¿Quién garantiza los derechos en Cuba? – En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos

¿Quién garantiza los derechos en Cuba? – En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) alerta sobre la grave crisis de derechos que continúa lacerando la vida del pueblo cubano, especialmente de activistas, defensores y defensoras de derechos y periodistas independientes quienes constantemente se ven sometidos a toda clase de violencias, actos de hostigamiento, represión y amenazas a causa de su activismo.


A pesar de que el Estado cubano es signatario de múltiples tratados internacionales en el que se compromete a velar, proteger y garantizar la vida del pueblo cubano, diariamente activistas, artistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes son sometidos a toda clase de vejámenes por el régimen cubano para impedir la promoción de derechos y la visibilización de la realidad en Cuba.   Para estos efectos, el Código Penal cubano está construido a partir de una serie de artículos que fácilmente son aplicados a una persona en detrimento de sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad de expresión, asociación, prensa, entre otros.

Resulta especialmente preocupante la situación de presas y presos políticos del Estado cubano, privados de su libertad a causa de su activismo político, víctimas de un proceso judicial que no cumplió con las garantías del debido proceso y sometidos a malos tratos en prisión. En este sentido, llamamos especialmente la atención del caso del activista político José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba-UNPACU, quien hace más de 3 meses fue detenido y llevado a prisión por un delito no cometido, y que, según declaraciones de su esposa en medios independientes nacionales, ha sido sometido a todo tipo de maltratos.

Así mismo, en el marco de este día, alertamos sobre un aumento indiscriminado de detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos, detenciones domiciliarias de facto y actos de hostigamiento.  Según el último informe producido por el Observatorio Cubano de Cuba, sólo durante el mes de noviembre se registraron 218 detenciones arbitrarias, en medio de lo que la organización ha denominado “una campaña de difamación del gobierno para perseguir a la disidencia”. Dicha situación, atenta de manera diferenciada a mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, quienes en los últimos meses han reportado constantes actos de represión por parte de autoridades policiales, entre los cuales podemos mencionar el caso de Nancy Alfaya activista afrocubana y la periodista Luz Escobar.  Además de los históricos casos de violencia contra las Damas de Blanco.

En detrimento del derecho a la libertad de circulación de activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, autoridades estatales utilizan una modalidad de “regulación” para indiscriminadamente impedir la salida de defensores y defensoras de derechos humanos.  Este modo de proceder es utilizada por el Estado para impedir que activistas denuncien internacionalmente la situación de derechos de su país. Estos actos no sólo laceran el legítimo derecho de cualquier ciudadano de entrar y salir de su nación, sino el principio de la libertad de expresión y opinión de cualquier ser humano.

Además, está utilizando más las detenciones domiciliarias de facto, donde las autoridades no permiten ni que los activistas salgan de sus casas ya sea para ejercer su derecho a la protesta o para salir a reuniones o al médico. Esta es una forma del Estado silenciar las voces de su población y afecta el derecho a la vida de su población, muchas veces los y las activistas de derechos humanos están días sin poder salir de sus casas. Este 10 de diciembre la Seguridad del Estado le ha advertido a varios activistas que no salgan de sus casas ya que tendrán consecuencias graves, no se les ha dado ninguna razón por esta medida, solo que estan bajo arresto domiciliario hasta nuevo aviso.

Con extrema preocupación observamos un indiscriminado y acelerado deterioro de los derechos humanos en Cuba, especialmente de aquellos activistas que en contraposición con las políticas o filosofías del gobierno insisten en denunciar lo que afecta, violenta y agrede al pueblo; siendo así, objeto de múltiples actos de violencia que ponen en peligro su integridad y vida.

Durante este día, recordamos al Estado cubano que bajo ninguna circunstancia la labor del defensor o defensora de derechos humanos puede ser condenada o reprimida por no comulgar con los principios políticos del país; por esta razón, es su deber como garantista de derechos velar porque todas las formas de violencia a las que hoy se ven sometidos este grupo de disidentes cese. Así mismo, recordamos al Estado sus compromisos internacionales en materia del respeto, reconocimiento y promoción sin distinción de los derechos humanos del pueblo cubano.

Raza e Igualdad continuará monitoreando y trabajando por la denuncia y promoción de los derechos humanos en Cuba, especialmente porque la labor de activistas, defensores y defensoras de derechos humanos no sea motivo de represión y amenaza.

Día de los Derechos Humanos: seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en América Latina

Washington, D.C. 10 de diciembre de 2019. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hoy se une a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemora la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Setenta y un años después de aprobado ese documento que marcó un hito en el reconocimiento de los derechos inherentes a cada ser humano, estableciendo que debían respetarse sin distinción de la raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas, origen, ni ninguna otra condición, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad – continúa abogando por el cumplimiento y la defensa de dicha Declaración.

Durante este día, recordamos que la situación de derechos humanos en América Latina es crítica y por lo tanto se necesita un urgente accionar de los Estados para velar y garantizar efectivamente los derechos de sus ciudadanos, especialmente de aquellas poblaciones que históricamente han sido marginadas.

En Cuba, nos preocupa la situación de los prisioneros políticos y del hostigamiento y represión en contra de activistas y periodistas independientes. El caso del preso político José Daniel Ferrer García, coordinador general y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es alarmante, pues han pasado tres meses desde su detención, no ha tenido un proceso judicial y sufre malos tratos en los calabozos de la prisión en que se encuentra detenido. Su situación es especialmente preocupante porque podría correr la misma suerte de varias otras activistas independientes que han sido condenadas por delitos comunes después de expresar su opiniones. Por ejemplo, la Dama de Blanco Martha Sánchez está en prisión actualmente bajo una condena de 4 años y medio. De la misma manera, es alarmante la situación de activistas y periodistas independientes que sufren de restricciones de viajes sin razón legal alguna, lo que viola el derecho a la libre circulación de todo ciudadano cubano. En relación con esta situación, apoyamos la propuesta de una demostración pacífica y simbólica a favor de los derechos de libre circulación que se llevará a cabo este martes en la terminal del Aeropuerto Internacional José Martí. Recordamos que toda demostración o expresión pacifica de un individuo constituye un derecho inalienable bajo las leyes internacionales.

