Activistas afrodescendientes de Brasil, Colombia y Cuba sostuvieron reuniones estratégicas en Washington D.C. para desarrollar acciones para combatir el racismo

Activistas afrodescendientes de Brasil, Colombia y Cuba sostuvieron reuniones estratégicas en Washington D.C. para desarrollar acciones para combatir el racismo

Washington D.C., 5 de diciembre 2023.- Los días 14 y 15 de noviembre, activistas afrodescendientes de Brasil, Colombia y Cuba estuvieron en Washington D.C. sosteniendo reuniones estratégicas para reconocer avances en el combate al racismo y la discriminación racial, y hacer recomendaciones para desarrollar acciones más efectivas en dicha materia.

La delegación entabló conversaciones con la Open Society Foundation sobre colaboraciones conjuntas y oportunidades de financiación. Además, mantuvieron una reunión separada con el sector específico del Departamento de Estado sobre libertad religiosa, abordando recomendaciones sobre cómo invertir en la formación política de líderes de religiones de origen africano. Destacaron la necesidad de reforzar estas recomendaciones en la Acción conjunta para eliminar la discriminación racial y étnica (JAPER, por sus siglas en inglés) y el Plan de acción EE.UU.-Colombia para la igualdad racial y étnica (CAPREE, por sus siglas en inglés). Esto incluye garantizar la expansión de proyectos de investigación liderados por universidades de ambos países, con el fin de recopilar e interpretar datos sobre el racismo religioso en Brasil y otras partes de la región, en aras de mejorar el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Durante su visita, la delegación también se reunió con el Director de DRL y la Representante Especial para Equidad Racial y Justicia en el Departamento de Estado, enfocándose en recomendaciones para la efectividad de JAPER y CAPREE, y su papel potencial en la lucha contra el racismo religioso en las Américas. Las discusiones posteriores en la embajada de Brasil se centraron en el racismo religioso, los ataques a líderes religiosos y practicantes de terreiro y la pérdida de la custodia de los hijos por parte de madres que practican religiones africanas, junto con recomendaciones para JAPER e iniciativas regionales contra la discriminación racial.

En el Congreso, la delegación profundizó en las transformaciones que ocurren en Colombia y Brasil, destacando el compromiso de abordar la discriminación racial a través de JAPER y CAPREE. También abordaron los persistentes ataques a líderes y templos de religiones de origen africano. La visita culminó con una mesa redonda con la sociedad civil americana que destacó aspectos críticos del abordaje del racismo religioso, el impacto de la defensa internacional, la educación antirracista, el genocidio de la población negra y el papel influyente del arte en estas conversaciones vitales.

Cuba ante el EPU: Organizaciones internacionales piden recomendaciones contundentes frente a las violaciones de DDHH registradas en la Isla

Washington D.C., 14 de noviembre de 2023 – En el marco de la 44 sesión del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado de Cuba será evaluado este 15 de noviembre en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a los Estados participantes de este espacio a realizar recomendaciones firmes y contundentes frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que el Estado de Cuba profiere en detrimento de la vida digna, la integridad,  la libertad y la justicia de las y los cubanos.

En el ámbito de la libertad de expresión artística y de prensa se han observado al menos tres tendencias que operan en contra de estos derechos. La primera es el deterioro de condiciones para ejercer la libre expresión por la reacción violenta de autoridades del Estado en contra de activistas, artistas y periodistas que tienen como objetivo silenciarlos. Las agresiones físicas y digitales, arrestos domiciliarios, detenciones arbitrarias, maltratos y tortura, supresión del servicio de internet y exilio forzado son prácticas usualmente aplicadas en contra de quienes se oponen o critican al gobierno desde este marco de acción.

La segunda tendencia es la criminalización de la protesta social, el derecho a la reunión  y a la libertad de expresión. Justicia 11J ha documentado la detención de, al menos, 1878 personas en relación con protestas públicas desde julio de 2021. Hasta la más reciente actualización de la organización, 787 continuaban detenidas. Las tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención son una constante.

La tercera tendencia es el reforzamiento del marco normativo restrictivo del ejercicio de la libertad de expresión con la implementación de 5 normas administrativas y el nuevo Código Penal. Lo anterior, no es excepcional del derecho a la libertad de expresión, cuya limitación se ha complejizado con las medidas tomadas por el Estado y la vigilancia sobre ciberespacio, con mayor énfasis desde el 2018.

A la par de estas tendencias se han visto exacerbados problemas estructurales que afectan a los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad en el país por el aumento de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, encontramos el afianzamiento de la discriminación por motivos raciales, de indentidad de genero y orientación sexual.

Una de las caras más visibles de la discriminación y violencia de género es  la falta de la tipificación del feminicidio como delito penal en un contexto de aumento de feminicidios. Hasta el 13 de noviembre de 2023, organizaciones de la sociedad civil independiente han documentado al menos 76 feminicidios en lo que va de este año.[1]

Por ello, en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba, las organizaciones abajo firmantes, mismas que presentaron informes sombra en diversas temáticas, solicitamos a los Estados que emitan recomendaciones tendientes al Estado de Cuba a:

