Puntos clave del proyecto del Código de las Familias de Cuba, iniciativa que se someterá a una consulta popular el 25 de septiembre

Puntos clave del proyecto del Código de las Familias de Cuba, iniciativa que se someterá a una consulta popular el 25 de septiembre

Washington D.C., 8 de septiembre de 2022 – El próximo 25 de septiembre, las y los cubanos responderán sí o no a la pregunta “¿Está de acuerdo con el Código de las Familias?”. La población está convocada a participar en un referendo para debatir el rumbo de la propuesta del nuevo Código de las Familias, proyecto compuesto por 471 artículos y que, entre sus puntos más relevantes, reconoce el matrimonio igualitario, la redistribución del trabajo doméstico y del cuidado, la prevención de la violencia basada en género, y una serie de derechos que están alineados al reconocimiento de las familias diversas.

El nuevo Código de las Familias es una iniciativa que surgió luego de que se estableciera en la Constitución de la República de Cuba (que se reformó en abril de 2019), que la Asamblea Nacional del Poder Popular de este país debía iniciar en un periodo de dos años el proceso de consulta popular del proyecto con el que se debía “figurar la forma de constituir el matrimonio”.[1]

A raíz de esto, el proyecto ha generado todo tipo de reacciones en Cuba, por la decisión del Estado cubano de someter a un referendo esta propuesta que amplía los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Isla, y de otros grupos poblacionales que históricamente han sido víctimas de violencia y discriminación, como las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, las mujeres, las personas adultas mayores y las personas en situación de discapacidad. Dichos derechos deberían garantizarse sin que sea necesario que los y las cubanas los aprueben; es decir, el gobierno de este país debe trabajar para que se reconozcan estos derechos sin acudir a una consulta popular o a cualquier mecanismo de participación ciudadana. Los derechos humanos no deberían ser negociables ni someterse a un proceso de aprobación.

El equipo legal del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) analizó el proyecto del Código de las Familias, y estos son algunos puntos clave:

  • El nuevo proyecto de ley amplía el concepto de familia tradicional, conformado por un hombre y una mujer. De esta manera, se incorporan las distintas formas de familias reconociendo derechos para relaciones de hecho afectivas, independientemente de los vínculos legales que se establezcan.[2]
  • Incorpora pautas concretas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, como la distribución equitativa del trabajo doméstico y las tareas de cuidado. También incluye el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y el desarrollo pleno de los derechos sexuales y reproductivos, independientemente del sexo, la orientación sexual e identidad de género, o si se está en situación de discapacidad.
  • Amplía los espacios de participación y de toma de decisiones de niños, niñas y adolescentes.
  • Se incorporan consideraciones sobre la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, se estipula la posibilidad de recurrir a las autoridades para solicitar protección, y la opción de reclamar por los daños ocasionados a partir de este tipo de agresiones. El proyecto prevé sanciones para quienes ejercen violencia familiar.
  • La propuesta del nuevo Código de las Familias amplía los vínculos de personas que constituyen parentesco y reconoce a las relaciones de afecto como fuente determinante. También establece el vínculo socioafectivo que se sustenta sobre la base de una relación estable y sostenida en el tiempo, que pueda justificar una filiación. Esta ampliación guarda relación con otros artículos que tienen que ver con alimentos, comunicación familiar y vocación hereditaria.
  • Incorpora consideraciones específicas sobre las personas adultas mayores y las personas en situación de discapacidad, como la figura del acogimiento familiar, que tiene como objetivo mantener a estos grupos poblacionales en un ambiente social habitual o incorporarlas a un entorno familiar que facilite su integración e inclusión.
  • Esta iniciativa también incluye el reconocimiento de las filiaciones adoptiva, asistida y socioafectiva, es decir, brinda la posibilidad de que se reconozcan las distintas formas de familia que existen en Cuba. Asimismo, se incorpora la figura de la multiparentalidad, que implica que una persona puede tener más de dos vínculos filiatorios, sea por causas originarias, o por causas sobrevenidas. Y se establece la posibilidad de que las familias elijan el orden de sus apellidos.
  • Las parejas en unión de hecho inscrita, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tendrán el mismo derecho a adoptar que han tenido históricamente las parejas unidas en matrimonio. También se extiende la edad posible para ser adoptado/a hasta los 18 años.
  • El proyecto introduce la posibilidad de recurrir a métodos de filiación asistida, que es cuando la fecundación de un óvulo se hace sin unión sexual.
  • También regula la posibilidad de recurrir a la gestación solidaria en determinadas situaciones, práctica que actualmente es ilegal en Cuba.
  • Mientras en el antiguo código el matrimonio se define como la ‘Unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer’, en este proyecto pasa a llamarse ‘Unión voluntariamente concertada de dos personas’. Y queda prohibido que menores de 18 años puedan contraer matrimonio.
  • Este nuevo proyecto de ley también se refiere a la responsabilidad parental que deben asumir quienes tengan a su cargo hijos e hijas menores de edad. En el documento, por ejemplo, se destaca la introducción de conceptos como el de “crianza positiva”, y aspectos como la educación para una sexualidad responsable, la no discriminación y la no violencia.
  • Se incorpora el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes a un entorno digital libre de violencias.
  • También se aborda el cuidado de niños, niñas y adolescentes, y se establece que abuelos, abuelas, otros parientes o personas afectivamente cercanas, también pueden hacerse cargo de las personas menores de edad.
  • Este proyecto de ley, finalmente, incluye consideraciones que fomentan la comunicación familiar.

Desde Raza e Igualdad insistimos para que el Estado de Cuba reconozca los derechos humanos de todas las personas que residen en su territorio, independientemente de cualquier consulta popular. Es necesario que las autoridades brinden garantías para que la sociedad cubana pueda crecer y desarrollarse en un ambiente en el que se reconozcan plenamente sus derechos, sin temores ni limitaciones.  Exigimos al gobierno de Cuba que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantice los derechos fundamentales de toda su población, sin discriminación de ningún tipo.

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[1] Constitución de la República. Preámbulo. Texto disponible en: https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/constitucion-de-la-republica-de-cuba-proclamada-el-10-de-abril-de-2019

[2] Proyecto Código de las Familias. Versión 25. Texto disponible en https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2022-07/CF%20V%2025-140622%20VF%20%20Para%20ANPP%20%282%29_0.pdf

Cuba: Raza e Igualdad presenta petición a la CIDH sobre las violaciones de derechos humanos contra la organización Damas de Blanco y cada una de las mujeres que la integran

Washington DC, 11 de agosto de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que declare la responsabilidad internacional del Estado de Cuba por las violaciones perpetradas contra 55 mujeres por el hecho de formar parte del colectivo Damas de Blanco, y contra la misma organización cubana, con el propósito de desarticularla e impedir que continúe con su labor de defensa de derechos humanos.

En el documento, Raza e Igualdad detalla un patrón de 3086 detenciones arbitrarias de corta duración, 243 actos de criminalización, 226 casos de violencia física, racial y de género; así como asedio, vigilancia y constantes amenazas perpetradas por el gobierno de Cuba contra las Damas de Blanco entre 2013 y 2022, plazo durante el cual se encuentran vigentes las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de las integrantes de esta organización.

Caminarán vestidas de blanco hasta que Cuba sea libre

“El régimen comunista conoce de las medidas cautelares que nos ha otorgado la CIDH, pero en nada ha cambiado su actitud y hostigamiento, cada día arremete contra nuestras integrantes”, afirma Berta Soler, líderesa de las Damas de Blanco, quien dialogó con Raza e Igualdad sobre las violaciones a los derechos humanos que han padecido ella y las demás mujeres de esta organización; así como de la prisión arbitraria prolongada que actualmente sufren cuatro de sus compañeras, tres de ellas por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021, conocidas como 11J.

Berta, de 59 años, es una de las fundadoras de Damas de Blanco, un colectivo que surgió en 2003 luego que fueran arrestadas 75 personas por ser disidentes del gobierno cubano, en una serie de detenciones que se conoce como la “Primavera Negra”. Ella y otros familiares, casi todas mujeres, se reunían en la prisión de Villa Marista, en La Habana, para conocer cómo estaban sus seres queridos y exigir que sean liberados, hasta que un 30 de marzo de 2003, decidieron ir vestidas de blanco a la Iglesia Santa Rita de Casia, una parroquia en La Habana que rinde tributo a la santa de las “causas imposibles”. Así, acudiendo a misa, inició esta organización, cuyo nombre fue acuñado por la periodista independiente exiliada en Estados Unidos, María Elena Alpízar.