En Nicaragua, la grave crisis política y de derechos humanos que el país atraviesa desde hace casi 20 meses no parece mejorar, pues las autoridades se rehúsan a respetar las voces disidentes y continúan violando los derechos humanos de los nicaragüenses, incluyendo el derecho a la manifestación, a la libre movilización y a la libertad de expresión y de prensa. Hasta la fecha, se contabilizan alrededor de 150 presos y presas políticas, quienes atraviesan juicios viciados y carentes de garantías constitucionales. Tampoco se ha permitido el retorno al país de organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que las organizaciones locales se enfrentan a la persecución y el asedio permanente por parte de policías y grupos afines al Gobierno.

En Colombia, las múltiples violencias que se viven tras la firma del Acuerdo de Paz no permiten pensar en la superación real de las desigualdades, marginación, terror y violencia que aún se vive en los territorios colombianos. El asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales es uno de los fenómenos que hoy por hoy más laceran la integridad de quienes defienden los derechos humanos. Según cifras oficiales, entre enero del 2016 y agosto de 2018 se reportaron aproximadamente 343 asesinatos de líderes sociales, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil reportan más de 400, de los cuales alrededor del 40% fueron asesinatos contra líderes afrodescendientes e indígenas. A esto se le suma el “genocidio estadístico” que representan los últimos resultados de la encuesta poblacional: las cifras oficiales reportaron 2,9 millones de personas que se auto-reconocían como afrodescendientes en el Censo de 2018, al menos un millón menos de las reportadas en el Censo de 2005.  En este mes, después de dos semanas de paros nacionales y movilizaciones sociales del pueblo colombiano que demanda al Estado respuestas inmediatas y urgentes frente a las graves violaciones a los derechos fundamentales, el incumplimiento en la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, y los compromisos asumidos en materia de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición representantes de las organizaciones de sociedad civil siguen apostando a la construcción de la paz por una vía pacífica que posibilite el encuentro en la diferencia.

Parte del equipo de Raza e Igualdad con defensores de derechos humanos de América Latina.

Durante el año de 2019, la persistencia de la violencia y discriminación contra la población afro-LGBTI ha sido una problemática que ha venido siendo estudiada de manera más cercana por los Sistemas Internacionales de protección de Derechos Humanos. Durante este año se celebró la Audiencia sobre la situación de la población Afro-LGBTI de las Américas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con presencia de representantes de Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú; por su parte, el Experto Independiente sobre OSIG de la ONU, Victor Madrigal,  se reunió en Colombia con organizaciones afro LGBTI en Cartagena y la Comisionada Margarette Macaulay visitó activistas Afro-LGBTI de la Favela de Maré en Río de Janeiro en Brasil.

Todas estas actividades se enmarcan en un año en el que ha persistido la violencia contra las personas Afro-LGBTI.  Brasil sigue siendo el país con mayor cantidad de asesinatos contra las personas trans del mundo. Según los datos actuales de la Asociación Nacional de Personas Trans en Brasil ANTRA, al menos 106 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil hasta noviembre de 2019, muchas de estas víctimas son mujeres trans afrodescendientes. Con otras dimensiones, la violencia contra la población Afro-LGBTI en países como Colombia y República Dominicana, persiste, con la ocurrencia de casos de homicidio. Otras expresiones de la violencia, como en el caso de Nicaragua, están fuertemente asociadas a un contexto represivo político y religioso que impacta en la vida de los y las activistas LGBTI, llegando incluso a situaciones como el exilio, para evitar detenciones arbitrarias y torturas.  

En México, Panamá y Perú, la incorporación de preguntas de auto-identificación racial y étnica en los censos de población y vivienda sigue siendo un gran desafío en la recolección de datos estadísticos reales y permanentes que reflejen las características de la población afrodescendiente e indígena de esos Estados. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en múltiples ocasiones que la falta de información estadística sobre pueblos étnicos se debe, entre otras cosas, a una falta de trabajo dialógico y participativo que procure la elaboración de preguntas de auto identificación racial en conjunto con las comunidades étnicas. Al contrario, los censos contienen preguntas que carecen de contexto, lo que conlleva a que los pueblos no las comprendan y esto se derive en datos estadísticos erróneos, incompletos o no abordados en los censos. Por tal razón, la creación de planes, programas o políticas de gobierno en beneficio de la superación de las realidades de desigualdad e injusticia social de esta población son tan complejos de materializar e implementar.

Al cumplirse cinco años de fundado el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en la región, especialmente en los países en los que trabajamos: Cuba, Nicaragua, Colombia, Brasil, República Dominicana, México, Panamá y Perú. Continuamos trabajando para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, por su orientación sexual o identidad de género; además de aquellos que piensan y muestran opiniones distintas. Este 10 de diciembre reafirmamos nuestros deseos de aportar a la construcción de una sociedad equitativa para todos y todas, sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Política de “regulación” del Estado atenta nuevamente contra el derecho a la libertad de circulación de las y los cubanos.

Fotografía tomada de: www.cubanet.org

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la prohibición de salida del país de varias activistas cubanas de los derechos de la mujer y las graves violaciones a sus derechos humanos.

El 5 de diciembre a varias activistas cubanas de varias organizaciones de derechos humanos le prohibieron la salida del país. Mientras algunas fueron explícitamente informadas que estaban “reguladas”, termino que usa la Seguridad del Estado para prohibirle la salida del país a los y las activistas y periodistas independientes, otras fueron remitidas a la Oficina de la Ciudadanía.  

La Seguridad del Estado fue a la casa de Madelyn Rodríguez Martin, abogada de la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica, y la amenazó. El capitán Otoniel le dijo que sabía que ella iba a viajar y que era mejor que no fuera, si intentaba salir de su casa la iban a detener por 72 horas.