  • Eliminar las prácticas que fuerzan a periodistas, artistas, escritores y defensores al exilio así como garantizar se retorno seguro.
  • Evitar todo acto de criminalización del ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y prensa.
  • Derogar normas como el decreto 349/2018, el decreto ley no. 370/2018 y la resolución 105/2021, el decreto ley 35/2021 y el decreto no. 42/2021, que inhiben y sancionan la libertad de expresión, protesta, reunión, entre otros.
  • Modificar el Código Penal y derogar aquellos delitos que criminalizan el ejercicio efectivo de derechos humanos, en particular los “crímenes de propaganda en contra del orden constitucional, resistencia y desorden público” y otros actos contra la seguridad del Estado, específicamente la financiación contenida en el artículo 143.
  • Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
  • Liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos que han sido detenidas en razón del ejercicio de la libertad de expresión y prensa, la defensa de derechos humanos y las personas manifestantes.
  • Extender invitaciones a las Relatorías Especiales de Naciones Unidas de libertad de expresión, derechos culturales e independencia judicial para que realicen visitas in loco a Cuba.
  • Garantizar la independencia del Poder Judicial a fin de velar por los derechos de los ciudadanos que se reúnen y protestan pacíficamente y así garantizar el debido proceso.
  • Asegurar condiciones dignas en prisión para las personas privadas de su libertad.
  • Reformar la legislación existente que regula el registro de asociaciones así como el derecho de la sociedad civil independiente para asociarse libremente.
  • Hacer un llamado a un plebiscito vinculante que permita a las personas decidir la transición hacia un sistema democrático a través de elecciones libres y justas.
  • Transparentar el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial en sus principales medios y asegurar la rendición de cuentas públicas sobre su implementación, trabajo y estrategias.
  • Implementar medidas dirigidas a entrenar a los agentes del Estado para eliminar el uso excesivo de la fuerza y prevenir la muerte de personas afrodescendientes.
  • Ejecutar un plan real en honor al Decenio Internacional para las personas afrodescendientes que promueva el reconocimiento, justicia y desarrollo de las personas afrocubanas al final de 2024.
  • Elaborar una ley que sea comprensible y accesible en materia de violencia de género y tipificar el feminicidio como delito penal autónomo.
  • Implementar programas de entrenamiento para autoridades involucradas con la atención de casos de víctimas de violencia de género y así evitar la revictimización que sufren las personas que denuncian.
  • Crear centros de cuidado integral y de protección a las víctimas de violencia de género.
  • Implementar programas dirigidos a prevenir actos de discriminación basados en la orientación sexual y las diversas identidades de género.
  • Ejecutar campañas de sensibilización sobre la violencia de género e identidad sexual para eliminar el machismo y el pensamiento patriarcal de la idiosincrasia nacional.
  • Entrenar al personal de los centros de salud para sensibilizar y promover el respeto a la población LGBTIQ+ y de personas que padecen alguna enfermedad de trasmisión sexual.
  • Tomar acciones concretas a través del Centro Nacional de Educación Sexual (CENEX) que favorezcan el reconocimiento y respeto de los derechos de la población LGBTIQ+.

Organizaciones firmantes

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Artists At Risk Connection (ARC) – PEN America

Centro para los Derechos Civiles y Políticos (Centro CCPR)

PEN Internacional

CUBALEX

Justicia 11J

Centro de Documentación de Prisiones Cubanas

 

***

[1] Información publicada por Yo Sí Te Creo en Cuba. Disponible en https://x.com/YoSiTeCreoCuba/status/1724141130592198661?s=20

Pedimos a la OEA una visita in loco para verificar situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba

Washington D.C., 7 de noviembre de 2023 – Luego de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el gobierno de ese país ha desarrollado una campaña sistemática de represión contra la ciudadanía que se materializa, entre muchas otras formas, en la detención arbitraria de personas cuyo único delito ha sido levantar la voz y salir a la calle a ejercer sus derechos a la libertad de expresión y protesta pacífica..

Según la organización internacional Prisoners Defenders, 1052 personas se encuentran inmersas en procesos judiciales con sentencias u otro tipo de medidas de privación de la libertad, parcial o total, impartidas por jueces y fiscales. De este número cerca de 812 personas son presas de conciencia que se encuentran tras la rejas y 210 son condenadas de conciencia sometidas a diversas medidas sin internamiento, ambas por motivos políticos. Adicionalmente, afrontan distintas clases de tortura que van desde vejámenes, incomunicación, persecución y amenazas contra sus familiares, malos tratos al interior de las cárceles o impedimento para que puedan ser atendidas por médicos y profesionales de la salud.

Tras las protestas del 11J más de 1400 personas han sido procesadas y más de 700 se mantienen en prisión con penas desproporcionadas por delitos como sedición. La situación es tan grave que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido dar un espacio  a la sociedad civil independiente y a las organizaciones internacionales que acompañan a activistas y personas defensoras de Derechos Humanos en la Isla para conocer, de primera mano, la situación de las y los presos políticos en ese país.

En el marco de esta audiencia, que también pretende revisar medidas cautelares en favor de al menos una decena de personas privadas de libertad por motivos políticos, las organizaciones firmantes solicitamos a la Comisión y a la Organización de Estados Americanos las siguientes peticiones:

