En el Consejo Conjunto, la UE debe responder a la magnitud de la crisis de DDHH en Cuba

En el Consejo Conjunto, la UE debe responder a la magnitud de la crisis de DDHH en Cuba

Washington D.C., 23 de mayo de 2023 – Señor Alto Representante Josep Borrell, en vísperas del próximo Consejo Conjunto entre la Unión Europea (UE) y Cuba del 26 de mayo, nuestras organizaciones le escriben para instarle a garantizar que la UE y Cuba otorgan a los derechos humanos un papel central en sus relaciones, en un momento crucial para los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país.

Nuestras organizaciones siguen documentando1 la continua vulneración por las autoridades cubanas de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en el país, sofocando las voces disidentes y atacando a los defensores y defensoras de los derechos humanos cubanos que sufren hostigamiento y represión por parte de las autoridades cubanas y permanecen excluidos de los espacios en los que actores internacionales y el gobierno cubano toman decisiones que afectan su trabajo y a la situación general de los derechos humanos en el país.

El enfoque del gobierno cubano se ha caracterizado por las leyes restrictivas, la censura y las tácticas de intimidación, con una maquinaria cada vez más robusta para controlar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, mientras que las personas que defienden los derechos humanos se enfrentan a juicios injustos y detenciones arbitrarias. Esta tendencia se ha acentuado con los ataques contra manifestantes desde las protestas sociales del 11 y 12 de julio de 2021, cuando, como no se había visto en décadas, miles de personas salieron a las calles en toda la Isla para exigir un cambio en las condiciones de vida en Cuba.

Las autoridades cubanas se han negado a permitir que diplomáticos de la UE y sus estados miembros, medios de comunicación internacionales u organizaciones de derechos humanos acudan como observadores a los juicios de las personas detenidas durante las protestas del 11 de julio. Estas y sus familiares denuncian diversas violaciones de las garantías procesales, mientras que artistas, intelectuales y otras personas con ideas alternativas están sometidas a niveles alarmantes de vigilancia y restricciones a la libertad de circulación. Según informes, se han reprimido protestas pacíficas tan recientes como las de septiembre y octubre de 2022 con despliegues policiales y militares. Cuba ha ampliado el acceso a Internet, pero, como parte de una política gubernamental para silenciar continuamente la disidencia, las autoridades controlan e interrumpen el acceso a la red en momentos políticamente sensibles, bloqueando regularmente las aplicaciones de mensajería, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos.

Tres destacados activistas, Luis Manuel Otero Alcántara2, Maykel “Osorbo” Castillo Pérez y Jose Daniel Ferrer García3, permanecen encarcelados en Cuba desde mayo de 2023 únicamente por sus convicciones y por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Justicia 11J, un grupo formado en respuesta a la represión de las manifestaciones en julio de 2021 ha registrado la detención de 1.812 personas desde el inicio de las protestas, de las que 768 permanecen en prisión a 11 de mayo de 2023.

Antes del Consejo Conjunto, la sociedad civil cubana también ha planteado muchos de estos motivos de preocupación, entre ellos la situación de la sociedad civil independiente, los presos de conciencia y las personas detenidas por motivos políticos, el respeto de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y circulación, así como la participación política en Cuba y la participación de la sociedad civil independiente en las relaciones entre la UE y Cuba.

En marzo de 2022, la UE respondió a las “condenas desproporcionadas” impuestas a los manifestantes de julio de 2021 pidiendo a las autoridades cubanas que garantizaran y protegieran el derecho a disentir y a manifestarse. La declaración de la UE en el primer aniversario de las protestas también expresa su preocupación por el debido proceso y las penas desproporcionadas en respuesta a las protestas, e insta a las autoridades cubanas a liberar a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos y a dialogar con el pueblo cubano sobre sus legítimas reivindicaciones, tanto por el deterioro de las condiciones de vida como por sus derechos humanos.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) de noviembre de 2022, la UE reiteró este llamado, instando a Cuba a garantizar a su ciudadanía todos los derechos, a ratificar los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU, a cursar una invitación permanente a todos los procedimientos especiales de la ONU y a abrir espacios para un diálogo constructivo e integrador, sin condiciones previas, con todo el espectro de actores de la sociedad civil de la Isla.

Según el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) de 2016 entre la UE y Cuba, el Consejo Conjunto trabaja para “supervisar el cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo y la aplicación del mismo”, incluido “el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y sus protocolos facultativos que sean aplicables a la Partes, y el respeto del Estado de Derecho”, que constituyen un elemento esencial del Acuerdo. La violación de los derechos humanos en Cuba, y en particular los ataques contra manifestantes y defensores y defensoras de los derechos humanos desde julio de 2021, contradice claramente estos compromisos declarados.

La magnitud de la crisis de derechos humanos en Cuba debe ir acompañada de una respuesta proporcional de la UE y sus estados miembros para abordar el alcance y la gravedad de la situación y establecer parámetros de referencia concretos en materia de derechos humanos en sus relaciones con Cuba.

En el Consejo Conjunto, le exhortamos a que lidere a la UE y a sus estados miembros para que se comprometan firmemente con las autoridades cubanas a:

  • Liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos, incluidos sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La UE y sus estados miembros deben plantear los casos de José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, Aymara Nieto, Sissi Abascal Zamora, Donaida Pérez Paseiro y los artistas disidentes Richard Zamora Brito “El Radikal”, María Cristina Garrido Rodríguez y Randy Arteaga-Rivera.
  • Poner fin a la vigilancia y las detenciones arbitrarias continuas de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas, incluido el uso del arresto domiciliario contra voces disidentes.
  • Poner fin al uso excesivo de la fuerza y a las detenciones arbitrarias durante las protestas, y abstenerse de realizar interrupciones de internet que obstaculicen el derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión y el acceso a la información. Las autoridades deben facilitar activamente las reuniones pacíficas, proteger las protestas pacíficas, poner fin a todo uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y garantizar su seguridad.
  • Establecer un marco legislativo nacional para salvaguardar el derecho a la protesta; paralelamente, derogar y reformar los delitos represivos o redactados de manera imprecisa del nuevo Código Penal, así como las leyes que se han utilizado indebidamente contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, manifestantes y miembros de la sociedad civil independiente.
  • Prevenir y combatir la discriminación de cualquier tipo y promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las mujeres, la población afrodescendiente y la comunidad LGBTIQ+.
  • Aprobar con prontitud una ley integral sobre violencia de género que defina protocolos para prevenir y abordar el creciente problema de los feminicidios y la violencia contra mujeres y niñas en Cuba, incluido un mecanismo institucional de protección y seguridad para las supervivientes que sea eficaz, público y transparente.
  • Garantizar el acceso a las organizaciones independientes de derechos humanos para que supervisen la situación de los derechos humanos e informen al respecto, y cursar asimismo invitaciones permanentes a los relatores y relatoras especiales de la ONU, en particular a los que se centran en la libertad de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación, y en la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, facilitando sus visitas a la isla lo antes
  • Atender la necesidad de la población de un mayor acceso a alimentos y medicinas, y actuar para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de la población – preocupaciones en materia de derechos humanos en torno a las que han girado las protestas recientes y La UE y sus estados miembros deben pedir a las autoridades cubanas que redoblen sus esfuerzos para garantizar estos derechos y apoyar las iniciativas genuinas en este sentido.
  • Ratificar el PIDCP, el PIDESC y la Convención Interamericana de Derechos Humanos lo antes posible, aprovechando el próximo Examen Periódico Universal (EPU) del historial de derechos humanos del país como una oportunidad para reafirmar los compromisos de Cuba con todos los
  • Aprovechar la próxima cumbre UE-CELAC de julio para intensificar el compromiso en materia de derechos humanos con Cuba y con toda América Latina y el Caribe, en consonancia con el llamado de la sociedad civil de la región y de la
  • Asegurar que se consulta plenamente a las organizaciones independientes cubanas y europeas de derechos humanos y de la sociedad civil y se facilita proactivamente su participación en todas las tomas de decisiones que les afecten, incluidos los eventos de la sociedad civil relacionados con el diálogo UE-Cuba sobre derechos humanos, la cooperación bilateral y la implementación del ADPC.
  • Utilizar plenamente los mecanismos definidos en el ADPC para garantizar que el gobierno cubano cumpla sus compromisos de respeto de los derechos humanos.