En el caso de Irina León Valladares, activista del movimiento Dignidad, el mayor Oreste Ayala de la Seguridad del Estado, fue a la casa de su mamá, que padece de hipertensión, diabetes y otras enfermedades, y le indicaron que le informara a su hija que no podía salir del país, que estaba regulada y solo la dejarían salir si no regresaba. El 6 de diciembre la Sra. León Valladares se dirigió a la Oficina de Inmigración y allí le dijeron que está regulada.

En el caso de  Neurelina Cardo Brizo, activista del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), el mayor Alejandro fue a su casa a informarle que estaba regulada y citada para el 6 de diciembre a las 10 am. Tampoco le indicaron las razones por las que se encontraba regulada.

Otra activista llegó al aeropuerto y allí, autoridades aeroportuarias le indicaron  que tenía prohibida la salida del país; cuando trató de indagar más le dijeron que debía dirigirse a la Oficina de la Ciudadanía en Santiago de Cuba.

Ninguna de ellas fue informada de las razones por las que se encontraban reguladas o los motivos por los cuales les habían impedido salir del país. Estas acciones de la Seguridad del Estado se suman al incremento en prohibición de salidas del país en los últimos dos meses y vulnera los derechos de libre circulación de estas activistas.

Raza e Igualdad llama al Estado Cubano a cesar el hostigamiento contra los y las activistas de derechos humanos y sus familias, y le recuerda al Estado que la defensa de los derechos humanos no es un acto delictivo, sino es un derecho consagrado en varios de los tratados ratificados por Cuba. Le recordamos al Estado que los y las defensores de derechos humanos juegan un rol fundamental en el pleno desarrollo de una sociedad igualitaria y la defensa de los derechos de todo ser humano. Varios órganos internacionales han resaltado su rol fundamental y la necesidad del Estado cubano proteger y garantizar sus derechos.

A causa de su ejercicio a favor de la defensa de los derechos de las mujeres, Nancy Alfaya se ha convertido en blanco para el gobierno cubano

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) alerta sobre graves violaciones a los derechos y libertades fundamentales de la activista y defensora de derechos humanos Nancy Alfaya, mujer afrocubana y coordinadora de la Red de Mujeres por la Igualdad adscrita al Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR); promotora cultural del Club de Escritores y Artistas de Cuba (CEAC) y del proyecto cultural Puente a la Vista (PALV); defensora de los derechos de la mujer y co-fundadora de la organización de las Damas de Blanco.

Como activista que trabaja por la eliminación de las violencias contra la mujer, Alfaya se ha convertido en blanco para el gobierno cubano.  Después de ausentarse durante 21 meses del país por estudios que estaría realizando su esposo en Estados Unidos, Nancy Alfaya ha tenido que enfrentar fuertes agresiones, actos de hostigamiento y amenazas por parte de autoridades cubanas, todo debido al activismo que desde diversos colectivos ha sostenido por el respeto y reconocimiento de los derechos de la mujer en Cuba.

Recientemente, Nancy Alfaya ha sido objeto de continuos actos de hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de la policía política cubana. El pasado 22 de octubre Alfaya y su esposo fueron detenidos al salir de una actividad organizada en la Embajada Americana; mientras su esposo fue dejado en libertad en un municipio cercano a la Habana, Nancy permaneció arbitrariamente detenida durante 25 horas sin poder comunicar a su esposo donde se encontraba. 

“Al llegar a la estación de policía me sentaron en una sala de espera; cuando le expresé al mayor Alejandro, que fue quien me llevó a la estación, que necesitaba ir al baño me agredió verbalmente y me gritó que me sentara de manera brusca y agresiva. Después de dos horas me llevaron a la estación de policía del Municipio de la Regla donde me sentaron en un pasillo que conducía a los calabozos. Estuve detenida por 25 horas en un celda donde solo había varones… cuando me dejaron salir me devolvieron el celular roto” añade Alfaya.

Desde su liberación, Nancy Alfaya no ha podido salir de su casa sin estar sujeta a estricta vigilancia. “Jorge (su esposo) puede salir con total libertad sin que la policía lo observe o lo detenga, pero tan pronto yo intento moverme de mi casa, agentes de la policía aparecen, me persiguen…” señala Alfaya señalando que siente miedo de salir de su casa.

Nancy ha sido objeto de detenciones arbitrarias múltiples veces durante una misma semana, sin ninguna justificación legal. El pasado 21 de noviembre de 2019, Nancy fue detenida a la 1:30 de la tarde al salir de su casa nuevamente por el Mayor Alejandro.  Fue liberada después de cuatro horas y multada por 150 pesos. Al día siguiente fue detenida nuevamente a las 9:30 am en la vía pública cuando se dirigía a la Embajada de los Estados Unidos para una reunión.

Actualmente la activista y defensora de derechos humanos se encuentra “regulada” por el Estado cubano. Dicha “figura” es utilizada frecuentemente por las autoridades para negar la salida a activistas de derechos humanos, especialmente, que requieran salir del país para participar de alguna actividad de denuncia de la situación de opresión que viven en el país.

“Me di cuenta que estaba regulada por primera vez el 7 de noviembre de 2018 cuando me disponía salir del país para participar de una actividad de mujeres convocada por una organización en Perú. En el aeropuerto no supieron darme ninguna explicación, por lo que me indicaron que me dirigiera a la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Inmigración y Extranjería, allí me dijeron que estaba en proceso investigativo y que por eso no podía salir del país…” relata Alfaya a Raza e Igualdad.

Alfaya también ha sido amenazada de ser judicializada por el delito de peligrosidad social en varias ocasiones, por parte de autoridades policiales.

