Crear una Ley contra la violencia de género, la petición que hacen las mujeres de Cuba

Washington D.C., 9 de marzo de 2023. El pasado 4 de febrero, Leidy Bacallao[1], de 17 años, fue asesinada por su expareja. Murió dentro de una estación de policía en la provincia de Camagüey, luego de que el hombre de 50 años le propinara varias heridas con un arma blanca. Su nombre y el de otras 15 mujeres cubanas hacen parte de la cifra de feminicidios que se han registrado en la Isla hasta el 28 de febrero de 2023, de acuerdo con el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas[2]. Entre 2019 y febrero de este año, 129 mujeres en este país han sido víctimas de este tipo de violencia, según la plataforma Yo sí te creo en Cuba[3].

Los datos sobre las circunstancias y el número de feminicidios que han ocurrido en la Isla en los últimos años son recopilados por organizaciones independientes de mujeres en la Isla, quienes, a su vez, consideran que hay un gran subregistro debido a la falta de información suministrada por las entidades del Estado cubano. “Pasa que los delitos contra las mujeres por razones de género, no se visibilizan como tal por parte del gobierno… Al no existir en Cuba una ley contra la violencia de género que ampare y nos proteja a todas, estas cifras oficiales no existen”, afirma Zuleidys Pérez Velásquez, integrante de la organización cubana Plataforma Femenina.

Ella es una de las activistas que exige a las autoridades de este país, que se impulse una Ley contra la violencia de género que prevenga y mejore la atención de casos de violencia contra la mujer.

La Red Femenina de Cuba lanzó en noviembre del año pasado una campaña[4] para exigir al gobierno de la Isla una Ley integral que proteja a las mujeres, independientemente de su posición política, orientación sexual e identidad de género, creencia religiosa, raza y edad. La organización solicitó que esta norma promueva la educación sexual y afectiva, establezca rutas para salvaguardar la vida de las cubanas, y sobre todo comience a regir antes de 2028, año en el que, según las autoridades de Cuba, estaría lista una Ley con enfoque de género, que le haría frente a este tipo de violencias; pero que las organizaciones piden que se impulse y comience a regir a partir de este año, debido a las cifras de feminicidio y a los casos de violencia machista que se registran a diario en este país.

“Cuando una mujer denuncia que ha sido golpeada y agredida psicológicamente, que son muy pocas veces porque sienten miedo y piensan que al final no se resuelve nada, puede ser que la policía salga, busque y encuentre al agresor. Entonces, cuando lo encuentra le pone una multa y le hace una carta de advertencia. La multa puede ser de 30 o de 50 pesos cubanos (menos de un dólar estadounidense). Esa es la medida que se toma: una multa y una carta de advertencia que dice que no se puede volver a caer en lo mismo, y al final de la jornada el sujeto va para su casa, y en muchas ocasiones va para la misma casa donde está la mujer víctima. No hay ningún tipo de protección”, dice Eroises González, directora de Plataforma Femenina.

El nuevo Código Penal de Cuba, que rige a partir de diciembre del año pasado, sanciona el asesinato de una mujer como consecuencia de la violencia de género, con pena de prisión de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte[5]. Sin embargo, en ninguna parte de esta norma se incluyó el feminicidio como delito autónomo, y -por mencionar solo un ejemplo- la mayoría de las 36 muertes a mujeres cubanas que se registraron el año pasado (de acuerdo con Alas Tensas[6]), fueron cometidas por sus exparejas, quienes no han sido judicializados. Casi todas se encuentran impunes, de acuerdo con Pérez, quien documenta casos de agresiones y violencia contra las mujeres en la Isla.

El Código de las Familias, que fue aprobado en septiembre de 2022, incorpora pautas para la distribución equitativa del trabajo doméstico y las tareas del cuidado, y también establece sanciones para quienes ejercen violencia intrafamiliar, pero no se refiere como tal a las distintas formas de violencia que sufren las mujeres en la Isla, que afectan de manera diferenciada a las afrocubanas, a las defensoras de derechos humanos, y a quienes tienen una orientación sexual e identidad de género diversas.