Le agradecemos de antemano su acción para garantizar el respeto y el cumplimiento de todos los derechos humanos para todas las personas en Cuba en este momento crucial.

Amnistía Internacional

Civil Rights Defenders

FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

Front Line Defenders

Human Rights Watch

People in Need

Raza e Igualdad

Organización mundial contra la tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

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1 Amnistía Internacional, Cuba: Carta Abierta al presidente Miguel Díaz Canel Sobre los Derechos Humanos de Personas Presas de Consciencia, 18 de mayo de 2023; Amnistía Internacional, Cuba: Escalada de represión: Amnistía Internacional: Información para el 44 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 5 de noviembre de 2023, 30 de marzo de 2023; Human Rights Watch, Informe Mundial 2023: Cuba, 12 de enero de 2023; Human Rights Watch, Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba, informe, 11 de julio de 2022; Human Rights Watch, Cuba: Detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos, 19 de octubre de 2021; Raza e Igualdad, ¿Cómo entender el 11J y 15N a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos? Un enfoque interseccional, marzo de 2022.

2 Véase Cuba: Observaciones del Alto Representante/ Vice-Presidente Josep Borrell en el Plenario del Parlamento Europeo, 8 de junio de 2021. 3 Véase Cuba: Declaración del Portavoz sobre el caso de José Daniel Ferrer, 27 de febrero de 2020; Resolución del Parlamento Europeo sobre Cuba, en particular el caso de José Daniel Ferrer, 28 de noviembre de 2019.

4 años del 11M en Cuba: ¡Exigimos que cese la represión contra la población LGBTI+ de la Isla!

Washington D.C., 11 de mayo de 2023 – Hoy se conmemoran cuatro años de una manifestación pública en La Habana, Cuba, que terminó con decenas de personas LGBTI+ detenidas y violentadas. El 11 de mayo de 2019, también conocido como 11M, un grupo de cubanos y cubanas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas se alistaba para participar en una conga (baile cubano que se acompaña con tambores) con la que se conmemoraría el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (conmemoración que se lleva a cabo en el mundo cada 17 de mayo); pero este evento se canceló a última hora, generando la indignación de esta población, que ese día igual salió a las calles a exigir sus derechos, sin la aprobación del órgano oficial que coordina esta actividad, el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).

Personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y no binarias se reunieron en aquel entonces en el Parque Central de la capital cubana, y a partir de las 4 de la tarde empezaron a marchar sin un rumbo establecido. Se movilizaron de forma pacífica y realizaron una besatón (nombre que se le da al acto en el que varias personas LGBTI+ se besan en público en señal de protesta), hasta que miembros de la Seguridad del Estado bloquearon la marcha, y agredieron a decenas de manifestantes que se habían aglomerado rápidamente, gracias a una convocatoria realizada a través de las redes sociales.

“El 11M tuvo una connotación importante, sobre todo para un grupo de personas LGBTI+ de la Isla, porque fue la manera de desobedecer al CENESEX, la organización del gobierno que monitorea y controla todos los temas relacionados con las personas con orientación sexual e identidad de género diversas”, afirma la activista cubana Kirenia Núñez, coordinadora de la organización Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

Sin garantías

Han transcurrido cuatro años de esta fecha y las personas LGBTI+ en la Isla continúan sin poder salir a las calles a exigir que se reconozcan sus derechos. La conga por la diversidad no se celebró entre 2019 y 2022, se espera que el próximo miércoles 17 de mayo se lleve a cabo este baile para rechazar todas las formas de violencia contra esta población, que ha sido reprimida en los últimos años.

A partir de 2022, las parejas del mismo sexo pueden casarse y adoptar, gracias a la aprobación del Código de las Familias. Sin embargo, aún hace falta que las autoridades cubanas brinden garantías integrales y suficientes para enfrentar la violencia que afecta a las personas LGBTI+. “La discriminación continúa siendo una realidad en la Isla”, cuenta el activista cubano Isbel Díaz Torres, quien participó en la marcha del 11M, y fue víctima de detención arbitraria.

En este país, una mujer trans permanece recluida en un centro penitenciario masculino desde el 11 de julio de 2021, día en que iniciaron las protestas conocidas como 11J. Brenda Díaz, como es su nombre, cumple una condena de 14 años de cárcel en una prisión donde le cortaron el pelo y, de acuerdo con Isbel, le suspendieron el remplazo hormonal. En la Isla tampoco hay un registro oficial sobre las violencias que padecen las personas con orientación sexual e identidad de género diversas. No hay una Ley Integral contra la Violencia de Género que prevenga y mejore la atención de este tipo de agresiones ejercidas a mujeres lesbianas, bisexuales y trans.

Decenas de activistas independientes LGBTI+ han sido obligados a abandonar la Isla debido a su posición crítica al gobierno cubano. “Varios organizadores de la marcha del 11M, por ejemplo, hoy por hoy permanecen en el exilio”, dice el activista cubano Jimmy Roque Martínez, quien también participó en esta manifestación, y reside en Estados Unidos.

A propósito de los cuatro años de la marcha del 11 de mayo de 2019, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), exigimos que cese la represión contra las personas LGBTI+ de la Isla que luchan por sus derechos. Hacemos un llamado al gobierno cubano para que reconozca la libertad de expresión y de asociación de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, y también garantice los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de esta población.

Díaz-Canel y Ortega: enemigos de la libertad de prensa en América Latina

Washington, D.C. 2 de mayo de 2023. – Hasta mayo de 2023, Cuba y Nicaragua mantienen al menos a tres periodistas encarcelados únicamente por ejercer su labor de  informar a la población sobre las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades. Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, esas personas no podrán ejercer su libertad. Han sido silenciadas.