  1. Emitir un pronunciamiento público exigiendo al Estado cubano la liberación inmediata de las personas beneficiarias de las medidas cautelares y de todos los presos y presas por razones políticas y de conciencia en Cuba; y que tanto ellos como sus familiares dejen de ser víctimas de limitaciones a su movilidad y objeto de violencia, hostigamiento o discriminación por motivos políticos.
  2. Emitir resoluciones de seguimiento, reconociendo que la privación arbitraria de libertad por motivos políticos pone a las víctimas en una situación de vulnerabilidad que las expone a graves violaciones a sus derechos y exigir su inmediata liberación en los mismos términos que lo ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares[1].
  3. Exigir al Estado cubano el cumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación y a las garantías y protección judiciales de la ciudadanía, y en particular de las personas protegidas por las medidas cautelares otorgadas por la Comisión.
  4. Incluir la información presentada durante esta audiencia en el capítulo IV.B de su informe anual 2023, enfatizando en el deterioro físico y emocional de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión, así como de sus familias.
  5. Solicitar al gobierno cubano una visita in loco, con el acompañamiento de un organismo neutral tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para constatar las condiciones deplorables en que tiene lugar la detención arbitraria de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, así como poder observar el estado de desprotección que vienen afrontando sus familiares. Además, emitir un informe exhaustivo al término de esa visita.
  6. Instar al Estado cubano a aplicar los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, especialmente en lo concerniente a la prohibición de actos de tortura y la garantía de la alimentación, la salud y las visitas y comunicación con familiares.
  7. Monitorear las condiciones de salud de las personas privadas arbitrariamente de la libertad protegidas por las medidas cautelares acá analizadas y dar seguimiento a la situación de deterioro físico, emocional y económico de las familias, así como a la posible imposición de regulaciones, exilios forzados y prohibiciones de retorno en caso de recobrar su libertad.
  8. Solicitar la realización de una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba, así como las violaciones a los derechos humanos fundamentales, la situación de los presos políticos y las ejecuciones extrajudiciales responsabilidad del estado cubano, documentadas por esta Comisión.

Organizaciones firmantes:

  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
  • Article 19.
  • Cubalex.
  • Civil Rights Defenders.
  • Fundación para la Democracia Panamericana.
  • Prisoners Defenders.
  • Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Rebeldías Lésbicas: Avances y retrocesos en los derechos de las personas lesbianas

Washington, 13 de octubre de 2023.- El Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de Latinoamérica y el Caribe no es un día instituido por las Naciones Unidas. Nació en 2007, luego del acuerdo que se adoptó en el VII Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y el Caribe (ELFLAC), donde participaron alrededor de 200 lesbianas feministas de la región. Se eligió el 13 de octubre en conmemoración al primer Encuentro Regional de Lesbianas Feministas de 1987 en México, la primera articulación de lesbianas con presencia pública[1].

Desde entonces, se han desarrollado en varios países de la región diferentes acciones políticas y culturales impulsadas por lesbianas feministas a favor de la visibilidad y en contra de la discriminación. Su incidencia también ha traído avances legislativos y normativos en materia de derechos humanos; sin embargo, en unos países más que en otros.

Por ejemplo, en Nicaragua no existen leyes que protejan a la población LGBTI+, mucho menos a las personas lesbianas específicamente. “Es difícil pensar en retrocesos respecto a los derechos de las lesbianas en un país en el que casi nunca hubo avances”, afirma la activista nicaragüense Tania Irías, del Grupo Lésbico Feminista Artemisa, un colectivo que brinda espacios de reflexión, aceptación y no discriminación a mujeres jóvenes lesbianas de Nicaragua desde el año 2006.

Para Irías, los mayores retrocesos de la lucha de las lesbianas están vinculados a la desarticulación organizativa provocada por “la represión estatal e instauración de una dictadura que, como estrategia represora, ha socavado el proceso articulador, de demanda y visibilidad de las lesbianas como cuerpos políticos con derechos”.

Sin embargo, en este contexto de dictadura, en los espacios “aliados” también se suele relegar la lucha por los derechos de las lesbianas. “No somos prioridad y siempre se nos está pidiendo dejar que sea otra la lucha visible”, explica Irías, quien también asegura que como movimiento tienen clara la necesidad de seguir ocupando sus espacios de visibilización y de continuar juntándose “con quienes nos suman y ahorrando esfuerzos, porque se nos viene difícil”, enfatiza Irías.

Por el contrario, en otros países se ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. En Cuba, por ejemplo, con la aprobación del Código de las Familias en el 2022, se contemplan varios derechos que favorecen a las parejas de lesbianas, además del matrimonio igualitario, la reproducción asistida y la adopción. El 28 de septiembre de este año, también entró el vigor el Decreto 96, un protocolo de actuación que previene y enfrenta el acoso y la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, entre otras, en el ámbito laboral. Pese a eso, en la vida real no son evidentes los cambios. “En Cuba, continúan arraigados los pensamientos y actitudes machistas y patriarcales, es por esto que las mujeres lesbianas continuamos siendo víctimas del odio y la discriminación. Somos mal vistas en la calle, nos ofenden, insultan”, señala Irina León Valladares, activista cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur).

En la misma línea, Annery Rivera Velasco, periodista independiente y activista cubana menciona que “los retrocesos —que son más bien un estado de cosas que permanecen— son de carácter social, como lo es esta sociedad machista y patriarcal”. También narra que en Cuba no existe un movimiento lésbico debido a la desarticulación, ya que las autoridades cubanas criminalizan a las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, Colombia también cuenta con una amplia protección legal hacia las personas lesbianas. Su Corte Constitucional ha otorgado protecciones trascendentales, siendo una de ellas el reconocimiento histórico de las personas LGBTI+ en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, el Tribunal Constitucional sentenció en 2016 a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sim embargo, aún queda mucho por hacer para que las normativas se concreticen en acciones., Por ejemplo, “en relación a los derechos reproductivos, el derecho a la vida debido al aumento de las violencias correctivas y los asesinatos lesbofeminicidas. Además, la discriminación y/o acoso laboral por la orientación sexual lésbica”, señala Sami Arizabaleta, activista y directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales (Somos Identidad).

“Como movimiento lésbico se está incidiendo políticamente en la actualización de la política LBGTIQ, con reconocimiento de los contextos lésbicos interseccionales. Las estrategias son diversas desde los contextos regionales y sociales, pero en términos generales se avanza en el fortalecimiento organizativo, la incidencia política desde la exigibilidad de derechos, las denuncias y la interlocución para la adopción de medidas”, comparte Sami.