“El 13 de agosto de este año me presenté ante la Oficina Nacional de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior con una solicitud de respuesta sobre mi situación legal, porque llevaba 9 meses procesada, en dicho encuentro me propusieron negociar mi status legal de regulación si cooperaba con el gobierno, prometiéndome levantar la medida regulación, propuestas a las que me negué. Dicha situación repercutió que, al día siguiente, el 14 de agosto, miembros de la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionara boicoteara un evento de poesía que teníamos en las oficinas del CIR. Este día el Mayor Alejandro me detuvo, porque no quise retirarme y me amenazó con procesarme bajo el delito de “peligrosidad social” por no tener un trabajo y no tener una licencia de “cuentapropista”.

Con extrema preocupación por la situación de vulnerabilidad y amenaza en que se encuentra la activista Nancy Alfaya, demandamos al Estado Cubano velar y garantizar los derechos fundamentales de la lideresa Alfaya. Recordamos que la defensa de los derechos humanos no constituye bajo ninguna circunstancia en un acto delictivo, pues hace parte de las legítimas libertades de cualquier ser humano según lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los diversos tratados ratificados por el Estado cubano. En este sentido, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado “que la defensa de los derechos humanos sólo puede ser libremente ejercida cuando personas defensoras no están sujetos a amenazas o cualquier tipo de agresión física, psicológica y moral u otras formas de hostigamiento”[1]. Igualmente, estos juegan un rol fundamental “en la sociedad puesto que las defensoras y defensores promueven denuncias, reclamos y reivindicaciones a nivel social y colectivo que contribuyen a la realización del Estado de derecho y la democracia”[2].

Desde Raza e Igualdad continuaremos denunciando todo acto de violación a los derechos fundamentales de activistas cubanos, así como, seguiremos apoyando el trabajo de promoción y protección de los derechos del pueblo cubano, que defensores y defensoras llevan a cabo a luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En los últimos años, la represión en Cuba ha tomado la forma de la criminalización de los y las defensores y defensoras de derechos humanos y principalmente se ha usado el Código Penal para enjuiciar a dichas personas, usando leyes ambiguas o aprovechando las leyes cubanas que niegan los derechos civiles y políticos fundamentales[3]. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), hubo por lo menos 2,525 casos de detenciones arbitrarias en el 2018 en Cuba, de la cuales, por lo menos 1,700 eran mujeres[4].  Así mismo, durante el 2019, hemos visto otro incremento en el uso de la detención arbitraria y el hostigamiento por parte de los agentes de seguridad del Estado hacia defensores y defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas independientes entre otros[5].

Por otro lado, las mujeres defensoras de derechos humanos han sido las más afectadas por esta nueva ola de represión. Por ejemplo, en el mes de septiembre de 2019, 14 personas fueron reguladas, de las cuales ocho de ellos eran mujeres[6]. En una entrevista con Diario de Cuba, la activista Sara Cuba Delgado, resalta que “somos el actor más vulnerable con respecto al tema de género, algo que se manifiesta en las detenciones” [7]. También se les impide la salida del país, son amenazadas o las califican como “malas madres” por defender los derechos humanos y no encajar dentro del rol tradicional de la mujer en la sociedad.

[1] CIDH, Informe Políticas Integrales de Protección de Personas Defensoras (2017), párr. 13. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf

[2] CIDH, Resolución 8/2016, Medidas Cautelares No. 112/16, Asunto miembros de COPINH y familiares de Berta Cáceres respecto de Honduras, 5 de marzo de 2016; CIDH, Resolución 46/2015, Medidas Cautelares No. 589/15, Asunto de Integrantes de la Asociación para una vida mejor, Honduras, 22 de enero de 2014, párr. 12; CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 49/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 227.

[3] Ibid. párr.3; CIDH, Informe Políticas Integrales de Protección de Personas Defensoras (2017), párr. 89. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf

[4] Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 2018- Detenciones arbitrarias. Disponible en https://observacuba.org/informes-ddhh/detenciones-arbitrarias/2018-detenciones-arbitrarias/

[5] Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Gobierno de Díaz-Canel casi duplica las detenciones arbitrarias en septiembre (2019). Disponible en: https://observacuba.org/gobierno-de-diaz-canel-casi-duplica-las-detenciones-arbitrarias-en-septiembre/; Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Aumentaron detenciones arbitrarias y actos represivos en Cuba en julio, denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (2019): Disponible en: https://observacuba.org/aumentaron-detenciones-arbitrarias-y-actos-represivos-en-cuba-en-julio-denuncia-el-observatorio-cubano-de-derechos-humanos/

[6] Cubanet, “Esperaba que me recibieran así,” (2019). Disponible en: https://www.cubanet.org/destacados/cuba-camila-acosta-esperaba-que-me-recibieran-asi/

[7] Diario de Cuba, Doble violencia y cero amparo gubernamental: activistas cubanas por los derechos de la mujer (2019). Disponible en: https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1570816620_936.html

Periodistas y defensoras de derechos humanos en Cuba reportan aumento de actos de violencia, represión y hostigamiento a causa de su activismo político

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llama la atención por aumento indiscriminado de actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias de mujeres activistas y defensoras de los derechos de la mujer, en Cuba.

Aunque el Estado cubano está obligado a velar por los derechos fundamentales de las mujeres en Cuba, garantizando la protección de su integridad y la eliminación de cualquier forma de violencia o discriminación, los derechos de las mujeres en la isla, especialmente de aquellas que ejercen algún activismo político, son constantemente violados.  Las activistas cubanas de derechos humanos siguen siendo amenazadas, hostigadas y criminalizadas por defender sus derechos y los de las mujeres cubanas.

En las últimas semanas un número preocupante de actos de represión a través de estrategias comunes como las detenciones arbitrarias, «secuestros», arrestos domiciliarios y operativos de vigilancia han sido constantes, especialmente hacía mujeres defensoras de derechos. 