La cifra es una muestra pequeña de la enorme cantidad de agresiones que estos dos Estados han cometido contra las personas periodistas desde dos momentos históricos vividos por sus poblaciones: abril de 2018 en Nicaragua, cuando la ciudadanía salió masivamente a protestar para pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo del poder; y el 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando sus ciudadanos se manifestaron contra la escasez y la difícil situación política, social,  económica y de derechos que se registra en la Isla. 

En Nicaragua el periodista Victor Ticay fue detenido la mañana del 6 de abril de este año cuando salió a grabar una procesión religiosa en el marco de la conmemoración de la Semana Santa. Desde entonces, la policía al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo no han dado información sobre él ni a sus familiares ni a la opinión pública. 

A 1243 kilómetros de distancia, en Cuba, el periodista Lázaro Valle Roca fue condenado a cinco años de prisión bajo el falso delito de “desacato”, tras publicar el reportaje “Se calentó la Habana, lanzan octavillas conmemorando el natalicio de Antonio Maceo”, que contaba cómo unos mensajes lanzados desde un edificio en La Habana, exigían que  las personas privadas de la libertad por motivos políticos, fueran liberadas de forma inmediata. Él fue detenido en junio de 2021.  

En las prisiones cubanas también se encuentra Jorge Bello Domínguez, a quien se le impuso una pena de 15 años de prisión por haber participado en las históricas protestas de julio de 2021. 

Ticay, Valle y Bello no son los únicos periodistas que han sido privados de libertad. Para febrero de 2023, el régimen de Ortega-Murillo excarceló a un grupo de 222 personas que estaban en prisión por motivos políticos, y las desterró hacia Estados Unidos. 

En ese grupo se encontraban tres  trabajadores de la organización defensora de la libertad de prensa “Fundación Violeta B. de Chamorro” periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza; los directivos del Diario La Prensa, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, detenidos arbitrariamente en 2021 y al menos dos trabajadores de dicho diario y el gerente general  del diario, Juan Lorenzo Holmann, privados arbitrariamente de su libertad en 2022.

Sumado a ellos, al menos 185 periodistas nicaragüenses se encuentran actualmente en el exilio, en países como Estados Unidos, Costa Rica o España, algunos huyeron para evitar la prisión arbitraria tras la aprobación de la Ley de Ciberdelitos a finales de 2020 y otros fueron imposibilitados de regresar por el régimen cuando habían salido a hacer trabajos en otros países. 

El periodista Ángel Gahona fue asesinado en abril de 2018 de un disparo en la cabeza mientras daba cobertura a las protestas en la ciudad de Bluefields. El régimen de Nicaragua intentó inculpar a ciudadanos inocentes y, hasta hoy, no se ha realizado una investigación seria que lleve ante la justicia a los culpables.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) registró de forma parcial que 40 periodistas independientes o que trabajaron o trabajaban en los medios estatales, emigraron durante 2022 a diferentes países como España, Argentina, Uruguay, Paraguay, Alemania, Perú y la gran mayoría a los Estados Unidos.

Según el Informe Anual 2022 presentado en abril de 2023 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua tuvo una intensificación de la escalada represiva en contra de periodistas y medios de comunicación, mientras en Cuba  la represión contra periodistas, artistas y defensores de derechos humanos, constituye un “patrón incesante”.

Cuba y Nicaragua han utilizado leyes para censurar, reprimir, asediar, asaltar y confiscar medios de comunicación, como una política de Estado para silenciar al periodismo independiente y evitar así que las denuncias por violaciones a los derechos humanos lleguen a los organismos internacionales. 

Por ello las cifras de agresiones contra medios y periodistas son tan altas en estos países: entre 2021 y los primeros 10 meses de 2022, la organización Article 19 en su informe ‘Silencio y destierro: El exilio forzado de periodistas independientes en Cuba’, documentó que las y los periodistas sufrieron un total de 246 agresiones; mientras que el ICLEP registró que en la Isla ocurrieron 1637 violaciones a la libertad de prensa durante ese mismo periodo de tiempo, y 208 detenciones arbitrarias sólo el año pasado. De otro lado, en Nicaragua hubo por lo menos 3344 violaciones a la libertad de prensa en los últimos cinco años, según datos de Voces del Sur.

Tanto Díaz-Canel como los Ortega-Murillo conocen el poder de denuncia que tienen los medios independientes, y su afán de silenciar las opiniones diferentes tiene como principal objetivo a los medios de comunicación. A pesar de ello, desde el exilio, las y los periodistas han seguido trabajando, recopilando información sobre las violaciones de derechos humanos, por ejemplo en el caso de Nicaragua, su labor  contribuyó a que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, emitiera un informe contundente en el que calificaba los hechos ocurridos en ese país como crímenes de lesa humanidad. 

El trabajo de las y los periodistas de denunciar, documentar y divulgar las violaciones de derechos que ocurren en Cuba y Nicaragua es esencial para la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas y los eventuales procesos de justicia  a los que deberán someterse tanto los dirigentes de esos gobiernos como quienes ejecutaron sus órdenes en contra de una ciudadanía que no ha hecho más que resistir cívicamente la represión de ambos regímenes. 

Por ello, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condenamos la cárcel,  el exilio, el destierro y el despojo de la nacionalidad al que son sometidas las personas periodistas en estos países y celebramos que, a pesar de las dificultades, los micrófonos y las cámaras siguen recogiendo los testimonios de las víctimas que exigen verdad, reparación y justicia,  y que contribuyen a la creación de memoria histórica de ambos países. 

El tiempo ha demostrado que la censura no puede ganarle a la divulgación de la verdad y que las políticas represivas de ambos Estados sólo fortalecen la credibilidad de los medios de comunicación independientes. 

¡No más censura! ¡Cese  la represión contra el periodismo independiente!

Documental Dos Patrias: Un filme sobre las violaciones a los DDHH en Cuba

Washington D.C., 4 de abril de 2023 – “Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche, ¿o son una las dos?”. Con este fragmento de uno de los poemas más conocidos del político cubano José Martí, inicia el documental Dos Patrias, una producción del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Producciones La Tiorba, que reflexiona sobre las violaciones a los derechos humanos que se registran en Cuba.

El filme de 70 minutos se presentó públicamente a mediados del pasado mes de marzo en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en la ciudad de Miami (EEUU), y revela imágenes y testimonios de personas que han sufrido la represión de las autoridades cubanas.

“El documental ‘Dos patrias’ aborda las vivencias de tres activistas: Eduardo Cardet, Xiomara Cruz y Aymara Nieto, quien cumple una condena de cinco años de prisión por su posición crítica al gobierno de Cuba. Sus luchas reflejan a muchas personas de la Isla que han sido y son hostigadas y violentadas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica”, afirma Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

El filme, que se presentará a finales de abril en Bruselas, Bélgica, detalla cómo estas tres personas han perdido su libertad por exigir que Cuba sea libre, lo que para la directora y productora de ‘Dos patrias’, Hilda Hidalgo Xirinachs, “es una paradoja irresoluble”.