En el caso de Perú, el país se encuentra en una crisis política, social e institucional, en donde impera la deslegitimidad del Gobierno y el Congreso de la República. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), al alrededor del 80% de la población demanda la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y que se adelanten las elecciones.

Tanto desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, se han impulsado iniciativas en contra de los derechos de lesbianas, personas LGBTI+, mujeres, niñeces y adolescencias. Además, varias bancadas del Congreso de la República han presentado diversos proyectos de ley buscando que Perú se retire del Pacto de San José1. “Los derechos de las lesbianas han sido totalmente dejados de lado por el gobierno actual de Dina Boluarte y por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)”, expresa Gabriela Zavaleta, activista lesbiana feminista y coordinadora de incidencia política de Más Igualdad.

Además, menciona que la Mesa de Trabajo para la Promoción de los Derechos de las Lesbianas del MIMP se encuentra desactivada y que desde hace más de 5 años se espera la aprobación de la investigación sobre la situación de los derechos de las lesbianas en el Perú. “Únicamente las organizaciones de sociedad civil están resistiendo ante esta situación, fomentando la articulación nacional e internacional de las organizaciones de lesbianas, realizando acciones de incidencia ante el Comité CEDAW para una recomendación general sobre los derechos de las lesbianas, sistematizando las propuestas y demandas de las organizaciones, y haciendo esfuerzos para unir a las organizaciones de lesbianas en una agenda regional que sirva como herramienta para la incidencia con los diferentes Estados e instituciones relevantes”, indica.

En general, varios países de América Latina han logrado avances legislativos significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar que estos derechos sean plenamente reconocidos y respetados.

A la luz de esto, Raza e Igualdad eleva algunas recomendaciones para los Estados sobre medidas para proteger los derechos de las personas lesbianas.

  • Garantizar el derecho a la familia y los derechos civiles de las lesbianas a través del reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas.
  • Garantizar el acceso al matrimonio igualitario y guardar respecto irrestricto a los derechos adquiridos en el extranjero.
  • Elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as.
  • Fortalecer programas de capacitación a funcionarios del Estado a fin de garantizar el trato digno hacia las lesbianas en servicios públicos.
  • Implementar políticas de Educación Sexual Integral que garantice el respeto a la diversidad sexual.
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas a fin de formular políticas que respondan sus necesidades.
  • Garantizar el acceso a la justicia. Investigar y sancionar la discriminación y los crímenes cometidos contra lesbianas.
  • Promover el acceso de lesbianas a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.
  • Implementar programas de atención y contención para casos de violencia por prejuicio dentro y fuera del hogar.

 

[1] Ochy Curiel (2007). Un encuentro trascendente e histórico. Disponibles en https://rebelion.org/un-encuentro-trascendente-e-historico/

Las estrategias que emplea el régimen autoritario de Cuba para restringir la movilidad y silenciar a las voces disidentes

Washington D.C., 10 de octubre de 2023 – En 2019, a cinco activistas de los seis entrevistados para escribir este artículo, el régimen autoritario de Cuba les prohibió salir de la Isla. A la coordinadora de la Red de Líderes y Lideresas de Cuba (RELLIC), María Elena Mir Marrero, le impidieron subirse a un avión bajo el argumento de que estaba regulada. Al vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, le ocurrió lo mismo cuando ese mismo año intentó viajar a Bélgica. A Osvaldo Navarro, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), le informaron, antes de su fecha de vuelo, que estaba regulado. A Marthadela Tamayo, también integrante del CIR, no le permitieron abordar afirmando que había sido multada y tenía que ponerse al día antes de viajar al extranjero. Y al coordinador Nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo, tampoco le permitieron salir de Cuba en aquel entonces, por ser parte de las personas reguladas. Ellas y ellos intentaban salir del país para denunciar la grave crisis social, política, económica y de derechos que se registra en este país, y que ha empeorado en los últimos años.

Pero esa no ha sido la única vez que María Elena, Manuel, Osvaldo, Marthadela y Juan Antonio, han intentado viajar fuera de la Isla para participar en espacios académicos, asambleas y diálogos, donde se abordan las violaciones a los derechos humanos registradas en este país. Posterior al 2019 lo han intentado nuevamente, y han sido detenidos dentro de sus casas o al llegar al aeropuerto. Todo con el objetivo de impedirles tomar sus vuelos. También les han reiterado que están regulados y tienen prohibido viajar a otro país, a menos que quieran salir y nunca más volver a la Isla.

En julio de este año, el coordinador del Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (Celide), Fernando Palacio, intentó viajar a Trinidad y Tobago, y estando dentro del aeropuerto las autoridades cubanas le informaron que no estaba regulado, pero no podía salir del país porque se acercaba la conmemoración del Asalto al cuartel Moncada, una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 por un grupo de jóvenes dirigidos por Fidel Castro, para derrocar a Fulgencio Batista. Fernando es la otra persona defensora de los derechos humanos entrevistada para este artículo.

“El término de regulación es un eufemismo que el régimen usa para impedir que activistas salgan del país”, afirma Marthadela, quien sostiene además que es una medida arbitraria. “Como ser humano te sientes impotente, te sientes frágil ante un Estado que tiene todo el poder para decidir cuándo sales, cuándo entras, cuándo te meten preso, cuándo te sacan de prisión…”, reflexiona Osvaldo. Eso, afirma, es lo que ha sentido cada vez que le notifican que está regulado.