“Desde aquel entonces hemos sido víctimas de agresiones, y más de 12 integrantes han sido encarceladas. Actualmente, cuatro de nuestras compañeras se encuentran en la cárcel; una que ya iba a cumplir cuatro años presa y al salir le han creado una nueva causa y la han sancionado a cinco años y cuatro meses de prisión, por no haber pactado con la Seguridad del Estado irse con su familia fuera del país; ella es Aymara Nieto Muñoz. Las otras tres mujeres son Sissi Abascal, Tania Echevarría y Sayli Navarro, quienes fueron detenidas por haber participado en las protestas del 11J y fueron sentenciadas a penas que van entre los seis y ocho años de privación de libertad”, cuenta Soler.

Las Damas de Blanco han sido detenidas de forma arbitraria, las han golpeado y hasta desnudado por salir a las calles y manifestarse contra el Estado de Cuba. “El régimen nos ha robado dinero y ha arrestado a nuestros hijos y a los esposos de nuestras hijas para presionarnos a que desistamos de formar parte de esta organización, que en 2011 estuvo formada por más de 250 mujeres en todo el país”, afirma Berta, quien dice orgullosa que uno de los logros del colectivo ha sido conseguir junto con la iglesia cubana y varias organizaciones de derechos humanos, la excarcelación de los presos de la ‘Primavera Negra’, quienes pese a ser condenados con penas de hasta 28 años de cárcel,  solamente cumplieron siete años de prisión.

A raíz de las múltiples agresiones, el 28 de octubre de 2013 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las Damas de Blanco. La Comisión solicitó al gobierno de Cuba que adoptara una serie de acciones “para preservar la vida y la integridad personal de las integrantes de la organización”[1], y también presentara un informe acerca de las investigaciones realizadas para esclarecer los hechos de violencia que se han registrado contra el colectivo. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido y han persistido las violaciones a los derechos humanos de las Damas de Blanco.

“La Seguridad del Estado, cuando nos detiene, nos amenaza con llevarnos a prisión, nos dice que no podemos ir a misa y ni siquiera reunirnos. Nos amenaza todo el tiempo con que van a desaparecer a las Damas de Blanco… muchas veces nos arrestan y nos mantienen adentro de las patrullas o en los calabozos, y al día siguiente o en el tiempo que ellos establezcan para tenernos encarceladas, nos liberan y nos imponen multas sin decirnos porqué hemos sido multadas”, cuenta Berta, quien también afirma que no teme ser detenida. Ella y las más de 50 mujeres que todavía hacen parte de esta organización, dicen que seguirán vestidas de blanco caminando hacia cualquier iglesia de la Isla, hasta que no haya personas privadas de la libertad por motivos políticos, y Cuba sea libre.

Una petición para poner fin a la persecución

Raza e Igualdad presentó esta petición a la CIDH para que formule una serie de recomendaciones al Estado cubano que permitan poner fin a la prolongada y sistemática persecución implementada contra Damas de Blanco, y todas y cada una de sus integrantes. Además, se solicitó reparación a las víctimas y a sus familiares, y adecuar leyes, políticas públicas, procedimientos y prácticas a los estándares internacionales de derechos humanos, para garantizar que las mujeres activistas de la Isla puedan manifestarse, exigir cambios, congregarse y movilizarse sin ser violentadas.

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos seguiremos apoyando a la sociedad civil independiente de Cuba, para que en la Isla se reconozcan los derechos universales, y los habitantes de este país puedan reclamar cambios al Estado cubano, sin temor a ser víctimas de represión y detenciones arbitrarias.

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[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 6 / 2013. Medida Cautelar N. 264 – 13. Asunto Damas de Blanco respecto de la República de Cuba. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/MC264-13-esp.pdf

CIDH denuncia que Cuba ha enfrentado seis olas represivas en el último año

Washington D.C., 28 de julio de 2022 – El Comisionado Edgar Stuardo Ralón, Relator para Cuba y sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Primer Vicepresidente de este organismo, aseguró que en la Isla se han registrado seis olas represivas en los últimos 12 meses. Las declaraciones fueron hechas en el evento ‘Cuba: Un año después del 11J’, que se celebró el pasado 18 de julio de 2022 en Washington D.C., y fue copatrocinado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la CIDH, con el apoyo de las organizaciones Artists at Risk Connection, de PEN América; PEN International; PEN Cuban Writers in Exile; y Civil Rights Defenders.

“La primera ola trató sobre el uso de la fuerza y las campañas de intimidación y estigmatización. La segunda, detenciones arbitrarias, malos tratos y condiciones deplorables de detención. La tercera consistió en la criminalización de manifestantes, persecución judicial y violaciones al debido proceso. La cuarta, cierre de espacios democráticos a través de estrategias represivas e intimidatorias dirigidas a desalentar nuevas manifestaciones sociales. La quinta ola se evidenció por la continuidad de la privación de libertad, y los juicios sin garantías del debido proceso. Y la sexta son las propuestas legislativas dirigidas a limitar, vigilar y punir expresiones disidentes y críticas al gobierno, así como criminalizar el actuar de organizaciones de la sociedad civil independiente”, afirmó el Comisionado durante el evento con el que se conmemoró un año de las protestas pacíficas del 11 y 12 de julio de 2021, también conocidas como 11J.

Cada uno de estos momentos, de acuerdo con el Relator para Cuba, se han registrado luego de que se llevaran a cabo las manifestaciones “más multitudinarias de la historia reciente de la Isla”, que dejaron 1.484 personas detenidas, incluidos 57 niños, niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años. Aunque ha pasado un año desde las marchas, todavía existe un número superior a 600 personas que permanecen privadas de libertad por haber ejercido su derecho a la libre expresión, según lo relató la directora de Cubalex, Laritza Diversent, quien también participó en el evento conmemorativo y ha recopilado, junto con el Movimiento Justicia 11J, estadísticas sobre las violaciones de derechos humanos que se han evidenciado desde aquel entonces.

El Comisionado Ralón también recalcó que la CIDH ha condenado la represión estatal en contra de las personas que participaron o apoyaron las protestas pacíficas en Cuba, y aseguró que el organismo ha mostrado su preocupación por las detenciones, los juicios con penas que van de 5 a 30 años de prisión, los casos de represión que han denunciado activistas, artistas y periodistas independientes; y las propuestas legislativas dirigidas a limitar, vigilar y castigar expresiones críticas al gobierno.

“La Comisión observa que los primeros resultados de la sexta ola, por ejemplo, empezaron con las nuevas regulaciones en las telecomunicaciones y la ciberseguridad (Decreto Ley 35 de telecomunicaciones y la Resolución 105 de respuesta a incidentes de ciberseguridad, del 17 de agosto de 2021), y culminaron con la aprobación de un nuevo Código Penal (15 de mayo de 2022), que establece categorías amplias e imprecisas que darían margen a una aplicación arbitraria y discrecional por parte del Estado”, afirmó el Relator para Cuba.

Voces que revelan las violaciones a los derechos humanos

Las olas que han surgido tras las protestas del 11J, se han registrado en medio de la escasez de medicamentos y alimentos, la grave crisis económica, y los recurrentes apagones que afectan a miles de familias en la Isla. “Aún vemos que persisten las causas que motivaron las movilizaciones. El balance no es alentador y no hay soluciones estructurales […]. Desde la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), observamos un aumento generalizado en la pobreza”, dijo Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), quien también formó parte del panel en este evento.

Mariana Tejeida, Oficial de Programas para América Latina de Raza e Igualdad; Saily González, activista cubana; Orelvys Cabrera, periodista independiente; Laritza Diversent, directora de Cubalex; e Iris Ruiz, integrante del Movimiento San Isidro.