“Durante la investigación para esta producción descubrí que Xiomara estuvo en prisión 1215 días, Eduardo 1095 y Aymara lleva más de 1600 días en la cárcel. Esto, y en general todo el proceso de hacer este documental fue descarnado para mí”, dice Hidalgo, una costarricense que también estudió cine en la Isla.

Con el documental ‘Dos patrias’, desde Raza e Igualdad denunciamos que las autoridades cubanas desconocen los derechos fundamentales de las personas que residen en la isla, y evidenciamos que activistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas independientes, son víctimas de la represión ejercida desde el Estado. Exigimos al gobierno de este país que cesen todas las formas de violencia contra las voces críticas y disidentes, y que se liberen de inmediato a las personas privadas de la libertad por motivos políticos.

En Europa, activistas de Cuba denuncian violaciones a los DDHH registradas en la Isla

Washington D.C., 30 de marzo de 2023 – Tres activistas de Cuba: Alain Espinosa, abogado de la organización Cubalex; Frisia Batista, coordinadora de la Red Femenina de Cuba; y Darcy Borrero, integrante del grupo de trabajo Justicia 11J, estuvieron del 16 al 21 de marzo en las ciudades de Ginebra, en Suiza, y Bruselas, en Bélgica, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla, especialmente luego de las protestas pacíficas de julio de 2021, también conocidas como 11J.

Con el apoyo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Alain, Frisia y Darcy se reunieron con representantes de Naciones Unidas, de la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil en Europa, con quienes dialogaron sobre el incremento de los casos de feminicidio, la falta de una Ley integral contra la violencia de género, las recomendaciones del Examen Periódico Universal de 2018 que fueron incumplidas por el Estado cubano, la crisis migratoria, el desabastecimiento de alimentos, los cortes de internet, la represión a personas defensoras de derechos humanos, las desapariciones forzadas de corta duración, y las personas privadas de la libertad por motivos políticos en la Isla.

“Visibilizar la situación de derechos humanos ante estos órganos tiene una importancia crucial en la búsqueda de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de las obligaciones del gobierno de Cuba, y garantizar el respeto de las libertades individuales a los ciudadanos”: afirma Espinosa.

La coordinadora de la Red Femenina de Cuba, por su parte, asegura que la organización que representa hizo un pedido de recomendaciones a la comunidad internacional en Naciones Unidas y en el Parlamento Europeo, para que el Estado cubano apruebe pronto una Ley contra la violencia de género. “Este estatus de ley crearía las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención que sea realmente efectivo para la ciudadanía”, agrega Batista.

Durante las reuniones que se llevaron a cabo en ambas ciudades, los activistas también se refirieron a las más de 1.800 personas que han sido detenidas después de las protestas del 11J. De esta cifra, de acuerdo con Barrero, todavía permanecen en prisión más de 600 cubanos y cubanas. “Es importante que en Europa y en cualquier otra parte del mundo se sepa que hay defensores de derechos humanos pendientes de la situación de los presos políticos en Cuba, y que esa realidad se ponga en la agenda”, cuenta la integrante del grupo de trabajo Justicia 11J.

Con las denuncias que se hicieron en Europa, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se exija al Estado de Cuba el reconocimiento de los derechos fundamentales de cada una de las personas que residen en la Isla, independientemente de su posición política, creencia religiosa, color de piel, y orientación sexual e identidad de género. Desde Raza e Igualdad seguiremos impulsando acciones para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla, y para lograr que mejoren las condiciones de vida de los cubanos y las cubanas.

31M Visibilidad Trans: ¿Qué ocurre con las personas trans en los contextos de crisis políticas y regímenes autoritarios?

Washington D.C., 31 de marzo de 2023.– Hoy, Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) subraya y reconoce que, en la región, los diversos contextos de crisis política y social, de crisis democrática y regímenes autoritarios generan un impacto diferenciado en grupos determinados en situación de vulnerabilidad, como las personas trans y de género diverso, aún más cuando presentan o confluyan factores como la condición socioeconómica, raza, condición migratoria y edad.

Las personas LGBTI+, y en específico las personas trans, sufren sistemáticamente vulneraciones a sus derechos humanos en diferentes aspectos de su vida, pero en regímenes autoritarios o en contextos políticos y sociales complejos, se agudiza esta situación e incluso con retrocesos legislativos y vacíos legales; por lo que es más difícil tener garantía del respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, se incrementan los niveles de impunidad en los crímenes de odio y, muchas veces, la violencia y la discriminación es perpetrada por funcionarios públicos.

En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, hubo un aumento de los discursos de odio contra la población LGBTI+, que afectaron específicamente a la población trans. El avance de la extrema derecha, vinculada a grupos religiosos conservadores, fortaleció la agenda anti-trans, que se institucionalizó, ganando espacio en discursos oficiales del Gobierno. Los grupos fundamentalistas anti derechos que persiguen y mienten sobre la diversidad de género, llamándola «ideología de género», han construido un discurso violento, que coloca a las personas trans como enemigas, impidiendo la construcción de políticas públicas dirigidas a los derechos de esta población. “Además, atentan contra derechos que ya fueron conquistados como el respeto a un nombre social y a un género auto declarado en establecimiento públicos y privados o el uso del baño de acuerdo con tu género”, mencionó Gab Van, representante de la Liga Transmasculina João W. Nery.

En 2022, Brasil siguió, por 14º año consecutivo, en la cima del ranking de asesinatos de personas trans. Según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 131 personas trans fueron asesinadas en Brasil en 2022, 130 mujeres trans y 1 persona transmasculina. Al menos el 76 por ciento de las víctimas eran negras[1].

Perú, actualmente, vive una grave crisis institucional, política y social. Luego del intento del golpe al Congreso de parte del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la posterior asunción de Dina Boluarte al Ejecutivo, diversos sectores de la sociedad desconocen el gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. Esto ha generado una serie de protestas a nivel nacional provocando 67 muertes, 1335 personas heridas[2], detenciones arbitrarias, allanamientos arbitrarios y una serie de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Gobierno y de las fuerzas policiales y militares. En este contexto, la situación de la población trans se agudiza y relega; además de percibirse una mayor sensación de impunidad sobre los crímenes de odio. Solo en el primer mes y medio, se reportaron 8 asesinatos de mujeres trans[3], las cuales fueron calificados como muertes violentas. “En tanto no exista una ley de identidad de género, este sistema nos seguirá oprimiendo porque no nos reconoce como mujeres y tampoco podemos ejercer una ciudadanía plena y responsable”, mencionó Alejandra Fang, integrante de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans.