En un informe divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en el que se revela que más de 220 personas y 25 organizaciones de todo el mundo sufrieron represalias por cooperar con Naciones Unidas, se mencionan las violaciones a los derechos humanos que han padecido Juan Antonio y Marthadela. El documento señala que en el último año las autoridades cubanas impidieron que ambos salieran del país, y esto ha obstaculizado su compromiso con la ONU, “incluidos los actuales preparativos del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de Cuba, previsto para realizarse en noviembre de 2023″, indica el reporte.

De una provincia a otra

Las seis personas defensoras de los derechos humanos que fueron consultadas afirman también que las autoridades estatales les han prohibido movilizarse de una provincia a otra. En 2008, a Fernando le prohibieron durante dos años visitar Holguín. La medida le fue notificada luego de estar casi una semana detenido e incomunicado. A esa misma región no puede ir Marthadela, ni siquiera al ser oriunda de esa zona del país. María Elena y Juan Antonio, por su parte, han sido detenidos de forma arbitraria cada vez que se dirigen a Santiago de Cuba, mientras que a Manuel las autoridades no le permiten movilizarse hacia Villa Clara.

El Estado cubano ha restringido la movilidad de este grupo de activistas, que en su momento también fueron expulsados de sus trabajos por ser voces disidentes al sistema político de Cuba. Todo con el fin de silenciarlos y prohibirles que continúen su lucha por un “país libre”.

“Yo sueño con una Cuba real, donde nosotras como madres podamos criar a nuestros hijos, verlos crecer y desarrollarse. Sueño con una Cuba llena de libertades, donde no se oprima a la población, donde se cumpla cada y una de las leyes que el mismo país regula. Sueño con una Cuba libre”, dice María Elena, quien no ve a su hijo hace más de un año, ni tampoco a su nieto ni a su nuera. Los tres salieron del país a raíz de la grave situación que se vive en la Isla.   

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos las estrategias de restricciones injustificadas a la movilidad implementadas por el Estado cubano, cuyo único fin es silenciar a activistas, personas defensoras de los derechos humanos, artistas, periodistas independientes, juristas, y, en general, a todas las voces disidentes. También exhortamos a la comunidad internacional para que haga seguimiento a las denuncias de cubanos y cubanas que han sufrido la represión y el hostigamiento en la Isla, y condenen estas tácticas ejecutadas por el régimen autoritario de Cuba.

Activistas de Cuba y Nicaragua: Trabajar por los ODS es una labor titánica en regímenes autoritarios

Nueva York, 19 de septiembre de 2023.- En países donde impera el autoritarismo, trabajar por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se convierte en una “labor titánica”, alertaron cuatro activistas de Nicaragua y Cuba en un evento paralelo al 78 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrado este martes 19 de septiembre, y organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en colaboración con Artists at Risk Connection (ARC), un programa de PEN America y PEN International. 

Los testimonios de las personas defensoras de derechos humanos Alexa Zamora, Yader Parajón, Laritza Diversent y Martha Beatriz Ferrer demuestran que ambos países violan gravemente los derechos humanos de sus habitantes, y criminalizan la labor de quienes trabajan por la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS. El Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, quien también participó en el conversatorio, llamó a la comunidad internacional a no caer en la resignación y normalización, y a no cesar la documentación y el monitoreo en Nicaragua y Cuba. 

Nicaragua: el régimen de Ortega se ha ensañado contra mujeres y población LGBTI+

“La falta de democracia y el irrespeto a los derechos humanos anulan las posibilidades de un desarrollo equitativo y sostenible”, explicó Alexa Zamora, activista y defensora de derechos humanos quien por su labor  fue despojada arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos.

Pese a que el objetivo 5 llama a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, el régimen de Ortega mantiene a 16 mujeres en la cárcel, resistiendo a condiciones que les afectan de forma diferenciada por su género, como la exposición a violencia sexual, tocamientos, falta de acceso a la salud, incomunicación con sus hijos e hijas, entre otros. 

Zamora también explicó que en Nicaragua “las instituciones están al servicio de una élite en el poder, en lugar de servir al interés público”, lo cual se aleja de la implementación del objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas); y el régimen incumple con sus acuerdos internacionales en materia de la libertad de establecer alianzas en el nivel nacional y local, lo cual es una amenaza para el alcance del objetivo 17 (alianzas para lograr los objetivos).

Por su parte, el activista LGBTI+ y excarcelado político, Yader Parajón, denunció que “la población LGBTI+ no solo tiene dificultades y obstáculos para acceder a empleos, educación y otros derechos… sino que desde el año 2018 hemos sido víctima de una cruel represión”.

Yader Parajón es hermano de una de las 355 víctimas fatales del régimen de Ortega. Su hermano, Jimmy Parajón, recibió un disparo en el costado izquierdo del tórax, el 11 de mayo de 2018, en el contexto de las manifestaciones pacíficas de Nicaragua, según información recopilada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El clamor de justicia por el asesinato de su hermano, su membresía en la Asociación Madres de Abril (AMA) y su trabajo de defensa de la igualdad de derechos para las personas LGBTI+ y de los derechos ambientales esenciales para la sostenibilidad, lo pusieron en la mira del régimen, que lo mantuvo en prisión desde 2021 hasta su destierro en febrero de 2023.

Yader relató que durante su tiempo en la cárcel experimentó de primera mano el “sistema patriarcal machista y homofóbico” del régimen de Ortega, a través de comentarios denigrantes, radicales y religiosos que satanizaban su orientación sexual, y de la ridiculización de su sexualidad. También fue testigo de casos de mujeres trans que nunca fueron reubicadas a sistemas penales para mujeres, en una violación a sus derechos humanos.