El periodista independiente cubano Orelvys Cabrera, uno de los panelistas del encuentro que se realizó el pasado 18 de julio, es una de las más de mil personas que han experimentado las olas represivas destacadas por el Comisionado Ralón. A él lo detuvieron durante las manifestaciones pacíficas de julio de 2021. “Yo estuve encarcelado en un hueco bajo tierra. El moho cubría las paredes y teníamos solamente tres horas de agua al día en un espacio de dos metros de largo por cuatro metros de ancho. Ahí vivíamos 12 hombres, y nuestro único delito fue haber salido a exigir un cambio de sistema”, reveló.

Orelvys, junto con la activista cubana Saily González y la artista Iris Ruiz, integrante del Movimiento San Isidro, quienes también formaron parte del panel, son otras voces de la represión y hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado cubano. En el evento también participó de manera virtual Osvaldo Navarro, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial resaltando que las protestas del 11J han afectado de forma diferenciada a mujeres y personas afrodescendientes.

A las seis olas represivas que se han registrado en Cuba en el último año, el director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxis Cires, le añade una más. “Una séptima ola podría ser el vaciamiento de la oposición que se está llevando en la Isla. Es una forma de cerrar las puertas a un cambio democrático donde participen diferentes actores políticos”, afirmó durante su intervención en el evento, y aseguró que un ejemplo de esto es el caso de la activista cubana Anamely Ramos, a quien las autoridades de este país le prohibieron volver a Cuba. Ella, quien también participó en el conversatorio, permanece en Estados Unidos en espera de poder volver a la Isla.

Después de un año de las protestas pacíficas del 11J en Cuba, reiteramos a las autoridades cubanas el pedido de cesar la violencia en contra de las personas que se manifiestan y organizan pacíficamente para exigir sus derechos. Solicitamos que se respeten, garanticen y protejan los derechos humanos de cada una de las personas que residen en la Isla, quienes pese a todo lo vivido en los últimos 12 meses, aguardan por una Cuba libre.

Cuatro historias de personas detenidas por reclamar cambios en Cuba

Washington D.C., 13 de julio de 2022 – En el marco de la conmemoración de un año de las protestas pacíficas que iniciaron el 11 de julio de 2021 en Cuba (también conocidas como 11J), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos entrevistó a los familiares de cuatro personas privadas de la libertad por motivos políticos en la Isla, para conocer lo que han vivido en prisión sus seres queridos. La publicación de estos relatos representa un ejercicio para recordar a Brenda, José Daniel, Sissi y Samuel, cuatro de las más 700 personas que continúan en la cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión durante las manifestaciones. Por medio de la campaña #HastaQueCubaSeaLibre mencionamos sus nombres para exigir su liberación inmediata.

Expresar su identidad de género le costó su libertad

A Brenda Díaz García, mujer trans de 28 años, la detuvieron el 11 de julio de 2021 por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Brenda encabezaba la marcha que se realizó en el municipio de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa. Fue arrestada por miembros de la Seguridad del Estado de Cuba, tras identificarla por usar un vestido de flores como muestra de su expresión de género.

Aquel día, ella fue trasladada a un centro penitenciario masculino, donde pagará una pena de 14 años de prisión, porque, según las autoridades de la Isla, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones pacíficas.

En una cárcel que está a más de 70 kilómetros de Güira de Melena, a Brenda la han discriminado y violentado por su identidad de género y orientación sexual. “A mi hija la pelaron (cortaron su cabello) apenas llegó a ese lugar, y ella sufrió muchísimo porque adoraba su pelo. Lo tenía bien largo”, dice su mamá, quien por seguridad prefirió que no se revelara su nombre.

A Brenda no la llaman por su nombre identitario y el Estado, al cortarle su cabello, ejerció una agresión simbólica que busca borrar su identidad de género, una práctica que se ha documentado en el informe ‘Mujeres trans privadas de libertad: La invisibilidad tras los muros’, que publicó en 2020 la organización Wola. “Hay hombres que se hacen muy machotes y discriminan a los homosexuales y trans, incluso también los mismos guardias. Ella me ha dicho que ha habido abusos (violencias físicas y sexuales) hacia otros gais”, revela su mamá.

A pocos días de que cumpla un año en prisión, la familia de Brenda ha hecho de todo para garantizar que ella tenga los medicamentos que requiere por sus problemas de salud, ya que no siempre se los dan en el centro penitenciario. Mientras eso pasa, su mamá se pregunta cada noche al cenar, si su hija se ha alimentado bien, y comienza a llorar.

Por exigir sus derechos en julio de 2021, fue recluido en un centro de privación de libertad donde permanece incomunicado

“La última comunicación que tuvimos con él fue el 4 de junio, y ese día José Daniel seguía en la misma celda de aislamiento, en condiciones crueles e inhumanas; entre cuatro paredes blancas y con un bombillo encendido las 24 horas del día, como él describe ese lugar”, dice Ana Belkis, hermana de José Daniel Ferrer. A cientos de kilómetros de Cuba, Ana hace todo lo posible para visibilizar la situación que enfrenta el principal líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y para recolectar alimentos y medicamentos que luego envía a través de terceras personas que viajan a la Isla.

A José Daniel Ferrer, de 51 años, lo detuvieron junto con su hijo de 19 años el 11 de julio de 2021. Ambos se habían unido a las manifestaciones pacíficas que iniciaron ese día, y que se registraron en más de 50 ciudades de Cuba hasta el día siguiente. Al reconocido activista que hizo parte del grupo de los 75 prisioneros de conciencia condenados en la primavera negra de 2003, le revocaron una condena de 4 años y 6 meses que había sido “subsidiada” en 2020; es decir, tras su detención, la sentencia que antes cumplía en casa fue modificada por reclusión en el Centro Penitenciario de Mar Verde, ubicado en la provincia de Santiago de Cuba, la misma región donde ha vivido toda su vida y fue capturado.

Por su parte, su hijo José Daniel Jr. permanece “bajo procesamiento” esperando que lo llamen a juicio. “A mi hermano y a mi sobrino los acusan por el delito de desórdenes públicos”, cuenta Ana Belkis.

La familia de José Daniel ha denunciado desde hace más de un mes que desconoce en qué condiciones se encuentra el defensor de derechos humanos. “Estamos seguros de que él está en una celda preparada por la dictadura para torturarlo. Creemos que le están propinando ataques sónicos porque la última vez que supimos información de mi hermano, conocimos que presentaba fuertes dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, sangrado en la boca y pérdida de la visión”, afirma su hermana.

Ana Belkis y su familia exigen a las autoridades cubanas permitir la comunicación con José Daniel y explicar cuál es su situación actual. Su esposa, Nelva Ortega, interpuso un Habeas Corpus, el cual fue negado; sus hijos se han acercado en varias ocasiones a la cárcel, sin obtener respuestas. Su hermana continúa denunciado a través de redes sociales las violaciones de derechos humanos en contra de José Daniel; sin embargo, hasta la fecha no han conseguido ninguna información sobre su estado de salud, siguen a la espera de una “fe de vida”.

Condenada a seis años de cárcel por su activismo

“A mi hija no solo la detuvieron por haberse manifestado el 11 de julio de 2021. A ella también la metieron presa por ser miembro de las Damas de Blanco”, dice Annia Zamora, madre de Sissi Abascal, una joven de 24 años que paga una condena de 6 años en la prisión de mujeres Labiotec, ubicada en la provincia de Matanzas, al occidente de Cuba.

Desde que tenía 16 años, Sissi ha sido víctima de amenazas por ser parte de las Damas de Blanco, una organización formada por mujeres que exigen la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en la Isla; y por ser miembro de la familia Abascal Zamora, que ha reclamado múltiples veces el cese de la represión en Cuba.

El 11 de julio de 2021, día en que estallaron las históricas protestas en la Isla, su papá Armando Abascal fue detenido y trasladado al municipio de Jovellanos. En tanto, Sissi, su mamá Annia y su hermana Lisy fueron golpeadas por miembros de la Seguridad del Estado. Lisy, de 25 años, se llevó la peor parte porque recibió un golpe en la cabeza con una botella de vidrio y esto le ocasionó una fuerte contusión.

Aquel día, de acuerdo con Annia, las autoridades de Cuba agredieron a todas las personas que salieron a las calles a exigir cambios; y también inició la persecución en contra de su hija, a quien citaron varias veces a interrogatorios, hasta que el 20 de septiembre de 2021, fue recluida en un centro penitenciario. Desde entonces permanece en prisión, sin embargo, fue hasta el 27 de diciembre del año pasado que se dictó sentencia en su contra.