Las mujeres cubanas, mientras tanto, conmemoraron este 8 de marzo de forma virtual, debido a que las autoridades de este país prohibieron todo tipo de manifestaciones públicas después de las marchas pacíficas de julio de 2021, también conocidas como 11J, que desencadenaron más de mil detenciones en toda la Isla, y todavía mantienen -injustamente- a más de 600 personas en prisión.

Desde Raza e Igualdad exigimos al gobierno de Cuba que escuche las voces de las cubanas, que solicitan con urgencia una Ley Integral contra la Violencia de Género, que prevenga estos hechos y garantice los derechos de las mujeres en la Isla. También solicitamos que se reconozcan los derechos a la libertad de expresión y a la protesta, para que las mujeres en Cuba puedan manifestar su rechazo y condena a la violencia machista, que ha cobrado la vida de más de 100 cubanas en los últimos cuatro años.  

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[1] Un nuevo femicidio sacude a Cuba: una joven fue asesinada por su pareja en una estación de policía. 6 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/02/07/un-nuevo-femicidio-sacude-a-cuba-una-joven-fue-asesinada-por-su-pareja-en-una-estacion-de-policia/

[2] Dos nuevos feminicidios en Cuba en medio de grave crisis por violencia de género. 1 de marzo de 2023. Disponible en: https://alastensas.com/observatorio/dos-nuevos-feminicidios-en-cuba-en-medio-de-una-crisis-de-violencia-de-genero/

[3] Feminicidios en Cuba. 28 de febrero de 2023. Disponible en: https://twitter.com/YoSiTeCreoCuba/status/1630596913824165892?s=20

[4] #LeyDeGéneroYa. 14 de noviembre de 2022. Disponible en: https://leydegeneroya.org/

[5] Raza e Igualdad alerta sobre nuevo Código Penal que recrudece la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales. 14 de junio de 2022. Disponible en: http://oldrace.wp/es/cuba-es/raza-e-igualdad-alerta-sobre-nuevo-codigo-penal-que-recrudece-la-criminalizacion-del-ejercicio-de-derechos-fundamentales/

[6] Feminicidios en Cuba en 2022. 9 de marzo de 2023. Disponible en: https://twitter.com/AlasTensas/status/1610629576857686016?s=20

Un año del 15N: La convocatoria a una protesta pacífica reprimida por el Estado de Cuba

Washington D.C., 15 de noviembre de 2022. – Hoy, hace un año, cientos de cubanos y cubanas habían sido llamados a marchar por el cambio, gracias a una iniciativa liderada por un grupo de ciudadanos conocida como Archipiélago, que buscaba con la movilización exigir que se reconocieran los derechos humanos en Cuba y solicitar la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos. El líder de este movimiento, el activista y dramaturgo Yunior García Aguilera, había solicitado permiso en septiembre de 2021 para realizar la protesta pacífica, pero las autoridades de la Isla se lo prohibieron, aduciendo que la marcha era financiada por el gobierno de Estados Unidos con la intención de cambiar el sistema político de Cuba[1]. Así inició esta convocatoria ciudadana reprimida por el Estado, que dejó 103 personas detenidas, entre las que se encontraba un menor de 15 años, de acuerdo con las organizaciones Justicia 11J y Cubalex.

Inicialmente, la marcha fue prevista para el 20 de noviembre, pero el gobierno anunció una serie de ejercicios militares para ese día, y por esa razón la fecha se trasladó al 15 de noviembre. Sin embargo, desde días antes de que se llevara a cabo la manifestación pública, el gobierno de Cuba -que no había reconocido el derecho a la protesta- lideró una estrategia de represión y hostigamiento en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, que conforman el territorio, para impedir que la ciudadanía saliera a las calles, como sucedió en julio de 2021[2], cuando miles de personas protestaron pacíficamente por las recurrentes fallas en el servicio de energía eléctrica, el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos, y la grave crisis económica, problemas que en la actualidad continúan sin ser resueltos.

