lo vinieron a ayudar a él”, cuenta.

Osvaldo fue llevado al hospital, en donde lo operaron. Le sacaron el recto y estuvo varias semanas en el hospital, pero logró recuperarse. La familia de Osvaldo denunció a Maritza, y poco tiempo después la apresaron. Tras un juicio fue declarada culpable y sentenciada a 6 años de prisión. La violencia que Osvaldo había ejercido sobre ella durante su matrimonio no fue tomada en cuenta en el proceso.

“Fue como si todos los hechos apuntaran a que yo era la culpable de haberle dado puñaladas a él. Y sé muy bien que fui la culpable por lo que hice, sé que no tenía que haber llegado a ese punto, pero cuando estas sometida a tantos maltratos durante tantos años, llega un momento en que te cansas y haces lo primero que te pase por la cabeza”, reflexiona Maritza.

“Yo no estaba dispuesta a seguir aguantando los abusos de mi marido”, agrega.

En prisión, Maritza conoció a muchas mujeres que habían pasado por experiencias similares a la suya. Se reunía con ellas a escondidas y hablaban sobre sus vidas, sobre los maltratos que recibían de sus parejas.

Después de cuatro años de prisión, fue puesta en libertad por buena conducta. Durante ese tiempo, los hijos de Maritza vivieron con su abuela materna, pues Osvaldo nunca pidió la custodia de los niños.

“En verdad lo que hicieron conmigo fue una injusticia. El tribunal nunca tuvo en cuenta que yo fui una mujer maltratada verbalmente, golpeada, violada, por el simple hecho de que nunca hice ninguna denuncia frente a las autoridades”, asegura Maritza.

Cada vez que pensaba denunciar a Osvaldo, Maritza reflexionaba que las autoridades no serían diligentes en atenderle. “Como casi siempre pasa en Cuba, si vas a la Policía a denunciar un abuso te dicen: entre marido y mujer nadie se puede meter”.

Maritza ahora lo tiene claro: “vivimos en un país gobernado por hombres, administrado por hombres. Los principales cargos de gobierno lo tienen hombres y a las mujeres nos tienen denigradas”.

Urge una ley

Actualmente, en Cuba no existe una Ley contra la Violencia de Género. Pero un grupo de mujeres activistas creó recientemente una propuesta de ley que fue enviada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en noviembre del año pasado.

El 10 de enero, las activistas se reunieron con miembros de la ANPP, para plantearles la situación de desigualdad de las mujeres cubanas y la necesidad de aprobar la ley. La propuesta de ley sugiere que se tipifiquen nuevos delitos y se sancionen como tales, para garantizar el acceso a la justicia, pero sobre todo que se cree un sistema integral de prevención de violencia y atención a víctimas, además que se eduque a la ciudadanía en temas de género.

En la reunión se propuso también un calendario para discutir y consultar la ley, aunque en el cronograma legislativo 2020-2028 no hay en agenda ninguna ley sobre los derechos de las mujeres.

Llamados internacionales

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en las Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Cuba, llamó al Estado cubano que prestara atención prioritaria a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y a que adoptara medidas amplias para hacer frente a este tipo de violencia.

Además, instó a preparar un plan de acción estratégico nacional para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer, la protección de las víctimas y el castigo de los autores y velando por su plena aplicación, debido a que en Cuba ese plan de acción, al día de hoy, no existe.

Otra de las preocupaciones de la CEDAW es la vulnerabilidad existente frente a la sociedad de las mujeres afrodescendientes, campesinas, de la tercera edad y mujeres con discapacidad. Por ello, el Comité exhortó al gobierno cubano a adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las medidas especiales de carácter temporal, para mejorar la situación de los grupos desfavorecidos de mujeres, eliminando así su vulnerabilidad a la explotación y mejorando su acceso a los servicios de atención sanitaria, las prestaciones sociales y la participación en la vida política y pública, independientemente de su condición

Si bien en la isla existe una organización gubernamental para apoyar a las mujeres, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), misma que cada año realiza un plan de acciones para defender los derechos de las féminas, lo cierto es que la mayoría de estas acciones no se llevan a cabo como deberían o no cumplen con sus objetivos principales, ya que solo responden a los intereses de un gobierno que vela solo por los de las altas esferas, suponiendo en las mujeres desinformación y falta de esperanzas.