Sissi Abascal es una de las cuatro Damas de Blanco que se encuentran privadas de la libertad. Las otras son: Tania Echevarría, Sayli Navarro y Aymara Nieto. Su mamá afirma que, cada vez que logra verla, Sissi se empeña en decirle que no se preocupe, que está bien de salud; sin embargo, Annia asegura que no deja de sentir una mezcla de dolor y rabia, “es muy angustioso verla en ese lugar”, afirma.

Un año en prisión sin conocer su sentencia y enfrentando una enfermedad degenerativa

“Mi esposo no ha cometido un delito. Sí gritó, se manifestó, se expresó, pero eso no es ningún delito, es un derecho constitucional de cada persona. Delito es tenerlo un año en prisión con una enfermedad degenerativa, eso sí es un delito”, afirma Yuneisy Santana, la pareja de Samuel Pupo Martínez, un cuentapropista o trabajador independiente de 47 años que fue detenido durante las manifestaciones pacíficas de julio de 2021 en Cuba.

Samuel permanece en la cárcel de máxima seguridad de Agüica, en la provincia de Matanzas. Lo acusan de los delitos de desacato y desorden público, y ha sido condenado a 3 años de cárcel; sin embargo, hasta el martes 5 de julio, la última vez que lo visitó su esposa, no había sido notificado de la sentencia. “Este es el país de la espera eterna, y no nos queda de otra que seguir esperando y tener mucha fe… Algo tendrá que pasar porque es demasiado el abuso y la injusticia”, cuenta Yuneisy.

Su esposo ha tenido dos crisis “muy fuertes” en prisión. La esclerodermia, una enfermedad degenerativa que padece desde hace varios años, ha empeorado desde que se encuentra en el centro penitenciario. “A él se le endurece la piel y eso le causa mucho dolor en las articulaciones, y hasta se le dificulta tragar. Hace como un mes lo único que había en la cárcel para calmarle el dolor, era tramadol”, dice Yuneisy, quien luego de que detuvieran a Samuel tuvo que abandonar su empleo de maestra en una institución educativa. Yuneisy renunció después de que le pidieran en su trabajo que se alejara de su esposo por ser un “contrarrevolucionario”, a lo cual ella se negó.

Limpiando casas, Yuneisy busca el dinero para comprar alimentos y medicamentos para Samuel, y para sobrevivir junto con su hijo de 13 años, quien se dio a conocer hace más de un mes en medios de comunicación cubanos, cuando se divulgó una carta que él le escribió a su papá con motivo del Día del Padre. En aquel entonces, el adolescente relató que a veces sentía que Samuel regresaba a casa, y se asomaba para ver si era cierto que al fin su papá había recuperado la libertad.

Después de leer la carta, Samuel solo pudo grabarle un audio a su hijo a través de Yuneisy, en el que dijo: “Mi querido hijo, no puedo describir la emoción y los sentimientos que despertaron en mi tu carta, mi amor. Muchas gracias mi niño amado, estoy muy orgulloso de ti. Sé que te hago falta y tú me haces más falta a mí. Es triste, sí, pero ese es el precio que debo de pagar por pretender el bien de la inmensa mayoría, en un país donde la justicia es injusta y la balanza se inclina en favor de la ideología, sus dirigentes, y no en favor del pueblo. Espero que comprendas y te sientas orgulloso de mí”.

Cuba: El impacto del 11J en los derechos humanos

Washington D.C., 11 de julio de 2022 – A un año de las protestas pacíficas que se desarrollaron masivamente el 11 de julio en más de 50 localidades de Cuba, la sociedad cubana continúa padeciendo un contexto de profunda crisis económica, caracterizado por graves limitaciones en el acceso a alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Estos factores, que un año atrás desataron la necesidad de cubanas y cubanos de levantar sus voces y hacer oír sus reclamos, hoy en día continúan impactando sus vidas, incluso con mayor intensidad. Las violaciones a los derechos humanos después de las manifestaciones conocidas como 11J, persisten en la Isla, y se agravan.

Continúa la represión

La situación de represión y el silenciamiento de las voces del disenso no ha culminado después del 11J. Activistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas independientes se enfrentan diariamente a constantes hostigamientos por parte de las autoridades y de las fuerzas de la Seguridad del Estado. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la agudización de la represión y otras violaciones a los derechos desde las protestas de julio de 2021, en especial, contra quienes participaron en las manifestaciones ocurridas el día 11 de ese mes[1].

En noviembre de 2021, diversos grupos de activistas intentaron nuevamente convocar a la realización de una protesta pacífica y se enfrentaron, una vez más, con centenares de detenciones arbitrarias, cortes selectivos en el servicio de Internet, interrogatorios y vigilancias individualizadas en sus domicilios. Durante el 15N, como se le llamó a esas manifestaciones, estaba prevista la realización de la Marcha Cívica por el Cambio; sin embargo, las personas que hicieron público su deseo para participar en este evento fueron impedidas de ejercer su derecho a la protesta pacífica.

Luego de esta iniciativa, se agravó el uso de la represión judicial con carácter ejemplarizante, se registró un aceleramiento en los procesos judiciales seguidos contra los manifestantes del 11J y se presentaron peticiones fiscales solicitando sanciones de hasta 30 años de privación de libertad. Asimismo, los familiares de las personas activistas detenidas y/o enjuiciadas padecieron -y continúan padeciendo- el acoso y la persecución por parte de la Seguridad del Estado, cada vez que intentan ejercer su derecho de protesta pacífica ante la cruel situación en la que se encuentran sus seres queridos.

Éxodos masivos

El contexto de crisis que domina Cuba ha generado que un creciente número de cubanos y cubanas decidan abandonar la Isla y establecerse en otros países. Existe gran preocupación por la elevada cantidad de personas que intentan cruzar fronteras exponiéndose a situaciones sumamente riesgosas.

Como consecuencia de las dificultades que enfrentan las y los cubanos/as para obtener visas de tránsito en numerosos países, la mayoría de las personas optan por la migración irregular a través de rutas que las exponen a ser víctimas de redes criminales, riesgos en su salud, e incluso al peligro de perder la vida.  Muchas personas llegan a los puestos fronterizos y permanecen por meses bajo custodia de las autoridades migratorias sin certeza sobre su situación.

Paralelamente, el gobierno cubano ha intensificado las restricciones al ejercicio del derecho a la libre circulación, tanto al interior como al exterior del país. Las autoridades de la Isla han utilizado las tácticas de exilio forzado y de prohibición de entrada al territorio de personas de nacionalidad cubana con residencia vigente, para silenciar aquellas voces críticas que adquieren mayor visibilidad. Resulta de especial preocupación que, además de las condiciones socio económicas que expulsan a miles de cubanas y cubanos del país, exista un hostigamiento sistemático y permanente contra activistas, artistas y periodistas, quienes son presionados para salir del país en condiciones infrahumanas. Esta situación está impidiendo que muchas personas puedan gozar de su nacionalidad de manera efectiva y, asimismo, les impide gozar de otros derechos fundamentales como el derecho a la familia y a la libre elección de su residencia.

Reformas legislativas

El 14 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el nuevo Código Penal. Si bien el texto oficial definitivo no se encuentra publicado aún, el anteproyecto genera preocupación puesto que mantiene un lenguaje amplio y ambiguo para tipificar aquellos delitos que se han utilizado arbitrariamente para perseguir las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, juristas, activistas y periodistas independientes. Preocupa especialmente el aumento de las penas relativas a los “Delitos contra la Seguridad Interior del Estado”, entre los que se encuentran los delitos contra el orden constitucional, la sedición y la propaganda contra el orden constitucional, que se han utilizado frecuentemente para reprimir y criminalizar el ejercicio legítimo de los derechos humanos a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Las represión y criminalización histórica en Cuba persiste amparada en una legislación interna que limita el ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión y asociación. Ejemplo de ello es el uso de figuras penales como la sedición y el desorden público para criminalizar a quienes decidieron ejercer su derecho a la protesta pacífica el 11J y el 15N. También llaman la atención otras prácticas que el Estado ha adoptado para responder a las marchas del 2021, entre las que destacan la inobservancia del principio del interés superior del niño/a y del cuidado especial que requieren; la coacción psicológica para obligar a las personas a abandonar la Isla y el asedio a la prensa nacional e internacional. Aunque estas prácticas no son nuevas, dejan ver una política estatal basada en sembrar el miedo en la población y el interés de deshacerse de cualquier tipo de expresión popular crítica a la política del Estado.