El 15 de noviembre, también conocido como 15N, la fuerza pública se aseguró el control sobre la Isla, impidiendo que se llevara a cabo la convocada protesta pacífica. Activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, artistas, juristas, entre otros grupos poblacionales, fueron hostigados para evitar que salieran a las calles. Entre el 12 y 17 de noviembre del año pasado se registraron en total 400 acciones represivas, como retenciones domiciliarias, citaciones a estaciones de policía, detenciones arbitrarias y cortes de internet, de acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos[3].

Entre las personas que fueron reprimidas se encontraban los y las integrantes de Archipiélago. El líder de este grupo, Yunior García, salió del país luego de ser hostigado por la Seguridad del Estado; y se radicó en España. Por su parte, la activista Daniela Rojo, quien también hacía parte del movimiento, fue reportada como desaparecida durante varios días.

¿Por qué esta fecha es importante para la población cubana?

“Tristemente, la marcha del 15N no se realizó porque hubo varios factores que el Estado de Cuba supo aprovechar, como el cambio de fecha. Pero lo que ocurrió sí fue importante para la población en general. Quedó demostrado que sí se podía articular una convocatoria como esta, y que con el liderazgo indicado sí se puede lograr que la ciudadanía pueda moverse a exigir sus derechos”, afirma Fernando Palacios, director del Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo (Celide).

La represión ejercida contra la convocada protesta evidenció las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de Cuba, que impidió a toda costa que la ciudadanía saliera a las calles. “Fue una gran campaña la que coordinó Archipiélago. Demostró que había oposición y que hacía falta más dirección”, expresó José Ernesto Morales, representante de la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica en Cuba, quien por aquel entonces estuvo retenido en su propia casa, luego de que allí se agolparan hombres de la Seguridad del Estado y le prohibieran salir de la vivienda.

El 15N representa el intento de la sociedad civil independiente por hace oír sus reclamos a través de una manifestación pública y pacífica, según las normas de la Constitución. Desde el Estado se desconoció el derecho constitucional a la protesta y se persiguió a los organizadores.

Actualmente, el Estado de Cuba, continúa reprimiendo y hostigando a las personas que salen a las calles reclamando mejores condiciones de vida, y por las constantes violaciones a sus derechos humanos. En mayo de este año, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un nuevo Código Penal que mantiene tipos penales ambiguos y agrava las penas para ciertos delitos, como el que se refiere a los desórdenes públicos. De acuerdo con esta Ley que comenzará a regir a partir del 1 de diciembre, se sancionarán los actos que se consideren “provocadores”, sin especificar el alcance de esta terminología[4]. Esto podría traducirse en mayor represión contra quienes participen en manifestaciones públicas.

Desde Raza e Igualdad exigimos que las autoridades de Cuba garanticen el derecho a la protesta, tal y como lo establece la Constitución del país. También solicitamos el cese de la represión y el hostigamiento contra activistas, juristas, periodistas independientes, líderes y líderesas, artistas, y personas defensoras de derechos humanos. Exhortamos al Estado cubano a que garantice los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Asimismo, llamamos al establecimiento de mecanismos que permitan escuchar las voces disidentes de la Isla, implementando vías democráticas capaces de encontrar una salida a la crisis social y económica que atraviesa la Isla.

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[1] CNN Español. ABC de las protestas del 15 de noviembre en Cuba. 15 de noviembre de 2021, disponible en https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/15/abc-protestas-cuba-15-noviembre-orix/

[2] Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. La represión de las históricas protestas del 11J en Cuba. 6 de julio de 2022, disponible en http://oldrace.wp/es/blog-es/la-represion-de-las-historicas-protestas-del-11j-en-cuba/

[3] Observatorio Cubano de Derechos Humanos. OCDH reclama la liberación de los prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. 17 de noviembre de 2021, disponible en: https://observacuba.org/ocdh-reclama-liberacion-prisioneros-politicos-conciencia-cuba/