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad honra el trabajo de las defensoras de derechos humanos

To mark March 8, International Women’s Day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) wishes to highlight the fundamental role played by women human rights defenders in Latin America and the Caribbean. In a region where rates of sexual and gender-based violence against women are extremely high and multiple forms of discrimination are entrenched, women human rights defenders are key in the fight for the defense of women’s human rights. Likewise, they are at the vanguard of promoting and protecting the rights of others.

Although the vast majority of countries in Latin America and the Caribbean have ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW),[1] women in the region continue to suffer inequalities that negatively impact their full enjoyment of human rights. According to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), more than 3,800 women in 33 countries in the region were murdered because of their gender in 2019.[2] This violence stems from structural inequalities which profoundly affect all women, but especially women members of historically marginalized groups like Afro-descendants and the LGBTI community. For example, according to the Network of Afro-Latin American, Afro-Caribbean, and Diaspora Women, Afro-descendant women are victims of multiple forms of violence, which is often racialized. Likewise, the current discourse on gender ideology in the region, driven by in large part by conservative religious groups, has led to more discrimination against lesbian, bi-sexual, and trans women, as well as more hate crimes and murders. Finally, poverty in Latin America and the Caribbean, as in other regions in the world, has a feminine face, as women are less likely to have access to higher education and work outside of the home than their male counterparts. When women do work outside of the home, they are paid, on average, 17% less than men.[3] All of these factors make the work of women human rights defenders of utmost importance. But, they are also facing some grave challenges.

In Colombia, where the post-Peace Accord reality for human rights defenders is startlingly alarming due to the high rate of murders of defenders and impunity for those murders, women human rights defenders are among the most vulnerable. As the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights recently documented, the number of women human rights defenders killed in Colombia in 2019 increased by 50% over the 2018 number.[4] Afro-descendant and rural women defenders are at generally greater risk, just as they suffer greater vulnerabilities in terms of overall enjoyment of their human rights.

In Cuba, independent women activists are facing an increase in repression and de facto house arrests, as well as reprisals and threats against themselves and their family members. Travel restrictions arbitrarily imposed by the Cuban government routinely prevent independent activists from participating in advocacy activities outside of the island and the application of these against women continues to grow. Furthermore, Cuban women are clamoring for an Integral Law against Gender Violence – a proposal which has been rejected by the National Assembly – and they continue to face difficulties in accessing decent, well-paying jobs.

In Nicaragua, the crisis that began in April 2018 has had a profound impact on women. Women human rights defenders, such as the Mothers of April, have played an important role in the opposition movement, as many have lost their children to the violence of the crisis. There has also been an overall increase in violence against women and femicides, as a result of the crisis. Furthermore, women in Nicaragua also face disproportionate economic consequences due to the crisis, as many have been left as heads of households, with male family members killed, imprisoned, or fired from their jobs because of their political ties.

In Brazil, the situation of violence against women is extremely concerning, especially against Afro-descendant and trans women. Our partners have documented that in the first two months of the year 38 trans women have been killed in the country.[5] This high level of violence makes the work of women human rights defenders – especially those working on behalf of diverse communities of women – all the more difficult and important.

Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to honor the human rights commitments they have made under CEDAW and other applicable international human rights treaties, to respect and protect the rights of women. We likewise reiterate our support for women human rights defenders, especially those of our partner organizations and in the countries where we work, who so courageously and tirelessly fight to promote and defend the rights of women and others in the region on a daily basis. We thank you and assure you that you are not alone in your work towards a safer, more just, and equitable society for all.

[1] OHCHR. Status of Ratification Interactive Dashboard: CEDAW, https://indicators.ohchr.org/ (last accessed Mar. 4, 2020).

[2] ECLAC. Measuring femicide: challenges and efforts to bolster the process in Latin America and the Caribbean, Nov. 2019, available at: https://oig.cepal.org/sites/default/files/femicide_web.pdf.

[3] UN News. More women in Latin America are working, but gender gap persists, new UN figures show, Oct. 28, 2019, available at: https://news.un.org/en/story/2019/10/1050121.