Su testimonio es una impactante evidencia del incumplimiento del objetivo 16, que incluye la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

Cuba: las manifestaciones evidencian una crisis multidimensional

Cuba también enfrenta grandes desafíos en su camino hacia el ODS 16, que busca establecer la paz, la justicia y fortalecer las instituciones. Las alarmantes cifras de detenciones en el contexto de los actos de protesta que se celebraron por toda la Isla el 11 julio de 2021 confirman la crisis multidimensional de Cuba, aseguró Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex.

Según la abogada, en Cuba “la ley y la justicia están intrínsecamente vinculadas al poder ejecutivo, lo que pone en peligro la autonomía judicial”. Por ejemplo, el Código Penal actual criminaliza el apoyo internacional para coartar el crecimiento de organizaciones civiles independientes.

“Si queremos que la paz, la justicia y las instituciones sólidas no sean simplemente objetivos, sino realidades tangibles, es esencial reformar sistemas que obstaculizan estos ideales”, aseguró Diversent, quien también llamó a la comunidad internacional adoptar un “papel activo” como facilitadores y aliados que aseguren el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en dicho proceso.

Por otro lado, en su testimonio, Martha Beatriz Ferrer, hija del activista y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció que el pasado miércoles 13 de septiembre se le negó por sexta vez consecutiva la visita familiar a su padre. 

El defensor de derechos humanos fue detenido el 11 de julio de 2021 y, desde marzo de este año, el régimen autoritario de Díaz-Canel no le ha permitido recibir visitas ni llamadas telefónicas. Su familia está profundamente preocupada por las condiciones inhumanas, torturas físicas y psicológicas, mala alimentación y malos tratos que podría estar recibiendo el líder cubano.

“Les pedimos a todas las naciones libres y democráticas el apoyo a estos hombres y mujeres encarcelados injustamente. Les pedimos que tengan mano dura y que no sigan permitiendo las atrocidades que comete la dictadura contra su pueblo”, finalizó Ferrer.

Pedro Vaca: Censura y propaganda oficial para crear realidades ficticias

En Nicaragua y Cuba la censura está acompañada de una propaganda institucional muy poderosa, “que termina construyendo paisajes que no son compatibles con la realidad, ficciones de que existe acceso a diferentes derechos”, explicó el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, durante su intervención en un diálogo con la directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, en el que conversaron sobre el rol que tienen los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, y las organizaciones internacionales de la sociedad civil, en la protección y defensa de las personas defensoras de los derechos humanos en países con espacios cívicos cerrados.

Para Vaca, también existe un mensaje detrás de la represión a las protestas en Nicaragua y Cuba, “es un mensaje de que sean muy visibles las consecuencias de pensar distinto, a tal punto que el miedo sea tan grande que se inhiba el debate”. 

En este sentido, el Relator llamó a la comunidad internacional a no cesar la documentación y el monitoreo, ya que “no solo es un asunto de reconstruir el Estado de Derecho, donde existió, sino también los impactos que estos tienen en estas personas y en sus proyectos de vida, que son tremendamente dramáticos”. 

La directora del programa Artists at Risk Connection de PEN América, Julie Trébault, quien también participó en el evento, dijo además que los derechos a la libertad de prensa y de expresión son casi inexistentes en Nicaragua y Cuba. 

Desde Raza e Igualdad seguiremos promoviendo este tipo de diálogos y haciendo un  llamado a la comunidad internacional para que condenen y rechacen  las violaciones a los derechos humanos que se registran en ambos países. Raza e Igualdad trabaja para realizar acciones que permitan abrir espacios democráticos, que protejan de forma especial a quienes trabajan arduamente por el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS.

Activistas de Nicaragua y Cuba denunciarán en Nueva York porqué es un crimen trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible en ambos países

Nueva York, 14 de septiembre de 2023.- El próximo martes 19 de septiembre, cuatro activistas de Nicaragua y Cuba se reunirán a partir de las 2 pm en UN Church Center (777 United Nations Plaza, New York, NY 10017), para denunciar que en ambos países es un crimen trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El encuentro es organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en colaboración con Artists at Risk Connection (ARC), un programa de PEN America.

La defensora de derechos humanos despojada arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, Alexa Zamora; el excarcelado político nicaragüense y activista LGBTI+, Yader Parajón; la directora de la organización Cubalex, Laritza Diversent; y Martha Beatriz Ferrer, hija del reconocido líder político cubano, José Daniel Ferrer, quien permanece en prisión por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021 en Cuba, abordarán las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en los dos países, donde la criminalización y el exilio forzado a las voces disidentes y críticas de las autoridades estatales, supone el incumplimiento de sus compromisos para trabajar por el logro de la Agenda 2030 y sus ODS. 

En el evento también participarán el Relator Especial para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE – CIDH), Pedro Vaca; y la directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, quienes conversarán sobre el rol que tienen los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y las organizaciones internacionales de la sociedad civil, en la protección y defensa de las personas defensoras de los derechos humanos en países con espacios cívicos cerrados, como son los casos de Nicaragua y Cuba.

El Estado nicaragüense ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mientras que el Estado cubano sólo lo ha firmado.  Aún así, como miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ambos estados están obligados a respetar los principios, valores y derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, según la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, deberían proporcionar apoyo y protección a las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de su labor. Además, se han comprometido a implementar la Agenda 2030 y sus ODS; sin embargo, Nicaragua y Cuba violan gravemente los derechos humanos de su población y a diario criminalizan la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

Violaciones de derechos humanos

El Estado de Nicaragua, por ejemplo, continúa “limitando indebidamente los espacios cívico y democrático del país, incrementando su control sobre instituciones y espacios públicos, y restringiendo las actividades de individuos y grupos que sostienen voces disidentes”, según el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se presentó el pasado 12 de septiembre de 2023. 