A un año del 11J, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos un llamado al Estado cubano para que ponga fin a las prácticas represivas contra aquellas personas que se manifiestan y organizan pacíficamente y en reclamo de sus derechos humanos. El Instituto continuará monitoreando la situación, documentando los abusos perpetrados por el gobierno y denunciando las violaciones de derechos humanos ante la comunidad internacional.

 

[1] CIDH, Comunicado de prensa 295/21, La CIDH expresa preocupación por la agudización de la represión y otras violaciones a los derechos humanos desde las protestas de julio en Cuba, 5 de noviembre de 2021.

Declaración conjunta: A un año del 11J, hacemos un llamado al Estado de Cuba para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos

Washington D.C., 8 de julio de 2022 – Las organizaciones firmantes realizamos la siguiente declaración para conmemorar el primer aniversario de las manifestaciones realizadas el 11 de julio de 2021 y los días siguientes (en adelante 11J) en Cuba, y visibilizar sus efectos en la situación actual de derechos humanos en la Isla.

El 11J marcó un punto de inflexión en la historia cubana. Las protestas fueron resultado de la grave crisis sanitaria y económica, y las violaciones recurrentes a derechos humanos en la isla. En respuesta, las autoridades nacionales y grupos paraestatales incrementaron el control represivo y la condena contra todas las personas que participaron en las protestas. Durante las manifestaciones se llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cortes de Internet, uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros policiales y militares, criminalización de las personas que salieron a expresarse, y la imposición de un ambiente de violencia, autoritarismo y represión, que limitó gravemente el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, asociación, reunión y la defensa de derechos humanos.

Las semanas posteriores a las protestas vinieron acompañadas de juicios sumarios y ordinarios contra las personas que fueron detenidas por manifestarse, de las cuales más de un centenar han sido condenadas con penas injustificadas por delitos como desacato, atentado, sedición, desorden público e instigación a delinquir, entre otros. Entre las personas criminalizadas existen menores de edad. A un año de las históricas protestas, las organizaciones Cubalex y Justicia 11J registran 701 personas detenidas. De acuerdo con los datos recopilados, varias de las personas detenidas fueron víctimas de actos de tortura y malos tratos, preocupación que compartió el Comité contra la Tortura al examinar el tercer informe periódico de Cuba en sus sesiones 1881 y 1893.

La criminalización de la protesta y las técnicas de silenciamiento que incluyen citaciones, vigilancia en las viviendas, cortes de Internet e incomunicación, detenciones y desapariciones de corta duración, prohibición de salida o ingreso al país, amenazas, imposición de multas, y muchas otras, no son nuevas en Cuba. Sin embargo, el 11J visibilizó la represión en la isla, alertando a la comunidad internacional y generando acciones concretas como mantener a Cuba en el Cap.IV.b del informe anual de la CIDH. En el último informe de 2021, la CIDH dedicó un apartado específico para resaltar la preocupación de este organismo por el “estallido social en Cuba”.

Los efectos del 11J se viven hasta la actualidad, y restringen de forma crítica el libre ejercicio de los derechos humanos. Persisten los juicios sin garantías del debido proceso, y el uso de sentencias ejemplarizantes para atemorizar a la población. Además, preocupa la formulación de leyes con efecto amedrentador como el recién aprobado Código Penal.

El gobierno cubano mantiene una política estatal basada en sembrar el miedo y la represión en la población, en su afán por impedir toda voz crítica. Por ello, con motivo del aniversario del 11J hacemos un llamado al Estado de Cuba para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo, lo que incluye el respeto y garantía de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, que se libere a las personas que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos tras manifestarse el 11J.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a sumarse a esta petición, al igual que a los mecanismos de protección de la CIDH y Naciones Unidas (ONU).

 

Firmamos:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Artists at Risk Connection (ARC), PEN América

Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre)

Centro PEN Cuba en el Exilio

Civil Rights Defenders

Cubalex

Freedom House

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Justicia 11J

PEN Internacional

La represión de las históricas protestas del 11J en Cuba

Washington D.C., 6 de julio de 2022. –  A pocos días de que se cumpla un año de las marchas pacíficas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el equipo legal del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), respondió cuatro preguntas que ayudan a conocer y entender qué ocurrió en la Isla en aquel entonces.

¿Qué pasó en Cuba en julio de 2021?

El 11 de julio de 2021 y los días siguientes (en adelante, “11J”) se vivió en Cuba una de las mayores protestas de la historia reciente de este país. En esa ocasión, miles de personas salieron a las calles de más de 50 ciudades para manifestar pacíficamente su preocupación ante el agravamiento de las crisis sanitaria y económica, y denunciar las políticas de reducción del espacio cívico impuestas por el gobierno. Organizaciones de la sociedad civil registraron más de 124 manifestaciones pacíficas a lo largo del territorio cubano, que incluyeron las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud[1]. Un número elevado de protestas reportaron violaciones graves a los derechos humanos, debido al uso excesivo de la fuerza policial, dejando como resultado una persona fallecida, 1.745 acciones represivas, al menos 1.103 detenciones arbitrarias, varios testimonios de agresiones sexuales ejercidas por la fuerza pública, 402 agresiones, 63 hostigamientos, 55 citaciones y cortes de internet en todo el país[2].

¿Por qué la gente salió a marchar?

Las manifestaciones se iniciaron en las localidades de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa (cerca de La Habana); y Palma Soriano, en Santiago; sin embargo, se extendieron rápidamente a todo el país. Las protestas que tuvieron inicio el día 11 de julio de 2021 en Cuba significaron la respuesta de la sociedad cubana a una situación social que empeoraba día tras día. Esto debido a la incapacidad del Estado cubano de garantizar de manera efectiva el acceso a derechos económicos, sociales y culturales y respetar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.

Por un lado, el país enfrentaba (y aún enfrenta) una profunda crisis económica caracterizada por la escasez y el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. A esto se sumaba, las consecuencias de la respuesta del gobierno a la propagación del virus COVID-19, que impactaron Cuba de forma muy negativa, agravando los sistemas de salud y la precaria situación social previa a la irrupción de la pandemia. Finalmente, la creciente represión como respuesta a las crisis se hizo insostenible para miles de personas[3].

¿Cómo respondieron las autoridades cubanas a las manifestaciones pacíficas del 11J?

El gobierno respondió a las manifestaciones con una brutal represión que incluyó uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración, amenazas, hostigamientos, torturas y tratos crueles e inhumanos, tanto de agentes estatales como de fuerzas parapoliciales afines al gobierno. En las semanas siguientes a la protesta se registraron cientos de detenciones arbitrarias y otras violaciones a las garantías del debido proceso, así como la puesta en práctica de una estrategia de vigilancia reforzada en las calles de todo el país y en las residencias de personas activistas, a quienes se les impidió salir de sus viviendas.

El día 12 de julio de 2021, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó un discurso en el cual incitó a la población civil a salir a las calles a “actuar”, incluso a través de la violencia en contra de las personas manifestantes[4]. En ese discurso, alertó a los/as manifestantes que tenían que “pasar por encima de [sus] cadáveres si quieren enfrentar la Revolución, y esta[ban] dispuestos a todo y estar[ían] en las calles combatiendo”[5]. La respuesta estatal también incluyó la difusión de propaganda y campañas de estigmatización en contra de las personas manifestantes, a las que calificó de “contrarrevolucionarios”, “delincuentes”, “vándalos”, “mercenarios” y “enemigos del Estado”.

Asimismo, el 11 de julio y los días siguientes se registraron cortes de energía y bloqueo del servicio de Internet que buscaban impedir la difusión del movimiento en las redes sociales y la prensa independiente. Como respuesta a las protestas, el 17 de agosto de 2021 el gobierno promulgó el Decreto Ley 35 de Telecomunicaciones y la Resolución 105 que significaron nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad. Estas medidas buscaron generar un mayor control estatal sobre las manifestaciones sociales, dado que internet se había convertido en un espacio fundamental para el ejercicio del derecho de protesta en Cuba.