A la fecha, no existe un registro oficial de las violencias y crímenes de odio cometidos contra las personas trans y de género diverso; la poca información conocida hasta el momento es obtenida a través de los medios de comunicación y de las organizaciones trans de sociedad civil que hacen esfuerzos por alimentar un registro. De la misma manera, los estudios y análisis políticos y los informes sobre vulneraciones de derechos humanos, no hacen referencia sobre la situación y la afectación diferenciada en la actual crisis institucional, política y social sobre la vida de las personas trans y de género diverso.

En el caso de Nicaragua, el contexto de crisis sociopolítica y de derechos humanos, en la cual impera la censura y la impunidad por las graves violaciones y abusos a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales y paraestatales, no hay acceso a cifras oficiales sobre los casos de violencia contra personas trans; sin embargo,  según testimonios recabados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), los liderazgos feministas, organizaciones y grupos de mujeres (en toda su diversidad) han sido un blanco especial de ataques contra la sociedad civil[4].

El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por motivaciones políticas, mantuvo encarceladas al menos a 4 mujeres trans en centros penitenciarios para hombres, negándoles el acceso a su terapia hormonal y exponiéndoles a riesgos diferenciados por razón de su género. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas -en la Opinión 12/2021- se pronunció sobre el caso de una activista trans que fue apresada arbitrariamente en el segundo aniversario de la crisis sociopolítica, obligada a permanecer recluida en un centro penitenciario de varones y condenada a 13 años y 2 meses de prisión por “secuestro extorsivo agravado” y “obstrucción de funciones agravada”. “Se ignoró su condición de persona trans como forma de humillación en su contra”, concluyó el Grupo en su Opinión. Finalmente, la activista fue excarcelada en el año 2021, pero el Estado nunca informó sobre el levantamiento de los cargos en su contra, ni sobre las garantías de reparación por los daños cometidos.

Algo similar ocurre en Cuba. La detención de Brenda Díaz, una mujer trans de 28 años que permanece recluida en un centro penitenciario masculino, revela la grave situación que enfrentan las personas con identidades de género diversas en la Isla. A ella la detuvieron por participar en las marchas pacíficas de julio de 2021 porque, según las autoridades de este país, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones públicas[5]. Víctima de todo tipo de discriminación y violencia dentro de esta prisión, Brenda cumple una condena de 14 años de cárcel.

En este país, las personas con identidades de género diversas pueden cambiar el marcador de género en los documentos de identidad solo si la persona solicitante se ha sometido a una cirugía de afirmación de género, de acuerdo con la base de datos de la organización Ilga Mundo[6], que también recopila otras medidas adoptadas por el gobierno cubano para proteger a esta población, pero que, según las personas trans, no trascienden y se quedan en el papel. De igual manera, organizaciones de mujeres afirman que hace falta una Ley contra la violencia de género, que prevenga y mejore la atención de la violencia machista, que también afecta a esta población.

En el caso de Colombia, en el marco del Paro Nacional del 2019-2020, Colombia Diversa ha documentado que la mayoría de las víctimas de violencia policial, amenazas y homicidios fueron mujeres trans[7]. De acuerdo a Caribe Afirmativo, al igual que en 2019, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. En Valle del Cauca, por ejemplo, se reportó amenazas y represión por parte de la policía e impedimentos de manifestaciones en espacios públicos[8]. Además, el Ministro de Defensa de entonces, Diego Molano, criminalizó los liderazgos sociales de personas LGBTI+ en el Cauca, señalándoles como integrantes de organizaciones criminales y ofreciendo una millonaria recompensa a quien diera información sobre ellos.

Al respecto, Bicky Bohorquez, integrante de Somos Identidad, se refirió sobre importancia de la seguridad personal de las personas trans en las manifestaciones: “Para promover la participación y visibilización de las personas trans en espacios de reivindicación social, como la protesta social, hay que tener en cuenta que estos deben ser espacios seguros para nosotras como personas trans. No puede quedar por fuera estrategias como escuchar y aprender de nuestras experiencias, la sensibilización y la educación”.

Las personas trans en la región están expuestas a situaciones de mayor peligrosidad y vulnerabilidad cuando sus países se encuentran en contextos políticos y sociales críticos. No solo porque, en general, su condición de vida se agudiza sino porque su participación como actores políticos puede poner en riesgo su integridad física y mental, sobre todo en marcos de protestas y Estados de Emergencias.

Por todo lo anterior, Raza e Igualdad desea elevar algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el  Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (2020):

  • Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  • Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
  • Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
  • Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
  • Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
  • Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

[1] ANTRA (2022). Expediente Asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños. Disponible en https://antrabrasil.files.wordpress.com/2023/01/dossieantra2023.pdf

[2] Defensoría del Pueblo (2023) Crisis Política y Protesta Social. Reporte Diario. Disponible en https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario2332023_17-horas.pdf

[3] Presentes (2023). Perú: Por primera vez miles de personas marcharon en Lima contra los transfemicidios. Disponible en https://agenciapresentes.org/2023/02/23/peru-por-primera-vez-miles-de-personas-marcharon-en-lima-contra-los-crimenes-de-transodio/

[4] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2023). Conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Disponible en https://informenicaragua.org/wp-content/uploads/2023/03/A_HRC_52_CRP5_Spanish.pdf

[5] Race and Equality (2022). Cuatro historias de personas detenidas por reclamar cambios en Cuba. Disponible en http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuatro-historias-de-personas-detenidas-por-reclamar-cambios-en-cuba/

[6] Ilga database: https://database.ilga.org/cuba-lgbti-es

[7] Colombia Diversa (2020). 2020, el año con la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra personas LGBT. Disponible em https://colombiadiversa.org/blogs/2020-el-ano-con-la-cifra-mas-alta-de-violencia-policial-asesinatos-y-amenazas-contra-personas-lgbt/

[8]Caribe Afirmativo (2021). Violencias contra personas LGBT a 20 días de Paro Nacional. Disponible en https://caribeafirmativo.lgbt/violencias-contra-personas-lgbt-a-20-dias-de-paro-nacional/

Crear una Ley contra la violencia de género, la petición que hacen las mujeres de Cuba

Washington D.C., 9 de marzo de 2023. El pasado 4 de febrero, Leidy Bacallao[1], de 17 años, fue asesinada por su expareja. Murió dentro de una estación de policía en la provincia de Camagüey, luego de que el hombre de 50 años le propinara varias heridas con un arma blanca. Su nombre y el de otras 15 mujeres cubanas hacen parte de la cifra de feminicidios que se han registrado en la Isla hasta el 28 de febrero de 2023, de acuerdo con el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas[2]. Entre 2019 y febrero de este año, 129 mujeres en este país han sido víctimas de este tipo de violencia, según la plataforma Yo sí te creo en Cuba[3].

Los datos sobre las circunstancias y el número de feminicidios que han ocurrido en la Isla en los últimos años son recopilados por organizaciones independientes de mujeres en la Isla, quienes, a su vez, consideran que hay un gran subregistro debido a la falta de información suministrada por las entidades del Estado cubano. “Pasa que los delitos contra las mujeres por razones de género, no se visibilizan como tal por parte del gobierno… Al no existir en Cuba una ley contra la violencia de género que ampare y nos proteja a todas, estas cifras oficiales no existen”, afirma Zuleidys Pérez Velásquez, integrante de la organización cubana Plataforma Femenina.