[4] UN News. Colombia: ‘Staggering number’ of human rights defenders killed in 2019, Jan. 14, 2020, available at: https://news.un.org/en/story/2020/01/1055272.

[5] See www.antrabrasil.org.

Raza e Igualdad impulsa campaña por los derechos de las prisioneras políticas en Cuba

Washington, D.C. 6 de marzo de 2020. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), emprende la campaña #CubanasLibresYA, espacio que busca visibilizar la situación de derechos de las mujeres en Cuba, especialmente de aquellas que debido a su activismo político por la defensa de los derechos humanos en la isla cumplen arbitrarias e injustas condenas en las prisiones del Estado Cubano.  

La campaña que se extenderá a lo largo del primer semestre del año, busca relatar la historia de 10 mujeres que son prisioneras políticas del Estado Cubano y actualmente cumplen sentencia en diferentes centros penitencerias de Cuba, que han sido víctimas de detención domiciliaria o fueron presas políticas del gobierno a causa de su activismo.

Las historias serán recogidas en el microsite CubanasLibresYA

“Si bien la represión contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros activistas políticos es común en Cuba, su impacto particular en las mujeres no se discute con frecuencia, aun cuando las cifras de detenciones arbitrarias igualan, o en algunos casos, superan la cifra de detenciones en los varones” señala Christina Fetterhoff, Oficial Senior del Programa Legal para Raza e Igualdad. 

https://www.youtube.com/watch?v=YAVpSnWMnFk

Así mismo, Fetterhoff explica que existen violencias diferenciadas en las mujeres activistas que se encuentran en estado de detención, pues existe una brecha significativa en temas de paridad de género, igualdad, reconocimiento e inclusión de derechos que impacta la vida del conjunto social al que pertenece una mujer defensora de derechos humanos cuando es detenida.  “La realidad de las mujeres cubanas es escalofriante, el pleno goce de los derechos económicos, sociales y políticos es muy limitado, razón por la cual cuando una mujer cabeza de familia es encarcelada no sólo tiene un impacto social evidente, sino que impacta desproporcionalmente la vida de la familia y comunidad del que esa mujer depende”, añade la representante de Raza e Igualdad.

La campaña pretende además poner en la agenda pública e internacional la falta de información que existe del estado de las mujeres prisioneras políticas y de las violaciones sistemáticas que al interior de los centros penitenciarios son perpetrados. “Sabemos por algunas conversaciones con ex prisioneras políticas y familiares de las aún en estado de detención que las condiciones son inhumanas, no cuentan con acceso a productos de higiene femenina, atención médica básica y condiciones seguras para dormir. Además, las llamadas telefónicas y las posibilidades de tener visitas de familiares son impedidas muchas veces. No existe información real de lo que sucede con estas mujeres, pues tampoco, ningún organismo internacional ha podido constatar su estado. Situaciones como las de Xiomara Cruz son las que se están presentando en las cárceles de Cuba muy probablemente”, infirió Christina Fetterhoff de Raza e Igualdad.

El lanzamiento de la campaña #CubanasLibresYA se lleva a cabo hoy, 6 de marzo, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres a través de las redes sociales de Raza e Igualdad. 

La campaña dará apertura con la historia de Martha Sánchez, una de las mujeres pertenecientes a la organización de las Damas de Blanco que hoy cumple una sentencia de cárcel de 4 años y 6 meses por portar carteles mientras se dirigia a una misa dominical.

Pueden leer la historia de Martha aquí

La invitación de Raza e Igualdad es a multiplicar el mensaje para poner en evidencia la situación de represión de los derechos humanos de defensores y defensoras de derechos humanos, que son especialmente perseguidos a causa de su filiación políticas y para evidenciar aún más la situación de derechos humanos de las mujeres que siguen siendo víctimas de lógicas machistas que persisten en el país. 

El Instituto Cubano de Radio y Televisión censura escena de besos entre pareja del mismo sexo

El 29 de febrero el programa televisivo cubano, Pensando en 3D, proyectó el largometraje Love, Simon, o en español “Yo soy Simon”, de origen estadounidense, que relata la historia de un adolescente gay que se enamora de otro joven adolescente. La película relata como Simon se acepta a él mismo y le dice a su familia y amigos que es gay. La película contiene una escena en la que, Nick Robinson, que encarna a Simon, besa a Bram (Josh Duhamel), pero la televisión cubana censuró esa parte de la película causando la indignación en gran parte del colectivo LGBTI cubano.