[4] Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Raza e Igualdad alerta sobre nuevo código penal que recrudece la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales. 14 de junio de 2022, disponible en http://oldrace.wp/es/cuba-es/raza-e-igualdad-alerta-sobre-nuevo-codigo-penal-que-recrudece-la-criminalizacion-del-ejercicio-de-derechos-fundamentales/

Cuba: Crisis migratoria y prácticas represivas en el contexto de la movilidad humana

Washington D.C., 27 de octubre de 2022 – La grave crisis económica, el desabastecimiento de alimentos, las limitaciones en el acceso a medicamentos y las fuertes restricciones para el ejercicio de los derechos humanos, han generado que un número creciente de cubanos y cubanas decidan abandonar la Isla. Esta situación se ha intensificado a partir de las protestas pacíficas que se registraron en julio de 2021, también conocidas como 11J, que causaron un aumento en los casos de hostigamiento y represión a las personas que expresan su descontento con la realidad política, social y económica en el país.

Durante el último año, se ha alertado que el número de personas que han salido de Cuba ya alcanza cifras récord. Entre noviembre de y septiembre de 2022, cerca de 180 mil cubanos entraron a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera mexicana, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.^[1]

Debido a las restricciones que la mayoría de los países de la región imponen para el tránsito y estadía de las personas cubanas en dichos territorios, la migración se desarrolla principalmente de manera irregular, impactando en diversas fronteras y países de la región, donde además las personas se exponen a múltiples riesgos.

Limitaciones al derecho a la libre circulación

El artículo 52 de la Constitución Nacional de Cuba reconoce que las personas tienen derecho a “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”^[2]. A pesar de esto, la Ley de Migraciones impone amplias limitaciones al ejercicio de estos derechos por razones de defensa, seguridad nacional e interés público.^[3] El Gobierno aplica de manera arbitraria estas disposiciones para impedir la libre circulación de aquellas personas que manifiestan una opinión política contraria, y esto constituye una clara violación al artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos^[4].

Desde Raza e Igualdad se han identificado tres estrategias implementadas por el Gobierno de Cuba para limitar el derecho a la libre movilidad de las personas en la Isla, especialmente de aquellas que cuestionan sus políticas y manifiestan su descontento con la situación del país.

La práctica de la regulación. Los grupos de personas más vulnerables a esta medida son los activistas, periodistas, líderes religiosos, abogados y artistas independientes^[5]. Para justificar estos casos, el gobierno utiliza arbitrariamente las disposiciones contenidas en el artículo 25 de la Ley de Migraciones, que establece, entre otros supuestos, que no podrán salir del territorio nacional aquellas personas sobre las que pesen razones de defensa o seguridad nacional u otras razones de interés público^[6]. La aplicación general de estos supuestos legales representa una serie de actos arbitrarios de limitación a la libertad de circulación y constituye discriminación debido a la opinión política de las personas.

Generalmente, las personas reguladas no reciben notificación oficial ni fundamentos de la medida, sino que se enteran de ello al intentar realizar un viaje o al consultar sobre su situación. Como consecuencia de ello, y en el contexto general de falta de independencia del Poder Judicial, las personas no cuentan con vías idóneas para reclamar. Entre enero de 2019 y marzo de 2020, se registraron 245 casos de residentes en Cuba que fueron regulados, de acuerdo con datos suministrados desde la sociedad civil.^[7]

El exilio forzado. El gobierno continúa utilizando esta práctica para prevenir las actividades de denuncia de activistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas, periodistas independientes y otros grupos que expresan su oposición a las políticas oficiales. De esta manera, el gobierno busca silenciar aquellas voces de la disidencia que adquieren mayor visibilidad. Además de las condiciones socioeconómicas que expulsan a miles de cubanos y cubanas del país, existe un hostigamiento sistemático y permanente contra las personas que son forzadas a salir de la Isla en condiciones sumamente precarias. Existen numerosos casos que ejemplifican este fenómeno y demuestran el modo en que artistas y activistas, entre otros, son perseguidos/as y presionados/as para abandonar Cuba bajo amenazas de diversa índole dirigidas contra ellos/as o contra sus familiares, amigos o colegas. La mayoría son presionadas por el gobierno a decidir entre la cárcel o el exilio^[8].