Este tipo de respuesta no resulta desconocida en la Isla, ya que la enfrenta a diario toda persona que se atreve a expresar sus ideas y opiniones independientes y diferentes a las del gobierno. La represión a quien piensa diferente en Cuba se ve agravada en contextos de crisis, como lo fue el de los años 90. En aquella ocasión, el Representante Especial del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Cuba, advirtió en el año 1991 que “desafortunadamente para la causa de los derechos humanos, las autoridades cubanas han decidido enfrentar esa difícil situación económica con un incremento del control represivo dirigido a los supuestos opositores del régimen, la mayoría de los cuales aspiran a cambios no violentos de unas circunstancias que encuentran intolerables”[6].

De acuerdo con datos de las organizaciones Cubalex y Justicia 11J, al 30 de junio de 2022, 1481 personas (incluyendo 57 menores de 18 años) habrían sido privadas de su libertad en el contexto de las protestas[7]. De estas, 701 permanecen actualmente en detención[8]. Entre las personas detenidas habría una cifra significativa de activistas, artistas, periodistas, líderes y lideresas de movimientos de oposición política al gobierno; profesores, estudiantes, personal médico, profesores y sacerdotes de varias confesiones religiosas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató un patrón sistemático de violaciones al debido proceso en el contexto de las privaciones de libertad de personas que participaron en las protestas, tales como: la incomunicación de la persona detenida, interrogatorios con fines intimidatorios, falta de notificación sobre las causas legales de su detención, ausencia u obstaculización para acceder a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada, entre otros[9].

A un año de las protestas, ¿qué ha pasado en todo este tiempo?

Cerca de 10 días después de las protestas, se registraron las primeras condenas de cárcel para algunas personas por su participación en las protestas del 11J. Estas condenas se dieron en juicios sumarios por la vía del atestado directo -un procedimiento expedito que pasa directamente de la fase de investigación policial al juicio oral, sin acusación fiscal ni proceso[10]-. La mayoría de las personas acusadas no contaron con la asistencia oportuna de un abogado. Un total de 47 personas habrían sido condenadas por este procedimiento[11].

Justicia 11J y Cubalex han registrado hasta el 30 de junio de 2022, 584 personas condenadas. Según información disponible, los delitos imputados se repiten en la mayoría de las personas procesadas: “desorden público”, “atentado”, “desacato”, “instigación a delinquir”, “propagación de epidemias”, “sedición”, “manifestaciones ilícitas”, “daños” y “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”. Al menos 168 personas han sido condenadas por el delito de sedición, y un gran número de ellos y ellas provienen de los barrios más desfavorecidos de La Habana. Esto ha resultado que las sanciones hayan tenido un impacto desproporcionado en poblaciones de personas afrodescendientes, defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas independientes.

De acuerdo con la información registrada por las organizaciones antes mencionadas, del total de las personas enjuiciadas, 24 eran menores de 18 años al momento de su detención, y fueron sancionadas en primera instancia con penas que se extienden hasta los 19 años de privación de libertad[12]. Asimismo, 71 mujeres (más de una veintena de ellas, madres) y 9 adultos mayores continúan detenidos[13]. Por último, estas organizaciones informan que una treintena de manifestantes excarcelados han emigrado o han sido forzados al exilio[14].

La comunidad internacional y los órganos de derechos humanos también han expresado su preocupación por las sentencias dictadas en Cuba respecto a los hechos del 11J. El Comité Contra la Tortura (CAT) ha instado al Estado cubano a que “investigue, juzgue y sancione a los responsables de uso excesivo de la fuerza y malos tratos durante las protestas”[15]. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha llamado al Estado cubano a dar cuenta “sobre las presuntas desapariciones por 11J”[16]. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) incluyó dentro de sus recomendaciones reconsiderar “la severidad y proporcionalidad de las sentencias para los niños, niñas y adolescentes que participaron en las protestas del 11J”[17].  De la misma manera organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus relatores especiales siguen muy de cerca con preocupación las continuas violaciones de derechos humanos en Cuba a raíz del 11J, haciendo un especial llamado al Estado a “adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos mediante la protesta social.”[18]

***

[1] Registro realizado por Proyecto Inventario,” Manifestaciones en Cuba, domingo 11 de julio 2021”, https://www.google.

com/maps/d/viewer?mid=1AQAArlWutvq3eqA2nK_WObSujttknlxZ&ll=21.661531077124163%2C-80.20082207193147&z=7

[2] Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Protestas de julio, 8 de marzo de 2021 https://observacuba.org/ocdh-protestas-de-julio-dejaron-al-menos-1-745-acciones-represivas-en-cuba-de-las-cuales-1-103-fueron-detenciones-arbitrarias/

[3] CIDH “La CIDH y sus Relatorías Especiales condenan la represión estatal y el uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales pacíficas en Cuba, llamando al diálogo sobre los reclamos ciudadanos”, 15 de julio de 2021disponible en https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/177.asp

[4] Granma, A la Revolución la defendemos ante todo, 12 de julio de 2021.

[5] Granma, A la Revolución la defendemos ante todo, 12 de julio de 2021.

[6] Representante Especial del Secretario General, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, preparado por el Representante Especial del Secretario General, Sr. Rafael Rivas Posada, en cumplimiento del mandato conferido por la resolución 1991/68 de la Comisión, párr. 30, Comisión de Derechos Humanos, U.N. Doc. E/CN.4/1991/27 (28 enero 1992) (por Rafael Rivas Posada)

[7] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[8] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[9] Cfr. CIDH, Informe anual 2021, Cap. IV.B Cuba, párr. 70

[10] Prisoners Defenders, Atestado Directo: así están siendo juzgados los manifestantes pacíficos en Cuba, 17 de julio de 2021.

[11] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[12] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[13] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[14] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[15]Diario las Americas, Disponible en: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/onu-cuba-debe-sancionar-abuso-fuerza-protestas-n4249031

[16] Infobae, El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió explicaciones a Cuba por lo sucedido tras las protestas del 11 de julio, 21 de Enero de 2022, Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/21/el-comite-contra-las-desapariciones-forzadas-de-la-onu-pidio-explicaciones-a-cuba-por-lo-sucedido-tras-las-protestas-del-11-de-julio/

[17] CRC, Observaciones finales, CRC/C/CUB/CO/3-6, 16 de junio de 2022, párr. 26 (e).

[18] CIDH, Informe anual 2021, Cap. IV.B Cuba, párr. 77.

Colectivos y organizaciones de DDHH reiteramos la demanda de libertad para los artistas cubanos, ante la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal

Washington D.C., 28 de junio de 2022. – El pasado viernes 24 de junio fueron anunciadas por la Fiscalía General de la República de Cuba las sentencias de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (también conocido como “Osorbo”), cuyos juicios se celebraron el 30 y 31 de mayo. Según la nota oficial, recibieron sanciones privativas de la libertad por 5 y 9 años, respectivamente. También fueron sentenciados Féliz Roque Delgado, Juslid Justiz y Reina Sierra Duvergel quienes el 4 de abril simplemente defendieron a Maykel.

En el caso de Otero Alcántara, el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana señala entre los argumentos un supuesto “ánimo expreso, sostenido en el tiempo, de ofender a la bandera nacional, mediante la publicación de fotos en redes sociales donde se le utiliza en actos denigrantes”.

Sobre Maykel Castillo, se hace mención a un supuesto propósito manifiesto de «afectar el honor y la dignidad de las máximas autoridades del país” con “imágenes falsas de estos manipuladas digitalmente”.

Estos argumentos refuerzan el carácter autoritario e intolerante del Estado cubano. En el caso de Luis Manuel, se hace alusión a una obra artística, el performance Drapeau, que realizó en 2019. Y en el caso de Maykel, se habla de lo que sería entendido, en un contexto democrático, como un gesto creativo de sátira política.