Por tal motivo activistas de la isla convocaron para el domingo 1 de marzo de 2020, a una Besada pública frente al edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), ubicado en el Vedado. El objetivo de la acción era reclamarle al ICRT la censura de la escena, que se disculpara y que mostrara la película sin censura.

El activista cubano, Yadiel Cepero, radicado en la provincia de Matanzas, lanzó una convocatoria para una besada al frente de la ICRT. Esto conllevó a un debate en las redes sociales entre personas que defendian la postura de la ICRT y otras que le hacían echo al llamado de Cepero.

Llegado el día 1 de marzo, varios activistas denunciaron intentos de silenciarlos o amenazas a que no llegaran a Vedado. A pesar de eso y aun sabiendo que la Seguridad del Estado estaría allí o en cualquier punto para impedir que activistas y defensores de derechos humanos fueran al lugar convocado, activistas LGBTI se autoconvocaron frente al ICRT.

Tal es el caso del activista Jancel Moreno, quien se encontraba en Matanzas en casa de su novio y en la mañana se dispuso para salir hacia La Habana para reportar en vivo la Besada. Moreno se encontraba en el Viaducto de Matanzas donde esperaba para trasladarse a la capital y fue cuando un auto lo interceptó. Moreno relata que “salieron los tenientes Alejandro y David, según dijeron, y me dijeron que tenía que acompañarles. Llegamos a una casa entre Matanzas y el puente de Bacunayagua y me retuvieron ahí por varias horas con el fin de que no pudiera desplazarme hacia La Habana”.

El domingo también fue sitiado en su casa por la policía cubana el activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien estaba preparándose para ir a la besada pública: “Estoy sitiado por la policía política para impedirme ir a la besada fuera del ICRT. Nos vemos ahí”. La activista, Claudia Genlui Hidalgo, novia de Luis Manuel Otero, fue golpeada por la policía en medio del Barrio San Isidro, porque ella, quería impedir que se llevaran preso a Luis Manuel.

Ese mismo día, el ICRT, hizo pública una declaración en su página web diciendo que pedía disculpas por la mutilación de la escena del beso:

“Ante este error informamos que se realiza el correspondiente análisis (con las personas que quitaron la escena) pues la omisión no responde a posturas homofóbicas del ICRT y sus directos de la Televisión Cubana, como algunos han referido en las redes sociales”.

Ante esta declaración el ICRT decidió retrasmitir la película el próximo sábado con la escena del beso entre los dos adolescentes. Después de las disculpas, la convocatoria se cayó pero una descena de activistas LGBTI vocalizaron que la besada era más que por una censura en la televisión.

El director de la revista independiente Tremenda Nota y activista por los derechos LGBT, Maykel González Vivero, también fue amenazado en las redes sociales por el usuario Elpidio Valdés, quien le dijo a este que: Veremos si puedes salir (a la besada) de tu alquiler barato en el Vedado.

González Vivero, periodista independiente que cubrió la besada frente al ICRT, informó en su perfil de Facebook que el evento se habría cancelado tras la disculpa del ICRT. Muchas están de acuerdo con que la TV cubana debería hacer pública esa disculpa por algún espacio televisivo.

Cuentan varios activistas que pudieron llegar al Vedado, que la zona donde se ubica el ICRT estaba sitiada por miembros de la Seguridad del Estado y por la policía. Al igual había edificios que tenían banderas cubanas y carteles alegóricos a la Revolución cubana y a Fidel y Raúl Castro, pero pudieron llegar al menos una veintena de personas que hicieron acto de presencia frente a las oficinas del ICRT.

La Comunidad LGBTI cubana siente indignación por el hecho y recuerda varios acontecimientos ocurridos en dicho instituto, en programas televisivos donde se han propiciado ofensas hacia la comunidad gay y se han permitido, al igual, cometarios racistas. Hacemos un llamado al Estado cubano a que respete sus obligaciones internacionales, cese la discriminación contra la población LGBTI por parte de funcionarios públicos y trabaje para sensibilizar a la población y funcionarios sobre los derechos LGBTI.

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