La denegación de retorno a nacionales. A través de distintas compañías privadas de líneas áreas, el gobierno de Cuba ha implementado esta medida para denegar el ingreso al territorio nacional a personas de nacionalidad cubana que se encuentran en el exterior y que cuentan con la residencia y documentos de viaje necesarios para volver a su país. La práctica es abiertamente violatoria de los derechos a la nacionalidad, la libre circulación y la elección de la residencia. Además, expone a estas personas a continuar involuntariamente en determinados países donde su permanencia generalmente los lleva a un estatus migratorio irregular y a situaciones de separación familiar^[9].

Si bien en los casos que han tomado alcance público, el gobierno no ha emitido un comunicado oficial indicando los fundamentos de la denegación de entrada, se entiende que podría tratarse del caso de otra aplicación arbitraria de las disposiciones de la Ley de Migraciones, cuyo artículo 24 dispone, entre otros supuestos, que no se admitirá en territorio nacional a quienes organicen, estimulen, realicen o participen en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano^[10]. La falta de definiciones y la ambigüedad en la redacción del mencionado artículo coloca a la población cubana en un estado de inseguridad jurídica puesto que no se describe en qué supuestos específicos, las autoridades cubanas pueden considerar que una persona ha intervenido en acciones hostiles contra el Estado cubano, y denegar la entrada al territorio de las personas que han expresado su oposición política al gobierno.

Desde Raza e Igualdad denunciamos estas prácticas represivas que buscan silenciar a cualquier persona de la Isla que esté en desacuerdo con las políticas del Estado, pues tales estrategias configuran violaciones a sus derechos humanos. Reiteramos nuestro llamado a que el gobierno cubano garantice los derechos fundamentales de todos y cada uno de sus habitantes sin discriminación de ningún tipo, incluida la libre movilidad que les permita circular sin restricciones fuera y dentro de la Isla.

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^[1] El País. Cuba vive el mayor éxodo migratorio de su historia. 12 de septiembre de 2022, disponible en https://elpais.com/internacional/2022-09-12/cuba-vive-el-mayor-exodo-migratorio-de-su-historia.html

^[2] Constitución de la República de Cuba, 2019, disponible en http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/01/Constitucion-Cuba-2019.pdf

^[3] Ley 1312 de Migraciones. Ver artículos 23, 24 y 25, disponible en http://juriscuba.com/wp-content/uploads/2015/10/Ley-No.1312-De-Migracion.pdf

^[4] Ver artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la interpretación sobre los alcances de este derecho emitida por el Comité de Derechos Humanos en su Observación General No.27 sobre la libertad de circulación, disponible en https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN27

^[5] Diario de Cuba. Regulados en Cuba, prisión a cielo abierto. 1 de abril de 2020, disponible en https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1585750314_15169.html

^[6] Ver artículo 23, apartados d) y h) de la Ley 1312 de Migraciones.

^[7] Ver base de datos en  https://www.connectas.org/regulados-en-cuba-prision-a-cielo-abierto/

^[8] Ver los casos de los artistas Hamlet Lavastida, Katherine Bisquet y Tania Bruguera en ARTNews. Artist Hamlet Lavastida Released after Three Months of Imprisonment in Cuba, 27 de septiembre de 2021, disponible en https://www.artnews.com/art- news/news/hamlet-lavastida-released-detainment-cuba-1234604936/, DW. Cuba excarcela e impone exilio a artista disidente Hamlet Lavastida, 26 de septiembre de 2021, disponible en https://www.dw.com/es/cuba-excarcela-e-impone-exilio-a-artista- disidente-hamlet-lavastida/a-59321008 y Televisión Martí. Tania Bruguera condicionó su salida de Cuba a la libertad de encarcelados antes y después del 11J, 5 de octubre de 2021, disponible en https://www.dw.com/es/cuba-excarcela-e-impone- exilio-a-artista-disidente-hamlet-lavastida/a-59321008