Ella es una de las activistas que exige a las autoridades de este país, que se impulse una Ley contra la violencia de género que prevenga y mejore la atención de casos de violencia contra la mujer.

La Red Femenina de Cuba lanzó en noviembre del año pasado una campaña[4] para exigir al gobierno de la Isla una Ley integral que proteja a las mujeres, independientemente de su posición política, orientación sexual e identidad de género, creencia religiosa, raza y edad. La organización solicitó que esta norma promueva la educación sexual y afectiva, establezca rutas para salvaguardar la vida de las cubanas, y sobre todo comience a regir antes de 2028, año en el que, según las autoridades de Cuba, estaría lista una Ley con enfoque de género, que le haría frente a este tipo de violencias; pero que las organizaciones piden que se impulse y comience a regir a partir de este año, debido a las cifras de feminicidio y a los casos de violencia machista que se registran a diario en este país.

“Cuando una mujer denuncia que ha sido golpeada y agredida psicológicamente, que son muy pocas veces porque sienten miedo y piensan que al final no se resuelve nada, puede ser que la policía salga, busque y encuentre al agresor. Entonces, cuando lo encuentra le pone una multa y le hace una carta de advertencia. La multa puede ser de 30 o de 50 pesos cubanos (menos de un dólar estadounidense). Esa es la medida que se toma: una multa y una carta de advertencia que dice que no se puede volver a caer en lo mismo, y al final de la jornada el sujeto va para su casa, y en muchas ocasiones va para la misma casa donde está la mujer víctima. No hay ningún tipo de protección”, dice Eroises González, directora de Plataforma Femenina.

El nuevo Código Penal de Cuba, que rige a partir de diciembre del año pasado, sanciona el asesinato de una mujer como consecuencia de la violencia de género, con pena de prisión de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte[5]. Sin embargo, en ninguna parte de esta norma se incluyó el feminicidio como delito autónomo, y -por mencionar solo un ejemplo- la mayoría de las 36 muertes a mujeres cubanas que se registraron el año pasado (de acuerdo con Alas Tensas[6]), fueron cometidas por sus exparejas, quienes no han sido judicializados. Casi todas se encuentran impunes, de acuerdo con Pérez, quien documenta casos de agresiones y violencia contra las mujeres en la Isla.

El Código de las Familias, que fue aprobado en septiembre de 2022, incorpora pautas para la distribución equitativa del trabajo doméstico y las tareas del cuidado, y también establece sanciones para quienes ejercen violencia intrafamiliar, pero no se refiere como tal a las distintas formas de violencia que sufren las mujeres en la Isla, que afectan de manera diferenciada a las afrocubanas, a las defensoras de derechos humanos, y a quienes tienen una orientación sexual e identidad de género diversas.

Las mujeres cubanas, mientras tanto, conmemoraron este 8 de marzo de forma virtual, debido a que las autoridades de este país prohibieron todo tipo de manifestaciones públicas después de las marchas pacíficas de julio de 2021, también conocidas como 11J, que desencadenaron más de mil detenciones en toda la Isla, y todavía mantienen -injustamente- a más de 600 personas en prisión.

Desde Raza e Igualdad exigimos al gobierno de Cuba que escuche las voces de las cubanas, que solicitan con urgencia una Ley Integral contra la Violencia de Género, que prevenga estos hechos y garantice los derechos de las mujeres en la Isla. También solicitamos que se reconozcan los derechos a la libertad de expresión y a la protesta, para que las mujeres en Cuba puedan manifestar su rechazo y condena a la violencia machista, que ha cobrado la vida de más de 100 cubanas en los últimos cuatro años.  

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[1] Un nuevo femicidio sacude a Cuba: una joven fue asesinada por su pareja en una estación de policía. 6 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/02/07/un-nuevo-femicidio-sacude-a-cuba-una-joven-fue-asesinada-por-su-pareja-en-una-estacion-de-policia/

[2] Dos nuevos feminicidios en Cuba en medio de grave crisis por violencia de género. 1 de marzo de 2023. Disponible en: https://alastensas.com/observatorio/dos-nuevos-feminicidios-en-cuba-en-medio-de-una-crisis-de-violencia-de-genero/

[3] Feminicidios en Cuba. 28 de febrero de 2023. Disponible en: https://twitter.com/YoSiTeCreoCuba/status/1630596913824165892?s=20

[4] #LeyDeGéneroYa. 14 de noviembre de 2022. Disponible en: https://leydegeneroya.org/

[5] Raza e Igualdad alerta sobre nuevo Código Penal que recrudece la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales. 14 de junio de 2022. Disponible en: http://oldrace.wp/es/cuba-es/raza-e-igualdad-alerta-sobre-nuevo-codigo-penal-que-recrudece-la-criminalizacion-del-ejercicio-de-derechos-fundamentales/

[6] Feminicidios en Cuba en 2022. 9 de marzo de 2023. Disponible en: https://twitter.com/AlasTensas/status/1610629576857686016?s=20

Raza e Igualdad celebra que la CIDH haga seguimiento a las medidas cautelares a favor de las activistas cubanas Kirenia Núñez y María Matienzo

Washington D.C., 2 de marzo de 2023 – Luego de que el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentara a finales del año pasado una actualización sobre la grave situación de derechos humanos que viven las activistas María Matienzo y Kirenia Núñez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el pasado 26 de febrero la Resolución de Seguimiento 9/2023[1], en la cual solicita una vez más al Estado de Cuba cumplir las medidas cautelares[2] a favor de las defensoras de derechos humanos, que inicialmente fueron otorgadas el 14 de marzo de 2021. La resolución también establece que se tenga en cuenta un impacto diferencial, pues no solo han sido violentadas por su posición crítica al gobierno, también por una multiplicidad de factores de vulnerabilidad, como ser mujeres y ser parte de la población LGBTI+.

La CIDH solicita al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de María y Kirenia, quienes son pareja y tuvieron que abandonar la Isla en agosto del año pasado debido a la represión ejercida por las autoridades cubanas, para trasladarse a Buenos Aires, Argentina[3], donde se encuentran en la actualidad.

La Comisión también ordenó que el gobierno cubano garantice que las activistas puedan desarrollar sus actividades como defensoras de derechos humanos y, en el caso de María Matienzo, como periodista independiente, sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación y hostigamiento en el ejercicio de sus labores. Todo esto con un enfoque de género y LGBTI+.

“Que la CIDH se pronuncie nuevamente a favor de nuestro caso está muy en correspondencia con nuestros planes futuros, que son regresar a la Isla. Aún seguimos en total vulnerabilidad porque allí están nuestras vidas y nosotras no pretendemos abandonarlas así de fácil. Estamos agradecidas, y hablo por las dos, de que la Comisión se haya pronunciado no solo por la violencia que hemos vivido como ciudadanas y seres humanas, sino también como pareja. Eso es muy importante porque uno de los mecanismos que ha usado la seguridad del Estado contra nosotras, es desconocernos como pareja”, dice Matienzo.