Las incesables detenciones arbitrarias, la permanencia de 89 personas privadas de libertad por motivos políticos sufriendo torturas, la privación de nacionalidad de más de 316 personas, los más de 27 casos de nicaragüenses que no han podido retornar al país por prohibición de Migración y Extranjería, son tan solo una pequeña muestra de las violaciones de los derechos humanos que el Estado de Nicaragua ha perpetrado contra quienes ejercen su derecho a defender derechos.

En Cuba, por su parte, más de 700 personas continúan privadas de la libertad por haber participado en las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, de acuerdo con la organización Justicia 11J. Miles de personas de la Isla salieron a marchar por la grave crisis social, política y económica, que ha empeorado luego de que transcurrieran dos años de esas manifestaciones, y que han desatado una ola de detenciones arbitrarias, desapariciones de corta duración, cortes de internet, prohibiciones para salir del país y el exilio forzado de activistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos, quienes se encargan de trabajar por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en este país. 

En 2022, aproximadamente 150 personas cubanas murieron ahogadas cuando intentaban llegar a Estados Unidos, de acuerdo con el más reciente resumen regional anual ‘Las Américas’, del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El nuevo Código Penal y la recién aprobada Ley de Comunicación Social, han complicado el panorama de represión y hostigamiento que se registra en la Isla, lo que ha llevado a cientos de cubanos y cubanas, a atravesar rutas irregulares, donde exponen gravemente sus vidas. 

Raza e Igualdad en colaboración con Artists at Risk Connection (ARC), un programa de PEN America, facilitarán este diálogo en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas para hacer un llamado a la comunidad internacional, a condenar y rechazar las violaciones a los derechos humanos que se registran en ambos países y a emprender acciones que conduzcan al restablecimiento de los espacios democráticos, protegiendo de forma especial a quienes trabajan arduamente por el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS. 

 

Información del evento

Fecha: 19 de septiembre de 2023 

Hora: 2:00 – 3:30 pm (Hora Nueva York) 

Lugar: UN Church Center, 777 United Nations Plaza, New York, NY 10017 

Registro presencial y virtual: forms.office.com/r/Qfk8f2SVtN

A cinco años del EPU, activistas de Cuba exigen la liberación de personas privadas de la libertad por motivos políticos

Ginebra, 1 de septiembre de 2022.- “Insto a las autoridades cubanas a que liberen a todas las personas privadas de la libertad por motivos políticos. ¡Libertad para Luis Manuel Otero! ¡Libertad para Maykel Osorbo! ¡Libertad para Brenda Díaz, la única mujer trans detenida por participar en las protestas de julio de 2021!”. Con estas palabras, el artista visual y activista cubano, Nonardo Perea, terminó el pasado 30 de agosto su intervención en el conversatorio ‘Cuba: cinco años después del Examen Periódico Universal (EPU)’, que reunió a representantes de la sociedad civil independiente de la Isla, y de organizaciones internacionales, para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en este país. 

El evento, que se llevó a cabo en Ginebra (Suiza), se realizó en el marco de la pre-sesión del EPU, un espacio donde representantes de las organizaciones de la sociedad civil entregan información sobre los países que serán evaluados en el Examen Periódico Universal. Este año, Cuba será revisado en noviembre, luego de cinco años de su última evaluación, en 2018. 

En el conversatorio se abordaron temas como la violencia contra las mujeres. La directora de la ONG Cubalex, Laritza Diversent, recomendó al Estado cubano que promulgue de forme inmediata una Ley Integral contra la Violencia de Género, que haga frente a los más de 50 casos de feminicidio documentados este año en Cuba.  

El diálogo ‘Cuba: cinco años después del EPU’ sirvió de antesala para denunciar las violaciones a los derechos humanos en este país, como la falta de libertad de expresión. De acuerdo con la oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de la organización Article 19, Claudia Ordoñez, “las autoridades cubanas han desplegado esfuerzos para imponer la censura, y para silenciar las voces críticas al gobierno”. 

“Lamentable, en un sistema totalitario como el de la Isla, con un espacio cívico cerrado, es decir, donde no hay condiciones ni garantías para ejercer y gozar de los derechos humanos, todo acto de protesta está condenado a ser reprimido sin ser escuchado”, agregó Ordoñez. 

A estas palabras, se sumó el periodista cubano Mario Luis Reyes, quien recordó que el periodismo independiente en este país se encuentra en una posición bastante delicada, gracias al nuevo Código Penal y a la Ley de Comunicación Social. Ambas normas castigan la libertad de prensa en Cuba. 

Los derechos laborales y sindicales fueron otros temas abordados en el conversatorio. El director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxys Cires, dijo que tener una posición crítica al gobierno es uno de los principales motivos para no ingresar al campo laboral. “No hay salarios justos ni trabajos dignos. Más del 80% de la población cubana vive en condiciones de pobreza”, afirmó. 

Finalmente, la abogada y consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Livia Lemus, afirmó que este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha identificado diversas prácticas represivas por parte del Estado cubano, que constituyen graves violaciones de derechos humanos en la Isla. La representante de la CIDH dijo que desde 1985 Cuba ha sido incluida de forma ininterrumpida en el capítulo 4B de su informe anual, apartado que refleja la compleja situación de este país, donde hay restricciones a los derechos políticos, ausencia de independencia judicial, detenciones arbitrarias, cortes de Internet, y otras medidas restrictivas. 