^[9] Ver los casos de las activistas Anamely Ramos González y Omara Ruiz Urquiola, quienes no pudieron abordar sus vuelos de regreso a Cuba. Ver Diario de Cuba. El régimen de Cuba vuelve a impedir a Anamely Ramos volar de EEUU a la Isla. 27 de febrero de 2022, disponible en https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1645980283_37763.html y 14ymedio. El régimen cubano impide la entrada al país de la activista Omara Ruiz Uriquiola. 25 de junio de 2022, disponible en https://www.14ymedio.com/cuba/regimen-impide-entrada-Cuba-activista-Omara-Ruiz-Urquiola_0_3338066162.html.

^[10] Ver Ley 1312 de Migraciones, artículo 24, apartado c).

Solidaridad con la ‘Red humanitaria de ayuda a los valientes del 11J’ en Cuba

Washington D.C., septiembre 14 de 2022 – Desde la Coalición por la Libertad de Asociación expresamos la plena solidaridad con la “Red humanitaria de ayuda a los valientes del 11J”, y exigimos el inmediato cese de la persecución contra sus integrantes por parte del Gobierno cubano.

De acuerdo con Prisoners Defenders, el Estado cubano mantiene privadas de libertad a más de mil personas por motivos políticos, la gran mayoría de ellas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, quienes pertenecen a estratos humildes, y al momento de su encarcelamiento eran el sostén económico principal de sus familias.

Andy Dunier García Lorenzo es un joven manifestante de la provincia Villa Clara que sufrió todo el peso de la represión desde el 11 de julio del 2021. Cuando fue encarcelado constató las pésimas condiciones y la alimentación paupérrima a la que son sometidos los reclusos y en especial las personas privadas de libertad por motivos políticos en los centros penitenciarios de Cuba. Ello lo motivó a seguir su lucha cívica incluso desde la prisión; así concibió junto a su familia el proyecto ‘Ayudas a los valientes del 11J’ con el objeto de contribuir a mejorar mínimamente las condiciones de vida de las personas privadas de libertad por razones políticas, y asistir a los familiares de aquellas que se ven impedidas de lograr un sustento mínimo justamente porque sus familiares están en prisión. Con la ayuda y el aporte material y de trabajo de familiares, amigos y activistas se creó en diciembre del 2021 la ‘Red humanitaria de ayuda a los valientes del 11J’.

Este proyecto sin fines de lucro, de naturaleza humanitaria, tiene como objetivo fundamental gestionar los medios básicos, permitidos por las leyes del Estado Cubano y obtenidos por formas completamente lícitas, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de libertad por motivos políticos y de sus familias.

Esta Red brinda suministros alimenticios básicos, así como otros insumos de carácter urgente para contribuir a la salud, seguridad alimentaria y calidad de vida trabajando en forma descentralizada y horizontal con diversos actores de la sociedad civil cubana de la cual se benefician en la actualidad cientos de personas a lo largo del país. Entre los beneficiarios se encuentran presos/as políticos/as y sus familiares, entre los que hay neonatos, menores de edad, madres solteras, personas enfermas y ancianos que quedaron completamente desamparados tras el encarcelamiento de sus seres queridos.

Hasta la fecha más del 10% de las personas privadas de libertad por motivos políticos han recibido alguna vez ayuda del proyecto y más de 110 familias se han visto beneficiadas.

Asimismo, la Red colabora con otros proyectos de naturaleza humanitaria en la distribución de insumos médicos y alimentos a otras personas en situación de vulnerabilidad dentro de las comunidades cubanas, contribuyendo activamente a aplacar en lo posible la crisis humanitaria y social que sufre el país desde el inicio mismo de la pandemia de Covid-19 en 2020.

Desde un primer momento, los integrantes de la Red se convirtieron en un objetivo del Departamento de la Seguridad del Estado, que no ha dudado en desatar una feroz persecución y acoso contra la familia de Andy.