Activista cubana Nancy Alfaya

Nancy Alfaya, activista afrocubana y coordinadora de la Red de Mujeres por la Igualdad Capítulo del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), promotora cultural del Club de Escritores y Artistas de Cuba (CEAC) y del proyecto cultural Puente a la Vista (PALV) y defensora de los derechos de la mujer, ha sido detenida dos veces en 24 horas.  Durante su detención fue amenazada por un agente de la Seguridad del Estado, el cual le dijo que podía ser procesada por el delito de peligrosidad.  Además la amenazó con impedir que la activista asistiera o planificara cualquier actividad o reunión en el marco de la conmemoración del 25N.  Así mismo, el agente amenazó a Alfaya con revocarle la licencia extrapenal a su esposo, uno de los activistas detenido durante la «Primavera Negra», cuando 75 opositores al gobierno de Fidel Castro fueron encarcelados en el 2003. En las semanas previas a estas detenciones, Nancy Alfaya fue objeto de varios operativos de vigilancia que no la dejaban salir de su casa.

Marthadela Tamayo, activista cubana

Por otro lado, Marthadela Tamayo, activista del CIR y del Club de Escritores, también fue detenida el 21 de noviembre y su paradero desconocido por varias horas. Durante su interrogatorio le dijeron que no iban a permitir que hiciera ninguna actividad relacionada con la violencia de género[1]. También fue amenazada de ser procesada bajo el delito de peligrosidad. En los días anteriores, la Seguridad del Estado impidió que Marthadela Tamayo saliera de su casa[2].

La periodista, Luz Escobar, ha sido puesta bajo arresto domiciliario tres veces en menos de diez días.

Iliana Hernández, periodista y activista, también reportó que el jueves pasado la multaron y le quitaron su licencia de cuentapropista.

También Micaela Roll, una Dama de Blanco, fue arrestada el viernes al salir de la sede de las Damas de Blanco y su paradero fue desconocido por 48 horas[3].

Aunque estos arrestos y detenciones se dieron previos a la conmemoración del 25 de noviembre, como estrategia de «control» del régimen cubano para evitar manifestaciones en contra de la violencia de género que interfirieran con la celebración del tercer aniversario de la muerte de Fidel Castro; las detenciones arbitrarias, la violencia, hostigamiento y represión contra las mujeres, especialmente de aquellas que ejercen algún activismo en el país es una constante en aumento.

Así mismo, las aprehensiones arbitrarias, los arrestos domiciliarios y operativos de vigilancia por parte de la policía política de activistas y periodistas opositores al régimen, son ejercidas con mayor frecuencia cuando se llevan a cabo eventos conmemorativos en el país, tales como el primero de mayo[4], los 500 años de la Habana o la visita de los Reyes de España recientemente.

Estos métodos de hostigamiento tienen como objetivo detener el activismo de estas mujeres e imposibilitar su libre circulación.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), recordamos la obligación del Estado cubano de velar y garantizar la vida de las mujeres, su integridad y desarrollo, libre de cualquier forma de violencias o discriminación que impida el pleno ejercicio de sus derechos.   Así  mismo, recordamos que el Estado cubano ha firmado y ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), razón por la cual, existen un compromiso internacional en materia de garantías, reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado cubano para proteger los derechos de las mujeres defensoras de derechos humanos y su libre circulación. Recordamos que el ejercicio de la libertad de expresión, opinión y prensa son derechos legítimos consagrados en los principales tratados internacionales de los cuales el Estado cubano es parte.  También exhortamos al Estado cubano, que como parte de sus obligaciones internacionales con la CEDAW, debe asegurar el pleno desarrollo y progreso de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

[1] Ciber Cuba, “Cero actividades este lunes”, advierte Seguridad del Estado a activistas cubanas (2019). Disponible en: https://www.cibercuba.com/noticias/2019-11-24-u199482-e199482-s27061-cero-actividad-este-lunes-advierte-seguridad-estado

[2] ADN Cuba, Activistas denuncian hostigamiento de la policía política (2019). Disponible en: https://adncuba.com/noticias-de-cuba/activistas-denuncian-hostigamiento-de-la-policia-politica

[3] Yolando Huerga, Restricciones y violencia política contra las mujeres crecen en Cuba, Radio Televisión Martí (2019). Disponible en: https://www.radiotelevisionmarti.com/a/las-restricciones-y-el-acoso-contra-las-mujeres-crecen-en-cuba/252864.html

[4] CiberCuba, A tonfa limpia terminó una detención policial durante las celebraciones por el 1r o de mayo en Moa, Holguín (2019). Disponible en: https://www.cibercuba.com/videos/sociedad/2019-05-06-u1-e199352-s27061-tonfa-limpia-termino-detencion-policial-durante

¡No más impunidad! Día Internacional de la Memoria Trans

On Trans Remembrance Day, The International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) stands in solidarity with the struggles of trans women against the various forms of violence they have been victims of, particularly the violence that has obstructed their lives. The fight against the murder of trans people must be the fundamental basis of any discussion on the implementation of policies or recognition of gender identity. This is the most basic task of all States.

Brazil remains the country with the highest number of trans people murdered in the world. The dossier on murders and violence against transvestites and transsexuals in Brazil of 2018, prepared by the National Association of Transvestites and Transsexuals (ANTRA), noted that, in 2018 alone, 163 murders of transgender people occurred, 82% of them black. The largest number of trans people were killed in the state of Rio de Janeiro, with a total of 16 murders. According to current ANTRA data, as of November 11, at least 106 transgender people have been killed in Brazil this year(2019).

Murders of trans people also occur in all other Latin American and Caribbean countries.  The effort of some civil society organizations to better document this violence has resulted in various regional observatories that monitor violence throughout the region such as: Sin Violencia LGBT, la Red Lactrans, and the ILGALAC, among others. However, these valuable efforts do not replace the duty of States to adequately register and investigate these acts. The UN Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation or gender identity and gender expression stated in his 2019 report on data collection and management:

“The breakdown of data that allows comparisons to be made between population groups is part of States’ obligations in the field of human rights, and has become an element of the human rights-based approach to data use.”