Raza e Igualdad celebra que la CIDH haga seguimiento a las medidas cautelares otorgadas a favor de María y Kirenia, y que solicite al Estado de Cuba que proteja sus derechos con un enfoque de género.   “Es muy relevante que la Comisión haya reconocido el impacto diferenciado de la discriminación y represión que sufren por ser defensoras, mujeres y una pareja lésbica. Esta Resolución ayuda a crear estándares en materia de protección para las familias diversas, y ciertamente es muy importante el seguimiento de la CIDH, ya que continúan sufriendo estas violencias”, afirma Zuleika Rivera, oficial senior del Programa LGBTI del Instituto.

Desde Raza e Igualdad solicitamos al gobierno de Cuba que adopte las medidas otorgadas por la CIDH para salvaguardar los derechos de ambas activistas, quienes desean regresar a la Isla. También exigimos a las autoridades de este país que reconozcan los derechos fundamentales de cada una de las personas que residen en el territorio, especialmente de quienes se declaran críticas a las políticas implementadas por el Estado. Continuaremos dándole seguimiento al caso de María Matienzo y Kirenia Nuñez, y seguiremos monitoreando la situación que viven las personas LGBTI+ en la Isla.

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[1] Medidas Cautelares No. 552-20. María de los Ángeles Matienzo y Kirenia Yalit Núñez Pérez respecto de Cuba

26 de febrero de 2023 (Seguimiento). Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2023/res_9-23_mc_552-20_cu_es.pdf

[2] Medidas cautelares No. 552-20. María de los Ángeles Matienzo Puerto y Kirenia Yalit Núñez Pérez respecto de Cuba 14 de marzo de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_26-21_mc_552-20_cu_es.pdf

[3] “De Cuba se extraña todo”: activistas forzados al exilio. 13 de febrero de 2023. Disponible en: http://oldrace.wp/es/cuba-es/de-cuba-se-extrana-todo-activistas-forzados-al-exilio/

“De Cuba se extraña todo”: activistas forzados al exilio

Washington D.C., 13 de febrero de 2023 – Durante el 2022, más de 270.000 personas provenientes de Cuba llegaron por tierra y mar a los Estados Unidos, según la aduana estadounidense y la guardia costera de este país[1]. Cerca de 70 migrantes cubanos y cubanas murieron o desaparecieron en el Caribe, la gran mayoría debido a las malas condiciones climáticas que dificultan la navegación y el uso de embarcaciones que no son aptas para navegar en alta mar, de acuerdo con el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[2].

Las cifras de personas que salieron de la Isla en 2022 superaron las olas migratorias pasadas: la ocurrida tras el triunfo de la Revolución Castrista entre 1959 y 1962, en el que 250.000 ciudadanos fueron expatriados; la llevada a cabo en 1980 en el puerto del municipio de Mariel, donde salieron unos 125.000 cubanos y cubanas; y la crisis de los balseros en 1994, en el que más de 30.000 personas abandonaron el país[3].

La mayoría de las personas provenientes de Cuba han salido de la Isla por la grave crisis económica, el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos, la falta de empleo, y la difícil situación política y social, que ha empeorado luego de las históricas protestas ciudadanas de julio de 2021, también conocidas como 11J. Sin embargo, existe un grupo de cubanos y cubanas que han emigrado porque han sido obligados/as al exilio. Activistas, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, artistas, juristas, y personas críticas con el gobierno han sido forzadas a abandonar la Isla en los últimos años[4], a cambio de no ser enjuiciadas y encarceladas, especialmente luego de que entrara en vigor el nuevo Código Penal, que recrudece la criminalización a las personas y organizaciones que luchan dentro del país por el reconocimiento de los derechos humanos.[5]

Ellos y ellas, que ya no están en Cuba, se encuentran en Estados Unidos y en otros países con el propósito de comenzar una vida donde se sientan libres y sin miedo.

Con atención psicológica en Argentina

La escritora y periodista independiente, María Matienzo; y su pareja, la activista Kirenia Núñez, llegaron el 22 de agosto del año pasado a Buenos Aires, Argentina. Allí se instalaron luego de huir de la represión y el hostigamiento constante que venían sufriendo a raíz de las denuncias que realizaron en contra del gobierno cubano. “Fuimos detenidas en muchas ocasiones en La Habana, y si agrupamos todas las veces de retención, tendríamos un año de privación de libertad”, dice Matienzo, quien permanece en este país gracias al apoyo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), organización que también le ha permitido recibir atención psicológica.

“No he logrado disfrutar (Buenos Aires) como he querido. He estado muchísimo tiempo recuperándome, no es tan fácil como la gente piensa. De hecho, los primeros días cuando llegamos acá había muchos policías en la calle, que apenas nos miraban. Pero igual no pudimos evitar sentirnos nerviosas”, afirma María, quien junto con Kirenia permanecen de forma irregular en Argentina.

A la espera de un asilo político en Alemania

La historia de María y Kirenia es muy similar a la del activista Jancel Moreno y su pareja Wilfredo Carmenate, quienes tuvieron que salir de la Isla el 13 de septiembre de 2022. Con una mochila sobre las espaldas arribaron a Frankfurt, Alemania, donde han solicitado asilo político y han tenido que demostrar cómo el gobierno cubano amenazaba a Jancel con llevarlo a prisión, y dejó de suministrar los medicamentos que toma Wilfredo para tratar una artrosis de cadera, que le aqueja desde hace varios años.

Entre julio y septiembre del año pasado, Jancel fue hostigado aproximadamente tres veces por la Seguridad del Estado. Le dijeron que, si no renunciaba públicamente al activismo y salía de Cuba, sería acusado por los delitos de “mercenarismo, incitación a delinquir, usurpación de funciones y propaganda enemiga”. Todo esto mientras amenazaban a su pareja con procesarlo por el delito de “actividad económica ilícita”.

Jancel y Wilfredo permanecen en un campo para personas migrantes en la ciudad de Zirndorf. Están esperando que el gobierno alemán les dé una respuesta a la solicitud de asilo político, que podría conocerse luego de un año; mientras tanto, aprenden el idioma de este país europeo, y esperan ser trasladados a otra zona de Alemania.

Sobreviven en Estados Unidos

El periodista independiente Orelvys Cabrera y su pareja Yunior Pino también fueron forzados a abandonar la Isla. “El 19 de diciembre de 2021 salí de Cuba porque fui amenazado luego de que me dijeran que podrían acusarme de una serie de delitos que sumaban unos 30 años de cárcel. Me dieron un ultimátum: si estás aquí el 5 de enero de 2022, serás judicializado. Entonces, mi pareja y yo vendimos todo y nos fuimos a Moscú”, afirma Orelvys.