Luego de constantes detenciones y acciones represivas, el Estado cubano ha abierto procesos penales y decretado la reclusión domiciliaria contra Jonatan López Alonzo y Pedro López por supuestos delitos de desobediencia y desacato respectivamente; a Roxana García se le trata de expulsar de su residencia; al propio Andy García, pese a su delicado estado de salud, luego de haber sido conmutada su sanción de privación de libertad por Trabajo Correccional con Internamiento, se le revocó esta sanción subsidiaria, ordenándose un régimen penitenciario severo, pese a su estado de salud.

A pesar de ello, ahora la Seguridad del Estado amenaza a la familia con ser procesada por el delito previsto en el artículo 143 del nuevo Código Penal una vez que entre en vigor en el mes de diciembre venidero. Dicho artículo prevé pena de prisión de cuatro a diez años para quien “…apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional…” Más allá de las graves críticas que pueda merecer este artículo, pues es fácil prever una utilización arbitraria y violatoria de los más básicos principios de libertad de asociación, y de toda actividad que cuestione al régimen, en este caso resulta a todas luces indiscutible que la actividad que lleva adelante la Red, es estrictamente de carácter humanitario, supliendo incluso obligaciones de asistencia que le competen al propio Estado cubano.

Por lo expuesto, reiteramos nuestra expresión de plena solidaridad con los miembros de la ‘Red humanitaria de ayuda a los valientes del 11J’. Exigimos al gobierno de Cuba que cese de inmediato el acoso y persecución penal a que se ven sometidos por el mero hecho de ejercer su derecho humano a asociarse libremente para brindar ayuda humanitaria, y solicitamos a las misiones diplomáticas de países democráticos en Cuba que apoyen esta y otras iniciativas de carácter humanitario. Finalmente, llamamos al Sistema Universal de protección de Derechos Humanos, y muy particularmente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a atender seriamente la situación que aquí denunciamos y en general de la situación de persecución a los y las activistas de derechos humanos de Cuba.

Puntos clave del proyecto del Código de las Familias de Cuba, iniciativa que se someterá a una consulta popular el 25 de septiembre

Washington D.C., 8 de septiembre de 2022 – El próximo 25 de septiembre, las y los cubanos responderán sí o no a la pregunta “¿Está de acuerdo con el Código de las Familias?”. La población está convocada a participar en un referendo para debatir el rumbo de la propuesta del nuevo Código de las Familias, proyecto compuesto por 471 artículos y que, entre sus puntos más relevantes, reconoce el matrimonio igualitario, la redistribución del trabajo doméstico y del cuidado, la prevención de la violencia basada en género, y una serie de derechos que están alineados al reconocimiento de las familias diversas.

El nuevo Código de las Familias es una iniciativa que surgió luego de que se estableciera en la Constitución de la República de Cuba (que se reformó en abril de 2019), que la Asamblea Nacional del Poder Popular de este país debía iniciar en un periodo de dos años el proceso de consulta popular del proyecto con el que se debía “figurar la forma de constituir el matrimonio”.[1]

A raíz de esto, el proyecto ha generado todo tipo de reacciones en Cuba, por la decisión del Estado cubano de someter a un referendo esta propuesta que amplía los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Isla, y de otros grupos poblacionales que históricamente han sido víctimas de violencia y discriminación, como las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, las mujeres, las personas adultas mayores y las personas en situación de discapacidad. Dichos derechos deberían garantizarse sin que sea necesario que los y las cubanas los aprueben; es decir, el gobierno de este país debe trabajar para que se reconozcan estos derechos sin acudir a una consulta popular o a cualquier mecanismo de participación ciudadana. Los derechos humanos no deberían ser negociables ni someterse a un proceso de aprobación.