Durante el conversatorio, los y las activistas exigieron a las autoridades cubanas que eliminen todas las prácticas represivas que han forzado al exilio a las personas defensoras de derechos humanos, a periodistas independientes, a juristas, artistas, y a las voces críticas al Estado de Cuba. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) resaltamos la importancia de propiciar estos espacios para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en Cuba, y hacemos un llamado a los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, y a los y las representantes de los Estados, para que escuchen los pedidos de las organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba, y condenen la represión, el hostigamiento, y las distintas formas de violencia que se documentan a diario en este país.

 

En el marco de la pre-sesión del EPU en Ginebra, activistas denunciarán violaciones de DDHH en Cuba

Ginebra, 28 de agosto de 2023.– Este miércoles 30 de agosto, representantes de la sociedad civil independiente de Cuba, y de organizaciones internacionales que trabajan por la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, se reunirán en Ginebra, Suiza, para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla. 

El evento titulado ‘Cuba: cinco años después del Examen Periódico Universal (EPU)’, iniciará a partir de la 1:30 p.m. (hora Ginebra) en Rue de Varembé 1 (piso 5). Este encuentro se realizará en el marco de la pre-sesión del EPU, que se llevará a cabo del 29 de agosto al 1 de septiembre en Ginebra, y reúne a los y las representantes de las organizaciones de la sociedad civil de 14 países, entre estos Cuba, para abordar la situación de derechos humanos en cada uno de esos territorios.

En el conversatorio participarán la abogada y consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Livia Lemus; la directora de Cubalex, Laritza Diversent; el director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxys Cires; la oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Article 19, Claudia Ordoñez; el periodista independiente Mario Luis Reyes, y el artista cubano Nonardo Perea.

Las personas encargadas del panel dialogarán sobre los derechos laborales y sindicales, las personas privadas de la libertad por motivos políticos, el periodismo independiente, y la libertad de expresión en la Isla, con el objetivo de visibilizar ante los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, y los y las representantes de los Estados, la realidad de derechos humanos que se vive en este país previo al IV ciclo del EPU, donde Cuba será evaluada en noviembre de este año. 

En 2018, el Estado cubano fue revisado por última vez durante el III ciclo del Examen Periódico Universal. En aquel momento, Cuba recibió 339 recomendaciones, de las cuales aceptó 226, tomó nota de 83 y rechazó 30. Para dar seguimiento a la implementación de estas recomendaciones, varias organizaciones de la sociedad civil independiente realizaron  informes alternativos y los enviaron para ser considerados  en el nuevo ciclo del EPU.

El conversatorio de este miércoles 30 de agosto permitirá que los y las asistentes conozcan más información sobre lo que ocurre en la Isla luego de cinco años de haber sido evaluada en el último EPU. 

Desde Raza e Igualdad resaltamos la importancia de propiciar este tipo de espacios para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en Cuba. Hacemos un llamado a los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, y a los y las representantes de los Estados, para que escuchen los pedidos de las organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba, y condenen la represión, el hostigamiento, y las distintas formas de violencia que se documentan a diario en este país.

“Buscamos otra Cuba”, exposición de arte en conmemoración de las protestas del 11J

Miami, 29 de junio de 2023 – Este jueves 6 de julio, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conmemora en Miami (Estados Unidos) los dos años de las protestas pacíficas de julio de 2021 (11J) en Cuba, las más multitudinarias que se hayan registrado en la Isla en los últimos años. Lo hará a través de ‘Buscamos otra Cuba’, nombre de la exposición de arte realizada en conjunto con la organización Civil Rights Defenders y el productor cubano Anyelo Troya, que refleja las luchas de quienes han sido víctimas de la represión, y de la violencia ejercida por parte del Estado.

La exposición que inicia a la 6:30 p.m. y se llevará a cabo en la galería Hodler (257 NW 24th St, Miami, FL 33127), es una radiografía sobre el día a día en Cuba, las manifestaciones, los casos de hostigamiento, las historias de personas privadas de la libertad por motivos políticos, y sus familias; y los relatos de cubanos y cubanas que sueñan con un país distinto, los mismos que buscan una Isla libre. Quienes deseen participar, podrán hacerlo registrándose en este enlace.

“‘Buscamos otra Cuba’ surge a partir del nombre de un poema escrito por una persona encarcelada por marchar en las protestas del 11J. En él se relata que la palabra ‘Libertad’ es la consigna de quienes permanecen en prisión por exigir sus derechos en Cuba”, afirma Carlos Quesada, irector Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 se extendieron por toda Cuba, gracias a las redes sociales que permitieron propagar la noticia de que un grupo de personas en San Antonio de los Baños, municipio de la provincia de Artemisa, había salido a las calles a manifestarse contra el Estado, en respuesta a la grave crisis económica, social y política, que todavía afecta a la ciudadanía cubana.

Las manifestaciones, que luego fueron brutalmente reprimidas por las autoridades de este país, dejaron un saldo de 1 555 personas detenidas de forma arbitraria, de las cuales 681 continúan encarceladas, de acuerdo con la organización Justicia 11J[1].

Desde Raza e Igualdad invitamos a las personas que residen o visitan Miami, que asistan a la exposición de arte ‘Buscamos otra Cuba’, con la que conmemoramos los dos años de las protestas del 11J, y vamos a exigir al Estado de Cuba que libere a las personas privadas de la libertad por motivos políticos. También haremos un llamado al cese de la represión y de todas las formas de violencia ejercidas contra las voces disidentes. Recordaremos a quienes ejercieron su legítimo derecho a manifestarse en 2021, quienes sueñan con un país en libertad. 

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[1] Detenciones políticas – Justicia 11J. Publicado el 7 de junio de 2023. Disponible: https://us17.campaign-archive.com/?u=4bd0b7d67e3a80c4ad07b3deb&id=59f5d969cf

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