El 24 de junio, en horario del mediodía, un noticiero oficialista cubano emitió un reportaje señalando que el juzgamiento de ambos artistas obedecía a delitos comunes; sin embargo, en la declaración de la Fiscalía emitida la misma mañana se podían descubrir como causas de sus enjuiciamientos tanto sus creaciones artísticas como sus activismos frontales contra la ausencia de derechos humanos, civiles y políticos, y el liderazgo que han logrado, sobre todo en los sectores más humildes de la sociedad.

Luis Manuel Otero Alcántara es artista visual y fundador del Movimiento San Isidro; recientemente se le entregó el Premio Oxi Al Coraje, que otorga la Fundación Oxi Day. Por su parte, Maykel Castillo recibió dos Grammys Latinos por su coautoría de la canción “Patria y vida”, que se convirtió en un himno por la libertad y dignidad del pueblo cubano durante las protestas masivas de julio de 2021. Ambos artistas fueron reconocidos como Presos de Conciencia por Amnistía Internacional y les fue otorgado el Premio a la Libertad por parte de Freedom House.

Recordamos que el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió el 17 de noviembre de 2021 la Opinión No. 63/2021 (Cuba), donde concluyó que “la privación de libertad de Maykel Castillo Pérez es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de la DUDH” y exhortó al gobierno a “poner al Sr. Castillo Pérez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

Las organizaciones abajo firmantes, que recientemente habíamos emitido una petición de libertad inmediata para los artistas, mantenemos nuestra posición: exigimos al Estado cubano que cese la criminalización del arte político, la defensa de derechos y las campañas de difamación contra quienes deciden enfrentar el poder. Para Luis Manuel y Maykel pedimos nuevamente libertad, así como para el resto de los presos políticos, documentados por varias instancias nacionales e internacionales.

Hacemos un llamado a otras organizaciones de defensa de derechos humanos, civiles y políticos, así como a los gobiernos democráticos del mundo, a que se sumen a nuestra exigencia.

Firmamos:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.

Artist At Risk Connection – PEN America.

CADAL.

Centro de Estudios Liderazgo y Desarrollo (CELIDE).

 Centro PEN de Cuba en el Exilio.

Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

Cubalex.

DemoAmlat.

Diario de Cuba.

Freedom House.

Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Fundación Federalismo y Libertad.

Fundamedios.

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Justicia 11J.

Movimiento San Isidro (MSI).

Mujeres Democristianas de Cuba.

Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Observatorio de Derechos Culturales (ODC).

Organización Mundial Contra la Tortura.

PEN Internacional.

People in Need (PIN).

Plataforma Femenina.

Prisoners Defenders.

PROMEDEHUM.

Red Femenina de Cuba

Orgullo 2022: Reconociendo las manos LGBTI+ que han construido este camino

Washington D.C., 28 de junio de 2022.– El 28 de junio de cada año, personas LGBTI+ de todo el mundo se reúnen públicamente en grandes marchas de celebración y reivindicación de sus vidas, celebrando la diversidad sexual y de identidad de género, y la libertad para expresarlas. Es un momento reivindicativo donde lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersexuales y más desafían frente a frente los prejuicios y estigmas reafirmando con orgullo quiénes son, sus derechos humanos y los avances logrados tras décadas de lucha.

Esta fecha conmemorativa tiene origen en el levantamiento de Stonewall, Nueva York, en 1969, el cual consistió en varios días de protestas por la persecución y la represión de la policía estadounidense contra personas LGBTI+. Un artículo del NYC LGBT Historic Sites Project menciona que estos hechos no dieron inicio al movimiento social LGBTI+, pero sí provocaron un gran impacto, pues inspiró y permitió el surgimiento de cientos de nuevas organizaciones por la causa alrededor de todo el mundo.

Al respecto, Dámaso Jussette, mujer transfeminista nicaragüense integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ+ y de la Articulación de Movimientos Sociales, compartió que “las personas LGBTIQ+ hemos estado muy presentes en la historia, pero como [personas LGBTIQ+] que no lo son. La diferencia es que el patriarcado ha tratado de borrarnos, pero de la misma manera en que hemos resistido hasta hoy en día lo seguiremos haciendo”.

Después de 53 años desde levantamiento de Stonewall, un día como hoy —caracterizado por la celebración, visibilidad y orgullo— es posible gracias al esfuerzo y valentía de personas que hicieron frente a la persecución, la violencia e injusticias contra la población LGBTI+ desde varias partes del mundo.

Por ejemplo, las lesbianas feministas peruanas han logrado que, por primera vez, el Comité CEDAW las mencione en las recomendaciones periódicas que realizan. También tienen una mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer, desde donde inciden para lograr políticas públicas dirigidas a las lesbianas. Asimismo, han conseguido diálogos con altas representantes del Poder Judicial. “No es fácil, pero seguimos insistiendo al Estado el asumir la realización de estudios sobre la situación de las lesbianas y producir data específica sobre nosotras”, comenta Luisa Zanabria, integrante de la organización Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS).

En República Dominicana, Christian King, activista trans no binarie de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), considera que, a pesar de no tener garantías para todos los derechos LGBTI+, han logrado valiosos avances como contar con una unidad de derechos humanos en la Procuraduría General de la República, un Plan Nacional de Derechos Humanos y un plan estratégico visión 2020-2024 del Poder Judicial, en el cual se incluyó el acceso a la justicia de las personas LGBTI+. “Para lograr esto, fueron muchos los desafíos que enfrentamos las organizaciones y activistas LGBTIQ+ exponiéndonos al denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos las violaciones que se comenten en nuestro país”, compartió.

Otro activista que ha hecho importantes trabajos para la población LGBTI+ de Colombia es Manuel Velandia, ARTtivista gay. “En Colombia, tenemos muchísimos derechos ganados por vía judicial, todos han sido conseguidos a través de fallos de la Corte Constitucional. Esto se convierte en un grave problema porque nada se puede dar por sentado y se corre el riesgo de que las organizaciones antiderechos, que realmente se presentan como proderechos, pretenden revertirlos”, dijo. Con él, se fundó el movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, el cual fue pionero de la prevención del VIH en América Latina; también escribió, junto con miembros del ActUp Canadá, el primer manifiesto mundial por los derechos de las personas viviendo con VIH/Sida. Y en el 2002, fue el primer candidato abiertamente homosexual en presentarse al Congreso de la República.

En el caso de Brasil, en 2020, el Frente Bisexual Brasileño realizó el primer festival B+ del país, hecho por y para la población bisexual. Durante su segunda edición, al siguiente año, lanzaron el Manifiesto Bisexual Brasileño, el primero en todo el territorio. “Es un documento que está resonando incluso fuera de Brasil, principalmente en los Estados Unidos.  Ya está publicado en otros países y está traducido al inglés y al español”, compartió orgullosa Vitória Régia da Silva, Cofundadora del Colectivo Bisibilidade RJ. También celebró la firma de la Resolución del Consejo Federal de Psicología, el cual establece un trato más humano a la población bisexual y no monodisidente.

Finalmente, tenemos activismos LGBTI+ que se encuentran exiliados después de enfrentarse a gobiernos represivos como el caso de Isbel Díaz, líder gay cubano, y Dámaso Jussette, mujer trans feminista nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica. En gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos en general son perseguidas, ya que tienen una gran incidencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos. “Aquellas que existimos pese a todo, lo hacemos siempre asumiendo riesgos que van desde la integridad física, la posibilidad de ser enjuiciados por cualquier causa inventada por la Seguridad del Estado, y la total precariedad para el acceso a recursos materiales, conectividad, y libertad de movimiento”, señala Isbel.

Gracias al incansable trabajo del activismo y de la resistencia de colectivos en países hostiles, poco a poco, la agenda LGBTI+ está logrando posicionarse en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el escenario político y está consiguiendo importantes victorias. Aunque aún quede un camino largo por recorrer, los liderazgos de personas defensoras LGBTI+ como las mencionadas, han dejado una senda abierta con posibilidades para continuar luchando.

Es justo recordar que los avances en materia de derechos humanos LGBTI+ se han conseguido por los esfuerzos de quienes han precedido estas luchas y por quienes continúan incidiendo para protegerlos y defenderlos. Por eso, Raza e Igualdad saluda las grandes contribuciones de los liderazgos LGBTI+ en América Latina y el Caribe, y reconoce que si, hoy por hoy, el miedo y la vergüenza ya no son una opción para muchas personas, es gracias a las batallas que se han librado y se siguen librando por el reconocimiento y respeto de los cuerpos e identidades disidentes.