Accordingly, we highlight the relevance of not only adequately characterizing violence against the trans population, but also having a better characterization that accounts for their socio-economic situation, educational contexts, and racial characteristics, as it appears that in countries like Brazil, the magnitude of gender identity violence, especially violence against trans people, has had a particular impact on people of African descent.

This task, apart from being carried out through adequate investigation and prosecution work from a criminal perspective, must be accompanied by preventive actions in the different areas of rights protection.  Some actions to adopt include the construction of policies that respond to the origin of multicausal violence, the prevention of domestic violence due to gender identity, transphobic bullying in educational settings, adequate health care with a differential approach, as well as actions of transformation and openness in work spaces.

From Race and Equality, and in alliance with the civil society organizations with whom we work in the Latin American region, we will continue to demand that integral political States denaturalize violence against trans people, and the oversight of names and lives that also deserve to be lived with full respect for their dignity and full guarantee of their rights.

Ler artigo em português

Raza e Igualdad demanda al Estado Cubano inmediata liberación de la activista Nancy Alfaya

OctWashington D.C. Octubre 23 de 2019. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e igualdad) alerta sobre la grave violación de los derechos fundamentales de la activista cubana Nancy Alfaya detenida arbitrariamente desde horas de la tarde del día de ayer cerca a la Embajada Americana en Cuba, sin que aún se conozca su paradero. 

Nancy Alfaya y Jorge Olivera, artistas y activistas afrocubanos fueron detenidos el día de ayer 22 de octubre a las 3:30 pm por agentes de seguridad del Estados cubano al salir de una actividad de la Embajada de los Estados Unidos en la Habana. Según testimonio de la activista Marthadela Tamayo del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR; organización a la que Alfaya hace parte, antes de ser arrestada la activista se comunicó con ella para informarle que sería llevada a la Unidad de Policía de San Miguel de Padrón, según comentarios de los agentes de policía;  mientras que a Jorge Olivera sería abandonado en algún lugar lejano a la Habana.  Durante la detención el activista Iván Hernández Carrillo logró capturar fotografías del arresto.

  • Momentos en que Nancy Alfaya y Jorge Olivera son detenidos por agentes de la Seguridad del Estado. Fotos de: Iván Hernández Carrillo

“Hasta la fecha se desconoce el paradero de Nancy Alfaya” reportan múltiples mensajes de denuncia realizados por activistas cubanos y organizaciones de la sociedad civil cubana en redes sociales.  

Aunque el activista Jorge Olivera fue efectivamente abandonado en la calle de otro municipio, Nancy Alfaya se encuentra hasta la fecha desaparecida.

“Cuando Jorge Olivera fue a la Unidad de San Miguel del Padrón, donde supuestamente habían dado la orden de llevar a la Sra. Alfaya, para preguntar sobre su paradero, los oficiales le dijeron que nunca estuvo en esta unidad. Igualmente, cuando llamó a la Unidad Central que tiene el registro de detenidos, le dijeron que Nancy no aparece en ninguna unidad” añade Juan Antonio Madrazo Luna, director del CIR.

Jorge Olivera también se ha presentado en las unidades policiales de Zanja y Dragones sin lograr información que determine el paradero de la activista. El Sr. Olivera presentó un recurso de habeas corpus, pero todavía no ha recibido ninguna respuesta.

Nancy Alfaya es activista del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y artista independiente. Esta es la tercera vez, en el transcurso del mes de octubre que es víctima de detenciones por parte de agentes policiales del Estado, quienes además han irrumpido en eventos culturales organizados por la activista. A pesar de las múltiples detenciones esta es la primera vez que las autoridades detienen a Alfaya por 24 horas.

Hasta la fecha familiares de Nancy Alfaya desconocen el paradero de la activista y las razones por las que lleva más de 24 horas detenida.

Alertamos sobre graves violaciones a las leyes internas de Cuba en materia del respeto al debido proceso y garantía de los derechos de Alfaya, así como serias transgresiones a las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado Cubano.

Según el Artículo 244 de la Ley de Procedimiento Penal, una vez que una persona es detenida, los agentes de policía deben entregar inmediatamente un acta a la persona, en la que se indique la hora, la fecha y el motivo de la detención[1]. Adicionalmente, cuando se hace solicitud expresa por parte del detenido o sus familiares, la policía u otra autoridad debe informar sobre “la detención y el lugar en que se halle el detenido”[2].  Por otra parte, la nueva Constitución de Cuba otorga el derecho a la persona detenida a “comunicarse con sus familiares o personas allegadas, con inmediatez”[3].

En relación a tratados internacionales el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al cual el Estado cubano es signatario, establece que “[t]oda persona detenida debe ser informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella”[4]. El Estado cubano no ha cumplido con ninguno de estas obligaciones.

Raza e Igualdad condena enérgicamente los hechos que transgreden los derechos y libertades de la activista Nancy Alfaya, situaciones que demuestra una vez más que el Estado cubano no ha cambiado su modus operandi con respecto a la detención arbitraria de las activistas después de la aprobación de la nueva constitución.

Urgimos a la comunidad internacional pronunciarse ante estos hechos que laceran los derechos humanos de activistas cubanos quienes continúan siendo sistemáticamente objeto de violaciones, represiones y arbitrariedades del régimen cubano.

[1] L. 5/77, 13 agosto 1977, G.O., Art. 244, disponible en https://www.gacetaoficial.gob.cu/html/procedimientopenal.html. 

[2] Id..

[3] Constitución Política de la República de Cuba, Art. 95(h) (2019), disponible en http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constitución%20240%20KB-1.pdf.

[4] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 9(2), 16 diciembre 1966, 999 U.N.T.S.