El equipo legal del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) analizó el proyecto del Código de las Familias, y estos son algunos puntos clave:

• El nuevo proyecto de ley amplía el concepto de familia tradicional, conformado por un hombre y una mujer. De esta manera, se incorporan las distintas formas de familias reconociendo derechos para relaciones de hecho afectivas, independientemente de los vínculos legales que se establezcan.[2]
• Incorpora pautas concretas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, como la distribución equitativa del trabajo doméstico y las tareas de cuidado. También incluye el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y el desarrollo pleno de los derechos sexuales y reproductivos, independientemente del sexo, la orientación sexual e identidad de género, o si se está en situación de discapacidad.
• Amplía los espacios de participación y de toma de decisiones de niños, niñas y adolescentes.
• Se incorporan consideraciones sobre la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, se estipula la posibilidad de recurrir a las autoridades para solicitar protección, y la opción de reclamar por los daños ocasionados a partir de este tipo de agresiones. El proyecto prevé sanciones para quienes ejercen violencia familiar.
• La propuesta del nuevo Código de las Familias amplía los vínculos de personas que constituyen parentesco y reconoce a las relaciones de afecto como fuente determinante. También establece el vínculo socioafectivo que se sustenta sobre la base de una relación estable y sostenida en el tiempo, que pueda justificar una filiación. Esta ampliación guarda relación con otros artículos que tienen que ver con alimentos, comunicación familiar y vocación hereditaria.
• Incorpora consideraciones específicas sobre las personas adultas mayores y las personas en situación de discapacidad, como la figura del acogimiento familiar, que tiene como objetivo mantener a estos grupos poblacionales en un ambiente social habitual o incorporarlas a un entorno familiar que facilite su integración e inclusión.
• Esta iniciativa también incluye el reconocimiento de las filiaciones adoptiva, asistida y socioafectiva, es decir, brinda la posibilidad de que se reconozcan las distintas formas de familia que existen en Cuba. Asimismo, se incorpora la figura de la multiparentalidad, que implica que una persona puede tener más de dos vínculos filiatorios, sea por causas originarias, o por causas sobrevenidas. Y se establece la posibilidad de que las familias elijan el orden de sus apellidos.
• Las parejas en unión de hecho inscrita, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tendrán el mismo derecho a adoptar que han tenido históricamente las parejas unidas en matrimonio. También se extiende la edad posible para ser adoptado/a hasta los 18 años.
• El proyecto introduce la posibilidad de recurrir a métodos de filiación asistida, que es cuando la fecundación de un óvulo se hace sin unión sexual.
• También regula la posibilidad de recurrir a la gestación solidaria en determinadas situaciones, práctica que actualmente es ilegal en Cuba.
• Mientras en el antiguo código el matrimonio se define como la ‘Unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer’, en este proyecto pasa a llamarse ‘Unión voluntariamente concertada de dos personas’. Y queda prohibido que menores de 18 años puedan contraer matrimonio.
• Este nuevo proyecto de ley también se refiere a la responsabilidad parental que deben asumir quienes tengan a su cargo hijos e hijas menores de edad. En el documento, por ejemplo, se destaca la introducción de conceptos como el de “crianza positiva”, y aspectos como la educación para una sexualidad responsable, la no discriminación y la no violencia.
• Se incorpora el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes a un entorno digital libre de violencias.
• También se aborda el cuidado de niños, niñas y adolescentes, y se establece que abuelos, abuelas, otros parientes o personas afectivamente cercanas, también pueden hacerse cargo de las personas menores de edad.
• Este proyecto de ley, finalmente, incluye consideraciones que fomentan la comunicación familiar.

Desde Raza e Igualdad insistimos para que el Estado de Cuba reconozca los derechos humanos de todas las personas que residen en su territorio, independientemente de cualquier consulta popular. Es necesario que las autoridades brinden garantías para que la sociedad cubana pueda crecer y desarrollarse en un ambiente en el que se reconozcan plenamente sus derechos, sin temores ni limitaciones.  Exigimos al gobierno de Cuba que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantice los derechos fundamentales de toda su población, sin discriminación de ningún tipo.

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[1] Constitución de la República. Preámbulo. Texto disponible en: https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/constitucion-de-la-republica-de-cuba-proclamada-el-10-de-abril-de-2019

[2] Proyecto Código de las Familias. Versión 25. Texto disponible en https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2022-07/CF%20V%2025-140622%20VF%20%20Para%20ANPP%20%282%29_0.pdf