Personas presas políticas: Raza e Igualdad organiza foro para contribuir al abordaje eficaz de la detención y prisión por motivos políticos en la región

Washington D.C., 17 de junio de 2022.-Raza e Igualdad organizó un foro para contribuir al abordaje eficaz de la detención y prisión por motivos políticos en el hemisferio occidental y propuso pautas que permitan establecer criterios para determinar quién es una persona detenida por motivos políticos.

“En el instituto este proceso inició hace como un año y medio preocupados un poco por la necesidad de tener criterios para que una persona sea considerada presa política en el hemisferio”, mencionó el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas destacó la similitud que existe en las violaciones a los derechos humanos cometidos contra personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos  en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela donde hay una “cooptación de los Poderes del Estado”. 

Guevara participó en el evento «Personas presas políticas: Desafíos y propuestas para su protección internacional desde un enfoque de derechos humanos», organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), con el fin de crear un espacio de reflexión sobre las características que deben existir para que se considere que una persona está arbitrariamente privada de libertad por motivos políticos en un país. 

Guevara destacó que hay un patrón entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, en el que se apunta a la criminalización de personas periodistas y activistas de derechos humanos que se oponen a ciertas políticas estatales y, por tanto, se vuelven objetivo del Estado que crea leyes y utiliza los Poderes del Estado para enjuiciarlas. 

“Las personas son detenidas a través del uso indebido del sistema de justicia penal y através de la privación de libertad, que, muchas veces, no solo se da en condiciones de cárcel, sino que muchas veces hemos visto patrones de privaciones a la libertad através de detenciones de corto período, detenciones y domiciliarias”, dijo Guevara.

“Trataron de sacarle los ojos”

Miriam Cardet, hermana del ex preso político Eduardo Cardet, de Cuba, recordó en el evento cómo fue la detención de su familiar el 30 de noviembre de 2016, cuando, tras regresar de un viaje por Estados Unidos, fue interceptado por hombres vestidos de civil en su casa quienes lo empezaron a golpear salvajemente. 

“Se abalanzaron sobre él poniéndolo contra una reja frente a la casa y lo golpearon (…) Trataron de sacarle los ojos”, dijo Cardet en su relato. Ese fue solo el comienzo de los problemas para la familia y las violaciones de derechos humanos en contra del médico y activista cubano.

Estuvo desaparecido durante cinco días hasta que una protesta de los familiares obligó a las autoridades del gobierno cubano a mostrarlo a medias, cuando apenas podía sostenerse en pie y estaba inflamado por la golpiza que le propinaron. 

Cardet fue liberado en mayo de 2019, luego de cumplir con los tres años de condena por lo que lo habían acusado. 

“A través de todas las denuncias a nivel internacional se le pudo salvar la vida a mi hermano», dijo Cardet, recordando que la denuncia y la constante presión contra estos Estados es el único camino para garantizar la vida de estas personas.

10 muertes bajo tutela del Estado venezolano

En Venezuela se calcula que desde el año 2014 ha habido por lo menos 4000 personas presas por motivos políticos tras participar en manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Al menos 10 de ellos han muerto bajo tutela del Estado según cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos.

“En el caso de Venezuela se ha creado una estructura y no es solo la detención arbitraria la única violación que se utiliza, se ha creado una estructura judicial, se ha creado una estructura administrativa y legislativa que lo que busca es cerrar el espacio cívico cada vez más”,  señaló Ronnie Boquier, coordinador jurídico del Comité de Familiares Víctimas del Caracazo.

La situación allí es bastante similar a la ocurrida en Cuba y Nicaragua, donde se inventan crímenes de terrorismo en contra de manifestantes pacíficos y se les atribuyen crímenes ambiguos como el de “traición a la patria”. 

Nicaragua y la criminalización de defensores de derechos humanos 

La criminalización de defensores de derechos humanos y la cancelación de organizaciones no gubernamentales que no son afines al régimen de Daniel Ortega ha provocado que más de 500 ONG’s ya no tengan personería jurídica, según han documentado medios de comunicación nicaragüenses. 

Estos cierres son solo parte del problema, pues luego de que se cancela su capacidad legal operativa se desata una persecución en contra de sus dirigentes que en muchos casos son obligados a salir del país o detenidos. 

Las detenciones arbitrarias en Nicaragua iniciaron en abril del 2018, tras las manifestaciones pacíficas y hasta mayo de 2020, la CIDH calculaba que al menos 1614 personas estaban en prisión, resaltó Fiorella Melzi, coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

“A raíz de las detenciones la Comisión ha observado una serie de violaciones a los derechos humanos: violaciones a las garantías y protección judicial, en la mayoría de los casos, inicialmente, el Estado no informó del paradero de las personas detenidas y (se impidió), tener acceso a un abogado de elección, las acusaciones presentadas en audiencias preliminares, privadas y secretas en instalaciones distintas a los tribunales judiciales”, enumeró Melzi.

Algunas fueron liberadas posteriormente, pero la criminalización de disidentes continuó y se extendió hacia todos los sectores del país. Al punto previo a las elecciones presidenciales de 2021, cuando Daniel Ortega se reeligió fraudulentamente para un cuarto período consecutivo, encarceló a 7 precandidatos y precandidatas presidenciales y hasta el 31 de mayo de 2022, la cifra de personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos  en el país ya era de más de 190, según las cifras actualizadas a mayo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.

Muchas de estas personas fueron directivos de organizaciones no gubernamentales o simplemente se les detuvo por expresar opiniones contrarias a las políticas del régimen en redes sociales. 

“Se crean delitos nuevos, leyes contra el terrorismo que involucran a las personas que defienden derechos en la lógica de que el Estado siempre va a catalogar como enemigo y se unen con leyes pasadas», dijo Boquier, quien explicó sobre las similitudes que ocurren en los tres países al momento de perseguir a la disidencia. 

Esas son políticas que, según Boquier, están definiendo los mismos Estados y los responsabilizó de ser quienes clasifican a las personas como “enemigos”, para posteriormente detenerlos arbitrariamente por las actividades que realizan. 

“Quien define la política de persecución son los Estados y quien le da los motivos políticos son los Estados. Los presos por motivos políticos de nuestros países (existen) porque los Estados los consideran así por su actividad”, remarcó.

Raza e Igualdad propone pautas para determinar la privación de libertad por motivos políticos

Considerando todas estas situaciones que ocurren en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero que también se extienden a países como Chile o Colombia, Raza e Igualdad publicó el documento «Pautas para la determinación de la detención y prisión por motivos políticos: Aportes desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, que busca contribuir a una discusión que lleve a identificar y resaltar los patrones que hay en los países que detienen a las personas por motivos políticos. 

En el documento se destaca la importancia de contar con una caracterización a nivel internacional que permita reconocer que las personas bajo esta forma de  privación de libertad se encuentran más expuestas a sufrir graves violaciones a sus derechos humanos y por lo tanto, están en una situación de especial vulnerabilidad. Este reconocimiento permite hacer responsables a los Estados por estas privaciones de libertad  arbitrarias por motivos políticos y crear una ruta de responsabilidad que permita justicia y reparación a las víctimas. 

Raza e Igualdad propone dos pautas. La primera,  consiste en establecer si  la privación de libertad es arbitraria de acuerdo a las categorías establecidas por el Grupo de Trabajo de las Naciones sobre la Detención Arbitraria. Esto es, que se produce como consecuencia del ejercicio de derechos o libertades de pensamiento, conciencia y religión; opinión y expresión; reunión y asociación pacífica; y participación política; y que la misma es discriminatoria por motivos como la opinión política. 

En segundo lugar, se señala que resulta fundamental para esta determinación, identificar que la privación arbitraria de la libertad, es producto de acciones del Estado políticamente sesgadas, para lo cual se debe examinar  los patrones de detención e instrumentalización de las instituciones de justicia en contextos tanto democráticos como autoritarios, así como las acciones que lleva a cabo la persona, tales como, la defensa de los derechos humanos, la participación en la vida política de su país, el periodismo, entre otras. 

El documento completo puede ser descargado en este link para la versión en español y en este otro para la versión en inglés.

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