Raza e Igualdad demanda atención médica efectiva para la activista cubana Xiomara Cruz Miranda

Fotografía de: Radio Martí

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa extrema preocupación por el estado de salud de la activista Xiomara Cruz Miranda quien en los últimos días ha presentado empeoramiento en su condición sin contar aún con un diagnóstico certero. Esta situación también es muy preocupante ya que Xiomara Cruz es beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según lo reportado por el medio independiente Diario de Cuba y lo relatado por familiares de la activista, el estado de salud de Xiomara Cruz continua siendo delicado e incierto.  “…sigue muy debilitada, con fiebres continuas y dolores musculares severos. Los médicos continúan administrándole medicamentos diarios y realizando exámenes, pero aún las respuestas siguen siendo vagas a nuestras preguntas y no proporcionan ningún registro impreso” añadió familiar de Cruz Miranda.

Al principio, los médicos dijeron que Xiomara tenía tuberculosis y hasta la fecha había sido tratada para contrarrestar dicha enfermedad, sin embargo, a principios de agosto los estudios médicos realizados salieron negativos para la enfermedad, aspecto que, según lo relatado por Clara Iznaga a Diario de Cuba, no pudo ser explicado por los médicos al indicar que “no entienden por qué Xiomara continua con dolores”. “Los médicos cambian de opinión y nunca dan un diagnóstico claro. Un día es tubercolusis, otro día es cáncer de pulmón. A pesar de que han hecho varias pruebas diagnósticas, nunca han mostrado los resultados de ellas a los familiares de Xiomara, por lo que desconfiamos mucho de los médicos” señala Clara Iznaga.

Aunque varios medios de comunicación han reportado que Xiomara Cruz será enviada a su casa, pues la fase contagiosa de la enfermedad por la que fue diagnosticada ya ha sido superada, activistas de derechos humanos de Cuba han publicado en sus redes que en realidad Cruz Miranda será trasladada a otro centro médico para realizar otros estudios y descartar algún tipo de cárcer, enfermedad que ya había sido valorada, descartada y ahora nuevamente es considerada por familiares de la activista al no encontrar respuesta al grave estado de salud de la lideresa. 

“Lo que están haciendo con nosotros es pasarnos por un laberinto” señaló un familiar de Xiomara al referirse a la forma equívoca y negligente de los médicos para tratar la situación de salud de la activista y de su familia; teniendo en cuenta que todavía falta por dar respuesta a la posibilidad de que Xiomara sufra de alguna infección bacteriana en sus pulmones.

Según informe del medio de comunicación Diario de Cuba,  Cruz Miranda fue condenada en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel por el supuesto delito de «amenaza». Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres El Guatao, y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada tras presentar lesiones en la piel, además de diversos problemas de salud que no han hecho más que empeorar desde entonces.

En julio pasado tuvo que ser traslada a la capital, donde reside, y hospitalizada en la sala de penados del centro médico La Covadonga. A fines del pasado mes de julio fue internada en terapia intermedia con la hemoglobina baja, hígado graso, líquido en los pulmones, falta de aire y un análisis de sangre que le reportó el eritro alto, además de eccemas en la piel.

Raza e Igualdad urge al Estado cubano proveer prioritaria y diligente atención médica a la activista Xiomara Cruz Miranda, de tal manera, que se pueda garantizar un real y efectivo derecho a la salud de la activista. Xiomara entró a la custodia del Estado cubano sana y sin problemas de salud, y ahora su vida está severamente en peligro. Tiene fiebre todos los días, ha bajado mucho de peso y está muy débil. Los eventos hasta la fecha sufridos por Xiomara evidencian negligencia médica e inminentes violaciones a sus derechos fundamentales como a la vida, la salud y el trato digno.  Urgimos a la comunidad internacional pronunciarse ante esta situación en la que se evidencia un alto riesgo para la vida de la activista.

Raza e Igualdad rechaza acusaciones de autoridades del régimen cubano contra José Daniel Ferrer miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y rechaza categóricamente la represión y violación a los derechos y libertades fundamentales del activista y líder político José Daniel Ferrer, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido arbitrariamente el pasado martes primero de octubre después de un fuerte operativo militar llevado a cabo en las sedes de la organización.

El líder político se encuentra actualmente detenido en el Centro de Operaciones de Vesalles, del Departamento de la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba, acusado por su postura de desafío al régimen cubano, por supuestamente apoyar medidas de política de los Estados Unidos en contra del gobierno cubano, además de ser acusado de agredir al activista Sergio García Gonzáles, quien en día pasados habría sufrido un accidente en su motocicleta para posteriormente ser presionado por la seguridad del Estado para testificar en contra de Ferrer y otros activistas de la UNPACU, como autores de las lesiones sufridas.

“Lo tienen amenazado con llevarlo a la cárcel queriendo fabricar un delito por supuestas lesiones, para que así quede como un preso común y no como un preso político” señaló la hija de Ferrer en su cuenta de twitter.

A través de un video publicado en las horas de la tarde del día de ayer, el miembro de la UNPACU Carlos Amel Oliva entrevistó a la esposa del activista Sergio García Gonzáles, quien confirma que Ferrer no es responsable de las lesiones de su esposo.   Aunque el activista García Gonzáles se ha rehusado a ser contactado por autoridades del gobierno y por representantes de la Unión Patriótica de Cuba, el peligro de ser obligado a testificar contra Ferrer sigue siendo una posibilidad.

https://www.facebook.com/100010293360012/videos/959492631070507/

Ciertamente, no es la primera vez que el Estado cubano intenta fabricar un delito contra José Daniel Ferrer; el año pasado el líder político también fue víctima de una campaña de desprestigio que buscaba acusarlo de “asesinato” del oficial de la policía Dainier Suárez Pagán, quien intentaba incriminarlo al intentar ser atropellado por un carro.  Para este entonces testigos comprobaron que Ferrer era inocente de los cargos por los que se le acusaba.

En su más reciente informe sobre el sistema de justicia en Cuba, Raza e Igualdad alerta sobre los métodos utilizados por el Estado Cubano para incriminar, señalar y acusar a opositores del régimen y sistema político de Cuba; fabricando delitos que son sustentados a través de un Código Penal que vagamente ha definido los delitos por los que frecuentemente se les acusa a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes.