En la capital de Rusia estuvieron tres meses, hasta que Orelvys fue nuevamente hostigado, esta vez por denunciar las violaciones a los derechos humanos que sufren migrantes de Cuba en este país asiático. De allí se trasladaron a Egipto, donde una organización internacional les informó que el Parlamento de la República Checa les había otorgado un asilo político, entonces viajaron a ese territorio. Pero al cabo de un tiempo, notaron que era muy difícil aprender checo (idioma oficial en este país), y por ende encontrar un trabajo; entonces decidieron irse a México, y allí atravesaron la frontera con Estados Unidos y se entregaron a las autoridades norteamericanas el 28 de marzo del año pasado.

Orelvys y su pareja se encuentran en Miami protegidos por el formulario I-220A, que impide que sean deportados o llevados a prisión. Ambos están en espera que un juez de migración les otorgue un asilo político.

Se acogió a la Ley de Ajuste Cubano

La historiadora del arte Claudia Genlui es otra de las activistas que fue forzada al exilio. Ella salió de Cuba el 1 de noviembre de 2021, cuatro meses después de las protestas pacíficas del 11J. Llegó a Miami, Estados Unidos, luego de ser asediada constantemente por la Seguridad del Estado, que la vigilaba y hostigaba por denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla, y por ser integrante del Movimiento San Isidro, colectivo de artistas cubanos y cubanas fundado por su pareja, el artista de performance y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple una condena de cinco años de prisión por exigir el cumplimiento de los derechos humanos.

“Pensar Cuba es esa herida abierta que siempre está ahí. Yo todavía no he logrado dar un paso al frente sobre eso, es extremadamente doloroso para mí, sobre todo porque yo nunca deseé salir… De Cuba se extraña todo”, afirma Genlui, quien asegura también que fue difícil dejar a Luis Manuel, y a su familia en general, especialmente a su abuela, una mujer de más de 80 años que vivía con ella antes de su partida.

Claudia se acogió a la Ley de Ajuste Cubano, una ley federal que permite solicitar la residencia estadounidense luego de estar un año y un día en el país norteamericano. Ella está a la espera de una respuesta por parte del gobierno de este país, mientras tanto estudia inglés.

Las historias de María, Kirenia, Jancel, Wilfredo, Orelvys, Junior y Claudia, representan a cientos de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y críticos del gobierno cubano que han sido obligados a salir de Cuba. Ellos y ellas han sido forzados a dejar sus familias para adentrarse a países con idiomas, culturas y tradiciones diferentes.

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos exigimos al Estado de Cuba que cese el uso de estrategias de represión como el exilio forzado, y que se reconozcan y garanticen los derechos humanos de cada una de las personas que residen en su territorio. Reiteramos nuestro llamado al gobierno de la Isla para que cumpla las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y exhortamos a la comunidad internacional para que se garantice la protección de las personas migrantes cubanas, independientemente de su estatus migratorio.

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[1] Cuba: 4 razones que explican el histórico éxodo desde la isla a EE.UU. en 2022. Enero 3 de 2023. Disponible: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64104551

[2] En 2022, cifra récord de migrantes desaparecidos en el Caribe. Enero 24 de 2023. Disponible: https://www.iom.int/es/news/en-2022-cifra-record-de-migrantes-desaparecidos-en-el-caribe

[3] Cuba: 4 razones que explican el histórico éxodo desde la isla a EE.UU. en 2022. Enero 3 de 2023. Disponible: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64104551

[4] Cuba: Crisis migratoria y prácticas represivas en el contexto de la movilidad humana. Octubre 27 de 2022. Disponible: http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuba-crisis-migratoria-y-practicas-represivas-en-el-contexto-de-la-movilidad-humana/

[5] Raza e Igualdad alerta sobre nuevo Código Penal que recrudece la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales. Junio 14 de 2022. Disponible: http://oldrace.wp/es/cuba-es/raza-e-igualdad-alerta-sobre-nuevo-codigo-penal-que-recrudece-la-criminalizacion-del-ejercicio-de-derechos-fundamentales/

Cuba, Nicaragua y Venezuela mantienen arbitrariamente más de 1500 personas privadas de libertad por motivos políticos, denuncia Raza e Igualdad

Washington D.C., 23 de enero de 2023 – En el marco de la VII Cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia que Cuba, Nicaragua y Venezuela mantienen la mayor cantidad de personas privadas de libertad por motivos políticos en toda América. En estos tres países, más de 1500 personas han sido o están en proceso de ser sometidas a juicios sin garantías, y tortura física y psicológica.

Cuba es el país que tiene más personas privadas de libertad. Hasta el 10 de enero de 2023, más de 600 personas permanecían detenidas por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021, de acuerdo con cifras del grupo de trabajo Justicia 11J.

Sin embargo, la cifra de cubanos y cubanas que han sido detenidos por exigir sus derechos es aún mayor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló a finales del año pasado que más de mil ciudadanos permanecen en prisión por motivos políticos en la Isla. 

Hasta el 17 de enero de 2023, Foro Penal registró 274 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, el segundo país con mayores registros de este tipo de detención arbitraria, mientras que en Nicaragua la cifra continúa aumentando y a noviembre de 2022, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba más de 235 personas privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos.

Debido a esta situación, Raza e Igualdad está realizando una serie de acciones de denuncia en Argentina, país donde se celebrará la VII Cumbre de la CELAC, para que los jefes de Estado tengan presente que se debe continuar exigiendo la liberación de estas personas.

Como parte de estas acciones estratégicas en el marco de la Cumbre de la Celac en Buenos Aires, hemos instalado 200 carteles verticales a dos caras que están a la altura de la vista de los transeúntes, con un mensaje exigiendo que las más de mil personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela sean liberadas. 

Estos fueron colocados en puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, incluidas las cercanías del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, donde se realizará la Cumbre.

De igual manera, instalamos dos vallas durante un período de tres días (del 20 al 22 de enero); una exigiendo la liberación de las más de 600 personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba y otra por las más de 235 personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua. Estas estuvieron colocadas frente a la Quinta Presidencial de Olivos, la residencia oficial del presidente de Argentina, Alberto Fernández. 

Vallas exigiendo la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba y Nicaragua, colocadas frente a la Quinta Presidencial de Olivos, la residencia oficial del presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Reiteramos nuestro compromiso con las personas privadas de libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela, para que sus historias sean conocidas al igual que las arbitrariedades a las que han sido sometidas. 

Las organizaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela que demandan la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos estarán acompañándonos en las denuncias y exigencias de libertad, y las y los familiares también elevarán su voz ante los medios de comunicación, para que la inmediata liberación  de las personas detenidas arbitrariamente, continúe en la agenda y alcancemos pronto el resultado esperado. 

Desde Raza e Igualdad y las organizaciones aliadas, continuamos realizando acciones de litigio e incidencia ante los órganos internacionales del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, que faciliten el  camino hacia la libertad de todas las personas injustamente privadas de su libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

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