Como organización comprometida con los derechos humanos del pueblo cubano, hacemos un llamado al Estado cubano garantizar y respetar los derechos humanos del activista de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, recordando que la libertad política, así como la libertad expresión, asociación son derechos elementales de cualquier individuo sin importar nacionalidad o filiación política.  Raza e Igualdad demanda la inmediata libertad del dirigente político Ferrer así como de los demás activistas que permanecen en arbitraria detención. Solicitamos a la comunidad internacional pronunciarse ante estos hechos de evidente violación y represión contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Fotografía tomada de: www.cibercuba.com

Raza e Igualdad: “El Estado cubano utiliza su Código Penal para criminalizar las voces que hablan en contra del régimen”

En su más reciente informe, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, asegura que en derecho cubano no hay garantías suficientes para respetar el debido proceso y otros derechos de personas acusadas por crímenes, especialmente cuando se trata de activistas que hablan en contra del régimen.  Las garantías que existen son descartadas por las autoridades cuando se juzgan a activistas independientes. 

En el marco del evento “Militarización de la Justicia: Estado de derecho y la nueva constitución Cubana” llevado a cabo el miércoles 11 de septiembre por la organización Inter-American Dialogue, El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, hizo lanzamiento oficial de su más reciente investigación titulada “Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba”.

En el informe, Raza e Igualdad documenta y analiza las características de los actos de criminalización, represión y hostigamiento que el Estado Cubano ha emprendido en los últimos años contra los denominados “opositores del régimen”, es decir, todos aquellos activistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y medios de comunicación independiente que a través de un ejercicio pleno de sus derechos se han opuesto a las políticas dictatoriales que niegan los derechos civiles y políticos fundamentales del pueblo cubano.

“Aunque en los últimos años, se han registrado muchos cambios en Cuba, la represión hacía los opositores no ha cesado” cita el documento de la organización de derechos humanos que asegura que pese a la aprobación de una constitución nueva y la investidura de un nuevo jefe de Estado que no hace parte de la familia Castro, la persecución y violencia hacía grupos opositores continua, junto con leyes que legitiman la criminalización de sus actividades.

La investigación nos permitió analizar y documentar los pasos que adopta el régimen cubano en los procesos penales, y cómo este utiliza el derecho penal para criminalizar las labores de las voces opositoras” explica Caitlin Kelly, abogada para Raza e Igualdad.

Así mismo, a lo largo del informe se documentan las experiencias de activistas víctimas de múltiples formas de represión por parte de las autoridades penales. Casos como el del Doctor Eduardo Cardet, son utilizados en el documento para explicar y describir el modus operandi del Estado Cubano y las sistemáticas violaciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y derecho a un debido proceso que se contraponen a las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por Cuba.

«Mi hermano fue detenido el 30 de noviembre de 2016 en horas de la noche por varios individuos vestidos de civiles, realmente eran de la policia política, estos hombres se abalanzaron sobre él enfrente de su familia y vecinos y fue golpeado de pies a cabeza. La detención fue sin motivo y después le fabricaron un delito, el delito nunca existio. Mi hermano continua preso hasta el 30 de septiembre, bajo libertad condicional pero continua preso» Miriam Cardet hermana del preso político Eduardo Cardet.

En dichas investigaciones, Raza e Igualdad encontró que, aunque existen algunas leyes para garantizar los derechos humanos y un debido proceso para los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas independientes acusados por su labor, estas no son respetadas por las autoridades cuando de ellos se trata.

Así mismo, el documento señala que el Estado Cubano emplea el Código Penal para criminalizar a las personas que expresen opiniones contra el Estado, específicamente cuando las autoridades recurren a la imputación de delitos que no están claramente definidos en dicho código. Delitos como “desacato”, “atentado”, “desobediencia” o la figura de “la peligrosidad social” son imputados para imponer condenas largas a quienes se acusa de incurrir en estas conductas, sin que se les sea respetado un debido proceso.

«Cuando mi hermano hizo las declaraciones después de la muerte de Fidel Castro no estaba en Cuba, a su esposa la llamaron y le dijeron que era mejor que Eduardo no volviera porque si lo hacía lo iban a desaparecer, después fue que ocurrió la violenta detención y fue cuando quedó en condiciones en las que peligraba su vida. Cuando lo detuvieron estuvo desaparecido por cinco días, sin atención médica a pesar de los golpes tan horribles que le habían propinado, sólo lo pudimos ver al tiempo en un pasillo oscuro como a 15 metros donde se podía ver lo mal que estaba. Su juicio fue a puerta cerrada donde le fabricaron los delitos y lo mantuvieron en horribles condiciones que han generado repercusiones de salud a hoy» Miriam Cardet.

Otros hallazgos están relacionados con las violencias a las que son sometidos los activistas cuando son detenidos, las restricciones a las que frecuentemente se enfrentan dichos defensores y defensoras cuando se trata de salir del país o realizar alguna reunión y las condiciones deplorables de los centros de detención.

«En un hueco de 2 X 3 metros, ahí mantuvieron a mi esposo. Aún cuando no pueden mantener más de 3 días a una persona en una celda de aislamiento el estuvo de 8 a 9 meses inhumanamente tratado. Cuando lo fui a visitar al centro de detención llegó golpeado de pies a cabeza, con dos hombres a lado y lado que portaban armas inmensas; además encadenado en la cintura, los tobillos y los pies como si se tratara de un terrorista» relata Dolia Leal una de las mujeres fundadoras del movimiento de las Damas de Blanco hoy exiliada de su país.

Descargue aquí el informe «Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba» 

Vea aquí transmisión en vivo del evento «Militarización de la Justicia:  Estado de derechos y nueva constitución cubana» espacio organizado con la organización Inter-american Dialogue para el lanzamiento del informe «Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba».

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos